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Después de la firma de los acuerdos de paz de El Salvador

Enviado por Luis


Partes: 1, 2

  1. Introducción
  2. Principales logros de los Acuerdos de paz
  3. Instituciones surgidas por los Acuerdos de paz, para la existencia y sostenibilidad del estado de derecho
  4. Actividades
  5. Conclusión

Introducción

En el presente trabajo se desarrolla una serie de actividades con las cuales cada uno de nosotros podemos aprender más acerca de las cosas que sucedieron después de la firma de los acuerdos de paz. Con estas actividades desarrolladas tratamos de enriquecer nuestros conocimientos, dentro de estas actividades se desarrollan temas como por ejemplo algunas instituciones que se crearon en base a los acuerdos de paz, el papel que jugó la procuraduría de los derechos humanos, la situación actual de la fuerza armada, reformas constitucionales realizadas a partir de la firma de los acuerdos de paz, también algo muy importante como lo es la vida de Monseñor Romero e Ignacio Ellacuría, la disolución de los cuerpos de seguridad, el surgimiento de la PNC, entre otros de opinión ante dichos temas.

OBJETIVOS

  • Aprender más sobre los sucesos que se dieron después de los acuerdos de paz.

  • Conocer las bases de una institución muy importante como lo es la PNC.

  • Valorar el papel que desempeñaron el monseñor Romero e Ignacio Ellacuría.

  • Trabajar en estas actividades para enriquecer nuestro conocimiento ante tal importante acontecimiento que marco la historia de nuestro querido El Salvador.

Principales logros de los Acuerdos de paz

Algunos de los principales logros de los acuerdos de paz que han contribuido al proceso de construcción de un estadosociedad democrático:

Desmilitarización progresiva de la sociedad salvadoreña: Bajar al 50% el número de efectivos de la fuerza armada. Desmovilización de las fuerzas del FMLN y del desmontaje de su estructura militar.

  • Supresión del aparato estatal: grupo de paramilitares, defensa civil, guardia nacional, policía nacional y policía de hacienda.

  • Redefinición del rol constitucional de la fuerza armada, sustrayéndola de cualquier función de seguridad pública; asegurando su involucramiento en las decisiones políticas del país, su depuración, reducción y profesionalización.

  • Constitución de una PNC basada en una doctrina de respeto a los derechos humanos, civismo y profesionalismo.

  • Creación de academia nacional de seguridad pública.

  • Establecimiento del TSE.

  • Establecimiento de la comisión de la verdad para investigar los hechos de violencia política ocurridos desde 1980.

  • Desarrollo económico y social: búsqueda de soluciones a las necesidades económicas y sociales más urgentes de la nación mediante, un llamado a todos los salvadoreños para que pusieran su mejor esfuerzo.

  • Estabilización socioeconómica mediante el plan de desarrollo económico y social para 5 años, destinado a crear las condiciones para mejorar el nivel de vida de población, especialmente de aquellos que viven en condiciones de extrema pobreza.

Instituciones surgidas por los Acuerdos de paz, para la existencia y sostenibilidad del estado de derecho

  • LA FUERZA ARMADA:

La parte principal de los acuerdos de paz se refiere a la toma de la fuerza armada, el nudo "GORDIANO" Que mantuvo entrampadas las posibilidades de avance a lo largo de casi todo el proceso de negociación.

El propósito principal fue precisar y garantizar la subordinación de la institución castrense al poder civil y revertir la desproporcionada injerencia de los militares en la sociedad.

La constitución en 1983, promulgada por una asamblea constituyente dominante por fuerzas de derecha, en un contexto de guerra civil abierta, asignaba a la fuerza armada funciones que ningún ejército desempeña en una sociedad civilizada. En los acuerdos de México se redujeron esas funciones que la constitución asignaba a la fuerza armada, a solamente dos: 2la defensa de la soberanía del estado y de la integridad del territorio". En idénticos términos se planteó la misión de la fuerza armada en los acuerdos de New york I y New York II.

Estos últimos subrayaban expresivamente que el mantenimiento de la paz interna, de la tranquilidad, orden y seguridad pública, está fuera de la misión ordinaria de la fuerza armada.

  • LA POLICIA NACIONAL CIVIL:

De enorme trascendencia resultó el acuerdo sobre la disolución de la guardia nacional y de la policía de Hacienda como cuerpo de seguridad pública y la recomposición radical de la PNC a efecto de construir una nueva PNC, como un cuerpo policial verdaderamente profesional en el marco de una nueva estructura de seguridad pública.

Este nuevo cuerpo de seguridad se concibió totalmente independiente de la fuerza armada y bajo mandos civiles. Tal efecto, se acordó reestructurar el ministerio del interior y crear un vice ministerio de seguridad pública, que tendría su cargo la relación con la PNC, de acuerdo a la reforma del número 17 del artículo 168 de la constitución, acordada en México en Abril de 1991.

Un punto importante para la constitución de la PNC era la selección de sus integrantes, en el cual radicaba en gran medida la posibilidad de crear un cuerpo de seguridad cualitativamente distinto. A tal efecto, además de establecer requisitos académicos exigentes, sobre todo a nivel de los cuadros superiores de mando, los acuerdos definían un perfil que exigía a un nuevo personal policial "poseer vocación de servicio a la comunidad, capacidad para las relaciones humanas y madurez emocional, así como la conducta y las condiciones físicas necesarias.

El diagnostico del sistema judicial antes de la firma de los acuerdos, era desolador: impunidad de las autoridades civiles y militares responsables de cometer graves crimines y actos de corrupción; impotencia y falta de capacidad y voluntad para investigar y sancionar legalmente estos delitos ; alto de politización de la administración de la justicia desde la conformación de la corte suprema de justicia en la cual incidía en la falta de independencia e insaciabilidad, impedía la aplicación de una verdadera justicia , condición real básica para la defensa de los derechos humanos de los ciudadanos.

Los acuerdos de México impulsaron las reformas constitucionales destinadas a mejorar aspectos significativos del sistema judicial y establecer mecanismos para garantizar el respeto de los derechos humanos, a partir de las medidas siguientes:

Establecimiento de una nueva organización de la corte suprema de justica y una nueva forma de elegir a los magistrados de dicha corte.

Asignación anual al órgano judicial de una cuota al presupuesto del Estado no inferior al 6% de los ingresos corrientes.

En los mismos documentos se plasmaron significativos acuerdos sobre otras materias en este campo, las cuales fueron remitidas a la legislación secundaria.

  • El sistema electoral: en este tema se acordaron una serie de medidas para asegurar la plena vigencia de los derechos políticos del ciudadano e intentar poner a los tradicionales e institucionalizadas prácticas de fraude electoral, que en el pasado marcaron la historia nacional y cerraron los espacios democráticos y bloquearon la participación ciudadana.

Destacan en primer lugar las reformas constitucionales: creación del tribunal supremo electoral, la más alta autoridad administrativa y jurisdiccional en la materia; y el derecho de los partidos políticos en vigilar la elaboración, organización, publicación y actualización de registro electoral.

En cuanto a la participación política del FMLN, las medidas adoptadas garantizaban integrar al pleno juicio de derechos civiles dentro de un plano de legalidad , mediante su incorporación a la vida civil , política e institucional del país .

El tema económico – social:

Desde new york se comenzó a romper el hielo en relación con este difícil tema, ahí acordó destinar las tierras que exceden los limites constitucionales de las 245 hectáreas que son propiedad estatal, para satisfacer las necesidades de los campesinos y pequeños agricultores que carezcan de ellas.

Sobre el problema agrario el gobierno se comprometió a asegurar la transferencia de tierras rusticas, conforme a la constitución.

Los acuerdos en el tema económico y social buscaban la estabilización, la solución de los problemas económicos y sociales derivadas de la finalización del conflicto, y otros propios en reconstrucción de posguerra. En cuanto a la política privatización, se acordó fomentar la participación social en la propiedad, promover el acceso de los trabajadores a la propiedad de la empresa privatizadas y evitar las prácticas mono políticas.

Los derechos humanos:

En forma explicita hubo tres esfuerzos en materias de derechos humanos que constituye importantes ejercicios contra la lucha de impunidad.

La creación de la procuraduría para la defensa de los derechos humanos fue una de las innovaciones más significativas introducida en el país por los acuerdos de México.

Su misión consiste en la promoción de los derechos humanos y velar porque sean respetados.

Quizás el logro más significativo en la materia fue el acuerdo de San José sobre los derechos humanos, firmado el 26 de julio de 1990.

Con este acuerdo se pretendía establecer mecanismos concretos para el respeto, la promoción y la protección de los derechos humanos de la ciudadanía.

¿Que es la democracia?

Es una forma de organización de grupos de personas, cuya característica es predominante es que la autoridad del poder reside en la totalidad de sus miembros haciendo que la toma de decisiones responda a la colectividad efectiva de los miembros del grupo.

En sentido estricto la democracia es una forma de organización del estado, en la cual las decisiones adoptivas son adaptadas por el pueblo mediante los mecanismos de anticipación directa o indirecta que les confieren legitimidad a los representantes.

Actividades

ACTIVIDADES PAGINA 146

Recolecte información a través de los periódicos o en los noticieros televisivos sobre el papel que esta desempeñando la procuraduría para la defensa de los derechos humanos. Luego elabore un pequeño informe al respecto.

Según la ley respectiva que rige la identidad, es una institución integrante del ministerio publico de carácter permanente e independiente, con personalidad jurídica propia y autonomía administrativa, cuyo objeto será velar la protección, promoción y educación de los derechos humanos y por la vigencia irrestricta de los mismos.

Los acuerdos de paz en Chapultepec que dieron por finalizado la guerra civil de El salvador, establecieron la base de elección del procurador nacional para la defensa de los derechos humanos.

Su misión consiste en la promoción de los derechos humanos y en velar porque sean respetados. Los derechos humanos reconocen: que podemos vivir con libertad, igualdad y dignidad, reconoce el bienestar y la justicia social

Indague en libros, revistas y periódicos sobre la situación actual de la fuerza armada y sobre los cambios que han experimentado después de los acuerdos de paz.

La Legión de la Libertad del Estado de El Salvador, nombre con el que fue creado el Ejército, hoy Fuerza Armada, en la primera Constitución de la República; fue fundada el 07 de mayo de 1824, a iniciativa del Prócer General Manuel José Arce. El Congreso Constituyente de la época, reconoce a éste como su ilustre fundador.

El ejército es creado, con toda justicia, con elementos valiosos que participaron en los combates del Espinal, Concepción Ramírez, barrio del Calvario y Santa Lucía, Chinameca, Guazapa, San José del Guayabal y Ayutuxtepeque- Mejicanos, inmortales acciones de armas en que jefes, oficiales, soldados y civiles salvadoreños, supieron acreditar ante la historia que "la milicia no es más que una religión de hombres de honor". Además, porque desde su fundación está constituida con el arrojo, el heroísmo y el sacrificio de aquellos extraordinarios soldados. Héroes, que en el desarrollo de la guerra borraron para siempre los intereses mezquinos de un Imperio edificado sobre falsos cimientos, asegurando con su sangre, a México y Centro América, su forma de gobierno republicano, democrático y representativo.

En el devenir de los años la Institución fue cambiando constantemente, adaptando su estructura a los diversos eventos históricos; la creación de las Provincias Unidas de Centro América y las cruentas luchas intestinas del istmo, tales como las guerras federales y centroamericanas. Durante esta época y ante la ausencia de militares de carrera, se produjo la incorporación de oficiales extranjeros: los franceses Raúl, Saget, Pierzon y Jonuma; de Colombia, llegaron Rafael y Guillermo Merino, militares que contribuyeron a organizar de mejor forma nuestra fuerza de defensa.

Una vez finalizada la Federación Centroamericana, el gobierno de la República de El Salvador, decreta el 6 de febrero de 1841, la reorganización del ejército salvadoreño, de acuerdo con la Recopilación de Leyes del Dr. Isidro Menéndez, Título I, Ley I, Pág. 285:

-Brigada de Artillería: Compuesta por un Capitán Comandante, 2 Tenientes Milicianos, 4 Subtenientes, 1 Sargento Primero Veterano, 6 Sargentos Segundos Milicianos, 8 Cabos Primeros Milicianos, 8 Cabos Segundos Milicianos, 37 Soldados Milicianos.

-Batallón de Infantería: Compuesto de 400 efectivos, divididos en dos Compañías, con sus correspondientes Jefes, oficiales y Clases.

-Escuadrón de Caballería: compuesto por 100 plazas de tropa, divididos en dos Compañías, con sus correspondientes Jefes, Oficiales y Clases, Sargentos y Cabos.

Debe advertirse que en esta época, la organización militar se constituía solo en tiempos de crisis, de forma temporal, para evitar una carga al erario nacional de manera permanente, por lo cual, concluido el conflicto los milicianos regresaban a sus labores agrícolas y domésticas.

Un cambio trascendental se va a dar durante la Administración Presidencial del General Tomás Regalado, quien hace venir a nuestro país a finales del Siglo XIX e inicios del Siglo XX, diversas misiones militares de Francia, España, Colombia y Chile, "quienes vienen como instructores militares, asesores de los oficiales salvadoreños en la reorganización del ejército, y por supuesto para editar manuales de armas y tácticas militares. Dentro de estas misiones militares destaca la Chile, que está constituida por cinco excelentes oficiales, quienes se pueden considerar, con toda legitimidad, como los organizadores y forjadores de la Fuerza Armada del siglo XX, ellos fueron":

-Capitán Juan Pablo Bennett Argandoña (Artillería)

-Teniente Francisco Lagreze Frick (Artillería)

-Teniente Julio Salinas Alarcón (Infantería)

-Teniente Armando Llanos Calderón (Caballería)

-Teniente Carlos Ibáñez del Campo (Caballería)

La institución militar, para el año 1904 se componía de cuatro Armas: Infantería, Caballería, Artillería, Ingenieros y Tropas Auxiliares, dividido a su vez en tres categorías: Ejército Activo, Ejército Disponible y Ejército de Reserva. Su organización se basada en Compañías, Batallones, Regimientos, Brigadas, Divisiones y Ejército. El mando supremo del Ejército conforme a la Constitución de ese tiempo, residía en el Presidente de la República.

En el año de 1906, sucede la primera guerra de El Salvador en el siglo XX, entre El Salvador y Guatemala, en donde fallece heroicamente al frente de sus tropas el osado General Tomás Regalado, jefe del ejército, el día 11 de julio de ese año.

Un año después en 1907 se produce la Guerra entre El Salvador y Honduras contra Nicaragua.

El interés de los gobernantes de profesionalizar a sus ejércitos no tiene pausas; durante el gobierno del Doctor Manuel Enrique Araujo, y a iniciativa del General José María Peralta Lagos, se contrata de nuevo una misión española; la cual va crear la Guardia Nacional, con organización y funciones similares a la Guardia Civil Española; otra tarea será organizar el Estado Mayor Central del Ejército.

Los cambios en la institución no se detienen y el 23 de diciembre de 1919 por Orden General del Ministerio de Guerra y Marina, No. 20, se organizó el Departamento General de Guerra, en sustitución del Estado Mayor Central del Ejército; de la misma forma, en años sucesivos, a continuación, este Organismo cambió de nombre de acuerdo a las exigencias orgánicas de la Institución Armada en cada época específica.

El 14 de julio de 1969, fecha memorable en las páginas gloriosas del ejército salvadoreño, da inicio la Guerra de Legítima Defensa contra Honduras. El presidente de la república General Fidel Sánchez Hernández, se vio impelido a esta reiniciación nacional, ante los innumerables atropellos que sufrían nuestros compatriotas en el vecino país, por el simple motivo de ser salvadoreño. Al segundo día de hostilidades, El Salvador había conquistado 1.600 kilómetros cuadrados de territorio hondureño, incluyendo 12 poblaciones fronterizas.

En menos de cien horas las tropas del ejército salvadoreño habían penetrado más de 20 kilómetros en el Teatro de Operaciones Norte, con dirección a Nueva Ocotepeque, y 20 kilómetros al Este, hacia Choluteca, asegurando el control del territorio fronterizo hondureño, infligiendo un ejemplar castigo a quienes habían promovido y tolerado el genocidio.

Un sentimiento de solidaridad cundió entre los salvadoreños, considerándola justa causa que se defendiera. En julio de 1969, centenares de jóvenes, de todas las clases sociales, se presentaron voluntariamente a los cuarteles para ser enlistados y enviados a los frentes de batalla.

La Fuerza Armada enfrentó la crisis militar con más o menos 12,000 efectivos. Debe consignarse Que los Batallones de Reservistas, fueron desmovilizados después del 30 de julio de 1969, una vez cumplida su misión en defensa de nuestros compatriotas.

Otro acontecimiento que marco el final del siglo XX, fue la guerra de contra-subversión, en el marco de la Guerra Fría, fenómeno geopolítico al que nuestro país no pudo estar al margen.

Los conflictos sean internos o externos, como hemos podido observar, no son un hecho casual; son producto combinado de factores económicos, políticos y sociales, propicios para la explotación demagógica y propagandística de grupos enemigos del sistema democrático.

Estos elementos utilizaron diferentes banderas y diversas concepciones ideológicas con el fin último de alcanzar el poder político por medios violentos.

Durante la campaña militar conducida entre los años 1980-1992, la Fuerza Armada, para darle cumplimiento al mandato constitucional de mantener la seguridad interna y apoyar el proceso democrático, efectuó cambios dentro de su estructura organizacional; en el ejército, de tres Brigadas de Infantería que existían para el año 1979, al final de 1985 se habían incrementado a seis. De igual forma los Destacamentos de Frontera, se convirtieron en Destacamentos Militares, los cuales se establecieron en las cabeceras departamentales. Asimismo se crearon los Batallones de Infantería de Reacción Inmediata (BIRI), que fueron desplegados en todo el territorio nacional, logrando una mayor capacidad de maniobra y poder de fuego.

Para el año 1985, la Fuerza Armada, incremento aun más sus efectivos. Este crecimiento permitió contrarrestar el movimiento insurgente, que había fortalecido sus filas y, de manera ininterrumpida, recibía apoyo internacional político, económico y de carácter bélico.

Con la firma de los Acuerdos de Paz, efectuada en el Castillo de Chapultepec, México D.F., el 16 de enero de 1992, la Institución Armada debió adecuar su estructura orgánica para tiempos de paz. Su reducción incluyó: organización, unidades, personal, material, equipo, instalaciones, estructuras administrativas y de servicio.

En este proceso, se suprimieron los Batallones de Infantería de Reacción Inmediata, de la siguiente manera: BIRI "Atlacatl" el 8 de diciembre de 1992; BIRI "Gral. Manuel José Arce" el 6 de febrero de 1993; BIRI "Gral. Ramón Belloso" el 16 de septiembre de 1992; BIRI "Atonal" el 6 de enero de 1993; y BIRI "Gral. Eusebio Bracamonte" el 15 de agosto de 1992; posteriormente se desmoviliza los Batallones de Infantería Antiterrorista, BIAT.

El Destacamento Militar de Ingenieros, (DMIFA), se convirtió en Comando de Ingenieros de la Fuerza Armada (CIFA), con el objetivo de efectuar trabajos generales de ingeniería de construcción y de combate en todas las especialidades para apoyar a la institución castrense y colaborar en obras de beneficio público.

El Centro de Instrucción de Transmisiones de la Fuerza Armada (CITFA), se reestructuró a partir del 31 de mayo de 1993, para convertirse en el Comando de Apoyo de Transmisiones de la Fuerza Armada (CATFA), a fin de proporcionar el apoyo de telecomunicaciones requerido por todas las unidades operativas y tácticas.

Una vez finalizado con este proceso, el ejército continuo con su rol constitucional de ser garante de la soberanía e integridad territorial, así como coadyuvar en el desarrollo nacional y apoyar a población en caso de emergencia nacional.

Sin embargo, un nuevo fenómeno surgió en el escenario internacional, con motivo de los atentados contra las torres gemelas en Nueva York, EE.UU. el 11 de septiembre de 2001, el cual pone en evidencia la debilidad de los Estados para combatir el terrorismo.

El Salvador, como integrante del sistema de las Naciones Unidas, tuvo que responder al contenido de la Resolución 1373 de dicho organismo, en donde se exhorta a todos los Estados a reprimir el terrorismo en todas sus manifestaciones; siendo así, un nuevo cambio se vislumbraba, es decir, la posibilidad de participar en operaciones fuera de las fronteras patrias, en apoyo a otros países que buscan salir adelante después de enfrentar el flagelo del terrorismo internacional.

Fue así como la Asamblea Legislativa desarrolló y amplió lo establecido en el Art. 2 de la Constitución de la República, promulgando a partir de Agosto de 2002, y en el artículo 2 de la Ley de Defensa, donde se enuncian los objetivos, entre los cuales, el Nº 3 dice que la Fuerza Armada deberá: "Contribuir al mantenimiento de la paz y seguridad internacional".

Congruente con los propósitos antes mencionados, El Salvador decide participar como parte de una Fuerza Multinacional, y el 12 de agosto de 2003, enviando el primer contingente de tropas a Iraq, en apoyo a la reconstrucción de dicho país.

Durante 5 años y medio, tiempo en el cual 3,755 elementos de la Fuerza Armada formaron parte del Batallón Cuscatlán, realizando 353 proyectos de reconstrucción en áreas como salud, educación, potabilización de agua, electricidad, vías de comunicación, higiene sanitaria y agricultura; desarrollaron 191 acciones cívicas, consistentes en donación de víveres, ropa, sillas de ruedas y útiles escolares, beneficiando un aproximado de 7 millones de iraquíes. Este Batallón, estuvo conformado en su mayoría por tropas del ejército, quienes cumplieron su misión con éxito, donde quedó plasmado el profesionalismo del soldado salvadoreño, capacitado e instruido para cumplir cualquier tipo de misión que le sea encomendada.

Como resultado de la exitosa misión cumplida en Iraq, las Naciones Unidas tomo a bien considerar a la Fuerza Armada de El Salvador para que formara parte de la Misión de Fuerzas Interinas de las Naciones Unidas en el Líbano (FINUL), la cual constituye la primera participación de la Institución Castrense como "Cascos Azules", enviando para tal fin a 52 miembros, provenientes del ejército, los cuales tienen como misión; realizar labores de vigilancia del alto al fuego, apoyo a las fuerzas armadas libanesas (FAL) en su despliegue al Sur de Líbano, coordinación, asistencia humanitaria y apoyo para el regreso de desplazados. Tarea que se cumple con éxito hasta la fecha.

En nuestro país, el ejército ejecuta tres disposiciones emanadas por el Sr. Presidente de la República y Comandante General de la Fuerza Armada, siendo éstas; apoyar a la Policía Nacional Civil en la lucha contra la delincuencia, para mantener la paz social y la seguridad ciudadana, controlar eficazmente el orden en los centros penitenciarios, y la lucha frontal contra el crimen organizado y el tráfico ilícito en los puntos fronterizos. Todo ello según el Decreto Ejecutivo No. 70, de fecha 30 de octubre de 2009.

La institución militar, también está apoyando a la población civil, coadyuvando con las diferentes instituciones de gobierno, en campañas médicas, de mitigación de riesgos, evacuación y rescate de víctimas de desastres y calamidades públicas.

Son más de 187 años de existencia institucional del Ejército Salvadoreño, que ha realizado una destacada labor a lo largo de toda su existencia, cumpliendo con la misión constitucional de salvaguardar la soberanía nacional, defender el territorio y proteger los sagrados intereses del pueblo salvadoreño.

Por lo tanto, es un imperativo de justicia, que en las efemérides patrias se señale una ocasión de especial dimensión, para rendir tributo de admiración, de afecto y respeto a quienes, como miembros del Ejército, de ayer, de hoy y de siempre han dedicado sus vidas al servicio de la Patria y de sus conciudadanos.

Como digno reconocimiento a su ardua labor, el Ejército Nacional, "RAMA PERMANENTE DE LA FUERZA ARMADA", que constituye un gran escalón de encuadramiento, preparación y empleo,…según el Título IV, Capitulo I, Art.42. De la Ley Orgánica de la Fuerza Armada de fecha 9 DE JULIO DE 1998, se declara solemnemente esta fecha como el "DIA DEL EJERCITO".

Elabore un informe sobre la doctrina y estructura de la PNC en la que destaque su novedad respecto a lo que fueron los antiguos cuerpos de seguridad.

Los directores generales de la PNC son nombrados por el Presidente de la República.

En la historia de la fuerza policial, el cargo de Director General ha sido ocupado por:

  • José María Monterrey (1993-1994)

  • Rodrigo Ávila  (1994-1999)

  • Mauricio Sandoval (1999-2003)

  • Ricardo Mauricio Meneses (2003-2005)

  • Rodrigo Ávila (2005-2008) (Segunda gestión)

  • Francisco José Rovira (2008)

  • José Luis Tobar Prieto (2008-2009)

  • Carlos Antonio Asencio Girón (2009-2012)

  • General Francisco Ramón Salinas (2012- )

Indague y elabore un informe sobre las principales reformas institucionales realizada a partir de los acuerdos de paz

Aquella Guerra Civil de El Salvador que dejó más de 75 mil muertos y ocho mil desaparecidos, culminó en 1992, con la Firma de los Acuerdos de Paz, firmado el 16 de enero, en el Castillo de Chapultepec, México, no sin antes haber logrado, a sangre, balas, destrucción, devastación y angustias, pero también las primeras reformas a la Constitución Política de El Salvador, vigentes desde el año de 1991.

Las reformas se encaminaron a solventar los problemas que podían ser estirados y encogidos con la "negociación política", y que eran los más urgentes, según la Agenda de Caracas de mayo de 1990 y la Negociación Comprimida del 25 de septiembre de 1991.

Es por esto que, con la "convicción de dar los pasos para la paz", la Asamblea Legislativa de 1991 aprobó 24 modificaciones a la Carta Magna en lo relativo a: Fuerza Armada, Ministerio Público, Sistema Judicial, Sistema Electoral y Atribuciones del Legislativo.

En lo que respecta a la Fuerza Armada, los artículos modificados van del 211 al 217, en ellos se contempla la sumisión del poder militar al civil, sus funciones limitadas a la defensa de la soberanía nacional, la jurisdicción en caso de delitos de uniformados y lo relacionado a las armas de guerra.

Tratar el tema de la Fuerza Armada fue espinoso y a la vez fundamental para los negociadores, en vista de la supremacía del poder militar desde 1931, con la dictadura de Maximiliano Hernández Martínez, hasta 1979, con la salida de Carlos Humberto Romero.

En éste último  año toman mayor protagonismo las organizaciones populares armadas que pretenden la toma del poder del Estado.Como lo refirió la ex dirigente del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), Ana Guadalupe Martínez, en entrevista televisiva de fecha 21 de agosto del año recién pasado, "las Fuerzas Armadas lo eran todo en el país".

Y también tomó parte Estados Unidos con la ayuda económica a la Fuerza Armada, valorado en 1981 en varios millones de dólares, que triplicó el número de efectivos y quintuplicó la cifra de muertos en menos de 10 meses.

Lo anterior fue subyugado con las reformas constitucionales que le dan el bastón de mando al poder civil, representado en el Presidente de la República, que a su vez es el Comandante General de las Fuerzas Armadas, según el artículo 213.

Otra cara de las reformas es la nueva realidad que dio el legislador al Ministerio Público, principalmente con la creación de la figura del Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos.

Los artículos modificados respecto a este son cuatro: 191, 192 y 193. De este último se derogó el ordinal noveno y adicionaron el ordinal tercero y la creación del artículo 194 con 14 ordinales.

El artículo 194 traza la ruta por la que deberá guiarse el Defensor de Derechos Humanos, viajando desde la investigación de violación a garantías humanas, asistencia y promoción a favor de víctimas, presentación de recursos judiciales, las recomendaciones y opiniones a funcionarios e instituciones estatales, entre otros.Pero, las reformas no tocan lo concerniente a la obligatoriedad que debe tener el acatamiento de las recomendaciones del Procurador, es decir, si existe violación de derechos y hay denuncia por parte de la Procuraduría, el funcionario denunciado no está obligado a responder.

José María Méndez, abogado constitucionalista y miembro del Foro para la Defensa de la Constitución, ve mayores problemas por resolver en la Fiscalía General de la República, institución que desde las reformas de 1991 dirige, con la colaboración de la Policía Nacional Civil (PNC) la investigación del delito.

Las facultades que otorga el artículo 193 a la Fiscalía son suficientes, aseguró Méndez, para que el organismo salde la enorme masa de impunidad que cubre a la sociedad salvadoreña, reflejada en los delitos comunes y en los poco vistos de cuello blanco.

"La Fiscalía tiene las mayores deudas con la sociedad, no hay necesidad de más reformas, lo que se tiene que hacer es mejorar la operatividad, las personas que la han dirigido han fallado mucho", criticó el constitucionalista. Al igual que los entes citados, el Órgano Judicial sufrió modificaciones, con el único propósito de dejar de ser garante de la impunidad del Ejecutivo a lograr el sistema de contrapesos, propio de los estados más avanzados.

Para el órgano Judicial se reformaron seis artículos: 172, 174, 180, 182 ordinal noveno, 186 y 188. Las renovaciones abarcan lo relativo al presupuesto, independencia de los juzgadores, elección de magistrados, duración de cargos, deberes de la Sala de lo Constitucional, entre otros. Respecto a este punto, Méndez consideró importante los avances que crearon "una nueva institucionalidad", y que además dio pasos importantes en la independencia de los jueces frente a presiones de grupos de poder. "Ahora hemos mejorado,  pese a la mora judicial de salas y tribunales".

Según Mario Solano, ex magistrado de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), quien recientemente elaboró un estudio denominado "evaluación del desarrollo institucional de los Acuerdos de Paz", el 208 encierra la trampa que desarrolló la actual "partidocracia".

"En materia electoral no se adelantó nada, el TSE es parcial, no se produjeron los cambios necesarios para el cumplimiento de los derechos políticos", dijo Solano.El Salvador es un país, desde siempre, con escaso desarrollo económico y social. Basta estar en sus calles para comprobar los contrastes. Sin embargo, las reformas constitucionales no avanzaron lo suficiente en dicha temática. En este punto los expertos consultados por Diario Co Latino divergen.

Para Méndez existe una gran "deuda", pero, Solano consideró que la Constitución tiene los principios necesarios para que El Salvador tenga desarrollo económico y social; basto que sean ejecutados.

"Lo económico y social fue tocado superficialmente, esta es la pata de la mesa que hizo falta", externó Méndez. Mientras Solano, haciendo una síntesis histórica de las Constitución de 1950 y 1983, que recogen nuevas visiones sobre el tema económico, cree que es deber de los ejecutores de políticas públicas crear las condiciones para el desarrollo, sin necesidad de reformas.

Sí el Gobierno no se compromete a remover los obstáculos que impiden el desarrollo económico y social, entonces el principio constitucional no ha servido de nada, son simples preciosismos jurídicos", analizó el ex magistrado.

Desde 1983, pasando por 1991 hasta este día, la Constitución sigue siendo el escudo por medio del cual algunos sectores se defienden y otros reclaman derechos. Tres décadas tiene de vida la máxima ley del país, varias generaciones han estado bajo su cobijo, pero los tiempos avanzan y las realidades son cambiantes, existen suficientes razones para analizar su vigencia, en el vigésimo aniversario de la Firma del Acuerdo de Paz, que hizo importantes reformas a la Constitución, es un espacio propicio para discutir las nuevas reformas que exige la nueva realidad.

Lea con atención el Texto N 11 y conteste: Cómo puede haber una mínima reconciliación en la sociedad salvadoreña después del conflicto armado y con los actuales niveles de conflictividad social.

Desde la comisión de la verdad, prevista desde los Acuerdos de San José que será integrada por personalidades honorables escogidas por el Secretario General de la ONU y que procederá la investigación de algunos de los crímenes que más conmovieron al pueblo salvadoreño. Uno de los crímenes que podemos mencionar es de Monseñor Romero.

Pues la mínima reconciliación que se hace necesaria para la normal convivencia en la nueva sociedad, uno de los elementos esenciales es por tanto superar la impunidad con que los militares han actuado por este país, pues esto quiere decir que no solo garantiza la represión de los golpes de estado, de las masacres y crimines sino que también conseguir que se investigue la verdad y que se haga justicia al menos en algunos de los crímenes ms espectaculares solo si la sociedad civil se sienta que se haga justicia.

ACTIVIDADES PAGINA 150.

Investigue quienes fueron monseñor romero e Ignacio Ellacuría y el rol que jugaron en la vida social y política del país. Relate un breve informe para discutirlo con su maestro/a.

MONSEÑOR ROMERO

Óscar Arnulfo Romero y Galdámez conocido popularmente como Monseñor Romero, nace el 15 de agosto de 1917 en Ciudad Barrios, en el departamento de San Miguel y es asesinado el 24 de marzo de 1980. Era el segundo de 8 hermanos, sus padres Santos Romero y Guadalupe Galdámez. Fue bautizado, el 11 de mayo de 1919, en la iglesia parroquial de su ciudad natal. En la escuela pública donde estudió, destacó en materias humanísticas más que en matemáticas. Practicó desde su infancia, la oración nocturna y la veneración al Inmaculado Corazón de María.

En 1930, a la edad de 13 años, ingresó al seminario menor de la ciudad de San Miguel, que era dirigido por sacerdotes claretianos. Posteriormente, en 1937 ingresó en el Seminario de San José de la Montaña de San Salvador. Ese mismo año, viajó a Roma donde continuó sus estudios de teología en la Pontificia Universidad Gregoriana. Vivió en el colegio Pío latinoamericano (casa que alberga a estudiantes de Latinoamérica), hasta que llegó a ser ordenado sacerdote el 4 de abril de 1942 a la edad de 24 años. En Roma fue alumno de monseñor Giovanni Batista Montini, (futuro papa Pablo VI).

Regresó a El Salvador en 1943 siendo nombrado párroco de la ciudad de Anamorós en La Unión; después fue enviado a la ciudad de San Miguel donde sirvió como párroco en la Catedral de Nuestra Señora de La Paz y como secretario del Obispo diocesano monseñor Miguel Ángel Machado.

Posteriormente fue nombrado secretario de la Conferencia Episcopal de El Salvador en 1968. El 21 de abril de 1970, el papa Pablo VI lo designó Obispo Auxiliar de San Salvador, recibiendo la consagración episcopal el 21 de junio de 1970, de manos del nuncio apostólico Girolamo Prigrione. El 15 de octubre de 1974, fue nombrado obispo de la diócesis de Santiago de María en el departamento de Usulután. Ocupó esa sede durante dos años.

El 3 de febrero de 1977, fue nombrado por el Papa Pablo VI como Arzobispo de San Salvador, para suceder a Monseñor Luis Chávez y González.

Muchos sacerdotes y laicos de la Arquidiócesis sintieron extrañeza ante su nombramiento, pues preferían para el cargo a Monseñor Arturo Rivera y Damas, obispo auxiliar de Mons. Chávez. Algunos consideraron a Romero como el candidato de los sectores conservadores que deseaban contener a los sectores de la Iglesia arquidiocesana que defendían la "opción preferencial por los pobres" (conocidos como clero medellinista).

El 20 de febrero, mientras la arquidiócesis se preparaba para la toma de posesión del nuevo arzobispo, el país celebraba elecciones presidenciales. Luego de los comicios, el 26 de febrero, el Consejo Central de Elecciones declaró vencedor al general Carlos Humberto Romero, candidato del Partido de Conciliación Nacional, (en el poder desde 1962).

Durante la semana anterior a la toma de posesión de Monseñor Romero como arzobispo, el gobierno del presidente Arturo Armando Molina arrestó y expulsó del territorio salvadoreño a los sacerdotes Bernard Survill (norteamericano) y Willibrord Denaux (belga), miembros del clero arquidiocesano. Tres semanas antes, a finales de enero, había sido arrestado y expulsado del país el sacerdote colombiano Mario Bernal.

El 23 de febrero, Monseñor Romero tomó posesión del cargo de Arzobispo de San Salvador en una ceremonia sencilla celebrada en la capilla del Seminario Mayor de San José de la Montaña, a la que asistieron el nuncio apostólico Monseñor Emmanuelle Gerada y los demás obispos de El Salvador. El 5 de marzo, durante una asamblea especial de los obispos, se eligió a Monseñor Romero como vicepresidente de la Conferencia Episcopal de El Salvador y se preparó un comunicado para denunciar la persecución de la Iglesia en el país.

El 12 de marzo de 1977, el Padre Rutilio Grande, amigo íntimo de Monseñor Romero, fue asesinado en la ciudad de Aguilares junto a dos campesinos. Padre Rutilio llevaba cuatro años al frente de la parroquia de Aguilares, donde había promovido la creación de comunidades cristianas de base y la organización de los campesinos de la zona.

El propio presidente de la República informó a Monseñor Romero sobre la muerte de Grande, prometiendo una investigación sobre los hechos. El arzobispo reaccionó a este asesinato convocando a una misa única, para mostrar la unidad de su clero. Esta misa se celebró el 20 de marzo en la plaza Barrios de San Salvador, a pesar de la oposición del nuncio apostólico y de otros obispos.

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