In the text presented below, we find an issue on which they took into account many aspects for the proper development of it, taking as a fundamental research for making good the same tools that helped us to support development efficiency of this project.
In reviewing the contents of this issue we will realize that a subcommittee was formed by assembly of the Committee on Education, Science and Technology for the development of the Draft Law on Higher Education (LOES), which will be presented to the full National Assembly for discussion and approval.
Seeing the research is going on with regard to this Act say that our government is making new changes in regards to quality and higher education.
On the other hand, there's good or bad development of a group of Assembly members that contradict each other every day, leaving a big question to all Ecuadorians about whether there will be the right choice for people who want the best for our country. Taking reference of all events and events produced daily, we can only show what's behind this, and is presented below.
Controversy democracy Subjectivity
Ley de Comunicación.
Jaime Guamán (i), Marcel Rivas, Félix Varas y Roberto Manciati, representantes de Actve, Cccrea, y de AER.
La Asociación Ecuatoriana de Radiodifusión (AER), la Asociación de Canales de Televisión del Ecuador (Actve) y los Canales Comunitarios y Regionales del Ecuador Asociados (Cccrea) solicitaron al presidente de la Asamblea, Fernando Cordero, que el proyecto de Ley de Comunicación sea sometido a una consulta prelegislativa.El gremio hizo el anuncio ayer en una conferencia de prensa conjunta donde explicó su desacuerdo con el proyecto porque "afecta a los medios, a los periodistas y a la sociedad en su derecho a informarse".
Jaime Guamán, asesor legal de los medios, explicó que el pedido de consulta prelegislativa se basa en una sentencia que la Corte Constitucional emitió en marzo pasado en la que establece un estándar más alto en el tratamiento de los derechos humanos y afirmó que el derecho a la comunicación es un derecho humano."Los medios electrónicos tenemos permanentemente una guillotina que es la concesión de la frecuencia, llámese radio o televisión", expuso Marcel Rivas, presidente de la Actve y agregó que "en este instante no se acata la Constitución que garantiza la igualdad".
Roberto Manciati, presidente de AER, a nombre de más de 500 emisoras del país, dijo que son igualmente afectados por el proyecto de ley que, en su opinión, contiene propuestas que se manejan a base de criterios políticos.
"Debería retomarse el tema, no para alargarlo como se ha hecho ahora. No se cuál es la pretensión, cuál es la agenda oculta que tienen. Necesitamos que se tomen medidas claras", expresó y dijo que no le parece justo que los medios comunitarios y públicos puedan vender publicidad. Félix Varas, vicepresidente de Cccrea, dijo que el proyecto de ley está "absolutamente minado", tal vez "porque no se conoce cómo es la profesión". Agregó que el cuerpo legal contiene un sinfín de puntos que atentan contra la libertad de expresión y que coarta el derecho de comunicación a todos.
Ley de Comunicación
Publicado el 16/Marzo/2009 | 00:06
La nueva Constitución ecuatoriana es posiblemente una de las primeras en consagrar el derecho a la Comunicación. Como parte de los derechos del buen vivir, la Carta Magna indica en la tercera sección que todas las personas tienen derecho a una comunicación libre, al acceso a las tecnologías de la información y comunicación y obliga al Estado a fomentar el acceso universal. También garantiza los tradicionales derechos a la libertad de expresión y de prensa y a recibir y producir información plural y veraz. Pero, sin lugar a dudas, la tarea que se menciona en la disposición transitoria, de aprobar una "Ley de la Comunicación" hasta el 21 de octubre de este año, se torna tan difícil, debido precisamente a que aquí se habla, no solo del derecho a estar bien informado, sino del conocimiento en toda su magnitud actual.
La intención de los asambleístas no fue solamente dar a los ciudadanos del Ecuador nuevas garantías de que las noticias que se les proporciona sean verificables, ni tampoco de proteger a los medios contra posibles aspiraciones de interferencias por parte de las autoridades del Estado. Lo que quisieron los que formularon la primera parte de la Constitución fue presentar una reacción contemporánea a la rasante evolución de las nuevas tecnologías, que ha convertido el acceso a ellas en una nueva forma de convivencia, en inusitada fuente de poder. La pregunta es si nuestro país puede cumplir esta tarea pionera.Dice el Artículo 17 que el Estado facilitará el acceso a las tecnologías de información y comunicación en especial para las personas y colectividades que carezcan de dicho acceso o lo tengan en forma limitada. Habla de un acceso universal donde la brecha tecnológica es profunda, no solo por la falta de dinero para comprar los aparatos y los programas, sino sobre todo por la generalizada incapacidad de usarlos para una real comunicación. Todo esto, con una tecnología que cambia constantemente y a buen ritmo.
La pregunta es si realmente la intención fue que el derecho a la comunicación sea exigible o si se empaquetó dentro de estas atractivas formulaciones las aspiraciones de rédito y control que se reflejan en otros pasajes de la Carta Magna, donde se alude a los medios en su calidad de fuentes de riqueza, al temor a los monopolios y la necesidad de una ley que regule los contenidos.Lo que llama la atención es lo poco que se ha discutido hasta ahora, por lo menos públicamente, una ley, que no solo tiene plazo fijo, sino que podría constituir uno de los mecanismos que decida sobre el proceso democrático en el Ecuador a corto plazo y también para el futuro.
El Observatorio Ciudadano de la Comunicación de Cuenca, una ONG dedicada a la veeduría de los medios, hasta ahora sobre todo en relación con el sexismo en la publicidad, convocó la semana pasada a un foro sobre el tema. Pero, aunque interesantes en aspectos puntuales, los ponentes estuvieron muy lejos de poder delinear lo que podría contener o, mejor dicho, debería dejar de contener la nueva Ley de la Comunicación.
Tres proyectos de Ley de Comunicación
Publicado el 10/Septiembre/2009 | 00:14
Después de revisar los tres proyectos de Ley de Comunicación que se conocen, se ve que, en general, existe una mala interpretación de lo que esta debe contener para asegurar el principal objetivo de su vigencia: la defensa de la libertad de expresión y el libre acceso a la información oficial por parte de todo ciudadano.Dos de los tres propuestas que se han hecho públicas se sustentan en varios prejuicios contra la prensa independiente; la existencia ideal de los medios comunitarios, pese a las malas experiencias obtenidas desde hace años en el sistema de radios de esa índole, y la obsesión para justificar la prensa a la que llaman pública que, en poquísimo tiempo, ha demostrado ser la prensa oficial del poder actual, aunque su propiedad no le corresponde. En esos dos proyectos, a los prejuicios, se une la incomprensión de sustentación económica real de los medios públicos y comunitarios. Terminan ambos proyectos proponiendo una serie de sanciones sui géneris que castigan a profesionales y empresas periodísticas y desconocen la existencia de leyes y códigos que protegen al ciudadano contra supuestas violaciones profesionales de los periodistas. Termina uno de esos proyectos con la "novedad" de eliminar la profesión de periodistas para confundirla y ahogarla en el extraño título de Comunicadores sociales o comunitarios.El otro proyecto, presentado por el asambleísta César Montúfar, aunque reconoce la importancia de la prensa independiente y plural, respetando su campo de acción, posiblemente por desconocimiento de la vida interna de los medios, propone la creación de un Consejo de Protección a los Derechos de Comunicación (Copdeco), organismo que supuestamente defendería a los ciudadanos de los "excesos" de la prensa. Al igual que las otras propuestas, esta olvida la existencia de amplia legislación para castigar aquellos excesos. Propone organismos externos a la vida diaria del periodismo para regular la aplicación de valores y sistemas de autorregulación internos. Desconoce que, en muchos los medios de comunicación del país, existen múltiples mecanismos de auto control: consejos editoriales, manuales de estilo, defensores del lector, organismos de editores, etc., elementos que se manejan de acuerdo a la estructura y visión de cada medio. Las políticas generales, los valores y la personalidad son inherentes y exclusivas de cada medio y no deben aplicarse indistintamente a radios, periódicos o televisoras. La libertad de expresión, como manifestación básica de la libertad de pensamiento, es la base de la democracia. No puede ser encasillada en reglamentos punitivos ni estructuras de "sabios" que, a pretexto de reglamentarla, la limiten y coarten.
Panchana presenta proyecto de Ley de Comunicación del Gobierno
Publicado el 15/Septiembre/2009 | 17:07
El segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional, Rolando Panchana (AP), presentó hoy el proyecto de Ley Orgánica de Comunicación, que tiene como objetivo normar el ejercicio de la comunicación social en el país y establecer responsabilidad social, derechos y deberes de los medios de comunicación.
El proyecto presentado contiene 66 artículos, tres disposiciones generales, siete transitorias y seis derogatorias y reformatorias que además define las funciones que cumplen los medios de comunicación públicos, privados y comunitarios. Durante la presentación, Panchana comentó que el proyecto presentado "no es una ley mordaza, ni de censura. Hay control a los medios públicos, privados y comunitarios, pero no de contenido", aseguró. Contraria a Panchana, la asambleísta Cynthia Viteri sostuvo que el proyecto propone "una ley controladora a la libertad de expresión que busca amedrentar a los medios" y sostuvo que "es inconstitucional que un representante de la Asamblea este integrando el consejo de comunicación". Esto debido a que el proyecto de Panchana establece la creación de un consejo de comunicación conformado por un representante del Ministerio de Educación, un delegado de las facultades de Comunicación Social cuya elección será regulada por el Consejo Electoral; un representante de la Asamblea, un delegado de los periodistas elegido por el Consejo Nacional Electoral y tres delgados de la ciudadanía elegidos por el Consejo de Participación. (LGP).
Oficialismo alarga debate de Ley de Comunicación
QUITO. El asambleísta de la Comisión de Comunicación, Rolando Panchana (PAIS), a su ingreso al pleno. El oficialismo sorprendió otra vez a la oposición ayer en la Comisión Ocasional de Comunicación, que terminó aprobando por unanimidad una moción de Rolando Panchana (PAIS) para solicitar a la presidencia de la Asamblea una tercera prórroga para la entrega del informe para segundo y definitivo debate del proyecto de Ley de Comunicación.
De acuerdo con el cronograma aprobado, la votación del informe que elabore la presidenta del organismo, Betty Carrillo (PAIS), en la Comisión de Comunicación, se realizará el 14 de junio, tres días después de que se inicie el Mundial de fútbol Sudáfrica 2010. Con esta nueva fecha, según la oposición, mientras el "Ecuador futbolizado" se encontrará "ocupado" siguiendo las incidencias del Mundial Sudáfrica 2010, los asambleístas estarán debatiendo una ley de gran importancia para el país. Desde ayer se tenía previsto receptar las propuestas sobre nuevos temas. Esas sugerencias se podrán presentar hasta el próximo sábado.
El domingo, lunes y martes de la próxima semana el equipo de la presidencia de la Comisión Ocasional de Comunicación prevé elaborar un borrador de articulado; ese borrador deberá ser entregado a los asambleístas el próximo miércoles para que analicen su contenido individualmente hasta el sábado 12 de junio, un día después de que se inicie el Mundial.
El lunes 14 comenzará la votación; el 17 se redactará el informe y el viernes 18 de junio se dará la lectura del informe; se firmará y será entregado al presidente de la Asamblea Nacional, Fernando Cordero.
Esta resolución se tomó después de que el martes pasado Betty Carrillo había convocado para realizar ayer la "votación del informe", a pesar de que ningún asambleísta había recibido el articulado. La presidenta Carrillo había dicho que ese informe se lo estuvo trabajando durante los días domingo y lunes pasados.
En cuanto a contenidos, la incertidumbre sobre el texto final se mantiene. Lourdes Tibán (PK) fue la única comisionada que ayer insistió por dos ocasiones ante la presidenta Betty Carrillo para que entregara el articulado en el que el equipo de la presidencia de la Comisión trabajó el fin de semana para empezar el análisis.
Pero a esa petición, Carrillo respondió que no puede entregar textos de cosas que de pronto no se han tratado y señaló que tal vez su español no se entiende.
Tibán señaló que existen dos posibilidades: no tienen en realidad el texto o "tienen en reservas para lanzar al público un documento… que no quieren que se alarme" al final.
Gilmar Gutiérrez (SP) agregó que la nueva prórroga no la están pidiendo para alcanzar consenso, sino para hacer tiempo hasta conseguir los votos que les faltan para aprobar la ley.
Carrillo desafía el acuerdo sobre Ley de Comunicación
Asambleísta Betty Carrillo, de la comisión de Comunicación.
La presidenta de la comisión de Comunicación, Betty Carrillo, presentó un texto base sobre la Ley de Comunicación que se aleja del acuerdo ético-político suscrito por los jefes de bancadas, el pasado 17 de diciembre, respecto a la integración del Consejo de Comunicación.
El acuerdo legislativo "admite la necesidad de que exista un Consejo de Comunicación e Información autónomo e independiente del Gobierno y de los poderes fácticos". Sin embargo, en el texto que presentó Carrillo el lunes a los miembros de la comisión ocasional que discute la ley se plantea como miembros de ese organismo a dos delegados de los ministerios de Educación y de Cultura.
Eso, según el propio presidente de la Asamblea, Fernando Cordero (PAIS), contradice lo que se suscribió en diciembre pasado, por lo que anunció que estará presente en la próxima reunión de la comisión, prevista para mañana a las 08:00.
"Que haya un representante del Ejecutivo es contradecir el acuerdo de todas las fuerzas políticas, cuando incluso el propio Presidente de la República ha dicho que no linteresa", subrayó Cordero, quien dijo que no va a polemizar.Pero según Carrillo, desde ningún punto de vista se estaría contradiciendo el acuerdo porque inicialmente se planteó que en el Consejo haya un representante del Presidente de la República con voto dirimente, y eso no se incluye en su propuesta.
Dijo que "el Gobierno necesariamente tiene que estar en el Consejo, porque tiene que generar políticas de Estado, y por eso es importantísimo que estén representantes de estos dos ministerios". Carrillo insistió que su planteamiento sobre la conformación del Consejo de Comunicación es que haya un representante del Ministerio de Educación; uno del Ministerio de Cultura, uno del Consejo de Igualdad; uno de las facultades de Comunicación Social; y, tres representantes de la ciudadanía. Dijo que por el corto tiempo que tiene la Comisión para presentar el informe tuvo que recurrir a la misma estrategia que aplicó en el primer debate que es presentar un borrador de proyecto y sobre eso discutir.Ayer el asambleísta Mauro Andino (PAIS), en una entrevista con Teleamazonas señaló que el acuerdo entre bloques firmado en diciembre se mantendrá en todos sus puntos, especialmente el más polémico que se refiere a la creación del Consejo de Comunicación.
"Se requiere la conformación de un consejo pero sin las facultades para que pueda suspender y clausurar medios y eso se va a respetar", dijo. Pero aclaró que en ninguna parte de este acuerdo se señala que los miembros del consejo no deben ser parte del Gobierno. "Sería grave que no esté conformado por ministros porque ellos son los que llevan adelante las políticas públicas
Doce sesiones para informe de la Ley de Comunicación
QUITO. La semana pasada, la Comisión de Comunicación se instaló para analizar la permanencia de Betty Barrillo en la presidencia de ese grupo. No hubo cambios.
La comisión ocasional de Comunicación comenzará a aplicar desde esta semana un nuevo cronograma de trabajo para el análisis y la elaboración del informe para segundo y definitivo debate de la Ley de Comunicación, que incluye al menos doce sesiones hasta el próximo 5 de junio. La primera cita será esta tarde para concluir la discusión de los medios públicos, privados y comunitarios que quedó pendiente hace diez días. El nudo crítico de este tema constituye el planteamiento desde la bancada de gobierno de que los medios públicos puedan transmitir publicidad estatal y privada, lo cual es cuestionado por la oposición. Uno de los temas que entrará a debate en la primera sesión se refiere a la propuesta del gobierno para que en la Ley de Comunicación se incluya la rendición de cuentas de los medios de comunicación. El siguiente tema que abordará la comisión, según el asambleísta Ángel Vilema (PAIS), se refiere al Consejo de Comunicación e Información. Se tiene previsto ocupar al menos una semana para discutir este punto tomando en cuenta que existen criterios divergentes respecto de su integración.
El legislador planteó la necesidad de que primero se definan las atribuciones que tendrá este organismo antes del número de sus miembros. Según el acuerdo firmado entre los bloques el 17 de diciembre del año pasado, tiene que ser independiente del gobierno y de los poderes fácticos El asambleísta Fausto Cobo (SP) manifestó que es necesario respetar el acuerdo ético político, aunque teme que finalmente el Ejecutivo incluirá mediante un veto parcial los textos que le garanticen el control total de los medios de comunicación privados.
Cobo indicó que la prórroga de 60 días dada por el presidente de la Asamblea para Presentar el informe para segundo debate de la ley era inevitable, y señaló que dentro de este tiempo se debe aprovechar para un análisis más a fondo del documento y las observaciones presentadas al proyecto de primer debate.
LeyesLa rendición de cuentas de los medios fue incluida por el Ejecutivo en un veto a la Ley de Participación Ciudadana, donde se señala que la ciudadanía podrá solicitar rendición de cuentas a los medios.
Más plazo
El 29 de marzo pasado, el presidente de la Asamblea, Fernando Cordero (PAIS), resolvió extender el plazo de la discusión de la Ley de Comunicación hasta junio
¿Qué opina de la Ley de Comunicación, plagada de restricciones, sanciones como de hasta posibles cierres de medios, que intenta aprobar la Asamblea?
Siempre ha habido y habrá diferentes ideas y pensamientos y eso es lo que enriquece al ser humano; no se debe vetar o prohibir a los demás por decir lo que piensan, eso es faltar a la libertad de expresión, claro que si los medios hablasen maravillas del Gobierno actual no tuviéramos este debate. Que aprendan a escuchar y aceptar las críticas y se plantean a lo que están haciendo mal.
Ruth Rivas Campos
Barcelona, España
Me parece muy mal que este señor Panchana, asambleísta elegido por el Guayas y buen periodista que siempre fue, se dedique a escribir leyes en contra de algo que él fielmente defendía.
Sus profesores, compañeros, amigos y familia deben sentirse traicionados por lo que está haciendo. Ponga las barbas en remojo, el Gobierno de la revolución se acaba y el país sigue.
Roberto Paredes,
Guayaquil Esto demuestra la poca tolerancia de un gobierno que no le gusta oír lo mal que está haciendo su tarea, porque los medios de comunicación son la voz de los que no tienen voz, en este caso la del pueblo. Acallar los medios de comunicación es entrar en una dictadura total.
Félix Aguayo Pérez
ChileEs una ley que beneficia al pueblo, que ahora sí podrá tener acceso a información seria, fidedigna y sin ninguna restricción. Creo que es una magnífica oportunidad para que los verdaderos periodistas independientes de conciencia publiquen la corrupción de sus patrones sin temor a ser echados de sus puestos en los medios de comunicación. Por la libertad de expresión.
Miguel Villón
GuayaquilExcelente. Ya era hora de regular todos los medios y decirles a los presentadores de noticias, entrevistadores o editores que ellos no representan la voz del pueblo más que solo la opinión de ellos. Los dueños, editorialistas y presentadores de noticias deben de abstenerse de envenenar.
Rosy Pineda
GuayaquilEsa ley sería la varita mágica que SP necesita para apropiarse del país sin ninguna restricción.Sería como crear un profundo hoyo donde habite la impunidad, con toda su podredumbre, entes y departamentos públicos necrosados, se viviría una nueva era de millonarios corruptos y el pueblo pasaría a ser su esclavo. Tendríamos que adaptarnos a habitar en un mundo de sordos, de mudos e indolencia, porque el pánico sería nuestro único aliado y la ilusión, un mito.
Debaten sobre la ley de Comunicación Audiovisual
Este martes a las 19:30, "se realizará una nueva reunión del Foro Popular de la Comunicación, cuya convocatoria es abierta", informó a AIM el integrante de la entidad Edgardo Massarotti, quien señaló que "se hará un informe sobre la cuestión judicial, se analizará el dictamen del procurador de la Corte Suprema de Justicia y se abordarán cuestiones vinculadas con el Consejo de Políticas Comunicacionales de la Provincia
Espacio abierto
Integrado por diversas organizaciones de la sociedad civil, el Foro Popular de la Comunicación de Paraná, nació como un espacio abierto y participativo de discusión del Proyecto de Ley Nacional de Servicios de Comunicación Audiovisual, hoy convertido en Ley 26522, con el aporte de muchos entrerrianos y entrerrianas partícipes del Foro, se informó en un comunicado a AIM.
Desde el Foro, entienden que "la comunicación es un proceso social profundo y complejo, a partir del cual se constituyen identidades, se definen posiciones y se establecen acciones".
Asimismo, consideran que "ese proceso es fundacional de toda sociedad democrática, y por lo tanto debe ser libre, participativo, igualitario y no discriminatorio"
"Es decir que desde el Foro concebimos a la comunicación como un derecho humano que no es patrimonio de comunicadores, ni de periodistas, ni de gobiernos, ni de propietarios/as de medios, sino que le pertenece a la sociedad toda", agregaron.
Consejo de Políticas Comunicacionales
El año pasado, el Foro propuso al gobernador la conformación del Consejo de Políticas Comunicacionales, al cual se hizo lugar con la firma del Decreto 432/10.
"En ese marco consideramos que para seguir avanzando en el proceso de definición de esas políticas comunicacionales es necesario el aporte de todos los sectores sociales, sumando nuestro trabajo para construir nuevos espacios de participación democráticos y plurales en pos de una sociedad mejor", expresaron
Por último, desde el Foro se recordó a todas las organizaciones sociales que en virtud del Decreto 432/10, Artículo 2º, deberán designar un representante como postulante para integrar el Consejo Provincial de Políticas Comunicacionales y comunicar dicha información a la Dirección General de Información Pública (Dgip) del Poder Ejecutivo Provincial.Dicho artículo establece que el Consejo se integrará por 41 miembros a propuesta de: municipios; entidades no gubernamentales de derechos humanos, culturales, estudiantiles, confesionales, sociales; entidades sindicales de los trabajadores de medios de comunicación; universidades públicas; etc. (ver Arts. 2 y 3 del Decreto 432/10 GOB.).
La nueva Constitución ecuatoriana es posiblemente una de las primeras en consagrar el derecho a la Comunicación. Como parte de los derechos del buen vivir, la Carta Magna indica en la tercera sección que todas las personas tienen derecho a una comunicación libre, al acceso a las tecnologías de la información y comunicación y obliga al Estado a fomentar el acceso universal. También garantiza los tradicionales derechos a la libertad de expresión y de prensa y a recibir y producir información plural y veraz. Pero, sin lugar a dudas, la tarea que se menciona en la disposición transitoria, de aprobar una "Ley de la Comunicación" hasta el 21 de octubre de este año, se torna tan difícil, debido precisamente a que aquí se habla, no solo del derecho a estar bien informado, sino del conocimiento en toda su magnitud actual.
La intención de los asambleístas no fue solamente dar a los ciudadanos del Ecuador nuevas garantías de que las noticias que se les proporciona sean verificables, ni tampoco de proteger a los medios contra posibles aspiraciones de interferencias por parte de las autoridades del Estado. Lo que quisieron los que formularon la primera parte de la Constitución fue presentar una reacción contemporánea a la rasante evolución de las nuevas tecnologías, que ha convertido el acceso a ellas en una nueva forma de convivencia, en inusitada fuente de poder. La pregunta es si nuestro país puede cumplir esta tarea pionera.
Dice el Artículo 17 que el Estado facilitará el acceso a las tecnologías de información y comunicación en especial para las personas y colectividades que carezcan de dicho acceso o lo tengan en forma limitada. Habla de un acceso universal donde la brecha tecnológica es profunda, no solo por la falta de dinero para comprar los aparatos y los programas, sino sobre todo por la generalizada incapacidad de usarlos para una real comunicación. Todo esto, con una tecnología que cambia constantemente y a buen ritmo.
La pregunta es si realmente la intención fue que el derecho a la comunicación sea exigible o si se empaquetó dentro de estas atractivas formulaciones las aspiraciones de rédito y control que se reflejan en otros pasajes de la Carta Magna, donde se alude a los medios en su calidad de fuentes de riqueza, al temor a los monopolios y la necesidad de una ley que regule los contenidos.
Lo que llama la atención es lo poco que se ha discutido hasta ahora, por lo menos públicamente, una ley, que no solo tiene plazo fijo, sino que podría constituir uno de los mecanismos que decida sobre el proceso democrático en el Ecuador a corto plazo y también para el futuro.
El Observatorio Ciudadano de la Comunicación de Cuenca, una ONG dedicada a la veeduría de los medios, hasta ahora sobre todo en relación con el sexismo en la publicidad, convocó la semana pasada a un foro sobre el tema. Pero, aunque interesantes en aspectos puntuales, los ponentes estuvieron muy lejos de poder delinear lo que podría contener o, mejor dicho, debería dejar de contener la nueva Ley de la Comunicación.
Advierten que la nueva Ley Electoral amordazará a medios de comunicación
La Ley del Órgano Electoral sancionada este martes en la Cámara de Senadores fue calificada como "arbitraria" por el analista político Carlos Cordero, quien indicó que esta norma se consolidará como una "ley mordaza" contra los medios de comunicación, toda vez que norma las encuestas, conteos en boca de urna y restringe las campañas políticas.
"Si bien el Gobierno no amordazó a los medios de comunicación, como pretendía. Da la impresión que la Ley mordaza está en la Ley Electoral, toda vez que se amordaza a las empresas que realizan encuestas y norma el horario para dar los datos en boca de urna", dijo.
De hecho, la Ley del Órgano Electoral sancionada, este martes, por la mayoría oficialista en el Senado señala que las encuestas de opinión y de intención de voto, sólo sean difundidas 48 horas antes del día de votación. Otro aspecto es que los resultados del conteo de votos, tal es el caso de las mesas instaladas en las cárceles, tampoco sean difundidas de inmediato "porque podría influir en la decisión del votante".
Es por esto que la Ley del Órgano Electoral reglamenta también la emisión de resultados en boca de urna y establece las 20.00 horas como el nuevo horario para que los medios de comunicación den a conocer los primeros resultados en boca de urna, no así a las 19.00 horas como era antes.
El proyecto de Ley también establece que las empresas encargadas de realizar estudios de intención de voto y encuestas, tendrán que presentar una propuesta al servicio de Interculturalidad del Órgano Electoral Plurinacional y será esa instancia que reglamente.
La Ley del Órgano Electoral contiene 268 artículos, seis títulos divididos entre: el objeto y principios democráticos, la democracia participativa, democracia directa, democracia comunitaria, organización proceso y actos de votación, faltas y delitos electorales, control social y transparencia
País acuerda ceder posiciones en proyecto de Ley de Comunicación
Luego de algo más de tres horas de reunión, la bancada de Alianza País decidió ayer ceder posiciones en el proyecto de Ley de Comunicación, cuyo articulado se aprueba desde el lunes en la Comisión a cargo
Trascendió que el bloque, que cuenta con 54 de 124 legisladores, pedirá a sus seis asambleístas, conversar con la oposición y llegar a varios acuerdos dentro de la mesa.
Uno es el relacionado con el art. 10, que señala que se garantiza el derecho a la libertad de expresión y pensamiento, con una información veraz, verificada, oportuna, contextualizada y plural.
Se supo que A. País decidió evitar más polémica en torno a la ambigüedad del término "veraz", entre otros.
Además también se abrió la posibilidad de que la integración del Consejo de Comunicación sea ciudadano y que de este modo el organismo tenga una función veedora. El Ejecutivo tendrá a su representante en el Ministerio o la Secretaría de Comunicación, a cargo de dictar las políticas públicas, etc.
La idea es que Betty Carrillo, presidenta de la comisión, sea parte del acuerdo. Pero si no aceptara, la bancada le hará un llamado de atención y además solicitará a los miembros del buró que hablen con ella. En la reunión de esta noche participaron 22 asambleístas, estuvieron Fernando Cordero, César Rodríguez, Rolando Panchana, Mao Moreno, Gastón Gagliardo, María Paula Romo, Virgilio Hernández, María Augusta Calle, Vethowen Chica, Mauro Andino, Ángel Vilema, entre otros. También estuvo el Viceministro de Coordinación Política
Ley de Comunicación, 6 borradores y ningún proyecto terminado
La Comisión Ocasional de Comunicación vota desde el lunes artículo por artículo del proyecto de Ley que debe ser entregado el próximo viernes.
Contrario a lo que dijo el presidente de la República, Rafael Correa, hace dos semanas, sobre que la Ley de Comunicación no es de vital importancia para el gobierno, los legisladores de PAIS han demostrado en la Asamblea Nacional, que para ellos si es prioritaria.
Esto, luego de que desde que la semana pasada se incrementaron los cabildeos y hasta ciertas maniobras que además de dividir el bloque gobiernista provocaron la aparición de un nuevo documento con el que ya suman cinco los proyectos de Ley de Comunicación que han surgido en el Legislativo después de ocho meses de intenso y polémico debate.
Una de estas acciones fue la aparición de dos proyectos de ley de autoría de la presidenta de la Comisión Ocasional Betty Carrillo; uno fue distribuido a las 11h48 de el jueves 10 de junio a través del correo electrónico de la Comisión en el que se incluye la cuarta reformatoria que habla sobre el acoso mediático.
Este documento no solo lo recibieron periodistas sino también legisladores como Jimmy Pinoargote (Municipalista) quien asegura que a él le llegó esa versión de la ley. "Yo le puedo mostrar el que yo tengo, donde habla del acoso mediático, basado a una reforma penal".
Carrillo por su parte dijo desconocer este documento. "Pueda que alguien este enviando a nombre de la comisión un documento falso. Ya me preocupé", dijo descartando además que en algún borrador enviado por ella exista el tema del acoso mediático.
Carrillo envió también por email el lunes pasado lo que ella asegura es el borrador con el que se trabaja en la Asamblea y sobre el que se está realizando la aprobación del articulado. Este solo tiene tres disposiciones reformatorias.
Sin embargo hay un tercer borrador que fue elaborado por Xavier Flores y Manolo Sarmiento., asesores externos del Presidente de la Asamblea Fernando Cordero.
Flores, aclaró que su trabajo básicamente fue el de pulir un documento base, precisarlo en sus términos y adecuarlo a estándares internacionales de Derechos Humanos
El informe hecho por los asesores aún no ha sido entregado de manera oficial a la Comisión Ocasional. La legisladora gobiernista María Augusta Calle ha hecho aportaciones al debate basadas en este nuevo documento, pero hasta ayer no habían sido tomadas en cuenta, según Carrillo.
A ese borrador se suman otros tres documentos presentados inicialmente por Rolando Panchana, Lourdes Tibán y César Montúfar en meses anteriores, con lo que ya suman seis los proyectos propuestos para convertirse en la nueva Ley de Comunicación.
Los puntos críticos del debate
Según el articulado distribuido por Betty Carrillo en la integración del Consejo de Comunicación se mantiene la presencia de dos representantes del Ejecutivo. "En un organismo que ejecutará y evaluará políticas públicas es innegable de acuerdo con la Constitución. Si alguien no quisiera que sea así que haga otra Asamblea Constituyente o que modifique parcialmente la Constitución y todos felices. Pero mientras tanto, mientras haya una constitución vigente hay que hacerse cargo y cumplirla", subrayó Xavier Flores.
Sin embargo asambleístas del bloque gobiernista se muestran abiertos al diálogo sobre el tema. "Eso lo vamos a conversar dentro de la Comisión, pero nosotros vemos que dos frente a siete es una proporción adecuada", dijo Rolando Panchana.
Jimmy Pinoargote comentó que en lo que a frecuencias se refiere ahora hay otros temas críticos. "Quitan ellos el tema de las frecuencias provinciales, o sea que los medios solo puedan tener cobertura provincial, pero incorporan una figura que tiene que ver con cobertura. Los medios serian, provinciales, locales y regionales; privados, públicos y comunitarios, pero solamente podrían tener una concesión en cualquiera de esas aéreas".
Así también el último borrador de Carrillo dispone, según Pinoargote, la renovación de frecuencias mediante concurso. Su propuesta es otra: "La renovación debe ser automática, siempre y cuando se cumplan los parámetros, tanto técnicos, como contemplados en el contrato de concesión", sostuvo.
A 180 días de discusión y enfrentamientos por los denominados puntos polémicos de la ley, los legisladores de la Comisión ocasional han logrado aprobar 28 artículos en la última semana de plazo para entregar el informe.
Siete de ellos se aprobaron el lunes y otros veintiuno, hasta ayer al medio día. El documento que impulsa Carrillo contiene 99 artículos, una disposición general, siete transitorias, una derogatoria, tres reformatorias y una disposición final.
Este viernes la Comisión debe entregar el informe del segundo y definitivo debate.(Fuente: Buró de análisis)
Consejo de Comunicación causa polémica
La bancada de AP analizó el proyecto de ley; mientras que la minoría trabaja en un plan alternativo.
Las atribuciones e integración del Consejo de Comunicación e Información concentraron ayer la atención de la bancada oficialista y de la oposición. Tras dos días de análisis y aprobación de los articulados referentes al objeto y ámbito de la comunicación, a los principios y derechos de libertad, igualdad y participación, y al Sistema de Comunicación, ayer la Comisión Ocasional de Comunicación puso sobre la mesa el análisis de la constitución del Consejo, tema que fue cuestionado desde un inicio por los asambleístas de minoría. La propuesta presentada por la presidenta de la Comisión, Betty Carrillo, señala que el Consejo es un organismo público con personalidad jurídica y autonomía funcional, administrativa y financiera, cuya finalidad es el pleno ejercicio de los derechos a la comunicación.
Destaca además que este órgano estará integrado por siete postulados: dos del Presidente de la República, uno del Consejo de Igualdad, uno de las facultades o escuelas de Comunicación Social y tres de la ciudadanía.
El proyecto incluye dentro de sus atribuciones formular y ejecutar los planes y políticas públicas y nacionales para promover y garantizar los derechos de comunicación y monitorear las publicaciones y programación de todos los medios de comunicación del país.
Carrillo indicó que de darse aportes por parte de su bancada política Alianza PAÍS, estos deberán ser planteados en la comisión. Esto lo dijo una vez que a las 17:00 de ayer estaba previsto que el bloque del oficialismo se reuniera para debatir sobre el proyecto de ley. Carrillo, quien encargó la presidencia de la Comisión a Mauro Andino, indicó que regresará a la titularidad cuando se hayan discutido todos los artículos del proyecto.
Expresó que queda poco tiempo para preparar el informe debido a que tiene hasta el sábado para presentarlo. Sin embargo no creyó pertinente pedir otra prórroga. Ante las críticas de la minoría, aclaró que en ningún momento se ha roto el Acuerdo Político con los jefes de bloque y más bien acotó que se ha dado oportunidad a los asambleístas para presentar sus propuestas. Incluso advirtió que al interior de la Comisión se discute artículo por artículo sin contar con un documento oficial como se ha dicho. No obstante, la propuesta del presidente de la Asamblea, Fernando Cordero, está siendo recogida. En tanto Rolando Panchana expuso que lo vital del Consejo son las atribuciones.Por su parte, los asambleístas de minoría, César Montúfar, Jimmy Pinoargote, Fausto Cobo y el alterno de Cynthia Viteri junto a los jefes de bloque, a excepción de PK y AP, ratificaron el Acuerdo Político y decidieron que el Ejecutivo y los poderes fácticos queden fuera del Consejo. Rechazaron además la aprobación del artículo 10 referente al derecho de libertad de expresión y crearon una comisión de redacción de una propuesta alternativa
Discrepancias en el oficialismo por Ley de Comunicación
El bloque de gobierno sesiona a puerta cerrada y sin acceso a la prensa.
Betty Carrillo, presidenta de la comisión, hizo públicas las divergencias al interior del bloque. "Lo que sí lamento son criterios de personas que, desde mi punto de vista, se han sumado y han caído en los poderes fácticos, dijo.
La asambleísta no dio nombres pero adelantó "que pronto se podrán escuchar esas voces y podrán identificar a quién me refiero".
Por su parte, el legislador César Rodríguez comentó el proyecto de Ley de Comunicación "encontramos una serie de deficiencias que pensamos que tienen que ser corregidas y cambiadas". A esto, Betty Amores agregó que "todavía no hubo una definición sobre el tema del Consejo".
Al igual que la Ley de Recursos Hídricos, no se descarta un posible limbo legislativo para la Ley de Medios. Los legisladores de Alianza PAÍS mantiene una reunión reservada para analizar puntos críticos como el Consejo de Comunicación, la regulación de frecuencias y el sistema de sanciones.
No descartan fracaso de la Ley de Comunicación
Así lo advierte la presidenta de la comisión especializada de la Asamblea Legislativa, Betty Carrillo.
El proyecto será analizado en las próximas horas por el bloque asambleísta del oficialismo.
Aparentemente no tendrían los 63 votos necesarios para aprobarla y se cuestiona también la conflictividad que genera este proyecto de Ley de Comunicación.
Carrillo comentó que "para el Ejecutivo es mucho mejor que esté vigente la ley actual de Radio y Televisión, en primer lugar porque no garantiza derechos y en segundo lugar porque le da un poder absoluto al Ejecutivo". Este fin de semana se entregó el proyecto para que los asambleístas de gobierno lo analicen. Mantiene aspectos críticos como un Consejo de Comunicación con representación del Gobierno y la limitación de cobertura nacional de los medios, o la limitación de la renovación de frecuencias radioléctricas a 20 años.
Betty Carrillo aclara que no se han sumado otros aspectos conflictivos a la ley y que "no existe intolerancia política dentro del proyecto".
Cordero: Ley Comunicación es para la gente, no para el gobiernoDescarta que, través de la futura ley, el régimen pretende adueñarse de las frecuencias y limitar a los medios de comunicación.
El presidente de la Asamblea Nacional ofreció una rueda de prensa para anunciar la nueva prórroga para la entrega del informe para segundo debate; afirma que pasado ese tiempo, el país tendrá una Ley de Comunicación.
Respecto al Consejo de Comunicación e Información, tema sensible en los debates, Cordero prometió un organismo "sin trampas" pero con presencia reguladora del gobierno, algo que según él, no representa violación alguna al acuerdo legislativo.
Pese al rechazo no sólo de legisladores de oposición, medios de comunicación y sectores sociales, puntualizó que lo más importante no es su conformación sino las competencias que se le darán en la futura Ley.
Además, aseguró que se han recogido observaciones, como la que entre sus integrantes no estén ministros, ni personas de libre nombramiento, sino personas que tengan periodo fijo, de modo que no haya dependencia ni injerencia.
El oficialista hizo duras críticas contra quienes se oponen a una Ley de Medios. "No será que a los poderes fácticos les interesa que no haya ley. No será que los que están publicando páginas enormes de que la mordaza llega será que se quieren quedar en el estado en el que están porque están haciendo lo que les da la gana", cuestionó. Asimismo, descartó las acusaciones de que el gobierno pretende apoderarse de las frecuencias radioeléctricas y limitar la cobertura nacional de los medios de comunicación.
"(el gobierno) Debe democratizar el uso del espectro radioeléctrico. Es que aquellas frecuencias ilegales, ilegítimas sean declaradas vacantes, queden libres", expuso Comisión analiza si Ley de Comunicación va a consulta prelegislativa Los asambleístas de la comisión especializada analizarán el contenido del articulado del proyecto para tomar una decisión, informa la agencia de noticias Andes.
El tema se comentó, brevemente, en la sesión del miércoles, considerando que existió una petición de la asambleísta Lourdes Tibán en el sentido que determinados temas del proyecto de Ley de Comunicación sean sometidos a consulta prelegislativa, argumentando lo previsto en el artículo 57, numerales 17 y 21, de la Constitución. Este último numeral referente a "la creación de sus propios medios de comunicación social en sus idiomas y el acceso a los demás, sin discriminación alguna El organismo legislativo acordó que el Estado reservará al menos el 33% del espacio radioeléctrico para los medios comunitarios, cuando anteriormente había el criterio de que sea el 25%. La violación de esta disposición será sancionada con la destitución del funcionario o autoridad responsable.
Dicha propuesta fue presentada por la asambleísta María Augusta Calle y apoyada por los comentarios de Lourdes Tibán, Betty Carrillo, Ángel Vilema, Jimmy Pinoargote y Miriam Jaramillo.
El Gobierno tendrá dos delegados en el Consejo de Comunicación
"Quedó roto el acuerdo…", Con esas palabras de Lourdes Tibán (PK) se selló la votación con la que PAIS dio paso a que el Ejecutivo tenga tres miembros en el Consejo de Comunicación, quebrantando así el consenso logrado por los bloques en diciembre de 2009.
Ese "pacto" legislativo señalaba que dicho organismo será autónomo e independiente de los gobiernos de turno y de los poderes fácticos (la prensa) pero el oficialismo insiste en que esa autonomía e independencia se mantendrá porque los representantes del Ejecutivo estarán en minoría. El texto aprobado fue el presentado por la presidenta de la Comisión, Betty Carrillo (PAIS). De esa forma, el Consejo estaría conformado por dos delegados directos del Presidente de la República, uno del Consejo de Igualdad de Niñez y Adolescencia, uno de las facultades de Comunicación y tres de la ciudadanía elegidos por el Consejo de Participación Ciudadana. "Los consejos de igualdad son parte de la Función Ejecutiva", explicó César Montúfar (CND) tras retirarse de la Comisión junto a los otros tres asambleístas de oposición para rechazar lo que Jimmy Pinoargote (Ind.) llamó "la dictadura de los votos". Pero luego de ello volvieron a la sesión. Previo a la votación, Montúfar mocionó que se elimine del artículo los literales A y B que aluden a los representantes del Gobierno pero PAIS ganó la votación para negar aquello. Luego, el legislador pidió al oficialismo que exponga sus argumentos para querer al Ejecutivo en el ente pero Carrillo sólo dijo que eso ya se había debatido lo suficiente dentro y fuera de la Comisión de Comunicación.
Antes de tratar la integración del Consejo, se aprobó el artículo sobre las facultades que éste tendrá. En total son 19 atribuciones entre las que constan llevar el registro de los medios, implementar mecanismos para que los medios transparenten información sobre sus niveles de sintonía o tiraje y monitorear el cumplimiento de la clasificación de contenidos y las franjas horarias.
Los jefes de 10 bloques legislativos ratificaron su compromiso con el acuerdo que firmaron en diciembre de 2009 para la construcción de la ley de comunicación el cual, entre otros temas, rechaza la participación del Ejecutivo en el futuro Consejo de Comunicación.
La cita fue organizada por los asambleístas de oposición de la Comisión de Comunicación, quienes dicen que PAIS rompió dicha acta de consenso.
Los oficialistas no acudieron a la convocatoria, según Vethowen Chica, porque no les avisaron. Más allá de esta ausencia, los jefes de bloque resolvieron armar una comisión que elabore textos alternativos a los artículos más polémicos del proyecto. Pero debían hacerlo antes de que se aprueben los artículos pues, ahora ya no se los podrá incorporar en el informe de segundo debate.
Los delegados de todas las fuerzas políticas, a excepción de Alianza País (bancada de mayoría con 54 de 124 asambleístas) participaron de la reunión, en la que se trató sobre el proyecto de Ley de Comunicación. Asistieron los presidentes de los bloques del PSP, Prian, MPD, PRE, ADE, Alianza Libertad, Madera de Guerrero y PSC y socialistas.
Los legisladores de oposición y de minoría en la mesa de Comunicación, César Montúfar, Jimmy Pinargote, Ernesto Borja y Fausto Cobo convocaron a los jefes de bloque. César Rodríguez, oficialista, fue el único ausente, pese a haber sido invitado.Los asistentes decidieron formar una comisión de redacción de textos alternativos, en la cual estarán Paco Moncayo (Alianza Libertad), Silvia Salgado (socialista), Jorge Escala (MPD), Cinthia Viteri o Borja (PSC- Madera de Guerrero) y Montúfar. Hubo un consenso en rechazar la participación del Ejecutivo en el Consejo de Comunicación.
Gilmar Gutiérrez (PSP) planteó la dificultad de contar con 83 votos para ratificar el proyecto de Ley de Comunicación, aprobado, ante un posible veto del Ejecutivo.
Organismos internacionales preocupados El proyecto de Ley de Comunicación que analiza la Asamblea Nacional ha recibido observaciones de parte de varias entidades internacionales como la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) y la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos (OEA).
En diciembre del año pasado el director de Unesco-Quito, Edouard Matoko, envió al presidente de la Asamblea, Fernando Cordero (PAIS), un documento con 122 páginas en el que se detallaron 22 observaciones al proyecto de ley.El organismo advirtió que el proyecto contiene aspectos no alineados con los estándares e instrumentos internacionales. A la Unesco le preocupa las facultades e integración del Consejo de Comunicación, pues a su criterio, el proyecto en estudio otorga "una enorme concentración de poderes para un solo organismo estatal que no tiene una independencia clara del Gobierno, y con facultades muy amplias, discrecionales y laxas que podrán convertirse en restricciones a derechos fundamentales". Agrega que se otorgan más poderes al Consejo que lo que el propio articulado define como finalidad del mismo.Además, se cuestiona la integración del Consejo y se apunta que debe expresarse la independencia política y jerárquica del Gobierno en materia de decisiones. Los asuntos más inadecuados, según la Unesco, se refieren a la expedición de un registro habilitante para el funcionamiento de medios y su posible cancelación, inclusive de medios escritos, y la evaluación y eventual sanción por considerar que periodistas, medios o personas a través de los medios difundieron información que no sea considerada veraz.
La relatora para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, Catalina Botero, también hizo reparos al proyecto en diciembre. Entre los temas que le causan preocupación están el de la censura previa, la imposición del título de comunicador social como requisito para ejercer el periodismo, el sistema de registro de medios y régimen de sanciones, la posible intervención en contenidos, y garantizar la reserva de la fuente.La Relatoría volvió a señalar en abril de este año, en un comunicado al presidente Rafael Correa, que si se aprueba el texto actual de la ley de comunicación se afectarían las libertades de prensa y de expresión.
Dos sillas para ejecutivo en ente que controlará
Con una moción de Rolando Panchana (PAIS) para respaldar el texto presentado por Betty Carrillo (PAIS), los seis oficialistas integrantes de la Comisión Ocasional de Comunicación aprobaron ayer que el futuro Consejo de Comunicación cuente con dos representantes del Presidente de la República, uno de los Consejos de Igualdad, uno de las facultades o escuelas de comunicación y tres de la ciudadanía (que serían designados por el Consejo de Participación Ciudadana)..A las 17:30, cuando la Secretaría de la Comisión proclamó los resultados: 6 votos a favor de PAIS y cinco en contra de MG, SP, CDN, MMIN y PK, Lourdes Tibán (PK) exclamó: "Quedó roto el acuerdo (político)" y el resto de la oposición denunció que el presidente Rafael Correa no tendrá dos miembros, sino tres de un total de siete, porque los Consejos de Igualdad son parte del Ejecutivo. La oposición recordó que el cuarto punto del acuerdo político firmado en diciembre pasado establecía que el Consejo de Comunicación tendrá autonomía e independencia del Gobierno y de los poderes fácticos y que la Constitución prohíbe que un organismo regulador esté integrado por representantes que se constituyan en juez y parte al momento de tomar decisiones. Antes de votar por la integración del Consejo, con los mismos 6 votos, PAIS aprobó 19 atribuciones para el Consejo de Comunicación.
Entre ellas, proteger y promover la vigencia efectiva de los derechos a la comunicación establecidos en la Constitución; los instrumentos internacionales y la ley; vigilar que las políticas públicas garanticen y promuevan los derechos de comunicación; conocer y resolver en sede administrativa sobre las vulneraciones a los derechos a la comunicación; el monitoreo técnico de la programación de radio y televisión con el fin de determinar el cumplimiento de la clasificación de contenidos y franjas horarias; y, promover la deliberación pública y el debate, mediante audiencias públicas, veedurías, asambleas, cabildos populares, consejos consultivos, observatorios u otros mecanismos ciudadanos. Se agregó una atribución propuesta por Panchana en el sentido de que el Consejo promueva la transparencia en la información sobre el tiraje, sintonía y niveles de audiencia de los medios. Pero no acogió la de Montúfar para que "los servidores públicos no vulneren los derechos humanos de los ciudadanos", haciendo referencia a las cadenas sabatinas del presidente Rafael Correa.Tibán recordó que en el art. 68 del proyecto que todavía no se vota (hasta las 18:30 de ayer), al Consejo se le da otra atribución: la de otorgar los títulos habilitantes para el uso del espectro radioeléctrico y pidió que se aclare si debe entrar en las atribuciones, pero el oficialismo no habló del tema. La Comisión aprobó anoche hasta el artículo 55 del proyecto de Ley de Comunicación. Se dio luz verde a los requisitos para ser parte del Consejo de Comunicación, la designación, su estructura, funcionamiento y los requisitos para ser secretario técnico del ente.Los miembros del Consejo durarán cuatro años en sus funciones y no serán de libre remoción. El Presidente tendrá voto dirimente y durará dos años en funciones.
La oposición se reintegró a la discusión a las 18:38 pero los integrantes del oficialismo salieron del recinto supuestamente por 5 minutos, sin embargo, la ausencia se extendió por casi hora, para reunirse con el asambleísta César Rodríguez (PAIS) en la segunda vicepresidencia de la Asamblea.Al llegar al artículo 56 sobre los procedimientos administrativos la sesión se estancó porque no se habían definido las competencias de los delegados territoriales del Consejo.
Pormenores: Debate
ProfesionalizaciónSe eliminó que uno de los requisitos para integrar el Consejo de Comunicación sea poseer título profesional de tercer nivel. Además, ser militante de partidos o movimientos políticos no será un impedimento para formar parte del Consejo.
Ley de Comunicación propone nuevo organismo
El asambleísta Rolando Panchana durante la presentación del proyecto de Ley de Comunicación elaborado por el oficialismo.
Quito. La propuesta de ley de Comunicación del Gobierno, presentada ayer por el asambleísta Rolando Panchana, segundo Vicepresidente de la Asamblea Nacional, reveló, entre otros puntos, la creación del Consejo Nacional de Comunicación. Este organismo estará encargado del control de la actividad de los medios de comunicación y en general supervisará el tema a escala de país.
Según Panchana, el proyecto "garantiza los derechos que tienen las personas, comunidades, colectivos, pueblos y nacionalidades a acceder a todas las formas, medios y servicios de comunicación, en su propia lengua y con sus propios símbolos". El ex comunicador informó que el documento, que será presentado oficialmente hoy, a las 11:00, ante la Secretaría de la Asamblea, será socializado con los diversos actores de la comunicación,. El propósito es receptar las observaciones, comentarios y sugerencias, las mismas que serán sistematizadas, para enriquecer la propuesta.
DerechosA criterio del proyecto gobiernista, los contenidos de los medios "deberán encaminarse al cumplimiento de los derechos de las personas, pueblos, comunidades y nacionalidades a la comunicación e información de conformidad con lo que consagra la Constitución".
El Estado, para garantizar el ejercicio integral de la comunicación y de la información, "promoverá apoyo a la gestión institucional, el protagonismo e interacción de las personas, el acceso al desarrollo científico y tecnológico, en el marco de un orden democrático, de forma ética, incluyente, participativa, diversa y equitativa".
Medios Panchana señaló que los medios de comunicación públicos pertenecen a la sociedad ecuatoriana. A más de cumplir con los objetivos de informar y entretener, "deben producir y difundir contenidos altamente educativos, que fomenten la inclusión, la interculturalidad, la identidad nacional y los derechos humanos. Éstos no tendrán fines de lucro". Agregó que "se consideran medios privados de comunicación, aquellos cuya propiedad, administración y dirección corresponda a personas naturales o jurídicas privadas, reconocidas por la Constitución y las leyes".
CiudadaníaEl proyecto sostiene que "todo ciudadano tiene el derecho a ejercer opinión libre, siempre y cuando no afecte derechos fundamentales de otras personas, dispuestos en la Carta Suprema, leyes, pactos, convenios, declaraciones y demás instrumentos internacionales de derechos humanos. Toda opinión es de exclusiva responsabilidad de quien la emite". Agregó que "se reconocen los derechos de cláusula de conciencia; y, reserva de la fuente y secreto profesional para garantizar el ejercicio de la profesión de los comunicadores sociales".Un nuevo organismoSegún la propuesta presentada por Rolando Panchana, se crea el Consejo Nacional de la Comunicación e Información como un organismo con personería jurídica, autonomía administrativa y financiera, que tiene por finalidad velar y consagrar los derechos de la comunicación e información. La entidad tiene previsto articular las relaciones entre el Estado y la sociedad en la elaboración y desarrollo de las políticas y planes públicos de comunicación. "Posibilitará la satisfacción de las demandas sociales, la defensa y garantía de funcionamiento de los medios públicos, privados y comunitarios, entre otros puntos", señala el proyecto
Ley de Comunicación tiene intención real de democratizar espacio mediático, sostiene RSF
En un informe elaborado por la organización Reporteros sin Fronteras (RSF) se reconoce que la futura Ley de Comunicación, que debate la Asamblea Nacional ecuatoriana, tiene la intención real de democratizar el espacio mediático.
Estima que el proyecto de ley marca un real progreso en la reestructuración del sistema de atribución de las frecuencias, reservando un 33% de éstas a los medios de comunicación públicos, un 33% a los medios de comunicación privados y un 33% a los medios de comunicación comunitarios.
El documento señala que aunque algunos predicen para Ecuador una evolución "a la venezolana" en materia de libertad de prensa, puesto que la polarización extrema del paisaje mediático lleva a pensarlo, "la necesidad de regularlo se admite globalmente, tanto por una prensa privada a menudo"opositora", por no decir de oposición, y por la prensa pública recientemente creada, a la que califica como cercana al Gobierno".
"Representativo del contexto latinoamericano, donde los retos de comunicación, pluralismo, repartición de las frecuencias y de habilitación de espacios para los diferentes tipos de medios de comunicación evocan el de la reforma agraria años atrás, Ecuador quizás tenga una oportunidad que aprovechar con este debate sobre la futura Ley de Comunicación", agrega el documento.
El informe recoge criterios de comunicadores de medios públicos y privados, asambleístas y críticos, quienes admiten la necesidad de una nueva regulación adaptada y da a conocer ciertas críticas por parte y otra – y a veces por las mismas razones –, relativas a las modalidades y las condiciones de aplicación de la futura ley (tipo de sanciones, composición del futuro Consejo de Comunicación e Información, diploma exigido para ejercer la profesión).
Aclara que en conjunto sus temores no están tan relacionados con el contenido de la ley sino con importantes contrapartidas sin las que su aplicación puede verse comprometida, precisando que tres de ellas le parecen imperativas:
1. La despenalización de los delitos de "difamación" y de "injuria".
2. La justa repartición de la pauta publicitaria oficial en concomitancia con la de las frecuencias.
3. Una reglamentación de los anuncios o mensajes con carácter oficial también llamados "cadenas", limitando su número e imponiendo estrictas condiciones a su difusión obligatoria en todos los canales tal como se está haciendo actualmente entresemana.
RSF sostiene que, al igual que en Argentina, donde una Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (SCA) ha sustituido "afortunadamente" (en octubre de 2009) la Ley de Radiodifusión heredada del régimen militar, "una primera habilitación del dispositivo ecuatoriano suaviza las reglas una vez restaurada la democracia". No obstante, agrega, que esa pequeña reforma que ocurrió bajo la presidencia de Sixto Durán Ballén, en 1995, conlleva muchos efectos perversos y explica las dificultades actuales.
"Esta reforma favoreció una concentración enorme de la prensa, lo que contribuyó mucho a descreditar la profesión en su conjunto", indica.
Respecto a los medios públicos, el informe asegura que hablar de "órganos de propaganda" no es un buen juicio de valor puesto que "en el pliego de condiciones de esta prensa se puede encontrar programas de carácter pedagógico y sin demasiados excesos de militancia gubernamental o partidista". /ARC
Ecuador: presenta proyecto de ley de Comunicación para comenzar su debate
El segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional de Ecuador, Rolando Pachana, presentó un proyecto de ley de Comunicación para que el Legislativo comience su debate en medio de la expectativa que genera la intención del Ejecutivo de reformar la ley existente.
Se prevé que el documento de Pachana sea presentado oficialmente este miércoles a la Secretaría de la Asamblea después de, según el asambleísta, haberlo difundido entre diversos actores que han realizado observaciones y sugerencias a la propuesta, informó la Asamblea en su portal de Internet
Pachana explicó que el proyecto "garantiza el ejercicio integral de la comunicación y de la información y regula los servicios de comunicación social cuya responsabilidad implica la búsqueda, producción, manejo y socialización de contenidos". Esos contenidos tendrán que "encaminarse al cumplimiento de los derechos de las personas, pueblos, comunidades y nacionalidades a la comunicación e información", añadió. La propuesta también recoge que el Estado, para garantizar el "ejercicio integral" de comunicación e información, "promoverá apoyo a la gestión institucional, al protagonismo e interacción de las personas y al acceso al desarrollo científico y tecnológico". Todo ello "en el marco de un orden democrático, de forma ética, incluyente, participativa, diversa y equitativa", sostuvo. El proyecto de Pachana, asambleísta por el partido oficialista Alianza País, también hace una diferenciación entre los medios públicos, que pertenecen "a la sociedad ecuatoriana" y que además de informar y entretener, "deben producir y difundir contenidos altamente educativos", de los medios comunitarios. Estos últimos, que al igual que los públicos "no perseguirán fines de lucro", serán gestionados por las organizaciones sociales y su función será "la de expresar la diversidad cultural e identidad de tales comunidades".
Pachana detalló algunos aspectos que recogería la ley como la libertad de opinión, el derecho a la cláusula de conciencia y el secreto profesional, entre otros aspectos, y adelantó que el funcionamiento de los medios de comunicación "estará sujeto a un registro de operación".Ese registro será tarea del Consejo de Comunicación e Información, organismo que garantizará el funcionamiento de los medios, entre otras funciones, y que será creado por la nueva ley. La propuesta de Pachana recoge asimismo la libertad de pensamiento y expresión, "sin censura previa y con responsabilidad ulterior" y la libertad de información, "de conformidad con los principios establecidos en la Constitución, en la ley y en los tratados e instrumentos internacionales, sin restricciones directas, ni indirectas".Establece el derecho a "demandar y recibir información transparente y oportuna" de las entidades públicas y de las entidades privadas que manejen fondos públicos y hace especial mención al derecho a la rectificación "en forma obligatoria, inmediata y gratuita". Ante la apertura de varios expedientes administrativos por parte de las autoridades de telecomunicaciones a varios canales de televisión, dirigentes de medios y periodistas han calificado la actual ley de Radiodifusión como "obsoleta". La elaboración de la nueva ley, que genera amplias expectativas entre los actores de la comunicación, supone otro proyecto más del Gobierno en la materia, que también impulsa la creación de una agencia de noticias estatal, entre otros planes en el campo de las comunicaciones.
Expertos consideran necesario una Ley de Comunicación para terminar con privilegios
Quito (Pichincha).- El decano de la Facultad de Comunicación Social, Fernando López, resaltó la necesidad de una Ley de Comunicación en el país "porque esto permitiría garantizar que los grandes monopolios de comunicación al servicio de intereses privados, desaparezcan". En este sentido, dijo que "el proyecto de Ley de Comunicación debería ir más allá de los reglamentos o la legislación, para así lograr una comunicación veraz, real y efectiva".
Recordó que "la mayoría de los medios de comunicación deberían ser más autocríticos porque lamentablemente el papel que cumplen actualmente no prevé este ejercicio tan fundamental". Es así que situó como ejemplo el reportaje de Teleamazonas, medio informativo que en mayo pasado, presentó una noticia basada en supuestos, sobre la suspensión de la pesca por el lapso de seis meses, debido a los trabajos de exploración que se realizaban en dicha zona. "Eso fue indudablemente una situación que debió alarmar a la población" dijo, tras explicar que fue clara la conmoción social provocada en dicha zona porque la noticia fue motivo de alerta.
La conmoción social, mencionó, "es un estado de preocupación o una alteración de la forma de vida cotidiana de un sector o grupo. Es definitivamente una ruptura de una situación estable" y es precisamente esa estabilidad que la ley está obligada a proteger. Agregó que los medios televisivos actuales tienen una visión distinta sobre el derecho a la libertad de expresión; "creo que hay una defensa irrestricta de sus intereses. Ellos consideran su derecho a la libertad de expresión como un derecho atado al de toda la población, cuando en realidad no es así, nosotros tenemos otra visión. Creo que hace falta esa autocrítica", subrayó.
Remarcó que existen razones suficientes para que sea la sociedad la que tome la decisión de buscar calidad en los mensajes de la televisión, radio y prensa. "La calidad de nuestros medios de comunicación es muy mala porque sus verdaderos intereses están alejados de los intereses del pueblo ecuatoriano", concluyó. Vale recordar las afirmaciones hechas el 7 de diciembre pasado, al programa Cabina de Carondelet por el experto en Medios de Ciespal José Villamarín, sobre que todos los servicios están sujetos a un control de calidad, excepto los medios de comunicación, de allí la necesidad que se acojan a los estándares de calidad a nivel mundial que privilegia la información por sobre la objetividad y la opinión; la falta de contextualización de los hechos, "es lo que lleva a tener una opinión distinta de la realidad". Otro de los problemas que tienen los medios sobre todo los impresos, es la falta de contrastación y equilibro de fuentes, por lo que "no se informa, sino que se hace propaganda" con la intención de ocultar la verdad y defender intereses específicos, finalizó. MI/Prensa Presidencial
Ley de Comunicación es la "favorita" de asambleístas
Los tres proyectos de Ley de Comunicación entran al debate de 11 miembros de una comisión que se define hoy. El tema desata polémica e interés entre los legisladores
El debate sobre los tres proyectos de Ley Orgánica de Comunicación, presentados oficialmente, se perfila intenso. Eso se refleja, al menos, en el masivo interés de los propios asambleístas para conformar la comisión especial de 11 miembros, encargada de sacar adelante esta ley.
Entre los aspirantes constan Cynthia Viteri (PSC-MDG), Lourdes Tibán (PK), Alfredo Ortiz (ADE), María Molina (MPD) y los oficialistas María Paula Romo, Rosana Alvarado, Irina Cabezas, Humberto Alvarado, María Augusta Calle, entre otros. Eso sin contar a los proponentes de los proyectos, como César Montúfar y el oficialista Rolando Panchana, quien no descarta pelear por la presidencia de la comisión, y asegura tener "la confianza" del presidente de la República, Rafael Correa, y del bloque de PAIS.
Ayer, el lanzamiento del esperado proyecto de Panchana, el cual niega que sea "del Gobierno", se dio en medio de la expectativa de decenas de periodistas parlamentarios.
Secundado por la presidenta encargada de la Asamblea, Irina Cabezas, y por el secretario del organismo, Panchana no le ahorró apelativos ni aclaraciones al espíritu del proyecto: "recoge las aspiraciones de mucha gente", "es un proyecto hecho por ecuatorianos para ecuatorianos, de acuerdo a la realidad ecuatoriana".
Insistió en rebatir los cuestionamientos iniciales: "no es una ley mordaza ni de censura, no existe control de contenidos ni con dedicatoria a los medios privados". Y pidió que todo el mundo la leyera, sin prejuicios ni prevenciones.
El ex periodista televisivo dijo estar emocionado. Aseguró haber trabajado toda la noche, y por ello no permitió preguntas de la prensa. Y en tono solemne hizo leer al secretario el artículo 10 de su proyecto, que se refiere a la cláusula de conciencia.
Según este, al que califica de "poderoso", los derechos de los periodistas en las salas de redacción parecen estar garantizados. A saber, según el proyecto, se impone el derecho del comunicador a negarse a publicar una nota si esta afectare sus principios.Panchana está seguro de lograr el apoyo de sus ex colegas con este artículo. Algo que el asambleísta de la oposición Enrique Herrería (PSC) considera "perverso", porque intenta sembrar división dentro de las redacciones.
Herrería dijo respaldar el proyecto de Montúfar, al que calificó como acorde a un estado de Derecho. Pero advirtió que el proyecto del oficialismo intenta no solo amordazar a la presa libre sino sacar del debate público a periodistas críticos al régimen.
Panchana dice lo contrario: su proyecto profesionalizará y hará respetar el oficio del periodismo y el derecho del público, por encima de los intereses de los medios de masas y del Estado, o gobierno de turno, dice.
Pero ya dentro del debate posible, César Montúfar manifiesta un temor: la decisión final cruza por los asambleístas de PAIS. Pero según él, en esa organización no hay posibilidad de un debate interno, y las imposiciones desde Carondelet son las que pesan al final del día. Una ley de Comunicación sin un debate abierto sería un contrasentido, dice. El tema desatará pasiones y polémica. Por lo que Panchana está de acuerdo en que para crear las condiciones de un debate democrático y sin presiones, el Gobierno debe cesar los ataques a la prensa. (JCCV)
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