Cambios económicos en el marco de una revolución democrática (Bolivia) (página 2)

En agosto de 1971 asumió el mando del país el coronel Hugo Banzer, por un período de siete años, hasta 1978, dando continuidad a la época de los gobiernos militares que desde hacia algunos años dirigían el país. El coronel Banzer llevó a efectos una política un tanto conservadora en cuanto a economía, y hasta cierto punto seguidora de sus predecesoras inmediatas. El pueblo boliviano recuerda este periodo tristemente porque durante el mismo sufrió la más cruel de las dictaduras; sin embargo el acontecer mundial favoreció a Bolivia con el aumento del precio del petróleo y un siguiente crecimiento del intercambio comercial, coyuntura que aprovechó Banzer para la construcción de carreteras, mejoramiento de aeropuertos, oleoductos y gaseoductos.

Lo anterior representó un aumento de la deuda externa boliviana de 3000 millones. Pero aunque parecía que la economía iba en ascenso nunca había estado Bolivia más cerca de la crisis, ya que a merced del acontecer externo, en la medida en que se desarrollaron las grandes economías, se hizo más difícil el intercambio que sustentaba al país andino. Esto resultó evidente a principio de los 80 con el recrudecimiento de las condiciones políticas internas y la posterior asunción del poder por Hernán Siles Zuazo. Fue entonces cuando la actividad económica cayó considerablemente, en poco más de un quinquenio y se produjo una hiperinflación que condujo a Bolivia, dado un momento de auge neoliberal en América Latina, a una plena subordinación a las leyes del mercado, idea iniciada en la búsqueda de la estabilidad macroeconómica.

Todo comenzó desde el punto de vista legal con el Decreto Supremo 21060, ya durante el nuevo gobierno de Paz Estensoro, que de forma mesurada aplicó una política de estabilización como antesala a posteriores medidas más lejanas del Capitalismo de Estado de años atrás. Este Decreto, en un actuar inteligente y como reflejo de un modelo neoliberal que pasaba por su fase primitiva en esta nación, no reguló la capitalización ni la privatización de las empresas estatales, fundamentales en el programa de ajuste estructural de reforma estatal impulsado por el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial (BM) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Por otra parte se descentralizó Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y la Corporación Minera de Bolivia (COMIBOL) y se procedió a la disolución de la Corporación Boliviana de Fomento (CBF). Las principales reformas introducidas por esta norma fueron: la reforma tributaria, la liberalización parcial de la tasa de interés, un tipo de cambio competitivo y la apertura importadora. Pero una segunda fase no se hizo esperar y en julio de 1987 el Decreto Supremo 21660 profundizó la apertura para las importaciones. Como consecuencia de lo anterior en noviembre de 1990 cobra vigencia una Nueva Ley de Hidrocarburos N0. 1194, que introduce la figura de los contratos de asociación en exploración y explotación de los recursos naturales; y de igual forma en todas las otras actividades relacionadas con el tema.

Ya avanzada la década de los 90 con el primer mandato de Gonzalo Sánchez de Lozada, comenzó la era capitalizadora y privatizadora de las empresas estatales, para así pasar a manos de empresas extranjeras; la propiedad, la administración y el control de las empresas públicas. Ello fue implementado por la Ley de Privatización Nº 1330 de abril de 1992 a partir de la cual se transfirieron un total de 34 pequeñas empresas estatales.Pero este fue solo el comienzo, ya que en 1994 la Ley de Capitalización hizo efectiva la entrega al sector privado de 10 de los principales monopolios estatales.

En este tiempo y bajo la coyuntura capitalizadora van a suceder importantes cambios en el llamado sector estratégico boliviano, es decir el sector de los hidrocarburos. La empresa estatal YPFB, creada en 1936 mediante Decreto Ley con el objetivo de dirigir y fiscalizar toda actividad vinculada a la explotación, exploración, producción y comercialización de Hidrocarburos, va ha ser desarticulada para la posterior constitución de tres sociedades de economía mixta; dos de ellas en exploración/producción (Empresa Petrolera Chaco y Empresa Petrolera Andina) y una en transporte de estos recursos naturales (Transredes). De esta forma se permitió que los trabajadores adquirieran acciones de sus respectivas empresas hasta el monto de sus beneficios sociales; mientras el 50 por ciento restante del paquete accionario de cada sociedad anónima mixta fue entregado a nuevos propietarios internacionales mediante un proceso de licitación. Esta apertura a la inversión extranjera en un sector tan sensible produjo la pérdida por el Estado y el pueblo boliviano de la propiedad y posibilidad de participar en la toma de decisiones, la generación, control y distribución de excedente económico resultante de estas actividades. Esta vez toda búsqueda de la igualdad social se iba de las manos del Estado, en tanto dependía de intereses imposibles de apartar del lucro personal. De esta forma, en una fase final de la época de la privatización, el saldo de empresas, en todos los sectores, bajo este régimen era de 94, convirtiéndose Bolivia hacia 1999 en el país con mayor índice de privatizaciones en América Latina.

Se impone en este punto un análisis más detallado de la normativa fundamental que en los años 90 propició la inserción de Bolivia al modelo neoliberal. Surgieron entonces leyes claves para el sustento de las nuevas políticas del gobierno, como:

• Ley No. 1182 Ley de Inversiones (17 – septiembre -1990). Donde en un texto relativamente pequeño se establecen facilidades para nuevas inversiones, ya sean nacionales o extranjeras, entre las que se encuentran: la libre determinación de los precios en el mercado (Art. 9) y la libertad de contratación laboral (Art. 13), lógicamente estas medidas en tanto beneficiaban al inversionista , perjudicaban la situación del pueblo boliviano y la estabilidad del mercado interno .De igual forma se introduce la figura de los contratos de riesgo compartido(Art. 16), como nueva forma para efectuar la inversión de capitales. El objetivo fundamental de esta ley era abrir el camino a nuevas inversiones sin medir consecuencias, lo cierto es que ella fue la base para futuras normas más agresivas.
• Ley No. 1544 Ley de Capitalización (21-marzo-1994). Esta vez se preceptúa la conversión de empresas públicas en sociedades de economía mixta, donde además podrán suscribir acciones los mismos trabajadores de las entidades (Art. 1). El segundo artículo es más específico autorizando la capitalización de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, la Empresa Nacional de Electricidad, la Empresa Nacional de Telecomunicaciones, la Empresa Nacional de Ferrocarriles y la Empresa Metalúrgica Vinto, de esta forma el sector estratégico de la economía boliviana ya no era del total dominio estatal. Igualmente queda establecido la manera en que se procederá a la capitalización y el límite de acciones en manos del inversionista (50%), todo ello en el artículo 4. Entre otros objetivos, que suponían cierto avance económico, con esta ley se pretendía lograr un mecanismo de ahorro para redistribuir los beneficios en la población. En fin, esta ley capitalizadora implementó la transferencia del 50 % que en las sociedades de economía mixta capitalizadas pertenecían al Estado, a un fondo fiduciario manejado por administradores de pensiones privados para beneficio de un segmento particular de la sociedad boliviana (Art. 6), surge así, posteriormente el Bono Solidario conocido como Bonosol, a otorgarse en pagos anuales vitalicios a todos los ciudadanos beneficiarios a partir de sus 65 años de edad. Lo anterior como parte de una "política social", que dibujaba un entorno propenso a erradicar la pobreza, mientras las estadísticas a lo largo de los años se encargarían de mostrar una realidad colmada de carencias nada aliviadas por la existencia del Bonosol. Es justo resaltar que el artículo 11 alude a la supremacía constitucional y la inviolabilidad del artículo 139 de la Carta Magna Boliviana; pero esto bajo la realidad que define la capitalización y aleja las decisiones estatales de las distintas actividades económicas relacionadas con los hidrocarburos; no es más que un formalismo. Si a ello agregamos el criterio ya discutido del trato constitucional del tema, expuesto a todo tipo de interpretaciones debido al escaso desarrollo de un precepto (Art. 139) suficientemente ambiguo en el que se define al Estado como único encargado de la exploración, explotación, comercialización y transporte de hidrocarburos y al mismo tiempo se da la posibilidad de transferir estos derechos por un tiempo considerablemente extenso (40 años Art., 134); donde resulta difícil establecer la línea divisoria entre constitucionalidad e inconstitucionalidad.
• Ley No. 1689. Ley de Hidrocarburos (30 -abril -1996) En lo concerniente al sector estratégico establece la necesaria celebración, para la exploración, explotación y comercialización de hidrocarburos, de contratos de riesgo compartido, por tiempo limitado, entre YPFB y personas individuales o colectivas, nacionales o extranjeras . El límite máximo de tiempo para la duración de estos contratos es de 40 años, según el artículo 23 de la Ley en cuestión, este término aún legitimado por el artículo 134 de la Carta Magna boliviana resulta demasiado amplio si se trata de la explotación de recursos naturales de un peso indiscutible para la economía nacional. El artículo 18 referente a la forma de realización de los contratos de riesgo compartido en su inciso e inclina la balanza hacia los inversionistas, limitando las ganancias de YPFB a un 18%, es evidente que ello conlleva a un aumento de las inversiones y una consiguiente reducción de los ingresos estatales en cuanto a este sector. Luego los artículos 50, 51 y 52 regulan respectivamente: la manera en que se efectuará la distribución del 18% correspondiente a YPFB, la creación de una Regalía Nacional Complementaria a la Producción de Hidrocarburos Existentes del 13% del valor de la producción fiscalizada de hidrocarburos existentes, que se liquidará y abonará mensualmente y en forma directa por los productores al Tesoro General de la Nación y la estabilidad de este régimen de patentes y regalías durante la vigencia de los contratos de riesgo compartido. Es importante resaltar que la política antes mencionada también era aplicada según el articulado de esta ley a aquellas empresas que sucediesen a YPFB como resultado del proceso de capitalización de las unidades de exploración, explotación y comercialización.

Es preciso señalar que el error no radicó, del todo, en el fomento de la Inversión extranjera y la capitalización como método para salvar la economía boliviana, sino en la forma desmedida en que estas fueron utilizadas y una normativa que apuntaba más a la desregulación que a la debida regulación . De igual manera el pensar que solo, con este tipo de medidas se podía mejorar la situación económica existente, no fue una opción adecuada.

El reflejo negativo de las desacertadas políticas económicas adoptadas en esta década, neoliberal por excelencia, no se hizo esperar. Hacia 1998 se produjo una nueva crisis económica que como era lógico tuvo una marcada incidencia en la economía extremadamente abierta y susceptible de Bolivia. La apertura comercial Boliviana no fue de la mano del crecimiento económico, aunque no se debe negar que en un inicio existió cierta disminución de la inflación; más bien se fomentó la exportación de materias primas principalmente en los sectores de hidrocarburos y minería, obviándose la esfera productiva y con ello el devenir de una inestabilidad en el crecimiento, dependiente del mercado internacional. Definitivamente las facilidades para la inversión extranjera no resolvieron el problema y en 1999 cuando existían 985,20 millones de dólares procedentes de capitales extranjeros invertidos en el país, cifra nunca antes lograda, el porcentaje de crecimiento del PIB fue el más bajo registrado en mucho tiempo (0,3 %). Bolivia sufrió un proceso en el que la actividad industrial perdía cada vez más fuerza, en 1985 el PIB de la industria representaba el 16 % del total y en el 2005, el grado de industrialización bajó a 11,7%. Fue así como lo que comenzó en lo años 80 con la búsqueda de la estabilidad económica se fue inclinando hacia una política, que en lo concerniente al desarrollo interno fue neutral e ineficiente, condicionando entre 1999 y 2004 un decrecimiento del promedio del producto interno de 2,2%, la mitad de la tasa registrada en años anteriores. También fue evidente el crecimiento del saldo de la deuda externa, la cual duplicó con creces su valor entre 1980 y 2003, logrando un total de 4794 millones de dólares.

He aquí que nos encontramos en el punto de partida, la entrada de Bolivia al mundo globalizado a favor del libre mercado , solo perfeccionó una economía por años colonizada y extremadamente dependiente .Esta vez el Derecho obedeció a una voluntad política viciada por influencias externas que parecían dar la solución, mientras frenaban el avance nacional. Cada nueva norma en los últimos años fue el resultado de un Estado que se apartaba del control de la actividad económica de las empresas transnacionales y, a la vez, olvidaba su labor como Estado- Empresario del mismo modo, Estado-control.Todo ello al amparo de designios constitucionales que no dejan claro el papel del Estado en la Economía.

Es entonces cuando el ciudadano boliviano agobiado por la extrema pobreza, carente de fuentes de empleo y marginado de la política económica, acude a métodos no convencionales de participación en la toma de decisiones políticas y traza el camino a seguir para el necesario cambio. A penas iniciado el nuevo milenio ya Bolivia sufría un estallido de reclamos sociales como respuesta a las políticas destinadas a la entrega de los recursos naturales. Estas protestas fueron intensificándose y condujeron, incluso, a la renuncia de más de un presidente constitucional, que lejos de responder las peticiones populares contribuyó con sus decisiones a afianzar el modelo económico neoliberal. Nuevamente el Derecho toma el papel protagónico y el 18 de julio del 2004 se realiza una consulta popular mediante Referéndum, con el objetivo principal de modificar el destino del sector estratégico boliviano. Los resultados de esta consulta evidenciaban un ambiente propicio al retorno de los principales bienes nacionales a manos del Estado. Solo que no es hasta mayo del 2005,bajo nuevas y más intensas presiones sociales, que se hacen efectivos legalmente los resultados del mencionado referéndum; con la nueva Ley de Hidrocarburos, la cual abroga la Ley de Hidrocarburos Nº 1689, de 30 de abril de 1996. Esto último como parte de un Capitulo II en el Titulo I destinado al cumplimiento y ejecución, en cada una de sus cláusulas, de lo popularmente acordado el 18 de julio del 2004. La refundación de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, para asegurar la participación estatal en toda la cadena productiva concerniente a los hidrocarburos; y la obtención del 50% del producto de la actividad hidrocarburífera por el Estado boliviano son otros de los logros alcanzados por esta ley en sus artículos 6 y 8 respectivamente. El efectivo cumplimiento de la normativa en cuestión no podrá evidenciarse de inmediato debido a las difíciles condiciones en las que se encontraba entonces Bolivia; para ello será necesario la llegada al poder de un gobierno con amplio respaldo popular y un sólido programa económico que revierta el orden hasta ese momento existente.

El Movimiento Al Socialismo en el progreso económico.

Los miembros del Movimiento Al Socialismo, conscientes de la realidad económica-social imperante en Bolivia hacia el año 2005 y herederos de una historia colmada de opresión, exclusión económica y constantes luchas sociales en busca de una nación más equitativa; elaboraron un programa político con propuestas económicas coherentes. A continuación los principales cambios económicos a efectuarse en Bolivia desde la visión planteada por MAS en su programa de gobierno:

• Nacionalización de los recursos naturales en beneficio de pueblo boliviano.
• Movilización de las energías nacionales a través de un nuevo modelo económico participativo
• Recuperación nacional y fortalecimiento de las Empresas estratégicas del Estado, dentro de una planificación global e integradora de la economía nacional, con participación popular dentro un sistema comunitario de explotación.
• Redistribución y racionalización del ingreso nacional para aumentar la capacidad adquisitiva de los sectores populares.
• Postergación del pago de la deuda externa, de sus intereses y amortizaciones.
• Rechazo del neoliberalismo que impone al pueblo condiciones y sacrificios insoportables de miseria, de desocupación, de salarios insuficientes, contribuciones impositivas injustas, así como una enorme cuota de privaciones, desesperanzas e incertidumbres.
• Reactivación de la industria nacional, aprovechamiento de toda su capacidad instalada y la adquisición obligatoria de los bienes y productos de la industria nacional por las instituciones, empresas estatales descentralizadas, sector público y empresas privadas que explotan recursos naturales no renovables.
• Reagrupamiento de la tierra, reversión al Estado de los latifundios y parcelas improductivas, dotación de territorio a los pueblos y comunidades indígenas originarias y campesinas para satisfacer sus necesidades y requerimientos y apoyo productivo del agro en sus aspectos de producción, créditos, insumos, comercialización, almacenamiento, tecnificación, transporte, seguro de precios y otros para impulsar el desarrollo y la modernización de las áreas rurales.

Lo anterior es el sustento de lo que Álvaro García Linera, actual vicepresidente de la República, define como Capitalismo Andino-amazónico. Él mismo explica que este es un modelo de desarrollo concebido dentro del capitalismo que se entiende como el equilibrio y aporte al progreso nacional de las tres plataformas económicas vigentes en Bolivia: la moderna o estrictamente industrial, la andina comunitaria y la amazónica; las dos últimas partiendo de criterios regionales y culturales. Esto no es más que brindar una oportunidad de desarrollo a los segmentos mayoritarios de la vida económica boliviana que han sido desconocidos y maltratados por la existencia de grandes empresas tanto nacionales como internacionales. Este programa pretende otorgar a las fuerzas comunitarias, artesanales y a los pequeños productores, la capacidad de auto organizarse y prosperar guiados por un Estado que regula y dirige la actividad económica a todos los niveles, incluso aquellos más industrializados. Un Estado que transfiere recursos al ámbito comunitario para potenciar el desarrollo mercantil propiamente andino y amazónico, es decir con plena identidad.

En resumen, el programa de Gobierno del MAS, en su aspecto económico, apunta hacia una evidente eliminación de toda sombra neoliberal. La necesaria intervención del Estado en la Economía boliviana, defendida por el mencionado partido de izquierda, no parece ser el regreso a un modelo completamente estatizado. Se observa entonces la intención de que el Estado retome, con la fuerza debida, su función de guía de la sociedad; como máximo ente encargado del equilibrio entre crecimiento económico y progreso social. Más allá de seguir esquemas que dividen las tendencias de las políticas económicas entre: la libertad de mercado y el dominio económico totalitario del Estado ; el MAS habla de un modelo económico que dentro del sistema capitalista destaca la participación de todos los sectores ,propuesta cercana a la idea actualmente dominada de una Economía Social y Participativa .Lo cierto es que entre las necesidades apremiantes de los bolivianos está la oportunidad de ser parte , no solo de la toma de dediciones públicas de carácter económico, sino también de todo el proceso productivo, incluyendo el disfrute de los beneficios. Una participación que se implementa desde la nacionalización de los recursos naturales, la redistribución de las tierras improductivas beneficiando al pueblo boliviano en general. Es evidente que una vez en el poder el MAS, habrá de aludir a la posibilidad de crear Derecho que presenta el Estado para materializar y legitimar su política.

Nuevas Medidas Revolucionarias.

Luego del 22 de enero del 2006, Bolivia vive el momento de llevar a efectos todo lo propuesto en el programa económico del MAS. Existen entonces medidas que no se pueden hacer esperar como parte de la construcción del nuevo modelo económico propuesto y en respuesta a sólidas demandas populares. En el transcurso del año 2006 la norma se torna lenguaje del Movimiento Al Socialismo, como partido en el poder ejecutivo, fundamentalmente en aquellos temas relativos al sector estratégico y la política sobre la Reforma Agraria.

1. Sector Estratégico( Hidrocarburos):

En este caso el texto legal que cambia la situación existente, es el Decreto Supremo No. 28701 "HEROES DEL CHACO" (mayo/2006), sobre la Nacionalización de los Hidrocarburos. Este decreto desarrolla la Ley No. 3058 (mayo/2005) anteriormente tratada. Entre los cambios que reglamenta en el sector estratégico boliviano se encuentran:

• Centralización de la actividad productiva hidrocarburífera en la empresa pública Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos. ( Art. 2.1)
• Suscripción de nuevos contratos de inversión en el sector acorde a los preceptos constitucionales (Art. 3.1).
• Establecimiento de la participación del Estado en un 82% del valor de la producción y en un 18% para las compañías que realizan la actividad, durante el periodo de transición (Art. 4.1).
• Transferencia en propiedad a YPFB de las acciones de los ciudadanos bolivianos que formaban parte del Fondo de Capitalización Colectiva en las empresas petroleras capitalizadas: Chaco SA., Andina SA. y Transredes S.A.; y asunción por el Estado del pago del BONOSOL (Art. 6).
• Plena participación del Estado en toda la cadena productiva del sector de Hidrocarburos (Art. 7.1).

A la luz de este decreto El Gobierno de Bolivia ha negociado 44 contratos petroleros con 12 empresas multinacionales hasta el 1 de noviembre de 2006, los cuales luego fueron aprobados por el Congreso bajo la modalidad de Contratos de Operación, quedando así obsoleta para este caso la modalidad anteriormente existente (contratos de riesgo compartido). Estos contratos se refieren a las mismas áreas en las que, las empresas operaban anteriormente, y en su mayoría son por un plazo de 30 años; solo que esta vez las condiciones son más favorables para el desarrollo económico de Bolivia. Las diferencias con la política seguida en el pasado, son palpables, ya que esta voluntad de partes comprende en sus cláusulas fundamentales:

• Comercialización de los productos en su totalidad por YPFB.

• YPFB como única propietaria de los hidrocarburos.

• Incremento del nivel de control y fiscalización: YPFB pasa a aprobar planos de trabajo, costos recuperables y procesos de licitación.

De esta manera se asegura la inversión de las ganancias obtenidas en la explotación, exploración, producción y comercialización de hidrocarburos; en el proceso de desarrollo de la economía mercantil de base. Existe además una reivindicación del Estado no solo como director de los sectores más importantes de la economía nacional, sino también en la materialización de la dimensión Estado-empresario. Por demás con este decreto se elimina todo resto de las anteriores políticas neoliberales que apartaban a la ciudadanía del dominio de los recursos naturales patrios, al eliminarse los beneficios antes otorgados a los inversionistas tanto nacionales como internacionales.

2. Política sobre la Reforma Agraria:

En el marco de la regulación legal de políticas revolucionarias en materia económica, es oportuno resaltar la aprobación en noviembre del 2006 de la Ley de Reconducción Comunitaria de la Reforma Agraria, que modifica la Ley del Servicio Nacional de Reforma Agraria No. 1715 (octubre /1996), ya que a pesar de la regulación distinguida que merece el tema agrario en Bolivia, no es posible negar la importancia que entraña el mismo como base para el fomento de una economía comunitaria. Además con esta norma se tributa sustancialmente a lo que se identifica como modelo participativo, destacándose la inclusión de los sectores mayoritarios de la sociedad en la tenencia de las tierras y la consecuente producción agrícola. En su contenido resaltan medidas que benefician el progreso económico y social de Bolivia como son:

• Ampliación de la concepción de Función Económica Social que han de cumplir las tierras.

• Establecimiento de garantías legales a los Derechos de los Pueblos Originarios en la posesión de la tierra.

• Democratización del Servicio Nacional de Reforma Agraria, al aumentar la composición de la Comisión Agraria Nacional con representantes de los distintos movimientos sociales bolivianos.

• Ampliación de las causales de reversión de la tierra y los Principios Generales de las Justicia Agraria en correspondencia con la nueva definición de Función Económico Social de la tierra.

Otras medidas:

• El 21 de marzo del 2006 fue implementada mediante Decreto Supremo No. 28653, la Tarifa Dignidad en el sector de los servicios eléctricos. Esta medida consiste en un necesario descuento de la tarifa a pagar, por la prestación del servicio de electricidad, para los consumidores domiciliarios. Todo ello como resultado de la firma, en igual fecha, del Convenio de Alianza Estratégica del Gobierno de la República de Bolivia y las Empresas que operan en el Mercado Eléctrico Mayorista.

• En cuanto al transporte por carreteras es importante destacar la aprobación en este año de las Leyes No. 3506 y No. 3507 de 27 de octubre de 2006, las cuales terminaron con el antiguo Servicio Nacional de Caminos para así crear la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC).Fundamentalmente la Ley 3507, define a la ABC como una entidad pública dotada de la debida personalidad jurídica y poseedora de autonomía para la realización de la labor que le corresponde. Todo lo anterior habrá de condicionar un impulso al desarrollo de todas las funciones de la administración vial en Bolivia, de fundamental importancia.

• Como parte de una política destinada a recuperar el espacio de la empresa estatal en la economía boliviana, otra medida fue tomada el 31 de octubre del 2006, se trata del Decreto Supremo No. 28901, esta vez relacionado con el tema de la minería que pasa a manos de la Corporación Minera de Bolivia (COMIBOL) todo lo relacionado a la actividad a realizar con los yacimientos del cerro Posokoni en el Departamento de Potosí.

Resultados económicos alcanzados en el año 2006.

Acorde al criterio de expertos en Bolivia se ha iniciado un nuevo ciclo económico-social sustentado en la nueva política del gobierno del MAS. La misma ha demostrado tener como premisa la preservación del equilibrio macroeconómico, unido a los necesarios cambios estructurales para eliminar la pobreza, contribuyendo así a un crecimiento económico que se traduzca en beneficios sociales. Numerosos datos muestran el real avance económico del país andino en el año 2006 y la incidencia que en ello tuvo fundamentalmente la Nacionalización de los Hidrocarburos implementada mediante Decreto Supremo No. 28701 , representando un importante viraje para la economía boliviana.

De modo general, en Bolivia se evidenció en el 2006 un crecimiento del Producto Interno Bruto de más de un millón y medio de bolivianos, equivalente a un 4,5%. Lo anterior está acompañado de una tasa de desempleo, que descendió sustancialmente de un 8,15% en el 2005 a un 7,6% en el 2006.De igual forma la deuda externa pública de mediano plazo alcanzó el saldo más bajo desde 1984, esta vez con $3234,5 millones. Entre las más sorprendentes cifras logradas se encuentra el registro de un superávit fiscal considerado el más alto en 66 años,equivalente a un 5,9% del PIB, en oposición al déficit existente el año anterior de -2,3%.Además existen tendencias guiadas hacia el equilibrio fiscal en los próximos años.

Sin dudas el 1 de mayo y la creación del Decreto Supremo "HEROES DEL CHACO" marcó un antes y un después de la Nacionalización de los Hidrocarburos. Bajo las nuevas condiciones implementada por esta normativa, las recaudaciones provenientes del sector de hidrocarburos constituyeron un factor determinante del superávit fiscal, representando el 13.4% del PIB. La venta de hidrocarburos tuvo un crecimiento del 368%, reflejándose las ventas realizadas en el mercado interno por parte de YPFB, empresa estatal cuyo dominio de la actividad del sector es fundamental en todo progreso registrado. Por su parte la entrada en vigor de los nuevos contratos de exportación de gas a Brasil y Argentina condicionó en el tercer trimestre de 2006, una tasa de crecimiento de 9,1%, con una incidencia de 1% en la tasa global del PIB. Todo ello condiciona que los ingresos totales por hidrocarburos constituyan el 16% del PIB. Los beneficios aportados, a la economía boliviana, a raíz de los cambios en el sector estratégico amparados como se conoce legalmente; se proyectan hacia el futuro en la previsión de una tasa de crecimiento en el año 2007 del 5%.Esto no solo está sustentado en las actividades extractivas, sino también en una nueva Ley de Tierras, encaminada al mayor aprovechamiento de las tierras y consecuente aumento de la productividad agrícola, así como el fortalecimiento del mercado interno.

De momento las cifras citadas han hallado expresión en el ámbito social, puesto que con los recursos derivados de la Nacionalización de los hidrocarburos se ha creado, por el gobierno de Evo Morales, el bono escolar Juancito Pinto, que aporta financiamiento a las escuelas públicas. Ello se hace acompañar de una voluntad política determinante de la equitativa distribución de los frutos del crecimiento económico, como motor impulsor de un desarrollo que parta de la esencia productiva de pueblo boliviano.

Un nuevo Modelo Económico en las propuestas hacia la Asamblea Constituyente.

El análisis de las medidas tomadas por Evo Morales en el marco de una Revolución Democrática; y la lectura de los resultados materiales derivados de estas decisiones , no son más que la implementación de un nuevo modelo económico, ya explicado en el programa del Movimiento Al Socialismo. Esta opción no surge de la nada, sino producto de una situación económica consecuencia de políticas neoliberales y siglos de exclusión de sectores de importancia básica en la economía patria. Es la respuesta a la necesidad de refundar económica y socialmente un país cuya estructura estatal ha negado su esencia productiva y los requerimientos de los más perjudicados.

Resulta imposible que se encuentre ajena a cualquier error en el orden nacional, la Constitución Política del Estado, la cual en correspondencia con una nefasta situación que en gran medida ella misma ha condicionado, muestra sus debilidades. Es por ello que la refundación de una nación lleva implícita una reforma constitucional total, como la que acontece en Bolivia. Todo Proceso Constituyente abre las puertas a un cúmulo de propuestas, de una u otra forma, coincidentes con las condiciones materiales que propician el cambio. Revertir un orden económico es el principio para un cambio total y necesario, esto solo se logrará una vez que la solución quede debidamente legitimada en un nuevo texto constitucional.

Obedeciendo los criterios anteriores el Movimiento Al Socialismo propone una nueva regulación del Régimen Económico en la futura Carta Magna, que no solo supla las carencias de la actual, sino que también defina un camino a construir sobre la base de la participación popular en la economía y el control estatal. Según los contenidos a regular en esta parte del texto y desde una primera visión, lo propuesto por el MAS es, en cuanto a:

1. Derechos Económicos:

• Reconocimiento del Derecho a la propiedad, en sus formas individual y colectiva en la parte correspondiente a derechos individuales.

1. • Distribución equitativa de las riquezas.
   • Participación del Estado en la Economía.
   • Solidaridad regional.
   • Correspondencia entre la iniciativa privada y Economía Social y Comunitaria.
   • Fortalecimiento de la Soberanía económica. Regulación de los Bienes Nacionales:
   • Propiedad del pueblo sobre los recursos naturales y estratégicos y administración por el Estado mediante empresas Estatales.
   • Consulta a los pueblos indígenas sobre las decisiones en torno a los recursos naturales que se encuentren en su territorio.
   1. Política Económica Estatal:
   • Desarrollo de una economía planificada por el Estado con el apoyo de la consulta ciudadana.
   • Fomento por el Estado de la iniciativa privada a todos los niveles siempre que esta contribuya al Desarrollo nacional.
   • Reconocimiento e impulso de la propiedad colectiva y estructuras asociativas dando prioridad a la economía comunitaria.
   2. Política Financiera:
   • Sistema basado en la solidaridad y equilibrio entre regiones acorde a una nueva estructura.

   Esta continúa siendo una idea que aún adolece de profundidad y un debate enriquecedor; donde se debe acotar la necesaria ampliación de aspectos puntuales, como es el caso de los derechos económicos, los cuales no son tratados íntegra y organizadamente. Tampoco se hace referencia expresa al tema de la protección nacional ante nuevas posibilidades de endeudamiento internacional que afecten el debido desarrollo. Sin embargo más allá de los fundamentos teóricos este primer planteamiento responde a un sentir generalizado dentro de la sociedad boliviana, ávida de intervenir tanto en la toma de decisiones económicas, como en la propia actividad productiva. Tanto es así que no solo este partido político con amplio respaldo social ha traído a colación un cambio en el orden socio-económico. Otras propuestas defensoras de la misma idea son las de:

   1. • Distribución equitativa de las riquezas como principio.
      • Defensa de los hidrocarburos como patrimonio nacional
      • Fomento de la productividad por el Estado basado en diversas formas de organización empresarial (comunitaria, PYMES y grandes empresas)
      • Implementación de una nueva política financiera que determine una deuda externa en condiciones favorables.
   2. Partido Político: Movimiento Bolivia Libre.
   3. Coordinadora de Integración de Organizaciones Económicas Campesinas de Bolivia.
   • Reconocimiento y fomento de la economía comunitaria.
   • Protección de la propiedad colectiva.
   • Protección e impulso del mercado interno.

   Consideraciones Finales.

   Las nuevas tendencias de reforma en el ámbito económico han demostrado una vez más el carácter obsoleto de los preceptos constitucionales en este tema. Los mismos preceptos que debido a su flexibilidad han fomentado durante una cantidad importante de años la estabilidad y duración del mencionado texto. Esta estabilidad se vio quebrantada cuando el carácter flexible hizo viable la implementación de políticas abusivas, que a mediano plazo provocaron una catástrofe económica, social y política en Bolivia. Por tanto resulta evidente la inmediata necesidad de una normativa constitucional establecedora de principios de mayor especificidad que ilustren claramente el camino a seguir. Surge entonces, la idea del capitalismo andino-amazónico como reflejo de nuevas ideas encaminadas a la legitimación de un modelo donde la sociedad en su conjunto sea el centro de desarrollo económico, y no el mercado como sucedía hasta el momento. Aquí toma protagonismo el binomio Estado-Ciudadanía, ya que ambos han de marchar de la mano camino al progreso. Por su parte, en Bolivia, el término ciudadanía merece un rescate desde todos los sectores, debido a la diversidad cultural existente en un mismo marco nacional, que se traduce en diversidad productiva. Por tanto la consagración constitucional de un nuevo modelo que incentive la participación económica popular bajo la dirección estatal como salvaguarda de intereses colectivos, es fortalecer la condición legitimadora suprema de la normativa constitucional, como punto de partida y cúspide en la implementación de un modelo que responde a una Economía Social y Participativa.

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   • Zegada, Oscar. Regímenes de la C.P.E. Regímen Económico y Financiero. Seminario anual de la Federación de Entidades Privadas de Cochabamba.

   Legislación

   • CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE BOLIVIA DE 1967.
   • Decreto Ley 10170.
   • Decreto Supremo 21060.
   • Decreto Supremo 21660(julio/1987).
   • Ley No. 1182 Ley de Inversiones (septiembre/1990).
   • Ley No. 1544 Ley de Capitalización (marzo/1994).
   • Ley No. 1689 Ley de Hidrocarburos (abril/1996).
   • Ley No. 1715 Ley del Servicio Nacional de Reforma Agraria (octubre /1996).
   • Ley No. 3058 (mayo/2005).
   • Decreto Supremo No. 28653(marzo/2006).
   • Decreto Supremo No. 28701 "HEROES DEL CHACO" (mayo/2006).
   • Ley No. 3506 (octubre/2006).
   • Ley No. 3507 (octubre/2006).
   • Decreto Supremo No. 28901(octubre/2006).
   • Ley de Reconducción Comunitaria de la Reforma Agraria (noviembre/2006).

   Biografía de la autora:

   Licenciada en Derecho Yamisell Góngora García (Bakú, Azerbaiján, 1985). Egresada de la Facultad de Derecho de la Universidad de La Habana en junio del 2007. Durante el transcurso de su carrera universitaria formó parte del Departamento de Asesoría Jurídica de la Facultad en cuestión, en condición de alumna ayudante. En virtud de dicha categoría impartió clases con carácter eventual a años inferiores de Derecho Económico y durante el curso 2006-2007 realizó actividades vinculadas a la docencia como miembro de la Cátedra Nacional de Derecho del Programa de Formación de Trabajadores Sociales Extranjeros. Participó como ponente en el Evento Internacional de Democracia y Sistemas Políticos celebrado en La Habana, Cuba en marzo del 2007, auspiciado por la Unión de Juristas de Cuba; así como en el Taller del Centro de Investigaciones Jurídicas del Ministerio de Justicia de Cuba , correspondiente al año 2007.

    

   Autora:

   Lic. Yamisell Góngora García

   Facultad de Derecho

   Universidad de La Habana

   Ciudad de La Habana, Cuba.

   Abril del 2007

2. Principios del Régimen Económico: