Ecuatorianos/as en España

Las migraciones trasnacionales contemporáneas ponen de manifiesto el carácter crecientemente "global" del mundo en que vivimos. En este contexto los enfoques "nacionales" (qué efecto tienen los procesos migratorios en tal o cual país) implican un recorte de los procesos en juego, que se registran tanto en las sociedades de origen como en las de destino pero también en ámbitos más extensos. En nuestro caso, la comprensión cabal de los procesos en que se ven involucrados, y que también promueven, los migrantes ecuatorianos radicados hoy en España requiere un estudio de las transformaciones recientes ocurridas en ambos países, en sus contextos inmediatos (Pacto Andino–América Latina y Unión Europea), en las respectivas inserciones en el orden económico global y en las políticas migratorias de terceros países (especialmente los Estados Unidos de América).

A pesar de lo dicho, este artículo tiene un carácter inequívocamente "hispanocéntrico" pues pretende describir cuál es la situación de los/las trabajadores/as ecuatorianos/as en la estructura ocupacional española, indicando cuáles son los rasgos clave de la misma, y el papel que esta nueva mano de obra puede desempeñar en la reconfiguración de la sociedad española. Por tanto, no incluye la incidencia sobre la sociedad ecuatoriana ni las dinámicas trasnacionales que vehiculan los actores de esta nueva diáspora.

Por lo demás, el enfoque adoptado es en gran parte descriptivo, dado que pretende sistematizar la información existente acerca de las inserciones laborales de los/las inmigrantes ecuatorianos, utilizando algunos datos que hasta ahora han sido poco utilizados. En cuanto ha sido posible, intentamos efectuar un análisis comparativo con el fin de mostrar la especificidad de la situación laboral de los ecuatorianos respecto al resto de trabajadores extranjeros afincados en España. Como se explica más adelante, a falta de trabajos empíricos más detallados, o de una hipotética situación futura de plena regularidad de los migrantes, todo intento de estas características se ve lastrado por las limitaciones de las fuentes estadísticas disponibles. Por tanto, es importante destacar que el análisis tiene esta otra servidumbre: analiza sólo la parte más visible de las poblaciones migrantes, aquella que es captada por los registros estadísticos.

2. CARACTERÍSTICAS DE LOS PROCESOS MIGRATORIOS RECIENTES HACIA ESPAÑA

La secular tendencia emigratoria se detuvo en España a mediados de los años 70 del siglo XX. Durante el primer quinquenio de los ’80 se produjo un proceso de retorno de emigrantes radicados en países europeos y en esa misma década empezaron a registrarse flujos de inmigración desde el extranjero, a la vez que se ponían en marcha políticas de regulación (restricción) paralelas al ingreso del país en la Unión Europea.

Aunque España es un "país de inmigración" desde hace dos décadas, el incremento más notorio de los flujos de entrada se produjo en los años recientes, a finales de los ’90. No es éste el lugar para realizar un análisis detallado de la cuestión, para nuestro interés será suficiente con indicar que en 1997 la cifra de extranjeros "con papeles" era algo superior a 600.000 y que siete años más tarde, a finales de 2004, superaban los 1.970.000. Este fortísimo incremento, el mayor registrado entre los países de la Unión Europea, no refleja, sin embargo, la verdadera magnitud de los flujos reales, debido a las restricciones que desde 1997 existen para la obtención de permisos de residencia.

Los datos de los Padrones municipales, abiertos a todos lo extranjeros a partir el año 2000, indican que a comienzos de 2005 los extranjeros eran casi 3,7 millones. Por tanto, más de 1,7 millones estarían residiendo en el país en situación irregular. Además, el "índice de irregularidad"2 ha crecido de forma importante a partir de 2000 (34,7% a comienzos de ese año, 45,7% cinco años después).

En síntesis, la principal onda migratoria hacia España se ha producido durante el último quinquenio y lo ha hecho, debido al tipo de política migratoria existente, bajo la forma de flujos "irregulares". En este período las principales aportaciones llegaron desde América Latina (Ecuador y Colombia principalmente) y de la antigua Europa del Este (especialmente búlgaros y rumanos), cambiando el "mapa de diversidad étnica" hasta entonces existente (con claro predominio de los inmigrantes marroquíes).

En este contexto la inmigración ecuatoriana es la que ha experimentado el mayor crecimiento, de forma que en tres o cuatro años ha pasado a ser la primera o segunda nacionalidad inmigrante en muchas de las regiones del país. La evolución registrada desde 1998 queda recogida en los datos de la Tabla 1. Tras el crecimiento exponencial registrado, en la actualidad puede estimarse el conjunto de la población de origen ecuatoriano radicada en España en torno a las 500.000 personas, más de la mitad de las cuales se encuentran en situación "irregular"3.

No todo este contingente poblacional es susceptible de ingresar al mercado de trabajo. En primer lugar hay que contabilizar aparte a la población menor de edad. Las cifras del padrón indican que hay al menos 62.000 menores de 15 años (enero de 2005) y en el sistema escolar no universitario más de 56.000 alumnos matriculados (curso 2002–2003). A falta de datos más precisos, para calcular la población en edad laboral debemos realizar una extrapolación; según nuestra estimación los ecuatorianos con 16 o más años son alrededor de 340.000 personas.

La distribución por sexo de esta población ha cambiado de forma importante: mientras que las primeras migraciones fueron protagonizadas principalmente por mujeres, se ha alcanzado rápidamente un equilibrio: desde enero de 2001 el 51% de los empadronados son mujeres y el 49% hombres. En cuanto a la población en edad laboral las mujeres son también levemente mayoritarias, salvo en el tramo entre 30 y 39 años en el que existe equilibrio entre ambos sexos.

3. MERCADOS DE TRABAJO Y TRABAJADORES INMIGRANTES EN ESPAÑA

La adscripción de España a la Unión Europea y, con ella, al "primer mundo" ha supuesto un impulso importante en diversos ámbitos; uno de ellos es el del crecimiento económico y la mejora general de las infraestructuras. Sin embargo, en el terreno sociolaboral la situación española presenta algunas características que resultan claves a la hora de analizar las posibilidades de inserción laboral. De manera sucinta, los principales rasgos estructurales son los siguientes: Desempleo estructural importante: desde 1980 la tasa de desempleo no desciende de los dos dígitos (en épocas de crisis supera el 20%, en períodos de bonanza está en torno al 11%).

Altas tasas de empleo temporal: los empleos de duración indefinida, dominantes hasta los años ’80, están en retroceso desde entonces. Actualmente el 31% de los asalariados tiene empleos de duración temporal (casi siempre por debajo de un año).

Importante volumen de empleo sumergido: aunque, por definición, no es posible cuantificar con precisión su importancia, diversas estimaciones la sitúan entre el 30% (1985, Ministerio de Economía) y el 40% (1992, Universidad Autónoma de Barcelona) de la población ocupada. En 1998 la Comisión Europea situaba a España en el tercer puesto, tras Grecia e Italia, en el ranking de países con más economía oculta (entre el 10% y el 23% del producto interior bruto). Las ramas económicas en las que tiene mayor incidencia este fenómeno son la agricultura, la hosteleríarestauración y los servicios menos cualificados (limpiezas, servicio doméstico, etc.), aunque también adquiere un peso creciente en sectores modernos, especialmente en el trabajo a domicilio de personal cualificado que utiliza los desarrollos recientes de la telemática.

Incorporación femenina al mercado de trabajo: entre 1976 y 2000 el número de mujeres activas se incrementó en 2,7 millones mientras que el de las dedicadas sólo a tareas domésticas disminuyó en 2,5 millones. Como consecuencia, se modificaron las pautas de natalidad, y la asignación de trabajos en el hogar.

Cambio y polarización ocupacional: según la Encuesta de Población Activa, el número de ocupados pasó de 12,1 millones a comienzos de 1994 hasta 17,1 millones diez años más tarde. En ese período se redujo la importancia del empleo agrícola, se estancó la del industrial mientras se expandía en el sector servicios; en la construcción el empleo sigue las oscilaciones del ciclo económico (por tanto, ha crecido continuamente desde 1995). Por su parte, las únicas categorías ocupacionales que incrementaron su importancia relativa fueron las de trabajadores técnicos (de 16% a 24% del total de ocupados) y las de no cualificados (de 27,8% hasta 28,6%4), mientras que descendía la de los puestos administrativos y de trabajo manual cualificado. En resumen, el grueso del empleo se desplaza hacia la construcción y los servicios, en ocupaciones de elevada y baja cualificación.

Segmentación ocupacional creciente: como resultado de estos procesos, las posibilidades de inserción laboral tienden a escindirse en un escenario polarizado.

Por un lado, empleos fijos, con alta retribución5, en empresas que cumplen la legislación laboral y en las que existe implantación sindical. Por el otro, secuencias que combinan el desempleo, el empleo precario en sectores con elevada irregularidad, bajos salarios, malas condiciones laborales y escasas posibilidades de defensa de los intereses de los trabajadores. Aunque existe un interesante debate acerca de si la estructura laboral se encuentra segmentada en mercados más o menos estancos, o bien en el proceso de "flexibilización" laboral caracteriza al conjunto de empleos, configurando un único mercado con diversos grados de precarización (Martínez Veiga, 2004), parece fuera de duda que –al menos hasta la fecha– existen empleos con condiciones de trabajo claramente diferenciadas.

Además de estas dinámicas ocupacionales hay que mencionar algunas medidas estatales que contribuyen a regular tanto el volumen como la mayor o menor disponibilidad de la mano de obra. Entre ellas la extensión de la enseñanza obligatoria (hasta los 16 años), la universalización de la asistencia sanitaria pública a toda la población, o la ampliación del régimen de pensiones y jubilaciones. Estas medidas, propias del "estado providencia" amortiguan las desigualdades sociales6 y permiten a ciertos segmentos de la población autóctona eludir los empleos más precarizados.

Inmigración laboral y fuentes estadísticas Aunque no es éste el lugar donde analizar en detalle los alcances y limitaciones de las fuentes estadísticas disponibles, resulta obligado efectuar algunas puntualizaciones. Como se ha señalado, una gran parte de la población inmigrante en edad laboral se encuentra hoy "sin papeles". Esta situación la aboca necesariamente al empleo no declarado; por tanto, no queda registrada en las estadísticas de altas laborales de la Seguridad Social. En cambio, podría estar recogida por la Encuesta de Población Activa, basada en un muestreo que no excluye los empleos sumergidos. Sin embargo, hasta la fecha este instrumento cubre con serios déficit a los trabajadores inmigrantes y además, no permite desagregar los datos en función de la nacionalidad (sólo considera grandes conglomerados regionales).

El contraste de datos de ambas fuentes indica (ver Tabla 2) que el volumen de extranjeros ocupados según la Encuesta de Población Activa se sitúa a niveles similares que los que están dados de alta en la Seguridad Social para el caso de latinoamericanos y europeos no comunitarios, y muy por debajo para africanos y europeos comunitarios.

En otros términos, la EPA apenas refleja el empleo regular (no sumergido) para los primeros grupos mientras que lo subestima ampliamente para los últimos. Por lo demás, ambas fuentes ignoran la situación de una parte importantísima de la fuerza de trabajo inmigrante. Aunque no podemos precisar exactamente la magnitud de esta infra representación es posible obtener un indicador indirecto comparando el empleo detectado con el conjunto de población en edad laboral. Según esto, alrededor de dos tercios de los trabajadores escaparían a las fuentes mencionadas (el 80% de los de la Unión Europea, el 70% de los de África, el 60% de los Latinoamericanos y el 50% de los europeos no comunitarios). Obviamente, estos índices no reflejan adecuadamente la realidad porque ignoran la presencia de personas adultas "no activas", que permanecen al margen de los mercados de empleo. Estos segmentos son, precisamente, elevados entre los europeos comunitarios y entre las mujeres africanas.

Las reflexiones anteriores nos conducen a dos conclusiones. 1) Cualquiera de las fuentes actualmente disponibles capta sólo una parte (probablemente, menos de la mitad) de la mano de obra de origen inmigrante7. 2) Para el caso de los latinoamericanos, tanto la EPA como las altas en S. Social arrojan volúmenes similares; sin embargo, la primera no ofrece resultados desglosados por nacionalidad, por lo que para nuestro interés específico es más adecuado utilizar la segunda.

En lo que sigue, pues, ofreceremos una visión –parcial, posiblemente distorsionada– de la inserción laboral de los trabajadores ecuatorianos en España, utilizando como principal fuente de referencia las altas laborales en el sistema de seguridad social. En otras palabras, nos referiremos casi exclusivamente al segmento de la inmigración que se encuentra en mejores condiciones de inserción, puesto que cuentan con permiso de residencia y trabajo y con una ocupación en la economía formal. Por tanto, si pudiéramos describir el cuadro global de situación obtendríamos un panorama de mayor precariedad que el que encontraremos en las páginas siguientes.

4. PERFILES DE LOS TRABAJADORES ECUATORIANOS EN COMPARACIÓN CON OTROS GRUPOS INMIGRANTES

Reciente inserción en los mercados de trabajo formales Como hemos visto, la presencia de los migrantes ecuatorianos es relativamente reciente en España. Esta circunstancia se refleja en los ritmos de incorporación a los empleos regularizados: sólo el 5% de los que actualmente ocupan uno de esos puestos de trabajo consiguió el primero antes de 2000. A partir de entonces se registra un incremento continuado de las altas iniciales: 23% en 2000, 38% en 2001 y 39% en 2002. En cambio, en 2003 se registra un freno en el ritmo de incorporaciones (11% de los actualmente ocupados). Este último dato puede ser indicador tanto de una disminución del flujo migratorio como de mayores dificultades para acceder al empleo regular por parte de los ecuatorianos que están trabajando en España.

Concentración espacial e inserciones ocupacionales diferenciadas en función de la región de asentamiento La presencia de los/las trabajadores/as ecuatorianos/as es especialmente destacada en algunas regiones españolas. Su principal "cabeza de puente" ha sido, y continúa siéndolo, la región capital (Madrid): algo más de la tercera parte de los trabajadores regulares reside en esta zona. A continuación aparecen otras dos zonas de asentamiento: la región de Murcia y Cataluña (en torno al 14–15% cada una). Algo más atrás la Comunidad Valenciana (11%) y Andalucía (5%). En estas cinco comunidades autónomas reside el 83% de los trabajadores ecuatorianos con alta en seguridad social.

La concentración espacial es característica de todos los grupos inmigrantes: en estas mismas regiones trabaja el 66% de los autóctonos, frente al 87% de los asiáticos, el 80% de latinoamericanos y africanos, o el 75% de europeos del este y comunitarios. Por tanto, la pauta de concentración de los ecuatorianos es de las más altas (83%), sólo superados por los trabajadores procedentes de Asia. El análisis comparativo muestra que los ecuatorianos están especialmente concentrados en Madrid (más que el total de latinoamericanos, el grupo regional más presente en esta región) y en Murcia (más aún que los africanos).

A pesar de su llegada reciente, y de su fuerte concentración inicial, el contingente ecuatoriano se está expandiendo por casi todo el territorio nacional. En tres regiones ya es la primera minoría nacional no comunitaria (Madrid, Navarra, Asturias) y en otras seis la segunda (Cataluña, Murcia, Comunidad Valenciana, Andalucía, Baleares y Cantabria). En cambio, su presencia es poco destacada en Galicia, Canarias, La Rioja, Ceuta o Melilla (donde ocupa el 5º puesto o posterior).

Si comparamos el número de trabajadores ecuatorianos con el total de altas laborales observamos que representan el 4% del empleo regular en la región de Murcia (el 36% del empleo extranjero), el 2% en Madrid y Navarra y cerca del 1% en Baleares, Comunidad Valenciana, Cataluña, Aragón y Castilla–La Mancha. Conviene insistir en que estos son porcentajes de mínimos, puesto que no se incluye el empleo en la economía informal que es mucho más frecuente entre los inmigrantes que entre los autóctonos.

Niveles de formación Uno de los tópicos que pretenden justificar la inserción laboral de los inmigrantes en estratos inferiores de la estructura ocupacional es su menor formación relativa. Sin embargo, los datos de la E.P.A. (y de una serie importante de investigaciones monográficas) indican que el nivel de cualificación académica de buena parte de la inmigración es superior a la del conjunto de la fuerza de trabajo autóctona.

Analizando grandes agregados regionales se constata que sólo los trabajadores procedentes de África tienen niveles inferiores a los de la mano de obra española, que son superados por los contingentes de la Unión Europea, de la Europa no comunitaria y de América Latina. Por tanto, según ciertos enfoques teóricos los empleos ocupados por estos tres grupos deberían ser de un perfil igual o mejor que los de la población autóctona. Hipótesis que, a todas luces, no se compadece con la realidad que describiremos.

Principales perfiles ocupacionales La afiliación laboral en la seguridad social española se realiza en diversos regímenes: varios de ellos tienen características especiales (trabajadores Autónomos o cuentapropistas, Empleados de Hogar, trabajadores Agrarios –asalariados y propietarios– de la Minería del Carbón y del Mar), diferenciados del régimen General (asalariados de las restantes ramas de actividad). La comparación de la afiliación según régimen, muestra una diferencia apreciable entre los trabajadores de la Unión Europea, por un lado, los autóctonos, por otro, y los "extracomunitarios" en un tercer grupo (ver Tabla 4). Los primeros tienen mayor presencia relativa entre los trabajadores por cuenta propia (autónomos). Los demás comparten una fuerte concentración en el régimen general (en torno a tres cuartas partes de los ocupados), pero difieren en el reparto del 25% restante: mientras los trabajadores españoles se dedican más a las actividades por cuenta propia, los no comunitarios se concentran más que estos en tareas agrícolas y en servicio doméstico. Comparados con los no comunitarios los ecuatorianos tienen mayor porcentaje de presencia en el servicio doméstico y el régimen general, un volumen similar en empleos agrícolas y mucha menor presencia en trabajos por cuenta propia.

Además, esta inserción presenta una fuerte diferenciación en función del sexo.

Los varones se ocupan muy mayoritariamente en el régimen general (más del 80%) y en el agrario (16%); estas proporciones se han mantenido con pocas variaciones entre 2002 y comienzos de 2004. Las mujeres tienen menor presencia en el régimen general y, además, ésta se encuentra en retroceso (de 65% a 57% en las mismas fechas); destaca su inserción en el servicio doméstico (que se incrementó de 27% a 30%) mientras que su presencia en trabajos agrícolas, aunque menor que la de los hombres, también crece (de 8% a 12%).

En definitiva, tenemos:

– segmentos que tienden a equipararse en el empleo rural (en torno al 15% de ambos sexos)

– importante y creciente presencia femenina en servicio doméstico

– fuerte inserción masculina en otros empleos asalariados no agrícolas

– escasa incidencia del trabajo por cuenta propia: indicador de "retraso" en la movilidad ocupacional ascendente8.

Por otra parte, la inserción en distintas economías regionales adopta perfiles ocupacionales específicos. Como se observa en el Gráfico 2, el empleo agrario es especialmente significativo en Murcia (45% del total), Andalucía y Extremadura (en torno al 25%), la Comunidad Valenciana y Castilla–la Mancha (16%); el servicio doméstico destaca especialmente en regiones con escasa presencia ecuatoriana (Cantabria, Galicia, Asturias o País Vasco), pero es también significativa en las de fuerte implantación (Madrid, Andalucía y Baleares, en torno al 15%, Cataluña, 11%); los empleos del régimen general superan el 80% en Madrid, Cataluña, Navarra, Aragón o Baleares.

Temporalidad y categoría ocupacional Más de la mitad de los hombres y mujeres ecuatorianos con empleo regular obtuvieron su primer empleo en el año 2001 o anteriormente. Sin embargo, en su actual ocupación más del 60% sólo tienen un año de antigüedad (desde 2003) o menos. Estas cifras dan una idea de la fuerte temporalidad del empleo de "mejor calidad": el que se obtiene en condiciones de plena regularidad (con permiso y contrato de trabajo).

Aunque, como vimos, la temporalidad es una característica básica de la estructura ocupacional española, los trabajadores ecuatorianos se ven más afectados que otros grupos por esta circunstancia. Entre los inmigrantes, sólo los procedentes de África tienen una tasa superior de contratos temporales (el 72% de los afiliados al régimen General9). Los ecuatorianos (68%) superan al conjunto de latinoamericanos (66%) y europeos no comunitarios (65%) y, con bastante diferencia, a asiáticos y europeos comunitarios (49% cada uno).

Por sí misma, la duración del contrato de trabajo no es un indicador absoluto de la posición social de los trabajadores. En teoría, es perfectamente posible encontrar ocupaciones fijas de muy baja calidad frente a otras de carácter temporal pero con buenas condiciones laborales, salariales y de promoción. Sin embargo, en la práctica, al menos en España, la "flexibilidad" va casi siempre asociada a la precariedad y al empleo en las categorías laborales más bajas. En el gráfico 3 puede comprobarse cómo los perfiles ocupacionales correlacionan con los índices de temporalidad que hemos citado. Así, los trabajadores africanos son los que más habitualmente desempeñan ocupaciones no cualificadas (52%), seguidos por los ecuatorianos (45%), el conjunto de latinoamericanos y asiáticos (en torno al 35%), mientras que los índices más bajos corresponden a asiáticos (28%) y europeos comunitarios (12%); estos últimos presentan mejor situación que la mano de obra autóctona (16%). El orden inverso se registra si analizamos los empleos de carácter técnico–profesional o que tienen responsabilidades de mando (jefes y ayudantes de los mismos). Algo similar ocurre con los empleos de tipo administrativo, aunque en este caso la posición de los latinoamericanos es mejor que la de asiáticos y europeos no comunitarios; los trabajadores de Ecuador tienen un porcentaje similar (11%) al de este último grupo, aunque con más peso de los empleos administrativos menos cualificados (categorías auxiliares). Las dos restantes categorías de trabajo manual tienen un peso similar para todos los grupos (en torno al 20% cada una) con pocas excepciones: los oficiales de 1ª y 2ª categoría ascienden al 29% entre europeos no comunitarios y los oficiales de 3ª y trabajadores especialistas al 29% en el caso de los asiáticos y por debajo del 15% entre españoles y europeos comunitarios En resumen, la pirámide ocupacional de los trabajadores ecuatorianos presenta un perfil fuertemente lastrado hacia las categorías ocupacionales inferiores. Sólo los trabajadores africanos presentan una situación más precaria. Teniendo en cuenta estos resultados y el menor tiempo de estancia de europeos del este y ecuatorianos en España puede establecerse la siguiente conclusión provisional (a falta de contar con una perspectiva temporal más amplia): los nuevos flujos de migración laboral, en su mayor parte procedentes de las dos áreas mencionadas, encuentran su inserción en empleos con fuertes componentes de temporalidad y baja cualificación. Sin embargo, los europeos del este registran una inserción general mejor que la de los ecuatorianos (teniendo antigüedades similares) y ambos superan a los africanos (radicados hace más tiempo en España). Este cuadro parece apuntar hacia una segmentación étnica jerarquizada entre los tres grupos. Dicha segmentación obedecería antes a criterios "extralaborales" (prejuicios de los empleadores, preferencias de las autoridades, etc.), que a factores de cualificación o experiencia laboral.

Otros rasgos de segmentación parecen anunciarse dentro del propio colectivo ecuatoriano, en función del sexo de los trabajadores (ver Tabla 5). Las dos categorías inferiores son ampliamente dominantes aunque tienen algo más de peso entre los varones (68,9% vs. 65,1%). En el otro extremo de la escala predominan las mujeres, especialmente en los empleos de tipo administrativo y particularmente en los de carácter auxiliar. En cambio, los hombres destacan en la categoría de trabajo manual más elevada (oficiales de 1ª y 2ª), posiblemente por efecto de su inserción particular en el sector de la construcción.

Características estructurales de los sectores con más empleo inmigrante Al igual que los principales grupos de inmigrantes no comunitarios, los trabajadores ecuatorianos obtienen empleo preferentemente en unas pocas ramas de actividad: la construcción, el servicio doméstico y los cuidados personales (enfermos, ancianos, niños), la agricultura, la hostelería (bares, restaurantes, etc.) y el sector de los servicios sexuales. Exceptuando el último sector, para el que no existen datos debido a su carácter a–legal10, podemos analizar la evolución cuantitativa del empleo durante la última década. Adjudicando al volumen de ocupación para 1994 el valor 100, vemos que en la construcción se registró el mayor incremento de ocupación (índice 195 en 2004), seguida por la hostelería (157). En estas dos ramas el crecimiento superó al experimentado por el conjunto del empleo (141). En cambio, el servicio doméstico registró un incremento inferior (131) mientras que en la agricultura se registró un descenso importante (77). En el gráfico 4 puede comprobarse que estas tendencias se inician, o se acentúan, a partir de 1998, precisamente el período de mayor inmigración extranjera en el país. Por tanto, puede afirmarse que el aporte migratorio se incorpora a tres actividades en las que el empleo crece (construcción, hostelería y servicio doméstico) y a otra que está en retroceso (agricultura)11. Aunque las fuentes disponibles no permiten establecer la importancia del aporte migratorio, parece evidente que se registra un proceso inverso entre autóctonos y extranjeros en la agricultura (los primeros salen mientras los segundos entran) y, en menor medida, en el servicio doméstico (la mano de obra española no crece y parece disminuir lentamente: el nuevo empleo se genera casi exclusivamente en base a trabajadores extranjeros). En cambio, en construcción y hostelería los inmigrantes se suman a sectores en los que no deja de aumentar el empleo de los autóctonos.

Además de los cambios cuantitativos, se han registrado algunas modificaciones en la distribución de los puestos de trabajo según categorías. El caso más destacado lo constituye la agricultura, donde el empleo no cualificado incrementó su importancia del 19% al 28%. En la hostelería ha aumentado la importancia de los empleos no cualificados (de 9% a 11%) pero también la de los cualificados de carácter manual (53% a 59%). En la construcción el gran crecimiento de empleo no ha alterado las proporciones entre empleos manuales cualificados y no cualificados. Por tanto, las "oportunidades de empleo" en estas ramas se restringen casi exclusivamente a ocupaciones de carácter manual (no administrativas, de gestión, técnicas o directivas).

Mientras que en la agricultura se expanden sólo los puestos de la categoría inferior, en los demás sectores existen –en principio– posibilidades de movilidad ocupacional ascendente, en la medida en que se han incrementado tanto los empleos sin cualificación como los de la categoría de oficiales.

Conviene, además, retener algunas de las principales características estructurales (independientes de la nacionalidad de los trabajadores) del empleo en estas actividades, que se caracterizan por sus elevados niveles de precariedad (ver Cuadro I).

Aproximaciones al análisis de la movilidad ocupacional Las estadísticas de altas laborales en la seguridad social nos permite conocer si los trabajadores han tenido una o más altas (empleos) a lo largo de su trayectoria. Para el caso de los ecuatorianos el 15% sólo ha tenido una ocupación regularizada en España; en cambio el 85% tiene dos o más altas, lo que significa que ha tenido empleos temporales, sea en la misma o en distinta ocupación. Esta fuente nos informa únicamente de las características del alta inicial (en el momento de la primera afiliación) y de la actual, por tanto, podemos analizar la movilidad –geográfica y ocupacional– sólo en términos de origen y destino final, pero no de los posibles tránsitos intermedios.

Veamos qué cambios han registrado el 85% de los migrantes empleados de forma regular en enero de 200412. Desde el punto de vista ocupacional podemos comparar los desplazamientos entre regímenes de cotización. En relación al momento inicial se comprueba que el Régimen General es el que más retiene a los ocupados: el 87% continúa cotizando en el mismo (el 90% de los hombres pero sólo el 78% de las mujeres). En cambio, apenas la mitad (54%) de los que empezaron a cotizar en el Régimen Especial Agrario continúan en él (el 68% de los hombres y el 49% de las mujeres). El éxodo es bastante mayor entre quienes comenzaron cotizando en el Régimen Especial de Empleados de Hogar: sólo permanece el 30% (el 33% de las mujeres y el 7% de los hombres). El Régimen de Trabajadores Autónomos, muy poco extendido entre los ecuatorianos, mantiene a la mitad de sus afiliados iniciales (53%; mujeres: 56%– hombres: 46%).

Estos datos nos permiten establecer algunas conclusiones. En primer lugar, que el empleo en el servicio doméstico –principalmente– y en la agricultura –de forma más moderada– se configuran como "puertas de entrada" circunstancial para una parte importante de la mano de obra. De un stock inicial de 18.700 empleados en servicio doméstico salieron 11.200 mujeres y 1.800 hombres. Los 14.700 ocupados inicialmente en la agricultura disminuyeron en 5.300 hombres y 1.350 mujeres. Por lo demás, el servicio doméstico retiene más a las mujeres y la agricultura a los hombres.

Sin embargo, estos flujos no son de dirección única. Aunque porcentualmente no son muchos los que abandonaron el Régimen General (el 15% de los inicialmente ocupados en él), los valores absolutos sí son significativos: casi 8.000 personas (hombres y mujeres en proporción similar) que actualmente trabajan en otros sectores: 5.200 en la agricultura, 2.000 en servicio doméstico y 650 como trabajadores autónomos. Las cifras de la tabla 6 nos permiten valorar la importancia de la movilidad en ambos sentidos. Vemos que el cambio desde el servicio doméstico hacia el régimen general es casi diez veces mayor que el que se registra en sentido inverso. En cambio, los flujos entre empleos agrícolas y del régimen general tienen una magnitud más cercana a la equivalencia, aunque con diferencias según el género: los hombres van más desde el campo a la ciudad en tanto que las mujeres han hecho más a menudo el trayecto opuesto. Existe también movilidad entre empleo doméstico y agrícola pero de una intensidad mucho menor: para ambos sexos lo más habitual es el cambio desde el primer hacia el segundo ámbito (ciudad–campo).

A falta de información más pormenorizada, podemos concluir que el régimen general (empleos asalariados no agrícolas ni servicio doméstico) retiene a la mayor proporción de ecuatorianos ocupados y, además, atrae a un segmento significativo de quienes comenzaron trabajando en el servicio doméstico (flujo de empleo urbano desde los hogares hacia las empresas). Sin embargo, sería necesario establecer en qué medida se trata de movilidad ocupacional o de cambios puramente administrativos13.

Podemos también tener una aproximación a la movilidad geográfica de los trabajadores ecuatorianos. En este caso comparamos las provincias del alta inicial y del empleo actual (ver Tabla 7). Las que más retienen a los trabajadores procedentes de Ecuador son Barcelona y Valencia (por encima del 90%), además de Navarra y Baleares, aunque este último caso se ve favorecido por su carácter insular. El mayor porcentaje de salidas se registra en Almería el 27% trabaja actualmente en otra provincia, especialmente Murcia, pero también Madrid, Barcelona, Valencia y Alicante.

También destacan las salidas desde Murcia (el 18%, particularmente hacia Alicante y Madrid) y desde Alicante (18%, en primer lugar hacia Murcia y Valencia). Sabemos que la provincia de Madrid es el espacio preferente de asentamiento de ecuatorianos, y también un punto a partir del cual se expande el asentamiento de esta población.

Aunque el 13% de los inicialmente ocupados ha salido de dicha región los puntos de destino están dispersos por todo el territorio nacional (sólo Murcia destaca ligeramente).

En resumen –y recordando la parcialidad de los datos de referencia, que excluyen a los ocupados de forma irregular–, se identifican dos tipos de movimiento principales: uno de dispersión a partir de Madrid, y otro de circulación entre las provincias del área sudeste de la península (Murcia, Alicante, Valencia y, en menor medida, Almería). Esta última pauta se registra de forma principal en el empleo agrario14.

El desempleo: una situación poco conocida Teniendo en cuenta la importante incidencia del desempleo en los mercados laborales de España, resulta fundamental conocer cuál es su incidencia entre los distintos grupos inmigrantes. Sin embargo, hasta la fecha sólo contamos con una aproximación parcial y deficiente, debido a los problemas de cobertura de la E.P.A.

Para obviar algunos de estos problemas podemos recurrir a los datos aportados por el censo de 2001, aunque conviene tener presente que en esa fecha la inmigración registrada era aproximadamente la mitad que el volumen actual.

Los datos (recogidos en la Tabla 8) indican que existen situaciones específicas en función del sexo. En el caso de los hombres, todos los grupos inmigrantes presentan tasas de paro superiores a los españoles (10,8%) y los latinoamericanos tienen niveles elevados (16,5%) sólo superados por los africanos (17,3%). En cambio, la tasa de paro de las extranjeras es sólo levemente superior a la de las españolas (19,4% y 18,7%, respectivamente), mientras que la de las latinoamericanas es inferior (18,1%).

Además, el desempleo femenino es más alto entre las mujeres que entre los varones de todos los grupos. Sin embargo, las latinoamericanas encuentran más oportunidades que las españolas, mientras que los latinoamericanos se ven más abocados al desempleo que los trabajadores autóctonos. Estas diferencias parecen remitir a la relativa "facilidad" que existe para colocarse en el servicio doméstico, ocupación tradicionalmente asignada a las mujeres.

El sistema de protección a los desempleados vigente en España adjudica a los trabajadores el derecho a recibir prestaciones económicas en función del tiempo durante el que cotizaron como trabajadores (seguro de desempleo) o de otras circunstancias personales (mujeres cabeza de familia, desempleados mayores de cierta edad, etc.: subsidio de desempleo). Según datos de la administración laboral, durante 2003 los trabajadores latinoamericanos fueron los menos favorecidos por estas prestaciones económicas: el 71,5% de los demandantes de empleo no percibió ninguna. Los ecuatorianos se acercaban a este valor promedio (70,6%), bastante por encima de los europeos no comunitarios (64,9%), africanos (63,2%), asiáticos (62,3%) y europeos comunitarios (60,3%). Esta peor situación comparativa puede explicarse, en parte, por un recorrido temporal más breve en el mercado laboral español (menos antigüedad en el empleo, menos tiempo de cotización, menos derecho a prestaciones). Si esta fuera la única causa, con el correr destiempo mejorarían los porcentajes de perceptores de prestación económica. Pero no existen otros argumentos para afirmar que ésta vaya a ser la tendencia futura.

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En resumen: en los flujos migratorios recientes, caracterizados por fuertes índices de irregularidad, destacan latinoamericanos (en primer lugar los ecuatorianos) y europeos del Este. Estos grupos se han instalado en los sectores ‘tradicionales’ de ocupación de inmigrantes, caracterizados estructuralmente por el predominio de empleos menos cualificados y peor retribuidos. No obstante su mayor precariedad jurídica, estos inmigrantes han conseguido una inserción ocupacional mejor que la de los trabajadores africanos, que tienen más antigüedad en estos mercados de trabajo. Esta mejor situación comparativa puede estar apoyada en la movilidad ocupacional desde el servicio doméstico hacia otros empleos asalariados urbanos, y en una cierta circulación entre estos y las ocupaciones agrarias. Sin embargo, ésta puede ser una conclusión precipitada, puesto que se basa sólo en la situación de los trabajadores que cuentan con un empleo regular. Puesto que la irregularidad es mayor entre ecuatorianos y europeos no comunitarios, no es improbable que los empleos de los trabajadores "invisibles" sean peores que los de los africanos; en ese caso la tendencia apuntada sería sólo un efecto de la deformación operada por las fuentes estadísticas.

Por otra parte, respecto a la mano de obra autóctona, la mayor cualificación educativa general de los trabajadores inmigrantes (a excepción de los africanos) no le ha permitido conseguir una mejor inserción laboral. Para los que han llegado recientemente cabe la posibilidad de que su inserción precaria sea una etapa transitoria; sin embargo, para importantes segmentos de quienes han inmigrado hace 5 o 10 años parecen consolidarse ciertas tendencias de segmentación étnica. Son varios los factores que pueden inclinar el proceso en una u otra dirección; uno de los más significativos es el tipo de regulación estatal que se desarrolle en España.

5. LA REGULACIÓN ESTATAL DE LAS MIGRACIONES LABORALES EN ESPAÑA

La política de inmigración española se inauguró en 1985 con la primera "ley de extranjería". Desde entonces, la entrada regular de trabajadores extra–comunitarios (de países ajenos a la Unión Europea) queda subordinada a la "situación nacional de empleo". Según esta fórmula, sólo se otorgarán permisos de trabajo para empleos que no puedan ser cubiertos por la mano de obra autóctona o, en su defecto, por los extranjeros ya radicados en el país. En resumen, las leyes sólo contemplan la llegada de inmigrantes en la medida en que sean necesarios para cubrir los "huecos" que deje la fuerza de trabajo radicada en el país; utilizando una antigua terminología, los ciudadanos de países terceros son contemplados como un ejército de reserva laboral, movilizable sólo en la medida y en el momento que se lo requiera.

Desde 1993, con la puesta en marcha de los contingentes laborales anuales, se inició la pretensión de contratar a los trabajadores directamente en los países de origen, con el fin de desincentivar los desplazamientos irregulares, e indicar que la única vía de acceso al empleo regular (y a "los papeles") pasaba por realizar los oportunos trámites ante los consulados españoles. Como es sabido, la utilización de este método como canalización de nuevos flujos migratorios ha sido poco utilizada. Además, desde el año 1997 quedó prácticamente cerrada la posibilidad de obtener permisos de trabajo a través del llamado "régimen general", según el cual los inmigrantes irregulares con una oferta laboral podían ser regularizados. Así, en la práctica las vías de inmigración laboral regular quedaron drásticamente limitadas; la consecuencia fue que la continua llegada de nuevos flujos migratorios se tradujera en un incremento sin precedentes de inmigrantes "sin papeles", circunstancia que ha sido reseñada al comienzo de esta comunicación.

Como hemos visto, las tasas de desempleo de las mujeres latinoamericanas son inferiores a las de las españolas, y las de los hombres, aunque superiores, no indican que el desempleo sea una circunstancia que afecte muy especialmente a estos trabajadores.

Por tanto, la mayor parte de los recién llegados ocupan empleos no declarados, en la economía informal o sumergida. Esta, también lo hemos señalado, constituye uno de los rasgos destacados de la estructura ocupacional española. Precisamente por su carácter informal es imposible que sus demandas de empleo puedan canalizarse a través de los mecanismos formales previstos por la legislación migratoria. En definitiva, la política migratoria ha reducido las opciones para contratar legalmente a inmigrantes mientras que en los mercados de empleo ha crecido la demanda, tanto para empleos regulares como para otros en la economía sumergida.

Con la asunción del nuevo gobierno español en mayo de 2004 se anuncia una reorientación de la política migratoria, que pretende legitimarse en función de la consulta y el apoyo de una serie de agentes sociales, entre ellos las cámaras empresariales y los sindicatos mayoritarios. ¿En qué consiste la novedad de esta política? Más allá del método, más abierto al diálogo fuera del ámbito gubernamental, los contenidos básicos no se modifican: el gobierno ha aprobado en diciembre un nuevo reglamento de la legislación de extranjería, es decir, mantiene la ley aprobada en 2003 durante el gobierno del Partido Popular15. La "situación nacional de empleo" sigue siendo el criterio básico de admisión de nuevos trabajadores inmigrantes y los contingentes anuales y los permisos para trabajos de temporada sus formas básicas de acceso. Toda la política se construye en torno a un concepto utilitarista: la inmigración reducida a su papel de suministrador, más o menos eventual, de mano de obra, en función de las "necesidades del mercado". De forma sintética: sin contrato no hay regularización. Sin embargo, anuncia algunas novedades que pueden mejorar la situación de miles de trabajadores indocumentados. El diseño de esta "nueva política" puede resumirse, según el gobierno, en las líneas sintetizadas en el Cuadro II.

En cuanto al mundo del trabajo se diseñan dos grandes líneas de actuación. Por una parte, la gestión de las nuevas entradas sigue encomendada a los contingentes laborales y permisos de temporada, aunque se anuncia la reapertura de la vía del régimen general. Por otra, para los trabajadores en situación irregular que ya se encuentran en España se ofrecen dos procedimientos, uno coyuntural (la "normalización" laboral) y otro de carácter permanente (el arraigo laboral). De esta manera, las autoridades vienen a reconocer que no es posible regular enteramente los flujos de inmigración laboral a través de mecanismos de entrada regularizados, que continuarán existiendo flujos irregulares y para éstos deben establecerse mecanismos de regularización. Veamos cuáles son sus alcances.

El proceso de "normalización laboral" se abre sólo por un plazo de tres meses.

Tienen derecho al mismo los inmigrantes empadronados en el país con fecha anterior a julio de 2004, que carezcan de antecedentes penales y cuenten con un contrato de trabajo (con duración mínima de seis meses16) que debe ser presentado a las autoridades por los empleadores. En caso de obtenerse el correspondiente permiso, éste no será efectivo si en el plazo de un mes el trabajador no es dado de alta en la seguridad social.

Por tanto, esta vía depende enteramente de la parte empresarial (que debe querer y/o poder ofrecer un contrato en regla y, además, estar dispuesta a acudir ante las autoridades para realizar el trámite y demostrar tener recursos suficientes y estar al día de sus obligaciones fiscales). En definitiva, no se trata de una regularización de inmigrantes indocumentados sino del intento de afloración de puestos de trabajo no declarados.

La vía del "arraigo laboral" deja una puerta abierta para la regularización de los trabajadores que puedan demostrar al menos dos años de permanencia en el país y uno de relación laboral. En este caso parece darse por descontada la no colaboración del empresario, puesto que las pruebas válidas han de ser una resolución judicial o el acta definitiva de una inspección de trabajo. Por tanto, los trabajadores deberán denunciar la situación, exponiéndose a las represalias del empleador.

La filosofía subyacente a este conjunto de medidas parece ser la siguiente: los empleos no declarados son un "mal" atribuible a prácticas incorrectas (de los empresarios pero también de la administración que ha cerrado vías de regularización).

Ahora el gobierno abre cauces y llama a los empresarios a tener una "actitud correcta".

Pasado el breve periodo de "normalización" se entiende que la persistencia de empleo irregular obedecerá al deseo de fraude o de explotación de los empresarios. Es decir, el empleo irregular queda desprovisto de todo carácter estructural en ciertos segmentos de la economía, y pasa a ser atribuido plenamente a fallos éticos o morales de los empresarios. Bajos estos supuestos es de prever que algunos de los resultados de esta "nueva política" serán los siguientes: • regularización del segmento de inmigrantes que pueda acceder a un contrato de trabajo (normalización) o a demostrar posteriormente su arraigo laboral. Puesto que sólo se exigen contratos de duración temporal y la iniciativa del trámite queda en manos de la parte empresarial, el éxito de esta medida está en función de los réditos previsibles para los empleadores (desde eludir problemas de inspección laboral, hasta obtener dinero a cambio de "vender" contratos a los trabajadores).

• subsistencia de un sector de inmigrantes "sin papeles", sea los que no pueden acogerse a la inminente "normalización" o los que continúen llegando.

• Tanto para los regularizables como para quienes permanezcan "sin papeles" se mantiene una acusada dependencia de los trabajadores respecto a los empleadores (en su mayor parte en segmentos de empleo precario).

• Queda por ver qué criterios predominarán cuando llegue el momento de renovar los permisos de trabajo iniciales (al año de su vigencia), en el caso de que los trabajadores no hayan podido mantener su empleo. ¿El derecho de permanencia regular se vinculará al empleo o perdurará en caso de desempleo?

6. PARA (NO) CONCLUIR…

Cualquier conclusión que quiera extraerse de los argumentos hasta aquí desarrollados debe resultar forzosamente provisional. A ello contribuyen tanto las limitaciones de las fuentes disponibles como el escaso recorrido temporal de la inmigración ecuatoriana en España. Además, aunque contáramos con estadísticas completas y actualizadas sigue pendiente al realización de una investigación rigurosa acerca de las trayectorias y diversas modalidades de inserción laboral de esta inmigración, atendiendo a las diferencias atribuibles a distintas variables (como el sexo, la edad, la antigüedad en España, la zona de residencia, los vínculos familiares, etc.). A pesar de las limitaciones señaladas, podemos indicar algunas cuestiones significativas.

1) La "nueva política" migratoria española perpetúa contextos, legislativos y socioeconómicos, que colocan a los trabajadores inmigrantes en posición de subordinación estructural.

2) Dentro de dichos contextos, se abre la posibilidad de mejorar las condiciones administrativas de buena parte de los trabajadores ecuatorianos, uno de los grupos más afectados por la irregularidad.

3) No está claro en qué medida el acceso a "los papeles" pueda incrementar las posibilidades de promoción ocupacional. Por el momento resulta difícil establecer si su actual situación (sólo mejor que la de los trabajadores africanos) responde una fase de asentamiento inicial o es una tendencia de mayor calado.

4) En todo caso, dada la calidad del empleo dominante en las ramas en la que más implantados se encuentran, puede decirse que las mayores opciones de promoción sociolaboral pasan por la salida hacia otras ramas de actividad, posibilidad que hasta la fecha se han visto bastante restringidas para el conjunto de los no comunitarios. Dichos antecedentes no invitan a un especial optimismo.

5) Al margen de las condiciones de trabajo, la mejora de la situación administrativa supondrá un mayor acceso a derechos sociales (seguro de desempleo, cursos de formación, etc.) para los nuevos regularizados, circunstancia que contribuirá a reforzar la situación social general de la comunidad ecuatoriana radicada en España.

6) A corto plazo, esta "integración subordinada" en la estructura de empleo española no es contradictoria con la vivencia de mejora económica respecto a la situación al salir de Ecuador y con la continuidad del flujo de remesas (siempre que el acceso a "los papeles" no desencadene un masivo proceso de reunificación familiar en España). Vista "desde Ecuador" la situación de los trabajadores emigrados aporta ventajas comparativas; vista "desde España" indican subordinación social y exclusión política.

Entre los inmigrantes y sus familias predomina el primer punto de vista, que hace hoy "aceptable" la actual situación. Pero en un plazo no muy prolongado segmentos crecientes de los migrantes se plantearán su futuro viéndolo "desde España", y en ese sentido las puertas, si no del todo cerradas, parecen estar apenas entreabiertas.

7) Aunque la situación social en Ecuador no empeore, o incluso registre una mejoría moderada, la mayor estabilidad que promoverán estas medidas asegura la consolidación de la diáspora trasnacional de la población ecuatoriana, para la que España es ya una de sus espacios preferentes de reproducción. Las opciones de retorno se mantendrán congeladas, con tendencia a disminuir a corto y medio plazo.

BIBLIOGRAFÍA CITADA

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Notas

1. Publicado en: Gioconda Herrera, M. Cristina Carrillo y Alicia Torres (comp) (2005): Migración internacional ecuatoriana, transnacionalismo e identidades. Flacso / Plan Migracion, Comunicacion y Desarrollo, Quito.

2. Porcentaje de empadronados que carecen de permiso de residencia. Este indicador no tiene pretensiones de exactitud, debido a los problemas existentes con las dos fuentes utilizadas, pero sí de señalar las tendencias existentes.

3. Entre diciembre de 2003 y junio de 2004 el número de residentes se incrementó en 17.000. Si en ese plazo no hubiera habido nueva inmigración, el total de ecuatorianos no sería de 499.000 sino de unos 482.000.

4. Es probable que el incremento de este segmento haya sido mayor, habida cuenta de la importancia del subempleo y las ocupaciones sumergidas, que quedan subrepresentadas en la E.P.A.

5. Según datos de la Agencia Tributaria, basados en las declaraciones anuales de renta (es decir, dejando de lado los ingresos ocultos) tanto en 1992 como en 2003 el 1,2% de los asalariados percibía casi el doble de la masa salarial que el 28% peor retribuido (con ingresos inferiores al Salario Mínimo Interprofesional). Si, además, incluimos en el cómputo a los desempleados que perciben seguro de desempleo vemos que el 38% peor retribuido no consigue captar el volumen de rentas del 1% con más altos salarios. Pero, más allá de los flujos anuales de rentas, la acumulación de riqueza (stock) muestra una divergencia mayor: en 2001 las diferencias entre el 10% de hogares con mayores ingresos y el 50% menos favorecido era de 3 respecto a la renta y ascendía a 16 en cuanto al patrimonio acumulado. Ver: Banco de España (2004).

6. A partir de este "colchón amortiguador básico" en los últimos años se registran procesos de dualización que permiten a los sectores con mayores ingresos optar por prestaciones privadas: en la enseñanza, la sanidad y las pensiones.

7. Como referencia podemos considerar las siguientes cifras: estimamos la población ecuatoriana en edad laboral en torno a 340.000 personas, la gran mayoría de ellas en situación de actividad económica. En cambio, sólo 190.000 figuraban en las estadísticas de seguridad social como ocupadas en octubre de 2004.

8. El 99% de los hombres y el 94% de las mujeres son asalariados, cifras que superan las medias de todos los grandes grupos regionales –africanos, latinoamericanos, europeos o asiáticos. Está por verse si ésta es una situación provisional, debido a la reciente llegada de la mayoría de ecuatorianos, o una pauta de inserción duradera.

9. En estas cifras no se incluyen los trabajadores agrarios ni los del servicio doméstico; de hacerlo, los índices de temporalidad se elevarían, puesto que en el campo la norma es el empleo de duración restringida, mientras que en el servicio doméstico la facilidad del despido hace que –en la práctica– todo vínculo laboral esté condicionado a la discrecionalidad de los empleadores.

10. La compra–venta de servicios sexuales no está penada en la legislación española (excepto si media coacción, tráfico, etc.), pero tampoco puede ejercerse de forma regular. Puede decirse que, por ley, se trata de un conjunto de actividades no prohibidas y no legalizables.

11. Respecto a esta última conviene aclarar que la mayor pérdida de empleo corresponde a la agricultura tradicional de tipo familiar, en zonas de secano (pequeños propietarios que abandonan la explotación), en tanto que la mayor presencia de trabajadores inmigrantes se registra en las explotaciones de regadío dirigidas a la exportación (basadas en uso intensivo de mano de obra).

12. Los datos de este apartado proceden de una explotación específica de los datos de Tesorería de la Seguridad Social realizados por el Observatorio Permanente de la Inmigración (OPI).

13. Debido ala relativa facilidad con que se ha podido acceder a "los papeles" a través del servicio doméstico, no son infrecuentes los casos de inmigrantes que cotizan a este régimen mientras trabajan – irregularmente– en otro sector.

14. De los actuales trabajadores del régimen agrario en Murcia, Valencia y Alicante en torno al 5–7% procede de Madrid. Procede de Murcia el 18% de los afincados en Alicante, el 12% en Almería y el 7% de los de Valencia. Teniendo en cuenta la magnitud del empleo agrario en Murcia, el circuito dominante de los que se han desplazado parece ser Madrid Murcia y desde allí a las otras tres provincias del sudeste.

15. Según la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía, la ley de 2003 "trasladó las fronteras administrativas de España a sus embajadas y consulados en los países de origen de los inmigrantes, haciendo absolutamente imposible el trámite para solicitar permisos de residencia y de trabajo estando aquí; para lo cual además se cerró el Régimen General, se instauró la inadmisión a trámite de las solicitudes y se eliminó el poder de representación ante la Administración, para lo que se reformó la Ley de Procedimiento Administrativo. Del mismo modo la reforma de la Ley recortó las posibilidades de reagrupación familiar (…). Mantuvo excluidos de los derechos fundamentales de asociación, reunión, manifestación y huelga a los inmigrantes sin permiso de residencia. Propició su localización permitiendo a la policía el acceso a los datos del padrón municipal, para lo que se reformó la Ley de Régimen Local.

16. La situación de irregularidad administrativa se sancionó con la expulsión… En resumen, fue una reforma –que afectó no sólo a la Ley de Extranjería sino a otras Leyes Orgánicas– encaminada a reducir drásticamente las posibilidades de entrada legal y de permanencia estable, y a primar la inmigración temporal condicionada a la demanda del mercado laboral.". Ver http://www.apdha.org/ 16 En agricultura el mínimo se reduce a 3 meses.

Walter Actis

Colectivo Ioe. Equipo de investigación sociológica ubicado en Madrid y compuesto por Carlos Pereda, Walter Actis y Miguel Ángel de Prada. URL: http://www.nodo50.org/ioe/

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