Cambios económicos en el marco de una revolución democrática (Bolivia)

1. Resumen
2. A modo de introducción
3. Antecedentes históricos-jurídicos de la realidad económica boliviana
4. El Movimiento Al Socialismo en el progreso económico
5. Nuevas Medidas Revolucionarias
6. Resultados económicos alcanzados en el año 2006
7. Un nuevo Modelo Económico en las propuestas hacia la Asamblea Constituyente
9. Bibliografía

Resumen

Con la siguiente investigación he tenido como objetivo demostrar la importancia del Derecho en el progreso económico de una nación, que vive una época de cambios revolucionarios, como es el caso de Bolivia. Para ello, en primer orden he realizado un recorrido por la realidad jurídico-económica boliviana en la segunda mitad del siglo XX (Antecedentes históricos-jurídicos de la realidad económica boliviana).De igual forma analizo las intenciones y el Programa Económico del Movimiento Al Socialismo (MAS) en: El Movimiento Al Socialismo en el progreso económico; así como la realización de un análisis técnico-jurídico de las medidas tomadas por el gobierno revolucionario (Nuevas Medidas Revolucionarias) y la repercusión económica de las mismas (Resultados económicos alcanzados en el año 2006).Por último no sería posible finalizar parcialmente esta investigación sin evaluar la importancia de un cambio de modelo económico en dicho país y la influencia en ello de las recientes leyes de carácter económico y el actual proceso constituyente(Un nuevo Modelo Económico en las propuestas hacia la Asamblea Constituyente).

A modo de introducción

El Derecho, como ciencia del Deber ser, recrea aspiraciones humanas que tienen su base en realidades sociales. Por tanto es indudable que este se erige instrumento del hombre para moldear la realidad según sus propias necesidades y como resultado de un momento histórico determinado. Claro, no es posible obviar que toda creación legal depende en gran medida de la voluntad política del Estado, en su condición de principal ente legisferante. Por ello el Derecho es el lenguaje mediante el cual se expresa el Estado y del que se sirve para regular la vida de la sociedad en su conjunto, siendo indiscutible la función ordenadora que posee toda norma. Es imposible por tanto la concepción de una revolución, que se precie de ser democrática, sin que cada acto en pos del progreso social tenga el debido respaldo jurídico, de ahí, el tan mencionado, papel transformador del Derecho. Resulta importante destacar que no pocas veces al amparo de la ley se han cometido las mayores atrocidades y que esta ha sido reflejo de políticas despiadadas, evidenciándose así su carácter regulador desde un prisma negativo.

El proceso que se lleva a cabo en Bolivia no es la excepción de las revoluciones democráticas, cuando se trata de refundar una nación y de salvar una economía sumergida por años en políticas lejanas del debido desarrollo, el derecho se convierte en protagonista de las nuevas tendencias e impulsor de la sociedad en todos los ámbitos, fundamentalmente en lo que a economía concierne, ya que una vez que el Estado decide intervenir en la vida económica y revertir cada ganancia a favor de los más necesitados, solo el Derecho, por sus propias características, podrá hacer legítima cada una de estas decisiones gubernamentales. Pero lo anterior serían solo palabras si tomando como referencia las medidas adoptadas por el gobierno de Evo Morales en cuanto a los llamados sectores estratégicos bolivianos, no existiera un antes y un después en la realidad económica del país andino.

Antecedentes históricos-jurídicos de la realidad económica boliviana

Para explicar de forma causal la situación económica de Bolivia antes de enero del 2006 y cómo influyen en ello cada una de las medidas jurídicas hasta ese entonces tomadas, resulta necesario retroceder en el tiempo y realizar una breve reseña económica de la nación. Para esto se ha de partir de que Bolivia ha sufrido la implantación de una estructura estatal desde el siglo XIX que ha fomentado la desigualdad y la exclusión social; y más allá una economía basada a lo largo de la historia en un patrón primario exportador y como consecuencia la dependencia, en ocasiones extrema, del acontecer externo.

En la segunda mitad del siglo XX y comienzos del presente, el comportamiento de la economía boliviana ha tenido un carácter cíclico. En inicio, para diferenciar cada uno de lo períodos se toma como referencia el crecimiento promedio del PIB. Esto nos sitúa en un primer periodo que abarca los años de 1953 a 1983, donde el mayor auge se registró sobre el año 1968 con una tasa de crecimiento de 7,18%, sin obviar que los 70 fueron una década próspera. El siguiente período comienza en el año 1983 y se extiende hasta 1999, con un supremo crecimiento en 1991 de 5,27%. Aún cuando se evidencia una diferencia para defecto del crecimiento económico entre un período y el otro, de forma general, es en 1999 cuando la economía boliviana sufre un real estancamiento que se extiende hasta principios del 2006. En resumen los ciclos se definen en los 50, 60 y 70; 80 y finales de los 90; y desde entonces hasta la llegada al poder del nuevo gobierno revolucionario. Pero las cifras anteriores son solo un reflejo de lo que en realidad aconteció en estos años, por lo tanto es necesario enmarcar estos índices económicos en su momento histórico y por ende su realidad jurídica.

En 1952 se inicia en el país andino una revolución nacional cuyo objetivo definido era lograr la independencia económica con la intervención del Estado en la producción de bienes y servicios, en concordancia con un modelo de desarrollo hacia adentro, que buscaba la industrialización y la sustitución de importaciones, intentándose el desarrollo de un Capitalismo de Estado. Con ello vieron la luz medidas económicas- jurídicas progresistas como: la nacionalización de las minas, la aprobación del Código del Petróleo en octubre de 1955, el proceso de reforma agraria de 1953/1954. En estos momentos la inversión aumentó considerablemente alcanzando un promedio anual de 9,41%. A pesar del evidente progreso los resultados de estos gobiernos de corte nacionalista no fueron del todo los esperados, esto desencadenó la implantación gradual en Bolivia de un modelo más abierto al mercado internacional y propenso a la no intervención estatal en la economía, aunque se entiende que este cambio de modelo económico no ocurre hasta avanzados los años 80, vinculado a una tendencia internacional y factores internos que se abordaran más adelante. De la revolución nacionalista boliviana se dice que fracasó, fundamentalmente, por una excesiva burocratización de la economía, pero más allá de ello y pese al demostrado progreso, lo esencial fue que no logró romper con una estructura colonialista del Estado boliviano, que en gran medida frenaba los propósitos nacionalistas.

En febrero de 1967 es aprobada una nueva Constitución Política del Estado, la cual en su Parte Tercera dedicada a los Regímenes Especiales, regula el Régimen Económico y Financiero. Desde el momento mismo de su aprobación la CPE es, en su condición de cumbre y base del ordenamiento jurídico boliviano, la máxima ordenadora de la sociedad y lo que en ella quede reglamentado permitirá o prohibirá determinados actuares. El articulado referente al régimen económico en primer orden, es escaso en cuanto a los principios que informan el actuar económico. Tampoco regula correctamente el tema de los recursos naturales, puesto que en un país con la riqueza natural de Bolivia se precisa una regulación constitucional más detallada y definida en este aspecto, con el objetivo de un mayor control y más provechosa explotación de los mismos. Carece además la CPE, del establecimiento de una adecuada interrelación entre el Estado y el mercado, aún cuando dentro de la política económica estatal se norma la planificación de la economía, lo cual responde a un momento histórico del Derecho Constitucional. Luego de la lectura de la normativa económica constitucional se puede apreciar el predominio de un texto poco preciso que condiciona múltiples interpretaciones posteriores. Por otra parte dicho articulado no muestra la intención de que el individuo incida con su opinión en la toma de decisiones económicas, reflejo evidente de exclusión socio-económica. En general la CPE resulta un tanto omisa en cuanto a la regulación necesaria para que la economía marche sin mayores contratiempos y por tanto ello la hace moldeable ante distintos tipos de políticas macroeconómicas. A la luz de esta Carta Magna se tomaron medidas de corte profundamente neoliberal, por tanto en gran medida la CPE dejó abierta las puertas a una mayor deformación de la economía boliviana, al presentar un contenido adaptable a diversas políticas económicas, en correspondencia con una voluntad estatal que respondía a los intereses de los partidos políticos en el poder.