Análisis político de la reelección desde un enfoque neoinstitucional

Introducción

El debate más relevante en la actualidad política colombiana, gira en torno a la posible reforma constitucional, según la cual el primer mandatario, jefe de Estado y suprema autoridad administrativa, Álvaro Uribe Vélez puede eventualmente ser reelegido de manera inmediata –o en periodos no consecutivos- posterior de su periodo presidencial que culmina en el año 2006. Sin embargo, la fórmula reelectoral que de manera legal y legítima se ha instaurado constitucionalmente en otros países, cuyo régimen político se fundamenta en valores democráticos, se intenta institucionalizar por primera vez en la historia reciente de Colombia para la contienda electoral del próximo año Los promotores de esta iniciativa aducen, a favor del gobierno, altos niveles de legitimidad en términos jurídicos y de popularidad, además de un compromiso eficiente con la gestión administrativa, y responsabilidad social frente a los problemas que la coyuntura le muestra a la sociedad civil colombiana.

Entre estos problemas se encuentra el conflicto armado -sobre el cual el ideario retórico y simbólico del presidente, se encarga de calificarlo como terrorismo, según la doctrina de Seguridad Global liderada por Estados Unidos-, y otros como la lucha contra el narcotráfico y la recuperación de la soberanía del Estado sobre el territorio.

En este marco la esfera pública estatal y la esfera pública societal entendidas como la relación Estado- Sociedad, se encuentran actualmente divididas en su interior, a causa de dicho proyecto de ley presentado por un amplio grupo de parlamentarios de la llamada 'bancada uribista'.Esta iniciativa tiene como objetivo central cambiar el artículo 190 de la Constitución Colombiana, artículo que promulga que el presidente de la republica, será elegido por un periodo de cuatro años y permitir que los presidentes de la República puedan competir por su reelección inmediata estando en el desempeño de su cargo.

De esta forma, haciendo caso a los paradigmas teóricos del neoinstitucionalismo, la administración pública y la legitimidad dual, se intentarán explicar los principales ejes conceptuales y temáticos sobre los que se mueve este proyecto de reforma constitucional. Asimismo, mirar cómo esta alteración en el régimen político se inserta dentro del modelo de Estado requerido, en aras de buscar productividad, eficiencia y eficacia en la construcción de las policys y el ejercicio de las politics.

El concepto de Gubernamentalidad, a la luz de la aspiración reeleccionista del actual mandatario

Sin duda alguna, lo relativo a la administración pública y control estatal, es uno de los puntos álgidos dentro en la gestión de Uribe Vélez en la presidencia colombiana; esta idea que se estructura dentro de la línea del Estado Comunitario y que tiene como objetivos brindar seguridad democrática, distribuir equitativamente el crecimiento y renovar el Estado, busca en este orden de ideas, reconciliar al ciudadano con sus instituciones y volver a darle legitimidad a la figura del gobernante como sujeto capaz de enfrentar las amenazas, y como garante del bienestar común. El gobierno Uribe llegó con el convencimiento de la necesidad de introducir cambios de importancia relacionados con el crecimiento desordenado del gasto público, la inseguridad expresada en violencia, el narcotráfico y la agudización del conflicto social. En tal sentido, la Seguridad Democrática es el punto focal del programa del presidente Uribe y con ella se intentó devolver la confianza para muchos colombianos.

No obstante lo sublime de dicho manifiesto, es importante mirar sobre qué bases conceptuales se soporta todo este ideario político sembrado –inicialmente desde la campaña, y desde el año 2002 en el cargo- por el presidente actual de Colombia. Asunto para cuyo análisis se tendrá en cuenta específicamente el concepto de gubernamentalidad (Foucault, 1978), entendiendo por tal al conjunto de instituciones, procedimientos, análisis, reflexiones, cálculos y tácticas que permiten ejercer esta forma de poder que tiene por objetivo la población.

De algún modo, podría decirse que en la sociedad moderna las relaciones de poder se han desarrollado bajo el creciente control del Estado: a través del sistema pedagógico, judicial, económico o familiar, y así las instituciones formando nuestra subjetividad fueron definiendo el campo de nuestras acciones: buenos contra malos; sensatos contra dementes; hombres contra mujeres; incompetentes contra capaces, etc.

Así las cosas, y siendo un poco fieles de tradición política en occidente, se pueden señalar los puntos relativos a la definición misma que se entiende por el gobierno del Estado, lo que llamaríamos, el gobierno bajo su forma política. Para ello lo más sencillo sería ciertamente situarnos al texto que, desde el siglo XVI, no ha dejado de constituir, para esa literatura del gobierno, una especie de punto de inflexión con relación al cual, por solicitud o por rechazo, se sitúa el lenguaje del gobierno: este texto es El príncipe de Maquiavelo.

Esta literatura consagra como principio y como corolario un imperativo: que el objetivo del ejercicio del poder es necesariamente, mantener, reforzar y proteger el "principado", (…) este principado, como relación del príncipe con sus súbditos y con su territorio, o fundamentalmente, el territorio y sus habitantes.

Al mismo tiempo, el libro de Maquiavelo trae consigo dos aspectos a modo de análisis que vale la pena contrastar con la noción de gubernamentalidad y, por supuesto, con el ejercicio político del presidente de Colombia. Por una parte, se tratan de identificar los peligros a los que el territorio se ve expuesto: de dónde vienen, en qué consisten, cuál es su intensidad comparada, cuál es el mayor y asimismo, cuál es el más débil.

Y en segundo lugar; se trata de determinar un arte de manipular las relaciones de fuerzas, que van a permitir al príncipe actuar de modo tal que su principado, como vínculo con sus súbditos y con su territorio, pueda estar protegido. Y es justamente en lo último, donde se permite entrar a mirar la aspiración reeleccionista del actual mandatario, la cual se explica por la actitud mesiánica encontrada en el análisis de su discurso; de mismo modo, el talante de ‘mano dura’, que se alimenta constantemente de un maniqueísmo promovido en sus albores por la idea del terrorismo y la amenaza constante a la institucionalidad del Estado.

Esta situación es la que conduce a que la población se convenza del personaje que tiene en frente, y de esta forma le confiera legitimidad en términos de popularidad o respaldo a las decisiones, y en términos jurídicos desde la concepción de Estado de Derecho.

Es así, como el objeto de la gubernamentalidad toma fuerza y se orienta bajo la recopilación, de lo anteriormente dicho, y lo que desde Foucault son las competencias del Estado en su conjunto. Estas razones son: primero, lo que se podría llamar el nivel territorial del Estado, es decir de soberanía territorial; en segundo lugar, lo concerniente al Estado administrativo, o lo referente a la economía; y tercero, el Estado gubernamental, que se sustenta en la idea del buen gobierno. En términos generales la forma como el poder guía la conducta de los individuos y la moderna racionalidad que demanda que todos y cada uno sean manejados, es en pocas palabras, lo Foucault denomina Gubernamentalidad, entendido por un lado como el "arte de gobierno", y segundo, como la concepción de que "gobernar es estructurar el campo de lo posible en acción de otros." (Foucault 1992:314).

Ahora bien, ¿de qué forma entenderíamos esta esencia de la gubernamentalidad foucaultiana, frente a lo que significa la pretensión reeleccionista del gobierno Uribe Vélez? En esencia la respuesta es sencilla, y se podría resumir en tres fases, que justamente como se mencionaba en los primeros párrafos, son lo que para Foucault serían los deberes de un buen gobernante. En primera instancia, está el control sobre la territorialidad del país; situación que se evidencia con la presencia de la fuerza pública en las zonas de conflicto, o en palabras comunes todo lo que desde la seguridad democrática se ha ideado y profundizado con la ayuda internacional.

Por ejemplo, este gobierno le dio continuidad al Plan Colombia -actualmente extendido al Plan Patriota-, que es una estrategia decisivamente de ayuda militar al gobierno colombiano, cuyo propósito declarado es el contribuir al desarrollo de Colombia a través de la lucha contra el narcotráfico. Según el Plan, Estados Unidos se compromete a ofrecer grandes sumas de dinero en ayuda militar a Colombia para la lucha antisubversiva.

Sin embargo, esta situación ha conducido y seguirá llevando al agudizamiento de la guerra interna en Colombia; el incremento de las violaciones a los derechos humanos (ya que el equipo militar proveído por Estados Unidos ha sido utilizado en masacres de civiles) y el desplazamiento forzado de miles de personas.

En segundo lugar, se encuentra la necesidad de afianzar una economía fuerte, no sólo desde el interior del país, sino también creando vínculos comerciales con otros países; muy específicamente para este gobierno la negociación del TLC con Estados Unidos. Y es que a fin de cuentas, Estados Unidos fue históricamente el mayor socio comercial de Colombia. Consecuentemente con todos estos aspectos y después de diversas gestiones, el Presidente Alvaro Uribe Vélez realizó una visita a su homólogo norteamericano George Bush en abril de 2003, en la cual solicitó al gobierno de los Estados Unidos considerar una negociación comercial bilateral, bien fuera con Colombia independientemente, o con los países andinos en conjunto.

Lo lamentable aquí, es que en términos de competitividad Colombia no está preparada para una negociación de tal envergadura; como se aduce coloquialmente, ‘primero se debe ordenar la casa, para después mostrarla’, y esto es justamente lo que no hace el gobierno actual.

Si bien es cierto se ha hecho un esfuerzo por retomar el control del orden público en todo el territorio nacional en materia de vigilancia y garantías a la inversión, en temas como el mejoramiento a la infraestructura vial, o las políticas de subsidios al agro, etc., la política del gobierno se queda corta. Todas estas medidas en aras de abandonar la pobreza y la inequidad, resultan negativas, no sólo por perjudicar lógicamente a los más necesitados, sino por afectar los círculos de la economía nacional. Irónicamente la región del país que eventualmente se vería mas beneficiada por al negociación del TLC, Antioquia, es la zona nacional donde más empresarios apoyan la reelección presidencial inmediata, mientras que en la mayoría de regiones nacionales, los círculos económicos muestran su desacuerdo por futuras repercusiones negativas a su mercado.

Finalmente como tercer escenario, se encuentra lo que se podría denominar la dinámica política con la que el gobierno central quiso afrontar la responsabilidad de gobernar en el periodo de 2002 al 2006. Aspectos entre los que se encuentran por ejemplo, el ‘impulso’ retórico de "trabajar, trabajar y trabajar" -dado desde la campaña por el candidato Uribe-, pero más concretamente lo referido a los consejos comunales que semanalmente el presidente realiza en todas las regiones del país. Precisamente, los consejos comunitarios fueron concebidos, según el gobierno, como una forma revolucionaria de gobernar, donde se derrumba la intermediación política tradicional y nace un vínculo directo y estrecho entre comunidad y gobernante.

En el papel, los consejos materializan una nueva (o por lo menos muy olvidada) concepción del Estado, "donde la comunidad debe ser la única razón de ser del gobierno y el único propósito de su trabajo y esfuerzo. En efecto, los consejos comunales son el eje central del Estado Comunitario, el Estado que cuida, protege y escucha permanentemente a la comunidad". No cabe duda que Colombia padece los problemas de un Estado que aún no ha sabido consolidar su poder: una falta de confianza en la capacidad de sus fuerzas armadas, policía y sistema judicial hacia garantizar la permanencia del orden y la seguridad; una crisis de credibilidad en los distintos niveles y en las varias instancias de gobierno; y corrupción en la conducta de los sectores público y privado.

Es de tal forma que los escenarios desarrollados por el presidente y su equipo de gobierno, a la luz de una correcta administración pública, generan lazos de pertenencia entre el gobernante y los gobernados, además relaciones de exterioridad, trascendencia y unión entre el ejercicio de gobierno, las estructuras y la función gubernativa.

No obstante, hay que decir que por desgracia estos consejos comunitarios han sido la herramienta por medio de la cual el presidente y su equipo de gobierno han incurrido en ilegalmente en política, a la espera de un trámite en el Congreso y un posterior fallo de la Corte Constitucional en favor de la reelección inmediata.

Esta situación, en un país que confunde democracia con elecciones, podría ser plausible si existiesen por un lado garantías a la oposición, y por otro, reglas de juego claras. Pero lo real aquí es que no se da ni lo uno ni lo otro, simplemente lo que se presenta es una clara manipulación de la información por parte del gobierno, y una utilización indebida de la ‘maquinaria’ y los recursos del Estado, en beneficio de intereses personalistas y sectoriales. En otras palabras, un proyecto de nación concebido exclusivamente a partir de los intereses de un pequeño grupo de personas, llevando al traste lo ideales que simbolizan todo lo anterior en materia del buen gobierno responsable y que responde a las necesidades del pueblo.

Así pues, se podría decir que el autoritarismo presidencial no da su brazo a torcer, y ahora ha reaccionado para en su lugar proponer el modelo de Estado Comunitario en busca de tratar la cuestión local y regional. La primera avanzada de este proyecto es cívico militar, a través de la seguridad que reclama la ubicuidad militar y que se complementa con la estrategia de los consejos comunales, donde el presidente gobierna por un día sin mediación de los gobiernos locales, exigiendo cuentas de éstos -menos en materia de orden público-, porque está responsabilidad reside de manera exclusiva en el presidente.

De esta forma, la reelección presidencial inmediata del presidente Álvaro Uribe se consolida, a opinión de sus partidarios, como la forma perfecta de llevar a cabo todas estas perspectivas de mejoramiento y modernización lideradas por el presidente, que para el país son absolutamente convenientes.

Orientaciones del New public management, frente a las líneas de continuidad en el ideario de Uribe Vélez

Otro de los aspectos que estimulan el análisis de gobierno del presidente Uribe y su intensión de prologar su mandato, es el impacto, que sobre este tipo de decisiones, tiene el concierto internacional con el modelo neoliberal y las políticas de New public management. Pragmáticamente, el proyecto político y económico que han seguido la mayoría de países latinoamericanos, desde mediados de los años ochenta -y Colombia desde los noventa con el ascenso al gobierno de César Gaviria con el nuevo liberalismo-, es una propuesta de sociedad que conlleva supuestos políticos e ideológicos, sustentados en el planteamiento que señala, entre otras cosas, que para una adecuada gerencia pública, es imprescindible la libre actuación de las fuerzas del mercado. Por lo que la apertura de los mercados nacionales, los procesos de privatización, la desregulación económica (o descentralización) y la reforma del Estado, se transforman en los principios básicos para lograr insertarse en esta dinámica de crecimiento y modernización. Muy específicamente para este trabajo, en donde se han mostrado elementos que son inherentes a la aspiración reeleccionista de Uribe Vélez, se tratará el aspecto concerniente a la acuciosa intención mantener una línea de continuidad en los proyectos; elemento tal, que se ubica en el marco de los postulados neoliberales, y que de forma sutil fue consignado dentro del manifiesto democrático, que durante la campaña, el actual presidente utilizó como argumento político.

Justamente esta contemplación, se encuentra redactada en el punto 98 de dicho manifiesto, cuando Uribe Vélez textualmente afirma:"(…) insistiré que el País necesita líneas estratégicas de continuidad; una coalición de largo plazo que las ejecute porque un Presidente en cuatro años no resuelve la totalidad de los complejos problemas nacionales (…)"; del mismo modo justifica que materializando estos ideales se va luchar contra la corrupción y la politiquería; mecanismos que son considerados por el mismo presidente, como formas demagógicas de expresión política, y por ende deben ser erradicadas del proyecto de Estado colombiano.

Pero en últimas lo que aquí interesa determinar, es que indirectamente en aquel momento, el candidato Uribe empezaba a vislumbrar su intención de acceder a un nuevo periodo presidencial (consecutivo), sustentando que su plataforma política se fundamentaría por un lado, en los valores de la democracia –que invitan a pensar en la transparencia y la administración a favor de la ciudadanía-, y por otro lado en los fundamentos del nuevo manejo público, que apoyan la idea de la continuidad en pro de la eficiencia y la eficacia, y de eliminar los factores que ponen en riesgo la gobernabilidad (corrupción y politiquería), a fin de seguir los lineamientos de procesos políticos consecuentes, como se ya se dijo, a largo en favor de la sociedad civil.

La reelección presidencial desde una mirada Neoinstitucional

El estudio de las instituciones como gestoras importante dentro de la configuración de la sociedad, se originó especialmente por el fracaso de las grandes teorías como el conductismo, marxismo, estructural-funcionalismo entre otras, ya que estas resultaban un tanto generales para el conocimiento de las variaciones entre diferentes entidades políticas. Los estudios de la modernización mostraron las desigualdades y diferencias sustanciales entre diferentes países y la posible explicación a estos fenómenos, gracias al estudio de las instituciones políticas formales que determinaban las divergentes movilizaciones políticas, y fuerzas organizativas de las clases sociales en los países.

Desde el enfoque neoinstitucional reaparece la importancia de las instituciones entendidas como reglas de juego o asociaciones esenciales para el funcionamiento del sistema político. Tanto una democrática o en una comunidad que no lo es, necesita de instituciones que se articulen para diseñar y ejecutar políticas. La historia de esta manera, es un relato de instituciones que varían y difieren constantemente de sus rasgos específicos.

Las Instituciones entendidas como reglas de juego, son aquellas normas formales o informales que inciden en el comportamiento de las personas. Las reglas informales, condicionan la conducta de los individuos por medio de costumbres, rutinas, hábitos, normas sociales y culturales; y las reglas formales son acuerdos tácitos para vincular individuos y regular su conducta a través del uso de reglas explicitas y procesos de decisión ejecutados por un actor o grupo de actores, formalmente dotados y reconocidos como poseedores de ese poder. Los individuos se agrupan en asociaciones para conseguir objetivos e intereses comunes, sin embargo dentro de las diferentes instituciones existen dos tipos de incentivos que generan cohesión social, movilización y permiten entender la racionalidad de los actores. Los incentivos colectivos son las doctrinas, ideologías y demás instrumentos que directa o indirectamente se utilizan para generar movilización o intención social del goce colectivo y no exclusivo. Los incentivos selectivos son por el contrario beneficios o castigos que motivan la acción de los individuos; estos incentivos aparecen como centrales, ya que justifican la racionalidad de los actores a participar en asociaciones, motivados por los incentivos selectivos, que les permiten acceder a beneficios personales.

Es de importancia resaltar que Las instituciones entendidas como las reglas del juego, condicionan las preferencias de los actores, estableciendo la lógica de adecuación y el modo que tratan de alcanzar sus objetivos. Las instituciones determinan quienes son los actores legítimos, el número de actores, el curso de la acción y la información que dispondrán los actores. Es importante considerar esto porque demuestra que cambios de normas institucionales condicionan las estrategias de los actores y ejercen influencia en los resultados de los procesos políticos.

Se entiende de esta manera la figura de la reelección como una regla del juego formal, la cual si llegara a pasar eventualmente de forma inmediata o para el próximo periodo presidencial, conllevaría grandes cambios en materia constitucional, en la configuración del sistema político y la legitimidad medida por el grado de popularidad del presidente Álvaro Uribe Vélez y por la legalidad de su reforma.

Por tratarse de una reforma constitucional, el proyecto para una posible reelección necesita pasar ocho debates para ser aceptado: cuatro debate en la Cámara y cuatro en el Senado. La implicación de generar cambios en el periodo presidencial del ejecutivo, exacerbo los ánimos de los parlamentarios y generó polarizaciones traducidas en la conveniencia personal y grupal de dicho proyecto. Según la revista Semana: "las primeras discusiones que tuvo la iniciativa en el Congreso estuvieron cargadas de planteamientos ideológicos alrededor de la conveniencia o no de la reelección, poco a poco fueron perdiendo calidad y se convirtieron en rencillas entre congresistas de los diferentes partidos"

El presidente Álvaro Uribe y la bancada conservadora firmaron a su vez un acuerdo programático el cual garantizaba el apoyo de este sector político al proyecto de la reelección, sin embrago las declaraciones del ex presidente Andrés Pastrana en oposición a la reelección, generaron desacuerdos entre los miembros del Partido Conservador.

Por otra parte el liberalismo oficialista amenazaba con expulsar a los liberales uribistas y el ambiente político se tornaba cada vez mas tenso, dividido y complicado, especialmente cuando el proyecto logró pasar en el primer debate en la Comisión Primera de la Cámara, gracias al voto repentino de Yidis Medina y a la ausencia del parlamentario Teodolindo Avendaño, hecho que suscitó demandas sobre posibles incentivos selectivos y cuotas burocráticas que el gobierno estaba repartiendo.

A pesar de los múltiples esfuerzos en recursos materiales e ideológicos articulados por la oposición, el proyecto de Reelección fue aprobado en la comisión primera de la Cámara y en Plenaria. La decisión sobre la aprobación o no de la alternativa de reelección presidencial está en manos de la Corte Constitucional, la cual debe dar un fallo definitivo. Sin embargo la polarización del sistema político y la posibilidad de que el presidente sea también candidato para el próximo período, ha influenciado el sistema de partidos colombiano.

El liberalismo se encuentra en total oposición, incluso se retiró del debate de la ley de garantías electorales, expresando en un documento que el acto de la reelección no contiene los contrapesos democráticos que aseguren la vigencia de los principios constitucionales, la igualdad electoral y las garantías políticas a la oposición. Por otra parte el Polo democrático con el objetivo de competir en la próxima contienda electoral, aceptó un acuerdo con el Gobierno y la bancada uribista sobre la ley de garantías electorales. El Polo propuso aspectos fundamentales para esta ley como financiación, acceso a medios, derecho a réplica, restricciones al presidente, topes y encuestas. Por otra parte la bancada uribista, en cabeza del Gobierno hizo una fuerte alianza con el partido Conservador para asegurar los votos a la reelección. De igual manera movimientos políticos uribistas como: Cambio Radical, Colombia Viva, Nuevo Partido, Colombia Democrática, Acción Legislativa, Independientes y Patria Nueva han generado una fuerte presión política dentro del Congreso, medios de comunicación y opinión publica con el objetivo primordial de lanzarse en listas y llegar a cargos públicos por medio de la figura Uribe y su nivel de popularidad.

El movimiento Patria Nueva, que en un principio se creó con el fin de unificar a los movimientos uribistas y en general a quienes apoyaban la reelección, ha generado grandes revuelos debido a que el expresidente Julio César Turbay Ayala, que pertenecía al partido Liberal paso de criticar drásticamente la reelección, a apoyarla e incluso unirse al movimiento y al empresario Hernán Echavarría Olózaga. Es de importancia resaltar que la mayor donación para la campaña electoral del presidente Álvaro Uribe Vélez la hizo la Fundación Renacimiento presidiada por este mismo empresario.

En el ambiente reeleccionista muchos actores políticos, algunos con ciertos niveles de legitimidad, ‘danzan’ según el compás de ofertas que les brinden, cambian de partidos según las conveniencias individuales y ante la posibilidad de reforma constitucional. La reelección como regla de juego aún no implementada formalmente, ha condicionado la preferencia de los actores políticos, adaptándolos inmediatamente a las nuevas reglas del entorno bajo una lógica racional-intencional para alcanzar sus objetivos. La institución "reelección" generó cambios tanto para las votaciones en el Congreso, las alianzas de partidos y movimientos como la articulación de la oposición.

Los Grupos de Presión y su influencia en el debate reelectoral

En representación de los criterios que aducen la definición de los grupos de presión se consignan dentro de los siguientes parámetros: en primer lugar, los grupos de presión no se proponen dominar el gobierno, es decir no tienen interés alguno en cargos públicos, sin embrago ejercen influencia sobre el mismo para obtener las máximas ventajas posibles. Seguidamente, los grupos de presión determinan intereses propios y no asumen la responsabilidad política de sus acciones. Sin embargo los grupos de presión resultan un tanto difíciles de diferenciar ya que en ocasiones realizan funciones propias de los partidos políticos tales como: presentar sus intereses como generales o del bien común antes que la ventaja lucrativa de sus miembros e intervención en campañas electorales facilitando a los candidatos infraestructura organizativa, fondos y publicidad.

El caso de que el empresario Hernán Echavarría Olózaga, mayor aportante de la campaña del presidente Uribe Vélez, esté involucrado en el movimiento uribista Patria Nueva, que apoya completamente la reelección inmediata, deja en tela de juicio los intereses materiales que el Grupo Económico Antioqueño pueda tener si el presidente esta en el mandato por otros cuatro años. Este grupo de presión se expresa por medio del mismo movimiento, puesto que no le interesa obtener cargos públicos ni acceder al poder. Dicha instancia está creada para influenciar, brindar apoyo y presión política, que en últimas podría traducirse en la aprobación inmediata de la reelección, y en garantías y beneficios otorgados por el ejecutivo.

En este mismo contexto podemos ver la iniciativa del gobierno con la articulación del proyecto de ley de justicia y paz, como un beneficio otorgado a las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), cuando explícitamente en el artículo 64 les confiere el delito de sedición (intención de suplantar el normal desempeño de las funciones el Estado). La Constitución Política Colombiana prohíbe la extradición para los delitos políticos y les permite incurrir en proselitismo, además de adquirir derechos civiles (facultades para votar). De esta manera los miembros de las AUC estarían legalmente facultados para sufragar y lanzarse en campañas electorales. Se pone de manifiesto entonces, la intención presidencial de mantener buenas relaciones, y votos para el futuro de la reelección. Por otra parte las AUC actúan frente al gobierno como un grupo de presión, en la medida en que buscan influenciar la política por medio de la aprobación de la ley de justicia y paz. Sin embrago Salvatore Mancuso en la revista Semana afirmó: "tengo aspiraciones de llegar al escenario político. De hecho ya estoy en él. Mis actividades de hoy tendrán un desarrollo que inevitablemente desembocará en algún cargo de elección en cuanto la ley lo permita". Esto nos muestra que las AUC tienen fuerte intenciones de configurarse como una organización política, más que como un grupo de presión.

Aspectos claves de la legitimidad ante el debate

Otro de los aspectos sustanciales al momento de analizar el contexto institucional y la arena política en que se desenvuelven los actores en juego, es lo referido a la legitimidad que se expresa desde dos visiones que teóricamente se definen diferentes, pero que sincrónicamente resultan ser complementarios dentro de un estudio de coyuntura. En tal sentido la legitimidad puede ser, en primer lugar, como una suerte de reconocimiento jurídico debido al cargo legal del actor político; y en segundo lugar, como una condición determinada por la popularidad política otorgada en gran medida por las capacidades carismáticas que alcanza dicho actor. Esta segunda fuente de legitimidad no radica en el derecho sino en los niveles de apoyo y aceptación que el ciudadano le otorga al individuo que detenta el poder de decisión y de ejecución de políticas dentro del Estado.

Profundizando en el proceso de la reelección presidencial en Colombia, los aspectos reales que desde la legitimidad se vislumbran son: 1) la legitimidad expresada en el cuerpo legal del proyecto de reelección. 2) el debate en torno a la popularidad del presidente desde la atención dada por los medios de comunicación y opinión pública. La legitimidad jurídica se traduce inicialmente en el trámite legislativo en el Congreso que con una notable mayoría fue aprobado, posteriormente -o bien el escenario actual-, la Corte Constitucional debe dar el fallo definitivo sobre la inconstitucionalidad o legalidad de dicho proyecto.

La cuestión es: ¿Qué tan realmente legítimo es un proceso legislativo a espaldas del la decisión del constituyente primario? o quizá ¿Que tan legitimo puede ser un proyecto que según sus detractores posee vicios de inconstitucionalidad? Como primera medida "El Congreso de la República, como constituyente derivado o secundario, no tiene la capacidad de abolir la prohibición absoluta de la reelección presidencial contenida en el artículo 197 de la Constitución Política. Esto debido a que quien prohibió la reelección fue el Constituyente Primario, es decir el pueblo, expresado en la Asamblea Nacional Constituyente de 1991". Asimismo, el ejecutivo abolió los principios democráticos de participación ciudadana para auscultar la voluntad popular frente a la iniciativa reelectoral; así las cosas, no se recurrió a mecanismos como el referéndum, el plebiscito, o la consulta popular entre otros.

Ahora bien frente a los aspectos de inconstitucionalidad tan demandados por los opositores a la reelección, consideramos fundamentales dos al momento de relacionarlos con la legitimidad jurídica del proceso: primero, que "en el trámite del proyecto de reelección se habría desconocido el principio de separación de poderes. Los demandantes argumentan que a pesar de que la iniciativa de la reelección fue de un grupo de congresistas, el gobierno la defendió en todas las etapas de su trámite por el Congreso. (…)". De esta manera, se estarían violando los principios institucionales que rigen el Estado, y la diferenciación de poderes, en tanto sus funciones y competencias, por un apoderamiento del ejecutivo en la labor legislativa. Y en segundo lugar, porque "en varias de las demandas se afirma que durante el debate de la reelección en la Cámara se habría incurrido en otro vicio de trámite porque no se publicaron las intervenciones ciudadanas realizadas en las sesiones en que se debatió el proyecto. La ley establece que la publicación de las intervenciones ciudadanas también es obligatoria, en aras de que los ponentes las puedan tener en cuenta". En este sentido, el procesó de reelección omitió el derecho decisorio del ciudadano y su carácter de interlocutor válido, saltándose la normatividad preescrita en la carta política.

Por otra parte, desde el aspecto de la legitimidad mediada por los valores de la popularidad, encontramos también dos aspectos relevantes: un importante sesgo informativo por parte de los medios, ya que los índices de popularidad indagados por intermedio de encuestas resultan ser realizados en ciertos círculos y sectores sociales; excluyendo así muy seguramente la opinión de muchos otros sectores, que posiblemente serían contradictores. De otro lado, y haciendo caso a declaraciones del senador Antonio Navarro a una entrevista de la Revista Semana, decía: "un reciente estudio de la Universidad de la Sabana demostró que el presidente Uribe ha tenido 1.240 horas de televisión. Y en una encuesta del Centro Nacional de Consultoría del pasado del 7 de agosto, la mayoría de personas dice que es más difícil conseguir la plata para hacer mercado y para pagar servicios". Los consejos comunales –bandera del Estado comunitario-, aumentan los niveles de popularidad, dado que pide abiertamente rendición de cuentas a los funcionarios públicos, y consigna con su actitud mesiánica, el deber de responder a las demandas de cada miembro de la sociedad. Esto demuestra que la imponente popularidad de la tanto se ufanan los reeleccionistas, no es tan cierta como parece, ya que el País, antes de mostrar signos de mejoría en el aspecto social va en retroceso.

Conclusiones

Con referencia al concepto foucaultiano de gubernamentalidad se pudieron observar todos los campos en los que se desarrolla el ejercicio de gobierno de Alvaro Uribe Vélez, congruentemente con la dinámica que actualmente se discute: la reelección presidencial inmediata. Y es que decididamente, el actual mandatario utiliza todos estos escenarios de orden jurídico, político, económico e incluso de reciprocidad cultural, para hacer mella en su intención de prologar su mandato al frente del Gobierno colombiano. En tal sentido, la figura promovida por actores políticos cercanos al presidente, carece de un asidero veraz y que haga caso a la real voluntad popular, ya que es un mecanismo concebido desde los intereses de un grupo minoritario de personas.

Del mismo modo hay que decir, que si bien dentro de la intención manifiesta de cambiar la constitución en su favor el presidente y sus partidarios no cuentan con una legitimidad en términos jurídicos muy convincente, los esfuerzos por retomar la gobernabilidad del Estado, y la credibilidad en las instituciones, son argumentos suficientes para pretender –desde una iniciativa plebiscitaria- extender el mandato presidencial.

Por otra parte, la relación de primer mandatario con los postulados neoliberales -línea argumentativa sobre la que actúa y sustenta su política interior y exterior-, se fundamenta esencialmente en términos de continuidad de proyectos y relaciones político-económicas internacionales con el fin de, causalmente, beneficiar a la población nacional.

En este aspecto, se soporta de igual modo su intención de ser reeligido, debido a que como lo abiertamente lo ha manifestado, un presidente no puede culminar un proyecto de Estado en tan poco tiempo y por consiguiente de deber establecer líneas estratégicas de continuidad en los mandatos. Es así, como la idea de solidificar relaciones internacionales consistentes, e intentar asegurarse un reconocimiento popular e institucional importante, fundamentan por un lado su estilo de gobierno, y por otro asegurarse en el cargo, si eventualmente se aprueba la reelección presidencial inmediata.

Siguiendo la línea Neoinstitucional, vemos como las reglas del juego condicionan las preferencias de los actores políticos y las acciones que adelantan para alcanzar sus objetivos. La reelección ha generado en el sistema político colombiano divisiones importantes en el sistema de partidos, en la opinión pública y en los ciudadanos, que de manera coyuntural se agrupan a favor o en contra de dicha reforma.

De igual manera la legitimidad legal y popular entra a mediar los diferentes debates de la coyuntura. Los detractores aluden la ilegitimidad de la reforma en términos jurídicos, debido a que el presidente Álvaro Uribe Vélez se postuló a la campaña presidencial conociendo y aceptando las reglas del juego político consagradas en la Constitución Colombiana, y posteriormente a un año y un mes de la culminación de su periodo, el presidente con el apoyo de la bancada uribista en el congreso, inició un proceso de cambio de reforma constitucional, transformando de esta manera la continuidad electoral en favor del ejecutivo.

Es de importancia resaltar la interrelación entre el contexto social y las instituciones. La seguridad democrática, bandera de la actual administración pretende eliminar la violencia exacerbada, el narcotráfico y el terrorismo que agobia al país. Bajo este mismo sentido, la iniciativa de la reelección nace como una justificación a la necesidad apremiante de abatir dichos males, mediante la extensión de su mandato y los altos niveles de legitimidad popular que supuestamente los colombianos han depositado en el. Asegurar que la Constitución debe modificarse para permitir la reelección de Álvaro Uribe Vélez debido a que aparece con tantos niveles de popularidad en las encuestas, es algo rebatibles porque la legitimidad popular es algo variable y sujeto a cambio, podría pasar por el contrario que reelecto el presidente, terminara su mandato con niveles mas bajos de popularidad que los que permitieron la extensión de su gobierno.

Bibliografía

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Referencias

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Alvaro Benedetti

Ciencia Política Universidad Javeriana