Actividad económica del Estado (página 4)

Las tendencias recientes se dirigen: a) hacia la reducción de la importancia de las aranceles aduaneros, bien por la disminución de la relación entre comercio exterior y renta nacional, en contraste con el aumento, casi general, de la relación entre ingresos tributario y renta nacional; bien por el recurso a controles cuantitativos de comercio exterior, que reducen la función de los aranceles protectores; b) hacia la reducción, cada vez más decidida, de la importancia de los impuestos sobre los hechos jurídicos y sobre los documentos, tributos propios de períodos en los que la vida económica y la vida del derecho tenían características muy diferentes de las actuales; e) hacia el continuo desarrollo de la imposición. sobre los intercambios, en vez de los tipos de impuestos indirectos que cada vez pierden más terreno.

Este tipo de imposición, introducido en principio por las exigencias financieras de la primera guerra mundial y la primera postguerra, ha terminado por convertirse en una institución permanente de la hacienda de muchos países, y en algunos casos (como en Italia en la forma de impuesto general sobre la renta) se ha convertido, además, en la fuente más importante de los ingresos tributarios.

El éxito de los impuestos sobre los intercambios se debe, en parte, a las crecientes exigencias fiscales y a los límites políticos y económicos a la expansión de los impuestos directos y de los impuestos sobre el consumo de tipo tradicional. Pero está ligado también, en parte, a cambios cualitativos, y no solamente cuantitativos, de la política financiera.

El impuesto sobre la renta (y en general, los impuestos directos) son el instrumento típico de la hacienda neutral, entendida como hacienda que pretende cubrir las necesidades de los organismos públicos, evitando toda perturbación en la actividad económica privada, fuera de aquellas que están inevitablemente conectadas con la exacción de tales necesidades. Ya se ha dicho que la hacienda neutral está perdiendo terreno en favor de una hacienda entendida como instrumento fundamental para regular el equilibrio entre recursos a disposición de la colectividad y empleo de los mismos.

Esta función reguladora de la hacienda puede hacer, en determinadas circunstancias, que no sea suficiente contraer mediante la imposición los gastos globales de los particulares, sino que sea necesario que la imposición contraiga de modo particular determinados tipos de gastos. En estos casos, la acción indiscriminada de los impuestos directos sobre los gastos es insuficiente y hacen necesarios (cuando no se quiera contar únicamente con racionamientos, etc.), impuestos directos que permitan discriminar entre consumos que se deban favorecer y consumos que se deban comprimir.

A esta función se prestan muy bien los impuestos sobre los intercambios con su aplicación general y con las amplias posibilidades de maniobra respecto a los tipos y las exenciones; un ejemplo típico se tiene en la hacienda británica de la guerra y de la postguerra, con la purchase-tax aplicada con tipos muy altos para los productos que concurrían con la producción bélica (o contra los consumos interiores de productos de los cuales quisiera estimularse las exportaciones).

No obstante su importancia, y tras una experiencia suficientemente larga, los impuestos sobre los intercambios están todavía bastante lejos de un orden estable y plenamente satisfactorio.

La imposición sobre todos los intercambios de bienes y servicios (incluí-da o no la venta al por mayor), es objeto de críticas generalmente, aunque presente la ventaja de la amplitud de su base, y por lo tanto, la posibilidad de aplicar tipos moderados. Contra ella se oponen ,más que nada, consideraciones de índole distributiva. Gravar todas esas transferencias quiere decir en la práctica, afectar con tipos diferentes e imprecisos a los productos finales, creando discriminaciones arbitrarias entre productores y consumidores. También en Italia la estructura de la imposición sobre la renta tiende a alejarse del tipo inicial de imposición en forma de cascada o pirámide, como se dice comúnmente, para formar parte cada vez más, de formas de imposición concentrada: imposición en un solo punto de la cadena que conduce al consumo final.

La tasación en un solo punto puede tomar, a su vez, diversas formas: puede afectar a la venta por parte del productor; a la venta al detallista; a la venta al por menor.

En la primera forma la simplicidad administrativa es máxima; pero subsiste la posibilidad de duplicaciones, porque el producto final puede englobar componentes que provengan de otras fases de la producción y que, por tanto, ya han absorbido el impuesto a la salida de tales fases. En la última la base imponible, es máxima, de la misma forma que lo son las dificultades administrativas. La tasación del paso del mayorista al detallista presenta dificultades administrativas menores que la tasación de la venta al por menor y excluye casi completamente la posibilidad de duplicación.

Pero, en cualquier caso, la imposición sobre un solo punto suscita perplejidades, porque parece probable que por razones de rigidez, el impuesto tienda a quedar, por lo menos en parte, sobre la fase elegida para la determinación del impuesto y la recaudación. Se tendría así una incidencia no equitativa y se renunciaría a la tentativa de afectar los excedentes del productor y del consumidor, diluidos en el sistema económico.

Esto puede explicar el interés que se manifiesta por la imposición de los intercambios sobre la base del valor añadido, que permitiría evitar la duplicación y aseguraría una incidencia difusa. Pero ni siquiera este sistema está ausente de objeciones; en primer lugar, si hubiera de aplicarse a la generalidad de las empresas presentaría dificultades administrativas no menores que cualquier otro tipo de impuesto sobre los intercambios; y además haría muy difícil (en los casos de empresas de productos múltiples) la exención o la discriminación de determinados productos, que pueden ser necesarios si se quieren asegurar al impuesto características distributivas aceptables.

La solución practica podrá buscarse en la imposición sobre el paso del mayorista al detallista, siempre que no se quieran aplicar métodos distintos a sectores diferentes o a diversas fases de la producción.

En un análisis de los sistemas tributarios actuales no se pueden olvidar los sistemas de seguridad social. Y esto, tanto por la importancia de la tributación detraída a estos efectos (obligatoria en gran medida y con un campo de aplicación que en la mayoría de los países comprende a casi toda o a toda la población), como porque las prestaciones exceden muy a menudo a los tributos, y se financian en parte no desdeñable mediante los ingresos generales de los organismos públicos; y también porque la extensión de los campos de seguridad social ha relegado a segundo plano, en muchos países, a los elementos de seguridad ya propios de tales sistemas y tiende a hacer de su financiación un problema general de la hacienda pública más bien que un problema limitado (aunque sea con una cierta asistencia del Estado) a categorías aseguradas restringidas.

Cuando los sistemas de seguridad social se financian con el método tradicional de contribuciones a cargo de los trabajadores protegidos y sus dadores de trabajo, se estima que tales contribuciones se pueden asimilar a los impuestos directos por la parte que grava a los obreros, y a los impuestos indirectos, en la que afecta a los dadores de trabajo, y que la opinión predominante estima transferida a los consumidores (o tal vez inmediatamente sobre los trabajadores mediante reducciones de los salarios).

La actividad de detracción y distribución para la seguridad social da como resultado: a) una redistribución de la renta entre los trabajadores ocupados, (especialmente por lo que respecta a las asignaciones familiares que, en el sistema italiano, representan una redistribución del importe total de los salarios entre trabajadores de diferentes condiciones familiares); b) una redistribución desde los trabajadores ocupados (y el conjunto de consumidores y contribuyentes) hacia los desocupados, inválidos, ancianos, etcétera.

5. La deuda pública.—Según la opinión generalmente aceptada, por lo menos hasta el final de la primera guerra mundial, el recurso a la deuda pública era perfectamente compatible con una sana conducta financiera: a) en la hacienda extraordinaria, como alternativa de los impuestos extraordinarios; b) en la hacienda ordinaria solamente en forma de bonos ordinarios del tesoro (con plazo inferior a un año) a fin de superar déficits transitorios de caja, para compensarse dentro del ejercicio financiero anual.

La discusión sobre la conveniencia de recurrir al empréstito o al impuesto en la hacienda extraordinaria ha sido siempre muy viva. A favor del empréstito se sostiene la ventaja de detraer las disponibilidades donde éstas se encuentran en forma líquida, mientras que el impuesto afecta también a los contribuyentes que no tienen posibilidades de convertir en efectivo su patrimonio a no ser mediante ventas o estipulaciones de empréstitos privados en condiciones más onerosas que las del empréstito público.

A favor del impuesto extraordinario se sostiene: a) que no transmite a ejercicios futuros una carga de intereses que, unida a la detracción de los impuestos ordinarios necesarios para afrontarlos, requiere una transferencia de riqueza de las categorías productoras a una categoría de rentiers y haría mayor la presión tributaria sobre las nuevas iniciativas productoras; b) la posibilidad de que el impuesto impulse, más que el empréstito, a los contribuyentes a contraer sus consumos, ya que el financiamiento mediante el impuesto se haría con menor daño para la formación neta de capital. Aquí está el núcleo de la tesis, tan difundida, según la cual el impuesto grava a la generación presente, mientras que el empréstito grava a las generaciones futuras.

En términos reales, los gastos públicos no pueden cubrirse sino con los bienes existentes en el presente, es decir, con la renuncia, por parte de la generación presente, a destinar tales bienes a otros usos. Ciertamente en el caso de que todos los gastos extraordinarios se afrontasen con la contracción de los consumos corrientes, las generaciones futuras recibirían, a pesar de los gastos, una suma invariable de bienes capitales; y, al contrario, en el caso de que los gastos se afrontasen con una reducción de la formación de bienes capitales, las generaciones futuras serían más pobres por la cuantía total de los gastos.

Pero no se puede hacer una distinción cualitativa sobre el impuesto y el empréstito suponiendo que el impuesto contraiga siempre y únicamente los consumos, y el empréstito siempre y solamente la formación de capital; solamente se puede suponer que la contracción de los consumos será mayor en el caso del impuesto y menor en el caso del empréstito.

Desde el punto de vista de la distribución de la carga entre las clases de contribuyentes, se ha sostenido la indiferencia del recurso al impuesto extraordinario o al empréstito, pero la afirmación implica que los profesionales y los trabajadores están sujetos al impuesto extraordinario patrimonial, por el valor capital de su renta de trabajo.

En concreto, sin embargo, el impuesto extraordinario sobre el patrimonio no afecta a los capitales personales. Por lo tanto, en el caso de que se recurra al impuesto extraordinario sobre el patrimonio, los perceptores de renta sobre el trabajo no contribuyen a cubrir los gastos extraordinarios, mientras que estarían afectados por el impuesto ordinario para el servicio del empréstito. Se explica pues, por qué en la realidad los trabajadores y, en general, los contribuyentes más pobres, prefieren el recurso al impuesto extraordinario, financiado en general por las clases capitalistas y empresariales, y, por lo tanto, los más ricos.

La tentativa de confinar los empréstitos públicos al ámbito de la hacienda extraordinaria, y de excluirlos (con la excepción de los bonos ordinarios del Tesoro) de la hacienda ordinaria (que estaría regulada por el principio del equilibrio entre gastos e ingresos), choca con la dificultad señalada más atrás de distinguir los gastos ordinarios y los gastos extraordinarios sobre la base de su naturaleza: cualquier precepto basado en una distinción de este género, tiene una significado más bien escaso.

En realidad no existe un tipo o un nivel de gastos para el que sea obligatoria la cobertura mediante el impuesto, independientemente de cualquier circunstancia, superado el cual sea legítimo el recurso al empréstito. Las conclusiones tradicionales pueden ser equivocadas en los dos sentidos.

Así, por ejemplo, en la hacienda de la guerra moderna, que es en realidad una hacienda extraordinaria en todos los sentidos posibles del término, la entidad de las necesidades es totalmente desproporcionada respecto a la cantidad de bienes existentes y movilizables para la guerra, y solamente puede afrontarse por el flujo de la producción corriente. Pero entonces el financiamiento debe provenir sustancialmente de la renta corriente. Y en efecto, en la hacienda extraordinaria de los tiempos actuales se tiende a hacer una parte cada vez mayor a los impuestos; y los empréstitos, por su lado, tienen como función principal no la absorción de disponibilidades líquidas, sino la detracción de las rentas corrientes mediante un proceso de inflación.

Por el contrario, en la hacienda de los tiempos ordinarios el empréstito puede ser un medio para movilizar los recursos que permanecerían inactivos, y para financiar los gastos públicos sin elevar los tipos de los impuestos a niveles insoportables para los contribuyentes que tienen hoy escasos márgenes de renta y que, por el desarrollo de la vida económica, pueden experimentar un incremento de renta que les permita contribuir con mayor facilidad a la liquidación de la deuda.

La posibilidades de endeudamiento encuentran naturalmente límites; para aclarar la naturaleza de tales límites es preciso distinguir entre deudas exteriores y deudas interiores. En el caso de deudas exteriores, el servicio de los intereses y de la amortización implica una transferencia de medios de la economía del país deudor a la del país acreedor. Esto no crea un problema (más que eventualmente por la modalidad de la transferencia), cuando el país deudor emplee el empréstito exterior para aumentar su renta nacional en medida por lo menos igual al importe del empréstito. Pero si se tiene un empleo consuntivo, la posterior sustracción de riqueza a la economía nacional no encuentra contrapartida, y no puede impulsarse más allá de ciertos límites sin crear profundos desequilibrios.

En el caso de deudas interiores, su realización supone transferencias solamente en el interior de la economía del país, que no es, por el hecho de la deuda, ni más rico ni más pobre. Aquí el límite no se da, como en el caso anterior, por lo efectos de una sustracción de riqueza a la economía considerada como un todo, sino por los inconvenientes de la redistribución de la renta nacional, mediante el pago de los intereses de la deuda pública y la detracción de los impuestos correspondientes.

Como ya se ha dicho anteriormente, la detracción de tales impuestos implica un aumento de la presión tributaria a cargo de todas las categorías de contribuyentes, comprendidas las más activas (empresarios, trabajadores). Sin embargo, el pago de los intereses compensa la detracción de los impuestos (por lo menos crea un margen activo) solamente en el caso de los tenedores de la deuda publica, los cuales (aunque en los tiempos modernos, no se identifican, más que nada por el desarrollo del llamado ahorro institucional, con los ricos ociosos, como sucedía en el siglo xviii) no coinciden, en general, con las categorías económicas más activas.

Por otro lado, aunque existiese, en grado elevado, una compensación entre los impuestos pagados y los intereses percibidos, quedarían siempre los costes administrativos de la transferencia, que no se pueden olvidar, sobre todo, en el caso de que la emisión de la deuda pública requiriese la detracción de impuestos muy elevados. En estos inconvenientes de las transferencias entre contribuyentes y rentiers está el límite real a la expansión de la deuda pública, límite que depende, naturalmente, de elementos como son la magnitud de la relación entre los intereses de la deuda y la renta nacional, la estructura del sistema tributario y la distribución de los títulos de la deuda pública.

De hecho, la expansión de la deuda pública se da en todos los países, aunque en ocasiones las grandes devaluaciones monetarias provocan bruscas reducciones del valor real de la deuda. Por las dimensiones que ha alcanzado, la deuda pública tiene una función fundamental junto a la deuda privada, como la base de circulación monetaria; y por sus dimensiones, así como por la variedad de las formas que puede asumir (consolidada o amortizable a largo plazo; bonos del Tesoro y títulos análogos a plazo corto y a plazo medio) se presta a ser un importante instrumento de la política del interés (véase Crédito).

6. Relaciones entre hacienda central y haciendas locales. La actividad financiera se desarrollé tanto por los gobiernos centrales, como por los entes de inferior grado (Estados, cantones, etc., en los Estados federales; provincias, municipios, etc., tanto en los estados federales como en los unitarios). Se presentan, por lo tanto, problemas de coordinación entre la actividad de los entes de categoría diferente. Estos problemas se pueden reagrupar en dos apartados:

a) Coordinación entre la prestación del servicio y la distribución de la carga tributaria entre las diferentes zonas y localidades de un mismo Estado;

b) Control del nivel conjunto de los gastos públicos y de la detracción tributaria, para evitar que la superposición de los diferentes sistemas tributarios conduzca a una excesiva presión tributaria y para evitar que la política financiera, de las entidades locales obstaculice a la política financiera del gobierno central. (Este último aspecto del problema ha tomado una importancia mayor en los últimos tiempos, al extenderse el campo de acción de la política financiera. Sobre todo, en la política de estabilización coyuntural se ha iniciado una’ fuerte tendencia de las entidades pública locales a actuar en contraste con la acción del gobierno central. Mientras que este último intenta desarrollar una acción anticíclica aumentando los gastos en períodos de depresión y contrayéndolos en períodos de expansión, los entes locales hacen lo contrario. El diverso comportamiento se explica, en gran parte, con la diferente posibilidad que cada uno tiene de recurrir al crédito (mucho mayor para el gobierno que para los otros entes).

La acción de coordinación y control del gobierno central se desarrolla tanto por el lado de los gastos como por el de los ingresos. El volumen y la composición de los gastos se controlan, bien fijando determinados servicios cuya prestación es obligatoria por parte de las entidades locales, bien favoreciendo la prestación de otros servicios determinados, con subsidios específicos y otros análogos, bien limitando de diversa manera (por ejemplo, prescribiendo el presupuesto equilibrado, o imponiendo límites al déficit) la entidad de los gastos cuya ejecución se deja a facultad de los entes locales o, como veremos inmediatamente, limitando las facultades de los entes locales para detraer impuestos.

Los ingresos de los entes locales están controlados por el gobierno central principalmente vinculando los tipos y la estructura de los impuestos a los cuales pueden recurrir (en los Estados federales y en las federaciones la situación es diferente, formalmente al menos; es decir, la potestad tributaria de los estados miembros es ilimitada y solamente tiene límites de carácter general, mientras que el gobierno federal solamente puede percibir los impuestos que determine expresamente la constitución). Menos importancia tienen los vínculos respecto a la gestión del patrimonio y, por lo tanto, respecto a la suma de los impuestos patrimoniales y las deudas contraídas.

La coordinación tributaria entre el sistema del gobierno central y los sistemas de los entes locales se efectúa según dos modalidades principales:

a) La separación de las fuentes: ciertas fuentes (por ejemplo, los impuestos reales sobre la tierra y sobre los edificios; los aranceles interiores de consumo) se dejan a los entes locales; los demás al gobierno central.

b) la participación en los ingresos del gobierno central por los entes locales; la distribución de subsidios por el gobierno central, bien para mejorar la situación financiera de los entes locales, bien (subsidios específicos) para estimular a tales entes en la oferta de determinados servicios públicos (instrucción, carreteras, etc.).

En régimen de separación de fuentes, los entes locales pueden tener plena autonomía para determinar las tasas de las fuentes que les han sido reservadas; o bien, pueden estar supeditadas en la estructura de los impuestos que pueden aplicar y ,sobre todo, por lo que se refiere a su medida (a fin de evitar faltas de equidad demasiado fuertes en el nivel de impuestos de las entidades locales aisladas, así como para evitar el empleo de los impuestos locales con fines de proteccionismo interno).

FORMAS DE REALIZACIÓN DEL RÉGIMEN DE PARTICIPACIÓN EN LOS IMPUESTOS

El régimen de participación en los impuestos del gobierno central tiene dos formas principales de realización:

a) Recargos a tales impuestos por los entes locales. Los entes locales aplican tipos propios (que se añaden a los que aplica el gobierno central) sobre las bases imponibles determinadas por la administración tributaria central, sin que desarrollen una actividad propia de comprobación. La facultad de recargar los impuestos debe mantenerse generalmente, dentro de los límites fijados por el gobierno central;

b) Participación en los ingresos procedentes de los impuestos del gobierno central. La participación de los entes locales aislados puede efectuarse o en razón de la recaudación de impuestos en la circunscripción de cada ente, o según otros criterios (proporcionalmente a la población de cada ente; o según índices de necesidades: desarrollo de las carreteras, población escolar, etc.).

El método de la separación de fuentes hace más amplio el margen de autonomía financiera de los entes locales y, por lo tanto, se encomiendan a los que dirijan la vida política local y al sentido de la responsabilidad de las administraciones locales.

Pero esto tiene el inconveniente de que en las zonas más pobres los ingresos tributarios pueden ser insuficientes para prestar los servicios públicos fundamentales, mientras que en las zonas más ricas pueden permitirles a los entes públicos una actividad más amplia. Como cada vez se siente más la exigencia de una determinada uniformidad en la prestación de los servicios públicos en todo el territorio de un Estado, el método de la separación de fuentes ha perdido terreno. Actualmente, donde se aplica, lo es siempre en unión de otros procedimientos que tienden a corregir las injusticias a las cuales pueda dar origen.

El mismo inconveniente del método de la separación de fuentes se encuentra en el método de la participación cuando se aplica según el sistema del recargo impositivo o según el sistema de la distribución con arreglo a la recaudación de las diferentes circunscripciones. También en este caso las zonas ricas tienen ingresos más fáciles; las zonas pobres tienen ingresos más restringidos. El inconveniente se evita, por lo menos en parte, distribuyendo según la población u otros índices similares; pero este método cuanto mejor lograr cubrir las necesidades de los entes locales aislados, tanto más atenúa la autonomía financiera y el sentido de responsabilidad. En efecto, esto asegura en todo caso, la cobertura de los gastos de determinados servicios, independientemente de la importancia que se dé a estos gastos en cada localidad y de la eficiencia y economicidad de las administraciones locales.

Esta atenuación de la autonomía financiera local es un defecto común a los subsidios distribuidos por el gobierno central de forma diferente al reparto entre los entes locales de la recaudación de los impuestos centrales.

Limitaciones de los sistemas financieros de entidades locales

La dificultad de encontrar sistemas de financiación de las entidades locales que satisfagan las exigencias de perecuación y las de autonomía, es una de las razones por las cuales la importancia de la hacienda local declina respecto a la hacienda de los gobiernos centrales. Este ocaso ha sido general a partir del período entre las dos guerras, y tiene otros factores importantes, como el final del predominio político de los clanes, ligados a la tierra o a un círculo de intereses fuertemente localizados; la expansión de las intervenciones económicas del Estado, que acentúa la exigencia de una coordinación de la actividad financiera entre los entes de diferente categoría (exigencia resuelta hasta ahora según la vía de menor resistencia ofrecida por ana extensión relativa de la actividad del poder central); la mayor economicidad que puede tener en las condiciones actuales la prestación de los servicios públicos fundamentales si se confían a grandes unidades administrativas en lugar de a unidades más pequeñas que no podrían prescindir de una organización burocrática compleja; la exigencia, que se hace sentir más vivamente que en el pasado, de una mayor igualdad entre las diferentes zonas de un mismo país respecto a la presión tributaria y los beneficios de los servicios públicos (mayor igualdad que es difícilmente verificable en un régimen de amplia autonomía financiera de los entes locales, por lo menos donde existan zonas de profunda desigualdad de condiciones económicas y sociales); en fin, la evolución técnica de los sistemas tributarios modernos, que juega en el sentido de disminuir la esfera de la materia imponible afecta a la imposición local (desarrollo de los impuestos personales en menoscabo de los impuestos reales, y de los impuestos generales sobre el intercambio en menosprecio de los impuestos tradicionales sobre el consumo).

Adaptado por el autor de: Sergio Steve en Economía Política por Claudio Napoleoni (1988)

(2005) Sitio web del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT). Conectado a Internet haga clic aquí para mayor información y actualizaciones sobre el sistema tributario venezolano.

CAPITULO VII

RENTA NACIONAL

CONCEPTO DE RENTA NACIONAL.

Renta nacional es el conjunto de bienes y servicios producidos por una cierta colectividad en un período dado de tiempo, deducidos los bienes y servicios necesarios para la reposición del patrimonio existente al comenzar el intervalo considerado. Más brevemente, la renta nacional es el flujo neto de bienes y servicios producidos en determinado período de tiempo. La expresión neto indica que la renta no es igual a la suma de todos los bienes y servicios producidos, esto es, al valor de la producción bruta anual, sino que está dada por dicho valor deducidos los reempleos y la depreciación sufrida por el patrimonio en el período considerado.

Esto enunciado, queda sin embargo por definir qué bienes y servicios se computan en la renta y qué debe entenderse por «reposición del patrimonio».

En los análisis estadísticos se consideran generalmente todos los bienes materiales producidos y solamente aquellos servicios que son objeto de cambio, quedando, pues, excluidos todos los servicios prestados en el ámbito individual o familiar, así como la casi totalidad de los que provienen del uso de bienes duraderos de consumo.

Se comprende fácilmente que estas exclusiones revisten no poca importancia y son de tal entidad que quitan a las valoraciones de la renta nacional, y a las comparaciones espaciales o intertemporales que se realizan sobre dicha base, todo significado no sólo como índices del «bienestar económico» de una cierta colectividad, sino, además, como índices de la potencialidad productiva total de bienes y servicios.

En definitiva, las valoraciones de la renta nacional, tal y como se hacen generalmente, dependen del tipo de organización económica de la colectividad considerada, y las comparaciones que se quisiesen hacer sobre esa base serían válidas solamente dentro de los límites según los que pueda considerarse inmutable ese tipo de organización económica. Análogas dificultades, y algunas más, surgen cuando se trate de definir qué deba entenderse por «reposición» del patrimonio existente al comienzo del intervalo estudiado.

Si se incluyen en el patrimonio no sólo los bienes materiales e inmateriales externos al hombre, sino los llamados capitales personales, seria necesario deducir también de la renta cuanto es preciso para compensar el desgaste de la fuerza laboral, es decir, el mínimo de subsistencia de la población y los servicios necesarios (instrucción, etc.) para el mantenimiento de las capacidades personales.

En un sentido todavía más amplio, puesto que es la capacidad de crear rentas futuras la que determina económicamente el valor del patrimonio en un momento dado, sería preciso considerar dicho elemento (comprensivo de todos los bienes materiales e inmateriales, de los capitales personales y de la organización económica de la producción) para valorar el patrimonio existente al principio y al final del intervalo, para poder deducir de la renta bruta la cuota ideal necesaria para mantener inmutable el patrimonio.

VALORACIÓN ESTADÍSTICA

En seguida se observa que aunque es posible expresar la definición en forma conceptualmente correcta, no es, sin embargo, posible intentar, ni aproximadamente, la valoración estadística correspondiente. Las estimaciones estadísticas relativas a la «reposición» del patrimonio se limitan, por consiguiente, a considerar la inmutabilidad de éste en una acepción muy limitada.

En primer lugar, el patrimonio se considera refiriéndolo únicamente a los bienes materiales, quedando excluidos no sólo los llamados capitales personales, sino, por la dificultad de su análisis, también los bienes inmateriales.

En segundo lugar, la inmutabilidad del patrimonio de los bienes materiales no se toma en sentido absoluto, sino solamente como reintegración de la depreciación sufrida por aquellos en el proceso productivo, excluyéndose, pues, las eventuales variaciones del patrimonio debidas a causas de fuerza mayor y guerra y, además, las que provienen de motivos económicos de orden general (obsolescencia, etc.).

Hay que subrayar que adoptando la condición del mantenimiento del capital como reposición de la depreciación normal por desgaste o vejez, llega a identificarse la renta nacional con la «producción neta», mientras que la condición básica de la inmutabilidad del capital a fines de la determinación de la renta llevaría lógicamente a tener en cuenta no sólo las variaciones derivadas de la producción, sino, además, muchas otras variaciones que no tienen nada que ver con la producción y que pueden, sin embargo, influir de forma importante en la continuidad del flujo de bienes y servicios que es el fundamento del concepto de renta.

Como ya se ha dicho, las dificultades que supone las investigación estadística concreta han llevado en la práctica a usar, en orden a la valoración de la renta nacional, un concepto al que debe llamarse más propiamente de «producción nacional neta» y que coincide, en la práctica y con una cierta aproximación, con aquélla sólo en períodos normales.

La eventual consideración de los capitales personales y del desgaste de las fuerzas del trabajo exige otros razonamientos. Hemos dicho que el flujo de la renta es neto porque se estima descontando los reempleos, esto es, los bienes y servicios consumidos en el proceso productivo. Desde este punto de vista se plantea entonces el problema de fijar la frontera entre los consumos directos y los productivos.

Con la inclusión de los capitales personales se llegaría a considerar como consumos productivos todos los consumos necesarios para mantener la eficiencia de la población productiva, de la misma forma en que se consideran productivos (y se detraen, por lo tanto) los consumos de bienes y servicios para el mantenimiento del capital fijo. Independientemente de la dificultad de trazar un límite entre los consumos necesarios y otras categorías de consumo, por este camino se llegaría a no tomar como consumos directos y finales gran parte de los consumos humanos que se incluyen en el concepto normal de consumo.

Parece mejor, por consiguiente, considerar consumo y, por lo tanto, renta, toda utilidad absorbida por el hombre con la sola exclusión de aquellos consumos estrictamente dependientes de la actividad productiva a los que en el lenguaje corriente (incluso a fines fiscales) se toma como gastos productivos.

La renta, en cuanto flujo neto de bienes y servicios, es renta real formada por el conjunto de cosas consumidas más o menos la inversión o desinversión real. Se expresa en términos monetarios sobre la base de los precios corrientes para las diversas categorías de bienes y servicios únicamente por la necesidad de usar una medida común que permita totalizar magnitudes heterogéneas.

Con ello se introducen relaciones de equivalencia entre los diferentes bienes, relaciones constituidas por las proporciones existentes entre sus precios en un período determinado. Y al variar en el tiempo las proporciones entre los precios, se modifican las relaciones de equivalencia entre los distintos bienes, sin que pueda hallarse un principio aceptable sobre el cual establecer qué relaciones de equivalencia se consideran más significativas para expresar el flujo real de bienes y servicios en una unidad de medida que permita las comparaciones espaciales y temporales capaces de determinar en forma unívoca las variaciones de la renta real.

En rigor, con referencia a un tiempo base t0 y al t1, sólo podrá decirse que cuando las cantidades físicas de cada uno de los bienes y servicios sean todas en t, mayores que en t0, la renta real habrá aumentado ciertamente, al menos en la magnitud del menor (y como máximo del mayor) de los porcentajes de aumento físico de cada uno de los bienes y servicios. Cualquier otra afirmación basada en la utilización de números índices globales o compuestos requiere un convenio que comporta siempre un grado de arbitrariedad de imposible eliminación.

LOS COMPONENTES DE LA RENTA NACIONAL.

La evolución de los estudios e investigaciones estadísticas sobre la renta nacional ha comportado una creciente precisión del contenido y significado de dichas investigaciones que, con el título genérico de «estadísticas sobre la renta nacional», incluyen hoy numerosos agregados cada uno de los cuales tiene un significado específico y, por consiguiente, también una específica utilización.

Siguiendo la terminología anglosajona usada generalmente en la literatura internacional, exponemos a continuación el significado y contenido de las magnitudes globales de uso más frecuente.

Según una primera acepción, de percepción inmediata, la renta nacional es la suma de todas las rentas personales obtenidas por las personas que forman parte de una cierta colectividad. Será, por consiguiente, la suma de los sueldos y salarios, beneficios, intereses, dividendos y rentas y cualquiera otra suma percibida por cualquier concepto como las pensiones, subsidios de paro y cantidades obtenidas adicionalmente sobre los sueldos y salarios a título de seguros o asistencia social.

Si al total de rentas personales se suman también los beneficios no distribuidos por las sociedades, se obtiene el total de rentas «privadas».

Hay que señalar que el total de rentas privadas no coincide con el total de rentas provenientes de la producción de bienes y servicios, ya que incluye las «transferencias de renta», a las que más propiamente podría llamarse «transferencias de poder adquisitivo»; son éstas las transferencias efectuadas por el Estado o los entes públicos a favor de determinadas clases y están constituidas por pagos de pensiones u otras formas de seguridad o asistencia social.

Restando a las rentas privadas todas las transferencias de renta se obtiene el total de rentas percibidas por el sector privado por la producción de bienes y servicios, esto es, todas las rentas que han afluido a los factores de la producción empleados en el período considerado, como remuneración por sus servicios.

Sumando a este conjunto de rentas las rentas eventuales derivadas dc los bienes propiedad del Estado o de otros organismos públicos se obtiene la llamada renta nacional neta al costo de los factores, es decir, la renta nacional valorada según el costo de los factores que han intervenido en forma directa en la producción. La renta nacional al costo de los factores se valora, por lo tanto, incluyendo los impuestos directos que gravan las rentas, pero deduciendo los impuestos indirectos, impuestos que están incluidos en el precio pagado por los consumidores, pero no en el ingreso de los productores, y que no son, por lo tanto, remuneración de los factores de la producción utilizados en un determinado sector de actividad.

Si se quiere valorar la renta nacional no al costo de los factores, sino a los precios de mercado, es decir, si se quiere estimar a los precios de mercado el valor del flujo neto de bienes y servicios producidos, es preciso añadir al total anterior la cuantía de los impuestos indirectos. Al existir también «subsidios» del Estado a las empresas, subsidios que hacen la remuneración de los factores de la producción mayor de la que hubiera resultado sobre la base de las cantidades pagadas por los consumidores, será también preciso detraer estos subsidios.

Más brevemente: para obtener la renta nacional a precios de mercado es necesario añadir a la renta nacional al costo de los factores la magnitud de los impuestos indirectos deduciendo los subsidios.

Si a la renta neta a los precios de mercado así determinada se añade la amortización, los bienes y servicios utilizados para mantener intacto el patrimonio ya existente, se llega a un total más general definido como «renta nacional bruta» o «producto nacional bruto».

Hasta ahora, para no alargar la exposición, no se han mencionado todavía las relaciones económicas con el exterior; pero se sobreentiende que todos los totales mencionados han de incluir también la renta neta del exterior, el saldo (positivo o negativo) por intereses, dividendos y otros tipos de ingresos (como las remesas de los emigrantes) provenientes del exterior.

Pero las relaciones con el exterior intervienen también en otro sentido en las estadísticas sobre la renta nacional, en cuanto el total de bienes y servicios producidos en el interior —el «producto nacional bruto»— no corresponde al de los bienes y servicios utilizados dentro del país, puesto que, para ello, es preciso tener también en cuenta los bienes y servicios importados y los exportados.

Añadiendo al producto nacional bruto la magnitud de los bienes y servicios importados, se tiene el total de recursos disponibles tanto para el interior del país como para la exportación. Restando, en fin, las exportaciones de bienes y servicios, se obtendrá el total de recursos disponibles en el interior. En otras palabras: el total de recursos disponibles en el interior es igual al producto nacional bruto, más o menos el déficit o el superávit de las partidas corrientes de la balanza de pagos.

Obsérvese que si bien las relaciones económicas internacionales modifican la cuantía de los recursos disponibles en el interior durante el período considerado, no tienen, sin embargo, evidentemente, la menor influencia sobre el producto nacional bruto, porque al eventual exceso o déficit de los recursos disponibles respecto a los bienes y servicios producidos en el interior se opone una correlativa posición deudora o acreedora hacia el exterior en las partidas de la balanza de pagos relativas a los movimientos de capital.

Hay que señalar, además, que las rentas netas provenientes del exterior y ya incluidas eventualmente en el producto nacional bruto, concurren en la cobertura del déficit de la balanza corriente de pagos y, por lo tanto, si se dispone del producto nacional bruto comprensivo ya de tales partidas, será preciso añadir, para llegar al total de recursos disponibles, no la totalidad del déficit de la balanza de las partidas corrientes, sino este mismo déficit deduciendo de él las rentas netas del exterior, ya incluidas con anterioridad.

Cuanto hemos expuesto hasta ahora puede resumirse esquemáticamente en la forma que se presenta en la tabla VII-1:

TABLA VII-1

COMPONENTES DE LA RENTA NACIONAL

Rentas personales.

+ Beneficios no distribuidos.

Rentas privadas.

— Transferencias de rentas.

+ Rentas del Estado y de otros organismos públicos.

Producto nacional neto al costó de los factores.

+ Impuestos indirectos (deducidos los subsidios).

Producto nacional neto a los precios de mercado.

+ Amortización.

Producto nacional bruto (a los precios de mercado).

+ Rentas netas del exterior.

Renta nacional bruta (a los precios de mercado).

+ Importación de bienes y servicios.

— Exportación de bienes y servicios.

Total de recursos disponibles en el interior.

La precedente exposición tiene como objetivo fundamental poner en evidencia los nexos existentes entre los principales agregados relativos a la renta nacional, y se ha efectuado adoptando como punto de partida aquel total que se ha considerado de más inmediata percepción, el total de las rentas personales.

Pero hay que añadir en seguida que la renta nacional puede interpretarse directamente de tres formas diferentes, cada una de las cuales corresponde a uno de los distintos aspectos bajo los que puede ser considerada. Esta puede interpretarse:

• Como suma de rentas netas añadidas por las distintas formas de actividad productiva más la renta neta derivada de las relaciones con el exterior.
• Como suma de rentas obtenidas por los diversos factores productivos: salarios y sueldos, intereses, beneficios, rentas.
• Como gasto nacional neto, es decir, corno suma de los consumos finales de bienes servicios por parte de los consumidores privados y los organismos públicos, más la formación neta de capital en el interior y el movimiento patrimonial en las relaciones exteriores.

Con el método a), al que podemos llamar de lvalor añadido (comúnmente conocido como método del valor agregado) llega en forma directa a la valoración de la renta nacional al costo de los factores; con el método b), llamado de las «clases de renta», se valora directamente el total de las rentas personales o el total de las rentas producidas; con el método c), llamado del «producto final», se consigue la valoración directa del producto nacional bruto a precios de mercado. Pero siempre es posible introducir en uno cualquiera de los totales las variaciones conceptuales necesarias para transformarlo en aquel otro total que se quiera eventualmente considerar.

La renta nacional, interpretada como suma de las rentas netas de las diversas formas de actividad productiva, se articulará, por ejemplo, como suma de rentas productivas por las siguientes actividades: agricultura, industrias extractivas, servicios públicos, industrias manufactureras, construcción, transportes y comunicaciones, comercio, banca y seguros, servicios del Gobierno, otros servicios, y rentas netas del exterior.

La renta nacional como gasto nacional en consumo final se estructura, por el contrario, de la siguiente forma:

1) Gastos de los consumidores en bienes y servicios.

2) Gastos corrientes del Gobierno por los mismos conceptos.

3) Formación bruta de capital en el interior.

• Inversiones privadas.

• Inversiones públicas.

4) Inversión o desinversión en relación con el exterior

El total de estas partidas proporcionará directamente el producto nacional bruto ( o producto interno bruto) a los precios de mercado; de este total, corno ya hemos visto, se obtiene, sustrayendo la amortización y los impuestos indirectos (deducidos los subsidios), la renta nacional al costo de los factores.

Más recientemente el desarrollo de la contabilidad nacional ha permitido considerar desde otros punto de vista los elementos constitutivos de la renta nacional. Sin anticipar lo que después diremos sobre este punto, consideramos oportuno una breve ilustración que permitirá aclarar el contenido de las valoraciones de la renta nacional italiana.

Se adopta como punto de partida el ingreso bruto de una empresa productiva, consistente en la magnitud de los precios de mercado pagados por los consumidores, multiplicada por los bienes y servicios vendidos por ella. De este ingreso bruto es preciso de traer después el costo de los bienes y servicios a otras empresas, y la diferencia podrá ser distribuida entre los diversos factores que han concurrido a la producción.

Estado de ganancias y pérdidas (resultados) de una empresa cualquiera (suponiendo para simplificar, que no se ha producido en el intervalo considerado ninguna variación en los stocks) puede resumirse como se muestra en la tabla VII-2.

TABLA VII-2

EMPRESA A

ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS

DEL 1º DE ENERO 31 DE DICIEMBRE DEL 200X

NOTA: Adaptado de Napoleón. Diccionario de Economía política. 1988

En este ejemplo, si del total de ingresos brutos deducimos el costo de los bienes y servicios comprados (incluimos los intereses), obtenemos lo que se define como «valor añadido» por la empresa A al valor de los bienes y servicios adquiridos del exterior.

Si pasamos ahora a considerar todas las empresas productivas de la nación como una sola empresa, la cuenta consolidada de esta empresa («consolidada» en el sentido de que se han eliminado todas las duplicaciones derivadas de los bienes y servicios que cada empresa aislada compra de las demás), a la que puede llamarse «sector productivo privados, se presentará como se muestra en la tabla VII-3.

TABLA VII-3

SECTOR PRODUCTIVO PRIVADO

RESUMEN DE INGRESOS Y COSTOS

DESDE EL 1º ENERO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 200X

NOTA: Adaptado de Napoleoni. Diccionario de Economía política. 1988

En definitiva, del lado de los ingresos quedan solamente las ventas efectuadas fuera del sector productivo (uso final y administración pública), ya que todas las que se verifiquen a otras empresas productivas constituyen, para estas últimas, los costos de los bienes. y servicios adquiridos, costos que forman el ingreso bruto, esto es, la magnitud de las ventas de los bienes y servicios de dichas empresas.

Así, por ejemplo, en la hipótesis de que existen solamente dos empresas, una de las cuales produzca hilados de lana y la otra el tejido, las cuentas individuales y la cuenta conjunta consolidada serían como se muestra en las tablas VII-4, VII-5 y VII-6i:

TABLA VII-4

EMPRESA A

RESUMEN DE INGRESOS Y COSTOS

DESDE EL 1º ENERO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 200X

(En millones de US $)

NOTA: Adaptado de Napoleoni. Diccionario de Economía política. 1988

TABLA VII-5

EMPRESA B

RESUMEN DE INGRESOS Y COSTOS

DESDE EL 1º ENERO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 200X

(En millones de US $)

NOTA: Adaptado de Napoleoni. Diccionario de Economía política. 1988

TABLA VII-6

EMPRESA A + B

RESUMEN DE INGRESOS Y COSTOS CONSOLIDADO

DESDE EL 1º ENERO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 200X

(En millones de US $)

NOTA: Adaptado de Napoleoni. Diccionario de Economía política. 1988

En el ejemplo expuesto, figura aun en el sector de los costos la partida bienes y servicios adquiridos del exterior, pero se entiende que, incluyendo a la totalidad de las empresas productivas, todos los costos se configuran como «valores añadidos» y su suma es igual al valor de los bienes y servicios vendidos en el exterior del sistema productivo privado.

Con referencia a la valoración de la renta nacional italiana para el año 1952, el «valor añadido» por el sector productivo privado, obtenido como suma de los valores añadidos de las grandes ramas de actividad productiva (agricultura, industria, comercio, etc.), ha resultado igual a 8.081 miles de millones. Obsérvese que en la presentación de los datos parciales que forman este total, existe en las estadísticas italiana una partida denominada «diferencia por duplicaciones» (206 miles de millones) que se debe a la circunstancia de que en el valor agregado de cada sector de actividad productiva están incluidas también las cargas por intereses sobre los capitales tomados a préstamo, cargas que constituyen una duplicación cuando al considerar la totalidad del sistema productivo privado se incluye también el «valor añadido» de los servicios prestados por el sistema bancario. (En rigor, las cargas por intereses, al representar también el costo de un servicio adquirido por la empresa, deben excluirse desde el primer momento del valor añadido, pero puesto que es difícil cifrarlas estadísticamente, sector por sector, se elimina la duplicación sobre el total global).

La administración pública se estudia de la misma forma que el sector productivo privado en el sentido de que también ella proporciona bienes y servicios, los compra del exterior y con su actividad origina la formación de un valor añadido. Sólo que al faltar un precio de mercado los bienes y servicios se valoran al costo.

La contabilidad de la administración pública puede ilustrarse como sigue (tabla VII-7):

TABLA VII-7

ADMINISTRACION PUBLICA

NOTA: Adaptado de Napoleoni. Diccionario de Economía política. 1988

El producto neto se define como el valor agregado deducidas las amortizaciones. Es, por lo tanto, igual a los ingresos brutos menos el valor de los bienes y servicios comprados del exterior y menos las amortizaciones. Es, asimismo, igual al total de las partidas indicadas con los números 2, 4, 5 y 6 en la tabla VII-2.

Sobre la base del análisis italiano para el año 1952, los datos relativos al sector productivo privado y a la administración pública pueden exponerse en la siguiente forma siguiendo el esquema que se exhibe en la tabla VII-8.

TABLA VII-8

SECTOR PRODUCTIVO PRIVADO

DESDE EL 1º ENERO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 200X

(En millones de US $)

NOTA: Adaptado de Napoleoni. Diccionario de Economía política. 1988

En cuanto se refiere a la administración pública, el valor de los bienes y servicios prestados por ella se diversifica en bienes y servicios para usos finales y bienes y servicios proporcionados al sector productivo privado (se trata de los servicios de la administración pública, que se consideran directamente útiles para la producción y cuya utilidad queda incorporada al valor de los bienes y servicios proporcionados por el sector productivo privado a los precios de mercado).

TABLA VII-9

ADMINISTRACION PUBLICA

DESDE EL 1º ENERO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 200X

(En millones de US $)

NOTA: Adaptado de Napoleoni. Diccionario de Economía política. 1988

Se entiende que, para obtener el producto nacional neto a los precios de mercado, será necesario sumar, por una parte, el producto neto del sector privado y el de la administración pública, y por otra, el valor de todos los bienes destinados a usos finales (en la expresión «usos finales» se incluyen tanto los consumos finales como las inversiones netas).