Empresas Oligopólicas y su impacto en la distribución de la riqueza (página 2)

La ley de la Defensa de la Competencia

La ley 25.156 surge con el fin de proteger al interés económico general de las prácticas que distorsionan la competencia. Es menester para ello saber que es lo que busca proteger la ley. En esencia busca que los habitantes de Argentina no paguen sobreprecios por bienes y servicios, especialmente cuando los mercados estén oligopolizados. En otras palabras buscar llevar esos precios a los de un sistema de competencia perfecta.

Si bien en la ley no se lee expresamente "oligopolio" ésta prohíbe muchas de las prácticas que estos realizan. Fundamentalmente brega por eliminar las prácticas que tengan por objeto distorsionar la competencia o al acceso al mercado o que constituyan abuso de una posición dominante en un mercado.

Para ello en su artículo 2º enumera las prácticas restrictivas de la competencia.

• Manipular en forma directa o indirecta el precio de venta o compra de bienes o servicios al que se ofrecen en el mercado.

En otras palabras, protege a los consumidores de pagar sobreprecios y a los productores no obtener una razonable ganancia con respecto a los precios de mercado.

• Comercializar sólo una cantidad restringida o limitada de bienes o prestar un número, volumen o frecuencia limitado o restringido de servicios.

Esto hace que el precio de los bienes y/o servicios no suba.

• Repartir en forma horizontal zonas, mercados, clientes y fuentes de aprovisionamiento.

Hace referencia al oligopolio completo.

• Concertar o coordinar posturas en limitaciones o concursos.

Es decir, que protege al Estado y por ende a sus contribuyentes de pagar sobreprecios.

• Impedir, dificultar u obstaculizar a terceras personas la entrada o permanencia en un mercado o excluirlas de este.
• Regular mercados de bienes o servicios mediante acuerdos para limitar o controlar la investigación o el desarrollo tecnológico, la producción de bienes o prestación de servicios, o para dificultar inversiones destinadas a la producción de bienes o servicios o su distribución.

Es decir, propiciar un "statu quo" para que no bajen los precios de los bienes y/o servicios en el mercado.

• Imponer condiciones discriminatorias para la adquisición de bienes o servicios sin razones fundadas en los usos y costumbres comerciales.
• Negarse injustificadamente a satisfacer pedidos concretos, para la compra o venta de bienes o servicios efectuados en las condiciones vigentes en el mercado en que se trate.

Estos dos últimos ítems hacen referencia a la especulación con los bienes y/o servicios que una empresa comercializa. Es decir, una empresa podría, si no existiese esta ley, reservarse el derecho de comercializar dicho bien y/o servicio para hacerlo más tarde a un precio más elevado y conveniente para sí.

• Suspender la provisión de un servicio monopólico dominante en el mercado a un prestatario de servicios públicos o de interés público.
• Enajenar bienes o prestar servicios inferiores a su costo sin razones fundadas en los usos y costumbres comerciales con el fin de desplazar la competencia en el mercado o de producir daños en la imagen o en el patrimonio o en el valor de las marcas de sus bienes o servicios.

Esta es una táctica esencial de los monopolios para eliminar la competencia

En el artículo 4º de la ley vemos nombradas otras de las características de los oligopolios (posición dominante) tal como lo vimos en la clasificación según la alteración del principio cuantitativo en sus puntos 1 y 2.

La ley nos dice que una o más personas goza de posición dominante cuando para un determinado producto o servicio es la única oferente o demandante dentro de un mercado nacional o, cuando sin ser única, no está expuesta a una competencia sustancial o cuando por el grado de integración de vertical u horizontal está en condiciones de determinar la viabilidad económica de un competidor participante en el mercado en perjuicio de estos. A fin de establecer la existencia de posición dominante en un mercado deben considerarse las siguientes circunstancias: si el bien es sustituible por otros, si las restricciones normativas limitan el acceso de productos u oferentes o demandantes al mercado de que se trate y el grado en que el presunto responsable puede influir en la formación de precios o restringir al abastecimiento o demanda en el mercado.

La ley en su artículo 6º vela por la no concentración económica, definiéndose esta como, la toma de control de una o varias empresas a través de los siguientes actos:

• La fusión entre empresas
• La transferencia de fondos de comercio
• La adquisición de la propiedad o cualquier derecho sobre acciones o participaciones de capital o títulos de deuda que den cualquier tipo de derecho a ser convertidos en acciones o participaciones de capital o a tener cualquier tipo de influencia en las decisiones de la persona que lo emita cuando tal adquisición otorgue al adquiriente el control de, o la influencia sustancial sobre la misma.
• Cualquier otro tipo de acuerdo que transfiera en forma fáctica o jurídica a una persona o grupo económico los activos de una empresa o le otorgue influencia determinante en la adopción de decisiones de administración ordinaria o extraordinaria de una empresa.

En fin esta ley nos dice que los oligopolios naturalmente atentan contra el interés económico general y trata de actuar en tal sentido.

Una buena pregunta a realizarse sería si la ley argentina es lo suficientemente estricta como para evitar los oligopolio, y si bien esto correspondería a una búsqueda más profunda a nivel legal y contractual, lo cual excede las pretensiones de este estudio, podemos citar a titulo de referencia que hay un índice que mide el grado de concentración económica.

El informe calculó para todos los sectores un índice de concentración llamado de "Herfindahl". "A título de referencia, la División Antitrust del Departamento de Justicia y la Comisión Federal de Comercio de los Estados Unidos establecieron que una industrial con un índice superior a 0.18 debía considerarse altamente concentrada", afirma el documento. En mayoría de las industriales relevadas el índice duplica o incluso triplica ese límite de referencia, lo que en Estado Unidos pondría en alerta roja a la División Antitrust del Departamento de Justicia.

En esta tercera parte veremos cómo ser relaciona la existencia de oligopolios con la desigualdad en la distribución de la riqueza planteada en el marco teórico.

En primer lugar deberemos, con el objetivo, anteriormente mencionado y teniendo siempre en cuenta al marco teórico referenciado, descubrir las particularidades de los oligopolios en este nuestro país.

Como hemos visto en el marco teórico nos damos cuenta que la existencia de mercados monopolizados y oligopolizados en nuestras tierras no es un proceso actual, sino que al menos empezó en 1880, ocupando 125 de los 195 años de nuestra historia. Más, deberemos ver ahora si se trata de sólo un sector de la economía sin importancia más allá de la singularidad del hecho en este momento, o, muy por el contrario, se trata de un fenómeno altamente generalizado que repercute en la macroeconomía nacional y también en la distribución de la riqueza.

Partimos de un estudio realizado por el Instituto Di Tella, en donde se detalla que hay 15 sectores altamente oligopolizados. Entre ellos los 4 más destacados son:

Cemento: Con el liderazgo de Loma Negra, (ex) propiedad de Amalita Fortabat, tres empresas (Juan Minetti y Corcemar se fusionaron y son propiedad del grupo suizo Holderbank) se reparten el mercado y fijan precios por encima de la paridad de importación. Hay "evidencia de colusión y de reparto de mercado", sostiene el informe. La Comisión Nacional de Defensa de la Competencia abrió de oficio una investigación contra las cementeras, después de que la revista veintiuno publicara memorándum intercambiados entre las compañías que dejaban constancia de acuerdos de precios y reparto de mercado en diversas áreas del país. Vidrio: Vasa es el único productor local, fijando precios por encima de los de importación. Pero en este caso el comportamiento cartelizado está dictado a nivel internacional. La CNDC tiene abierta una investigación en el mercado de vidrio plano. Siderurgia: Techint y Acindar concentran casi toda la producción local de hierro primario, a la par que se produjo en los últimos años de un efecto domino entre los laminadores independientes, supuestamente impulsada por las condiciones fija el oligopolio de los dos grandes grupos económicos. Existe una denuncia contra Siderar en aceros planos por abuso de posición dominante. Los antidumping que, silenciosamente, consiguieron los popes del acero en los últimos años limitó la competencia importada. Materiales de construcción: "El hecho de que los principales productores posean una participación considerable entre los importadores tiende a hacer pensar que la competencia no es todo lo efectiva que sería deseable". De otro modo: los precios locales todavía son caros. Petroquímica y química pesada: Los precios podrían ser menores a los de importación, porque Argentina es excedentaria en estas producciones. Sin embargo, el poder de mercado que ejercen los productores en cada rama fija un piso a los precios.

A continuación exponemos un cuadro con los rubros oligopólicos y sus respectivas empresas dominantes:

Hemos visto con esto que los mercados oligopólicos no sólo forman una parte de la historia argentina, sino que en la actualidad también son un fenómeno generalizado. A su vez hay varios mercados oligopólicos que se relacionan con el fenómeno de las privatizaciones sucedido a partir de la década de 1980. A este respecto se destacan los mercados siderúrgicos, energéticos, de telecomunicaciones y de servicios.

Es muy interesante saber y conocer cómo cada uno de estos rubros repercute a nivel individual y social ya que cada uno de ellos tiene un impacto directo en la distribución de la riqueza y también en la transferencia de fondos de la población a estas empresas.

Es muy importante destacar un aspecto que aún no hemos desarrollado y que sirve para entender un poco más la realidad social: la presencia de conglomerados económicos en el mercado. Cuando hablamos de conglomerados económicos nos referimos a aquellos sectores o empresas o personas que poseen varios segmentos de un mercado o varios mercados. Estos conglomerados económicos hacen que la riqueza se centre en pocas personas y a la vez, y se favorezca la creación de oligopolios al fusionar o "coordinar tareas" tanto vertical como horizontalmente.

Un rasgo muy distintivo de la política privatizadora encarada en el país durante la década de los noventa, fue la absoluta despreocupación por difundir la propiedad del capital de las firmas transferidas.

En ese contexto, era inevitable que la consecución del programa operara como disparador de la profundización del proceso de concentración y centralización del capital en la Argentina. En la mayoría de las privatizaciones, el propio llamado a licitación favoreció por un lado la presencia de pocos oferentes, y por otro, a la supervivencia y la acentuación de monopolios u oligopolios legales.

La dinámica asumida por el proceso privatizador trajo aparejada la consolidación estructural de un conjunto reducido de conglomerados empresarios, los cuales pasaron a controlar empresas que operan en sectores que poseen una clara importancia estratégica en tanto, por ejemplo, definen la competitividad de una amplia gama de actividades económicas y la distribución del ingreso. Como queda reflejado en el Cuadro Nro. 2, tales conglomerados económicos cubrieron prácticamente la totalidad de los sectores públicos privatizados, lo cual les brindó la posibilidad de insertarse en aquellas áreas decisivas –sino determinantes en la definición de la estructura de precios y rentabilidades relativas de la economía argentina en los años noventa.

Cuadro Nro. 2: Participación de los principales conglomerados económicos en los distintos sectores privatizados

Fuente: Area de Economía y Tecnología de la FLACSO en base a información oficial.

En relación con lo anterior, cabe destacar los casos de los grupos económicos Astra, Pérez Companc, Soldati y Techint que, a partir de la privatización de YPF, Gas del Estado, Segba, Agua y Energía e Hidronor, se consolidaron como los principales actores del conjunto del mercado energético nacional.

Se adjudicaron las principales áreas petroleras transferidas al sector privado en el marco de la desestatización de YPF, al tiempo que participaron en la propiedad de algunas de las empresas que tomaron a su cargo la prestación de los servicios de generación y/o transporte y/o distribución de gas natural y energía eléctrica.

Este significativo poder de mercado sobre el conjunto del sector energético local que lograron estos grupos empresarios a partir de las privatizaciones se ve potenciado si se considera que son, simultáneamente, grandes usuarios industriales para los que el petróleo, el gas natural y la electricidad constituyen sus principales insumos energéticos (es el caso de Astra en la elaboración de bienes derivados del petróleo.

En definitiva, el caso de la privatización del-sumamente estratégico- mercado energético local pone claramente en evidencia cómo desde el aparato estatal se buscó favorecer a un conjunto muy reducido de grandes conglomerados empresarios al transferirles no sólo un alto grado de determinación sobre la evolución del sector y, por ende, de numerosas actividades vinculadas.

El hecho de que los mismos actores participen en los distintos eslabones de la cadena energética no sólo redujo, en gran medida, las posibilidades de garantizar un funcionamiento medianamente competitivo del sector (uno de los principales objetivos por los que se promovió y justificó la privatización de Gas del Estado, YPF y las empresas eléctricas nacionales), sino que también elevó considerablemente el riesgo de que tales actores instrumenten distintos tipos de prácticas discriminatorias (subsidios cruzados, precios de transferencia, etc.), con efectos negativos sobre el funcionamiento de otros mercados, en especial, aquellos industriales energo-intensivos.

Luego de todo lo que leímos podemos extraer una clara conclusión en la cual podemos decir que las privatizaciones contribuyeron a profundizar la concentración y centralización del capital en la Argentina.

Así, es posible concluir que las privatizaciones constituyeron un verdadero "traje a medida" de los mismos actores económicos que se habían consolidado estructuralmente al amparo de las diversas políticas de desguace del aparato estatal (y, por lo tanto, del conjunto de la sociedad argentina) que se habían venido aplicando en el país desde mediados de la década de los años setenta.

Las modalidades de los diversos procesos de privatización –exigencias patrimoniales mínimas, requisitos técnicos, celeridad, importancia del poder de lobbying doméstico, etc., facilitaron e incluso indujeron el despliegue de distintos tipos de estrategias por parte de los principales conglomerados locales, inscriptas en una creciente polarización del poder económico. Al respecto, pueden identificarse dos lógicas de comportamiento (no necesariamente excluyentes entre sí):

• Los grupos económicos que a través de alguna/s de su/s firma/s controlada/s adquirieron empresas públicas o tenencias accionarías del Estado en compañías que operaban en el mismo sector de actividad en el cual estaban insertos (estrategia de concentración)
• Los grupos económicos que tuvieron una activa y difundida presencia en los distintos procesos de privatización o, en otros términos, que priorizaron una estrategia de diversificación de sus actividades hacia diferentes servicios privatizados poco –o nada – vinculados entre sí por relaciones tecno-productivas y/o de carácter comercial (estrategia de conglomeración)

Indudablemente, estas distintas estrategias empresarias frente al programa de privatizaciones indican que la creciente oligopolización y conglomeración de la economía argentina, la polarización del poder económico en un núcleo reducido de conglomerados empresarios, y la consolidación y preservación de reservas de mercado con rentas de privilegio emergen como algunos de los principales impactos de las formas de desarrollo de dicho programa.

En primer lugar, a nivel de las empresas privatizadas se observa un acentuado grado de concentración de la propiedad en manos de un número muy reducido de accionistas. En efecto, en casi todas las privatizaciones, las tenencias accionarías se concentraron, a lo sumo, en tres o cuatro firmas o grupos que conforman los consorcios adjudicatarios. En otras palabras, fueron unos pocos actores económicos los que pudieron ingresar al "negocio" de las privatizaciones.

En segundo lugar, a nivel del proceso en sí, es posible constatar que, con la excepción de algunas áreas y empresas -marginales, en cuanto a su importancia económica-, prácticamente no existen casos de empresas privatizadas en cuyos respectivos consorcios adjudicatarios no se encuentre alguno de los principales conglomerados empresarios que desarrollan actividades en el país. En suma, puede afirmarse que la presencia de un grupo económico de relevancia en el interior de los consorcios constituyó una suerte de condición suficiente y, fundamentalmente, necesaria para resultar adjudicatario de las distintas licitaciones.

En tercer lugar, y a nivel de la estructura de los mercados, a pesar de la transferencia de monopolios públicos al sector privado, no se modificó la dinámica de funcionamiento de los diversos mercados involucrados. En efecto, no obstante la segmentación realizada en gran parte de los mismos (energía eléctrica, gas natural), y a pesar de que uno de los argumentos centrales en pos de la privatización de empresas estatales era que ello traería aparejado un mayor nivel de competencia, dichos mercados siguieron caracterizándose por una estructura fuertemente concentrada (de tipo monopólica o, a lo sumo, oligopólica).

De esta manera, no sólo se consolidaron estructuras altamente concentradas en aquellos mercados de servicios públicos que fueron transferidos al sector privado, sino que, adicionalmente, se elevaron sustancialmente las posibilidades de que los actores que controlan tales empresas desplieguen distintos tipos de prácticas predatorias que afecten de manera negativa la competitividad de distintos sectores y, fundamentalmente, a los usuarios. Más aún si se considera, por un lado, la significativa "debilidad" que, en materia de regulación de las empresas privatizadas, han mostrado los distintos organismos de contralor existentes y, por otro, el hecho de que los mismos actores que ingresaron a las privatizaciones participan -y,

en muchos casos, controlan- aquellas empresas que cuentan a los servicios privatizados entre sus principales insumos productivos. Sin duda, esta constituye una de las principales "debilidades" y/o "errores de diseño" de la política privatizadora, claro que plenamente funcional, como el resto de las "fallas de origen", a los pocos -pero muy (cada vez más) poderosos- actores que lograron participar del "negocio" de las privatizaciones.

La profundización del proceso de concentración del capital asociado a la transferencia de empresas públicas al sector privado refleja, asimismo, la consolidación de una tendencia que se remonta a mediados de la década de los setenta: la asociación entre los grandes grupos económicos locales con firmas de capital extranjero.

El comportamiento de las tarifas y su impacto sobre la estructura de precios relativos de la Economía Argentina

Desde que el Estado se hizo cargo de la prestación de la mayoría de los servicios públicos, especialmente a partir de las décadas de los cuarenta y cincuenta, hasta los años noventa, los sucesivos gobiernos manipularon -por cierto, no siempre en forma progresiva- el nivel de las tarifas de los servicios públicos en función de, entre otros factores, su impacto sobre el nivel de vida de la población, en general, y de los asalariados y los restantes sectores de bajos ingresos, en particular.

Ello pone de manifiesto la importancia que asume, desde una perspectiva distributiva, el costo de estos servicios para los usuarios en una sociedad moderna, casi tan importante como, por ejemplo, el costo de los alimentos-. De allí el motivo por el cual cobra relevancia, desde un punto de vista tanto social como económico, el análisis del comportamiento de los precios y las tarifas de los servicios públicos privatizados.

El tratamiento de la evolución de los precios y de las tarifas de los servicios públicos también se asocia con los argumentos difundidos a favor de las privatizaciones. En este caso, la idea era aproximadamente la siguiente: las empresas públicas necesitan una inyección de capital cuya magnitud, en el marco de la llamada "quiebra del Estado", sólo podía proveer el sector privado, a fin de aumentar la productividad y la eficiencia de estas empresas, en beneficio del conjunto de la población.

En otros términos, la transferencia al capital concentrado de las principales firmas del Estado argentino generaría per se un aumento en la eficiencia de las empresas que redundaría en crecientes niveles de "bienestar general" que no tardarían en "derramarse" sobre el conjunto de la población, en especial, sobre los sectores de menores ingresos (bajo la forma de, por ejemplo, tarifas decrecientes y/o una mejor calidad en la prestación de los servicios).

Sin duda, una vez privatizadas, muchas de las empresas de servicios públicos mejoraron la calidad de sus prestaciones, sobre todo con respecto a los parámetros registrados a fines de los ochenta –si bien, en general, muy por debajo de sus compromisos contractuales-, aumentaron su "eficiencia microeconómica" y, fundamentalmente, su productividad (ello se manifiesta con particular intensidad en el caso del sector telefónico, donde mejoró la calidad y la cobertura del servicio en paralelo a un intenso proceso de expulsión de personal, y a un incremento considerable en la intensidad del trabajo).

Ahora bien, si estos incrementos en la productividad, que además de implicar una mejora en la calidad suponen una disminución de los costos operativos de las empresas, no se traducen en una cierta disminución en las tarifas (manteniendo un margen de beneficio "razonable" para las firmas), no es el conjunto de la sociedad el que se beneficia de dicha disminución en los costos, sino tan solo las empresas de servicios públicos. Este parece ser el caso, prácticamente excluyente, de la experiencia argentina en materia de privatizaciones de servicios públicos, si se tienen en cuenta la evolución de las tarifas de los servicios públicos y de las ganancias extraordinarias que han obtenido los distintos consorcios adjudicatarios de las empresas privatizadas desde que iniciaron sus actividades.

Tal como se observa en el Cuadro Nro. 3, que sintetiza, para el período comprendido entre marzo de 1991 (momento en que se lanza el Plan de Convertibilidad) y diciembre de 1998, la evolución de los precios y tarifas de un conjunto de servicios públicos privatizados, en relación con la variación de los precios mayoristas (se trata del Indice de Precios Internos al por Mayor –IPIM-), el incremento en las tarifas reales de estos servicios denota su regresivo impacto sobre la competitividad de la economía.

Cuadro Nro. 3: Variación de precios y tarifas seleccionados, Marzo 1991-Diciembre 1998

Así, por ejemplo, el incremento en las tarifas de peaje (69,3%) supera al aumento correspondiente al IPIM (12,9%). Este incremento registrado en los peajes de las principales rutas nacionales conllevó un aumento considerable en los costos del transporte (que, para muchas firmas, constituye uno de los componentes centrales del denominado "costo empresario") y, como tal, ha jugado un papel central en la explicación de la crisis que atravesaron muchas economías regionales en el transcurso de los noventa.

Por último, el precio promedio de los combustibles líquidos aumentó apenas un 1,4% durante el período bajo análisis. En este caso, por tratarse de lo que se suele denominar como un bien comercializable o transable con el exterior, la comparación más apropiada -en términos de los efectos de la desregulación del mercado petrolero que se impulsó en paralelo a la transferencia de YPF al sector privado- es aquella que los relaciona con la evolución del precio internacional del petróleo crudo (más aún cuando la privatización de la empresa estatal y la desregulación del sector petrolero aplicadas durante la década pasada fueron justificadas e implementadas bajo el supuesto de que darían lugar a la convergencia entre los precios locales y los internacionales de combustibles).

Sin embargo, en el Cuadro Nro. 4 se observa cómo, ante una disminución del 43,2% en el precio internacional del petróleo crudo entre marzo de 1991 y diciembre de 1998, los precios de los combustibles líquidos aumentaron (es el caso de las naftas común y especial, el 9,2% y 20,9%, respectivamente) o disminuyeron significativamente menos (kerosén, gas oil y fuel oil, cuyos precios cayeron sólo 7,1%, 14,0% y 3,2%, respectivamente), de allí surge la pregunta que formulamos a Repsol -YPF en el cuestionario anexado al presente trabajo. (Anexo I)

Cuadro Nro. 4: Variación de precios de los combustibles

Líquidos sin impuestos, Marzo 1991-Diciembre 1998

(Índice base marzo 1991 = 100)

 En este sentido, cabe destacar que, a diferencia de algunos sectores económicos productores de bienes transables, en los que el efecto combinado de la desregulación de los mercados y la apertura de la economía operó como "disciplinador" de los precios domésticos, en el ámbito de los derivados del petróleo no se han visto satisfechos los objetivos proclamados con la llamada liberalización de las "fuerzas del mercado" y la privatización de la empresa líder. En ese marco, el ejercicio pleno (y abusivo) del poder oligopólico de mercado por parte de las firmas dominantes, sumado a la falta total de regulación pública sobre el mercado, repercutieron directamente, como era de esperar, sobre la performance de las compañías (bajo la forma de ganancias extraordinarias –en especial, por parte de Repsol-YPF-), y pone en evidencia cuales son las consecuencias que acarrea la "desregulación" de mercados caracterizados por estructuras de oferta altamente concentradas cuando no está presente el Estado en la propiedad ni establece algún tipo de "contrapeso normativo" tendiente a controlar el comportamiento de las firmas lideres.

Análisis

Como hemos visto los conglomerados económicos oligopólicos se presentan en variados mercados de la economía argentina. Es en el rubro energético, sin embargo donde se nos presenta información más valiosa en cuanto a lo que nos convoca, tal es el impacto social que estas empresas han tenido. Toda la economía depende de la energía y en este momento en nuestro país, la mayor parte de las industrias se nutren de estos recursos naturales. También es de suma importancia en los comercios, las residencias, las empresas de servicios e inclusive en el campo. Como hemos adelantado este sector presenta las dos características antes mencionadas, a decir, es un mercado oligopólico y además es un conglomerado económico ya que el mercado hidrocarburífero presenta varias ramas, controladas todas por pocas empresas.

Dice Jeffrey D. Sachs:

"El petróleo y otros combustibles fósiles provocan cambios climáticos en el largo plazo, pero poca gente aprecia la gravedad de los riesgos implícitos

Frente a esta situación algunos proclaman la necesidad de reducir drásticamente el consumo mundial de energía. Sin embargo, esta alternativa debilitará la economía sin solucionar el problema del suministro de petróleo a largo plazo ni el del cambio climático.

Otros, nos exhortan a desacostumbrarnos a los combustibles fósiles y emprender una carrera alocada hacia las fuentes energéticas renovables, como la solar o la eólica. Pero estas alternativas son costosas y, en términos realistas, no pueden reemplazar los combustibles fósiles."

Sin dudas la energía es el motor de toda actividad humana. El consumo energético sigue creciendo arrastrado por el incremento constante de la producción de bienes y servicios y a pesar de la sustancial mejora en la utilización de los recursos. En la actualidad la producción de un bien requiere la cuarta parte de la energía utilizada 30 años atrás. A su vez, el petróleo continúa siendo la principal fuente de energía y todo hace pensar que lo será por un largo tiempo. Los pronósticos coinciden en aceptar que en el 2030 los hidrocarburos continuarán cubriendo las 2/3 partes de las necesidades energéticas mundiales. De allí, que los conflictos vinculados al control de las zonas productoras de este recurso ocupen un capitulo central de cualquier lectura geopolítica de la historia del último siglo.

La década de los 70 constituye un punto de inflexión en la historia del petróleo, pues es el momento en que los principales países productores toman conciencia de su rol fundamental y comienzan a elaborar políticas destinadas a incidir sobre el precio de este recurso. Dos instrumentos resultan claves en el éxito de esta estrategia: la nacionalización de los yacimientos a través de la reversión de las concesiones y la creación de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP). La OPEP acabó con la hegemonía de las grandes empresas petroleras llamadas las "Siete Hermanas" (Exxon, Gulf, Texaco, Mobil, Standard Oil, British Petroleum y Royal Dutch Shell), que en los 50s controlaban más del 98% de la producción de petróleo en los territorios de los países que posteriormente formaron la OPEP.

La OPEP fue creada en 1960 por Arabia Saudita, Irán, Irak, Kuwait y Venezuela, a los que posteriormente se sumaron Qatar, Indonesia, Libia, Emiratos Arabes Unidos, Nigeria y Argelia. A diferencia de otras iniciativas nacidas en el Sur para defender el precio de sus productos primarios (café, banano, cobre, cereales, etc.) la OPEP es, hasta este momento, la única asociación que obtuvo logros significativos en sus objetivos.

A inicios de los 80 los países de la OPEP ya controlaban el 88% de la producción de petróleo en sus territorios, en comparación con el 6% en 1970. El crudo cuya cotización rondaba los 3 u$s/barril, subió a 12 u$s/bl en 1973 y llegó a superar los 40 dólares en 1979.

La respuesta de los países industrializados no se hizo esperar. En 1974, se crea la Agencia Internacional de Energía (AIE) como parte de una estrategia encabezada por Estados Unidos destinada a romper el cartel de los países productores y reducir el precio del crudo. Las principales acciones para alcanzar ese objetivo eran incrementar la producción de crudo incorporando nuevas áreas y países, debilitar la cohesión de los integrantes de la OPEP y tratar de revertir la nacionalización de los yacimientos impulsando "reformas" del Estado.

La estrategia resultó parcialmente exitosa. Los precios del crudo fueron descendiendo paulatinamente hasta llegar a cotizar a sólo 12 u$s/bl en 1998.

Sin embargo, en muy pocos países se llegó a privatizar totalmente la industria (la excepción más importante fue Rusia en los 90) y en los de mayor vocación petrolera, como los del Golfo Pérsico, se mantuvieron fuertes barreras a la inversión privada en el sector. De allí que pueda afirmarse que las empresas petroleras de los países OPEP constituyeron la mayor resistencia a la presión privatizadora de esos años.

De estos datos podemos obtener dos conclusiones muy valiosas. En primer lugar que el fenómeno de los oligopolios en el mercado capitalista no es nuevo y que, curiosamente, se ejerce en el área que más importa a ese sistema, la energía, el motor de la economía. Este oligopolio pasó de las "Siete Hermanas" a la OPEP, pero al fin siguió siendo un oligopolio en donde el precio estaba fijado no por la libre competencia sino por las empresas o los países productores. En segundo lugar podemos afirmar que la política privatizadora, especialmente en el mercado hidrocarbuífero, no fue un fenómeno que se dio solamente a nivel país, sino que, muy por el contrario, se trata de un fenómeno de carácter global en el cual la Argentina se encuentra inmerso.

En nuestro país el oligopolio energético se encuentra conformado por los conglomerados extranjeros Repsol, Total y BP-Amoco (Pan American Energy), por la estatal brasileña y por los ex grupos económicos considerados locales como Pecom (ahora Petrobrás), SCP y Techint, operando en la oferta primaria, transporte, distribución y consumo industrial de gas natural, así como también en los segmentos petróleo, eléctrico y química. Todo esto está detallado en el anexo 2. El agotamiento de los recursos naturales no renovables y la equiparación de los precios de combustibles y tarifas de servicios públicos con los fijados internacionalmente serán inevitables. (N de A.: En realidad los precios cobrados en el ámbito local superan los internacionales).

En un mercado de libre competencia no se podría argüir ninguna contra a que las empresas busquen los máximos beneficios posibles ya que es a eso lo que a punta el sistema capitalista. Sin embargo, nos encontramos frente a un mercado oligopolizado, lo que quiere decir, como ya hemos visto, que son los oferentes quienes deciden el precio del mercado.

A este respecto en abril del año 2000 el Instituto Argentino de la Energía (IAE) publicó el trabajo "Análisis del Mercado de Combustibles Líquidos en la República Argentina"

Los hallazgos, correspondientes al periodo 1992-2000, fueron sorprendentes:

2. Los precios en salida de refinería de los combustibles vendidos en el país nunca siguieron una trayectoria que reflejara los cambios en el mercado internacional, sino que mantuvieron sus propios niveles.
3. Los precios del gasoil y las naftas cobrados por las refinadoras se ubicaron, en promedio, entre un 19% y un 64% por encima de sus valores de referencia internacional, dependiendo del producto y de la empresa.
4. En las naftas el sobreprecio cobrado por YPF, respecto de su valor de referencia internacional, fue del 38%. En el caso de Esso del 47% y de Shell del 64%. En el gasoil el sobreprecio promedió un 19%.

El estudio también señala que los excedentes transferidos por los consumidores a favor de las principales refinadoras como consecuencia de los sobreprecios derivados de la diferencia de precios internos respecto de los internacionales entre los años 1993 y 1999 fueron de aproximadamente 4.500 millones de pesos/dólares. La captación de este excedente se distribuyó entre las principales productoras de la siguiente forma: YPF+EG3 54%, Shell 28% y Esso 18%.

Es de interés resaltar que los más perjudicados no son las personas que se encuentran en el segmento medio de la sociedad como parecería a simple vista, como se ve por el aumento en las naftas así lo comprobaría. Muy por el contrario, el oligopolio, que no cesó en estos últimos años hizo que el precio de la garrafa de gas licuado de petróleo pasará de 10 ó 12 pesos a 40. Esto obviamente es mucho para una familia de escasos recursos. Recordemos que son estas familias que suman 13 millones de personas las que consumen estos bienes ya que no tienen acceso a la red de gas natural. Es una necesidad básica para diversas actividades, entre otras en cuanto a la cocina y la calefacción. En algunos casos las familias destinaron la sorprendente suma del 12% de su presupuesto en este recurso.

Queda bien clara, entonces, la presencia de un mercado oligopólico y una gran concentración económica en Argentina. La excusa de las empresas de este oligopolio para cobrar sobreprecios es el precio del barril de crudo a escala internacional. Sin embargo, como hemos visto, este precio no respondió nunca a dicha escala, sino que mantuvo su propio nivel, siempre en detrimento de los consumidores (particulares, agro, transporte e industria) que transfirieron oficialmente 4.500 de pesos/dólares entre 1993 y 1999 y que, según algunos autores alcanzó la sorprendente cifra de 9.000 millones de dólares entre 1992 y 2001. En cualquier caso, el injustificado sobreprecio fue abismal.

Partimos de las siguientes preguntas para realizar el análisis de las relaciones entre el marco teórico y el desarrollo.

1.-¿Cómo podemos relacionar el tema del presente trabajo con el marco teórico que desarrollamos en la primera parte?

Como hemos visto la existencia de oligopolios se debe a dos fenómenos paralelos, que son la globalización y la existencia de conglomerados económicos. Las condiciones que favorecen la implantación de estos dos modelos son:

• La existencia de mercados oligopólicos es un fenómeno pausible dentro del esquema capitalista.
• La existencia de mercados oligopólicos en Argentina data de comienzos del período post-bélico e inclusive si se investiga con más profundidad se podrá encontrar este tipo de mercados en épocas de colonización y conquista. Todo esto genera que si bien estas formas de organización no estén legitimadas existe una indiferencia tanto de la sociedad como de los gobiernos a actuar en contra de ellos. Es decir que no hay una cultura que se alce en contra de este tipo de estructuras.
• El establecimiento del así llamado estado neoliberal el cual trata de no inmiscuirse en los asuntos económicos. Sin un control activo del Estado y con lo que dijimos en el punto 1 estamos ante la presencia de posibles abusos en los precios por quienes poseen la oferta de los bienes o servicios.
• Debido a la globalización y a la actitud pasiva que tuvo argentina frente a este fenómeno donde como dijimos anteriormente se deterioró la intervención estatal, los grandes capitales internacionales penetraron en la economía nacional. Los grandes conglomerados nacionales tomaron ventaja de esta situación y se asociaron con los capitales internacionales sacando provecho de esto.
• La política privatizadora totalmente desorganizada estimuló la entrada de empresas de capitales trasnacionales que no buscaban una mejora en la eficiencia económica sino que luchaban por contratos sumamente ventajosos para ellas pero perjudiciales para el país.
• La desregulación del estado y la falta de interés de este con respecto al cumplimiento de los contratos de las nuevas empresas privatizadas y también la actitud pasiva con respecto a la percepción de tributos.
• La política social general de los gobiernos de turno, si es que hubo alguna, fomentó la desigualdad, el aumento de la pobreza y el desinterés por las cuestiones que respectan a la economía nacional. Este último punto se dio especialmente por la percepción de un cierto nivel de comodidades en la década del 90 debido a, entre otras cosas, el aumento de la deuda pública y una convertibilidad solo en los hechos.

2.-¿Por qué se creo un oligopolio en el sector energético?

Además de las características anteriormente mencionadas con respecto a los mercados oligopólicos podemos discernir algunas particularidades del caso de los combustibles fósiles:

• El aumento indiscriminado de precios luego de la crisis del petróleo del año 1973 trajo aparejado la voluntad de acaparar ese mercado con el objetivo de sacar las máximas ganancias posibles.
• El fenómeno de los oligopolios en este sector son a nivel internacional ya que el petróleo es un bien transable y de alto valor para cualquier economía moderna.
• El vacío que dejó el estado en este mercado luego de la venta de YPF y la total falta de control por parte del estado tanto en el cumplimiento del contrato como en la percepción de tributos.
• Las políticas tendientes a "liberalizar" la economía y permitir que se cobren precios internacionales en el ámbito nacional.

3- ¿Cómo repercute la existencia de estos conglomerados económicos en la sociedad argentina?

Con la existencia de estos grupos económicos donde el poder y la riqueza se concentran en muy pocas personas, el sector que únicamente se beneficio es quienes poseen esos conglomerados y quienes se perjudican son obviamente los que no tienen el acceso a dicho status. Paralelamente la gente ve el favoritismo de parte de los gobiernos de turno para con las élites, lo que produce una sensación de bronca e impotencia. Todo esto influye en el debilitamiento del tejido social lo que sumado a los efectos del neoliberalismo en el plano de los ingresos y de la ocupación deterioraron la legitimidad de la vida política ante buena parte de la ciudadanía que pasó a sospechar de la existencia de venalidad y corrupción. Así los partidos políticos perdieron reconocimiento y sus dirigentes fueron objeto de un enorme caudal de críticas que los colocó en el descrédito público. Frente a toda esta situación y a la impotencia de la sociedad argentina que se moviliza en contra de estos privilegios los aparatos estatales están siempre en una situación ambivalente, entre atender las presiones de la sociedad y atender el poder de lobbying que tienen los grandes conglomerados. En la mayoría de los casos con disímiles sesgos y grados de parcialidad el Estado le da prioridad a estos últimos lo que provoca mayor desigualdad. En suma, todas las actividades (sobreprecios, lobbying, evasión de impuestos, etc.) que realizan estos grupos económicos a favor de su propio beneficio y totalmente en contra de la sociedad en su conjunto, perjudican a la confianza en el sistema y al interés económico y social general. La integración es una función clave para la supervivencia del Estado lo que asegura su unidad interna. Los modelos anteriores del Estado lograron un grado significativo de integración social, mediante mecanismos de distribución de la riqueza y afirmación de derechos sociales, se generaron efectivas condiciones de integración y tendencias igualitarias. Esta situación contrasta con el Estado que vemos en la actualidad. El impacto de lo económico sobre el tejido social es correlativo a la concentración, el desempleo y la desindustrialización, con el aumento de la delincuencia, mayores índices de criminalidad, robos y secuestros particularmente en las grandes ciudades. A su vez creemos que no se puede pensar en un Estado desarrollista y de inclusión e integración social, si no se regularizan formalizan algunos aspectos negativos de la actualidad como por ejemplo la falta de competitividad y la falta de legislación. Respecto de este último punto pensamos que es más perjudicial la falta de control de leyes y el debilitamiento del aparato judicial que la sanción de nuevas leyes.

Conclusión

Observando la prensa gráfica de la Ciudad de Buenos Aires, hemos notado la presencia de un tema recurrente en la agenda de estos medios. En uno u otro sentido este tema siempre estaba directa o indirectamente relacionado con las noticias del momento. La presencia de un mercado fuertemente oligopolizado en varios sectores llamó notoriomente nuestra atención. Este tema impactó fuertemente en nuestra conciencias y quisimos abrirnos a la teoría de Alvin Gouldner para analizar esa problemática.

Hemos partido de la idea de que en el capitalismo no siempre hay mercados perfectos, sino que es de la esencia misma de ese sistema el tender a formar monopolios y oligopolios. Nos dimos cuenta ya, desde los textos económicos, que los oligopolios no benefician a la comunidad. Más, quisimos tener una segunda opinión y recurrimos a la Ley de la Defensa de la Competencia, en donde nos dimos cuenta en que dirección se debe encarar la problemática. Quisimos ver entonces, hasta que punto nuestros mercados se encontraban monopolizados u oligopolizados. Comenzando a investigar, nos dimos cuenta de varias cosas que nos sorprendieron. Una de ellas fue la evidente relación que hay entre los sectores oligopólicos y las empresas privatizadas. Otro fue el grado de acaparamiento de los mercados que tienen pocas empresas y que muchas de ellas se diversifican en sus producciones, pero en vez de repartir los beneficios de la tecnología y la mayor productividad, la usan en su propio beneficio, buscando cada vez una supuesta eficiencia económica. Es increíble lo que pasa en ciertos rubros como el vidrio en dónde un solo oferente controla todo el mercado. Puede parecer que habiendo tantos sectores para analizar sea difícil decidirse por cual investigar. Es evidente que no se los puede investigar a todos ya que sería una ardua tarea. Más, la información de diversas fuentes nos decidió por investigar el mercado de la energía. Este mercado en el cual creemos que no hay competencia y las rentas son impresionantes, es esenciadísimo para la economía nacional y también internacional. Nos dimos cuenta que no sólo hay un oligopolio a nivel internacional, sino también a nivel local, siendo los precios aquí mucho más altos que los internacionales, siendo perjudicados los consumidores que se cuentan por millones.

Nos dimos cuenta además la falta de eficiencia del Estado que en primer lugar no vendió en forma eficiente a YPF y en segundo lugar no propició una buena regulación de esta empresa lo que produjo perjuicios en el pasado, los produce en el presente y, lo que es peor, podrá provocar en el futuro algunos más graves como, por ejemplo, la escasez de petróleo como actualmente sucede con el gas.

Con esto no pretendemos volver a una época en donde el Estado controlaba la economía ya que conocemos los perjuicios que esto trae, especialmente en cuanto a la eficiencia económica y a la falta de transparencia. Pero sí creemos que el Estado debe cumplir su rol de contralor en cuanto al cumplimiento de contratos de las empresas privatizadas, especialmente teniendo en cuenta que estos nos perjudican claramente.

Finalmente nuestro grupo trato de comprometerse concientemente con este trabajo, aplicando los conocimientos vistos en toda la materia y especialmente en el texto de Sociología Reflexiva, el cual es la base epistemológica de esta investigación.

Creemos que ante una sociedad tan polarizada en lo que concierne a la economía y a lo social, al ver tanta desigualdad intersectorial, quisimos investigar de donde provenía y cuales eran las causas que produjeron estos efectos, sinceramente nos hemos dado cuenta de innumerables cosas que hasta el momento no sabíamos.

A modo de conclusión podemos afirmar que nos fue grato realizar este trabajo

Bibliografía

Se detallan las obras de los autores, y fuentes bibliográficas que estos utilizaron.

Principios de Economía – Julio Aníbal Vignau, Ricardo Jorge Vignau

• Lecciones de Economía Política – Roberto Murray

John F. Due – Análisis Económico

Ley 25.156 – Boletín Oficial

Jorge E. Sabato y Jorge Schvarzer – Funcionamiento de la economía y poder político en Argentina, trabas para la democracia

Juan C. Villarreal – Los hilos sociales del poder

James F. Petras – Quién manda en América Latina

José Manuel Grima – Divergencias sobre la sociedad Civil en un contexto de crisis

Helio Jaguaribe – Las opciones de Argentina

Alcira Argumedo – El imperio del conocimiento

Jean Paul Fitoussi y Pierre Rosanvallon – Los dos padecimientos.

La nueva era de las desigualdades.

Ricardo Sidicaro – Sociedad Nacional y Globalización

Maximiliano Montenegro – El cartel del surtidor

Las privatizaciones y la profundización de la concentración del capital –

Daniel Azpiazu, Eduardo Basualdo, Martín Abeles, Camila Arza, Karina Forcinito, Julieta Pesce y Martín Schorr.

Artículos periodísticos

Pobres vs. Oligopolios – Rubén Giustiniani – Página 12 09/03/2005

Los productores de gas natural y sus prácticas oligopólicas en el mercado energético argentino – Ricardo A. De Dicco – 15/10/2004*

• http://www.cgc.com.ar
• http://www.pan-energy.com

Precios de combustible y prácticas oligopólicas – Alberto Pontoni – Página 12 Mayo 2004

• "Análisis del Mercado de Combustibles Líquidos en la República Argentina" – Instituto Argentino de Energía

El futuro energético – Alberto Pontoni – Página 12 Mayo 2004

• Jeffrey D. Sachs "El futuro energético en peligro"

* Este artículo puede ser encontrado en varias páginas web, entre otras, http://www.info-moreno.com.ar/notas/gas/productores_gas_natural.htm

Anexo I

Santiago Moreno

Tal como lo hemos pactado por teléfono el viernes pasado, le envío el cuestionario con el fin de que pueda usted ayudarnos a completar nuestro trabajo práctico de la materia Sociología de la Universidad de Buenos Aires.

1) ¿Cuándo se fusionó REPSOL con YPF? ¿Cuál era la situación económica en ese momento?

2) Según Ámbito Financiero en Argentina el crudo tiene una retención del 45% cuando se lo exporta y el precio interno está subsidiado lo que hace que el valor del barril sea u$s 32. Asimismo es difícil encontrar yacimientos que operen bajo los costos actuales. Se dice que Argentina en 5 años podrá ser importador neto de petróleo como lo es hoy de gas. ¿Es esto cierto? ¿Cómo se puede lograr que al mismo tiempo que las empresas tengan un margen razonable de ganancia los consumidores no paguen demasiado por sus servicios (como actualmente sucede en Uruguay)?

3) ¿Cuál piensa que debe ser el papel que desempeñe ENARSA, especialmente teniendo en cuenta que el capital social de Repsol-YPF está formado en un 4,8% por la petrolera estatal mexicana PEMEX?

4) Teniendo en cuenta que desde diciembre de 2001 el GLP en garrafa aumento alrededor de un 300% y sabiendo que Metrogas y Gas Natural Ban están compuestas en un 72% por REPSOL-YPF (además del 46% de la producción y exploración de gas natural). ¿Cómo se podría llegar a que los consumidores de GLP sean usuarios del más barato gas natural en un futuro?

5) Tomando en cuenta el trabajo del IAE titulado "Análisis del Mercado de Combustibles líquidos en la República Argentina", ¿por qué cuándo el valor de barril de petróleo a nivel internacional en el período 1992-2000 aumentaba repercutía en los precios de los combustibles a nivel local, mientras que cuando disminuía eso no repercutía en dichos valores, siendo los sobreprecios promedio cobrados por YPF un 38% con respecto de su valor de referencia internacional en dicho período?

Desde ya, le agradecemos por su colaboración.

NOTA: Este fax hasta la fecha no fue respondido

Anexo II

Repsol es el conglomerado energético más importante de Argentina. Su capital social se conforma de la siguiente manera: 35.3% inversionistas estadounidenses, 23% inversionistas españoles y 13% inversionistas del resto del, con la especial participación de algunos accionistas minoritarios: 10.2% La Caixa, 5.3% Grupo BBVA, 5.6% Repinves y 4.8% la petrolera estatal mexicana PEMEX. En el segmento del gas natural, además de actuar como oferente primario, opera en los eslabones distribución (para el mercado interno) y transporte (para la exportación a Chile): (a) controla el 72% del capital social de la prestataria de distribución Gas Natural BAN SA [2] y con el mismo porcentaje a MetroGAS SA [3], es decir, las distribuidoras de gas natural que abastecen a los aglomerados urbanos más grandes y a su vez con mayores necesidades energéticas del país; (b) es propietario de los gasoductos de exportación Methanex YPF y Atacama (éste último a través de Astra Evangelista y Pluspetrol Energy, empresas controladas por Repsol en un 100% y 45%, respectivamente), y participa como accionista en otros dos gasoductos de exportación: Pacífico (9.8%) y GasAndes (13%, a través de MetroGAS). Por otra parte, Repsol opera en otros segmentos del sector energético: (a) en el segmento eléctrico, posee el 39.53% del capital social de la Central Termoeléctrica Dock Sud SA; (b) en química, controla las empresas Petroken Petroquímica Ensenada SA (50%), PBB Polisur SA (28%) y Profértil (50%) para la fabricación y comercialización de productos petroquímicos. Otras actividades en donde se desenvuelve éste agente económico son: (a) en el fraccionamiento y comercialización de GLP, opera por medio de las empresas COMSERGAS SA (62%) y Poligas Luján SA (50%), (b) en el fraccionamiento y comercialización de gas, con las empresas Compañía Mega SA (38%) y Natural Energy SA (72%); (c) y en la ingeniería, construcción y explotación de oleoductos y logística de productos derivados, con Oleoductos del Valle SA (37%, más 11.9% de Pluspetrol Energy y 7% de Astra Evangelista), Oleoducto Transandino Argentina SA (100%), Terminales Marítimas Patagónicas: Termap (33%) y Astra Evangelista (100%). Repsol YPF, no sólo es el líder indiscutido del oligopolio hidrocarburífero, tras concentrar el 39.8% de las reservas probadas de petróleo y el 41.5% de las de gas natural del país, el 42.4% de la producción de petróleo, el 46.2% de la producción de gas natural, el 58.3% de la refinación de crudo, el 34.5% del mercado del gas licuado de petróleo (GLP) y el 46.3% de las exportaciones de gas natural, sino que participa en todos los segmentos del sector energético: petróleo (exploración, producción, construcción de oleoductos, transporte, refinación y comercialización), gas natural (exploración, producción, fraccionamiento, construcción de gasoductos, transporte, distribución y comercialización), eléctrico (distribución) y química (industria petroquímica, lo que implica un alto consumo de gas natural; consumo que también se replica para la extracción de petróleo).

Argentina representa para Petrobras el 60% de su producción total de petróleo y el 40% de su producción total de gas natural. Petrobras es el cuarto propietario de reservas probadas de gas natural, el cuarto productor y el séptimo agente económico exportador de este hidrocarburo en el país; además, ingresó como accionista de la licenciataria de transporte de gas natural con el mayor sistema de transporte de Sudamérica (7.418 Km de gasoductos y 520.000 HP de potencia de compresión instalada): TGS SA (35% directamente e indirectamente 50% del capital social a través de GASINVEST). Por otra parte, opera en otros eslabones de los circuitos productivos del petróleo y de suministro eléctrico: (b) 23.10% de participación en Oleoducto del Valle SA (oleoducto que transporta el 33% del petróleo crudo producido en el país); (b) propietaria de la Central Termoeléctrica; (c) propietaria de la Central Hidroeléctrica Pichi Picún Leufú; (d) 9.19% de la Central Hidroeléctrica Piedra del Águila SA (a través de Hidroneuquén SA); (e) 29.3% Central Hidroeléctrica Urugua-í (f) 49.99% de TRANSENER SA (a través de CITELEC), empresa que opera el Sistema Argentino de Interconexión (SADI), que cuenta con 8.250 Km de líneas de transmisión de 500 kV y 570 Km de líneas de transmisión de 220 kV, 32 estaciones transformadoras y equipos de interconexión del SADI (cabe señalar que TRANSENER controla en un 90% a la Empresa de Transporte de Energía Eléctrica por Distribución Troncal de la Provincia de Buenos Aires SA -TRANSBA-); (g) EDESUR SA, es controlada por Distrilec Inversora SA, firma en la que Petrobras Energía participa con el 48.5% del capital social. En el sector energético en su conjunto Petrobras no sólo opera en el segmento del gas natural como propietario (concentra el 5.4% de las reservas probadas), productor (concentra el 6.7%), transportista (controlante de TGS SA) y exportador (concentra el 3.2%), sino también en todos los eslabones de los segmentos petróleo (tercer productor: 9.5%, cuarto refinador: 12%, e importante comercializador de productos derivados: naftas, gasóleos, etc.) y eléctrico (generación, transporte y distribución).

El conglomerado extranjero Pan American Energy LLC Argentina, es otra de las principales compañías petroleras que forma parte del oligopolio energético argentino. Los accionistas de esta petrolera son Bridas (40%) y British Petroleum-Amoco (60%). En el segmento gas natural, Pan American Energy (a) posee el 12.2% de las reservas probadas de este hidrocarburo, ubicándose así en el tercer lugar; (b) es el tercer productor del país, participando con el 10.2%; (c) y concentra el 9% de la exportación de gas natural, es decir, el segundo exportador gasífero en grado de importancia económica. Las reservas hidrocarburíferas se ubican en las cuencas NOA (segundo propietario de reservas de gas: 24.3%), Austral (quinto propietario: 15.7%), Neuquina (séptimo propietario: 1%) y Golfo San Jorge (propietario más importante: 64.4%), y en la boliviana Tarija (séptimo propietario: 6.4%). El 71.4% de la producción hidrocarburífera de la Pan American proviene de Argentina y Bolivia. También se encuentra realizando exportaciones de gas natural desde el extremo Sur de Argentina a Chile, a través del gasoducto Methanex Pan American. La participación estratégica también se extiende a empresas generadoras de electricidad de Argentina y Bolivia: Central Termoeléctrica Dock Sud SA (Arg.) e Inversora Bulo Bulo SA (Bolivia). En suma, Pan American Energy opera en Argentina en los principales eslabones de la cadena hidrocarburífera: petróleo (exploración, producción y transporte), gas natural (exploración, producción, transporte y distribución), así como también en el segmento eléctrico (distribución).

El conglomerado francés Total, a través de su filial argentina Total Austral, es el segundo propietario más importante de reservas probadas de gas natural del país, concentrando el 23.4% de las mismas, localizándose geográficamente en las cuencas Neuquina (segundo propietario más importante: 21.8%) y Austral (principal propietario: 53.4%). Total Austral ocupa el segundo lugar en la concentración económica de la producción de gas natural: 23.4% y el tercer lugar en lo correspondiente a la exportación de este hidrocarburo: 7.8%. Total posee además participación accionaria en: (a) la licenciataria de transporte TGN SA (19.22%, a través de GASINVEST), que cuenta con un sistema de transporte de 5.406 Km y 300.170 HP de potencia compresión instalada; (b) el gasoducto Pacífico que opera TGS (para la exportación de gas a Chile); (c) el gasoducto GasAndes (56.5%) que opera TGN (también para la exportación a Chile); (d) el gasoducto Uruguayana (33%), a través de Transportadora de Gas del MERCOSUR -TGM-, que opera TGN (para la exportación de gas a Brasil); (e) y, por medio de Total Austral, en la Central Hidroeléctrica Piedra del Águila (70.02% a través de Hidroneuquén). Asimismo, Total concentra el 20.5% del mercado de gas licuado de petróleo (GLP), ubicándose en el segundo lugar, a través de su otra subsidiaria argentina: Total Gas. En suma, Total participa estratégicamente en la producción de gas natural y en el transporte de este hidrocarburo para su exportación (Total Austral), más la producción de gas licuado de petróleo para compensar su nulo aporte en el abastecimiento del mercado interno (Total Gas) y también en el segmento eléctrico, en el eslabón generación (Hidroneuquén).

El ex grupo económico argentino Techint, a través de su controlada Tecpetrol, empresa que opera en los eslabones exploración y producción de hidrocarburos, concentra el 4.9% de las reservas probadas de gas natural de Argentina, ubicándose como el quinto propietario más importante. También es el quinto productor gasífero, participando con el 5.8% del total. Sus principales reservas de gas natural se ubican en las cuencas NOA (tercer propietario: 23.2%) y Golfo San Jorge (cuarto propietario: 5.9%). Del total de las reservas hidrocarburíferas que son de su propiedad, el 53% se ubican en Argentina. Con relación al gas natural que produce en Argentina, el proveniente de la cuenca Neuquina tiene como destino consumidores industriales, y el producido en la cuenca NOA es entregado a TGN con destino a clientes, distribuidoras de gas y consumidores industriales (entre los cuales, los pertenecientes al grupo Techint, como Siderca y Siderar); siendo exportado parte del mismo a Chile, para abastecer centrales termoeléctricas. En suma, el grupo económico Techint opera en toda la cadena gasífera argentina: oferta energética primaria, transporte, distribución y consumo industrial, así como también en los eslabones exploración, explotación y transporte del segmento petróleo.

Sociedad Comercial del Plata (SCP), grupo económico argentino controlado por la familia Soldati, participa en las diversas actividades de la cadena gasífera, así como en otros segmentos del mercado energético local. Su hasta el momento controlada Compañía General de Combustibles SA (CGC) se encuentra en pleno proceso de reorganización, tras la incorporación de un nuevo accionista, el conglomerado estadounidense de San Diego (California) Explore Acquisition Corp . (controlado por el Fondo de Inversión Southern Cross Latin America Private Equity Fund II ), quien aportará 70 millones de dólares. Por consiguiente, la composición del capital social de CGC quedará conformada de la siguiente manera: 81% Explore y 19% SCP (CGC, 2004: 17 y 36). CGC posee participaciones directas e indirectas en las siguientes empresas: (a) Transcoga Inversora SA (80% CGC); (b) GASINVEST SA (22,3% Transcoga y 5% CGC), propietaria de Gas Natural BAN SA; (c) TGN SA (16,08% CGC), (d) Gasoducto GasAndes SA (17,5% CGC) y (e) Gasoducto TGM (10,9% CGC). La información precedente señala que SCP, a través de su por ahora controlada CGC, opera en los eslabones exploración, explotación, transporte, distribución y consumo industrial de la cadena gasífera.

Autor:

Lucas Mazza

Federico Vernuccio

Rodrigo Santillán

De: Argentina Estudios: Estudiantes de Economía en la UBA Categoría: Estudio Social