Consenso universitario para reestructurar al Estado Mexicano (página 2)

Una nueva geoestrategia de inserción en los procesos de regionalización realmente congruente con nuestros intereses nacionales debe orientarse a: 1) potenciar el desarrollo endógeno del país mediante una nueva estrategia de desarrollo; 2) promover el respeto a la soberanía de las naciones, rechazando las condicionalidades; 3) apoyar la multipolaridad en la economía global; 4) participar en procesos de integración basados en la cooperación y la solidaridad. En esta perspectiva, una política de mayor comercio y cooperación para el desarrollo con Asia es algo congruente con el nuevo multipolarismo encabezado por China, y muy recomendable por el gran dinamismo económico y financiero de esa región. Además, hay que voltear hacia nuestra América Latina y ?a la luz de los nuevos esquemas de cooperación económica y financiera que están desarrollándose en la UNASUR y la ALBA-TCP? valorar la viabilidad de una integración regional basada en la cooperación y la solidaridad, que podría convertirse en vía ancha para que nuestra Patria Grande cruce unida los umbrales del desarrollo.

VI

Cómo restablecer la seguridad pública y mejorar la transparencia y la rendición de cuentas

1. Proponemos una política de Estado democrática en seguridad pública que tenga los siguientes cursos de acción: 1) golpes sistemáticos al nervio financiero y patrimonial del crimen organizado; coordinación eficaz de los órganos de inteligencia financiera para desmantelar empresas criminales y firmas legales ligadas a ellas; 2) generación masiva de empleos permanentes y bien remunerados, sobre todo para los 18 jóvenes y combate estructural a la enorme pobreza y desigualdad; 3) en lugar de mayor gasto en seguridad pública hay que gastar más y mejor en educación, investigación, prevención de consumo de drogas y tratamiento de adictos; 4) programas de fortalecimiento de la cohesión social, apoyo a la "economía del cuidado" en las familias, participación ciudadana y social libre, informada y crítica en la seguridad pública, regulando y apoyando a las policías de barrio y comunitarias; 5) investigación y castigo a todo acto de corrupción para terminar con el alto porcentaje de impunidad de funcionarios y cuerpos del orden coludidos con el crimen organizado, así como para evitar la penetración de dinero del crimen en las campañas electorales; 6) regreso del Ejército a los cuarteles, revertir modificaciones legales que propician un Estado policíaco, focalizar acciones represivas en las organizaciones criminales violentas; 7) fomentar entre los campesinos programas de desarrollo alternativos al cultivo de enervantes, y ensayar modelos regulatorios para la despenalización de cada droga, como ocurre en varias entidades de Estados Unidos con la mariguana; 8) fomentar la participación de la sociedad civil en acciones de seguridad pública y en programas de contraloría social de las instituciones de administración de la justicia.

Nuestra propuesta de seguridad pública se inserta en el concepto de seguridad humana ?hacia el cual confluyen todas las propuestas contenidas en este documento?, entendida como la ausencia de amenazas y miedos que se logra mediante el pleno ejercicio de los derechos humanos (civiles, políticos, económicos, sociales, culturales y ambientales) que otorgan certeza a la opción de vivir con dignidad, justicia y libertad.

2. En materia de rendición de cuentas, trasparencia y acceso a la información proponemos acelerar los procesos de institucionalización y aplicación de los avances legislativos que ha habido en estos temas. Para ello hacemos nuestras las demandas resumidas por treinta organizaciones de la sociedad civil (Alianza Cívica, Centro Prodh y Fundar, entre otras) en el documento "La Sociedad Responde": 1) aprobar los marcos normativos pendientes en materia de transparencia, archivos y datos personales y asegurar suficiencia presupuestaria para su implementación; 2) realizar una investigación independiente, del conflicto de interés del Presidente de la República y del Secretario de Hacienda y Crédito Público; 3) cumplir con el proceso de homologación contable en las entidades federativas; 4) difundir versiones públicas de declaraciones patrimoniales, de interés y de impuestos; 5) cumplir con los compromisos 19 pendientes asumidos por el gobierno federal en el marco de la Alianza para el Gobierno Abierto (AGA); 6) transparentar y regular los gastos en publicidad oficial de los tres ámbitos de gobierno para impedir la censura sutil o indirecta. Además, respecto al Sistema Nacional Anticorrupción recién aprobado por el Congreso proponemos que la siguiente legislatura introduzca estas correcciones: 1) es preciso poner fin a la anacrónica figura del fuero político para los servidores públicos electos que se ha convertido en la garantía de impunidad utilizada por la clase política de nuestro país: mientras el fuero se mantenga no se podrá romper el círculo vicioso de corrupción e impunidad; 2) establecer la obligatoriedad de hacer públicas las declaraciones patrimonial y de intereses de los funcionarios públicos electos y designados.

VII

Hacer realidad el estado de derecho y construir la democracia en México

1. Hacer realidad el estado de derecho. México es parte de los pactos internacionales sobre los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales; es parte de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; y ha suscrito y ratificado todas las convenciones que se han construido sobre estas materias en el ámbito de las Naciones Unidas. Pero, sobre todo, México es uno de los países que ha incorporado a su derecho interno ?en nuestra Constitución? los más importantes compromisos a favor de los derechos fundamentales.

Sin embargo, el México real dista enormemente de calificar como estado de derecho. No obstante que ha ganado autonomía, el Poder Judicial de la Federación no ha mejorado sus métodos para la impartición de justicia y los ejecutivos federal, estatales y municipales no cumplen eficazmente sus responsabilidades en materia de persecución del delito, todo lo cual da por resultado un estado generalizado de impunidad, que frecuentemente tiene como origen la corrupción que ha penetrado en los tres poderes de la unión y en los tres niveles de gobierno.

¡¡Sí se puede escapar del trinomio perverso de indolencia, corrupción e impunidad!! Profundas crisis nacionales como la que hoy padece México han obligado a muchos países a realizar grandes reformas que los han transformado en ejemplares naciones democráticas con robustos estados de derecho.

Ningún país vino al mundo libre de corrupción y con instituciones públicas eficientes y democráticas. Todavía en el siglo XVIII todas las naciones-estado de 20 Europa eran gobernadas por funcionarios ineficientes y corruptos que hacían fortunas al amparo del poder público (mediante el cohecho, los contratos con "moche" y el robo del erario público). Pero en el curso del siglo XIX lograron establecer instituciones públicas eficientes, funcionales y democráticas. Lo mismo han hecho los países de nueva industrialización, que transitaron de sistemas políticos corruptos y basados en el clientelismo, a sistemas políticos eficientes y democráticos. Por eso proponemos:

2. Construir la democracia en México, cuyas instituciones y prácticas fundamentales son: en primer lugar, la realización de elecciones verdaderamente libres, equitativas y transparentes —como institución nodal de la democracia representativa— que permite el arbitraje directo de los electores sobre la eficacia de los programas de gobierno y la eficiencia de los servidores públicos; en segundo lugar, establecer un verdadero servicio civil de carrera, cuyos rasgos fundamentales son: un sistema transparente de acceso a los cargos públicos basado en la calificación profesional (mediante concursos abiertos) y no en el favoritismo, un régimen de ascensos dentro de la estructura jerárquica basado también en los méritos, y una remuneración suficiente (pero no excesiva) correspondiente a la calificación profesional; en tercer lugar, la experiencia internacional indica que la eficiencia del Estado resulta mayor cuanto más efectivo es el sistema de pesos y contrapesos, cuyo componente primordial estriba en la auténtica separación de los poderes (legislativo, judicial y ejecutivo); en cuarto lugar, un sistema efectivo de rendición de cuentas, transparencia y auditoria social en todos los ámbitos de gobierno es crucial para asegurar la probidad de los funcionarios y la erradicación de la corrupción y la impunidad; en quinto lugar, la existencia de medios masivos de comunicación independientes, plurales y en auténtico régimen de libre competencia ?versus las estructuras mediáticas duopólicas u oligopólicas? contribuye de manera relevante a la vigilancia de los poderes del Estado; en sexto lugar, la gestión autónoma y democrática de los asuntos locales —por los gobiernos estatales y municipales— eleva la eficiencia general del sistema; en séptimo lugar, las instituciones funcionan mejor cuanto más amplios son los cauces de expresión y participación directa de la ciudadanía en las decisiones públicas (referéndums, iniciativas ciudadanas, etc). Tratándose de programas específicos o comunitarios, se consigue mayor eficiencia mediante la participación directa de los beneficiarios en su definición, ejecución y supervisión (consejos gestores, presupuestos participativos, etc). 21  

VIII

¡¡ Sí se puede!! Caminos al desarrollo y al estado de bienestar

 1. Subir por la escalera. Todos los países hoy desarrollados ?comenzando por Inglaterra, y posteriormente Estados Unidos, Alemania, Japón, etcétera? basaron sus estrategias de industrialización en la protección de sus mercados internos y en robustas políticas industriales y de innovación. Pero después de que cada uno de ellos alcanzó la cumbre de la industrialización, predicó el fundamentalismo de mercado (la fe ciega en el libre comercio y en la mano invisible del mercado para asignar eficientemente los recursos), intentando así "retirar la escalera por la cual había trepado para impedir a otros trepar tras él" (F. List, economista alemán). No obstante, los países que se han industrializado después (Corea del Sur, Taiwán, etcétera) no hicieron caso a las prédicas del fundamentalismo de mercado y subieron por la misma escalera del comercio administrado y de las políticas industriales y de innovación. Más recientemente, las exitosas economías emergentes (China, India, etc.) tampoco han asumido la ideología de la infalible mano invisible del mercado, sino que han aplicado políticas comerciales, industriales y de innovación orientadas a la generación de capacidades competitivas, utilizando la misma escalera que conduce al desarrollo. La opción de México es obvia.

 2. Romper nuestra trampa de inequidad. La existencia de un sistema incapaz de reducir la pobreza y la desigualdad se perpetúa por la desigualdad de representación política que conduce al establecimiento de instituciones que favorecen sistemáticamente a quienes más tienen. Sin embargo, la historia universal muestra que es factible romper estos círculos viciosos de desigualdad mediante la construcción de amplias coaliciones de fuerzas sociales y políticas. Por ejemplo, hasta comienzos del siglo XX los países europeos hoy desarrollados tenían elevados niveles de desigualdad, pero en el transcurso de dos décadas lograron reducir drásticamente la desigualdad mediante el establecimiento de generosos estados de bienestar basados en impuestos progresivos sobre el ingreso, que fueron promovidos por una oleada de alianzas de fuerzas políticas y sociales comprometidas con el desarrollo incluyente y la democracia de calidad. Todavía en 1960, cuando estos países habían ya consolidado sus estados de bienestar, su PIB per cápita medido en dólares constantes de 1990 corregidos a paridad de poder adquisitivo (PPA) era similar al que México tiene ahora (el de Finlandia era de 6,230 dólares PPA de 1990; el de Francia, de 7,398; el de Alemania, de 7,705; el del Reino Unido, de 8,645; mientras que el PIB per cápita de México en 2008 fue de 7,979 dólares

22 PPA de 1990), pero al romper sus trampas de inequidad esos países abrieron los cauces de un desarrollo económico más acelerado mediante un mercado interno muy dinámico, una población con mayor escolaridad, más saludable y socialmente cohesionada. Lo mismo han hecho los demás países hoy desarrollados, incluidos los de nueva industrialización, como Corea del Sur que logró romper su trampa de inequidad a través de una singular coalición de fuerzas políticas y sociales pro-bienestar que se montó en la ola de la democratización.

 3. Transitar a una estrategia posneoliberal de desarrollo. En nuestra propia América Latina está comprobado que sí se puede. Por ejemplo, cuando Néstor Kirchner llegó a la presidencia de Argentina impulsado por una amplia coalición de fuerzas políticas y sociales, encontró a su país hundido en una profunda crisis: el PIB había caído 16.5% en 2002, la deuda externa representaba el 152.7% del PIB; la pobreza había saltado del 23.7% en 1999 al 45.4% en 2002; etcétera. Pero Argentina se levantó como por arte de magia mediante dos decisiones soberanas impulsadas por la coalición encabezada por Kirchner: 1) salvar al país primero y después servir la deuda externa, previa renegociación; 2) pasar a una estrategia económica posneoliberal, que incluyó un amplio programa de obras públicas, una política de tipo de cambio real competitivo, la conversión del mercado interno en motor del desarrollo vía aumento del empleo genuino y del salario real, un significativo incremento del gasto social, y un presupuesto estructuralmente equilibrado mediante el aumento de la recaudación "allí donde hay real capacidad contributiva". Con esta estrategia el PIB argentino, medido en dólares constantes corregidos a paridad de poder adquisitivo (PPA), creció a tasa media de 5.7% anual durante el periodo 2003-2014, y el PIB per cápita creció a una tasa de 4.5% anual, con un crecimiento acumulado per cápita de 68.9% en dicho lapso; los salarios mínimos reales (medidos en dólares constantes PPA, de acuerdo con cifras de la OIT), aumentaron 237.6% durante el periodo 2003-2013, y los salarios medios reales subieron 104%; la pobreza (según cifras de CEPAL) disminuyó del 45.4% de la población en 2002, al 4.7% en 2013, y la indigencia se redujo del 20.9% en 2002 al 1.4%. Fue el premio a la soberanía económica, a la audacia y la iniciativa histórica.

 Poco después de iniciada la experiencia argentina, una amplia coalición de fuerzas políticas y sociales llevó a la presidencia de Uruguay a Tabaré Vázquez en 2005, quien fue sucedido en 2010 por José Mujica y éste nuevamente por Tabaré en 2015. En sus primeros diez años de gobierno posneoliberal, el PIB de Uruguay creció a 23 una tasa media del 5.4% anual, y el PIB per cápita creció a una tasa de 5.1% anual, con un crecimiento acumulado per cápita de 64% en el periodo 2005-2014; los salarios mínimos reales (medidos en dólares constantes PPA, de acuerdo con la OIT) crecieron 230.8% durante el periodo 2005-2013, y los salarios medios reales crecieron 56.5%; la pobreza se redujo del 39.9% de la población en 2004, al 11.5% en 2013; y la indigencia disminuyó del 4.7% a 0.9%. Durante esta misma década, amplias coaliciones de fuerzas sociales y políticas con programas posneoliberales de desarrollo han triunfado también en Bolivia, Ecuador, Chile y otros países de América Latina, reconfirmando que ¡¡sí se puede!!

Este es nuestro reto: reconstruir conscientemente la autoestima del pueblo mexicano, la confianza en nosotros mismos, la seguridad plena de que podemos forjar un futuro mejor mediante una amplia coalición de fuerzas sociales y políticas para la reconstrucción de nuestra nación.

Firmantes: John Ackerman (UNAM), Genaro Aguilar (IPN), Luis Aguirre Villaseñor (UAAAN), Sergio Aguayo Quezada (COLMEX), Adolfo Álvarez Macías (UAM-X), Nora C. Ampudia (U. Panamericana), Ana María Aragonés (UNAM), Luis Alejandro Astorga (UNAM), Marcela Astudillo Moya (UNAM), Abelardo Ávila Curiel (INCMN), Patricia Ávila García (UNAM), Alberto Aziz Nassif (CIESAS), Oscar Báez Soto (INACIPE), Carlos Barba (UDG), Hilario Barcelata (UV), Gerardo Bazán (UNAM), Graciela Bensusán (UAM), Ilán Bizberg (COLMEX), Guillermo Boils (UNAM), Julio Boltvinik (COLMEX), Alfonso Bouzas (UNAM), José Luis Caballero Ochoa (UIA), Luis Fernando Cabrera (UQROO), José Luis Calva (UNAM), Manuel Canto Chac (UAM), Jesús Cantú Escalante (ITESM), Mario Capdevielle (UAM-X), María Elena Cardero (UNAM), Mónica Casalet Ravenna (FLACSO), Juan Castaingts Teillery (UAM-I), Carola Conde Bonfil (UAM), María Martha Collignon-Goribar (ITESO), Romer Cornejo (COLMEX), Leonel Corona Treviño (UNAM), René Coulomb (UAM), José Antonio Crespo (CIDE), Moritz Alberto Cruz (UNAM), Fortunato Cuamatzin (BUAP), Gonzalo Chapela (UACH), José Luis de la Cruz (ITESM), Orlando Delgado Selley (UACM), Enrique de la Garza (UAM), Guillermo de la Peña (CIESAS), Axel Didriksson (UNAM), Enrique Dussel Peters (UNAM), Gabriela Dutrénit (UAM-X), Roberto Eibenschutz (UAM), Carlos Encinas Ferrer (UdelaSalle), Mildred Espíndola (UNAM), Alejandro Espinosa (INIFAP), José Luis Estrada (UAM), Enrique G. Gallegos (UAM), Mónica Gambrill (UNAM), Alba Gámez Vázquez (UABCS), Rodolfo García del Castillo (CIDE), Carlos Gay (UNAM), Antonio Gazól (UNAM), Gabriel Gómez Ochoa (UNAM), Laura Gómez Tovar (UACH), Arturo Guillén Romo (UAM-I), Héctor Guillén Romo (U. Paris), Carlota Guzmán Gómez 24

 (CRIM-UNAM), Oscar Misael Hernández (COLEF), Plinio Hernández Barriga (UMICH), María del Carmen Hernández Moreno (CIAD), Luis Alfonso Herrera (UACJ), Gerardo Huber Bernal (UABC), Alfonso Iracheta (CMQ), Jorge Marcial Islas Samperio (UNAM), Antonina Ivanova (UABCS), Raúl Jiménez Guillén (UATx), René Jiménez Ornelas (UNAM), Omar Jiménez Sandoval (ITESM), Gloria de la Luz Juárez (UAM), Armando Kuri Gaytán (UNAM), Blanca Esthela Lara Enríquez (COLSON), Jesús Lechuga Montenegro (UAM), Carlos Lemus (CRIM-UNAM), Noemí Levy Orlik (UNAM), Teresa S. López (UNAM), Jorge López Arévalo (UNACH), Gerardo López Cervantes (UAS), Julio López Gallardo (UNAM), Emilio López Gámez (UAM), Ignacio Llamas Huitrón (UAM), Jesús Manuel Macías (CIESAS), Guadalupe Mántey (UNAM), María Irma Manrique Campos (UNAM), Carlos Marichal (COLMEX), Héctor Marín (UJED), Manuel Martín Castillo (UADY), María Antonieta Martín Granados (UNAM), Rogelio Martínez Aguilar (UIA), René D. Martínez B. (UNAM), Regina Martínez Casas (CIESAS), David Martínez Mendizabal (UIA León), Yolanda Massieu Trigo (UAM), Adolfo Mejía Ponce de León (IPN), Mónica Mimbrera (UNAM), Georgel Moctezuma López (INIFAP), Raúl Molina Salazar (UAM), José A. Moreno Mena (UABC), César Lenin Navarro (UMICH), Emma Liliana Navarrete (CQM), Alberto Olvera (UV), Gerardo Ordóñez (COLEF), Luis Ángel Ortiz Palacios (UNAM), Javier Orozco Alvarado (UDG), Úrsula Oswald (UNAM), Pedro José Peñaloza (UNAM), Mario Iván Patiño Rodríguez Malpica (UIA-León), Ruperto Patiño Manffer (UNAM), Enrique Pino Hidalgo (UAM), Rosa María Piñón Antillón (UNAM), Leobardo Plata Pérez (UASLP), Emilio Pradilla Cobos (UAM), Jaime Antonio Preciado (UDG), Enrique Provencio (UNAM), Luis Quintana (UNAM), Víctor M. Quintana (UACJ), Blanca Rebeca Ramírez (UAM), Eduardo Ramírez Cedillo (UNAM), Gerardo Reyes Guzmán (UIA), Isabel Reyes Lagunes (UNAM), Héctor Robles Berlanga (UAM), Hipólito Rodríguez (CIESAS), Víctor Rodríguez Padilla (UNAM), Ximena Roncal Vattuone (BUAP), Carlos Rozo (UAM), César Salazar (UNAM), Jorge Alonso Sánchez (CIESAS), Adolfo Sánchez Almanza (UNAM), Alejandro Sánchez Vélez (UACH), Pablo Sandoval Cabrera (UDG), José Antonio Serratos Hernández (UACM), Marisol Silva Laya (UIA), Aníbal Terrones Cordero (UAEH), Darcy Tetreault Webber (UAZ), Felipe Torres Torres (UNAM), Juan de Dios Trujillo (UAS), Antonio Turrent (INIFAP), Manuel Ulloa Herrero (UNAM), Maritza Urteaga (INAH), Carlos Uscanga (UNAM), Enrique Valencia Lomelí (UDG), Daniel Villafuerte (UNICACH), Nicolás Guadalupe Zúñiga Espinoza (UAS)… Se recibirán más firmas.

Comisión Redactora: Abelardo Ávila Curiel (INCMN), Alberto Aziz Nassif (CIESAS), Carlos Barba (UDG), Hilario Barcelata (UV), Julio Boltvinik (COLMEX), José Luis Calva (UNAM), Manuel Canto Chac (UAM-X), Orlando Delgado Selley 25

 (UACM), Rodolfo García Zamora (UAZ), Gabriel Gómez Ochoa (UNAM), Alfonso Iracheta (CMQ), Omar Jiménez Sandoval (ITESM), Armando Kuri Gaytán (UNAM), Carlos Lemus (CRIM-UNAM), Carlos Marichal (COLMEX), Mónica Mimbrera (UNAM), Alberto Olvera (UV), Ruperto Patiño Manffer (UNAM), Enrique Pino Hidalgo (UAM-I), Enrique Provencio (UNAM), Víctor M. Quintana (UACJ), Víctor Rodríguez Padilla (UNAM), César Salazar (UNAM), Pablo Sandoval Cabrera (UDG), Marisol Silva Laya (UIA), Juan de Dios Trujillo (UAS), Antonio Turrent (INIFAP), Enrique Valencia Lomelí (UDG).

Coordinador: José Luis Calva (UNAM)

NOTAS

* El Consejo Nacional de Universitarios por una Nueva Estrategia de Desarrollo fue fundado en noviembre de 2010 con tres objetivos:

"Primero: conjuntar nuestros esfuerzos para formular desde una perspectiva universitaria un sistema integral de propuestas viables de políticas públicas capaces de superar el pobre y errático desempeño mostrado por la economía mexicana durante las últimas décadas, fortalecer la cohesión social de nuestra nación y abrir los cauces de un desarrollo sustentable, incluyente, equitativo y democrático.

"Segundo: contribuir de manera organizada a la formación de la conciencia ciudadana sobre la apremiante necesidad de que nuestro país adopte una nueva estrategia de desarrollo.

"Tercero: contribuir a enriquecer el contenido y a elevar la calidad del debate político y social sobre los grandes problemas nacionales.

"Estos objetivos los realizaremos con espíritu de servicio a la nación y visión de Estado, con plena independencia respecto a los partidos políticos." (Véase www.consejonacionaldeuniversitarios.org.mx)

Enviado por:

Ramses Ancira Saba