- ¿Para qué necesitamos a las Fuerzas Armadas?
- La cuestión de los roles de las Fuerzas Armadas
- La cuestión del "dimensionamiento" de las Fuerzas Armadas
- El problema económico
- Hacia la nueva institucionalidad militar
. El cuestionamiento de las fuerzas armadas ha escalado posiciones relevantes en la opinión pública nacional, al punto que importantes formadores de opinión llegan a considerar que deben ser reducidas a una mínima expresión, sobre la base de la percepción de que nuestro país no está inmerso en una situación de conflicto con otro estado, y que no enfrenta ni es previsible que enfrente amenazas a su seguridad nacional.
1.1 Actualidad de los escenarios de conflictos en América
Esta manera de ver las cosas no se condice con las aproximaciones analíticas al tema. En los años 80 Michael Norris planteó una tipología de los conflictos que permite una primera aproximación a la necesidad de contar con unas fuerzas armadas adecuadas en países como el Perú. Norris distingue cinco tipos de conflicto: conflictos sistémicos, conflictos por hegemonía/influencia, conflictos territoriales/fronterizos, conflictos por recursos y conflictos por migraciones/refugiados.
Según este enfoque, que sigue siendo válido, los conflictos sistémicos implican ideologías con relación a valores políticos y sociales que conducen a una pugna para imponer (o resistir la imposición de) estos valores. Incluyen las controversias entre dictaduras y democracias, entre regímenes civiles y militares y entre modelos capitalistas y socialistas de desarrollo. Los conflictos por hegemonía/influencia incluyen las reclamaciones de las grandes potencias y de potencias regionales que dan lugar a intentos para aumentar y proyectar su poder nacional sobre los estados de la región en lo militar, político, económico y social.
Los conflictos territoriales/fronterizos surgen de las reclamaciones acerca de la posesión de extensiones de tierra o agua, y la soberanía sobre las mismas, así como las tensiones que surgen entre dos o más estados soberanos en su frontera mutua. Los conflictos por recursos comprenden disputas sobre recursos comprobados o supuestos en una zona dada y tienen más relación con el valor del recurso en cuestión que con el territorio que lo contiene. Los conflictos por migraciones/refugiados son consecuencia de factores económicos y políticos regionales. Los problemas de refugiados son causados no sólo por razones políticas, sino también económicas o una combinación de ambas.
Dos decenios después el aislamiento ideológico y político del régimen de Fidel Castro en Cuba, el alineamiento más o menos riguroso de todos los gobiernos latinoamericanos con la versión del capitalismo que en su momento imponen los organismos financieros internacionales y el comportamiento coyunturalista de los regímenes políticos en la región, que transita con cierta fluidez de una naturaleza más o menos dictatorial y plebiscitaria a una más o menos democrática y parlamentaria, en razón del grado de legitimidad que logren, ha dejado atrás la posibilidad de que en América Latina se presenten conflictos sistémicos que amenacen la seguridad nacional de los países.
Más bien subsisten diversos asuntos que mantienen vigente la posibilidad de conflictos por hegemonía/influencia, considerando que hay innegables acciones de países que se proyectan como potencias regionales para aumentar su poder nacional sobre otros estados de la región. Es el caso de la relación entre Estados Unidos de América y Colombia, por la ejecución de la vasta estrategia de guerra contra-insurgente y contra el narcotráfico que se denomina precisamente "Plan Colombia", cuyos efectos ya han internacionalizado la guerra civil larvada que vive este país, creando problemas activos para la seguridad de otros países del área: Ecuador, Venezuela, Brasil, Panamá y Perú.
Es asimismo el caso de la relación potencialmente amenazadora entre México y Guatemala, por la aguda y violenta lucha política y social que involucra a los grupos indígenas de la selva Lacandona en ambos lados de la frontera común; es también el caso de la proyección geopolítica de Brasil sobre Guyana, Paraguay y Bolivia; es el caso de la creciente proyección del poder económico de Chile sobre sus países limítrofes.
En lo concerniente a los conflictos territoriales/fronterizos subsisten situaciones que generan o pueden generar tensiones contrarias a la seguridad nacional de varios estados en la región. Son los casos del diferendo fronterizo por la soberanía del suelo marino en el Golfo de Venezuela, entre este país y Colombia; de la reclamación nicaragüense de las islas del archipiélago caribeño de San Andrés, bajo soberanía colombiana; de las reclamaciones venezolanas de una amplia extensión territorial adyacente en Guayana; del diferendo fronterizo sobre la soberanía de las islas emergentes en el río Amazonas, en la frontera de Perú y Colombia; de la defectuosa definición de las fronteras marítimas del Perú con Ecuador y con Chile.
Merecen mención aparte los conflictos territoriales/fronterizos que ya están formalmente resueltos pero que todavía concitan significativos movimientos de opinión que cuestionan su solución, afectando la estabilidad de los acuerdos, como es el caso del rechazo de sectores de población, en ambos países, a la solución del diferendo fronterizo entre Perú y Ecuador.
Tienen importancia asimismo, en América Latina, las tensiones que surgen o pueden activarse entre los estados por la disposición de los recursos energéticos y acerca del control sobre 200 millas frente a la costa, incluida la jurisdicción sobre recursos y su explotación dentro de una zona económica exclusiva de 188 millas mar afuera, más allá de las 12 millas de mar territorial.
Finalmente, si bien en los últimos decenios en la región no se manifiestan conflictos entre estados por migraciones/refugiados, probablemente desde la denominada "guerra del fútbol" entre El Salvador y Honduras, en 1969, existen en forma latente, por esta causa, situaciones conflictivas entre México y Guatemala y entre Colombia, por un lado, y Ecuador, Panamá y Perú, por otro. No puede descartarse asimismo el surgimiento de escenarios conflictivos a propósito de las corrientes xenofóbicas de opinión que aparecen eventualmente en países de la región que reciben migrantes ilegales o considerados socialmente indeseables.
Es preciso destacar que esta rápida visión de los conflictos activos y potenciales en América Latina muestra que el Perú se halla ante varios tipos de conflictos potenciales: conflictos por hegemonía/influencia, a propósito de los intereses norteamericanos en Colombia y su proyección en el espacio amazónico, y a propósito de la expansión de los intereses económicos de Chile en la región; conflictos territoriales/fronterizos, en tanto no se consolide culturalmente el acuerdo de 1998 con Ecuador, y en tanto no se supere los defectos de la delimitación de las fronteras marítimas con este país y con Chile; conflictos por recursos, con Chile y Ecuador, por la disposición de recursos marítimos, y con Ecuador, por la disposición de recursos energéticos en la selva.
Ignorar o minimizar esta situación no va a contribuir a la solución de los potenciales conflictos, pero es un hecho que la percepción más ampliamente consentida acerca de la necesidad de las fuerzas armadas en un país como el Perú no comparte esta visión de "conflictos". Estableciendo una diferencia semántica, plantea más bien la existencia fáctica o potencial de "amenazas" a la seguridad nacional, que justifican la existencia y actuación de las instituciones castrenses para sofocarlas. Este enfoque distingue entre amenazas tradicionales y nuevas. Más allá de las sutilezas del lenguaje, preciso es coincidir en parte con este planteamiento, lo que permite definir diferencias con su otro extremo.
En efecto, no es posible desconocer amenazas, cuando menos latentes, a la seguridad nacional del Perú. Lo discutible es clasificarlas, como es usual en los círculos académicos castrenses y civiles asociados, en amenazas tradicionales y nuevas amenazas, porque la diferenciación entre ambas es tan elusiva y arbitraria que la discusión al respecto corre el riesgo de asemejarse a la inútil controversia sociológica sobre la diferencia entre "lo antiguo" y "lo moderno".
En un mundo densamente interrelacionado e interdependiente es también arbitraria e inútil la diferenciación de las amenazas entre externas e internas, más todavía si se considera que los compromisos de la comunidad de estados avanzan en el sentido de limitar la soberanía nacional y los fenómenos problemáticos de manifestación global (como el tráfico ilícito de drogas o de armas, el terrorismo, la depredación de los recursos naturales, la oposición militante a la globalización o el nativismo igualmente militante) tienen correlatos singulares en muchos ámbitos estatales.
Más allá de estas clasificaciones inconducentes es preciso mencionar con especificidad lo que considero la adecuada diferenciación de las amenazas a la seguridad nacional del Perú: amenazas activas, que ya obran, pueden actuar o causar efectos en el futuro próximo, y amenazas latentes, es decir, inactivas pero en gestación o ya estructuradas, aunque no son todavía manifiestas.
- Crítica de las clasificaciones de amenazas a la seguridad nacional
Las amenazas que al presente causan efectos adversos a la seguridad nacional, y que exigen actualmente la intervención de las fuerzas armadas en misión de defensa, son tres, en mi opinión: la subversión terrorista, el narcotráfico y el desborde de la violencia en Colombia.
1.3.1 La subversión terrorista.
La derrota política y estratégica de los grupos insurgentes Partido Comunista del Perú ("Sendero Luminoso" – PCP-SL) y Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA) no significa su liquidación ni su desaparición en el escenario social ni en las previsiones de las fuerzas de seguridad; tampoco implica dejar de considerar a la subversión terrorista como un problema grave para el orden interno, más aún si se toma en cuenta el rebrote de incursiones armadas de columnas guerrilleras en zonas donde se descuidó en los últimos años la ejecución de la fase de consolidación de la pacificación efectuada por las FFAA, el resurgimiento de atentados terroristas y sobre todo de actos de "terrorismo blanco" (incruento) que los especialistas consideran propios de un proceso de rearticulación y capitalización ("cristalización") de la derrotada experiencia insurgente anterior.
Ante el rebrote subversivo documentos oficiales contienen información sobre la preocupante situación de la capacidad operativa de las fuerzas armadas para enfrentarlo. El Comando Conjunto de las FFAA registra que actualmente se mantienen en operaciones 135 bases contra terroristas del ejército, y que de noviembre del 2000 a julio del presente año se ha realizado 100 operaciones contraterroristas y 7.421 patrullajes a cargo de efectivos militares, pero que esta gran cantidad de acciones –indicativa de la magnitud del peligroso rebrote subversivo- adolece de graves limitaciones debido a la suspensión de las zonas declaradas en emergencia, por razones políticas desde marzo del 2000; la falta de un presupuesto de emergencia para la ejecución de operaciones militares contra los grupos subversivos; la falta de una base legal adecuada que ampare las operaciones contrasubversivas de las fuerzas armadas en el marco del estado de derecho; y el incumplimiento del Ministerio del Interior en reinstalar más de 120 comisarías de policía en las zonas afectadas por la reactivación subversiva (se presume que debido también a carencia de presupuesto).
Los datos de la realidad confirman pues que la subversión es actualmente una considerable amenaza al orden interno del país. Es importante destacar que no obstante el abrumador descrédito de las organizaciones subversivas y de sus métodos criminales, no obstante la desmitificación de sus líderes, existen todavía sectores de la sociedad peruana que consideran válida su propuesta como instrumento radical para la reivindicación de demandas sociales; sectores para los que esta alternativa se presenta más atractiva sobre todo por la reformulación autocrítica que los subversivos han efectuado de su relación con los grupos sociales.
Nadie cuestiona que la subversión es un fenómeno inherente al orden social. Existe siempre, aunque sólo se desarrolla amenazadoramente en ciertas circunstancias. Cualquier análisis de las condiciones sociales que se consideren propicias para un crecimiento de la subversión en el Perú coincidirá en que desde 1980 hasta el momento presente se mantienen la pobreza, la desigualdad social, la marginalización, la frustración de expectativas de bienestar, la debilidad del sistema institucional que le impide canalizar la solución de los conflictos sociales, o siquiera mediar y tamizar las demandas sociales por necesidades prolongadamente insatisfechas, la depauperación moral de la escena política, etc. Son condiciones que si bien han cambiado en sus manifestaciones y en el peso específico relativo de cada factor, siguen siendo gravitantes en conjunto como soporte estructural de la posibilidad de insurgencia.
Dos procesos contribuyen a mantener o reforzar la vigencia de la subversión como amenaza activa a la seguridad nacional del Perú. El primero es el propio curso de fragmentación de las organizaciones subversivas luego de la captura de sus líderes y la evidente derrota de su proyecto estratégico. Algunos analistas mencionaban en 1992-93 que el PCP-SL probablemente se fragmentaría en una facción guerrillera maoísta tradicional en espacios rurales, otra facción persistente en la línea establecida por Abimael Guzmán (realizar la guerra popular en el campo y en la ciudad) y una tercera que buscaría su incorporación al sistema de los partidos políticos actuantes en el campo legal (parlamento y municipalidades).
Los acontecimientos no han confirmado esta proyección pero mantiene su vigencia porque es un hecho que hay grupos del PCP-SL y, por su parte, también del MRTA, que actúan en función de cada una de estas alternativas. En cualquiera de los casos estos grupos buscan mantener o reforzar su vinculación con sectores sociales a los que consideran sus "bases", lo que en algún momento puede llevar a la confluencia de "mandos" experimentados en la subversión, y sus disminuidos pero expectantes aparatos partidarios locales, con organizaciones sociales necesitadas de un liderazgo radical y efectivo en el planeamiento y conducción de estrategias de confrontación reivindicativa con el estado.
El segundo proceso es el de radicalización aparentemente espontánea de las luchas reivindicativas de sectores sociales tales como campesinos y pobladores de asentamientos urbano-marginales, que en los últimos meses han alcanzado niveles inusitados de centralización y de fuerza, al punto de producir paralizaciones agrarias de dimensión nacional, enfrentamientos de cultivadores cocaleros con las fuerzas del orden, bloqueos de carreteras y ataques contra instalaciones mineras. No solamente existe inteligencia policial y militar que detecta la presencia activista de personas vinculadas a las organizaciones subversivas en la organización o la radicalización de medidas de fuerza con apoyo popular, en los últimos meses, sino que documentos del PCP-SL postulan la necesidad y conveniencia de insertar su acción proselitista en las movilizaciones sociales, construyendo desde su interior una nueva estructura para retomar la "guerra popular".
Por otro lado, con el previo reconocimiento de que todo símil histórico es metodológicamente cuestionable como herramienta de análisis, no puede desconocerse la provocadora analogía existente entre la agitación en el medio campesino, la utilización violentista de organizaciones como los frentes de defensa y los ataques a instalaciones de empresas mineras, tanto en el período 1974-1982 como en el lapso1999-2001, si se toma en cuenta que el producto de estas actividades en el período 1974-1982 fue la agresión subversiva a la seguridad nacional del Perú.
El carácter activo de la amenaza subversiva determina que los institutos armados (como por su parte y en su ámbito de competencia, la Policía Nacional) mantengan y actualicen una fuerza y un dispositivo contra-subversivo que necesariamente implica la permanente instalación de bases a lo largo y ancho del territorio nacional para cumplir funciones de control territorial, completar la fase de consolidación de la pacificación y reforzar la relación con las organizaciones de la población, medios probadamente eficaces para conjurar el rebrote de la amenaza subversiva a nivel local.
1.3.2 El narcotráfico
El tráfico ilícito de drogas en escala internacional es otra amenaza activa a la seguridad nacional del Perú, por varias razones. En primer lugar porque las actividades del narcotráfico erosionan las estructuras del estado al vulnerar permanentemente la autoridad y el control estatales sobre el territorio físico, el espacio aeronáutico, los dominios marítimo y fluvial, las actividades económico-productivas y la identificación de la población con las normas sociales y el orden jurídico establecido; en la medida que adicionan el financiamiento internacional de sus actividades ilícitas, la producción extendida e intensiva de materia prima, el tráfico internacional de predecesores químicos para la producción de drogas y la distribución de droga hacia mercados externos.
Desde este punto de vista la consideración del tráfico ilícito de drogas como amenaza para la seguridad nacional no es una cuestión moral, como algunos planteamientos pueden sugerirlo; se sustenta en razones materiales muy concretas, puesto que el financiamiento internacional del narcotráfico, el tráfico de predecesores químicos y la distribución de drogas en mercados externos distorsionan severamente el control estatal de los flujos de capital y bienes hacia y desde la economía nacional; la producción extendida e intensiva de hoja de coca o de amapola perjudica el manejo y la ulterior productividad del suelo en amplias extensiones, genera economías mercantiles sin articulación consistente y de bonanza efímera y distorsiona toda previsión racional de ordenamiento del territorio; y la cultura del narcotráfico genera un efecto de reproducción ampliada de la corrupción que afecta creciente y profundamente la legitimidad del orden social y jurídico establecido.
El tráfico ilícito de drogas es inclusive un problema para la seguridad hemisférica. En Venezuela se ha propuesto el establecimiento de un Consejo Interamericano de Cooperación y Seguridad Regional, porque en medios oficiales se considera que combatir al narcotráfico exige la rápida adopción de medidas antes que su dramático crecimiento ponga en peligro "la paz entre las naciones, la seguridad y la estabilidad de la democracia en el hemisferio".
Esta amenaza alcanza su más grave expresión a partir de la asociación entre organizaciones del narcotráfico y grupos subversivos u organizaciones contrasubversivas ilegales ("paramilitares"), pues potencia exponencialmente la capacidad de acción de estos proyectos, como ocurre en el caso de Colombia, donde, por ejemplo, el Frente 14 de las FARC, asentado en el departamento de Guainía (colindante con Venezuela y Brasil) mantenía en el 2000 una gran base de acopio y exportación de cocaína en la localidad de Barranco Minas, desde donde por el aeropuerto local exportaba toneladas de droga en un activo intercambio por armas y pertrechos, cuyo volumen de demanda era atractivo inclusive para importantes traficantes de armas del mundo.
De manera que el tráfico ilícito de drogas, independientemente de la problemática que supone el consumo adictivo de drogas por parte de grupos cuantitativamente relevantes de la población, llega a amenazar la viabilidad del estado, y cuando menos erosiona gravemente potenciales económicos, sociales y psicológicos del país, debilitando sus energías colectivas y su cohesión para afrontar otras amenazas, alienando además una parte de su capacidad productiva, dedicada al narcotráfico.
Mucho se ha discutido y se discute todavía sobre cómo enfrentar al narcotráfico, habida cuenta que el sentido común académico, militar y periodístico, inducido por la percepción norteamericana del fenómeno, acepta que constituye una de las "nuevas amenazas" a la seguridad nacional. En el Perú se ha experimentado involucrar episódicamente a las fuerzas armadas en la lucha contra el narcotráfico, desde 1992, pero los resultados están oscurecidos porque en el Ejército, por ejemplo, desde algunos altos mandos hasta suboficiales y personal de tropa incurrieron en actividades de protección de las organizaciones de narcotraficantes o bien participaron directamente en la actividad delictiva. La descomposición moral resultante ha contribuido decisivamente a la crisis militar presente, por lo que el temperamento dominante en la actualidad rechaza la participación de los militares en la lucha contra el tráfico ilícito de drogas, argumentando que causó muchísimos más perjuicios que beneficios.
Pero las razones del rechazo no son consistentes. Es trivial sostener que los militares no deben intervenir en la lucha contra el narcotráfico porque son vulnerables a la tentación corruptora implicada en la cantidad de dinero que mueve esta actividad delictiva frente a la precaria situación económica del personal castrense y a sus comparativamente altas prerrogativas en la sociedad, lo que ha determinado que la corrupción se extienda en las fuerzas armadas ante la insuficiencia de controles sobre su actividad.
De hecho, ninguna entidad del Estado podría escapar a la tentación corruptora de los dineros del narcotráfico, incluyendo por cierto a la judicatura, a la policía y a las autoridades políticas si la presunta vulnerabilidad de sus integrantes se mide en relación a sus ingresos por actividad profesional. La verdad es que la intolerancia a la corrupción en los funcionarios públicos es una cuestión principalmente extra-económica y tiene que ver centralmente con la existencia de controles administrativos, políticos y sociales eficaces más que con la moralidad personal de los funcionarios. En este sentido es cierto que la corrupción que afectó a militares involucrados en los períodos cuando se les encomendó la misión de luchar contra el narcotráfico tiene su causa en las prerrogativas que tenían en el marco del "estado de excepción" establecido como parte de la estrategia contra-subversiva, que les permitía sustituirse a la autoridad política y judicial y los sustraía de cualquier control extra-institucional.
De manera que en esencia la participación de los militares contra la amenaza del narcotráfico a la seguridad nacional del Perú no es perniciosa ni inaceptable por propia naturaleza si el Estado y la sociedad son capaces de establecer los controles administrativos y jurisdiccionales adecuados en un sistema de fiscalización independiente y superior a la institucionalidad castrense.
Así, pues, no existe inconveniente sustantivo para que las fuerzas armadas actúen contra la amenaza del narcotráfico a la seguridad nacional del Perú, lo que, en consecuencia, plantea la cuestión de la necesidad de esa actuación. Ciertamente, la investigación y la persecución de los delincuentes y sus organizaciones para ponerlos a disposición de las autoridades judiciales es una tarea exclusivamente policial. Pero en los centenares de miles de kilómetros cuadrados de territorio de las zonas de frontera donde la presencia policial es exigua y tienen mayores recursos humanos y materiales los institutos armados que forman parte de los sistemas de vigilancia de fronteras, de control del espacio aéreo y de defensa interior del territorio, es perfectamente factible y deseable promover que se les encargue realizar tareas de control y seguridad para la interdicción del narcotráfico.
Son perfectamente solucionables las dificultades de orden jurisdiccional que pueda presentar esta actividad a cargo de efectivos militares si se coordina que las operaciones incluyan la presencia activa de representantes del Ministerio Público y de la Policía Nacional. De esta manera se garantizaría que la participación militar contra la amenaza del narcotráfico se encuentre sujeta a los controles pertinentes y alcanzaría niveles de optimidad la misión de organizaciones militares como la de la Fuerza de Tarea 100 de la Marina de Guerra (control en las vías fluviales y ámbito territorial de la frontera con Brasil) y la de las unidades del Ejército encargadas de la vigilancia y seguridad en las zonas 3, 4 y 5 del sistema de vigilancia de fronteras (desde la frontera con Ecuador en el límite de Cajamarca con Amazonas, por el nor-oriente, pasando por las fronteras con Brasil y Bolivia, por el oriente, hasta la frontera con Chile en el litoral del océano Pacífico, por el sur).
Esta actividad se sumaría a la que ha sido problemática pero exitosa participación de la Fuerza Aérea contra la amenaza del narcotráfico, pues es un hecho que la interdicción del espacio aéreo amazónico por sus aeronaves de combate, con la colaboración de agencias oficiales de Estados Unidos de América, ha logrado una disminución radical del tráfico de drogas por vía aérea, lo que sin embargo ha renovado el interés de los narcotraficantes por utilizar los ríos y trochas del espacio amazónico como vías para la exportación de drogas, poniendo en evidencia la acuciante necesidad de encomendar a las fuerzas armadas en su conjunto una enérgica actuación contra el narcotráfico.
Pero es más, esta intervención militar es necesaria para prevenir y contrarrestar, si es el caso, que se reactive la coalición de intereses que desde la segunda mitad del decenio de 1980 y con elevada peligrosidad hasta 1997 aproximadamente se estableció entre los narcotraficantes y los subversivos, en el amplio espacio de los valles del Apurímac, el Ene, el Huallaga, el Ucayali y el Mayo, teniendo como pivote a los campesinos cultivadores de coca; coalición que aportó grandes ingresos económicos a los subversivos y que se constituyó en una amenaza cumplida contra la seguridad nacional, ocasionando un vacío de poder que prácticamente excluyó por años la región del dominio estatal.
1.3.3 El trasvase de la violencia en Colombia
Esta es una amenaza compleja porque combina la probable penetración de grupos insurgentes colombianos con el trasvase del narcotráfico ante las operaciones desarrolladas en ejecución del "Plan Colombia", no descartando que además pueda surgir un conflicto entre ambos países por causa de la presencia de agentes violentistas o de fuerzas militares colombianas en las islas fronterizas del río Amazonas cuyo estatuto nacional se encuentra en proceso de definición.
Como ya ha ocurrido y ocurre en territorios fronterizos de Ecuador, Panamá y Brasil, es elevada la posibilidad de que insurgentes y narcotraficantes, en la misma entidad o por separado, rebasen las fronteras en busca de refugio o de seguridad para proseguir sus actividades
Desde 1989 grupos de individuos armados, en algunos casos probadamente integrantes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), y en algunos otros casos presuntos integrantes de esta organización, o bien de grupos paramilitares, desarrollan actividades en la zona fronteriza peruano-colombiana y aún en territorio peruano, afectando nuestra seguridad nacional. Estas actividades se producen en distintos lugares ubicados a lo largo de toda la línea de frontera, con mayor incidencia en las áreas fronterizas de los puestos de vigilancia de fronteras o de los asentamientos peruanos de Campuya, Puerto Arturo, Subteniente García-Río Gueppí, El Estrecho, Teniente Berggerie, El Remanso y Yahuas.
La presencia de irregulares armados procedentes de Colombia, en la zona fronteriza y aún en territorio peruano, se produce configurando un patrón de tres fases. De 1989 a 1996: hostigamiento y ataque a puestos de vigilancia fronteriza de Perú; de 1996 a 1998: presencia de actividades FARC o paramilitares en el territorio colombiano contiguo a la línea de frontera con Perú; de 1999 a la actualidad, presencia de grupos armados de las FARC en actividades de inteligencia, reconocimiento y aprovisionamiento, en territorio peruano, e incremento de presencia así como mayor actividad armada contra Fuerzas Militares y Policía Nacional de Colombia en puestos de vigilancia de fronteras y localidades de línea de frontera.
El comportamiento de los grupos armados insurgentes colombianos en territorio peruano muestra que, tendencialmente, tratan desde 1999, de explorar posibilidades de refugio, aprovisionamiento o espacio para actividades de narcotráfico.
Puesto que la ejecución del "Plan Colombia" privilegia acciones en el departamento colombiano de Putumayo, contiguo a la zona peruana de Gueppí, y considerando que en ese departamento existen muy significativas actividades del narcotráfico y una importante fuerza de las FARC vinculada al delito, que son fuertemente afectadas por las acciones militares y policiales anexas a la erradicación de cultivos ilícitos, es probable que grupos armados de las FARC se vean en la necesidad de ingresar a territorio peruano, directamente o a través del curso del río Napo por Ecuador, replegándose ante la ofensiva estatal colombiana, no descartándose que asimismo aprovechen nuestro territorio en función de sus necesidades o intereses de establecer zonas de descanso, de refugio y/o de aprovisionamiento para sus combatientes en poblados ribereños de los ríos Putumayo y Napo.
Podrían pretender también establecer la vía fluvial para el traslado de materiales y equipos para elaboración de drogas hacia Brasil si, como es previsible, se complica para sus intereses la situación en el departamento colombiano de Putumayo; e inclusive aprovechar el status binacional del río Putumayo para la realización de movimientos fluviales de grupos armados sin ser afectados por la vigilancia.
Aún podrían intentar el establecimiento de zonas de procesamiento de drogas en territorio peruano utilizando el sistema vial compuesto por los ríos Angusilla, Campuya, Napo, Algodón, Yaguas, entre otros que son afluentes meridionales del río Putumayo, y por las trochas de penetración a territorio peruano que son: Puerto Arturo (río Putumayo) – Copal Urco (río Napo), Flor de Agosto (Río Putumayo) – Vidal (Río Napo), Teniente Berggerie (río Putumayo) – Pijuayal (río Amazonas).
Finalmente podrían intentar el aprovechamiento del diferendo demarcatorio peruano-colombiano en las denominadas "islas emergentes" del segmento fronterizo del río Amazonas, tratando de instituir allí una "tierra de nadie" cuyo vacío político-jurídico sea explotable a favor de sus intereses, lo que podría generar un conflicto diplomático entre ambos países.
La complejidad del problema de seguridad nacional generado por el "Plan Colombia", que en buena cuenta ha internacionalizado el conflicto interno colombiano, ha exigido que los países limítrofes refuercen previsora y significativamente sus dispositivos militares de frontera.
En Ecuador se ha establecido un "plan de contención" afrontando la contingencia de un desborde del narcotráfico y de insurgentes, así como de población desplazada que puede encubrir a unos y otros, procedentes de Colombia. Es así como su gobierno ha dispuesto un gran reforzamiento del dispositivo militar fronterizo, adelantando una división de Ejército hacia Sucumbios y una brigada hacia Loja, enviando a la zona fronteriza unidades de fuerzas especiales y creando un nuevo agrupamiento de Fuerza Terrestre en Esmeraldas.
En Brasil el gobierno ha reforzado la presencia militar en la frontera con Colombia para evitar que el conflicto interno de esa nación pueda trasladarse a la región amazónica contigua; y ha instalado un "Comando de Administración de Crisis" en la ciudad amazónica de Tabatinga (vecina de la localidad colombiana de Leticia y de la localidad peruana de Ramón Castilla), con representantes de los ministerios de Defensa y de Relaciones Exteriores, así como del Ejército, la Fuerza Aérea, la Policía Federal y los servicios de información militar. Asimismo, para reforzar la vigilancia fronteriza, el ejército brasileño ha anticipado la compra de equipo contra-insurgente y la policía federal ha elaborado el plan "Operación Cobra", que contempla la instalación de puestos de control en siete municipios de la frontera con Colombia.
Por su parte, Venezuela y Panamá han incrementado el efectivo y equipamiento de sus fuerzas armadas y guardias de frontera, respectivamente, emplazadas en la frontera con Colombia.
No por espíritu de emulación sino por atender a la clara amenaza contra nuestra seguridad nacional, derivada de la ejecución del "Plan Colombia", el Perú debiera superar las limitaciones presupuestales del sector Defensa que al presente, según expresiones del anterior ministro, general Walter Ledesma, obstaculizan alcanzar el nivel adecuado de fuerza y despliegue militar en relación a la magnitud de las amenazas que provienen de la crisis interna colombiana en el área de frontera con el Putumayo.
- Amenazas activas a la seguridad nacional del Perú
- Amenazas latentes a la seguridad nacional del Perú
En su ensayo sobre fuerzas armadas y democracia Fernando Rospigliosi ilustra bien la corriente de pensamiento militar y civil asociado en el Perú que en el primer quinquenio de la década de 1990 negaba la posibilidad de un conflicto militar entre estados en el subcontinente sudamericano y, por ende, entre el Perú y alguno de sus vecinos. Pero creo que exagera al afirmar que la cúpula militar peruana de entonces adhería a esta posición, ya que es suficientemente conocido que tanto la División de Inteligencia del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas (2ª DIEMFFAA), en el campo militar, como el Servicio de Inteligencia Nacional, en los campos no militares, producían inteligencia estratégica a partir de hipótesis de guerra con Ecuador y, en forma disimulada, con Chile. Esta percepción, insumo determinante del planeamiento estratégico operativo de las fuerzas armadas, se ha mantenido por lo menos hasta 1998 en el SIN y es posible que persista en el CCFFAA. El hecho es que el conflicto bélico del alto Cenepa en 1995 sepultó el optimismo pacifista de algunos y reforzó las prevenciones de otros, justificando en alguna medida el comportamiento del SIN y de la 2ª DIEMFFAA.
Le asiste razón a Rospigliosi cuando sostiene que la superación de los antiguos problemas fronterizos del Perú con Ecuador (1998) y con Chile (1999) no invalida la posibilidad de guerras con estos países limítrofes, ya que los procesos de interdependencia e inclusive de integración económica y cultural que se han abierto con cada uno de dichos vecinos pueden aprovecharse o no.
En efecto, no impiden el surgimiento ulterior de nuevos problemas a partir de las brechas o de defectos en las soluciones encontradas a los antiguos diferendos. Por supuesto, debemos aspirar a que la interdependencia, la cooperación y la buena vecindad eviten la confrontación al punto de la guerra. Pero es bueno recordar que la interdependencia y la cooperación no son panaceas de la paz permanente, ya que el surgimiento de nuevos intereses nacionales podría también conducir a nuevos horizontes de conflicto.
A la luz de los avances en el derecho interno y en el derecho internacional sería liviano e inexacto decir, como antaño algunos ideólogos del Estado, curiosamente ubicados en las antípodas del anarquismo y del fascismo, que la guerra es uno de los principales intereses estatales. Pero salvo excepciones explicables en contextos sociales y jurídicos muy singulares, como Costa Rica y Suiza, los estados no pueden prescindir de preocuparse por la eventualidad de una guerra que los involucre, aún cuando las motivaciones de la misma sean puramente expectaticias. Esta sola previsión justifica la existencia de las fuerzas armadas y de su misión de la defensa externa.
Pero, ¿existe alguna amenaza latente a la seguridad nacional del Perú, procedente de otro estado? Si reiteramos que una amenaza latente es aquella inactiva pero en gestación o ya estructurada, aunque no es todavía manifiesta, no puede descartarse.
Una corriente del pensamiento militar y civil asociado en el Perú, contrapuesta a la que anteriormente se ha aludido, sostiene en forma reservada que dista mucho todavía de consolidarse el acuerdo de paz con Ecuador, que subsiste una tradición cultural hostil al Perú en ese país y que ciertos aspectos del acuerdo de paz, los concernientes a los centros de comercio y navegación cedidos a Ecuador o el kilómetro cuadrado de Tiwinza, son fuentes potenciales de nuevas confrontaciones. En una variante extrema plantea que el desarrollo ecuatoriano de su espacio austral, colindante con el Perú, generará presiones geopolíticas sobre la red fluvial y territorio peruano amazónico, amenazando nuestra integridad territorial.
Considero que estas apreciaciones le deben mucho a la tradicional –y en mi opinión, irreal y caduca- idea del Ecuador como "enemigo metafísico", presentando rasgos de paranoia similares a los implicados en las apreciaciones sobre la supuesta amenazante presencia dominante del Brasil en el espacio amazónico con proyección hacia el océano Pacífico. Pero no puede concluirse, sobre la base de la crítica razonada de los prejuicios que animan estas apreciaciones, negando con anticipación y ausencia de fundamento firme toda posibilidad de amenaza en estos casos.
Creo que las suspicacias al respecto no contribuyen a configurar amenazas latentes en el sentido de estar ya estructuradas pero mantenerse ocultas, aunque no afirmaría categóricamente que las amenazas no puedan gestarse en el futuro. Después de todo, la cooperación y el conflicto son situaciones que coexisten en la relación entre los estados. Coyunturalmente una se superpone al otro o viceversa, derivando, según sea el caso, hacia la integración o hacia la confrontación en procesos que son, por acción o inacción humana, reversibles.
Sólo se necesita un módico análisis para descubrir en el caso de la relación del Perú con los países vecinos que la confrontación bélica es posible en el caso de una escasa o casi inexistente interacción. ¿Es posible en el caso de una interacción intensa? El análisis también descubre que la confrontación bélica es posible en el caso de un diferendo acerca de la identidad territorial nacional, pero, ¿lo es en el caso de conflicto por intereses no territoriales?
1.4.1 La relación con Ecuador
Hasta el segundo decenio del siglo XVIII los dominios políticos que en breve serían Perú y Ecuador tuvieron una tenue interacción estructurada apenas por los procesos de la administración colonial. El conflicto de identidad territorial que siguió al colapso de la Gran Colombia causó la guerra de 1829 y una situación de recurrente hostilidad que demandó, hasta 1998, nueve procesos diplomáticos para resolverla. La tirantez de las relaciones bilaterales determinó la formación de culturas nacionales del encono recíproco y tuvo efecto material en un casi nulo intercambio comercial hasta 1998 inclusive.
Fue un largo período histórico caracterizado por la permanente amenaza de guerra y la sucesión de tres enfrentamientos militares (1941, 1980 y 1995) además de periódicas escaramuzas. Se diría que el recelo producto de la mala memoria y de la recíproca ignorancia de las enormes semejanzas y problemas comunes de ambas naciones era causante del ánimo conflictivo. La confrontación era resultante de una sorprendente deficiencia de ámbitos de interés en los que ambos países pudieran ejercer el juego negociador que se realiza siempre entre la cooperación y la contienda. Lo único que realmente vinculaba al Perú y Ecuador era la enemistad debida a la discrepancia fronteriza innegociable. La guerra era perfectamente posible. Se produjo.
El proceso de integración auspiciado por la firma del acuerdo de paz en 1998 debería superar en el mediano plazo los rasgos inamistosos de las culturas nacionales e incrementar provechosamente los intercambios. Se establecería uno o varios ámbitos de interés común para Perú y Ecuador. Pero es allí, en ese futuro precisamente deseable, donde se aloja latente el germen de amenazas a la seguridad nacional que sin embargo no son fatalidades y pudieran o no manifestarse.
La argumentación de esta tesis sostiene que la comunidad de intereses de los estados no es igual a la identidad de intereses de ellos. Ecuador y Perú pueden tener intereses en común en la integración andina, en el control de los recursos del espacio amazónico, respecto del manejo de los recursos ictiológicos y minerales del dominio marítimo, en el mercado del petróleo, el transporte multimodal transcontinental entre las costas atlántica y pacífica de Sudamérica, la lucha contra el narcotráfico y muchos otros campos. Pero esos intereses en común necesariamente definen también campos de conflicto por la preeminencia de la participación nacional o para obtener ventajas. Es natural que así sea. Se trata de luchas que pueden resolverse en negociaciones donde todas las partes ganan o bien en escenarios del tipo suma cero, que pueden trasladar el conflicto al ámbito de la confrontación en el campo militar y, por tanto, a la guerra.
Por consiguiente, el incremento de los intereses en común de Perú y Ecuador ofrece con toda probabilidad el surgimiento de escenarios de lucha económica, política, diplomática, entre ambos estados. Esta es una perspectiva normal en el contexto internacional. Pero esta perspectiva contiene una disyuntiva concerniente a la solución de esas luchas, puesto que podrían resolverse en nuevas síntesis de intereses en común o podrían derivar en conflictos irresolubles ante los que los estados consideren inevitable el empleo de la fuerza militar para la defensa de sus posiciones o asegurar la vigencia de sus propios intereses, básicamente en función de cuánta insatisfacción y frustración deje como secuela una negociación bien o mal llevada, en el segundo caso sugiriendo a la parte que se considera perjudicada que se activa una amenaza contra su seguridad nacional. La guerra pasa así a considerarse una opción, eventualidad indeseable para la que es mejor estar adecuadamente preparado.
La historia constata que la confrontación bélica entre el Perú y un país vecino como Ecuador ha sido posible en el caso de una escasa o casi inexistente interacción; el análisis anticipa que es también posible en el caso de la interacción intensa en un marco del desarrollo de intereses en común y por defecto de capacidad negociadora para arribar a soluciones integracionistas de las luchas que surgen en el camino.
1.4.2 La relación con Chile
La interacción con Chile muestra la otra tendencia de posibilidad de amenaza a la seguridad nacional del Perú al extremo del conflicto bélico, pues con este país hubo dos confrontaciones militares aún cuando el Perú no tenía con él ningún problema objetivo de identidad territorial y ni siquiera una frontera común. La primera confrontación fue en el decenio de 1830 y en realidad no fue estrictamente una guerra entre ambos países sino la agresión militar chilena al sector político y militar peruano que promovía la confederación peruano-boliviana, agresión que contó con la colaboración de los opositores peruanos de la confederación e incluyó una expedición militar chilena en nuestro territorio nacional. La segunda fue la fatídica "guerra del Pacífico" (1879-1883).
Pero, a diferencia del caso de la relación con Ecuador, que desde 1829 en adelante forja una cultura del encono que alcanza estatuto oficial al punto que en 1865-66 el gobierno ecuatoriano de entonces se negó a contribuir materialmente a la alianza de los otros países sudamericanos ribereños del Pacífico contra las pretensiones neo-coloniales de España, la relación con Chile consintió una eficaz alianza, junto a Bolivia, que rechazó en ese tiempo la agresión española.
Que trece años después los países aliados se empeñaran en una cruenta guerra cuya victoria permitió a Chile aumentar su territorio en una cuarta parte a costa de Bolivia y Perú es un suceso que puede ser interpretado como la materialización de una vieja y oculta ambición territorial chilena o como el resultado de un conflicto de intereses nacionales cuya naturaleza primordial no era territorial pero que devino ese carácter por la naturaleza del bien en disputa.
En realidad es muy difícil coincidir con quienes se esfuerzan en explicar esta "guerra del salitre" como consecuencia inexorable de una remota, aleve y cada vez menos oculta ambición territorial chilena -otra versión de la doctrina del "enemigo metafísico"- aunque es preciso reconocer que ciertas interpretaciones de la conducta de Chile ante la confederación peruano-boliviana abonan a favor de este enfoque. Más realista es la apreciación causal de esta guerra, sobre la que se ha cargado tanta subjetividad, como resultado de un conflicto mal negociado a propósito del surgimiento de intereses nacionales en común desarrollados en el relativamente breve período de doce o quince años, sobre el aprovechamiento comercial de los nitratos de Atacama y Tarapacá.
Como se sabe, esta actividad produjo progresivas fricciones entre los estados, que se agravan hasta el punto de detonar el estado de guerra en circunstancias de extrema ventaja militar para Chile. Un caso típico de materialización de amenaza a la seguridad nacional por superposición de la opción de conflicto a la opción de cooperación en el marco de un escenario que podría haber cursado alternativamente por vías de integración.
La guerra de 1879-83 deja importantes enseñanzas de utilidad para detectar si el futuro de la relación peruano-chilena incuba amenazas a la seguridad nacional de nuestro país. La primera es que el Perú puede tener que afrontar una guerra con un país con el que no tiene ni ha tenido problemas fronterizos y ni siquiera frontera común. La segunda, que la guerra surge no obstante la intensa interacción de los países en un ámbito de intereses en común. La tercera, que el problema que incuba la amenaza a la seguridad nacional y genera la guerra puede surgir, desarrollarse y alcanzar niveles de conflictividad irreversibles en un ambiente de paz, en un lapso relativamente breve de tiempo.
La cuarta, que el problema origen de la guerra no tiene necesariamente el antecedente propicio de una frustración y/o resentimiento nacional que sustente la aparición del fenómeno psicológico de la "deuda de sangre". La quinta, que la iniciativa y decisión de ir a la guerra para dirimir la primacía de intereses nacionales están fuertemente influenciadas por una antecedente posición de ventaja militar (marcada superioridad del poder combativo relativo).
En la actualidad Perú y Chile experimentan una creciente interacción y el desarrollo de intereses en común. Ambos países tienen el común interés de auspiciar y promover la inversión de capitales procedentes de Chile en mercados peruanos. Chile se interesa porque de esta manera aumenta su formación bruta de capital en un mercado ampliado (fuera de su territorio) en tanto paralelamente puede aprovechar la inversión extranjera al interior del país. Perú se interesa porque las inversiones externas ayudan a suplir el déficit histórico de capital que nos afecta.
Pero es preciso reconocer que gran parte de las inversiones de capital procedentes de Chile se han colocado en sectores económicos social y políticamente sensibles: distribución y venta de energía eléctrica y crédito de consumo, por ejemplo, lo que podría generar problemas entre las empresas y los consumidores o usuarios de su oferta, o entre las empresas y entidades reguladoras del estado. En un escenario de sensibilidad (populista o no) del gobierno a demandas sociales adversas a los intereses de las empresas con capital procedente de Chile, o por incurrir éstas en abuso de su posición de dominio en el mercado, podrían surgir situaciones de conflicto que involucren la relación peruano-chilena. Otro es el caso suscitado por los conflictos que podrían surgir a partir de irregularidades subyacentes al asentamiento en el Perú de alguna empresa con capital chileno.
Una tercera posible fuente de conflicto en el ámbito de intereses en común puede surgir por prácticas proteccionistas excepcionales inherentes al mercado chileno ante inversionistas peruanos. No obstante que tecnócratas vinculados al flujo de capitales entre Perú y Chile prefieren creer que es un axioma el postulado lanzado hace algunos años por uno de los gurús del management, según el cual en el mercado internacional "compiten las empresas, no los países", un número creciente de empresarios peruanos constata con frecuencia que en Chile emerge un espíritu nacional, indistintamente corporizado en empresarios y funcionarios estatales, que escuda los intereses de las empresas con el poder del estado y por consiguiente convierte los intereses particulares de los empresarios en intereses nacionales. Cuando de su mercado se trata, Chile compite con el país, no con las empresas.
Esta situación, que naturalmente convoca la germinación de conflictos entre los intereses nacionales, suele materializarse con suma rapidez hasta extremos de animadversión y encono en sus actores. Que hasta ahora no hayan trascendido el nivel del negocio frustrado, básicamente porque las esferas oficiales peruanas no se han involucrado en los casos puntuales, no es garantía de que la misma situación se mantendrá en el futuro, porque la continuidad o el cambio de la actitud oficial peruana depende de la orientación de la subjetividad de decisores y de variables políticas coyunturales, sobre las que no se puede afirmar que no cambiarán al punto de convertir un conflicto de intereses entre una o más empresas peruanas y el establishment chileno en un conflicto entre los correspondientes intereses nacionales. Algo parecido sucedió hace 122 años.
Estos casos, sugerentes como objeto de análisis respecto de Chile, impiden descartar la existencia de una amenaza latente a la seguridad nacional del Perú con origen en conflictos de intereses primero particulares y luego nacionales, para desarrollarse y alcanzar niveles de conflictividad irreversibles en un ambiente de paz, en un lapso relativamente breve de tiempo. Ilustran también que una amenaza latente no tiene necesariamente el antecedente propicio de una frustración y/o resentimiento nacional que sustente la aparición del fenómeno psicológico de la "deuda de sangre", sino que puede originarse y ganar fuerza a partir de situaciones inéditas o novedosas.
Un sector de analistas ocupado en esta temática sostiene que la o las amenazas a la seguridad nacional del Perú, percibidas como procedentes de Chile, se mantendrán en la actual condición de latencia en la medida que el poder relativo combativo de ambos países no muestre una asimetría desestabilizadora. Sin embargo, hay analistas a quienes les preocupa la evolución en el futuro de una marcada brecha en el poder combativo relativo de Perú y Chile, respecto de lo que se especula podría variar la condición de latencia de las amenazas percibidas.
No es un secreto que los intereses nacionales de Chile se han incrementado en función de su crecimiento económico y que entre sus objetivos nacionales se prioriza defender estos intereses, más todavía si pueden contraer riesgos allende las fronteras nacionales. Se justifica en consecuencia que sea política de Chile fortalecer al máximo la protección de tales intereses desarrollando y manteniendo un poder militar que si bien se concibe con intenciones eminentemente disuasivas, debe estar en condiciones de reaccionar violentamente en defensa de esos intereses.
Los militares chilenos consideran que su país no puede considerarse a salvo de amenazas a su seguridad nacional y en la perspectiva de contar con un poder militar eficiente han comprometido al estado en grandes esfuerzos para alcanzar este objetivo. El Ejército avanza en la ejecución del "Plan Alcázar", que le permitirá en el mediano plazo contar con una fuerza moderna y adecuadamente equipada, incluyendo lanzacohetes tácticos Rayo de manufactura nacional y no menos de 400 tanques Leopard con sofisticados sistemas de combate. La Fuerza Aérea completaría hacia el año 2005 una dotación de aviones F-16 con gran capacidad operativa, la provisión de nuevas aeronaves para recarga de combustible en el aire y un nuevo sistema de defensa aérea, a la vez que ha modernizado sus aviones Mirage 50, Mirage 5 y F-5, proyectando su operatividad hasta el año 2015.
Paralelamente las fuerzas armadas de Chile alcanzarán una amplia ventaja regional en su dotación de equipos de guerra electrónica y detección temprana, mientras que su Marina de Guerra construirá desde este año ocho fragatas y dos submarinos del tipo Scorpene. Todas estas adquisiciones confluyen en edificar las condiciones de una neta superioridad de poder combativo chileno hacia 2005-2007, generando elementos de juicio que hacen prever en ese plazo un marcado desequilibrio del poder militar en esta parte del subcontinente sudamericano, subrayando además el fracaso de los entendimientos de las décadas de 1970 y 1980 en pro del desarme regional.
Si bien en mi opinión este incremento del poder militar chileno no configura por sí mismo una amenaza a la seguridad nacional del Perú, la hipótesis de su utilización como instrumento de presión en la eventualidad de un conflicto entre intereses nacionales es una circunstancia de amenaza latente que debe merecer la permanente atención de nuestras fuerzas armadas.
1.4.3 La soberanía nacional sobre el espacio amazónico
Desde el decenio de 1960 algunos entonces afamados "futurólogos" norteamericanos vinculados a círculos de pensamiento estratégico de su país, advirtieron la importancia ulterior que tendría la Amazonia por ser un territorio de reserva para los intereses de desarrollo y defensa "occidentales" en el largo plazo. Sus planteamientos sugirieron tempranamente la conveniencia de estudiar la mejor administración de sus recursos y, considerando la inacción de los estados nacionales con territorios sobre ese ámbito, pues permitían o inclusive promovían la depredación de esos recursos, adelantaron la propuesta de internacionalizar la Amazonia.
La idea no produjo entonces efecto alguno, pero es un tema recurrente en las versiones periódicamente renovadas del pensamiento estratégico norteamericano. Su carencia de fortuna era correlativa a la hegemonía cultural del nacionalismo en las sociedades y estados sudamericanos, que se expresaba en planteamientos de una irrestricta defensa de los "asuntos internos" y de la soberanía de cada país, inesperadamente alentada por la doctrina de "defensa continental" propuesta por Estados Unidos ante la amenaza comunista en el escenario de la "guerra fría". Los regímenes militares que dominaron el escenario sudamericano en los años 70, independientemente de su orientación ideológica reforzaron el nacionalismo imperante. El caso brasileño fue el más destacado.
Pero en la década de 1990 nuevas condiciones mundiales debilitan sensiblemente las ideologías nacionalistas sudamericanas: la globalización y la transnacionalización de amenazas planteadas por el narcotráfico (sobre todo si está asociado a la subversión) y el deterioro del medio ambiente favorecen una revisión de las posiciones estatales y sociales antecedentes, y la cooperación internacional en estos aspectos se convierte en un factor del sentido común.
La creciente actividad del narcotráfico y la depredación de los recursos naturales de la Amazonia fuerzan el reconocimiento de que, siendo transnacionales, superan la capacidad represiva de los estados nacionales y requieren una acción internacional concertada. Pero los Estados Unidos aprovechan la oportunidad para intentar erigirse en líderes de esa concertación, en razón de su disponibilidad de recursos económicos y tecnológicos, impulsando la visión de que la región amazónica alberga en forma creciente todo tipo de acciones ilícitas ante las que los estados carecen de capacidad de control y no pueden impedir que se perjudique potenciales ecológicos necesarios para toda la humanidad.
En perspectiva, este punto de vista alberga la intención de edificar las condiciones adecuadas para establecer una jurisdicción internacional sobre la Amazonia, a partir de intervenciones extra nacionales enarbolando objetivos de preservación de recursos que podrían encubrir las reales intenciones de hegemonizar decisiones sobre el uso del espacio amazónico, su sistema fluvial y recursos hídricos así como energéticos, y lograr el control del germoplasma amazónico que en el futuro puede resultar uno de los más apreciados bienes económicos de la humanidad. En las condiciones de asimetría que rigen la relación entre los estados del sistema internacional, significaría una limitación más o menos importante de la soberanía nacional sobre partes del territorio de los estados amazónicos, lo que ciertamente implica una amenaza latente para nuestra seguridad nacional y sugiere que las fuerzas armadas de los estados amazónicos concierten posiciones para la defensa común de los intereses nacionales al respecto.
* * * * *
Parece incuestionable que los peruanos necesitamos a las fuerzas armadas para que nos defiendan contra la actividad y efectos de cualquier amenaza a nuestra seguridad nacional. ¿Pero solamente las necesitamos para eso? Creo que en la actualidad las fuerzas armadas justifican su existencia no sólo en razón de su misión de defensa sino también, y lo vienen probando desde hace aproximadamente 40 años, en razón de contribuir como agentes muy dinámicos a la integración nacional y territorial y al desarrollo económico y social del país.
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