El derecho internacional público y los diferendos limítrofes en América Latina y el Caribe

Introducción.

En múltiples ocasiones los representantes de los países integrantes de América Latina y el Caribe, han expresado un anhelo integracionista generalizado; dado que se ha considerado que esta vía, es una de las mejores alternativas para alcanzar el desarrollo de nuestros pueblos.

Desde el punto de vista formal los gobiernos de la región se han comprometido de distintas maneras al propiciar la negociación, firma y ratificación de tratados, convenios, acuerdos, declaraciones conjuntas y otros documentos gubernamentales –muchos de ellos ratificados por sus parlamentos-, con lo que de manera expresa se confirman los propósitos arriba mencionados.

La realidad es un tanto diferente, con la experiencia de muchos años, hemos podido observar la distancia que existe entre los dichos y los hechos. En tiempos recientes hemos podido observar acciones conflictivas entre Nicaragua y Costa Rica, por razones limítrofes; así como entre Venezuela y Guyana. Visto lo anterior, se puede afirmar que, el camino para lograr la integración está lleno de obstáculos. Tanto gobiernos latinoamericanos, como caribeños, han venido tomando como razones o justificaciones de los escasos avances integracionistas, elementos como soberanía nacional, integridad territorial, o seguridad nacional, con lo que de hecho, se muestran celosos de su espacio territorial, aéreo y marítimo. Asimismo, en ciertas ocasiones, al territorio nacional se le asigna un valor estratégico, o geopolítico; o de plano se le declara como espacio vital, recurriendo a motivos económicos, ambientalistas, o de control de la criminalidad y más recientemente, al terrorismo.

Antecedentes.

La historia latinoamericana consigna otros conflictos fronterizos por fortuna ya resueltos, como el de Perú-Colombia, en el caso llamado "Conflicto de Leticia", que en más de una ocasión provocó fricciones entre la población de ambos países y el enfrentamiento de sus fuerzas armadas, como la guerra de 1933. Después de los enfrentamientos, el 25 de junio de 1933 las tropas peruanas se retiran de Leticia, entregándola a la delegación de la Liga de Naciones (SDN), y el conflicto armado finaliza. Seguidamente, se llevan a cabo negociaciones diplomáticas, que culminan con el Pacto de mayo de 1934, por medio del cual se reafirmaba la aceptación del Tratado de 1922, también conocido como Tratado Salomón -Lozano, en el cual se preveía la desmilitarización de la zona aledaña a Leticia. Asimismo, se garantizaba la libre navegación por el Río Amazonas y el Putumayo; así como una promesa de no agresión.

Otro problema felizmente resuelto, en el que también participa el Perú, con su vecino Ecuador, fue el ocasionado por problemas de límites en la Cordillera del Cóndor; que era uno de los más antiguos de la región y que se remonta a principios del Siglo XIX, para llegar a una solución en 1998; no sin antes haber causado enfrentamientos bélicos entre los dos países: Los más recientes, el de 1981 (Conflicto de Paquisha) y el de 1995 (Guerra del río Cenepa). Después de este último enfrentamiento, se acuerda la llamada Declaración de Paz de Itamaraty, por medio de la cual tanto el Perú, como Ecuador, aceptan deponer las armas y el 17 de febrero de 1995, se firma en Brasil dicha Declaración. En el documento que se menciona, se determina el ret iro de las tropas de ambos países. Asimismo, se decide la creación de un parque binacional, como símbolo de paz entre ambas naciones. También se establecieron los nuevos hitos en Cusumasa-Bumbuiza y Yaupi-Santiago y, en el Departamento de Loreto en el sector de Lagartococha y el Güeppi.2 Finalmente, el 26 de octubre de 1998, en Brasil, se procede a la firma del Acuerdo Definitivo de Paz, llamado también Acuerdo de Brasilia, con lo que queda finiquitado el añejo conflicto, que en el transcurso de casi dos siglos, se constituyó en el principal factor que condicionara las relaciones entre el Perú y Ecuador.

En ese mismo sentido, viene al caso citar el proceso seguido en el diferendo México- Belize3, Uno de los problemas limítrofes que afectó a México en sus relaciones con la región objeto de estudio. Antecedentes remotos sobre Belize, nos permiten saber que, la inusual situación que propició la presencia inglesa en la "Bahía de Honduras", fue el Tratado de Londres de 1604, en el cual España aceptaba que cualquier área no ocupada efectivamente por ellos podía ser colonizada por el Reino Unido. Por su parte, España intentó controlar la inhóspita región al sur de la Bahía de Bacalar (hoy frontera entre Quintana Roo, México y Belize), pero a pesar de aparentes éxitos no lograron dominar a los Mayas. España mantuvo soberanía sobre el territorio al que solo se le conoció como "Honduras Británicas" mucho más tarde. Durante el siglo XVIII, por medio de ataques a los asentamientos británicos y la correspondiente expulsión de los colonos, quedó constancia de la ilegalidad de su presencia. Inglaterra aceptó de hecho y de derecho ese dominio, al firmar tratados con España que les reconocían simples concesiones para explotar las maderas en un terreno determinado (entre los ríos Hondo y Belize particularmente) y cuyas estrictas reglas les prohibían erigir fortificaciones o establecer formas locales de gobierno.

La rebelión Maya conocida como "Guerra de Castas"4, empezó en 1847, en un momento de notable debilidad y desgaste del gobierno mexicano, producto de la guerra con los Estados Unidos (1846-1848). Para entonces, había diversos grupos indígenas, no siempre coordinados entre sí; aunque persistían viejas rencillas entre los yucatecos y quienes detentaban del poder central (la capital de la República). En 1851 los Cruzob atacaron a otro grupo Maya, los Icaiché, por sospecha de traición, de tal suerte que éstos se convirtieron en sus más encarnizados enemigos, incluso aliados de los yucatecos (los llamaban indios pacíficos); para formalizar un tratado de paz entre ellos exigieron la mediación de los ingleses5.

Aunque los británicos supuestamente tenían instrucciones de mantener absoluta neutralidad, la porosa frontera permitía a los Cruzob escapar a persecuciones; multitud de refugiados vadeaban el Río Hondo huyendo del conflicto; nadie controlaba a los comerciantes beliceños en su lucrativo tráfico de armas y municiones; y todo ello comprometía seriamente la supuesta neutralidad de los vecinos. Había algunos acuerdos tácitos. Las autoridades mexicanas veían con buenos ojos la protección otorgada a refugiados, mientras que el Superintendente de Honduras Británicas sabía aquilatar el beneficio de una población diestra en la agricultura, sector débil de la economía colonial.

El conflicto se prolongó hasta finales del siglo XIX, cuando México decidió formalizar la delimitación entre la ya indiscutible colonia inglesa y nuestro propio territorio, al mismo tiempo poniendo coto a esa confusa y perjudicial situación fronteriza. A pesar de despiadados ataques internos, se firmó un Tratado de Límites en 1893. Por entonces se acusó al Secretario de Relaciones Exteriores, Ignacio Mariscal, de haber entregado a los ingleses nuestro patrimonio, de desconocer la historia, de exceso en su afán por terminar de una vez por todas con el conflicto. No obstante, el Tratado fue aprobado y ratificado.

El Tratado a que antes se alude, acabó con los apoyos de suministros provenientes de la colonia inglesa y se normalizaron los contactos transfronterizos, lo que coadyuvó de manera decisiva a crear una atmósfera de paz. Indudablemente fue un instrumento muy controvertido, al grado de haber ocultado la parte positiva del mismo; es dec ir, la autorización de carácter perpetuo, para navegar a través de la Bahía de Chetumal. En efecto, se trataba del único acceso marítimo a Chetumal, sólo que era en su gran mayoría territorio de Honduras Británicas y, obviamente, muy bien resguardado por la Royal Navy. Todavía está vigente el acuerdo, que forma parte del Tratado, como anexo y no se han producido incidentes o fricciones, por su aplicación.6

En cuanto a relaciones recientes, se debe anotar que México fue el primer país en establecer relaciones diplomáticas con Belize el mismo día en que este país se declaró como Estado independiente, el 21 de septiembre de 1981, dentro de la Commonwealth. Además, México fue el segundo país en acreditar a un Embajador y la representación consular data de la década de los cincuenta.7 Desde entonces, el acercamiento entre los dos países ha ido en aumento, destacando como hecho ilustrativo el importante respaldo dado por el gobierno mexicano, a los esfuerzos de Belize por ser admitido en el Sistema Interamericano, con pleno reconocimiento de su status de Estado soberano. Asimismo, es prueba adicional de ello la labor en pro de una solución al diferendo con Guatemala, ampliamente apreciada por el Gobierno de Belize.

Otras disputas fronterizas.

Conforme a lo anterior, resulta de interés proceder a revisar así sea parcialmente, la cantidad de disputas o reclamos existentes, por delimitación fronteriza (terrestre o marítima), en la zona comprendida desde el sureste de México -pasando por Centroamérica, para llegar a Sudamérica: Colombia, Venezuela y Guyana, como los más representativos-. Sin omitir los reclamos pendientes en buena parte de las islas que componen las Antillas Mayores y Menores.

Diferendo limítrofe guatemalteco-británico-beliceño.

De acuerdo con los antecedentes del caso, para 1840 en Honduras Británicas no había más ley que la inglesa. El Reino Unido recibía constantes reclamos de los colonos -para entonces ya establecidos y conscientes de la oportunidad de consolidarse como colonia-, ante la confusión existente en las nuevas naciones independientes de la región. Las Provincias Unidas de Centroamérica y posteriormente Guatemala (1839), reclamaron soberanía sobre Belize como herederos de España, pero los ingleses nunca reconocieron tales derechos; no obstante que no se pueden negar las pruebas directas e indirectas del reconocimiento de la soberanía española. Más allá de la aceptación implícita al recibir las concesiones, el Reino Unido dio muestras palpables de su reconocimiento al vedar todo proyecto agrícola en la colonia durante casi dos siglos.

En 1859, Guatemala e Inglaterra firmaron un tratado que fijaba los límites entre Honduras Británicas y el país centroamericano y no fue sino hasta 1862, cuando las Honduras Británicas fueron declaradas Colonia de la Corona. La firma del tratado era una aceptación guatemalteca de la ocupación efectiva por parte de Inglaterra, pero según Guatemala era un Tratado de cesión de derechos con condición suspensiva, la que se asienta en el artículo 7º de dicho Tratado: "Ambas partes pondrán su mejor esfuerzo para comunicar por vía terrestre a la ciudad de Guatemala con la costa atlántica de Guatemala, cerca del asentamiento de Belice".

A pesar de los esfuerzos realizados, fue imposible llegar a un acuerdo respecto de la construcción de esa vía terrestre, en parte por falta de recursos de Guatemala y en parte por dificultades técnicas. Guatemala alegó incumplimiento y en 1940 declaró nulo el Tratado y en su Constitución de 1945 decretó a Belize como territorio guatemalteco. De ahí en adelante, cada avance hacia la autonomía e independencia de Belize fue duramente cuestionado por Guatemala, al grado incluso de romper relaciones diplomáticas con el Reino Unido en 1963.8

Ante dicha actitud, los británicos reforzaron su presencia militar ante la posibilidad de una invasión guatemalteca y permanecieron en Belize incluso después de alcanzada la independencia de este país en 1981. Fue hasta el 11 de septiembre de 1991, cuando se establecieron las relaciones diplomáticas entre los dos países9; pero a pesar de contar con Embajadores residentes en ambas partes, Guatemala pospuso hasta 1997, la presentación formal de Credenciales al enviado beliceño. La buena disposición para llegar a un acuerdo, condujo a la Asamblea Nacional de Belize a aprobar la "Ley de Áreas Marítimas" del 30 de enero de 1992, que concedía a

Guatemala el libre acceso al Océano Atlántico, en un corredor de 24 por 8 millas, a través de la zona económica exclusiva de Belize. La oferta de Belize topaba con otro problema, el de los territorios insulares ubicados en el Golfo de Honduras, a la salida de la Bahía de Amatique (Islas Sapodillas o Zapotillas). El corredor de salida al mar parecía colocar bajo control guatemalteco dichas islas -también reclamadas por Honduras-, lo cual nunca formó parte de la intención beliceña.

El 28 de agosto del año 2000, quedó instalada la Comisión Mixta para la Construcción de Medidas de Fomento a la Confianza en el Diferendo Territorial Guatemala -Belize, integrada por 10 comisionados, cinco por Guatemala y cinco por Belize. El 31 de agosto, en la sede de OEA en Washington, Estados Unidos, se instaló el Panel de Conciliadores, quienes el 19 y 20 de septiembre de ese mismo año, efectuaron una visita a Belize y Guatemala, especialmente en la zona fronteriza, para platicar con algunos campesinos guatemaltecos afectados por las incursiones de las Fuerzas Armadas de Belice. Finalmente, el 8 de noviembre, en presencia del Secretario General de OEA, César Gaviria, el Canciller de Guatemala y un Embajador con rango de Ministro por parte de Belize, firmaron el Acuerdo sobre Fomento de Medidas a la Confianza, cuyo primer compromiso fue la reunión entre representantes de las fuerzas armadas, celebrada en Guatemala el 15 de noviembre del 2000. En dicha reunión se acordaron los mecanismos para coordinar los patrullajes conjuntos en la zona de adyacencia.10

Cabe anotar que, a pesar de los esfuerzos anteriores, cada una de las partes mantenía su posición y como antes se describe, se provocaron roces entre ciudadanos de ambos países, e inclusive, entre miembros de las fuerzas armadas, que pusieron en peligro la paz. Entre las propuestas de los "facilitadores" se procedía a delimitar las fronteras y se sugiere una salida al mar para Guatemala; tal como había propuesto en su momento la parte beliceña. No obstante, el asunto no está finiquitado pues no se cumplió con los trámites de ratificación; aunque cada parte ha manifestado su intención de alcanzar un arreglo definitivo.

Entre las acciones más recientes, se puede citar que, la Cancillería guatemalteca hizo público el 13 de agosto de 2007, el documento titulado: "Acuerdo sobre un marco de negociación y medidas de fomento de la confianza entre Belice y Guatemala", conforme al cual se pretende continuar las negociaciones. Para el consenso general el problema de la delimitación efectiva de las fronteras sigue latente y no se descarta que, como en el pasado, algún gobierno utilice ese argumento para desviar la atención de problemas fundamentales y seguirlos posponiendo, como ha corrido en repetidas ocasiones.

Así como los dos casos anteriores, podríamos describir otros diferendos entre países considerados como parte de la Cuenca del Gran Caribe11, lo que nos viene a mostrar la fragilidad de las relaciones entre vecinos y como reflejo de lo mismo, la presencia de conflictos latentes, o por lo menos, impedimentos para unas relaciones plenas, basadas en la confianza mutua.

A continuación de manera enunciativa, se citan otros diferendos pendientes en materia de delimitación fronteriza, destacando que, el problema de límites data de los tiempos en que las naciones centroamericanas y caribeñas eran colonias de España, o de otra potencia europea, cuando los límites eran genéricos; pero al crearse los nuevos Estados surgieron controversias que en el pasado dieron lugar a enfrentamientos armados; como el caso de Honduras y Nicaragua en 1959 y entre Honduras y El Salvador, en 1969 (la llamada Guerra del Fútbol). Poco a poco, mediante negociaciones y tratados, en unos casos, y acudiendo al Rey de España y a la Corte Internacional de Justicia (CIJ), se avanzó en el Siglo XX en la definición de las fronteras terrestres y marítimas en Centroamérica. En el caso de Honduras, se logró definir la frontera terrestre con Guatemala primero y luego mediante el laudo del Rey de España, Alfonso XIII, en 1962, con Nicaragua. Posteriormente, mediante la sentencia de la CIJ se definió la frontera terrestre y marítima entre Honduras y El Salvador, en el año 1992.

Honduras-Nicaragua.

El Canciller hondureño Roberto Flores Bermúdez, anunció el 12 de noviembre de 1999, que se emprenderían negociaciones con varios países vecinos para definir las fronteras marítimas. El Ministro citado declaró: "Esta ley contempla lo que Honduras considera sus derechos en los espacios marítimos en los océanos Atlántico y Pacífico y será necesario negociar con los países vecinos estos límites. En los espacios marítimos en el mar Caribe hay una abanico grande de negociaciones que emprender con México, Guatemala, Belize, Nicaragua, Jamaica y Cuba, entre otros". Entre tanto, en el Golfo de Fonseca (en el Océano Pacífico), la Corte Internacional de Justicia definió las fronteras marítimas de Honduras con El Salvador y Nicaragua, pero está pendiente la demarcación con boyas. Esta falta de señalización generó en el pasado, frecuentes roces entre las fuerzas navales de Honduras y Nicaragua, por la captura de pescadores de ambos países; pero en los años recientes hay una estrecha coordinación para evitar estos incidentes.12

En el Caribe tampoco se ha llegado a un arreglo satisfactorio para las partes, dado que el gobierno nicaragüense estima que su frontera marítima llega hasta el paralelo 15, mientras que Honduras sostiene que su espacio marítimo llega hasta el paralelo 17. En esta zona, también hubo en el pasado frecuente captura de pescadores y embarcaciones. El caso se encuentra sometido a la Corte Internacional de Justicia de La Haya.

Por otra parte, el Congreso Nacional de Honduras ratificó en noviembre de 1999, el Tratado de Delimitación Marítima con Colombia, bajo el argumento de que este acto histórico abre la ruta para la definición de las fronteras de los ocho países que comparten soberanía en aguas del mar Caribe. La decisión se produjo pese a las airadas reacciones del gobierno de Nicaragua, que deploró y rechazó este tratado porque estima que lesiona su soberanía e intereses. Dicho tratado fue suscrito por los ministros de Relaciones Exteriores de Honduras y Colombia el 5 de agosto de 1986, pero no fue ratificado por el Congreso Nacional hondureño en esa oportunidad, ya que el presidente del organismo, consideró que lesionaba la soberanía de Honduras. Según el Canciller Flores Bermúdez, el tratado con Colombia abre la ruta para negociar la delimitación de las fronteras marítimas con Belize, Guatemala, México,

Nicaragua, Gran Caimán y Jamaica.13

Al respecto, cabe hacer notar que: "una delegación de diputados de la Asamblea Legislativa de Nicaragua intentó el mismo 30 de noviembre, convencer al Congreso Nacional de Honduras de abstenerse de ratificar este tratado, pero fracasó en sus gestiones. Nicaragua anunció su decisión de imponer restricciones comerciales a Honduras, como parte de su campaña de medidas más enérgicas como rechazo a este instrumento y dijo que esta decisión ponía en crisis el sistema de integración centroamericana.14

La decisión hondureña, tuvo repercusiones en diferentes ámbitos, dado que por una parte, Nicaragua pidió la intervención del Papa Juan Pablo II en el conflicto, al tiempo que decidía la movilización de tropas a la frontera hondureña; lo que generó preocupación por un posible conflicto armado en la región. Mientras tanto, Honduras, solicitaba la presencia de observadores internacionales, al tiempo que demandaba a Nicaragua ante la Corte Centroamericana de Justicia, por las medidas unilaterales que violan los acuerdos del Sistema de Integración Centroamericana. Asimismo, protestó por la movilización del ejército nicaragüense a la frontera entre ambos países, e insistió en su solicitud a la ONU y a la OEA, para el envío de observadores internacionales, como forma de evitar un conflicto.15

Honduras aceptó la iniciativa de Nicaragua para dirimir en la Corte Internacional de Justicia (CIJ), en La Haya, Holanda, la controversia sobre los límites marítimos en el mar Caribe. Nicaragua que desconoció el tratado firmado entre Honduras y Colombia, estima que lesiona su soberanía y lo despoja de unos 60 mil kilómetros cuadrados de espacios marítimos en el mar Caribe. Al presentar el recurso contra Honduras ante la CIJ, Nicaragua alegó que todas las instancias diplomáticas para llegar a un acuerdo fallaron. Asimismo, Nicaragua sostuvo que los límites marítimos en el mar Caribe no han sido determinados por lo que pide al tribunal mundial, que establezca un límite marítimo de acuerdo con principios de equidad y circunstancias relevantes, reconocidas por la ley internacional aplicables en este tipo de delimitación. También expresó que se reserva el derecho a exigir compensación económica por la interferencia de las labores de pesca y extracción de los recursos naturales por parte de Honduras si estas son realizadas en la zona que delimitará en el futuro la CIJ.16

No obstante la intervención de la CIJ, Nicaragua continuó con la aplicación de medidas restrictivas al comercio, por lo que la Secretaría de Integración Económica Centroamericana (SIECA) dictaminó que era "ilegal y violatorio" al tratado integracionista del istmo, el arancel de un 35% que desde el 6 de diciemb re de 1999, aplica Nicaragua a los productos procedentes de Honduras.17

Finalmente, la CIJ emitió su fallo el 9 de octubre de 2007, en el que concede a Honduras soberanía sobre cuatro pequeñas islas del Caribe y establece una nueva frontera marítima, que en forma salomónica se fija entre los paralelos 15º de Longitud Oeste (reclamado por Nicaragua como el verdadero límite) y el 17º Longitud Oeste (reivindicado por Honduras). Contrario a lo que muchos esperaban los gobiernos de los dos países aceptaron el fallo. Los presidentes de Nicaragua, Daniel Ortega, y de Honduras, Manuel Zelaya, se mostraron eufóricos con el dictamen del Alto Tribunal y recalcaron la unidad de los pueblos. Zelaya fue contundente: "Se equivocaron los adversarios, el fallo de La Haya une a Centroamérica no la divide".

Nicaragua-Colombia.

El gobierno nicaragüense firmó un tratado de límites marítimos con Colombia en 1928, en el que se fijaba la frontera marítima en el Meridiano 82, que dejaba a salvo las posesiones colombianas en el archipiélago conocido como Islas San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Dicho instrumento fue denunciado en 1980, cuando el gobierno sandinista promulgó una nueva Constitución y argumentó que este tratado se suscribió bajo la presión de Estados Unidos, después de la ocupación militar estadounidense a ese país centroamericano.

Después de largas disputas y roces por invasiones de ambas partes, de lo que consideran su mar territorial y la correspondiente extensión de zona económica exclusiva, aceptaron someter el diferendo a la CIJ, instancia que pronunció su sentencia el 13 de diciembre de 2007, en la que admitió no tener jurisdicción para conocer sobre la soberanía de Colombia en el archipiélago a que se refiere el Tratado de 1928 (Tratado Ezquerra-Bárcenas); pero a cambio, decidió que tiene competencia para juzgar la delimitación de la frontera marítima entre Nicaragua y Colombia. En ese sentido, las partes en la disputa debieron de proveer a la Corte, de sus respectivos alegatos, en los que se pretende demostrar derechos de soberanía sobre algunos cayos o islotes adyacentes al archipiélago a que se refiere el Tratado antes mencionado, sentencia que sería pronunciada en un futuro próximo.18

Venezuela-Colombia.

En la parte continental de América del Sur, las aguas caribeñas bañan las costas de la parte Noroeste de Colombia, en una extensión aproximada de 1,600 Kms. (contando los litorales de islas y cayos) y en el Norte de Venezuela, la línea costera se alarga hasta los 1,000 Kms. aproximadamente. Como se deriva de lo anterior, para ambos países el Caribe es un área de alto valor estratégico, tanto en aspectos geopolíticos, como para la seguridad de la navegación, las comunicaciones, las actividades económico-comerciales y los intercambios de todo tipo. Para Colombia y Venezuela, el sentido de pertenencia se extiende más allá del sub-continente sudamericano, a la innegable presencia de una cultura caribeña, con la cual buscan reforzar los lazos de amistad.

Con el propósito de destacar lo anterior, se hace referencia a un estudio de la Armada de Venezuela -institución para la cual el Caribe es una región de alta prioridad para la política exterior de su país zona de influencia natural-, por los fenómenos políticos y sociales que allí suceden y que tienen gran repercusión en sus asuntos internos. Asimismo, se destaca la importancia que representa como "frontera marítima" y como realidad geopolítica; lo que viene a constituir un "espacio vital", donde se ubican líneas de comunicación marítima que permiten la interconexión con el resto del mundo. Igual importancia reviste la existencia comprobada de recursos naturales vivos (pesca) y no vivos (hidrocarburos). Además de lo anterior y como consecuencia del importante volumen del tráfico marítimo y la existencia de otras amenazas como la pesca indiscriminada, tráfico ilegal de personas, piratería, contaminación y narcotráfico. Todo lo anterior se observa en una superficie aproximada a los 140,000 Kms.² de Zona Económica Exclusiva (ZEE) en la que ese país ejerce soberanía.19

Por lo que se refiere a límites fronterizos, Venezuela tiene pendientes con Colombia, Guyana y con Trinidad y Tobago, sin mencionar que por el hecho de haber declarado su soberanía sobre la Isla de Aves, con una superficie de 43,000 Mts.², localizada a 650 Kms. al norte de sus costas, su ZEE se extendería hasta muy cerca de los límites con Jamaica y Puerto Rico, chocando de paso con los espacios marítimos de algunos de los pequeños Estados insulares, como Saint Kitts y Nevis, Dominica, Santa Lucía y, San Vicente y las Granadinas, sobre lo cual está pendiente de lograr los acuerdos respectivos.20

Diferendo marítimo colombo-venezolano.

El problema de los límites territoriales y marítimos, tiene su origen en el momento en que se produce la disolución de la Gran Colombia y al momento de concretarse la separación de los dos países, se inician las negociaciones para resolver dos aspectos fundamentales: Por una parte, la división de la deuda contraída con México21 y por la otra, la delimitación fronteriza.

El 14 de diciembre de 1833 los Ministros Plenipotenciarios de Venezuela, Santos Michelena y de Colombia, Lino de Pombo, suscribieron un tratado que trazaba una línea de compromiso, la cual partiendo del Cabo de Chichivacoa, dividía la Península de La Goajira en dos partes. El Congreso de Colombia aprobó el Tratado en 1834, lo que no ocurrió con el de Venezuela, que estimó afectaba sus derechos territoriales.22

En 1881 los dos países se sometieron a un laudo arbitral, teniendo como árbitro o juez de derecho al entonces Rey de España; el laudo respectivo no fue aceptado por Venezuela y solo parcialmente por Colombia. Posteriormente, hubo otros intentos de arreglo, como el Tratado de Demarcación de Fronteras y Navegación de los Ríos Comunes entre ambos países (Tratado de Cúcuta de 1941) -que fue el resultado de los trabajos realizados por la Comisión Mixta Colombo-Venezolana de 1930-. En dicho instrumento se asienta que "la frontera entre las dos naciones está en todas sus partes definida por los pactos y actos de alindamiento en el presente Tratado; que todas las diferencias sobre materia de límites quedan terminadas y que reconocen como definitivas e irrevocables…"23

Nuevamente Venezuela se opone a la ratificación aduciendo ejercicio de su soberanía en forma temporal (principalmente durante el lapso que duró la Segunda Guerra Mundial), sobre las áreas marinas y submarinas del Golfo de Venezuela y otras bahías. A continuación (1950) se recurrió a la opinión de un geógrafo llamado Withmore Boggs, quien toma como punto de referencia el Archipiélago de Los Monjes

–que físicamente se encuentran más cerca de la costa colombiana, que de la venezolana-, los que también reclama para sí cada una de las partes en conflicto, sin aportar una solución definitiva; más bien reaviva las tensiones, cuando en 1951 Colombia envía algunas corbetas con pretensiones de ocupar los islotes; a lo que Venezuela reaccionó con presencia militar aérea. Dichas amenazas de conflicto se fueron diluyendo a medida que los dos gobiernos aceptaron dialogar y, en 1952 quedó solucionado en el papel el asunto de la soberanía de dichos islotes, cuando el Canciller colombiano envía una nota al Embajador venezolano: "No objeto la soberanía de Venezuela sobre el Archipiélago de Los Monjes, y que en consecu encia no se opone ni tiene reclamación alguna qué formular respecto al ejercicio de la misma o a cualquier acto de dominio por parte de éste sobre el archipiélago en referencia… "24

Para la década comprendida entre 1960 y 1970, el asunto de los hidrocarburos despierta grandes intereses y se sabe que el área del Golfo de Venezuela y sus zonas aledañas, son ricas en esta clase de recursos. Ambos países emprendieron importantes trabajos de exploración y Colombia decide otorgar algunos contratos a empresas transnacionales, precisamente en aguas objeto del diferendo; ante lo cual

Venezuela protestó. En tiempos más recientes, se han presentado otros incidentes, como el que tuvo lugar en 1987, cuando la corbeta colombiana de nombre "Caldas" incursionó en aguas del Golfo de Venezuela; también los ha habido en asuntos relativos a la pesca y al tránsito de personas y mercancías. Tal como se observa en las actitudes asumidas por las partes, las posiciones parecen irreconciliables y al no avizorarse un arreglo definitivo, las posibilidades de conflictos siguen latentes, no obstante que en otros ámbitos se lleven a cabo acciones de cooperación e intercambio de cierta intensidad, dado que son países que cuentan con una frontera común de aproximadamente 2,500 Kms. de extensión, cuyas tensiones se han visto agravadas por el problema de la guerrilla colombiana y el contrabando tanto de personas, como de mercancías, armas y drogas.

Venezuela-Guyana.

Para quienes creen que la historia es solamente la descripción de los acontecimientos del pasado, la realidad nos muestra que un importante número de hechos que son enterrados temporalmente, en algún momento pueden renacer. Tal es el caso del diferendo limítrofe entre la República Bolivariana de Venezuela y la República Cooperativa de Guyana, que en virtud de una serie de artículos de prensa 25 ha interesado nuevamente a la opinión pública mundial, de Sudamérica y en especial a la de los países involucrados.

En este caso, la reclamación parte de Venezuela, sobre un territorio un poco mayor a los 159,500 Kms.² conocido como la Guayana del Esequibo. Como antecedente remoto se cita que las tierras objeto de la disputa fueron descubiertas en el Siglo XVI por los conquistadores españoles, que en 1595 establecieron el Fuerte de Santo Tomás y en 1724 construyeron una misión religiosa de la orden de los Capuchinos.

Posteriormente, dichos territorios fueron ocupados por los holandeses, q uienes mantenían enfrentamientos con España; construyeron un asentamiento en 1637, en las márgenes del río Amacuro y mantuvieron cierto control económico, político y militar de una parte del Esequibo, durante casi dos siglos. En 1648, se firma la llamada Paz de Munster,26 entre Holanda y España, quedando de mutuo acuerdo el reconocimiento de sus posesiones en ultramar. No obstante, en dicha ocasión no fueron fijados los límites de las posesiones españolas en lo que hoy es Venezuela; así como tampoco las holandesas. A continuación vendría la ocupación inglesa (1803), de las tres posesiones holandesas: territorios del Esequibo, Demerara y Berbice -lo cual fue ratificado por la Convención de Londres de 1814, por la que se acepta la jurisdicción británica en los territorios arriba mencionados, pero sin precisar los límites fronterizos-.

En 1840 la corona inglesa contrata al cartógrafo y explorador Robert Schomburgk, quien tras visitar la zona a que se hace referencia elabora un mapa, con el que se modifican ediciones anteriores –por razones desconocidas el nuevo mapa no se hizo público, sino hasta el año 1887-. Con lo anterior, se producen contactos diplomáticos entre Venezuela e Inglaterra, específicamente relacionados con la delimitación fronteriza. El primero reclamaba todas las tierras situadas al Oeste del Río Esequibo; en tanto que los británicos ofrecían que la línea divisoria empezara en el Río Moruka. Para 1850 ambos gobiernos emitieron declaraciones unilaterales, que vinieron a constituir una especie de acuerdo, por el que se comprometían a no ocupar los territorios en disputa.27

Dicho acuerdo se rompe parcialmente cuando en una región del Esequibo se descubren algunas betas de oro y Venezuela procede a dar la concesión para su explotación a una empresa minera de Nueva York, Estados Unidos, con lo que Inglaterra no estuvo conforme y por diversos medios trató de mostrar su dominio, lo que provocó algunos incidentes. Con ese panorama, en 1880 Venezuela recurrió al gobierno de los Estados Unidos, solicitando su intervención en el diferendo, sugiriendo la posible aplicación de la "Doctrina Monroe". Mientras tanto, Inglaterra y Venezuela firman un Tratado Comercial en 1885, en el que entre otras cosas, se incluye una cláusula sobre arbitraje, que en cierto modo podía ser aplicada a los problemas de límites; lo cual en principio, despertó cierto optimismo del lado venezolano; pero tiempo después, el mismo gobierno británico se encargó de derrumbar tales expectativas, por lo que Venezuela decidió una "suspensión de relaciones" con Inglaterra.

Finalmente, fue aceptada la mediación y se creó el tribunal de arbitraje, con sede en París. Dicho tribunal quedó integrado por dos jueces británicos, dos norteamericanos y presidido por el diplomático ruso Federico de Martens. El 3 de octubre de 1899 el tribunal de arbitraje dictó un laudo arbitral por unanimidad, en el que se reconoció a Gran Bretaña el 90% del territorio en disputa y se reservó para Venezuela el restante

10%, que comprende el área de las bocas del Orinoco y otros 13,000 Kms.² al suroeste del territorio en disputa. Para esas fechas, el fallo fue aceptado por todas las partes -aunque en Venezuela se hicieron oír voces inconformes-, y en 1905 se concluía la delimitación sobre el terreno de lo acordado. El diferendo había sido salvado y las relaciones anglo-venezolanas volvieron a la normalidad.28

Nuevamente en 1949 se reanuda el conflicto limítrofe, cuando se hace público un memorándum elaborado por Severo Mallet-Prevost -quien había actuado ante el tribunal arbitral como uno de los abogados de Venezuela-. El informe de Mallet- Prevost quien falleciera el año anterior a la publicación del documento, pone de manifiesto que el laudo adoptado no se guió por razones jurídicas; sino que parecía ser el resultado de un acuerdo entre Gran Bretaña y Rusia, por el que la primera hacía a la segunda algún tipo de concesión a cambio del voto favorable de Martens a sus pretensiones. La versión de Mallet-Prevost se confirmó en 1979, al darse a conocer una carta dirigida por uno de los jueces británicos a su ministro de Asuntos Exteriores, en la que se narra la postura adoptada por el presidente del tribunal, un hombre predispuesto a priori al entendimiento entre Gran Bretaña y Rusia, potencias con intereses enfrentados por aquel entonces en Asia Central. Martens, concretamente, aboga por una acción común anglo-rusa para civilizar, por mandato de la Divina Providencia, a los pueblos bárbaros o semisalvajes -entre los que no cabe la menor duda estaba incluida Venezuela-: "pueblos a los que no puede aplicarse el Derecho Internacional europeo", según expone en su obra Rusia e Inglaterra, en Asia Central.

Tomando como base el memorándum de Mallet-Prevost, Venezuela plantea la nulidad del laudo de 1899 e inicia una campaña en las Naciones Unidas y ante la Organización de Estados Americanos. Tras varios años de conversaciones, Gran Bretaña accede a revisar lo actuado y en febrero de 1966 se firma el "Acuerdo de Ginebra", por el que se constituye una Comisión Mixta para buscar soluciones satisfactorias al diferendo. Asimismo, se establece una cronología de los pasos a dar y se acuerda que, de no alcanzarse resultados concretos, se recurrirá a uno de los medios de solución pacífica previstos en el artículo 33 de la Carta de las Naciones Unidas.29

Tras cumplirse el plazo sin ningún acuerdo y cuando está a punto de entrar en funcionamiento el recurso a la ONU, el Canciller venezolano viajó el 18 junio de 1970 a Trinidad y Tobago, donde firmó con el representante de Guyana, el llamado "Protocolo de Puerto España", en el se acepta el congelamiento por un período de 12 años, del Acuerdo de Ginebra. Dicha suspensión sería prorrogable, salvo denuncia de una de las partes. Al expirar el Protocolo de Trinidad y Tobago (18 de junio de 1982), Venezuela expresó su intención de no prorrogarlo y recurrir a las instancias internacionales, para continuar con el contencioso.30

Posteriormente, se trató de poner en práctica el Pacto de Bogotá para la Solución Pacífica de las Controversias, sin grandes avances. En base a dichas iniciativas, el 31 de marzo de 1983 el Secretario General de la ONU oficializó la intervención del Organismo y designó a Diego Cordovez como su representante personal, quien visitó Caracas del 21 al 24 de agosto de 1983 y posteriormente se trasladó a Guyana. Luego de varias reuniones e intercambios, a nivel de cancilleres y de delegados, el Representante del Secretario General presentó una propuesta oficiosa (22 de marzo de 1985), consistente en la creación de una Comisión Mixta de cinco miembros. La cual luego de ser sometida a un período de análisis y consulta resultó no conveniente a los intereses venezolanos.

Finalmente, cabe mencionar que los sucesivos gobiernos tanto venezolanos, como guyaneses, han mantenido un aparente statu quo, sin que se avizore una solución definitiva al diferendo. Asimismo, se hace notar que en el ámbito de las Naciones Unidas, del Movimiento de Países No Alineados, de la Asociación de Estados del Caribe, del CARICOM y en sus relaciones bilaterales, los dos Gobiernos han expresado satisfacción con el método de los Buenos Oficios, aspecto que fue reiterado el 15 de marzo de 1999, durante la visita a Venezuela del Buen Oficiante Alister McIntyre. Sin embargo, resulta necesario lograr que esas manifestaciones sean complementadas con otras iniciativas de carácter diplomático que reafirmen la voluntad de ambos países para avanzar en la solución de la controversia territorial. En este contexto cobra relevancia la preservación ambiental, la presencia de empresa s multinacionales en la explotación indiscriminada de recursos y la migración guyanesa.

Al respecto, se asegura que en varias ocasiones se estuvo cerca de alcanzar un acuerdo, pero surgieron denuncias en el sentido de que Guyana otorgó concesiones petroleras (en el año 2000), a empresas transnacionales para la exploración costa afuera; así como también se aseguró que existía un preacuerdo con una empresa aeroespacial norteamericana, para la instalación de una base para el lanzamiento de satélites. Tales informaciones han creado un clima de desconfianza que no contribuye a la solución del problema. Las perspectivas venezolanas sobre el diferendo son explicadas por el Ministerio de Relaciones Exteriores de ese país, que en su página oficial expresa: