- La Consulta Popular
- Introducción
- Preguntas Consulta Popular 2011
- Correa presenta las preguntas de la Consulta Popular de Ecuador
- La Consulta y la?institucionalidad
- Conclusión
- Recomendaciones
- Bibliografía, fuente, fecha
En el caso de una consulta de carácter nacional, el Presidente de la República, con el previo aval del Congreso y respaldado por las firmas de todos los Ministros, es el encargado de consultar al pueblo cuando crea que una decisión próxima a ser tomada es de trascendencia nacional; es decir, que afecta a todos los Departamentos del país.
En el caso de las consultas populares a nivel distrital, departamental, municipal o local, la decisión de convocarlas no es tomada por el Presidente sino por los Gobernadores y Alcaldes, según sea el caso, para lo cual no se debe acudir al Congreso para que éste la respalde sino que los Gobernadores o Alcaldes deben cumplir ciertos requisitos que están claramente definidos en el Estatuto general de la organización territorial.
Para que la consulta popular resulte clara, el día de la votación el tarjetón con el cual se hace debe tener simplemente un SÍ y un NO. La votación debe llevarse a cabo en los cuatro meses siguientes a su aprobación por parte del Senado (esto cuando es de carácter nacional); en lo que se refiere a las de carácter distrital, municipal, departamental o local, ésta se ha de hacer antes de que se cumplan dos meses después de haber sido aprobada.
Finalmente, para garantizar que la decisión popular se aplique, las entidades a las cuales les corresponda ejecutar lo que en la consulta se haya decidido tienen tres meses para hacerlo. En caso de que esto no suceda, el Senado está obligado a hacer lo necesario para que dicha decisión popular sea ejecutada. Ahora bien, en el caso remoto de que lo anterior no se cumpla, el Presidente de la República, el Gobernador o Alcalde deberán, en un plazo no mayor a tres meses, ejecutarla por medio de un Decreto de fuerza de Ley (es decir, que se impone a la fuerza).
Inicialmente, Correa planeaba un plebiscito para consultar a la población sobre temas de seguridad y reformas penales.
El Presidente de Ecuador, Rafael Correa, presentó a la Corte Constitucional 10 preguntas para una consulta popular. Los ciudadanos podrán responder sobre seguridad interna y regulación de los medios de comunicación.
El organismo debe determinar la legalidad del mecanismo y resolver el modo en que se convocará a la población a la consulta.
La propuesta consta de 5 preguntas de enmienda constitucional y de 5 preguntas sobre temas generales que deberían incluirse en la Constitución
Así se consulta sobre la caducidad de la prisión preventiva, medidas cautelares para delitos graves, límites a los amparos constitucionales y la reestructuración del Consejo de la Judicatura. El objetivo es disminuir los índices delictivos.
El presente trabajo aborda el tema de la Consulta Popular en la que participaremos los ecuatorianos en los próximos días. La Consulta Popular, no es otra cosa que un mecanismo de participación ciudadana mediante el cual se convoca al pueblo para decidir acerca de algún aspecto de vital importancia
La propuesta consta de 5 preguntas de enmienda constitucional y de 5 preguntas sobre temas generales que deberían incluirse en la Constitución, si la ciudadanía así lo considera. El Gobierno Central envió a la Asamblea Nacional, las preguntas para su analice y ser puesta en manifiesto al pueblo Ecuatoriano, para luego ser aprobadas por la Asamblea Nacional y la Corte Constitucional. Correa deberá remitir a la Corte Constitucional la solicitud de consulta popular y, en un plazo de 70 días, el organismo deberá pronunciarse sobre la procedencia o no del pedido.
El presidente de la República, plantea un referéndum y consulta popular con diez preguntas, entre las cuales se desatacan las referidas a reorganizar el sistema judicial y a crear un Consejo de Regulación de los medios de comunicación.
Este gobierno busca que todo el pueblo ecuatoriano recapacite con un SI.
Sin medir las consecuencias de los demás. Entre las reformas propuestas a la ley fundamental, se cuenta suprimir el actual Consejo de la Judicatura y crear una comisión con un delegado del Poder Ejecutivo, otro del Poder Legislativo y otro del Consejo de Participación Ciudadana, para reorganizar el sistema judicial en el plazo de 18 meses.
Se preguntara al los ecuatorianos si está de acuerdo crear un forma de regulación para los medios. Como criterio personal se busca preguntar a los ecuatorianos sobre la regulación de medios de comunicación, la prohibición de matanzas de animales, los juegos de azar, medidas sustitutivas para los presos, cabe indicar que la misma tendrá un costo de 30,000,000 millones aproximadamente. La propuesta de consulta, en general, es un signo que afecta al sistema financiero porque son cambios que implican cambios de reglas.
Todas las preguntas tienen su grado de conflictividad, tanto las que implican enmiendas constitucionales cuanto las que significan reformas legales. Gustan a unos y disgustan a otros.
Preguntas Consulta Popular 2011
10 preguntas para la consulta popular en Ecuador 2011
Preguntas para la enmienda constitucional (referendo)
Fuente: El Telégrafo
1.- Sobre los plazos para la caducidad de la prisión preventiva
Con la finalidad de mejorar la seguridad ciudadana, ¿está usted de acuerdo en que la correspondiente ley cambie los plazos razonables para la caducidad de la prisión preventiva, enmendando la Constitución de la República como lo establece el Anexo 1?
Lo que busca
Que las personas detenidas y que no tienen sentencia permanezcan tras las rejas por un tiempo superior al establecido como límite por la Constitución.
La actual Constitución establece que si una persona es detenida por algún delito penado con prisión (menos graves) no podrá estar presa sin sentencia más de seis meses.
También estableció que las personas detenidas por un delito penado con reclusión (más graves) no podrán estar detenidas sin sentencia por más de un año.
Esta pregunta surge ante la idea de que la ola delictiva se debe a la gran cantidad de reos que salen libres sin que hayan sido juzgados.
Argumentos a favor
El presidente Rafael Correa sostiene que los plazos de caducidad de la prisión no concuerdan con la "realidad procesal", es decir con el procedimiento de investigación y juzgamiento de los detenidos. Esta situación, según Correa, "ha causado que, desde enero de 2007 a octubre de 2010, miles de personas privadas de libertad por orden judicial de medida cautelar hayan obtenido su libertad, sin que hayan sido juzgadas, dificultando la efectiva administración de la justicia, la sanción del delito y sus responsables y promoviendo el aumento de la inseguridad e impunidad".
Argumentos en contra
Quienes no están de acuerdo con esta propuesta sostienen que el problema no está en el plazo de caducidad de la prisión preventiva sino en las deficiencias del sistema judicial. Aumentando el tiempo no se solucionará el problema. Lo que hay que hacer es diseñar un nuevo sistema más eficiente para que los jueces puedan sentenciar más rápido.
2.- Sobre las medidas sustitutivas a la prisión preventiva
Con la finalidad de evitar la impunidad y garantizar la comparecencia a los juicios penales de las personas procesadas, ¿está usted de acuerdo que las medidas sustitutivas a la prisión preventiva se apliquen únicamente para los delitos menos graves, enmendando la Constitución de la República como lo establece el Anexo 2?
Lo que busca
Que los jueces no puedan ordenar que los detenidos reciban medidas sustitutivas a la prisión preventiva, es decir arresto domiciliario, presentaciones periódicas ante el juez o prohibición de salir del país sino únicamente en delitos penados con prisión (menos graves). No a delitos penados con reclusión como homicidio, narcotráfico o peculado.
La actual Constitución había introducido el concepto de las medidas sustitutivas a la prisión preventiva que consisten en medidas para que el sospechoso esté presente durante el proceso sin que esté necesariamente en la cárcel.
Argumentos a favor
Los jueces han abusado de estas medidas sustitutivas y han beneficiado a narcotraficantes y asesinos que logran burlar a la justicia. Se debe aplicar estas medidas únicamente a los sospechosos de delitos que se penan con prisión y no con reclusión porque son delitos más graves.
Argumentos en contra
Un Estado no debe tener presos sin sentencia. Las medidas sustitutivas a la prisión preventiva son parte de un proceso para evitar que las personas que aún no tienen sentencia estén en la cárcel. Es un tema de derechos humanos.
3.- Sobre la banca y los medios de comunicación
Con la finalidad de evitar conflicto de intereses, ¿está usted de acuerdo con prohibir que las instituciones del sistema financiero privado, así como las empresas de comunicación privadas de carácter nacional, sus directores y principales accionistas, sean dueños o tengan participación accionaria fuera del ámbito financiero o comunicacional, respectivamente, enmendando la Constitución como lo establece el Anexo 3?
Lo que busca
La pregunta pretende evitar que los accionistas principales de los medios de comunicación tengan participación en empresas dedicadas a otras tareas distintas a la comunicación. Lo mismo con los accionistas principales de las instituciones financieras o bancos.
Argumentos a favor
Uno de los razonamientos para presentar esta pregunta es que los grupos financieros y de comunicación privados se dediquen exclusivamente a las funciones que como tales les corresponde, y no tomen parte en otro tipo de actividades ajenas a su objeto.
Argumentos en contra
Es una medida discriminatoria puesto que se apunta con dedicatoria a los accionistas de medios de comunicación. ¿Por qué a ellos y no a los dueños de hospitales privados por ejemplo? Se atenta al principio del tratamiento equitativo de las leyes. Además, se habla únicamente de los medios privados y no de los que están en manos del Gobierno donde también hay conflictos de intereses. Con esta norma, el capital de los bancos se va a concentrar porque los pequeños accionistas no podrán tener otros negocios y venderán sus acciones a los más importantes.
4.- Sobre la sustitución el Pleno del Consejo de la Judicatura
Con la finalidad de superar la crisis de la Función Judicial, ¿está usted de acuerdo en sustituir el Pleno del Consejo de la Judicatura por una Comisión Técnica compuesta por tres delegados designados, uno por el Presidente de la República, uno por la Asamblea Nacional y uno por la función de Transparencia y Control Social, para que durante un período de 18 meses asuma todas y cada una de las funciones del Consejo de la Judicatura y pueda reestructurar el sistema judicial, enmendando la Constitución como lo establece el anexo 4?
Lo que busca
Disolver el actual Consejo de la Judicatura para que una comisión ocasional tripartita se encargue, durante 18 meses, de reestructurar las cortes de justicia y los juzgados del país.
Se elimina el concepto de participación ciudadana en la administración de Justicia pues el Consejo de Participación ya no tendrá competencia para nombrar al nuevo Consejo de la Judicatura, proceso que estaba en marcha.
Argumentos a favor
El sistema previsto en la Constitución, según el cual el Consejo de la Judicatura debe administrar el servicio de justicia y nombrar, los jueces no funciona. Los actuales jueces son los responsables del crecimiento de la ola delictiva y es necesario de inmediato reestructurar todo el sistema judicial.
Argumentos en contra
Se contradice uno de los pilares de la nueva Constitución que establecía la figura de la participación ciudadana para el nombramiento y relevo de los jueces. Se trata de un desenfadado intento del Ejecutivo para controlar la Justicia ya que los sectores involucrados en la Comisión dependen de éste..
5.- Sobre la modificación del Consejo de la Judicatura
Con la finalidad de tener una más eficiente administración del sistema de justicia, ¿está usted de acuerdo en modificar la composición del Consejo de la Judicatura, enmendando la constitución y reformando el Código Orgánico de la Función Judicial como lo establece el anexo 5?
Lo que busca
La pregunta plantea la posibilidad de que en el Consejo de la Judicatura exista mayor presencia de los poderes del Estado y no vocales que, en el caso de la Constitución, salen de la ciudadanía luego de un proceso de selección hecho por el Consejo de Participación y Control Social.
El Consejo de la Judicatura propuesto se integrará por el Presidente de la Corte Nacional de Justicia, quien lo presidirá; el Fiscal General del Estado; el Defensor Público; Un Delegado de la Función Ejecutiva; y un Delegado de la Asamblea Nacional.
Los Delegados de las funciones ejecutiva y legislativa, titular y suplente, serán ratificados por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, a través de un proceso público de escrutinio, con veeduría y posibilidad de impugnación ciudadana.
Argumentos a favor
El Consejo de la Judicatura no ha cumplido su rol, ya que en la práctica las funciones que le fueron encomendadas por el número de miembros que lo componen y por las pugnas internas que se suscitan. El proceso de un concurso de merecimientos y oposición por parte del Consejo de Participación
Ciudadana y Control Social para la designación de nueve Vocales del Consejo de la Judicatura se prevé que demorará excesivamente.
Argumentos en contra
Se está alterando el espíritu de la Constituyente de Montecristi. Habrá un manejo desembozado de la justicia por parte del poder Ejecutivo que domina los distintos poderes que estarán representados en ese organismo. Se vuelve a las antiguas prácticas de control político y partidista de la justicia. Otra "Pichicorte".
Preguntas de temas generales
(Consulta popular 2011)
1.- Sobre el enriquecimiento privado no justificado
Con la finalidad de combatir la corrupción, ¿Está usted de acuerdo que sea delito el enriquecimiento privado no justificado? Con esta interrogante, el Régimen pretende que personas particulares sean sancionadas al igual que un funcionario público que haya cometido enriquecimiento ilícito. Este último delito recibe penas de hasta 5 años de prisión.
Argumentos a favor
El presidente Rafael Correa cree necesaria la reforma debido a que el enriquecimiento fraudulento en el sector privado, pese a que es evidente, se mantiene impune. Y ello sucede porque una persona particular incumple con uno de los requisitos para ser procesado por este tipo de delitos, según lo establecido en el Código Penal: ser funcionario público.
Argumentos en contra
El catedrático Alfredo Negrete considera que en esta pregunta debió formularse un artículo concreto y que el planteamiento es muy abierto. Mientras que el banquero Fernando Vivero, en una entrevista a El Universo, afirmó que el enriquecimiento ilícito en el sector privado es algo "muy subjetivo" y se pregunta: "¿Cómo medir si una persona rica tiene una fortuna lícita o ilícita?". Dice que si alguien se enriquece a través del lavado de activos, narcotráfico o evasión de impuestos puede ser sancionado porque estos delitos ya están penados por la ley.
2.- Sobre la prohibición de los juegos de azar
Con la finalidad de evitar que los juegos de azar con fines de lucro se conviertan en un problema social, especialmente en los segmentos más vulnerables de la población, ¿Está usted de acuerdo en prohibir en su respectiva jurisdicción cantonal los negocios dedicados a juegos de azar, tales como casinos y salas de juego?
Lo que busca
El Gobierno pretende declarar al Ecuador en un Estado libre de empresas o negocios de juegos de azar. El presidente Rafael Correa había ya manifestado esta intención desde junio del año pasado después de restringir el consumo de bebidas alcohólicas.
Argumentos a favor
Para el Mandatario, los juegos de azar pueden llevar a vicios "como la ludopatía que corrompen al ser humano". También cree que son una fuente de corrupción en la que jueces y autoridades de instituciones estatales se han visto involucrados. El sector más afectado es la juventud, según el presidente Correa.
Argumentos en contra
Jorge Castro, vicepresidente de la Asociación de Casinos y Bingos del Ecuador, lamenta que en la pregunta no se haya hecho una distinción entre casinos legales e ilegales porque los primeros son "recursos turísticos". Por otro lado, si pasa esta pregunta será necesario llamar a otras consultas para definir el futuro de los juegos de azar y de los espectáculos donde se mate animales en cada jurisdiccional cantonal. "¿Qué pasaría si en Guayas deciden que sí haya juegos y en Quito no?, se pregunta.
3.- Sobre la prohibición de los espectáculos donde se mate animales.
Con la finalidad de evitar la muerte de un animal por simple diversión, ¿Está usted de acuerdo en prohibir, en su respectiva jurisdicción cantonal, los espectáculos públicos donde se mate animales?
Lo que busca
El Régimen busca con esta pregunta declarar al Ecuador libre de espectáculos públicos en los que se mate a los animales por simple diversión.
Pretende eliminar este tipo de prácticas en las que, a su juicio, se tortura, desangra y agrede a los animales hasta causarles la muerte.
Argumentos a favor
El Gobierno considera necesario la eliminación de la violencia en todas sus formas, incluida aquella contra seres que no "gozan de racionalidad". Se apoya del artículo 71 de la Constitución en el que se eleva a categoría de derechos constitucionales, los derechos de la naturaleza.
Argumentos en contra
Para Santiago Aguilar, miembro de la Unión Nacional de Espectáculos Tradicionales del Ecuador, esta pregunta viola artículos de la Constitución referentes a los derechos individuales, diversidad, cultura, tradición y autodeterminación de las personas. Otras opiniones contrarias sostienen que la eliminación de estos espectáculos no va a disminuir la delincuencia, como dice el argumento oficial para incluir esta pregunta en la consulta.
4.- Sobre la creación de un Consejo de Regulación para los medios
Con la finalidad de evitar los excesos en los medios de comunicación, ¿Está usted de acuerdo que se dicte una ley de comunicación que cree un Consejo de Regulación que norme la difusión de contenidos en la televisión, radio y publicaciones de prensa escrita, que contengan mensajes de violencia, explícitamente sexuales o discriminatorios; y que establezca los criterios de responsabilidad ulterior de los comunicadores o los medios emisores?
Lo que busca
El Régimen en esta pregunta plantea dos temas que ya se ha tratado en el proyecto de ley de Comunicación que está en trámite en la Asamblea.
El primero: la creación de un Consejo de Regulación (en el proyecto su denominación es Consejo de Comunicación) de contenidos en radio, TV y prensa en temas que tengan que ver con violencia, sexo y discriminación.
El segundo: que ese Consejo "establezca los criterios de responsabilidad ulterior", es decir, los criterios con los cuales se puede definir si una información publicada fue veraz y verificada.
Argumentos a favor
El Presidente cree que la regulación de contenidos violentos, sexuales y discriminatorios es una manera de mejorar las condiciones de vida. Afirma que la TV, al ser el medio masivo más importante, debe orientar de manera positiva en la sociedad. Este papel "muchas veces no cumple puesto que en la producción de mensajes se prioriza las ganancias de los grandes grupos de la industria del entretenimiento". El Mandatario, en su carta a la Corte Constitucional, no argumenta sobre el tema de responsabilidad ulterior.
Argumentos en contra
Esta es una pregunta innecesaria a decir de Alfredo Negrete, decano de la Facultad de Comunicación de la Universidad de las Américas, por dos razones.
La primera: la creación del Consejo de Regulación ya fue consensuada por todos los bloques legislativos del 17 de diciembre del 2009.
La segunda: la responsabilidad ulterior consta en el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos a la que está suscrito el Ecuador. "Es como preguntar si se está de acuerdo con que el sol siga saliendo por el oriente", dijo de su parte Alberto Acosta, ex presidente de la Asamblea Constituyente. Y añadió: "Lo que interesa es, sobre todo, quién conforma el Consejo de Regulación y cuáles serán sus atribuciones".
5.- Sobre el delito de no afiliar a un trabajador al IESS
Con la finalidad de evitar la explotación laboral, ¿Está usted de acuerdo que la no afiliación al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social de trabajadores en relación de dependencia sea considerada delito?
Lo que busca
El Ejecutivo busca sancionar por la vía penal a los empleadores que no afilien a sus trabajadores y por ello propone que esta figura se convierta en delito.
El fin: que los empleados accedan a los beneficios de la seguridad social tales como cobertura en salud y acceso a préstamos.
Argumentos a favor
El presidente Rafael Correa cree que la no afiliación de los trabajadores es una forma que tienen los empleadores para aprovecharse del dinero de sus empleados. Cree que los empleadores deben responder al igual que "un trabajador que dispone fraudulentamente de los fondos pertenecientes a la empresa en la que trabaja, bajo la figura punitiva de abuso de confianza".
Argumentos en contra
El jurista Manuel Terán considera que una consulta no es necesaria para este tema y que pudo ser tramitado por la Asamblea. Incluso en el artículo 327 de la actual Constitución ya se ampara al trabajador: "el incumplimiento de obligaciones, el fraude, la simulación, y el enriquecimiento injusto en materia laboral se penalizarán". Leyes como la de la Seguridad Social tienen previsto estas infracciones, según Terán. "Criminalizarlo sería un exceso".
Correa prevé consulta sobre casinos, juegos azar y toros en Ecuador
Fecha: 19 de Enero del 2011
Fuente: La información
El presidente Rafael Correa anunció el sábado que consultará la opinión popular sobre la autorización para que el país funcionen casinos, juegos de azar así como si quieren conservar la tradición de las corridas de toros o no."Violencia no es solo disparar una bala… hay que acabar con todas las formas de violencia", dijo el mandatario en su programa sabatino "Diálogo con el presidente", en alusión a las tradicionales corridas de toros que se realizan especialmente en Quito, durante sus fiestas de fundación en diciembre. Correa aseguró que el evento taurino atenta "contra un derecho de los animales".
"Ahí estamos, para democráticamente preguntar al pueblo ecuatoriano si están de acuerdo que se armen espectáculos donde se maltratan animales", agregó.Pero también adelantó que "no solo se va a consultar sobre seguridad y no violencia, tal vez también aprovechemos para preguntar si quieren un país libre de casinos y juegos de azar, o si quieren una ley de comunicación que regule los excesos de la prensa", dijo.
Inicialmente, Correa planeaba un plebiscito para consultar a la población sobre temas de seguridad y reformas penales, pero el abanico de preguntas se amplió conforme lo expresó en su programa radial.
"Consultaremos al pueblo ecuatoriano cuantas veces sean necesarias", afirmó.Correa indicó que la petición para la realización de la consulta se presentará a las autoridades respectivas luego de las fiestas de Navidad. Esperanza Benalcázar, dirigente de la agrupación "Jóvenes por la vida" señaló que el anuncio del mandatario "es un precedente histórico".
"Defendemos el derecho de los niños a un crecimiento sin violencia. Damos voz a los que no la tienen. Si desde pequeños aprendemos a respetar a los animales aprenderemos a respetar a los seres humanos", acotó la activista invitada al el programa radial presidencial.
Correa presenta las preguntas de la Consulta Popular de Ecuador
Fecha: 19 de enero 2011
Fuente: Diario Electrónico
El Presidente de Ecuador, Rafael Correa, presentó a la Corte Constitucional 10 preguntas para una consulta popular. Los ciudadanos podrán responder sobre seguridad interna y regulación de los medios de comunicación.
El organismo debe determinar la legalidad del mecanismo y resolver el modo en que se convocará a la población a la consulta. El presidente de la Corte, Patricio Pazmiño, afirmó que tomarán una decisión con máxima celeridad y que no llevará más de 45 días.
La propuesta consta de 5 preguntas de enmienda constitucional y de 5 preguntas sobre temas generales que deberían incluirse en la Constitución, si la ciudadanía así lo considera.
Correa sostuvo que "está en las manos del pueblo ecuatoriano decidir quién tiene la razón y quien no la tiene".
Algunas de las preguntas refieren a temas de seguridad.
Así se consulta sobre la caducidad de la prisión preventiva, medidas cautelares para delitos graves, límites a los amparos constitucionales y la reestructuración del Consejo de la Judicatura.
El objetivo es disminuir los índices delictivos.
Además, la consulta abarca a los medios de comunicación. Pregunta si la población está de acuerdo con prohibir que exista vinculación entre las empresas del sistema financiero y las empresas de comunicación.
Y pregunta sobre una ley que incluya un Consejo de Regulación de los contenidos en los medios que contengan mensajes violentos y discriminatorios.
El Ejecutivo, además, propone una pregunta sobre prohibir los espectáculos públicos donde se mate animales, en relación con las corridas de toros.
También pregunta sobre si debe considerar un delito que una persona no sea afiliada al Instituto de Seguridad Social en relación de dependencia laboral.
Prensa y Justicia sometidos a consulta popular en Ecuador
Fuente: Periodistas en Español
Fecha: 19 De Enero Del 2011
Análisis de Gonzalo Ortiz (IPS/ Quito)
Empujado por una alta popularidad, el presidente de Ecuador, Rafael Correa, plantea un referéndum y consulta popular con diez preguntas, entre las cuales se desatacan las referidas a reorganizar el sistema judicial y a crear un Consejo de Regulación de los medios de comunicación.
La convocatoria a las urnas, que será la quinta impulsada por Correa, es para el segundo trimestre de este año con un cuestionario que deberá ser calificado por la Corte Constitucional.
Una vez que la Corte las califique, para lo que tiene 45 días a partir de la presentación hecha este lunes, plazo que con seguridad resultará excesivo, el mandatario izquierdista dictará un decreto convocando al referéndum y el Consejo Nacional Electoral estará en la obligación de realizarlo en 60 días.
Se trata de un cuestionario mixto. Cinco de las preguntas son de referéndum, pues plantean cambios concretos de otros tantos artículos de la Constitución, que fue impulsada por el propio Correa y aprobada en plebiscito en 2008.
Las otras cinco son de consulta popular, en las que se pide la opinión de los votantes sobre temas que posteriormente pueden convertirse en leyes.
Entre las reformas propuestas a la ley fundamental, se cuenta suprimir el actual Consejo de la Judicatura y crear una comisión con un delegado del Poder Ejecutivo, otro del Poder Legislativo y otro del Consejo de Participación Ciudadana, para reorganizar el sistema judicial en el plazo de 18 meses.
Al cabo de ese tiempo plantea crear, de acuerdo con otra pregunta, un nuevo Consejo de la Judicatura, encargado de administrar el sistema judicial, distinto al previsto en la Constitución en vigor, con delegados de distintos organismos.
En otra pregunta, Correa plantea regular los plazos de la prisión preventiva, suprimiendo la caducidad de dicha prisión que por norma constitucional hoy se produce a los seis meses para los delitos penados con prisión y al año para los delitos penados con reclusión.
Esta norma, según críticas del derechista alcalde de la sudoccidental ciudad de Guayaquil, Jaime Nebot, ha permitido "dejar en libertad a miles de delincuentes", pues los jueces no tramitan las causas con celeridad. La norma consta en las constituciones de 1998 y 2008.
Fue Nebot quien, el 13 de diciembre pasado, retó a Correa a consultar al pueblo sobre esta cuestión y el endurecimiento de las penas, en medio de un debate sobre el deterioro de la seguridad en el país y, en especial, en Guayaquil.
Correa recogió el guante, seguro de su popularidad y aceptación a su gobierno, que se mantienen entre 55 y 73 por ciento de los consultados por distintas encuestadoras, por lo que muchos creen que no le será difícil obtener la aprobación en el referéndum.
En el mismo sentido, se plantea modificar la Constitución para que solo puedan aplicarse medidas sustitutivas a la prisión en el caso de los delitos menos graves.
En otro ámbito, Correa pide introducir en la Constitución una prohibición expresa para que los banqueros tengan negocios distintos a los financieros y los dueños de los medios de comunicación tengan otra actividad empresarial.
Las preguntas de consulta popular son igual de variadas: dos preguntan a la ciudadanía si está de acuerdo en la eliminación de casinos y otras salas de juego y "de los espectáculos en que se mata animales", en referencia a las corridas de toros y a las peleas de gallos.
"Con la finalidad de evitar los excesos en los medios de comunicación", se pregunta al votante si está de acuerdo en "que se dicte una ley de comunicación que cree un Consejo de Regulación que norme la difusión de contenidos en la televisión, radio y publicaciones escritas, que contengan mensajes de violencia, explícitamente sexuales o discriminatorios; y que establezca los criterios de responsabilidad ulterior de los comunicadores o los medios emisores".
La pregunta busca el respaldo mayoritario de la ciudadanía al proyecto de Ley de Comunicación presentado por el gobierno en 2009, que no ha logrado ser aprobado en la Asamblea Nacional legislativa, ya que la oposición considera que establece graves limitaciones al ejercicio de la libertad de prensa.
Dos preguntas se refieren a la creación de sendas figuras de delito: "el enriquecimiento privado no justificado" y la no afiliación a los trabajadores en relación de dependencia al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social.
Esta será la quinta vez que los ecuatorianos son convocados a las urnas durante el mandato de Correa, que cumplió el 15 de enero cuatro años de gobierno.
Poco después de llegar al gobierno, Correa disolvió al Congreso y convocó a una consulta popular sobre conformar una Asamblea Constituyente. El 18 de abril de 2007, ganó el sí con 82 por ciento de los votos.
Los miembros de la Constituyente fueron elegidos el 30 de septiembre de ese año, obteniendo el movimiento Patria Altiva y Soberana (País), liderado por Correa, 70 por ciento de los votos y 80 de las 130 curules de la Asamblea.
Redactada la Constitución, 64 por ciento de los votantes la aprobaron en el plebiscito del 28 de septiembre de 2008 y, conforme ésta lo ordenaba, se celebraron nuevas elecciones generales el 26 de abril de 2009.
Correa fue reelegido entonces con 51,99 por ciento de los votos para el periodo que finalizará el 10 de agosto de 2013. En la Asamblea Nacional, sin embargo, solo obtuvo 61 de los 130 escaños, lo que le ha traído problemas de gobernabilidad.
Sin embargo, el presidente ha roto récord, ya que en los últimos 14 años ningún gobierno había podido terminar su mandato de cuatro años. Todos los elegidos desde 1996 fueron derrocados por movimientos populares, en medio de una profunda crisis económica que golpeó al país desde mediados de los años 90.
La indudable popularidad de Correa se ha basado en su capacidad de comunicación y constante contacto con el pueblo. Cada sábado celebra reuniones en alguna población del país, que son transmitidas por cadena de radio y televisión.
A ello se añaden frecuentes cadenas obligatorias de radio y televisión entre semana y la difusión a través de 19 medios de comunicación de propiedad estatal, entre ellos periódicos y canales de alcance nacional.
El otro puntal de su popularidad ha sido la abundancia de recursos económicos, provenientes de los precios históricamente altos del petróleo.
El barril de crudo ecuatoriano, que a fines de los años 90 bajó a ocho dólares, llegó a cotizarse en junio de 2008 a 117 dólares y se ha mantenido entre 70 y 90 dólares desde entonces, lo cual le ha permitido al Estado contar en estos cuatro años con 77.000 millones de dólares de ingresos, sin precedentes en la historia.
El referendo de Correa se anticipa también al intento de revocatoria del mandato que lidera el dirigente de centroderecha Carlos Vera.
Este ex periodista de televisión afirma tener ya 1,2 millones de firmas de las casi 1.6 millones que se requiere reunir hasta el 22 de febrero para solicitar la convocatoria a referéndum revocatorio.
Esta herramienta está prevista en la Constitución y puede plantearse después de finalizado el primer año de mandato de una autoridad elegida, siempre que, en el caso del presidente, se reúna un número de firmas equivalentes a 15 por ciento del padrón electoral.
Para la aprobación de un asunto propuesto a referéndum, consulta popular o revocatoria del mandato, se requiere la mayoría absoluta de los votos válidos, salvo para el caso del presidente que se necesita la mayoría absoluta de los habilitados para sufragar.
Las ecuatorianas y los ecuatorianos nuevamente a las urnas
Fuente: El Comercio
Fecha: 20 De Enero Del 2011
Frente a una campaña de opositores el mandatario ecuatoriano Rafael Correa reveló las preguntas que serán sometidas a consulta popular, las que servirán para reformar la justicia, frenar la inseguridad, y regular las acciones de la banca y la prensa.
El presidente de los ecuatorianos entregó el cuestionario de preguntas a la Corte Constitucional para que califique su legalidad, y dé paso a la convocatoria por parte del Consejo Electoral. El presidente del Tribunal Constitucional, Patricio Pazmiño, anunció que el dictamen se conocerá a más tardar en 45 días.
Se trata de un cuestionario mixto. Cinco de las preguntas son de referéndum, pues plantean cambios concretos de otros tantos artículos de la Constitución, que fue impulsada por el propio Correa y aprobada en el 2008.
Las otras cinco son de consulta popular, en las que se pide la opinión de los ciudadanos sobre temas que posteriormente pueden convertirse en leyes.
Entre las reformas planteadas a la ley fundamental, se plantea suprimir el actual Consejo de la Judicatura y crear una comisión con un delegado del Poder Ejecutivo, otro del Poder Legislativo y otro del Consejo de Participación Ciudadana, para reorganizar el sistema judicial en el plazo de 18 meses.Al cabo de ese tiempo plantea crear, de acuerdo con otra pregunta, un nuevo Consejo de la Judicatura, encargado de administrar el sistema judicial, distinto al previsto en la Constitución en vigor, con delegados de distintos organismos.Correa, anunció que lo que busca la consulta popular es reformar la caducidad de la prisión preventiva, la misma que facilita que los presos sin sentencia por un año recobren su libertad, "la figura de la caducidad se ha convertido en foco de corrupción, de mayor inseguridad, al permitirse la liberación de delincuentes", señaló.
También "Si los ciudadanos quieren en sus respectivas administraciones cantonales que no existan negocios dedicados al juego de azar ni espectáculos públicos donde se maten animales por simple diversión", detalló. Una pregunta más sugiere considerar como delito que los trabajadores en relación de dependencia no estén afiliados a la seguridad social.
"La última palabra la tiene el pueblo y está en manos del los ecuatorianos darnos la oportunidad de esos cambios". Afirmó Correa.
Una encuesta de la firma privada Perfiles de Opinión, publicada el pasado viernes, reveló que el 78,4% de los ecuatorianos aprueba la gestión del gobernante, siendo el que más ha durado en el cargo desde 1996, cuando el país inició una década de inestabilidad con siete presidentes, tres de ellos derrocados. Correa planteó la consulta en momentos en que opositores impulsan un referendo para revocarle el mandato.
La Consulta y la institucionalidad
Fuente: La Trinchera
Fecha: 21 De Enero Del 2011
Reiteradamente he sostenido que la única manera de lograr una patria grande y prospera es respetando la ley. El respeto a la Ley, que es la máxima manifestación del compromiso adquirido en el contrato social, debe de ser irrestricto, y no me refiero al conductor que incumple la ley de transito o al contraventor que bota basura a la calle en contra de la ordenanza de Aseo dictada por el municipio. Me refiero a la totalidad del entono.
Esos infractores lo son porque sienten que es posible el irrespeto, porque hay seguridad de impunidad.
Nadie está por encima de la ley, ni hay fin supremo superior a la ley. No se justifica de modo alguno el quebrantamiento de ella, y más bien cuando dicho quebrantamiento se origina en las más altas esferas del poder administrativo, se debe volver perentorio el castigo o sanción para quien lo hace, considerando incluso la posibilidad de que dicho incumplimiento sea el resultado de una acción directa de los más insignes funcionarios del estado, para quienes debe pesar con más fuerza la sanción por incumplimiento de la ley.
La constitución de Montecristi, que es la que tenemos vigente y aplicándose, es mala de modo general. Pero es lo que tenemos. No me complace decirlo pero debemos de aplicarla tal cual, porque pese a que se utilizaron mecanismos ilícitos unos y lícitos otros sostenidos en acciones no éticas, terminó siendo aprobada por el pueblo ecuatoriano, eso la legítima, no la hace buena, ni perfecta, pero la legítima, por lo tanto, sus postulados deberán respetarse y tenerse como la máxima expresión de orden constituido.
El convivir social ha hecho que la forma de dimensionar el alcance de los deberes y obligaciones de los ciudadanos sea la ley, cuando no se respetan dichos límites de la ley nos vamos a encontrar con el principio de la anarquía, con el principio del quebrantamiento del orden, de la expectativa de respeto al derecho en todas sus formas.Tratándose de normativa constitucional, es vital el pronunciamiento de la Corte Constitucional, este es el caso en el que los miembros de esa corte deberán jugarse su papel en la historia, de ellos depende. No corresponde que juegue o prime el interés político conceptual, ni el interés de conveniencia política, sino únicamente el principal interés que es la preservación de la estructura jurídica, porque cada paso que se va dando con transgresión a la norma, es uno más que nos acerca a la desinstitucionalización. El interés primario del gobernante en cualquiera de sus niveles debe ser o estar encaminado al cumplimiento irrestricto de la ley, porque su incumplimiento lleva al despeñadero político, en el que no hay regreso ni opción de arreglo. El momento que el país sigue por ese camino, la siguiente parada es el fondo del barranco. Esto es volver otra vez a tratar de empezar sin opción de avanzar, manteniéndonos en la situación de ser un país llevado a niveles supremos del desorden legal, de gente inculta e inmadura políticamente hablando, lo que dirá mucho en torno a la incultura de nuestro pueblo.
El evidente dogmatismo político exhibido desde los más altos niveles del gobierno, generando enfrentamientos y odio entre ecuatorianos, revanchismo, nos está liquidando, sus autores no se dan cuenta del mal que están causando.
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