CAPÍTULO SEGUNDO
LA CORRUPCIÓN EN EL PERÚ
Para entender la presencia de actos corruptos a lo largo de toda la historia de la república peruana, hay que tomar en cuenta el contexto del fracaso en el cambio del modelo colonial de dominación patrimonial burocrático, al esquivo modelo republicano y moderno de dominación burocrático-racional. Tal fracaso se tradujo en vacíos institucionales que permitieron la reproducción soterrada de vicios culturales o en el solapamiento de acciones antes consideradas normales y ahora tipificadas oficialmente como corruptas.
2.1. SIGLO XIX.
2.1.1. – La Época de la Independencia
El primero se refiere a las guerras de la independencia. Estas fueron financiadas, de una parte, por capitales extranjeros, principalmente ingleses y, de otra parte, por la confiscación de bienes y la imposición de contribuciones pecuniarias a determinados sectores de la población. Al finalizar estas guerras, el nuevo gobierno republicano tuvo que reconocer como deuda nacional interna, el valor de los bienes expropiados por el ejército libertador.
Para cumplir con esta obligación, el gobierno recurrió sea a los créditos extranjeros, sea a los beneficios producidos por las riquezas naturales del país. En el primer caso, la deuda interna se transformó en deuda externa; mientras que en el segundo, implicó una distribución indebida del patrimonio de la nación.
En el plano económico, la deuda interna se pagó mediante la instauración de un proceso tendiente a la creación de capitales nacionales a fin de promover la industria, la agricultura y el comercio. En realidad, el reconocimiento y pago de la deuda interna, constituyeron un caso escandaloso de corrupción: la existencia de acreencias y su monto no fueron objeto de un control mínimo. El Estado fue de este modo engañado; se le defraudó con la participación interesada de sus propios órganos.
2.1.2.- La Explotación del Guano
El segundo ejemplo concierne a la explotación del guano. Durante la segunda mitad del siglo XIX, esta riqueza natural era explotada por un sistema de concesiones que el Estado otorgaba a los particulares. El favoritismo, la influencia política, los vínculos de parentesco (nepotismo) eran los criterios decisivos para obtener el derecho de explotar y exportar guano. Estos privilegios eran dispensados y distribuidos ilegalmente por los políticos que se sucedían en el gobierno.
Esta riqueza no fue en consecuencia utilizada para desarrollar la industria, la agricultura o el comercio. Así, una clase minoritaria se enriqueció en detrimento de la mayoría de la población. Después de la dilapidación de estariqueza, el país se sumió nuevamente en la pobreza.
2.2.- EL SIGLO XX
2.2.1.- La Corrupción del sector Pesquero
En los años 70, gracias a la corriente marítima de Humboldt, rica en plancton, el mar peruano contenía una gran riqueza pesquera. La pesca y la fabricación de la harina de pescado se convirtieron en una gran industria. El Perú llegó a ser el primer productor a nivel mundial. Los industriales nacionales y extranjeros se enriquecieron enormemente y el Estado peruano obtuvo grandes ingresos.
Estos fueron dilapidados por el Estado como si se tratara de un patrimonio inagotable. Dichos recursos sirvieron para conceder ventajas, para satisfacer a los seguidores, para contentar a los militares. Sin embargo, la pesca industrial al no respetar el ciclo de reproducción de los peces determinó la extinción tanto de éstos como de la industria de la harina de pescado. Por lo demás, el fin de este periodo estuvo marcado por el asesinato del pionero de esta industria, lo que provocó un escándalo político y financiero.
2.2.2. Corrupción Institucionalizada del trafico de Drogas
La corrupción institucionalizada resulta también del tráfico de drogas en razón a que el Perú es no solamente uno de los primeros productores de la hoja de coca sino también donde se elabora la pasta básica de cocaína. El poder económico de esta actividad ilícita permite a los traficantes adquirir una influencia política significativa a todos los niveles del Estado y de la organización social. Ministros y altos funcionarios de la policía han estado directamente implicados en el tráfico o en la protección de la red de traficantes.
Esta infiltración en todos los engranajes de la sociedad hace que no sea posible distinguir la riqueza proveniente de una actividad legal o del tráfico de drogas. El funcionamiento de la economía se ve completamente distorsionado por el flujo de dinero sucio producido por el tráfico de drogas, al punto de condicionar la política económica de todo gobierno.
Esta situación se puso en evidencia cuando la mafia colombiana asesinó al Ministro colombiano de Justicia, hecho que dio lugar a que el gobierno colombiano intensificara la guerra contra el tráfico de drogas. Con este objeto, se cerraron la frontera peruana con Colombia y se bloquearon las pistas de aterrizaje clandestinas. Esto generó un cese del flujo de dólares colombianos provenientes del tráfico de drogas en el mercado peruano y, en consecuencia, la subida del curso del dólar y la devaluación de la moneda nacional. Frente a este fenómeno y, tal vez, para tranquilizar el país, el Presidente de la República de aquel entonces declaró que la crisis monetaria cesaría cuando volvieran a ingresar al país dólares de Colombia.
En cierto modo, el mismo Estado admitía el lavado del dinero sucio mediante el tráfico de divisas. El funcionamiento del mercado paralelo de divisas se explica, fuera de las causas económicas, por la corrupción de funcionarios, de jueces, de la policía y de los agentes económicos (bancos, agencias de cambio), etc.
2.2.3.- Estado y Corrupción
La corrupción, como todo fenómeno social, no puede ser comprendido sin considerar la perspectiva histórica. En particular, el origen y la evolución del Estado.
El Estado colonial era un Estado corporativo. Su organización política estaba sustentada en el principio que el Rey otorgaba a sus vasallos españoles el poder de administrar el patrimonio conquistado. La conquista de tierras era ratificada por la conclusión de una "capitulación". Por este acto formal, el Rey otorgaba a los conquistadores el poder de tomar posesión, en nombre de la Corona, de las nuevas tierras y de las personas que las habitaban, de incorporarlas a los dominios del Rey a cambio del privilegio de explotarlas. Estas ventajas eran concedidas por el Rey en contrapartida a los servicios que el beneficiario le había rendido o había prometido rendirle en el futuro. Este debía entregarle al Rey los tributos y ser leal a la Corona. Así, una relación de tipo señor-vasallo se constituyó entre el Rey y los vasallos, la misma que se reproducía en todos los niveles de la jerarquía social.
En efecto, en el marco de esta relación de orden patrimonial, el acceso a todo recurso económico debía ser objeto de un pedido ante una autoridad que tenía el poder de concederlo. Esta concesión era considerada como un favor que debía ser compensado por un servicio de orden personal.
Los funcionarios reales eran convertidos en cuasi propietarios de los bienes que administraban en favor del Rey. El Clero, los miembros de la Inquisición y del Tribunal de comercio colonial, los poseedores de minas, los propietarios de inmuebles, los corregidores, consideraban que sus obligaciones públicas eran en
realidad derechos privados.
Esta organización del Estado colonial fue el resultado de una larga evolución. Desde el comienzo de la conquista, la Corona buscó delimitar y controlar el poder de los conquistadores que se repartían el botín de la guerra, constituido no sólo por el oro y la plata, sino sobre todo por la tierra de los indios. Los conquistadores se convirtieron en señores feudales. Tenían cierta autonomía con relación a la Corona y un poder absoluto sobre los indios. Constituían un grupo social sólido. De esta manera una sociedad caracterizada por una relación señor-vasallo de honor y aristocracia se reproduce. Pero la armonía aparente que reinaba entre los conquistadores fue destruida por las guerras civiles, motivadas por la lucha por el poder y los privilegios.
Dicho estado de cosas decidió a la Corona a organizar un poder central representativo de sus intereses y por encima del de los encomenderos. Esta empresa culminó con la fundación del Virreinato del Perú: el poder de los conquistadores-encomenderos fue reemplazado por el del Virrey y los funcionarios.
El poder colonial se consolidó sobre la base de una administración centralizada y jerarquizada Los encomenderos devinieron "corregidores" de los indios, encargados de administrar justicia y de representar al virrey en sus jurisdicciones. En tanto que rentistas, los encomenderos orientaron sus actividades hacia la agricultura, las minas y el comercio.
La implantación de la burocracia colonial se explica por la fuerte inmigración de españoles. Cada nuevo Virrey que desembarcaba era acompañado por un grupo numeroso de españoles a la búsqueda de una "encomienda", de un cargo en la administración u otros privilegios. A medida que la Corona monopolizaba el poder y las riquezas (tierras, minas, etc.) se trasformaba en distribuidora principal de privilegios y cargos honoríficos. El prestigio social consistía entonces en poseer un puesto en la administración.
Sin embargo, a pesar de la centralización de la administración colonial, los funcionarios locales, los comerciantes ricos, los eclesiásticos, los grandes propietarios de tierras resistían. En efecto, ellos impedían frecuentemente la aplicación de los decretos, ordenanzas y leyes dictadas por la Corona. Compartían con la burocracia colonial las ventajas del principio según el cual la ley se acata pero no se cumple.
Por ejemplo, los corregidores, los administradores, los notarios quedaban fuera de las leyes que limitaban sus derechos; se consideraban, por tanto, propietarios por el hecho que habían comprado sus cargos. De esta manera, los diversos grupos detentadores del poder, frecuentemente con intereses opuestos, provocaron la privatización del gobierno y la formación de sectores oligárquicos. Estos aceptaban su situación con relación a la monarquía, pero disputaban permanentemente el poder con la administración central mediante el mantenimiento constante de una corrupción generalizada.
En resumen, la estructura política colonial, por su carácter corporativo y discriminatorio, provocó una divergencia de intereses sociales e impidió la formación de una identidad nacional.
A fines del siglo XVIII, según Julio Cotler, el Arzobispo de Michoacán Manuel Abad y Quipó -después de haber señalado que la sociedad colonial estaba formada por españoles bastante ricos e indios, negros y mestizos bastante pobres- afirmó: "Por consiguiente resulta entre ellos y la primera clase aquella oposición de intereses y de afectos que es regular entre los que nada tienen y los que lo tienen todo, entre los dependientes y los señores. La envidia, el robo, el mal servicio de parte de unos; el desprecio, la usura, la dureza, de parte de los otros.
Estas resultas son comunes hasta cierto punto, en todo el mundo. Pero en América suben a muy alto grado, porque no hay graduaciones; son todos ricos o miserables, nobles o infames …En este estado de cosas ¿qué intereses pueden unir a estas dos clases con la primera y a todas tres con las leyes y el gobierno?
La primera clase tiene el mayor interés en la observancia de las leyes que le aseguran y protegen su vida, su honor y su hacienda o sus riquezas contra los insultos de la envidia y los asaltos de la miseria. Pero las otras dos clases, que no tienen ni bienes ni honor ni motivo alguno de envidia para que otro ataque su vida y su persona ¿qué aprecio harán ellas de las leyes que sólo sirven para medir las penas de sus delitos? ¿Qué afección, qué benevolencia pueden tener a los ministros de la ley que sólo ejercen su autoridad para destinarlos a la cárcel, a la picota, al presidio o a la horca? ¿Qué vínculos pueden estrechar a estas clases con el gobierno, cuya protección benéfica no son capaces de comprender? ».
Una vez instalada la República, la deterioración del orden patrimonial de la Colonia provocó la pérdida de la legitimidad política del grupo social dominante y la destrucción del aparato de producción. Esto reforzó a los grupos de poder local y regional frente al poder central "nacional" bastante débil.
En este contexto, los jefes militares rodeados por pequeños grupos de partidarios ocuparon el primero plano de la escena política. Era suficiente tener un poco de dinero para organizar un grupo armado y hacerse del poder. A lo largo del siglo XIX, se establece un vínculo estrecho entre los grupos oligárquicos y las fuerzas militares. Este fenómeno determinó el perfil político y económico de la nueva República.
La desaparición de la burocracia colonial, la partida de los españoles y la eliminación de los criollos, partidarios de la Corona, dieron lugar al ascenso de las clases medias al poder. El desempleo debido a la parálisis del sector productivo empujó a los sectores pobres a buscar en la actividad militar y política la solución a sus problemas personales. Sus miembros se transformaron en soldados, funcionarios o ideólogos al servicio del caudillo militar en el poder. Desde allí podían obtener ventajas y escalar en la jerarquía social. Al mismo tiempo, los jefes militares buscaron acercarse a la población para ampliar su poder y su base social. Así se reconstituye la relación « señor-vasallo», que era propio del sistema colonial, en tanto base política de la organización social de la República en formación.
Así, el Estado republicano se convierte, igualmente, en un Estado patrimonial basado en la relación personal entre el señor y sus vasallos, entre el Presidente o dictador y los ciudadanos. El tesoro público era administrado y distribuido como un patrimonio personal. Los beneficiarios recibían estas ventajas en pago de los servicios personales que realizaban en favor de quien detentaba el poder. Uno de los objetivos del nuevo Estado peruano fue la reestructuración de los diversos grupos sociales. Esta orientación se evidenció en la voluntad política de constituir un Estado para todos los peruanos. En realidad, los grupos dominantes, social y económicamente, han utilizado el Estado para realizar una política paternalista caracterizada por la distribución de ventajas pecuniarias, sinecuras y privilegios.
La mayor parte de la riqueza producida u obtenida por el país ha alimentado las arcas de los grupos sociales dominantes. La población en su mayoría no ha recibido más que servicios sociales elementales (sanidad, educación), mediante un sistema burocrático que se ha visiblemente deteriorado. En razón de la crisis económica y política, el Estado no cumplió satisfactoriamente su función tradicional, sobre todo con respecto a los sectores sociales menos favorecidos. No sorprende, en consecuencia, que la mayor parte del pueblo haya considerado al Estado como una entidad que le es hostil o simplemente enemiga.
El Estado es percibido como un botín que es de conquistar y aprovechar. Para los grupos dominantes se trata de continuar gozando de las ventajas que representa controlar el Estado y para las otras clases sociales de utilizar al Estado en su lucha cotidiana por la supervivencia. Una mentalidad utilitaria e inmoral se ha desarrollado, los comportamientos son valorados positivamente en la medida que sean idóneos para alcanzar una ventaja, un privilegio o un provecho cualquiera prescindiendo de las normas sociales o jurídicas. La emancipación no ha constituido, por ende, una ruptura real y profunda con el sistema colonial.
2.4.- . SITUACIÓN ACTUAL
Ante la imposibilidad de describir, aun de manera esquemática, la amplitud e intensidad, actuales, de la corrupción en la sociedad y Estado peruanos, nos limitaremos a señalar algunos de sus aspectos. Respecto a la administración pública y en razón al origen y evolución del aparato estatal, no sorprende que los empleados y funcionarios públicos sean considerados como personas incapaces de solucionar los problemas nacionales y que actúan frecuentemente motivados por la obtención de beneficios indebidos. Los ejemplos de corrupción en la administración pública son numerosos. Tienen relación con el funcionamiento de las licitaciones y adjudicaciones; la defraudación de los fondos públicos o de los recursos humanos y materiales del Estado, así como con el fraude fiscal.
Un caso notorio de corrupción institucionalizada es el de la administración de justicia. Todo empleado, funcionario o juez es considerado susceptible de ser sobornado. Lo mismo, a todo procedimiento o decisión se le atribuye un precio determinado.
En las zonas rurales, la administración de justicia está estrechamente ligada al poder local. Los campesinos e indígenas no tienen las mismas posibilidades de acceder a la justicia. En la administración de justicia, no se distinguen claramente los pagos ilícitos de los que no lo son; el abogado es un intermediario necesario para encontrar una "solución" y no un auxiliar de la justicia; los peritos son pagados por las partes interesadas ya que el Estado no tienen los medios para hacerlo.
La descomposición moral de la policía es probablemente uno de los hechos que más ha marcado la conciencia social. Actualmente la población tiene la sensación que la policía no cumple su función de proteger a las personas, los bienes y la seguridad pública. En efecto, no solamente ésta es ineficaz sino que sus miembros son con frecuencia autores de delitos graves (tráfico de drogas, robos, secuestros, chantajes, lesiones, homicidios, etc.). Es frecuente, por ejemplo, que los campesinos y comerciantes paguen gratificaciones a los policías para asegurar su protección o evitar amenazas.
La crisis económica, el tráfico de drogas y el terrorismo han agravado la situación. Los bajos sueldos favorecen la corrupción no sólo de los agentes o subalternos sino también de los mandos superiores. El ejemplo más claro es el de la colusión de oficiales de alta graduación con malhechores y traficantes de drogas. Estos han logrado infiltrar a la policía así como a otros sectores del Estado.
Esta revisión esquemática, nos permite confirmar que la corrupción es un fenómeno social de orden político y económico. Su explicación no puede hacerse sin indagar sus orígenes en la historia de cada sociedad. No se puede pretender darle una respuesta única.
Esta afirmación evidente nos permite rechazar la idea, bastante extendida entre los juristas y políticos latinoamericanos, que considera al derecho y, en particular, al derecho penal como el instrumento eficaz de lucha contra la corrupción. La elaboración de leyes penales cada vez más severas, las reformas del sistema judicial, resultan siendo al final de cuentas medios tendientes a ocultar una realidad que se desea conservar para mejor aprovechar de ella. Como en el periodo colonial, "la ley se acata, pero no se cumple". La solución es, por tanto, más de orden político y social que jurídico penal.
2.5.- EL GOBIERNO DE ALAN GARCIA : (PRIMER GOBIERNO: 1980-1985)
2.5.1.- EL CASO BCCI
Entre los días 5 y 8 de mayo de 1986 el Banco Central de Reserva. transfirió a cuentas cifradas del B.C.C.I. (Panamá) un total de 215 millones de dólares, cifra superior a la acordada. Se ha probado que Leonel Figueroa y Héctor Neyra, Presidente del Directorio y Gerente General del B.C.R.P. recibieron "coimas" por dichas operaciones.
Días antes, el 28 de abril, Figueroa remite un teles a la Fundación del Tercer Mundo declinando una invitación previamente recibida. Está comunicación la pone en conocimiento de Héctor Neyra. La importancia del telex no reside en su texto, sino en la anotación manuscrita por Figueroa. Esta dice: "Hector: este telex fue enviado a las 12:00". "Para tu conversación con Amer". Luego lo rubrica y a renglón seguido añade:" dile que el Pdte ya está de acuerdo con lo conversado".
Era evidente que no pudo tratarse del Presidente del Concejo de Ministros, Luis Alva Castro, quien actuó sólo periféricamente en este caso, por lo tanto debía tratarse del Presidente de la República. Cabe destacar que al referirse a "Amer" se trata de Amer Lodhi, funcionario del B.C.C.I. ¿Cuál pudo ser la discrepancia que tenían el B.C.R.P y el B.C.C.I. y que tenía que ser resuelta por García?
Hasta ese día el monto de las divisas a transferir a la sucursal de Panamá estaba determinado; las tasas de interés también, así como las garantías y modos de operación. Al parecer solo quedaba pendiente el monto de las coimas y su modalidad de reparto.
El fiscal de Manhattan, Robert Morgenthau, quien denuncia ante el gran Jurado al B.C.C.I. por estafa multimillonaria de desfalco a depositantes y lavado de dinero, afirmó en conferencia de prensa que el presidente García fue consultado y dio su aprobación a la colocación de los depósitos del Banco Central de Reserva del Perú en la oficina del BCCI, en Panamá.
El BCCI había depositado unos tres y medio millones de dólares a Figueroa y Neyra en cuentas cifradas en un banco en Panamá. Esa coima había sido pagada a Figueroa y Neyra para que depositen las reservas internacionales peruanas (varios cientos de millones de dólares) en el BCCI de Panamá. Años después, Figueroa y Neyra fueron capturados en Brasil y extraditados al Perú, donde luego de pasar algunos años en la cárcel salieron en libertad.
2.5..2.- LOS AVIONES MIRAGE
El once de octubre de 1982 se autorizó la compra de los 26 Mirage por un valor de 4,564'000,000 de francos franceses. En diciembre de ese año, con los convenios Júpiter 1 y II se mandó a fabricar a las empresas francesas Dassault, SNECMA y Thomson un total de 26 aviones Mirage 2000. Dos años después, El 28 de diciembre de 1984, se elevó el valor de los aviones a 4,960'000,000 de francos franceses, mediante un convenio denominado Júpiter III.
El presidente electo, Alan García Pérez, conoció o se conectó con Abdul Rahman El Assir en su periplo por Europa del mes de junio de 1985. Luego lo invitó a la transmisión de mando de ese mismo año, aunque ese no sería su único viaje en el primer año de gobierno de García.
Esta probado que este personaje es un conocido traficante de armas que opera principalmente en el mundo árabe. Atan García tomó la decisión de reducir el número de aviones Mirage adquiridos antes de asumir la presidencia, sin previa consulta a los mandos de la F.A.P. Las dos comisiones negociadoras que se enviaron a Paris, con respecto de los Mirage, se reunieron con Abdul Rahman El Assir, quien inclusive los invito a viajar a España en su avión particular. Surge la figura de la reventa. El Perú compraría los 26 aviones y luego los revendería a otros países.
Con el convenio Júpiter IV, el Perú adquirió oficialmente sólo doce aviones y un "simulador de vuelos". Cada uno le costó 32'833,000 dólares, un precio superior al consignado en los anteriores convenios. Al sugerir la hipótesis de que la reventa sí se efectuó, miembros de las comisiones negociadoras dijeron que era imposible, puesto que el Perú no poseía los aviones: los aviones no estaban construidos.
Estas afirmaciones resultan totalmente falsas si se consideran las fechas de llegada de los aviones, así como los números de serie de sus reactores. La operación dé reventa de los restantes 14 Mirage les significó una utilidad de unos 200 millones de dólares que fueron repartidos entre Atan García y sus amigos, los intermediarios árabes, funcionarios de las empresas fabricantes y funcionarios franceses, egipcios e irakíes.
2.5.3.- EL CASO MANTILLA
En 1979, Agustín Mantilla se convirtió en el secretario personal y asesor de Alan García, quien por entonces empezaba a destacar por su inteligencia, su capacidad oratoria y su histrionismo en la Asamblea Constituyente. A partir de entonces ambas figuras apristas se volvieron inseparables. Por ello Mantilla siguió en ese cargo de absoluta confianza hasta que García ganó las elecciones de 1985.
Durante el gobierno aprista, Mantilla fue primero vice-ministro y luego ministro del interior. En los cinco años, tuvo una relación fluida con el presidente que lo seguía teniendo en su entorno más personal e inmediato. Diversos medios periodísticos vincularon a Mantilla con grupos de choque aprista que él auspiciaba, además de ser señalado como el responsable, junto con García, de crear y dirigir al grupo paramilitar Rodrigo Franco, autor de un sinnúmero de violaciones a los derechos humanos.
Luego del autogolpe de abril de 1992, García se escapó de forma sospechosa "saltando por los techos de las casas". Mantilla fue recluido durante quince meses en el Hospital Militar. Tras su liberación fue visto con simpatía por los militantes apristas, por lo que accedió a la secretaría general del partido. En 1995 fue elegido congresista y en ese cargo no perdió oportunidad para plegarse a la bancada fujimontesinista en diversos acuerdos relacionados a no investigar determinados casos.
En marzo del 2000, en plena campaña electoral, Agustín Mantilla, entonces jefe de campaña del partido aprista, recibió de Vladimiro Montesinos 30,000 dólares para gastos proselitistas. La dirigencia aprista no tardó en separarlo "indignada" por la actitud de su ex compañero. Mantilla dice que actuó solo, sin el conocimiento de nadie ¿Se le puede creer eso? El video que reveló dicha entrega se difundió a los pocos días que García iniciaba su campaña electoral. El ex presidente dijo que lo hecho por Mantilla había sido "una cuchillada por la espalda" y reiteró que la dirigencia del APRA ignoraba este siniestro trato.
Pocos días después se hizo de conocimiento público la existencia de unas cuentas en el Union Bank of Switzerland (UBS) de 2.5 millones de dólares a nombre de Agustín Mantilla. Este no tiene como explicar la posesión de una suma tan cuantiosa. A esto hay que agregar lo sugestivo de las fechas en que se le abrieron dichas cuentas: diciembre de 1990 y enero de 1991. Nada menos que tan solo cinco y seis meses después de haber culminado el gobierno de Alan García Pérez.
2.6.- EL DECENIO DE FUJIMORI-MONTESINOS
2.6.1. Primer gobierno
A comienzos de 1990 llegaba a su fin el que se caracterizó por violaciones a los derechos humanos, corrupción y una hiperinflación en lo económico. La agresiva contienda electoral enfrentó en la segunda vuelta al prestigioso literato Mario Vargas Llosa, tenaz opositor al régimen, con el hasta entonces desconocido ingeniero Alberto Fujimori Fujimori, el cual contaba con el apoyo del gobierno a través del Servicio de Inteligencia Nacional (SIN). La campaña de desprestigio desatada contra el candidato opositor y las promesas electorales de Fujimori ("honradez, tecnología y trabajo", "no shock") favorecieron a este último, que salió vencedor en las elecciones. Sin plan de gobierno y bajo sospechas de haber evadido impuestos, el nuevo presidente cayó prontamente bajo la influencia del ex-capitán expulsado del ejército Vladimiro Montesinos Torres, que pasó a ser su asesor al desaparecer las pruebas de su evasión tributaria. Una vez en el poder, Fujimori incumplió su promesa electoral y aplicó un severo shock económico.
Tras una campaña de desprestigo contra el Poder Judicial y el Congreso, al cual se acusaba de "no dejar gobernar" (pese a que el Congreso aprobó la mayor parte de las propuestas enviadas por el Ejecutivo, excepto únicamente aquéllas que otorgaban un poder desmesurado al SIN), Fujimori y las Fuerzas Armadas (FF.AA.) dieron un golpe de estado el 5 de abril de 1992, aboliendo la Constitución de 1979, cerrando el Congreso e interviniendo el Palacio de Justicia, de donde fueron extraídos muchos expedientes incómodos para los golpistas.
El golpe se había inspirado en el llamado "Plan Verde", documento elaborado en 1988 por un grupo de militares descontentos con el gobierno de García. Poco antes del golpe, la esposa de Fujimori, Susana Higushi, había denunciado que la hermana del presidente, Rosa Fujimori, comercializaba la ropa que donaba el Japón para los pobres, a través de la empresa Apenkai; la denuncia fue archivada poco después del golpe y Higushi fue encerrada en Palacio de Gobierno.
La población, ilusionada con el "Gobierno de Emergencia y Reconstrucción Nacional" y ante la creciente amenaza de los grupos terroristas Sendero Luminoso (SL) y Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA), apoyó en su gran mayoría la medida. Tras unas tímidas protestas, la OEA aceptó rápidamente la situación y no puso mayores objeciones al gobierno golpista. Se conformó entonces el denominado Congreso Constituyente Democrático (CCD), el cual elaboró la Constitución de 1993, que permitía la reelección presidencial inmediata para un periodo, a diferencia de la anterior, que la prohibía.
La captura del líder de SL, Abimael Guzmán Reynoso, en septiembre de 1992, producto de la paciente labor del Grupo Especial de Inteligencia (GEIN) de la Policía, que venía trabajando al mando del coronel Benedicto Jiménez desde 1988, significó el inicio del derrumbe de este grupo subversivo, lo cual incrementó la popularidad del gobierno de Fujimori. En noviembre de 1992 fue abortado un intento de golpe protagonizado por un grupo de militares liderados por el general Enrique Salinas Sedó, que buscaban restablecer la institucionalidad democrática. Al enterarse del hecho, Fujimori había intentado esconderse en la embajada del Japón.
Las denuncias por los homicidios de Barrios Altos y La Cantuta, llevadas a cabo por el grupo Colina, dependiente del SIN, culminaron en la "Ley de Reconciliación Nacional" (Ley 26479) aprobada en junio de 1995 por el Congreso, que amnistiaba a todos los militares acusados por violaciones a los derechos humanos. Ese mismo año, Fujimori resultó vencedor en las elecciones presidenciales, tras derrotar al ex-Secretario General de la ONU Javier Pérez de Cuéllar en un cuestionado proceso electoral.
2.6.2.- Segundo gobierno
En agosto de 1996, la mayoría oficialista del Congreso aprobó la ley 26657, denominada "Ley de Interpretación Auténtica", que pretendió justificar la postulación de Alberto Fujimori a un tercer perido presidencial. Esta ley, sin embargo, fue muy cuestionable por las siguientes razones: La Constitución de 1993, promulgada por el mismo gobierno de Fujimori, prohibe la segunda reelección inmediata en su artículo 112, y ninguna ley puede estar por encima de la Constitución.
Esta ley pretende hacer pasar el segundo gobierno de Fujimori (1995-2000) como si fuera el primero, basándose en la no retroactividad de las leyes, lo cual equivaldría a decir que el primer gobierno de Fujimori (1990-1995) no existió.
Aun si aceptáramos que el primer gobierno de Fujimori no entra en el cómputo, este gobierno se habría dado bajo la vigencia de la Constitución de 1979, que en sus artículos 204 y 205, prohibía todo tipo de reelección inmediata.
Es más, en 1995, luego de resultar electo para un segundo periodo presidencial, a Fujimori se le preguntó si podía ser reelegido otra vez. Su respuesta fue clara: "De acuerdo a la Constitución, no".
En octubre de 1996, Demetrio Limonier Chávez Peñaherrera (a) "Vaticano", declaró durante el juicio que se le seguía por narcotráfico, que el asesor presidencial y jefe real del SIN Vladimiro Montesinos, lo había mandado detener por haberse negado a aceptar el aumento en el cupo que le cobraba (de US$ 50 a 100 mil) por permitirle realizar sus vuelos en la selva. Los congresistas del oficialismo salieron inmediatamente a defender al asesor, negando las versiones de "Vaticano".
El arzobispo de Lima, Juan Luis Cipriani, sugirió un "control de calidad" para la prensa que informó del hecho. Poco despúes, "Vaticano" apareció visiblemente turbado (se comentó que por efecto de electrochoques) y demacrado, retractándose de sus afirmaciones. Montesinos no fue investigado por el Congreso ni por la Fiscal de la Nación, Blanca Nélida Colán Maguiño. Años después, tras la fuga de Montesinos, "Vaticano" se reafirmó en sus declaraciones.
En diciembre de 1996, un comando del MRTA liderado por Néstor Cerpa Cartolini e integrado por 14 subversivos (entre ellos 2 mujeres), tomó la casa del embajador japonés durante una fiesta a la que habían sido invitados cientos de personas, que quedaron como rehenes. La gran mayoría de los rehenes fueron liberados en los días siguientes, quedando 172 personas. Cuatro meses después, y tras extensas negociaciones, un comando del ejército liberó a los rehenes, muriendo 1 de ellos (el vocal Carlos Giusti), 2 militares y todos los subversivos. Según ciertas versiones, algunos de los subversivos habrían sido ejecutados luego de haberse rendido.
Durante la primera mitad de 1997, el programa Contrapunto de Frecuencia Latina de TV, realizó una serie de denuncias contra el gobierno de Fujimori, que incluían la tortura de la agente del Servicio de Inteligencia del Ejército (SIE) Leonor La Rosa, a manos de sus compañeros, las cuentas millonarias de Vladimiro Montesinos y la masiva interceptación telefónica que realizaba el SIN. El accionista mayoritario de Frecuencia Latina, Baruch Ivcher Bronstein, fue víctima entonces de una campaña de desprestigio. A través de las revistas Sí y Gente, se le acusó de traficar armas para el Ecuador, país con el que existía un conflicto territorial; se le retiró la nacionalidad peruana que había obtenido en 1984 mediante Resolución Suprema, con una Resolución Directoral; Frecuencia Latina pasó a manos de los socios minoritarios, Samuel y Mendel Winter Zuzunaga, los cuales inmediatamente cambiaron la línea informativa del canal hacia una abiertamente favorable al gobierno; la empresa de colchones Paraíso, también propiedad de Ivcher, fue objeto de presiones tributarias por parte de la SUNAT.
En junio de 1997, 3 magistrados del Tribunal Constitucional (Delia Revoredo, Manuel Aguirre Roca y Guillermo Rey Terry) que habían declarado inconstitucional la "Ley de interpretación Auténtica", fueron arbitrariamente destituidos por la mayoría oficialista del Congreso.
En julio de 1998, tras una serie de desavenencias con Fujimori, fue relevado de su cargo el Comandante General de las FF.AA. general Nicolás de Bari Hermoza Ríos, socio de Fujimori y Montesinos en el golpe de 1992, y que permanecía en el cargo desde 1991. Con la caída de Hermoza, el poder de Montesinos al interior del ejército se incrementó aún más. En 1999, 13 miembros de su promoción (1966) llegaron al grado de general de división.
En diciembre de 1999 el diario Liberación, de César Hildebrandt, denunció la existencia de una cuenta millonaria de Montesinos en el Banco Wiese-Sudameris. El Fiscal de la Nación Miguel Aljovín Swayne no lo investigó y Fujimori dijo: "Montesinos es abogado … supongo que tiene un buen número de clientes". Poco después, Fujimori anunció su candidatura para las elecciones presidenciales del 2000.
2.6.3.- El fraude del 2000 y la caída de la dictadura
Como si no hubiese sido suficiente la ilegalidad de la candidatura de Fujimori para una tercera elección presidencial, el proceso electoral del 2000 estuvo plagado de irregularidades, tales como la falsificación de un millón de firmas para inscribir la candidatura de Fujimori, el uso de donaciones de alimentos como medio de presión a personas de escasos recursos a través del Programa Nacional de Asistencia Alimentaria (PRONAA), los continuos e infames ataques a los candidatos opositores desde la prensa "chicha" y la TV de señal abierta (controladas por el gobierno) y el uso de recursos del Estado para financiar la ilegal candidatura, todo con la complicidad del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y el Poder Judicial, igualmente controlados por el gobierno.
El mismo día de las elecciones (9 de abril del 2000) se dio un primer resultado de las encuestadoras que favorecía al candidato opositor Alejandro Toledo Manrique con 48% versus Fujimori con 42%, resultado que fue alterado sólo 2 horas después, invirtiéndose radicalmente las cifras (47% para Fujimori y 42% para Toledo), aumentando el porcentaje del candidato presidente durante los siguientes días hasta llegar a 49.9%, en un obvio intento de tergiversación para otorgarle el "triunfo" en primera vuelta con más del 50% de los votos válidos. Sólo las movilizaciones de la ciudadanía y la presión de los organismos nacionales e internacionales pudieron detener la consumación del fraude en primera vuelta.
Hubieron más de 1600 denuncias de irregularidades (150 del Foro Democratico, 690 de Transparencia, 200 de la Defensoría del Pueblo y 600 del Consejo por la Paz), como propaganda oficialista en los mismos centros de votación, cédulas recortadas en las que faltaba el candidato Toledo, obstáculos contra el trabajo de los observadores y el sorprendente exceso de un millón de votos con respecto al número total de sufragantes.
Por otro lado, los resultados de la investigación de las firmas falsificadas, a cargo de la fiscal Mirtha Trabucco, fueron programados para después de la primera vuelta, y luego de conocerse la fecha para la segunda vuelta, fueron postergados hasta después de la misma, en una clara maniobra de encubrimiento. Es más, pocos días antes de la fecha fijada por el JNE para la segunda vuelta, la fiscal Trabucco acusó a los mismos que habían denunciado la falsificación, sin tocar a los principales sospechosos.
El JNE aceptó de inmediato los resultados de la ONPE, sin dar oportunidad a las tachas que pudieran presentarse, y fijó la fecha de la segunda vuelta para el 28 de mayo. La guerra sucia de la TV y los diarios "chicha" continuó y no hubo cambio de los cuestionados miembros de la ONPE y del JNE. Frente a esto, Alejandro Toledo decidió no participar en la segunda vuelta si es que no había una prórroga y un cambio radical de las condiciones electorales. El JNE, desoyendo el pedido de Toledo, de la Misión de Observadores Electorales de la OEA, del NDI – Centro Carter y otros organismos nacionales e internacionales, se negó a postergar la fecha de la segunda vuelta, dejando así a Fujimori como único candidato para las "elecciones" del 28 de mayo, en las cuales se proclamó como "vencedor".
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