Drogas : ¿Excusa para continuación del Imperialismo o un arma para lograr equidad en las relaciones internacionales?
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Por Carlos Alberto Marcano Romero (Carnet 93-77916)
INDICE: Introducción El Problema Corrupción Guerra, violencia y seguridad ciudadana ¿El problema? ¿Sólo uno? O Drogas y Democracia Combatir las drogas en forma represiva no tiene lógica Desarrollo Alternativo La Scope Secuestro de la deuda Nuestras debilidades ¿Son nuestras? Conclusiones Bibliografía
Al término de la Guerra Fría ya no quedan excusas para el sostenimiento de entes creados en ese tiempo. Así se tiene el caso de la CIA norteamericana, la cual en un papel de redefinir sus funciones a riesgo de encontrar que ya no tiene sentido, se dedican a labores en materia de drogas, siendo este el escenario para socavar la soberanía de los países donde actúa cometiendo una serie de prácticas contrarias al respeto que se deben los países y contrarias a los derechos humanos. No existe una lucha contra este problema en los países consumidores, especialmente EE.UU., siendo lo lucrativo del consumo lo que realmente estimula este negocio.
Existen otros organismos que han tenido la idea de diversificar la actividad, como la ONU, organización que ha creado un mecanismo donde en la Cumbre [2] se estudió el reemplazo de especie acultivar para los productores. Esta idea desde el principio fue infeliz, toda vez que no se destinaron fondos suficientes ni se previó de dónde obtener los mismos en forma continuada. Adicionalmente no se tomó en cuenta [8] el hecho de que muchos químicos y substancias industriales de transformación, componentes fundamentales de las sustancias estupefacientes, se producen precisamente en los países desarrollados.
Existen organismos que juegan a imaginarse el escenario ideal en que se está siendo efectivo en erradicar la producción de narcóticos, y teorizan acerca de que la integración económica debería ir más allá de considerarse "complemento" para lograr objetivos. El SELA afirma [1]: "También en la política exterior, la integración latinoamericana no ha jugado hasta uy recientemente un papel principal. El rescate o mejoramiento de la imagen internacional de los países, el logro de confianza de parte de instituciones e inversionistas extrarregionales, el deslinde de posiciones respecto a asuntos tales como los derechos humanos, el tráfico de drogas, la administración de justicia, la corrupción y la gobernabilidad han sido los principales temas de la agenda exterior de la mayoría de los países de la región, mientras que la integración se ha considerado sólo como un complemento para alcanzar tales objetivos".
Las políticas antidrogas en su implementación actual, con rasgos altamente represivos, son para América Latina más causa de problemas que fuente de soluciones. Los daños colaterales que provocan el narcotráfico y la guerra antidrogas en el continente, se han vuelto factores clave que impiden la consolidación de los procesos de democratización. Más aún: en varios países, aquellos daños han impulsado o fortalecido contracorrientes que la creación de nuevos regímenes autoritarios. El problema puede verse desde dos ángulos: por un lado, la desestabilización resultante de la propia economía ilícita; por otro, la penetración transnacional provocada por la escalada de la lucha antidroga por parte de Estados Unidos.
Una iniciativa de desarrollo alternativo como la plantea la UNDCP [2] está condenada desde su inicio al fracaso, dado que no se aborda la problemática de la pobreza, la sustitución de cultivos por especies lícitas destinadas a la alimentación tienen un precio muy por debajo en el mercado internacional y con tendencia a seguir o continuar deteriorándose; y el grueso de los recursos no se destina a financiar ese eventual cambio de tecnologías de producción al campesino. Las consecuencias de la implantación de este programa serán: a.creación de un nuevo mecanismo de certificación: si no se limpian tantos acres de cultivos ilícitos, no se cumplió tal meta, y el país sufrirá una especie de tacha de infamia. b. El aumento de los niveles de deuda externa en los países productores, al haber escogido participar en estos programas, debe afrontar la carga de desembolsar 1/3 del costo del mismo, con prebendas especiales en cuanto a condonación si cumple con los objetivos, que no se van a cumplir; c. No se cumplirán porque al no ser realmente soluciones las opciones del "Desarrollo Alternativo", los productores volverán a sus prácticas en esas u otras regiones del país o del continente.
Aunado a todo lo anterior, se tiene la dimensión subjetiva del problema: cómo se afectan los individuos y las sociedades. En el caso de las sociedades desarrolladas algo debe andar mal que y origina insatisfacción en sus habitantes, los cuales buscan en las drogas medios de evasión y de querer sentirse bien, lo que puede significar que sus respectivos gobiernos debieran tomar esto en cuenta al diseñar políticas antidrogas en sus respectivos países.
En cada uno de nuestros países debemos enfocar este planteamiento: ¿cuáles son nuestras armas para ser escuchados por el Primer Mundo? Nuestras debilidades. Debe hacerse entonces, de nuestra problemática nuestras armas de negociación, sumiendo una posición de unidad en este sentido. Si no seadopta una postura de ataque con lo que se tiene, se reafirmará aún más la situación en perjuicio de los países latinoamericanos: el financiamiento para la ejecución de los programas antidrogas y de alternativas de desarrollo se hará via préstamos, esto ocasiona aumento considerable de las deudas externas; y el no cumplimiento de los objetivos de estos programas conllevará a una especie de descertificación que inhabilitaría al país caído en desgracia en el plano económico y comercial. El hecho de que países latinoamericanos dejen pasar esta oportunidad con indiferencia y pasividad como hasta ahora, dejando la iniciativa a otros, inevitablemente propende a que grupos o entes no gubernamentales y calificados como "ilegales" que sí ejerzan en cierto modo los roles de control geográfico, soberanía localizada e inclusive negociaciones informales o secretas, acciones que les dan más poder, poder que puede ser utilizado para intensificar los controles y así se tendrán organizaciones fuertes, estables, además que reconocidas de facto y que entonces pudieran servir de mediadores entre las relaciones entre "ellos" y "nosotros".
Para concluir se presenta la integración de un subconjunto de países afectados como el primer paso a seguir hacia el tomar medidas encaminadas a resolver de verdad este y otros problemas existentes con las relaciones entre el Primer Mundo y Latinoamérica, a la vez que se desglosa el mismo en sus componentes y así asignar responsabilidades a los países actores.
Para América Latina esta problemática tiene un significado diferente al de los países consumidores. Mientras que para éstos el problema se centra principalmente en el orden público y como una enfermedad [3], para nuestros países se trata de grandes grupos económicos que trastornan la actividad social, crean problemas de gobernabilidad, se quitan y ponen gobernantes, se anula el sistema judicial y legislativo.
Los efectos en cualquier país latinoamericano donde la actividad económica es importante: desde 1996 el proyecto Drogas & Democracia [4] ha analizado los daños ocasionados por el tráfico de drogas ilegales y las actuales estrategias para combatirlo en America Latina. Actualmente participan en el esfuerzo más de veinte investigadores de 16 países. El problema de las drogas, tanto en la influencia del tráfico ilegal como en la forma represiva en que se suprime, se ha convertido en una de las preocupaciones clave. Su característico doble filo estimula una mezcla de ingredientes altamente explosivos: la criminalización de la economía y la sociedad en general; la corrupción del sistema judicial y de las fuerzas de seguridad; la corrupción política, la ilegitimización del gobierno y la pérdida de base popular del sistema político; un ambiente manchado de violencia criminal y política; el alimiento de conflictos armados; violaciones a los derechos humanos combinados con impunidad endémica; legislación represiva que afecta los derechos civiles; y la relegitimización de un rol interno para el aparato militar.
Como si de un retorno a la guerra fría se tratase, Colombia, el país con la peor trayectoria en materia de derechos humanos hoy en día de todo el hemisferio, recibe más ayuda militar de los Estados Unidos que ningún otro país de la región, con un alto grado de intervención que recuerda la participación norteamericana en El Salvador a mediados de la década de los años 80. Las estadísticas hablan por sí solas[5]. Los asesinatos políticos fluctúan entre los 3.000 y 4.000 anuales en Colombia, con más de un 70% atribuído a los grupos paramilitares derechistas y sus aliados en el ejército. Otros 300 a 400 colombianos desaparecen cada año. Cerca de un millón han sido forzados a escapar de sus hogares debido a la violencia política. Mientras que la noticia de la masacre de Acteal en Chiapas (México) ocupó los titulares internacionales en diciembre pasado,
prácticamente no hubo cobertura alguna de las 185 masacres por motivos políticos que se cobraron las vidas de 1.042 víctimas en Colombia solamente en 1997. ¿Por qué un país podría tener tanto interés en colocar tan grandes sumas de dinero en otro? Esta acción debería verse como una estrategia de penetración, como una excusa para colocar tropas militares en territorio del país "amigo". Y por amplios precedentes, es sabido lo difícil que es hacer que estas tropas salgan, inclusive si cesa la causa de su permanencia.
Si bien Estados Unidos ha proporcionado asistencia a Colombia durante muchos años con el pretexto de la "guerra contra las drogas", los fondos para el ejército colombiano fueron eliminados en el año fiscal 1994 debido a consideraciones sobre derechos humanos. Sin embargo, a principios del año pasado, funcionarios norteamericanos anunciaron su propósito de renovar dicha ayuda. La cantidad total de fondos destinados a las fuerzas de seguridad colombianas se cuadruplicó, y se le prometieron al ejército embarcaciones y aviones, piezas de recambio para helicópteros, armas y más entrenamiento. En total, a la policía antinarcóticos y a las fuerzas armadas colombianas se les asignaron aproximadamente US$100 millones en asistencia directa de Estados Unidos. Otros US$40 millones canalizados a través de cuentas de financiamiento secretas del Pentágono—que han salido a relucir recientemente—permiten ofrecer armamento y entrenamiento militar adicional al ya provisto por la ley de ayuda extranjera cada año.
En el nombre de la lucha contra las drogas, en Colombia, la CIA financió nuevas redes de inteligencia militares en 1991[14]. Pero las nuevas redes hicieron poco para detener a los traficantes de droga. En cambio, ellos incorporaron grupos paramilitares ilegales en sus líneas y formaron escuadras de muerte. Éstos que las escuadras de muerte mataron a unionistas mercaderes, líderes campesinos, defensores de derechos humano, periodistas, y otro "subversivos" sospechoso. Esta evidencia, incluso los documentos secretos del ejército colombiano, sugiere que la CIA pueda estar más interesado luchando contra un movimiento de resistencia izquierdista que en combatir las drogas.
Los principales impulsores del proceso de (trans)militarización en el continente son las agencias antidrogas estadounidenses, el Congreso y el gobierno de Estados Unidos, mediante métodos que incluyen la presión y el chantaje, dirigidos a involucrar en su guerra a países "amigos" pero indóciles. La administración de Clinton planea suprimir este año fiscal los fondos destinados a actividades alternativas de desarrollo en las regiones de cultivo de coca en Bolivia y Perú, con el fin de proveer tres helicópteros Blackhawks adicionales a Colombia, que se suman a la asistencia.
Esta presión genera a menudo fuertes tensiones diplomáticas y a veces conflictos abiertos. Existen dudas fundadas sobre los otros, los "verdaderos" intereses y motivos estadounidenses detrás de esa política, especialmente la incidencia en la toma de decisiones de intereses electorales domésticos; la autodefensa de la burocracia gigantesca en el área de la lucha antidrogas; los intereses económicos vinculados al establecimiento del Area de Libre Comercio de las Américas (ALCA); y la legitimación de una política que pretende, además de estimular la venta de armamento en el continente, consolidar y aumentar la presencia militar en América Latina, manteniendo las actuales bases militares y forzando nuevos enclaves permanentes.
Consideramos la práctica de la certificación unilateral por parte del gobierno de Estados Unidos en el terreno de la lucha antidrogas, como altamente contraproducente en términos de una búsqueda común de la mejor solución para un problema cuyo responsabilidad es compartida. En general, el comportamiento de los gobiernos e instituciones en el campo de la lucha antidrogas no debería ser un criterio de condicionamiento de la ayuda económica externa de Estados Unidos, porque tal ayuda se convierte, una vez más, en un instrumento de presión y de injerencia en asuntos internos..
La "guerra contra las drogas" está profundamente ideologizada, llegando en Estados Unidos a niveles que se asemejan a la histeria de la "amenaza comunista" durante la época de McCarthy. Consideramos falsa la base de esa ideologización y muy preocupante el nivel de concertación mundial que recibe. Esta situación hace casi imposible una discusión racional sobre la eficaz de las estrategias aplicadas y los daños colaterales que provoca; obstaculiza la búsqueda de, y la experimentación con, posibles escenarios alternativos.
El problema en realidad es más simple: cualquier excusa que afecte la gobernabilidad, la democracia o donde se requiera "cooperación" servirá de pie para que el país amigo venga a prestar ayuda, es decir, a realizar prácticas imperialistas con atención a sus intereses.
El problema visto hacia adentro en un país, contempla varios aspectos: se tratarán a continuación el de la corrupción y la violencia interna.
Para disminuir la influencia corruptora y distorsionadora que ejerce el dinero proveniente del narcotráfico ,y de otras actividades mafiosas, en los ámbitos de la economía, la justicia y la política, es necesaria la aprobación de sistemas que controlen públicamente los ingresos de los partidos políticos y el financiamiento de las campañas electorales. Además es necesario implementar mecanismos de protección de ciertos sectores económicos estratégicos contra las inversiones de naturaleza dudosa. La investigación de la procedencia de fondos exige una modificación drástica del mecanismo del secreto bancario.
La impunidad de funcionarios estatales que violan sistemáticamente las leyes nacionales y los derechos humanos, así como la permisividad hacia los grupos paraestatales, permite que se perpetúen los mecanismos de poder que obstruyen el funcionamiento de la democracia. Es necesario instrumentar, desde la sociedad civil, mecanismos eficaces para controlar los operativos antidrogas y el funcionamiento del sistema judicial.
Guerra, violencia y seguridad ciudadana
El narcotráfico aumenta los niveles de violencia criminal y política, e intoxica y prolonga los conflictos armados. En Colombia, paramilitares en primer lugar y grupos guerrilleros en segundo, se alimentan con ingresos de la economía ilícita de drogas, llevando el conflicto a niveles más altos de violencia. En pa íses que viven en una fase de reconstrucción posguerra, grupos de desmovilizados y elementos depurados de los antiguos cuerpos de seguridad, se mezclan fácilmente con estructuras criminales, aportando sus armas, su experiencia en la conducción de la guerra sucia y su sistema de impunidad. La creciente marginalidad, desempleo e inequidad social estimula la integración de la economí a informal a la economía ilícita, y consecuentemente instala un proceso de criminalización de los sectores sociales involucrados. La mezcla de todos esos fenómenos genera una situación alarmante de inseguridad ciudadana, que parece estar empeorando en todo el continente.
Otras situaciones muestran problemas colaterales, pero por no tocar sensibilidades más allá de lo local, las soluciones son aplicables. Uno de estos casos es el del daño que causan los químicos usados en la fumigación [6]: "Defensoría del Pueblo: las fumigaciones de cultivos ilícitos en las ecosistemas tan importantes como la Amazonia y la Orinoquia han traído la devastación de por lo menos 50.000 hectáreas de bosques". Sin embargo, en este sentido se tienen investigaciones promisorias [7]: "Mientras crece la polémica sobre la fumigación parece surgir una alternativa: el control biológico de los cultivos de coca".
¿El problema? ¿Sólo uno? O Drogas y Democracia
No se trata de proponer una alianza a propósito de un tratado comercial o un beneficio económico, sino de ver el problema en su totalidad. Drogas es: producción, elaboración, distribución y consumo. Una vez dividido este problema, se puede determinar a quién o quienes les corresponde tomar medidas más efectivas en una parte del problema, y se pueden definir los mecanismos correctivos, preventivos o a que haya lugar.
Las políticas antidrogas tienen su primer origen en el deseo de proteger al bienestar humano: la comunidad internacional, preocupada por los impactos de las drogas en la salud pública, comenzó a prohibir un conjunto de sustancias y definir una serie de medidas para suprimir su producción, distribucion y abuso. Desde entonces, la economía de las drogas ilícitas ha conocido un crecimiento explosivo y la estrategia para combatirla una escalada hacia la guerra total.
Martin Jesma en su libro "Democracias Bajo Fuego" [8] quiere demostrar que las políticas antidrogas en su forma actual, con rasgos altamente represivos, son para América Latina causa de más problemas que soluciones. En términos políticos y sociales, los daños colaterales que provocan el narcotráfico y la guerra antidrogas en el continente, se han vuelto factores claves en el impedimiento de la consolidación de los procesos de democratización. En varios paises incluso ellos han impulsado o fortalecido contracorrientes que buscan la creación de nuevos regimenes autoritarios. Es decir: en nombre de la defensa de la salud se están violando los principios básicos de la atención en este mismo campo, que se reflejan en la apertura del juramento de Hipócrates: "Primum non nocere…"
El citado libro de Jesma divide la influencia del factor "drogas" sobre los procesos de democratización y desmilitarización en América Latina, desde dos ángulos: por un lado la desestabilización resultante de la propia economía ilícita, por otro lado la remilitarización provocada por la escalada de la lucha antidroga. Nos imaginamos inicialmente a un fragil estado democrático entre estos dos fuegos cruzados, que dificultan la consolidación de los procesos de transición democrática.
En este libro se subrayan serias dudas sobre la existencia real de los procesos de democratización y desmilitarización en el continente, y de dos fuegos distinguibles. Se inició una transición que puso fin a la época de las dictaduras militares, en un largo proceso que comenzó con las elecciones presidenciales de Argentina en 1983 y culminó con el golpe de estado que derrocó a Alfredo Stroessner en Paraguay en 1989. Ese mismo año presenció nuevas negociaciones de paz en Centroamérica, que dieron la espalda al conflicto armado en la región, asimismo la caída del muro de Berlin, marcando simbólicamente el fin de Guerra Fría, lo que permitió a América Latina consolidar –por lo menos a nivel ideológico—la mencionada transición. Estos cambios representan pasos significativos, especialmente en el area de los derechos humanos, las libertades civiles y la concertación política. Sin embargo, cuestionamos las altas espectativas despertadas por todo ello, y sus posibilidades de verse materializadas en la década de los noventa.
Las fuerzas contrarias a la transición democrática tienen varias raices. Algunas de ellas, como señala en su capitulo Adriana Rossi, en referencia a la época de las dictaduras: "emergen de un pasado que se resiste a morir, mostrando la vitalidad de viejas estructuras y sus vinculaciones con el nuevo poder". Rossi incluso llega a la conclusión que: "El Estado de Derecho se está trasformando en un cascarón vacío, donde las funciones y las instituciones garantes de la democracia siguen existiendo como estructura, pero en lugar de cumplir con sus mandatos constitucionales, se ponen al servicio de intereses que nada tienen que ver con una sociedad democrática, borrando cualquier garantía constitucional, erigiendo la impunidad a regla de convivencia civil, en un proceso de contaminación y resquebrajamiento de los principios democráticos. (…) Si hace dos décadas, en América Latina, la destrucción de la democracia pasaba por la implantación violenta de gobiernos de facto, actualmente parece pasar por el vaciamiento de sus órganos".
Nuevos modelos de autoritarismo surgen en el continente, en confluencia con una serie de procesos y factores. Los intereses económicos ilegales se han enquistado en el poder, impulsando en varios paises la formación de elementos de un estado paralelo que vacían las instancias democráticas. Las reformas del estado que buscan una mayor eficiencia en el contexto de los programas de ajuste estructural llevan en la práctica a una concentración de poderes. La definición del narcotráfico como una amenaza a la seguridad nacional relegitima un papel doméstico de las Fuerzas Armadas. El clamor popular por medidas drásticas en respuesta a la inseguridad ciudadana, facilita la introducción de leyes y actuaciones represivas. En palabras de Mario
Maldonado (Capítulo 3, [8]): "Mientras los intelectuales buscan los principios de la democracia entre las ruinas provocadas por el derrumbe de la historia reciente, los guatemaltecos comunes enfrentan el surgimiento de Narcolandia, el Estado dentro del Estado".
Combatir las drogas en forma represiva no tiene lógica
Considerando las gigantescas inversiones que sigue exigiendo la guerra antidrogas, los graves daños colaterales en materia de derechos humanos y democracia, y sus efectos contraproducentes en términos de su influencia sobre la fuerza de la economía de las drogas y sus agentes, no parece haber lógica en lo que Bertram y Sharpe [9] llaman: "la persistencia de políticas no viables enfrentadas con evidencias incontrovertibles de su fracaso (…) Aparentemente es un razonamiento en el que el uso de la fuerza no había funcionado por haber sido insuficientemente aplicado y que la respuesta lógica al fracaso, como consecuencia, era incrementar los esfuerzos en vez de reevaluarlos."
Por un lado, la ausencia de lógica se explica por otros intereses detrás de la Guerra antidrogas. Se Señala la visible crisis misional de las Fuerzas Armadas tanto en América Latina como en Washington, que conlleva a la necesidad de redefinir el enemigo y los escenarios de la guerra, capaces de justificar la mera existencia, los presupuestos, los programas de asistencia y entrenamiento, las compras de armamento, y la permanencia de bases militares, como es el caso de algunas de las bases estadounidenses en Panamá y su prevista transformación en un 'Centro Multilateral Antidrogas'. La redefinición de misiones con mayor énfasis en las tareas antidrogas, es especialmente controvertida en el caso de la CIA, que a lo largo de su historia ha conocido escándalos por sus alianzas con connotados narcotraficantes. La contribución de Frank Smyth ofrece un cuestionamiento serio a la integridad del actual programa antidrogas de la CIA, que se encuentra en extensión.
La ausencia de lógica en la Guerra antidrogas, con tristes perspectivas, no sólo para los quienes sufren las consecuencias de la remilitarización de América Latina, sino también para todos quienes buscan verdaderas soluciones para los problemas relacionados con el abuso de drogas: "Las dinámicas políticas que dan forma a las estrategias antidrogas de Estados Unidos hacen improbable, si acaso no imposible, un giro hacia na aproximación más realista al control del tráfico de drogas. Dominados por el temor a ser calificados como ‘blandos en relación con las drogas', la Administración y el Congreso estadounidenses han abondonado el sistema constitucional de verificaciones y balances diseñado para evitar la promulgación de políticas descaminadas, en favor de la competencia partidaria por demostrar quién es el más duro en relación con las drogas; esta batalla se vuelve más fiera a medida que se acercan las elecciones." "Hasta que otra criatura en la selva política adquiera la capacidad y el valor para desafiarlo, el complejo de las agencias antidrogas seguirá exprimiendo al Congreso sumas cada vez más grandes de dinero, estrangulado el debate sobre políticas antidrogas alternativas, y aplastando bajo su propiopeso todos los efuerzos por mejorar el desempeño real medido en un uso decreciente de drogas ‘duras' y de violencia relacionada con las drogas."
En conclusión, no parece ser realista la imágen de la democracia latinoamericana amenazada por 'dos fuegos', el narcotráfico y la Guerra antidrogas. Los diferentes capítulos de este libro demuestran que ambos fuegos están íntimamente interrelacionados. En primer lugar por el carácter 'endógeno' del desarrollo del 'crimen organizado' y la relación con los grupos de poder que encuentran en la nueva guerra un espacio para atender otros intereses. En segundo lugar por las nuevas leyes antidrogas que permiten la sobrevivencia y reproducción de sistemas de impunidad en la cual se afianza la vinculación entre estado e ilegalidad.
Uno de los esfuerzos realizados por las Naciones Unidas para combatir las drogas es el programa de la UNGASS. El evento fue bautizado en Viena durante la reunión de la Comisión de Estupefacientes, que se efectuó del 16 al 20 de marzo, actuando como Organo Preparatorio de la Sesión Especial de junio de 1998. Pino Arlacchi, Director Ejecutivo del UNDCP, abrió la sesión de una semana de duración con un discurso en el cual presentó el lema: "Un mundo libre de drogas: ¡Podemos lograrlo!" Arlacchi trató de convencer a las delegaciones de los estados miembros para que adopten SCOPE destinada a acabar con el cultivo de la mata de coca y la adormidera en un periodo de 10 años. El propósito del UNDCP es haber eliminado el problema de raíz para el año 2008.
El proceso total de la Sesión Especial con respecto al desarrollo alternativo (el cual, según la ONU debe estar siempre acompañado de la erradicación de cultivos ilícitos) se asemeja a un edificio de tres pisos. En el primero está la base se fundamenta en la Declaración política que define las inquietudes, la voluntad e intenciones de la comunidad internacional y que hace un llamado para tomar acciones específicas en todos los aspectos; En el segundo está el Plan de acción de cooperación internacional para la erradicación de cultivos ilícitos de drogas y para el desarrollo alternativo que establece las pautas a este respecto; y en el tercero, está la Estrategia internacional para la eliminación de la coca y la adormidera (SCOPE), con miras a suministrar la implementación práctica.
El Plan de acción define el Desarrollo Alternativo como "un proceso para prevenir y eliminar el cultivo ilícito de plantas que contienen drogas narcóticas y sustancias sicotrópicas, a través de medidas de desarrollo rural especialmente diseñadas en el contexto del crecimiento económico nacional sostenido y los esfuerzos de desarrollo sostenible en los países que están emprendiendo acciones contra las drogas, reconociendo las características socioculturales particulares de las comunidades y grupos que constituyen el objetivo de trabajo, dentro del marco de una solución amplia y permanente para el problema de las drogas".
Aunque el Desarrollo Alternativo todavía está limitado a la erradicación de cultivos ilícitos, ahora se ha ampliado al desarrollo rural, cambiando la sustitución de cultivos a programas de desarrollo más integrados, (que incluyen infraestructura, salud y educación) en las regiones para combatir la pobreza. Bajo el título Enfoques innovadores y mejorados para el Desarrollo Alternativo, se describe dicho desarrollo como "un componente importante de una estrategia equilibrada e integral para el control de las drogas cuyo objetivo es crear un ambiente de apoyo para la implementación de dicha estrategia. Su meta es promover opciones socioeconómicas legales y sostenibles para las comunidades y grupos de población que han recurrido al cultivo ilícito como su único medio viable de sustento, lo cual contribuye en una forma integral a la erradicación de la pobreza".
En el capítulo titulado Fortalecimiento de la cooperación internacional para el Desarrollo Alternativo, se hace incluso alusión a las aspiraciones mundiales en cuanto la "promoción de un mayor acceso a los mercados nacionales e internacionales para los productos de Desarrollo Alternativo con miras a solucionar los problemas relacionados con los precios y el mercadeo que surgen a raíz de la sustitución de los cultivos ilícitos por cultivos lícitos comerciales". Pero en ninguna parte se estipula cómo se deberá llevar esto a cabo en una economía globalizante que cambia hacia una mayor liberalización y que conduce a precios reducidos e inestables en el mercado mundial para los posibles productos viables alternativos.
Los acuerdos de libre comercio podrían generar un mayor acceso a los productos alternativos en los mercados de Estados Unidos y Europa, pero no garantizan precios que puedan competir con los de los cultivos ilícitos. Por el contrario, los instrumentos legales de 1980 referentes a precios del mercado mundial más altos y estables para los posibles productos alternativos colapsaron debido a la presión de las doctrinas del libre comercio, ocasionando así un incremento en la dependencia de los cultivos ilícitos. En 1985 se desintegró el Consejo Internacional del Estaño ocasionando una caída virtual de la economía boliviana que produjo la migración de miles de mineros desempleados hacia la región subtropical de Chapare donde iniciaron el cultivo de coca para subsistir.
La caída de los precios del café por el colapso del Acuerdo Internacional Cafetero en 1989 no solamente hizo que los campesinos optaran por el cultivo de la coca, sino que también interrumpió bruscamente los proyectos de Desarrollo Alternativo que intentaban persuadir a los cultivadores de coca para cambiarse al cultivo de café [10]. Hoy en día, la baja repentina en los precios del café de US$ 267 por quintal (100 kg.) en 1997 a US$187 y la disminución esperada a casi US$110 en 1999 plantea un serio problema para los programas antidrogas en Perú, puesto que esto disminuye el atractivo de uno de los cultivos seleccionados como sustituto del cultivo de la coca.
Este tipo de instrumentos regulatorios, independientemente de sus deficiencias, puede proporcionar precios competitivos de mercadeo para cultivos no ilícitos, pero va en contravía de la actual ideología de libre comercio. No se ha hecho ningún intento de iniciar una "estrategia innovadora" respecto al comercio justo para contrarrestar el cultivo ilícito y, al parecer, no hay probabilidades de que se haga.
En cuanto a los precursores químicos, la controversia tradicional productor-consumidor ha dado un giro de 180 grados: los países productores de drogas ilícitas son "grandes consumidores" de precursores que a su vez le son suministrados por los países consumidores de estupefacientes. Durante la sesión la PrepCom se generaron acalorados debates por la proposición de países productores de estupefacientes para que se apliquen estrictos controles a la importación y exportación de los precursores químicos. En la producción de cocaína y heroína los precursores químicos son tan necesarios como las hojas de coca y la adormidera que son ingredientes primarios. En el caso de estimulantes tipo anfetamínico, la única materia prima necesaria son productos químicos. Los Estados Unidos, Japón y Europa se opusieron a estas propuestas, temiendo una interferencia con los preciosos principios del libre comercio. El precio de la lucha contra las drogas a toda costa era demasiado alto en este caso.
La reputación del UNDCP en estos aspectos no deja de ser cuestionada. Los programas de Desarrollo Alternativo aplicados en el pasado para la sustitución de cultivos simplemente han fracasado. En muchos países productores de drogas ilícitas se ha presentado una completa pérdida de confianza entre los buenos oficios del UNDCP, por una parte, y las organizaciones de campesinos en conjunto con las ONGs, por la otra. Muchas de las quejas tienen que ver con los siguientes aspectos: falta de participación en la identificación, preparación, implementación y evaluación de proyectos; los salarios frecuentemente excesivos para el personal del UNDCP; conocimiento insuficiente de circunstancias locales en las áreas de cultivos ilícitos; la aquiescencia de medidas violentas para hacer cumplir la ley y serias violaciones de los derechos humanos que
frecuentemente acompañan las operaciones antinarcóticos en estas áreas; y la estrecha cooperación con regímenes controvertidos, como el caso del convenio hecho con el Talibán en Afganistán el año pasado y, recientemente, con la dictadura militar en Burma.
El objetivo de la SCOPE para eliminar los cultivos en un plazo de 10 años aumentará considerablemente la presión para que se efectúe el giro hacia la represión y la erradicación forzosa de cultivos, ya que es muy improbable que con el Desarollo Alternativo logre la meta de eliminación en dicho plazo.
El objetivo principal de la SCOPE es la eliminación mundial del cultivo ilícito del arbusto de coca y de la adormidera hacia el año 2008. La estrategia pide un "enfoque equilibrado" entre la aplicación de la ley, el Desarollo Alternativo y la reducción en la demanda, a fin de librar al mundo del 'flagelo de la heroína y la cocaína'. Se espera que el rubro para el Desarollo Alternativo reciba el grueso del presupuesto de cerca de US$4 mil millones, es decir, el 74%, mientras al rubro de aplicación de la ley le corresponde el 20% y a la reducción de la demanda el 2%. El UNDCP mismo no cuenta con fondos propios, por lo cual hizo un llamado a la comunidad internacional para que preste su apoyo a la SCOPE y suministre los fondos necesarios.
El plan está enfocado hacia ocho países claves en tres regiones. La agencia declara: "luego de tres décadas de experiencia, la comunidad internacional está ahora equipada con métodos comprobados y el conocimiento tecnológico necesario para enfrentar el problema en las áreas productoras. El fortalecimiento de los mecanismos de control de narcóticos en las regiones en cuestión ha abierto el camino para intervenciones a gran escala y la mayoría de países productores han adoptado estrategias nacionales y planes de acción bien definidos que se encuentran listos para ser implementados." "Al mismo tiempo", continúa el resumen del plan, "es posible monitorear las áreas bajo riesgo a fin de impedir que el 'efecto globo' anule el impacto mundial de los programas de eliminación."
Otra "condición ideal" para la aplicación de la SCOPE, promoción de un ambiente económico nacional e internacional que permita facilitar la presencia de las fuerzas que hacen menos atractivo los cultivos ilícitos en el mercado, es algo que está mucho más allá del alcance del UNDCP. La agencia no está en capacidad de garantizar precios altos y estables en el mercado para productos alternativos que puedan competir con los de los cultivos de drogas ilícitas. La comunidad internacional más bien recurre a la "ampliación de los programas de cumplimiento de la ley que afectan la productividad de los cultivos ilícitos y, al hacer esto, genera fuentes alternativas de ingreso legal más competitivas y atractivas", según se estipula en el Proyecto de Plan de acción de cooperación internacional para la erradicación de cultivos Ilícitos de drogas y para el Desarollo Alternativo. Eso se traduce en luchar contra la pobreza reduciendo las ganancias. A final de cuentas, las políticas de control de drogas ilícitas no están diseñadas para luchar contra la miseria sino para eliminar la producción y consumo de drogas ilícitas a cualquier costo.
La SCOPE también hace un llamado a la inversión por parte del sector privado en el Desarrollo Alternativo: "El sector privado tendrá un papel importante en cuanto a inversiones productivas en el área de producción", el cual ha de verse estimulado con medidas gubernamentales, como reducción de impuestos y programas de inversión pública complementarios al igual que acuerdos preferenciales de comercio a nivel internacional. Esto podría ser contraproducente. En Bolivia, por ejemplo, el líder cocalero Evo Morales advierte que la tierra desalojada en Chapare por la reubicación de alrededor de 15.000 cultivadores de coca en otras regiones, será dedicada a la producción de cultivos de exportación a mediana y gran escala por parte de grandes y medianas
compañías del sector privado sin que los campesinos participen en ello.
El Plan Bánzer procura hacer progresar la agroindustria competitiva según las pautas promovidas por la SCOPE. La mayoría de los productos de Desarollo Alternativo son comerciables, según se afirma en el plan, y deberán competir de acuerdo con las regulaciones especificadas por la economía globalizante. "Esto (…) obliga la implementación de iniciativas agroindustriales de mediana a gran escala", continúa el plan, por medio de compañías que posean el conocimiento tecnológico adecuado y que estén en capacidad de comercializar en el mercado internacional. Con tal propósito, se propone la implementación de una serie de medidas de exención para estimular empresas a gran escala, entre los cuales se encuentra una nueva Ley de Incentivos Tributarios. En el plazo de cinco años, la producción agrícola y ganadera habrá aumentado por lo
menos el 70%, según se prevé en el plan.
Si se logra que las ganancias de la agroindustria y el supuesto estímulo de la economía nacional en este tipo de esquemas de desarrollo lleguen paulatinamente a los sectores más desfavorecidos de la sociedad (aquellos que después de todo constituyen la raíz del problema puesto que han recurrido al cultivo de coca para subsistir), este proceso queda en manos del mítico mecanismo de la economía globalizada de libre comercio.
Los recursos financieros necesarios para la implementación de la SCOPE provendrán de los gobiernos de los países involucrados, donantes bilaterales y organizaciones internacionales. Aproximadamente una tercera parte podría cubrirse con recursos gubernamentales de los países involucrados y las otras dos terceras partes serían cubiertas por la comunidad internacional. Aproximadamente dos tercios del aporte de la comunidad internacional provendrían de países donantes por medio de acuerdos bilaterales y una tercera parte de organizaciones multinacionales. La asistencia internacional podría tomar la forma de donaciones y préstamos.
Se están considerando dos opciones para complementar los fondos gubernamentales, los fondos bilaterales y multilaterales provenientes de donaciones. Una opción es establecer mecanismos especiales de préstamo para planes de control anti-drogas y particularmente programas de Desarollo Alternativo. La otra opción involucra la renegociación y conversión de las deudas de los países productores involucrados. El suministro de fondos para los programas de apoyo nacional podrían entonces incluir cuatro componentes principales: préstamos, conversión de deudas, concesiones y recursos estatales.
Uno de los posibles mecanismos para establecer préstamos especiales involucraría, además del UNDCP, a instituciones financieras internacionales, particularmente el Banco Mundial y bancos de desarrollo regional. "Las condiciones de reembolso se determinarían de acuerdo al criterio de rendimiento, siendo el más obvio y principal, la cesación del cultivo ilícito en el país" según lo establece la SCOPE. "Un país que tenga éxito en la eliminación de la producción de drogas ilícitas, tendría su deuda total o parcialmente cancelada; el resto se reembolsaría bajo condiciones favorables en el caso de una restitución parcial". La labor administrativa de financiación y préstamo se confiaría a los bancos y el UNDCP suministraría el conocimiento experto para las
evaluaciones de casos y, bajo solicitud expresa, la implementación del programa y monitoreo del progreso del mismo.
Algunos de los países subdesarrollados más pobres deben desembolsar con dificultad una tercera parte de los requerimientos financieros para la SCOPE, mientras que los países ricos altamente desarrollados, donde se encuentra el mercado del consumidor y la mayor parte de la rentabilidad por drogas ilícitas llega a punto muerto, contribuyen con dos terceras partes. Si se calcula en porcentajes del PIB de los países productores y el PIB de la comunidad internacional se observaría una devastadora inequidad en la que los países productores llevarían la peor parte. A esto se reduciría la denominada "responsabilidad compartida".
Aún más, los países productores se verían virtualmente secuestrados por nuevas deudas a la comunidad internacional, con el UNDCP como controlador general. Para financiar su parte del trato, los países ya endeudados hasta el tope tendrían que hacer préstamos considerables. El UNDCP ayudaría a establecer préstamos con tasas de interés y plazos de pago preferenciales o, en otras instancias, a ofrecer contratos aún más favorables (cancelación de las deudas o conversión de las mismas), pero los países productores dependerían totalmente de la monitoría que haga el UNDCP de su "rendimiento", es decir, el número de acres de cultivo eliminado. Los países que no cumplan con el criterio de rendimiento del UNDCP serán "castigados" con deudas extras.
Después de todo, el UNDCP no ha sido creado para eliminar la pobreza del mundo sino las drogas ilícitas. El principal objetivo de la SCOPE es: la eliminación mundial para el año 2008 del cultivo ilícito de la mata de coca y de amapola, así como de la producción ilícita de derivados opiáceos y derivados de la coca. La cuestión ahora es ¿quién pagará los costos?. En términos reales, los sufragará el pequeño productor, el cocalero de Chapare o el cultivador de amapola en Afganistán.
Nuestras debilidades ¿Son nuestras?
La problemática de latinoamérica parece importar más a otros entes y en otras esferas. Las conferencias internacionales auspiciadas por la Organización de las Naciones Unidas han respondido a los grandes temas de la agenda mundial actual, que principalmente son [11]: comercio, inversión , finanzas, deuda, medio ambiente, tráfico de drogas, migraciones, enfermedades transmisibles, incremento de la población, pobreza, gobernabilidad, terrorismo, refugiados y control de armamentos. Ya se estudió la diferencia de significados que el problema puede tener, dependiendo desde dónde se aborde el problema.
¿Y qué ocurre cuando dos de estos temas se combinan para actuar como una unidad? Se han presentado casos donde ocurren migraciones para mover la industria de la producción de drogas [12]. Hechos como éste pudieran ser causa de integraciones regionales en ámbitos diferentes al comercial. Pero no solamente en el aspecto de cobinarse para actuar, sino que una debilidad es sustituible por otra: si se desea combatir las drogas, endéudate e implementa un plan. Así puede leerse entre líneas sobre el programa de la UNDCP [2], donde el costo a sufragar por parte de los productores representa una carga mayor en términos de participación del PIB que en los países consumidores.
Todo este interés en ofrecer ayuda para anular los centros de producción y estimular acuerdos y tratados en materias de extradición, penal, de cooperación, nobles aspiraciones para erradicación (o "disminución significativa") de cultivos de tales especies… Debieran ser vistos con recelo. La insistencia en presentar al problema como eminentemente causado por los países productores latinoamericanos (En EE.UU. se cultivan ciertas especies) pudiera deberse a que hay una nación industrializada que ha visto en la distribución y consumo una gran fuente de movimientos de capitales, y por tanto, propugna la hegemonía de participación. Lo que quizás no pueda ser tolerado sea el que entes o grupos no norteamericanos participen mayoritariamente en el juego. Si esta hipótesis es cierta, como los indicios y movimientos políticos y legales indican, en poco tiempo los mercados ofrecerán "drogas permitidas" con controles sanitarios y permisos.Esto no es descabellado, es el caso del cigarrillo y el alcohol actualmente, que en otros tiempos fue monopolio de la corona británica.
La unificación de posturas entre algunos países latinoamericanos afectados y un desempeño continuado y exitoso en poco tiempo, hará que otros países se adhieran. De no ocurrir así, se seguirán fortaleciendo los grupos llamados paramilitares, quienes seguirán consolidando su posición e inclusive pudieran consolidarse y hasta negociar condiciones justas para nuestros pueblos.
No se trata de proponer una alianza a propósito de un tratado comercial o un beneficio económico, sino de ver el problema en su totalidad. Drogas es: producción, elaboración, distribución y consumo. Una vez dividido este problema, se puede determinar a quién o quienes les corresponde tomar medidas más efectivas en una parte del problema, y se pueden definir los mecanismos correctivos, preventivos o a que haya lugar.
El problema en realidad es más simple: cualquier excusa que afecte la gobernabilidad, la democracia o donde se requiera "cooperación" servirá de pie para que el país amigo venga a prestar ayuda, es decir, a realizar prácticas imperialistas con atención a sus intereses.
El proceso de transnacionalización de la lucha antidroga, al establecer estructuras de cooperación fuera del control o conocimiento de las instituciones democráticas nacionales, pone en peligro la soberanía y el funcionamiento democrático de los países. Cualquier tratado o convenio, formal o informal, de cooperación internacional militar, policial o judicial, a nivel operativo o de inteligencia, debe sujetarse previamente a una discusión y decisión parlamentaria abierta.
Los pobres éxitos de las grandes inversiones en operaciones de interdicción a la producción y el tráfico de drogas, y de erradicación de cultivos ilícitos, descalifican el mantenimiento de un elevado presupuesto con esos objetivos, dineros no vistos por los afectados y protagonistas: los productores. Además, la práctica de la fumigación de los cultivos con herbicidas[13] debería prohibirse de inmediato, por sus efectos nefastos para la población y el medio ambiente.
Es poco probable que el Desarollo Alternativo mismo genere alternativas tan atractivas como el cultivo de drogas ilícitas, ni siquiera considerando su más amplio concepto, denominado desarrollo rural. Consecuentemente, una estrategia integrada contra las drogas ilícitas como la SCOPE incluye la prohibición y erradicación para que el riesgo de cultivar amapola o coca sea mayor tanto a nivel económico como social. No obstante, políticamente, el Desarollo Alternativo suministra legitimidad para el uso de crudos métodos forzosos de erradicación, al fin y al cabo, pretextos para formas directas de intervención armada. Tal desarrollo suministra una red de seguridad importante en términos socioeconómicos para el cultivador de drogas ilícitas, así como para la reputación de quien hace cumplir la legislación antidrogas, quien realmente no puede usar la imagen del campesino indigente a quien se le ha despojado de sus medios de subsistencia.
La lucha antidrogas puede verse como un esfuerzo (por parte de los más interesados) de lograr el control hegemónico sobre esta "industria". Está en la formulación de las distintas políticas exteriores de los países latinoamericanos el incluír esta arista al interpretar el problema y tratar de sacar ventaja de ello al momento de exigir ser tomados en cuenta para efectos de las relaciones Norte-Sur como un todo. Si se lograra embeber el concepto drogas con el concepto pobreza, los organismos multinacionales (en alguna medida estamos representados en ellos) deberían apuntalar a tomar medidas "de verdad" que generarar resultados ciertos, estables y justos en este sentido. El que realmente a futuro disminuya o no la problemática drogas no debe ser nuestro objetivo primario: es la estrategia que deberíamos usar para sincerar nuestra posición como países y lograr equidad en las relaciones económicas.
[1]. Tendencias y opciones en la integración de América Latina y el Caribe SP/CL/XXIII.O/Di No. 8 II. Caracterización de la etapa actual del SELA. [2]. ONU INFORMES Y DOCUMENTACIÓN SOBRE LA POLÍTICA DE CONTROL DE DROGAS DE LAS NACIONES UNIDAS .
[3]. Enrique Solís. Caracteres y efectos de las drogas y sustancias estupefacientes.http://www.compuserve.com.ar/resistencia/ichi/drog1.htm
[4]. Transactional Institute. Proyecto Drogas & Democracia http://www.worldcom.nl/tni/drogas/index.htm
[5]. Youngers, Coletta. "Continúa la intervención de los Estados Unidos en Colombia" www.nacla.org [6]. "Olor a desierto en la Amazonia y Orinoquia". El Espectador (Bogotá, Colombia), 16 septiembre de 1998 [7] . "Plaga contra la coca". Revista Semana (Bogotá, Colombia), 14 septiembre de 1998 [8]. Martin Jelsma / Theo Roncken (coordinadores) Transnational Institute / Acción Andina DEMOCRACIAS BAJO FUEGO. DROGAS Y PODER EN AMERICA LATINA [9]. Bertram y Sharpe. Drug War Politics: The Price of Denial 1996. [10]. ESTRATEGIA MUNDIAL ANTIDROGAS: BARNIZ DE UN COLAPSO. Blickman Tom. Traducido por Yaneth Camargo A.. Acción Andina sobre desarrollo alternativo, No. 2 – Año 2, junio de 1998 [11].- Agenda Mundial de la ONU. http://www.un.org.mx/snu/coordina/mensaje/s3100b.html
[12]. Colonización en Amazonas. Ecuatorianos y peruanos ingresan de manera ilegal a Colombia para convertirse en mano de obra para cultivos ilícitos. El Espectador (Bogotá, Colombia), 16 septiembre de 1998 [13]. http://www.worldcom.nl/tni/drugs/links/bwarfare.htm
El apoyo del PNUFID al análisis y desarrollo de herbicidas biologicas para controlar el cultivo de drogas, está documentado en: Biological Warfare in the War on Drugs. [14]. Smyth, Frank "Still seeing red: the CIA fosters death squads in Colombia".THE PROGRESSIVE , June 1998. http://www.prairienet.org/csncu/progressive.html
Autor:
José Pedro Barrán barran[arroba]seciu.edu.uy