En medio del caos político y la inestabilidad de su presidencia, Fujimori viajó el 13 de noviembre a la reunión del APEC en Brunéi, Asia, en su condición de Presidente del Perú. Al finalizar esta conferencia, sorpresivamente viajó a Japón. Ante el temor de que fuera denunciado penalmente por los actos de corrupción de su gobierno y alegando falta explícita de garantías para su integridad física; Fujimori, desde Tokio, remitió por fax al Congreso de la República, su renuncia formal y luego, envió un mensaje a sus partidarios, anunciándoles que renunciaba a la Presidencia de la República.
Ante lo insólito del hecho y los diversos escándalos al interior del régimen descubierto, el Congreso de la República decidió rechazar la renuncia y declarar vacante la Presidencia de la República aduciendo "incapacidad moral permanente" y lo inhabilitó para ejercer cualquier cargo público por un periodo de 10 años.
Polémica naturaleza de su gestión
Si bien nominalmente la gestión de Alberto Fujimori abarcó tres "períodos constitucionales" de gobierno, es importante mencionar que Fujimori Fujimori encabezó un gobierno constitucional hasta el autogolpe de 1992. Se instaura, entonces, un "Gobierno de Emergencia y Reconstrucción Nacional" contrario a la carta de 1979, aunque siguió usando el título de "Presidente Constitucional de la República" para firmar los documentos oficiales. Es el Congreso Constituyente Democrático el que inviste a Fujimori de una nueva "constitucionalidad".
En virtud de los varios méritos atribuibles a su gobierno, sus partidarios lo consideran "el mejor presidente de la historia del Perú". Sin embargo, ha sido criticado fuertemente por su estilo de gobierno y ha sido objeto de acusaciones por diversos actos de corrupción, violaciones a los derechos humanos (lesa humanidad), entre otros; además, dada su ruptura con el orden constitucionalidad, su control sobre los medios de comunicación y su aparente deseo de perpetrarse en el poder, ha sido calificado como autoritario e, incluso, como dictador, por algunos sectores de la prensa, la población y la intelectualidad del país.
Después de su gobierno
Exilio en Japón y el inicio del proceso de extradición
Desde el momento de su renuncia y hasta su posterior detención en Chile, Fujimori residió en Japón y le fue reconocida la nacionalidad japonesa en su condición de hijo de padres japoneses.
El nuevo gobierno peruano, trasladó al Japón el pedido de las autoridades judiciales peruanas solicitando la extradición de Fujimori, pero el gobierno nipón protegió hasta el final al ex presidente. Japón nunca se pronunció sobre los cuadernillos de extradición, a cargo de las autoridades peruanas; situación que se mantuvo hasta que Fujimori viajó a Chile. Sin embargo, pese a que Japón nunca se pronunció oficialmente, es conocido que la legislación japonesa prohíbe la extradición de sus ciudadanos a terceros países. La Fiscal de la Nación, de ese entonces, Nelly Calderón Navarro insistió sobre la necesidad de que Japón extradite a Fujimori, y dijo que en caso contrario se recurriría a la Corte Internacional de Justicia.
El Canciller del Perú, el 14 de marzo de 2005, durante su intervención ante la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, señaló: "El Gobierno del Perú reitera su invocación al Gobierno del Japón para que contribuya al acceso a la justicia, autorizando la extradición del ex presidente Alberto Fujimori." Desde su impuesto autoexilio, Alberto Fujimori sostuvo que todo el proceso seguido en su contra se debía a una venganza política, con acusaciones basadas en relatos de terceros, que no han aportado pruebas objetivas en contra suya.
Viaje, detención y extradición desde Chile
El 6 de noviembre de 2005 Fujimori llegó a Santiago de Chile procedente de Tokio, a bordo de un vuelo privado, habiendo ingresado a este país con pasaporte peruano (con lo cual escogió utilizar la peruana como nacionalidad activa y la japonesa como nacionalidad pasiva). Al día siguiente fue detenido por orden de un ministro de la Corte Suprema chilena, que emitió un auto de detención previa contra él, luego de un requerimiento de la Embajada del Perú en Chile (causa Rol Nº 5646-2005).
Mientras tanto, en Lima, se convocó a un Consejo de Ministros urgente para evaluar la nueva situación presentada tan de improviso, que fue presidido por el presidente Alejandro Toledo Manrique, que tomó la decisión de enviar una comisión a la capital chilena, a fin de iniciar los trámites de extradición de Fujimori al Perú, para que fuere procesado por los delitos que se le imputa haber cometido, entre los años 1990 y 2000.
Previo a su llegada a Chile, Fujimori habría pasado por Tijuana (México), pero no se le detuvo, hecho que posteriormente produciría el despido del jefe de la sección de Interpol en Tijuana. Carlos Abascal, secretario de Gobernación (Interior) mexicano, explicó que había sido imposible su detención porque no había una orden de extradición por parte del gobierno peruano, después se dijo que Fujimori había usado su pasaporte japonés, y que la orden emitida por la Interpol estaba basada en los datos contenidos en su pasaporte peruano. Lo mismo ocurrió con el Jefe de la Interpol Perú, quien no respondió las llamadas de la Interpol Chile.
El proceso de extradición al Perú se inició formalmente el 6 de enero de 2006, mediante una solicitud presentada por la Embajada del Perú en Chile ante la Corte Suprema chilena. Tras su detención, a partir del 7 de noviembre de 2005 y hasta el 18 de mayo de 2006, Fujimori estuvo detenido en la Escuela de Gendarmería de Chile.
El 18 de mayo de 2006, la Corte Suprema de Chile otorgó la libertad bajo fianza a Fujimori, tras haber permanecido detenido más de medio año, aunque con una orden de arraigo que le impedía salir de territorio chileno mientras se desarrolle el procedimiento.
Estando a la espera del fallo sobre la extradición y teniendo la nacionalidad japonesa en calidad de pasiva, Fujimori, decidió aceptar postular como candidato al Senado del Japón, por la agrupación política de extrema derecha llamada Kokumin Shinto (japonés: "Nuevo Partido del Pueblo"). Las elecciones se realizaron el 29 de julio de 2007 y resultó un fracaso total para el candidato Fujimori, quien no fue elegido.
El 11 de julio de 2007, el ministro de Corte Suprema de Chile, y juez de la causa contra Fujimori, Orlando Álvarez rechazó el pedido de extradición solicitado por el Estado peruano, fundado en que los delitos no estarían suficientemente acreditados. Ante ello, el Gobierno del Perú presentó un recurso de apelación ante la misma Corte Suprema, cuyo conocimiento y resolución corresponde a la sala penal (Rol Nº 3744-2007). En agosto del mismo año, se decretó el arresto domiciliario, tras una petición de un representante del Perú.
En la mañana del 21 de septiembre de 2007, Alberto Chaigneau, presidente de la segunda sala (Sala Penal) de la Corte Suprema Chilena, anunció que se había acogido la solicitud de extradición de Fujimori, tras un mes desde los alegatos finales de las partes ante el tribunal.30 Chaigneau informó que 7 de las 13 acusaciones por delitos presentados contra Fujimori fueron aprobadas: cinco por casos de corrupción, cuya votación fue dividida y aprobada por mayoría; y dos por faltas a los derechos humanos (lesa humanidad), aprobados por unanimidad.
Juicio a Fujimori
El 22 de septiembre de 2007, Alberto Fujimori es extraditado al Perú, por decisión de la Corte Suprema de Chile, para responder por diversas acusaciones ante la justicia peruana. El avión que lo transportó primero aterrizó a las 13.20 horas en Tacna, luego lo hizo a las 16.40 horas en la Base Aérea de Las Palmas de Surco, en Lima. Posteriormente fue trasladado y recluido en la Dirección de Operaciones Especiales (Diroes) de la Policía Nacional del Perú. Poco después se inició el primer juicio contra el acusado Fujimori, por el allanamiento ilegal, a fines de su gobierno, a la casa de su asesor Vladimiro Montesinos, que se hizo usurpando la autoridad del poder judicial.
El 10 de diciembre de 2007 se inició en Lima el juicio contra Alberto Fujimori por los sucesos denominados masacres de "Barrios Altos", y "La Cantuta" así como por los delitos cometidos en el "Sótano del SIE", Servicio de Inteligencia Nacional.
Delitos de Alberto Fujimori
Caso Barrios Altos: Violaciones de Derechos Humanos
El 3 de noviembre de 1991, en el Jirón Huanta No. 840 de Barrios Altos, seis miembros del Grupo Colina asesinaron a 15 personas y dejaron a otras 4 con heridas graves.
En este caso, el ex Mandatario está acusado como coautor del asesinato de 15 personas, entre ellas un niño de ocho años, y del delito de lesiones graves en agravio de otras cuatro personas.
Los hechos
Eran las diez y treinta de la noche del 3 de noviembre de 1991. Una pollada se realizaba en el Jirón Huanta No. 840, Barrios Altos, para recaudar fondos con el objetivo de hacer reparaciones en la quinta. De pronto, dos vehículos, uno de marca jeep Cherokee y otro Mitsubishi, ambos con luces y sirenas policiales, se detuvieron fuera del inmueble. Seis individuos fuertemente armados irrumpieron en la fiesta.
Los individuos, cuyas edades oscilaban entre los 25 y 30 años y tenían los rostros cubiertos con pasamontañas, obligaron a los asistentes a arrojarse al suelo. Entonces, dispararon indiscriminadamente por un período aproximado de dos minutos. Con la misma celeridad con que habían llegado, los atacantes huyeron en los dos vehículos, haciendo sonar las sirenas, que las habían apagado al momento de llegar al inmueble. Quince personas murieron e hirieron gravemente a otras cuatro, quedando Tomás Livias Ortega, permanentemente incapacitado.
Los sobrevivientes declararon que las detonaciones sonaban "apagadas", lo que permite suponer que utilizaron silenciadores. Durante la investigación, la policía encontró en la escena del crimen 111 cartuchos y 33 proyectiles del mismo calibre, correspondientes a pistolas ametralladoras.
La investigación
Las investigaciones judiciales y los informes periodísticos revelaron que los involucrados eran miembros del Ejército Peruano y que pertenecían al Grupo Colina, un "escuadrón de eliminación", que llevaba a cabo su propio programa antisubversivo.
Una semana después del ataque, el congresista Javier Diez Canseco presentó a la prensa una copia de un documento titulado "Plan Ambulante", el cual describía un operativo de inteligencia llevado a cabo en la escena del crimen. Según dicho documento, desde enero de 1989, supuestamente diversos "subversivos" se reunían en ese inmueble y se encubrían bajo la apariencia de vendedores ambulantes.
El 15 de noviembre de 1991, en el Congreso se nombró una Comisión Investigadora, conformada por los senadores Róger Cáceres Velásquez, Víctor Arroyo Cuyubamba, Javier Diez Canseco Cisneros, Francisco Guerra García Cueva y José Linares Gallo. Lamentablemente, esta comisión no concluyó su investigación por el cierre del Congreso, como consecuencia del golpe del 5 de abril de 1992. El nuevo Congreso Constituyente Democrático, elegido en noviembre de 1992, no reanudó la investigación ni publicó lo ya investigado por la extinta comisión.
Aunque los hechos ocurrieron en 1991, recién en abril de 1995 se inició una investigación seria del incidente. La Fiscal de la Cuadragésima Primera Fiscalía Provincial Penal de Lima, Ana Cecilia Magallanes, denunció como responsables de la matanza de Barrios Altos al General de División Julio Salazar Monroe, entonces Jefe del Servicio de Inteligencia Nacional (SIN), el Mayor Santiago Martín Rivas, y los Suboficiales Nelson Carbajal García, Juan Sosa Saavedra y Hugo Coral Goycochea. Varios de ellos ya estaban condenados en el caso La Cantuta.
Cuando la Jueza Antonia Saquicuray del 16º Juzgado Penal de Lima formalizó la denuncia, los oficiales militares respondieron que la denuncia era improcedente en el fuero civil, porque el Mayor Rivas y los suboficiales se encontraban bajo la jurisdicción del Consejo Supremo de Justicia Militar. El General Julio Salazar Monroe se negó a responder las citaciones argumentando los privilegios que tenía como Ministro de Estado.
Por ello, el Consejo Supremo de Justicia Militar dictó una resolución que impedía que los acusados y el Comandante General del Ejército y Jefe del Comando Conjunto, Nicolás de Bari Hermoza Ríos, rindan cualquier declaración ante algún otro órgano judicial. Al iniciarse las investigaciones, el Tribunal Militar solicitó competencia sobre el caso, alegando que se trataba de oficiales militares en servicio activo.
En las primeras horas del 14 de junio de 1995, la Ley Nº 26479 fue aprobada tan pronto como fue aceptada. Era la famosa Ley de Amnistía que exoneraba de responsabilidad a todos los integrantes de las fuerzas de seguridad y civiles que fueran objeto de denuncias, investigaciones, procedimientos o condenas, o que estuvieran cumpliendo sentencias en prisión, por violaciones de derechos humanos. Se exoneraba la responsabilidad y se archivaba definitivamente los casos.
Sin embargo, a los pocos días, ante la decisión de la Juez Saquicuray de no aplicar la ley de amnistía a este proceso, basándose en la Carta Magna, porque violaba las garantías constitucionales y las obligaciones internacionales que la Convención Americana imponía al Perú, la Fiscal de la Nación, Blanca Nélida Colán, anunció el cierre del caso Barrios Altos.
La promulgación de la Ley Nº 26492 eliminó las dudas. Ésta tuvo el propósito de interferir con las actuaciones judiciales del caso Barrios Altos. La ley declaró que la amnistía era de obligatoria aplicación. Además, ampliaba la amnistía a todos los funcionarios militares, policiales o civiles que aún no hubieran sido denunciados.
El 14 de julio de 1995, la Undécima Sala Penal de la Corte Superior de Justicia de Lima archivó definitivamente el caso bajo el argumento de que la Ley de Amnistía no era antagónica con la constitución ni con los tratados internacionales de derechos humanos. Además, ordenó una investigación a la juez Saquicuray por haber interpretado las normas incorrectamente.
El 26 de marzo de 1996 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) registró la denuncia de APRODEH en nombre de los familiares de las 15 personas muertas y las cuatro personas heridas en los hechos ocurridos en Barrios Altos. Sin embargo, meses antes, la CIDH había recibido denuncias sobre el caso, entre ellas por la Ley de Amnistía.
El 14 de marzo de 2001, la Corte Interamericana de Derechos Humanos sentenció que las leyes de amnistía carecían de efectos jurídicos y ordenó la reapertura de las investigaciones. Asimismo dispuso la reparación a las cuatro víctimas que sobrevivieron y a los familiares de las 15 víctimas muertas, por las violaciones de derechos humanos cometidas en esta masacre. El 3 de setiembre de ese mismo año, la Corte, a pedido de la CIDH emitió una sentencia interpretativa donde señala que las leyes de amnistía Nº 26479 y 26492 carecen de efecto jurídico.
En los años siguientes, el gobierno peruano concluyó la entrega de la reparación (175 mil dólares) a las víctimas sobrevivientes y deudos de este crimen, previo reconocimiento de la responsabilidad del Estado peruano en este caso.
Piden sentencia para Montesinos
El 13 de mayo de 2005, el fiscal superior anticorrupción Pablo Sánchez Velarde pidió treinta y cinco años de prisión efectiva para el ex asesor presidencial Vladimiro Montesinos, por considerarlo el autor intelectual de la denominada matanza de Barrios Altos. Además se incluyeron otros crímenes como el del asesinato de un grupo de campesinos en la provincia de Santa en Áncash y de la desaparición del periodista Pedro Yauri a manos del grupo paramilitar Colina.
En su dictamen acusatorio Sánchez Velarde responsabilizó a Montesinos Torres de los delitos de homicidio calificado, desaparición forzada de personas, secuestro agravado y asociación ilícita para delinquir, razón por la cual pidió que el ex asesor pague la suma de cien mil nuevos soles para cada una de las familias de los agraviados en estos casos.
La pena que pidió el fiscal fue similar para Santiago Martin Rivas, del Grupo Colina, el ex jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, Nicolás Hermoza Ríos y el ex jefe del Servicio de Inteligencia Nacional, Julio Salazar Monroe por haber avalado la realización de estos crímenes de lesa humanidad, justificando para ello que formaban parte de la lucha antisubversiva.
Asimismo solicitó 30 años de prisión para el mayor Carlos Pichilingue Guevara, como también para el ex miembro del grupo Colina, Fernando Rodríguez, y otras 51 personas, para las cuales pidió penas de entre 8 y 30 años de prisión. Este dictamen acusatorio fue remitido a la Sala Anticorrupción "A", que remitió al Ministerio Público el expediente acumulado de los casos de violación de derechos humanos para que se emita el dictamen fiscal correspondiente.
Actualmente, el caso se encuentra acumulado en el proceso abierto contra el grupo Colina que se encuentra en etapa de juicio. Asimismo, el caso Barrios Altos es uno de los argumentos actuales por los que se solicitará la extradición de Alberto Fujimori quien se encuentra en Chile.
Caso La Cantuta: Violaciones de Derechos Humanos
En la madrugada del 18 de julio de 1992, efectivos militares e integrantes del "Grupo Colina" invadieron los campus la Universidad Nacional Enrique Guzmán y Valle, La Cantuta, en una operación antiterrorista. En medio de la oscuridad, irrumpieron en los dormitorios de los profesores y estudiantes, llevándose a la fuerza al académico Hugo Muñoz Sánchez y a nueve alumnos: Luis Ortiz Perea, Armando Perea Cóndor, Bertila Lozano Torres, Dora Oyague Fierro, Robert Teodoro Espinoza, Heráclides Meza, Felipe Flores Chipana, Marcelino Rosales Cárdenas y Juan Mariños Flores.
De los secuestrados no se supo nada durante un año, hasta que el 12 de julio del 93, 10 cuerpos fueron encontrados en fosas clandestinas en la quebrada de Chavilca, en la localidad de Cieneguilla. Habían sido ejecutados de un balazo en la cabeza y sus cuerpos, cuando ya estaban en avanzado estado de putrefacción, fueron trasladados e incinerados, en un intento por ocultar el crimen. Sólo dos de los cuerpos fueron identificados.
En este caso, el ex jefe de Estado peruano está acusado del asesinato y desaparición forzada de nueve estudiantes y un profesor de la Universidad Enrique Guzmán y Valle "La Cantuta", cuyos cuerpos fueron calcinados y enterrados en dos fosas clandestinas.
Los hechos
En horas de la madrugada del 18 de julio de 1992, miembros del Servicio de Inteligencia del Ejército (SIE) y de la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINTE), entre ellos, Santiago Martín Rivas y otros integrantes -en su mayoría del denominado Grupo Colina- irrumpieron, encapuchados y armados, en las viviendas de estudiantes y profesores de la Universidad Nacional Enrique Guzmán y Valle, La Cantuta.
Una vez que los militares ingresaron a las residencias estudiantiles, obligaron a todos los estudiantes a salir de sus dormitorios y a echarse en posición de cúbito ventral. Uno de los efectivos procedió a levantar la cabeza de cada uno de los estudiantes, tomándolos por el cabello y separando a los que finalmente fueron detenidos, siendo éstos: Bertila Lozano Torres, Dora Oyague Fierro, Luis Enrique Ortiz Perea, Armando Richard Amaro Cóndor, Robert Edgar Teodoro Espinoza, Heráclides Pablo Meza, Felipe Flores Chipana, Marcelino Rosales Cárdenas y Juan Gabriel Mariños Figueroa.
Después de estas acciones, los militares ingresaron en forma violenta a la vivienda del profesor Hugo Muñoz Sánchez, trepando por la pared que da al patio y destrozando la puerta de servicio. Luego amordazaron al profesor Muñoz Sánchez y le cubrieron la cabeza con un pantalón negro. Algunos de los atacantes revisaron el dormitorio e impidieron que su esposa saliera de dicho dormitorio. Los efectivos militares procedieron a llevarse a la fuerza al profesor Muñoz Sánchez, quien al momento se encontraba descalzo y con el torso desnudo. El operativo fue filmado por uno de los captores. En el camino de la casa del profesor Muñoz Sánchez a la puerta de ingreso a las residencias de los docentes, algunos testigos, entre ellos el señor Octavio Mejía Martel y su esposa, intentaron intervenir en su favor, pero fueron encañonados y obligados a retirarse.
Los militares se retiraron de la universidad, llevándose al profesor Muñoz Sánchez y a los nueve estudiantes mencionados anteriormente.
Los cadáveres de las víctimas fueron enterrados clandestinamente, y recubiertos con cal en tres fosas en la zona denominada Cerro Santa Rosa, Km. 1.5 de la autopista Ramiro Prialé, propiedad de Sedapal. Posteriormente, y a raíz de una denuncia pública formulada por el congresista Henry Pease, los autores materiales del asesinato procedieron a desenterrar los cuerpos, a incinerarlos y a trasladarlos a nuevas fosas clandestinas, ubicadas en Chavilca, Cieneguilla.
La investigación
El 12 de julio de 1993 la revista "Sí", dirigida por Ricardo Uceda, publicó un croquis en el cual se indicaba el lugar en que habían sido enterrados parte de los restos humanos pertenecientes a los secuestrados de la Cantuta. La Fiscalía realizó entonces una diligencia de constatación en la quebrada de Chavilca, en la localidad de Cieneguilla. En dicha diligencia se constató la existencia de cuatro fosas clandestinas que contenían restos óseos -la mayoría calcinados- en dos de ellas, dos juegos de llaves, un proyectil de bala, restos de ropas, cabellos, etc. También por denuncia del Director de la Revista "Sí", la Fiscalía realizó diligencias de constatación en el Km. 1.5 de la autopista Ramiro Prialé, en un paraje dentro de los terrenos de la Planta de Tratamiento de La Atarjea, de la empresa Sedapal, que fue usado hasta ese momento como campo de prácticas de tiro por la Policía Nacional. Ahí se hallaron nuevas fosas clandestinas que contenían restos óseos (un esqueleto humano completo con ropa, medio esqueleto, tejidos humanos, restos de cabello y ropas), además de casquillos, proyectiles de bala y restos de cal.
Las pruebas obtenidas por la Fiscalía se pudo concluir, en resumen, que los restos hallados en Cieneguilla y en el Km. 1.5 de la autopista Ramiro Prialé correspondían por lo menos a tres de los agraviados, los estudiantes Luis Enrique Ortiz Perea, Armando Amaro Cóndor y Juan Gabriel Mariños Figueroa. También se determinó con certeza que uno de los restos hallados en Cieneguilla corresponde a Bertila Lozano Torres, atendiendo al reconocimiento hecho por el Técnico Dental Juan Miguel Vásquez Tello. Se determinó igualmente que varios de los restos hallados en Cieneguilla corresponden a los estudiantes Robert Teodoro Espinoza y Heráclides Pablo Meza, atendiendo al reconocimiento de los restos de ropas efectuado por sus familiares. Se estableció también que algunos de los restos hallados en Cieneguilla correspondían al profesor Hugo Muñoz Sánchez.
Acciones legales
En mayo del 2005, el fiscal anticorrupción Pablo Sánchez pidió 35 años para Santiago Martin Rivas, del Grupo Colina, el ex jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, Nicolás Hermosa Ríos y el ex jefe del Servicio de Inteligencia Nacional, Julio Salazar Monroe por haber avalado la realización de estos crímenes de lesa humanidad, justificando para ello que formaban parte de la lucha antisubversiva.Asimismo solicitó 30 años de prisión para el mayor Carlos Pichilingue Guevara, como también para el ex miembro del grupo Colina, Fernando Rodríguez, y otras 51 personas, para las cuales pidió penas de entre 8 y 30 años de prisión. Este dictamen acusatorio fue remitido a la Sala Anticorrupción "A", que remitió al Ministerio Publico el expediente acumulado de los casos de violación de derechos humanos para que se emita el dictamen fiscal correspondiente.
Actualmente, el caso se encuentra en etapa de juicio oral. En él, varios de los acusados –ex miembros del grupo Colina– se han acogido a la figura de la confesión sincera durante el interrogatorio y vienen narrando cómo se cometió este crimen.
Asimismo, el caso La Cantuta es uno de los argumentos actuales por los que se ha solicitado la extradición de Alberto Fujimori quien se encuentra con libertad condicional en Chile.
Caso Sótanos: Violaciones de Derechos Humanos
Durante el gobierno de Alberto Fujimori, el Servicio Nacional de Inteligencia empleaba las instalaciones del Cuartel General del Ejército, conocido como "Pentagonito", como un centro de detención clandestino para los castigos, torturas y ejecuciones a opositores del régimen dictatorial. Fujimori sabía del uso que se le daba a dicha dependencia además que tenía conocimiento de la estrategia y métodos empleados por las Fuerzas Armadas peruanas en la lucha contra la subversión.
La versión los ex agentes del grupo Colina, Jesús Sosa y Santiago Martin Rivas, los cuadernos del Servicio de Inteligencia del Ejército (SIE) y las investigaciones de los casos fueron remitidos a la justicia chilena, a fin de demostrar que durante el gobierno de Fujimori existió un patrón sistemático de violaciones a los derechos humanos que obedecía a una estrategia de lucha contra la subversión diseñada por el mismo Fujimori.
Entre las víctimas que estuvieron recluidas en los Sótanos del SIE figuran los estudiantes de la Universidad Nacional del Callao, Martín Rocas Casas y Kenneth Anzualdo Castro, asimismo, el caso del ex docente ayacuchano Justiniano Najarro Rúa. El desenlace de estos casos fue descubierto a partir de la publicación del libro "Muerte en el Pentagonito", de Ricardo Uceda, en donde se aclaró que los autores de estos crímenes pertenecieron al Servicio de Inteligencia del Ejército (SIE), lugar en donde las víctimas fueron ultimadas y sus restos, calcinados. El libro se basó en el testimonio del ex agente del Grupo Colina, Jesús Sosa, conocido como "Kerosene", quien narró cómo los estudiantes (Roca y Anzualdo) y el ex docente (Najarro) fueron secuestrados, torturados en los sótanos del SIE y posteriormente incinerados en un horno de dicha dependencia castrense.
A estos casos se agregan los del empresario Samuel Dyer y el periodista Gustavo Gorriti quienes también estuvieron retenidos en las instalaciones del Pentagonito. Incluso, la propia esposa de Alberto Fujimori, Susana Higuchi, fue secuestrada y conducida a los sótanos del SIE en donde fue golpeada y mantenida drogada en un calabozo. Los hechos ocurrieron cuando Fujimori residía en las instalaciones del SIE, en 1992.
El 21 de setiembre de 2007, la Corte Suprema de Chile otorgó la extradición de Alberto Fujimori por los casos de Samuel Dyer y Gustavo Gorriti.
Samuel Edward Dyer fue detenido, el 27 de julio de 1992, por el General Carlos Domínguez Solís, en ese entonces, Jefe de la Dirección de Contra Inteligencia del SIN, en el Aeropuerto Internacional "Jorge Chávez". Luego fue conducido a las instalaciones del SIE, específicamente a los sótanos de dicho establecimiento. La detención se produjo al amparo de una supuesta requisitoria por terrorismo, sin embargo nunca se la mostraron, ni tampoco el control de la oficina de Migraciones del Aeropuerto registraba una orden judicial. El agraviado fue conducido en una camioneta a las instalaciones del SIE y fue recibido por el Coronel Alberto Pino Cárdenas. Allí estuvo retenido en una celda de 3×3 metros, sin agua ni servicios. Ese lugar tenía una pequeña ventana, con rejas al lado izquierdo, por donde no se veía nada. Al parecer se trataba de un corredor. Cuando Dyer salió del sótano vio al requerido caminar por las instalaciones del SIE, acompañado por un grupo de personas de rasgos orientales.
El 6 de abril de 1992, Gustavo Gorriti Ellenbogen fue intervenido en su casa por personal perteneciente al Servicio de Inteligencia del Ejército (SIE), quienes los trasladaron en un vehículo a dichas instalaciones. Fue recluido en un sótano. Lo ubicaron en un cuarto en donde permaneció hasta las dos o tres de la mañana del día siguiente. Luego lo remitieron al local de la Prefectura.
Caso Montesinos: Corrupción
Alberto Fujimori habría dispuesto recursos para ser entregados a su ex asesor Vladimiro Montesinos por la suma de S/. 52"500,000 equivalente en ese entonces a US$ 15"000,000. Dicho dinero fue retirado del presupuesto del Ministerio de Defensa y luego entregado al mencionado ex asesor a título de una indebida e ilegal compensación por tiempo de servicios.
El 19 de septiembre de 2000 el ex Presidente expidió el Decreto de Urgencia Nº 081-2000, a través del cual se dispuso una ampliación presupuestal a favor del Sector Defensa. Este Decreto de Urgencia fue emitido en forma irregular al no cumplirse el procedimiento legal y constitucional establecido para su aprobación, y por sustentarse en información falsa, como lo fue el hecho de invocar inexistentes razones de seguridad nacional, con el propósito de financiar un supuesto plan, denominado "Plan Soberanía", destinado a contrarrestar posibles invasiones a territorio peruano de los grupos alzados en armas en Colombia. Finalmente, por orden del ex Presidente Fujimori, dichos recursos fueron utilizados para la entrega de 15 millones de dólares, en efectivo, a favor de Vladimiro Montesinos.
El 2 de noviembre de 2000, fecha en que el gobierno comunicó públicamente el hallazgo de tres cuentas bancarias a nombre del ex asesor Montesinos en Suiza, Fujimori intentó ocultar la utilización indebida del dinero, haciendo entrega al ex Ministro de Defensa, de cuatro maletas que contenían la suma de 15 millones de dólares americanos para su devolución al tesoro público. Dicha entrega se realizó en Palacio de Gobierno en presencia del ex Ministro de Economía y Finanzas y del ex Viceministro de Hacienda. El dinero devuelto tendría un origen desconocido pues se comprobó que no correspondía al originalmente utilizado.
Caso Allanamiento: Corrupción
Conocidas las primeras evidencias de la red de corrupción que operó durante su gobierno e iniciadas las primeras investigaciones en contra de su ex asesor Vladimiro Montesinos, Fujimori, ejerciendo funciones que no le correspondían, dispuso la ejecución de un allanamiento en los domicilios de Trinidad Becerra, esposa del mencionado ex asesor, con la finalidad de ubicar y ocultar pruebas que pudieran incriminarlo.
Para dicho propósito abusó de sus atribuciones constitucionales y dispuso que personal a su cargo actuara como Fiscal en la referida diligencia.
Los hechos ocurrieron el 7 de noviembre del 2000 y contaron con la complicidad de efectivos de las Fuerzas Armadas y Policiales, quienes además de actuar bajo la dirección de un falso Fiscal, procedieron a la incautación de diversas maletas y cajas con documentos y vídeos, sin efectuar inventario alguno de los bienes o dejar constancia en acta de lo acontecido. Terminado el operativo, el material incautado fue trasladado en vehículos oficiales, al Grupo Aéreo Nº 8 y luego a Palacio de Gobierno para ser entregados al ex Presidente Fujimori, quien luego de manipular su contenido y seleccionar aquello que podría comprometerlo, hizo entrega del remanente al 41º Juzgado Penal Especial de Lima
Caso Congresistas tránsfugas: Corrupción
Caso Congresistas tránsfugas, por los delitos de asociación ilícita para delinquir, y corrupción activa de funcionarios.
A partir de abril del año 2000 se desviaron recursos del Estado al Servicio de Inteligencia Nacional y se creó un fondo para financiar actos de corrupción, efectuando pagos ilegales a diversos congresistas electos en las elecciones del 2000. Alberto Fujimori con su ex asesor Vladimiro Montesinos, los Ministros de Defensa e Interior y los Jefes de los institutos armados habría conformado esta organización que tuvo por objetivo inducir a algunos congresistas electos, mediante pagos, a cambiar de bancada e integrarse al partido de gobierno con la finalidad que éste obtenga mayoría parlamentaria (congresistas tránsfugas) o de lo contrario obtener su apoyo, a través de sus votos, pero manteniéndose en sus respectivas agrupaciones (congresistas topos).
Caso Intercepción telefónica: Corrupción
La interceptación y escucha de conversaciones telefónicas de políticos, periodistas y otros personajes opositores al régimen fujimorista, a nivel nacional se dio durante el gobierno del ex Presidente. Esta actividad delictiva se llevó a cabo sistemáticamente desde el 28 de Julio de 1990 al 17 de Noviembre de 2000, en el marco de aplicación del "Plan Emilio". Para la implementación de este Plan, el Alberto Fujimori utilizó indebidamente recursos del Estado.
Para la comisión de este ilícito penal, Fujimori conformó una organización criminal con su ex asesor Vladimiro Montesinos Torres y altos mandos y oficiales de las Fuerzas Armadas (Ejército, Marina, Fuerza Aérea), a quienes encargó la elaboración del referido Plan. La ejecución de las interceptaciones estuvo a cargo del entonces Comandante EP Roberto Huamán, quien actuó bajo la supervisión del ex asesor presidencial Vladimiro Montesinos Torres.
Caso tractores chinos y medios de comunicación: Corrupción
"Tractores chinos": en ejercicio de sus atribuciones como Presidente de la República, utilizó recursos del Estado para financiar la adquisición de tractores a las Corporaciones Nacionales de la República Popular de China a través de diversos dispositivos legales que facilitaron el proceso de adjudicación directa en donde resultó beneficiada la empresa China National Constructional & Agricultura Machinery Import & Export Corporation". La maquinaria adquirida fue utilizada por el ex Presidente Fujimori en beneficio propio como parte de sus actividades proselitistas. En este marco se suscribieron dos contratos.
A través del primero, se adquirieron 3,000 tractores y diversos implementos agrícolas por el precio CIF total de US$ 23"022,865; y mediante el segundo contrato, 1,100 tractores, maquinaria, implementos agrícolas y equipos por un monto de US$ 34"767,313. Se ha determinado que del total de los bienes adquiridos 454 tractores se encontraban inoperativos y 231 han desaparecido, siendo el valor de los mismos US$ 10"560,000. Luego de la compra, Fujimori ejerciendo funciones que no le correspondían dispuso la distribución directa de los bienes y no el organismo técnico respectivo conforme a Ley. Para tal efecto, el ex Jefe de la Casa Militar de la Presidencia de la República comunicó al ex Ministro de Agricultura que los equipos serían administrados directamente por el Despacho Presidencial, situación que se mantuvo hasta 1999.
"Medios de comunicación": se utilizaron recursos del Estado para la compra de Cable Canal CCN-Canal 10 y la línea editorial del Diario Expreso, a fin de obtener el apoyo y control de los medios de prensa para su segunda reelección, es decir utilizó dichos recursos para su beneficio personal. Para ello, en el mes de septiembre de 1999 coordinó y delegó a Vladimiro Montesinos Torres las respectivas transacciones. Por las acciones de Cable Canal CCN se pagó la suma de US$ 2"000,000, lo que representaba el 75% de las acciones del referido canal.
En el caso del Diario Expreso fue entregada la suma de US$ 1"750,000 a su propietario, el señor Eduardo Calmell del Solar. Para la comisión de estos hechos delictivos el ex Presidente, conformó con Vladimiro Montesinos Torres y los Comandantes Generales de las Fuerzas Armadas: José Villanueva Ruesta (Ejército), Elesvan Bello Vásquez (Fuerza Aérea) y Américo Ibárcena Amico (Marina de Guerra); una organización criminal destinada a proveer de fondos al Servicio de Inteligencia Nacional, para ser utilizados en la contratación y adquisición de los mencionados medios de comunicación.
De esta forma, el ex Presidente sólo será juzgado en Perú por los delitos aprobados por la Corte Suprema chilena, quedando fuera los siguientes casos:
o Caso Pago Sunat-Borobio, por los delitos de asociación ilícita para delinquir y peculado.
o Caso Faisal, Aprodev, por los delitos de asociación ilícita para delinquir y peculado.
o Caso Medicinas chinas, por los delitos de asociación ilícita para delinquir y colusión desleal.
o Caso Desviación de fondos, por los delitos de asociación ilícita para delinquir, peculado agravado, falsedad material, y falsedad ideológica.
o Caso Decretos de Urgencia, por los delitos de asociación ilícita para delinquir, colusión desleal, peculado, malversación de fondos, falsedad ideológica, y favorecimiento bélico a Estado extranjero, o traición a la Patria.
Sentencia
Fujimori fue hallado culpable por los casos de las matanzas de La Cantuta y Barrios Altos, así como de los presuntos secuestros del periodista Gustavo Gorriti y del empresario Samuel Dyer
"Este tribunal declara que los cuatro cargos se encuentran probados más allá de toda duda razonable y la sentencia es condenatoria", indicó el juez César San Martín, presidente de la Sala Especial de la Corte Suprema.
Luego de este anuncio se inició la lectura del resumen de la sentencia adoptada por unanimidad, la cual contiene 711 folios.
La sentencia es grave y severa, afirmó el magistrado César San Martín, presidente de la Sala Penal Especial, al exponer sobre el sentido del fallo del colegiado, compuesto además por los vocales Víctor Prado Saldarriaga y Hugo Príncipe Trujillo.
El anuncio de que la sentencia al ex presidente Alberto Fujimori es condenatoria, no sólo ha causado revuelo en los medios de información nacionales sino que los más importantes del mundo, en sus ediciones online, han destinado titulares al fin del juicio histórico.
Fujimori, al término de la lectura de su sentencia, anunció que apelará contra la condena impuesta.
La resolución en segunda instancia de la Corte Suprema de Justicia de Perú sobre la condena de 25 años de prisión para el ex presidente Alberto Fujimori se conocerá en unos cinco meses, explicó hoy su abogado César Nakasaki.
En declaraciones a Efe, el letrado dijo que tiene 10 días para presentar la fundamentación del recurso de nulidad (apelación) interpuesto hoy mismo por Fujimori, tras la lectura de la sentencia.
El ex mandatario peruano, que gobernó entre 1990 y 2000, fue condenado a 25 años de prisión por los delitos de homicidio calificado, asesinato con alevosía, lesiones graves y secuestro.
Luego del plazo de 10 días, el expediente es elevado a la Primera Sala Transitoria de la Corte Suprema que es la que, en principio, revisaría el fallo en segunda instancia, explicó Nakasaki.
A continuación, el expediente va a la Fiscalía para que ésta emita un pronunciamiento y, finalmente, la sala tiene que señalar la fecha para que las partes presenten sus informes orales.
Es así que elpaís.com titula "Un tribunal declara culpable al ex presidente peruano Alberto Fujimori", para luego detallar que fue condenado por crímenes a los derechos humanos durante su mandato y que ha defendido su inocencia y se ha escudado en que tuvo que "gobernar desde el infierno".
Por su parte, LeMonde.fr informa que en "Perú: el ex presidente Fujimori es considerado culpable de violaciones de los derechos humanos"
La cadena de noticias CNN, señala que se ha encontrado al ex presidente culpable de los cargos de abuso de los derechos humanos que prevenían la guerra "sucia" en Perú, en los años 90.
Sin embargo, no sólo la sentencia condenatoria ha sido resaltada sino que la actitud de sus dos hijos, Keiko y Kenyi, también ha sido recalcada.
Es así que latercera.com señala que al interior de la sala, los hijos del ex jefe de Estado, se vieron apesadumbrados tras conocer el fallo condenatorio contra su padre.
Mientras que nytimes.com, página del diario New York Times, señala que Keiko Fujimori, podría utilizar "la condena de su padre para crear condolencia y para estimular sus propias ambiciones presidenciales".
El enfrentamiento entre los simpatizantes fujimoristas y lo sindicalistas de la CTP rebotó en elmundo.es y en latercera.com explicando los pormenores de este acto que dejó a un hombre herido tras recibir un golpe en la cabeza.
Opiniones
Se han dado diversas opiniones, entre las cuales tenemos a:
La organización Human Rights Watch (HRW) consideró como un precedente mundial y un mensaje "muy poderoso" para la región el fallo que condena a 25 años de prisión al ex presidente Alberto Fujimori.
José Miguel Vivanco, director de HRW, destacó que es la primera vez en el mundo que se condena a un ex jefe de Estado en los tribunales de su país por delitos cometidos durante su mandato.
"Eso es un hecho absolutamente excepcional. De hecho, el fallo es tan extraordinario y tan excepcional que no conozco un precedente en el mundo de un hecho similar, que un ex presidente sea procesado a nivel local por sus propios tribunales, por delitos cometidos mientras ejercía el poder", comentó.
Indicó que, por lo general, los ex presidentes se escudaban en la impunidad o, en todo caso, eran procesados por la jurisdicción de los juzgados internacionales.
Por ello, Vivanco resaltó que el fallo del tribunal presidido por César San Martín genera un "mensaje muy poderoso" al Perú y a la región porque ayuda a recobrar la confianza en las instituciones judiciales.
El activista de derechos humanos sostuvo, en conversación telefónica con Canal N, que durante todo el juicio se observaron todas las garantías del debido proceso y del derecho a la defensa.
El ex presidente peruano Alejandro Toledo dijo que la condena a 25 años de prisión a su antecesor Alberto Fujimori por delitos de lesa humanidad, si bien es una lección para el mundo, es sobre todo una lección para la clase política.
El fallo "trasciende al Perú, es una lección para el mundo porque muy pocos países pueden exhibir a un ex jefe de Estado sometido a un juicio público con las garantías de un debido proceso", dijo Toledo en conversación telefónica con Canal N.
Toledo acotó que la sentencia es "en primer lugar una lección para toda una clase política' que debe entender que 'los delitos de lesa humanidad cometidos desde el aparato del Estado son un hecho cruel e inhumano que deshonra a quienes hemos tenido y tienen el privilegio de gobernar".
"Aquellos que hemos tenido la responsabilidad de dirigir los destinos del país, necesitamos tener vocación democrática, respeto por los derechos humanos y la independencia de los poderes", subrayó Toledo, que gobernó Perú entre 1990 y 2000.
Si bien Toledo expresó que siente 'tristeza' y 'congoja' por los hijos y familiares de Fujimori porque ellos 'recogen el golpe duro de esta decisión (judicial)', recalcó que en el juicio no se ha juzgado 'al padre que ellos conocieron' sino al 'político que se equivocó al ejercer el poder'.
Agregó que también comparte su 'congoja' con los familiares de las víctimas de las 25 personas asesinadas en Barrios Altos (1991) y La Cantuta (1992), uno de los dos casos por los que se juzgó a Fujimori, así como por los miembros de las fuerzas armadas que perecieron durante la lucha contra el terrorismo.
"Nada justifica el asesinato de personas inocentes, no se puede acabar el terror con el terror", puntualizó Toledo, al insistir en que no quiere interferir con sus comentarios en el proceso dado que aún falta una segunda y definitiva instancia judicial.
El fiscal supremo titular, José Peláez Bardales, dijo que la pena de 25 años que se dictó hoy contra Alberto Fujimori ha sido adecuada y contundente, por lo que cree que el pedido de nulidad que pidió la defensa del ex presidente no afectará en la sentencia que dictó la Sala Penal Especial.
"Creo que la sentencia está bien fundamentada, a pesar de que todavía no la he podido leer en su totalidad. Pero por lo poco que hemos escuchado, creo que la condena es contundente y será difícil de rebatir", dijo Peláez Bardales a la prensa.
Cuando le preguntaron si sentía que la sentencia había sido un triunfo, el fiscal supremo también dijo que para este caso la intención fue cumplir con el deber que le encomendaron y que no ha ganado nada.
"El equipo que trabajó los casos solo cumplió con su labor. Nosotros (el equipo de fiscales) estamos cumpliendo con lo que demanda la Constitución del Estado en defensa de la sociedad y acusando cuando ha quedado demostrado que la persona acusada ha sido declarada culpable de los cargos que se le imputaban", afirmó.
Por último, ante la posibilidad de que en la Corte Suprema -donde se analizará el pedido de nulidad que hizo la defensa de Fujimori- pueden haber influencias políticas entre los magistrados cuando tomen una decisión, considerando que este proceso no va a ser discutido en un juicio público, Peláez Bardales dijo que "es probable que hayan presiones políticas, pero los magistrados que van a haber el proceso son jóvenes y están haciendo carrera, y tienen un futuro que tiene que ser resguardado y cuidado", por lo que un fallo polémico podría manchar sus carreras.
"Además, las influencias no van a ayudar al tenor de la decisión final del proceso", concluyó el fiscal supremo.
El premier Yehude Simon pidió tranquilidad a la familia y los seguidores del ex presidente Alberto Fujimori, tras la condena de 25 años de prisión que le fue impuesta por violaciones contra los derechos humanos.
"Lo que hay que pedir es mucha tranquilidad y asumir lo que tiene que ser, y pedir los pasos que la democracia permite, la apelación, y que sea la sala suprema la que tome el fallo definitivo", expresó el jefe del Gabinete.
Simon respondió así al ser consultado por el anuncio de la dirigencia fujimorista de movilizarse en las calles frente a la condena contra el ex mandatario.
"Tienen el derecho a apelar y tienen que aceptar que así son las reglas de juego de la democracia. No se puede decir lo contrario", señaló al indicar que particularmente no le alegra que una persona sea condenada a prisión.
Destacó que la justicia peruana ha actuado con autonomía y al margen de cualquier presión.
El congresista y jurista Javier Valle Riestra se mostró en desacuerdo con la condena al ex presidente Alberto Fujimori por abusos contra los derechos humanos, según dijo, porque no estaría basada en indicios, hechos o pruebas, sino en conjeturas.
En ese sentido, dijo que la sala ha actuado con "radicalismo" y que la sentencia -según afirmó- sería "antidemocrática", por no haber recogido todos los argumentos que presentaron la fiscalía y la parte civil.
"La sala ha actuado con radicalismo, y esa es otra demostración de que tenemos un Poder Judicial autoritario (…) es un sistema autoritario juzgando a otro autoritario como Fujimori", dijo.
Valle Riestra, quien fue primer ministro del segundo gobierno de Fujimori, argumentó que no se han mostrado pruebas que vinculen a Fujimori con el Grupo Colina, y la ejecución de los casos Barrios Altos y La Cantuta.
Por su parte, César Nakazaki, abogado defensor del ex presidente Alberto Fujimori, condenado a 25 años de prisión por delitos de lesa humanidad, dijo que no le cabe duda que la sentencia en contra de su patrocinado "es equivocada".
Si bien indicó no haber leído el fallo emitido por la Sala Penal Especial de la Corte Suprema en su integridad, dijo que lo estudiará en los próximos días para ubicar "los errores exactos".
"A mí, como abogado, me corresponde dar una opinión una vez que vea íntegramente la sentencia, pero, puedo decir a priori que la sentencia es equivocada; pero errores exactos (…) recién lo podría hacer una vez culmine el estudio de la sentencia que voy a empezar ahora", dijo.
Nakazaki sostuvo que en el primer tema a evaluar, una vez conocida la sentencia en contra del ex mandatario, es la fundamentación del recurso de nulidad presentado ante la Sala.
En ese sentido, indicó que la decisión de la segunda instancia sobre el fallo contra Fujimori será "demorará menos" que la primera instancia.
Agregó que el fujimorismo se caracteriza por un estilo de política pacífica, por ello, descartó actos de violencia en las protestas de ese grupo político por la sentencia contra su líder.
El abogado César Nakazaki continuará representado la defensa legal del ex presidente Alberto Fujimori, pese a la sentencia desfavorable que recayó en su contra al final del juicio por violaciones a los derechos humanos, afirmó el congresista Carlos Raffo.
El parlamentario fujimorista calificó de "extraordinaria" la defensa que realizó Nakazaki durante el proceso, que duró 15 meses, pese a que éste concluyó con la aceptación de los cargos en contra de Fujimori de homicidio calificado, lesiones graves y secuestro.
"Por supuesto (que Nakazaki continuará en la defensa de Fujimori), esto (la condena) no tiene que ver con la defensa, es el primer tiempo nomás, definitivamente César ha hecho un buen trabajo, esto es una sentencia política que no tiene nada que ver con la extraordinaria defensa que ha hecho el abogado", sostuvo.
Estas declaraciones las formuló Raffo en los exteriores de la Dirección de Operaciones Especiales (Diroes), luego que la Sala Penal Especial condenó a 25 años de prisión al ex presidente como autor mediato por voluntad de organización de los casos Barrios Altos, La Cantuta y secuestros en el sótano del Servicio de Inteligencia del Ejército (SIE).
Según el parlamentario, el abogado Nakazaki no tuvo que probar la inocencia de Fujimori.
Señaló que para los fujimoristas no existen pruebas que demuestren que Fujimori ordenó matar.
"En el derecho no se tiene que probar la inocencia, se tienen que probar culpabilidades, ¿qué pruebas demuestran que Fujimori ordenó matar? Es lo que nos seguimos preguntando, y lo reitero, Fujimori no tiene que probar su inocencia", apuntó.
En cuanto al condenado ex presidente Alberto Fujimori, este recurrirá a los tribunales internacionales de derechos humanos para reclamar justicia, pues, sostuvo, en el país no existieron las condiciones para un juicio imparcial, anunció el congresista fujimorista Rolando Sousa.
"Recurriremos a los tribunales internacionales; no necesariamente a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero sí al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Analizamos esa posibilidad", afirmó.
"El presidente Fujimori no va a tener justicia en este país y menos a nivel de la Corte Suprema; creo que eso es imposible por la composición de la corte conformada a partir de 2000, durante la época toledista", añadió.
Jorge Del Castillo dijo que "Somos un país que respeta la independencia de poderes".
Con la sentencia al ex presidente Alberto Fujimori, el Perú demuestra al mundo que vive en una democracia plena, donde se respeta la independencia de los poderes, opinó ayer el legislador aprista y ex presidente del Consejo de Ministros Jorge del Castillo."Qué bueno que la democracia peruana puede exhibir que a un ex presidente se le puede juzgar con la transparencia, objetividad e independencia de la cual ha hecho gala el Poder Judicial, porque vivimos en democracia", precisó.
"El comportamiento del señor (César) San Martín y de los demás vocales, de los fiscales, procuradores y la defensa ha sido ejemplar para el país", anotó.
Sin embargo, recordó que este proceso aún no termina, pues la defensa de Fujimori impugnará la sentencia. "Fujimori presentará un recurso de nulidad que subirá a la Sala Penal de la Corte Suprema, y será esta última instancia la que podrá confirmar la pena, reducirla, anular el fallo o lo que juzgue conveniente", refirió.
La congresista Keiko Sofía Fujimori afirmó ayer que la condena impuesta a su padre, Alberto Fujimori, estuvo "llena de odio y de venganza", y adelantó que sus seguidores se movilizarán en las calles porque "el fujimorismo no se va a quedar de brazos cruzados"."Asistimos a esta audiencia con la esperanza de escuchar un fallo jurídico, que le otorgase justicia a Alberto Fujimori. Muy grande es mi indignación al escuchar un fallo lleno de odio y de venganza", señaló.
"Obviamente, el fujimorismo no se va a quedar de brazos cruzados, vamos a salir a las calles a manifestar nuestro apoyo abierto al mejor presidente que ha tenido este país, al presidente que salvó del terrorismo a nuestro país; lo haremos de manera pacífica, pero obviamente que vamos a salir a defenderlo, porque nos sentimos orgullosos del trabajo que él ha realizado", dijo, sin aceptar preguntas de los periodistas.
Momentos después, la legisladora fujimorista encabezó un mitin con sus simpatizantes, a pocos metros de la sede de la Dirección de Operaciones Especiales (Diroes), donde se realizó el juicio, y dijo: "No pararemos hasta lograr la libertad de Alberto Fujimori"."Nos sometemos al tribunal del pueblo y lucharemos allí, y será el pueblo el que libere a Fujimori", agregó la legisladora. Partidarios del sentenciado ex presidente llegaron desde muy temprano cerca de la sede de la Diroes.
La mayoría de ellos llegó a bordo de ómnibus desde diversos puntos de la Lima y algunos del interior del país. Posteriormente, algunos juristas consultados sobre la sentencia dijeron que de acogerse a los beneficios penitenciarios, Alberto Fujimori podría salir en libertad a los cuatro años y medio, gracias a la figura legal del dos por uno y al recurso de libertad vigilada.
La condena al ex presidente Alberto Fujimori constituye un "hito fundamental" en la lucha contra la impunidad en el Perú, sostuvo el asesor especial de Amnistía Internacional (AI), Javier Zúñiga.
Mediante un comunicado que difunde el organismo internacional, Zuñiga destacó que hoy es un "día histórico" porque no todos los días se ve a un ex jefe del Estado siendo sentenciado por delitos contra los derechos humanos como la tortura, el secuestro y la desaparición forzada de personas.
"Esto demuestra que nadie está exento de rendir cuentas. Esperamos que éste sea el comienzo de muchos procesos judiciales, tanto en América Latina como en el mundo", recalcó.
El representante de AI indicó que dicha organización siguió con especial atención el proceso judicial contra Fujimori, a través de observadores locales e internacionales.
La organización señaló que no ha recibido información de alguna de las partes del proceso que pudiera sugerir que el mismo no se ha desenvuelto de manera independiente o imparcial.
"La bancada nacionalista destaca la labor intachable del Poder Judicial y ratifica que en una verdadera democracia tiene que respetarse la independencia de poderes", sostuvo el vocero de la bancada del PNP, Freddy Otárola, al respaldar a nombre de su agrupación la sentencia contra Fujimori.
En ese sentido, precisó que la sala que vio el caso Fujimori realizó un trabajo serio, objetivo, desapasionado y no político; lo cual le ha permitido resolver este asunto con justicia. "Entendemos también que está sentencia nos da dos mensajes: quienes atenten contra la democracia ya no pueden estar tranquilos; y segundo, aquellos que cometen delitos de lesa humanidad saben que éstos no prescriben."
El penalista Mario Amoretti dijo que el derecho al indulto, amnistía o beneficios penitenciario que podría tener Fujimori dependerá de que la Corte Suprema ratifique la tesis de la sentencia, de que el dignatario cometió delitos de lesa humanidad.
Recalcó que si se ratifica esta tesis, entonces Fujimori no tendría derecho a estos beneficios, pero si, por el contrario, se concluye que no le corresponde esa figura, sino el delito ordinario de homicidio calificado, entonces sí los tendría.
Señaló que si bien los convenios internacionales que establecen este delito datan de 1959, en el Perú, es recién a partir de 1998 que se implementa en el Código Penal.
Bajo esa interpretación, opina que a Fujimori no se le puede sentenciar por lesa humanidad, porque los casos de Barrios Altos y La Cantuta fueron en 1991 y 1992.
Como una sanción justa y a la altura de las expectativas de la población calificó ayer el secretario general de la CGTP, Mario Huamán, a la pena de 25 años de prisión impuesta al ex presidente Alberto Fujimori. "Es una sanción justa que se esperaba, aunque nosotros esperábamos que se le diera la máxima condena de 30 años por homicidio calificado", dijo Huamán.
Indicó asimismo que durante todo el proceso judicial los fiscales han hecho un trabajo encomiable y respetable al imponer 25 años de prisión al ex presidente Fujimori. "Es una sala que ha respondido a las expectativas de los peruanos para que este tipo de delitos no se cometa nunca más en nuestro país", agregó.
Según la agencia de noticias Andina, el parlamentario dijo que la sentencia contra el ex mandatario había sido política, destinada a castigar los sucesos ocurridos a partir del golpe de Estado del 5 de abril de 1992.
"Es una sentencia política, armada desde el tema penal y destinada a generar la idea de que Alberto Fujimori, a partir del 5 de abril de 1992, empezó a construir un aparato de poder, y en forma muy sutil señalan que antes no lo hizo porque estaba en democracia."
Indicó que la Corte Suprema de Justicia, que dará su fallo definitivo en torno al caso, "no va a administrar en ningún caso justicia".
Ante esa posibilidad, manifestó que se analizaba la alternativa de recurrir a los tribunales de justicia internacionales.
El abogado Ronald Gamarra, defensor de la parte civil, descartó que pueda proceder una eventual amnistía o indulto a favor de Fujimori, por tratarse de una condena por violación de DD HH. Estimó que el Poder Judicial y las autoridades carcelarias le otorgarán a Fujimori todos los beneficios de los que goza como interno.
"Pero lo que debe quedar claro es que el tribunal, sobre la base de sentencias anteriores de la Corte Interamericana de DD HH y del TC, ha declarado que los casos de La Cantuta y Barrios Altos son crímenes de lesa humanidad; por lo tanto, amnistías o indultos no proceden para ambos casos", acotó
Delitos condenatorios
En resumen:
1. Fujimori fue hallado culpable por los casos de las matanzas de La Cantuta y Barrios Altos, así como de los secuestros del periodista Gustavo Gorriti y del empresario Samuel Dyer Ampudia.
2 "Este tribunal declara que los cuatro cargos se encuentran probados más allá de toda duda razonable y, por consiguiente, la sentencia que se emite es condenatoria."
3 Una vez conocido el sentido del fallo, se inició la lectura de la sentencia adoptada por unanimidad, la cual contiene 711 folios, 830 parágrafos y 1,258 notas al pie de página.
La Sala Penal Especial de la Corte Suprema de Justicia peruana declaró a Fujimori autor mediato de homicidio calificado, lesiones graves y de secuestro agravado por trato cruel. Todos estos delitos fueron calificados como "crímenes de estado" y los dos primeros como "crímenes de lesa humanidad"
En los casos Barrios Altos y La Cantuta, la Corte concluyó que un grupo operativo del Servicio de Inteligencia del Ejército (SIE) denominado "Colina", autor directo de los crímenes, fue el brazo ejecutor de un aparato organizado de poder cuyo dominio y dirección correspondió a Fujimori. En dicho marco, atribuyó al ex presidente la decisión de aplicar métodos de guerra sucia contra la subversión que derivaron –por acción de este grupo y de los mandos militares– en los crímenes señalados.
En el caso Sótano SIE, la culpabilidad de Fujimori fue sustentada a partir de que los hechos respondieron a disposiciones de Fujimori para detener a Gustavo Gorriti y Samuel Dyer.
Si bien el ex presidente no cometió los crímenes directamente, con sus propias manos, sí es responsable por la decisión de aplicar una política de guerra sucia como respuesta a la subversión, y en dicho marco, consentir y encubrir la acción criminal del grupo Colina, además de favorecer su impunidad. En este razonamiento, Fujimori representa el punto de partida de una decisión, que en su fase operativa correspondió ejecutar a los agentes miembros del mencionado grupo.
La Sala determinó que había elementos agravantes que permitían aplicarle la pena máxima permitida –25 años por homicidio–: la alevosía en la comisión de asesinatos, el trato cruel a las personas secuestradas, la gravedad y número masivo de personas afectadas, la condición de poder de Fujimori, la planificación con la que se ejecutaron los crímenes, y el hecho de que fueron intervenciones organizadas en las que participaron múltiples personas.
En relación a la apelación, que fue presentada inmediatamente después de leída la sentencia, deberá sustentarse en 10 días y será estudiada por otra sala de la Corte Suprema, la Primera Sala Penal Transitoria, integrada por cinco magistrados. Dicha instancia no tiene plazo para emitir su fallo, pero se estima que su resolución será hecha pública en un lapso de 3 a 5 meses.
Sin embargo, Fujimori tendrá acceso a todos los beneficios penitenciarios consignados en el Código de Procedimiento Penal peruano, incluyendo la disminución de la pena por trabajo y educación. Este Código establece además que puede reducirse la pena a las personas que hayan tenido más de 65 años en el momento de cometer el delito, sin embargo Fujimori, al momento de los hechos, tenía entre 55 y 56 años. Fujimori podrá recibir la libertad condicional cuando haya cumplido la mitad de su pena. Ésta se pide al juez, que tiene la facultad discrecional de concederla o no.
El caso sirve como ejemplo para otros países pues muestra cómo un tribunal eminentemente nacional puede juzgar a un ex jefe de estado con todas las garantías al debido proceso y devolver la dignidad a las víctimas. En este caso, el presidente es juzgado por un tribunal nacional y no por tribunales internacionales o ad hoc. A lo largo de 160 sesiones desarrolladas en durante 15 meses, el tribunal recibió múltiples testimonios y analizó abundante evidencia documental entregada por peritos y expertos, los alegatos de la defensa fueron ampliamente explicados y escuchados, en más de 12 sesiones, y las víctimas tuvieron la oportunidad de intervenir.
Reparaciones y fundamentos
El fallo establece también una serie de pagos por reparación civil de 62 mil 400 nuevos soles a hermanos de fallecidos en el caso Barrios Altos, y 20 mil dólares a favor de los herederos legales de las víctimas del caso La Cantuta.
Asimismo, indemniza por daño extrapatrimonial o inmaterial a Gorriti y Dyer, con la suma de 46 mil 800 nuevos soles cada uno.Antes de darse a conocer la pena, la sala dispuso la lectura de los fundamentos de hecho de su decisión.De los indicios y evidencias analizados se concluye que la responsabilidad de Fujimori "está acreditada más allá de toda duda razonable", precisa la sentencia.
Indica que Fujimori, sustentado en sus potestades de mando, decidió constituir un aparato de poder desde el desaparecido Servicio de Inteligencia Nacional (SIN), a cargo en la práctica de su ex asesor Vladimiro Montesinos.
Es así que, según la sentencia, el ex mandatario centralizó la labor de inteligencia en el SIN y en Montesinos, y es a partir de ellos que se forma el grupo Colina, que materializó los crímenes denunciados.
En ese contexto, la corte precisa que Montesinos rendía cuentas y mantenía informado al ex jefe del Estado, por lo que se descarta que Fujimori desconociera lo sucedido, más aún cuando sus potestades de mando no fueron simbólicas, sino efectivas, directas y de ejecución diaria.
CAPÌTULO II
Fujimori: líder de agrupaciones políticas
Cambio 90
Cambio 90 es un movimiento político peruano, que entró en el espacio político en 1989, y se convirtió en la mayor fuerza política en el país en 1990. Fue el primer partido Fujimorista.
El éxito de este partido dependió en gran medida del rechazo que había generado la clase política tradicional, cuestionada por la población a causas del incumplimiento de sus promesas electorales. En las elecciones de 1990, Alberto Fujimori, Ingeniero agrónomo y ex rector de la Universidad Nacional Agraria La Molina entre 1984 y 1989, derrotó en segunda vuelta a Mario Vargas Llosa, candidato del FREDEMO. El lema de Cambio 90 fue "Honradez, Tecnología, Trabajo".
Las principales bases de apoyo del partido fueron la Asociación Peruana de Empresas Medias y Pequeñas (APEMIPE) junto al sector informal de trabajadores que se asociaron a APEMIPE, y varios grupos de creyentes evangélicos. Menos del 4% de la población del Perú eran de religión protestante, pero los evangelicos fueron muy activos al nivel del contacto con el pueblo, justamente donde los partidos políticos tradicionales eran débiles. La tercera fuerza que participó en la fundación del novel partido fueron los llamados "molineros" (profesores, alumnos y trabajadores de la Universidad Agraria La Molina) que el mismo Fujimori convocó, entre ellos a la Secretaria del Sindicato de los Trabajadores, Luz Salgado Rubianes de Parades, a los profesores Víctor Díaz Lau (que fue el Secretario General de la Presidencia de la República), Víctor Paredes Guerra (Presidente del Congreso y de la Cámara de Diputados entre 1990-1991), Victoria Paredes Sánchez, diputada por el Callao y Presidenta de la Sociedad de Beneficencia Pública de Lima, Alberto Sato (congresista), Juan Cruzado Mantilla (diputado) y Abraham Pacheco (Sub Prefecto de Lima).
Seis semanas antes de la primera vuelta electoral que se llevó a cabo el 10 de abril de 1990, Cambio 90 no reunía ni el 4% del electorado frente al 42% que tenía el candidato del FREDEMO. Los resultados fueron sorprendentes al otorgarle a Cambio 90 un segundo puesto con más de una cuarta parte de las preferencia. En segunda vuelta obtuvo la victoria.
Sin embargo, su éxito alcanzó a brindarle importante representación en el Congreso peruano pero carecía de una mayoría por si solo.
Nueva Mayoría
La Nueva Mayoría es un partido político peruano populista, sin definida doctrina, cuyo máximo líder es Alberto Fujimori y su presidenta es la líder fujimorista Martha Chávez, quien fuera la primera mujer en ocupar la Presidencia del Parlamento.
Nace como un movimiento en 1992 para las elecciones constituyentes del mismo año, participa en las generales de 1995 en alianza con Cambio 90, logrando Fujimori la presidencia y la mayoría parlamentaria(lo que tanto anhelaban, puesto que el nombre lo afirmaba así), participa nuevamente en las elecciones del 2000 en alianza con Cambio 90 y Sí Cumple en la alianza Perú 2000.
En el 2000 un vídeo descubre la corrupción del gobierno y Alberto Fujimori renuncia a la presidencia. En el 2001 participa con Cambio 90 pero solo con listas parlamentarias y sin mayor éxito, ya que su líder, Alberto Fujimori se encontraba autoexiliado en Japón. Es en ese momento que empieza la investigación a sus polémicos miltantess acusadosde corrupción y la llamada campaña de retorno de Alberto Fujimori.
Luego de la caída de Alberto Fujimori sus militantes fueron investigados por el gobierno de transición democrática, debidoa las graves acusaciones e imputaciones en los sucios manejos del fujimontesinismo, sus congresistas suspendidos e inhabilitados, en el gobierno de Alejandro Toledo. En el 2003 ante la ausencia de Fujimori y la falta de actividad de los demás partidos fujimoristas, Nueva Mayoría se separe bajo el liderazgo de Martha Chávez. Consiguen la reinscripción el año 2004.
Finalmente en el 2005 tras largas negociaciones con el mismo Fujimori, Nueva Mayoría se incorpora nuevamente mediante una alianza con Cambio 90 y con el Movimiento Sí Cumple- Vamos Vecino, para crear la Alianza Sí Cumple. Nueva Mayoría, actualmente esta como un partido fantasma.
Perú 2000
Creado por el ex-presidente Alberto Fujimori en 1999 con miras a las elecciones generales del 2000, de las que resultó ganador, si bien entre acusaciones de fraude. La Alianza Electoral agrupaba a los siguientes partidos: Cambio 90, Nueva Mayoría y Vamos Vecino.
En septiembre de 2000, comenzó a deteriorarse debido a que el ex-asesor presidencial Vladimiro Montesinos, entregó una gran suma de dinero a un congresista de la oposición para que se pasara a sus filas. Después del escándalo de corrupción, el partido fue perdiendo su mayoría en el Congreso y eso facilitó la destitución del presidente Fujimori. Desapareció por completo en el año 2001.
Sí Cumple
Sí Cumple es un partido político del Perú, fundado por Alberto Fujimori como Vamos Vecino en 1998 para participar en las elecciones municipales de aquel año. En 2005 cambió su nombre al actual.
Su máximo líder es Alberto Fujimori y entre sus demás líderes se encuentran Absalon Vasquez y su actual Secretario General Nacional, Carlos Orellana Quintanilla. En 2000, conformó la Alianza Perú 2000 junto con Cambio 90, Nueva Mayoría, apoyando la candidatura del presidente Alberto Fujimori.
Ese mismo año por conflictos internos y la caída de Fujimori la alianza se rompe. En el 2001 postula a las elecciones generales dentro de la alianza Solución Popular junto a Con Fuerza Perú. Participa solo luego en las municipales y regionales del 2002.
A partir del 2005 deja de llamarse Vamos Vecino y cambia su denominación por Si Cumple y conforma nuevamente junto con Cambio 90 y Nueva Mayoría la Alianza Si Cumple, sin embargo el Jurado Nacional de Elecciones no aceptó su conformación, por lo que ésta se deshizo.
Posteriormente Cambio 90 y Nueva Mayoría conforman se unen y forman la "Alianza por el Futuro" con las siglas AF, mientras que Sí Cumple mantiene su independencia. En la segunda semana de diciembre, tanto el Congreso Nacional de Sí Cumple, como el de la Alianza por el Futuro, eligieron a Alberto Fujimori como su candidato a las elecciones generales del 2006, y como candidata a la primera vice presidencia a la ex ministra de la Mujer, Luisa María Cuculiza, y candidato a la segunda Vice Presidencia, al abogado Germán Krüger.
Cabe resaltar que, entre el 7 de noviembre de 2005 y el 18 de mayo de 2006, Fujimori se encontraba retenido en Chile, impidiendo su participación en la política peruana.
En el 2006 el Congreso Nacional de Sí Cumple decidió participar en las elecciones regionales y municipales que se realizaron el 19 de noviembre, llevando a Carmen Lozada (ex congresista) como candidata a la alcaldía de Lima. Sí Cumple también ha presentado candidaturas en distritos provinciales y distritales en todo el país, así como a la presidencia de varias regiones peruanas.
Alianza por el Futuro
La Alianza Electoral Alianza por el Futuro es una coalición de partidos políticos peruanos fujimoristas conformada por tres agrupaciones:
Cambio 90 (C90)
Nueva Mayoría (NM)
Sí Cumple (SC)
Nació con el fin de presentarse a las elecciones generales del 2006 luego de que se le denegara la participación a Alberto Fujimori. Fueron liderados por Martha Chávez.
Una vez iniciado el proceso electoral del 2006, Keiko Sofía Fujimori inscribió como candidato presidencial a su padre Alberto Fujimori. Su inscripción fue denegada ya que Fujimori fue inhabilitado políticamente por el Congreso de la República del Perú para ejercer cualquier cargo público hasta el 2011. Inmediatamente, los tres partidos fujimoristas Cambio 90, Nueva Mayoría y Sí Cumple se unieron con el nombre de "Alianza por el Futuro", liderados por la ex Presidenta del Congreso Martha Chávez, lideresa de Nueva Mayoría.
Durante la campaña electoral, los acompañantes en la plancha presidencial fueron Santiago Fujimori y Rolando Souza a la Primera y Segunda Vicepresidencia respectivamente.
El encargado de los spots televisivos fue el publicista de Fujimori, Carlos Raffo. Como cabeza de lista al Congreso estuvo la hija de Fujimori, Keiko Sofía Fujimori y fue acompañada por altos miembros del fujimorismo.
Los resultados finales de dicha elección le otorgaron a Martha Chávez menos del 10% de total de votos, logrando alcanzar el cuarto puesta en la elección.
El 5 de febrero se oficializó la lista de Alianza por el Futuro. Según los datos al 100.000% de las actas computadas por la Oficina Nacional de Procesos Electorales con respecto al Congreso de la República del Perú, los congresistas electos por la Alianza por el Futuro son:
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