La Industria Petrolera Moderna
Aunque en la zona del Mar Negro, principalmente Rumania, también se explotaba y refinaba petróleo durante el siglo XIX, fue en Estados Unidos donde adquirió mayor dinamismo y poder la industria petrolera moderna, con el verdadero aprovechamiento de un recurso que indudablemente ha contribuido a la conformación del mundo actual.
Ya desde 1850 Samuel Kier, un boticario de Pittsburg, Pennsylvania, comercializó el aceite negro por vez primera bajo el nombre de "aceite de roca" o petróleo. La técnica de perforar pozos y extraer petróleo por bombeo se inauguró también en Pennsylvania, con Edwin Drake, propietario del primer pozo que se explotó en forma industrial en 1859. Esta iniciativa fue seguida por John D. Rockefeller, quien creó un poderoso imperio petrolero: la Standard Oil Co, nacida el 2 de enero de 1882 llegó a controlar unas 40 empresas dedicadas al transporte y refinación de petróleo. En 1897, se crea la Standard Oil of New Jersey, y luego, con el nombre de Exxon, pasó a ser la compañía petrolera más importante del mundo. Posteriormente, en 1911, de esta empresa se van a desprender tres de las que más tarde serían parte del Cártel conocido como Las 7 hermanas: la Standard Oil of New Jersey, ya mencionada; la Standard Oil Company of New York (Socony) y la Standard Oil of California (Socal).
Los inicios de la industria petrolera estuvieron ligados fundamentalmente a la iluminación doméstica y urbana y la calefacción. Fue durante el siglo XX, con el desarrollo del motor de combustión interna, que el petróleo adquiere verdadera importancia para la producción industrial misma y el transporte.
Años más tarde se descubrirían yacimientos importantes en Rumania, Polonia, Rusia, las Islas de Sonda y en gran parte de Estados Unidos. Sin embargo, el tiempo demostraría que todos los continentes (excepto la Antártica) poseen yacimientos de petróleo, de mayor o menor importancia.
De la Privatización a la Nacionalización de la Industria Petrolera en Venezuela
En el contexto de los años 70 del pasado siglo XX se producen una serie de hechos geopolíticos de gran trascendencia internacional como por ejemplo, la crisis energética y el fortalecimiento de la OPEP en la defensa del negocio petrolero frente al cartel de las compañías. Ello viene a favorecer una nueva orientación en la política petrolera nacional, expresada en la reforma del Impuesto Sobre la Renta a los fines de aumentar el impuesto sobre los ingresos netos petroleros, la fijación estatal de los precios de exportación del petróleo venezolano, la Ley de Reversión Petrolera (1971), la Ley que Reserva al Estado la Industria del Gas Natural (1971) y la Ley del Mercado Interno de los Hidrocarburos (1973).
Con la promulgación el 30 de julio de 1971 de la Ley de Bienes Afectos a Reversión en las Concesiones de Hidrocarburos, el Estado venezolano se propuso desarrollar las disposiciones constitucionales y las de la entonces vigente Ley de Hidrocarburos de 1943 para que se cumpliera eficientemente la finalidad de que, vencidas las concesiones en 1983, fueran transferidos al Estado los bienes, instalaciones y equipos incorporados a todas las fases de la industria, sin indemnización alguna. Después de promulgada esta Ley se detectaron infracciones relacionadas con el desmantelamiento de instalaciones petroleras y en la reducción del nivel de inversiones en la industria, porque creían tales compañías que el capital invertido en la adquisición de bienes y equipos no serían indemnizados.
Una vez sancionada la Ley empezó a tomar cuerpo la argumentación de emprender en lo inmediato la Nacionalización del petróleo. Es así como el recién electo presidente Carlos Andrés Pérez, aprovechando el nacionalismo en boga, interrumpió el debate sobre los proyectos de Ley introducidos en el Congreso Nacional por el Movimiento Electoral del Pueblo (MEP) y el Partido COPEI, y decide adelantar con una acción ejecutiva la reversión petrolera.
De esta manera, el Ejecutivo Nacional, reunido el 22 de marzo de 1974 en Consejo de Ministros, dictó el Decreto N° 10 cuyo artículo 1 establecía la creación de una Comisión Ad Honorem que tendría por objeto garantizar que el Estado asumiera el control de la industria petrolera.
Para la fecha, y antes que Venezuela, ya habían nacionalizado su petróleo países como México (1938), Indonesia (1965), Argelia (1971), Irak y Libia (1973). Arabia Saudita lo haría en 1979.
El 16 de mayo de 1974 fue instalada la Comisión Presidencial de Reversión Petrolera que debía analizar la posibilidad de rescate inmediato de la industria. Es importante señalar que dicha Comisión estaba integrada por todos los sectores de nuestra sociedad, desde los partidos políticos hasta las universidades.
Con la Ley que Reserva al Estado la Industria y el Comercio de los Hidrocarburos, elaborada por la Comisión Presidencial de la Reversión Petrolera y presentada al Presidente de la República, en acto solemne, el 23 de diciembre de 1974, surgió la esperanza de abrir caminos en la búsqueda de una nacionalización que realmente fuera para el pueblo venezolano, que creara y afianzara la autonomía de decisión.
Paradójicamente, el Ejecutivo Nacional (Carlos Andrés Pérez) formuló e introdujo una modificación sustancial al proyecto original de la Ley (que fue promulgada como la Ley Orgánica el 29 de agosto de 1975, con vigencia desde el 1° de enero de 1976) que desvirtuó la esencia, propósito y razón de ser de una auténtica nacionalización, como la historia reciente lo demuestra.
Ciertamente, el Ejecutivo Nacional incluyó en el artículo 5°, el siguiente contenido:
"En casos especiales y cuando así convenga al interés público, el Ejecutivo Nacional o los referidos entes podrán, en el ejercicio de cualquiera de las señaladas actividades, celebrar convenios de asociación con entes privados, con una participación tal que garantice el control por parte del Estado y con una duración determinada. Para la celebración de tales convenios se requerirá la previa autorización de las Cámaras en sesión conjunta, dentro de las condiciones que fijen, una vez que hayan sido debidamente informadas por el Ejecutivo Nacional de todas las circunstancias pertinentes."
Además, contra lo previsto, el Estado venezolano pasó a indemnizar a las concesionarias por más de cuatro mil trescientos millones de bolívares (Bs. 4.300.000.000), cantidad que superaba los beneficios que ellas pudieran haber alcanzado de continuar operando hasta 1983, fecha prevista para la reversión en las respectivas leyes anteriores. Por otra parte, estas compañías habían ya recuperado varias veces su inversión inicial. El pago de esta indemnización fue "justificado" en el Proyecto de Ley de Nacionalización de la Industria Petrolera en atención al artículo 101 de la Constitución Nacional de esa época.
Un día después de la promulgación de la Ley de Nacionalización es creada Petróleos de Venezuela, S.A. por decreto del Ejecutivo Nacional el 30 de agosto de 1975. Es importante señalar que desde su inició se organizó bajo una estructura casi idéntica a la preexistente.
Amén de la empresa pública nacional CVP fundada en 1960, cada concesionaria privada fue convertida en una filial, con sus respectivos contratos de asistencia técnica y comercialización. Así la Creole pasó a llamarse Lagoven; la Shell, Maraven; la Mobil, Llanoven y otras diez filiales, todas ellas con nombres terminados en "ven". Esta irracional estructura fue defendida argumentando que la nacionalización debería producir la menor alteración en la actividad operativa diaria. La alta gerencia de esas compañías transnacionales pasó a constituir los equipos gerenciales de estas "nuevas" filiales y los equipos técnicos y profesionales se mantuvieron prácticamente inalterados, todo ello bajo el pretexto de que el Estado venezolano desconocía los procesos de comercialización internacional del petróleo y no contaba con la tecnología apropiada para garantizar que la industria siguiera operando con la misma eficiencia.
Así, la actividad petrolera en el país quedó bajo la responsabilidad de Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA), como casa matriz, y sus 14 filiales, pero en realidad quedó en manos de los mismos que habían dominado el negocio petrolero antes de esta "nacionalización". En 1977 se produjo la primera reorganización, reduciendo las filiales operativas de 14 a 7 al absorber las más grandes a las pequeñas. Más tarde ese mismo año se redujeron las filiales a cinco (5). En 1978, a cuatro (4) y en 1986, a tres (3): Lagoven, Maraven y Corpoven. En julio de 1997 se aprobó una nueva reestructuración que eliminó esas filiales y creó tres grandes empresas funcionales de negocios que integraran la corporación: PDVSA Petróleo y Gas; PDVSA Exploración y Producción; PDVSA Manufactura y Mercadeo y PDVSA Servicios, responsables de ejecutar la actividad operativa. Éstas entran en acción desde el 1° de enero de 1998.
En orden de jerarquía, el Ministerio de Energía y Minas ocupaba el más alto nivel y bajo su responsabilidad quedaba definir el lineamiento principal para el sector petrolero. Le seguía en jerarquía PDVSA, la cual supervisa y controla a las operadoras. Finalmente, las filiales se encargan de ejecutar los planes y programas operativos de la industria. Esta estructura, sin embargo, será desconocida por PDVSA, la cual llega a convertirse en el centro principal, y casi exclusivo, del diseño de políticas nacionales en materia petrolera.
En medio de este proceso de disminución del rol del Estado, el petróleo pasó de ser el tema central en el debate político en Venezuela, salvo en coyunturas muy particulares, a estar ausente de la confrontación pública y democrática. Así como a principios del siglo XX las concesiones petroleras fueron el mecanismo de penetración del capital transnacional, la vieja PDVSA se encargó de propiciar las condiciones para una nueva entrega del petróleo y se fue convirtiendo en un enclave, una agencia capturada, al servicio de intereses no nacionales.
La estatal petrolera venezolana se montó desde su surgimiento bajo un esquema que iba en detrimento de nuestra soberanía, con diversas estrategias como la Internacionalización o adquisición de capacidades refineras en el exterior desplegada a principios de los años 80 del pasado siglo y posteriormente en otras que se concibieron bajo la denominada Apertura Petrolera, con la cual se abre puerta franca al capital transnacional en correspondencia con la globalización neoliberal.
¿Qué obtuvo la nación venezolana de PDVSA durante la Apertura Petrolera?
Los aportes de PDVSA al fisco nacional disminuyeron significativamente en los últimos años. En 1981, el ingreso bruto de PDVSA por producción de hidrocarburos alcanzó los 19.7 mil millones de dólares y pagó al Estado por ingresos fiscales un monto de 13.9 mil millones de dólares. En contraste, en 2000 PDVSA obtuvo ingresos brutos por 29.3 mil millones de dólares y canceló al Estado 11.3 mil millones de dólares, Es decir, por cada dólar de ingreso bruto, PDVSA pagó al Estado en 1981, 71 céntimos en rentas, regalías e impuestos y en 2000 solamente 39 céntimos.
Para el año 2000, los ingresos petroleros fueron de 50.000 millones de dólares, de los cuales el Estado venezolano recibió 10.000 millones de dólares (20%) y los restantes 40.000 millones de dólares se gastaron en los denominados costos operativos PDVSA y en la transferencia de la renta petrolera al capital petrolero internacional o al capital privado nacional. Trasladar ganancias al exterior ha sido el verdadero resultado de la internacionalización. Desde 1995 a 2000, PDVSA estuvo traspasando, desde sus cuentas domésticas hacia sus filiales extranjeras, un promedio de 500 millones de dólares anuales en ganancias. Desde que se inició la internacionalización hasta 2000, las filiales extranjeras de PDVSA nunca pagaron dividendos a esta empresa. Estas filiales pagaron dividendos por primera vez en diciembre de 2001, conminadas a ello por el gobierno nacional del presidente Hugo Chávez.
Nuevas leyes
Con la toma de posesión del gobierno de Hugo Rafael Chávez Frías, si bien se ha insistido en que los contratos y acuerdos contraídos por la República serán respetados, y hasta la fecha así ha sido, también se ha anunciado que ellos serán revisados en defensa de los intereses de la Nación. Los tiempos de la Apertura petrolera, en los términos en boga en la década de los 90, afortunadamente han quedado atrás.
Al iniciarse el gobierno de Chávez mantenía su vigencia la ley de 1943 que, conjuntamente con otras leyes promulgadas posteriormente y decisiones como la anteriormente comentada de la Corte Suprema de 1991, conformaban un marco jurídico complejo y no del todo coherente. Esta situación fue modificada con la promulgación de dos instrumentos legales que derogaron toda la legislación previa y crearon un nuevo marco legal. En septiembre de 1999 se publica en Gaceta Oficial la Ley Orgánica de Hidrocarburos Gaseosos y en noviembre de 2001 la Ley Orgánica de Hidrocarburos.
Entre los cambios más importantes que estos instrumentos legales incorporan es la introducción de modificaciones sustanciales a los dispositivos de captura de la renta. La nueva legislación por un lado incrementa la regalía y por el otro equipara los impuestos sobre la renta –tributo a la ganancia– con las restantes actividades económicas en el país. Para el gas el mínimo para la regalía se fijó en 20% y para los hidrocarburos líquidos en 30%. Se procura con ello garantizar un ingreso fiscal más estable, compartiendo los riesgos de precios bajos entre el Estado propietario y la industria petrolera inversionista, de modo que la actividad aguas abajo no sea estimulada a fugarse del país.
La nueva política petrolera
La nueva política petrolera ha mostrado signos inequívocos en la recuperación del papel del Estado en la defensa de los intereses nacionales. Un cambio importante ha sido el desplazamiento del centro de diseño de la política petrolera en el país. Desde la "nacionalización" hasta 1999 ese centro se fue moviendo del ministerio a la alta gerencia de la industria petrolera. Desde 1999 hasta ahora es claro que ese desplazamiento se ha revertido. Es hoy el ministerio del ramo, hoy denominado Ministerio de Energía y Petróleo, el centro para el diseño e implementación de las políticas públicas para esta actividad. Y lo es tanto en el esfuerzo cotidiano por reconquistar esa responsabilidad, como por lo establecido en la nueva legislación que de manera inequívoca le asigna ese papel.
La reforma también se plantea estimular el desarrollo de los factores productivos nacionales. Usar el sector más fuerte de nuestra economía, el petrolero, para el desarrollo de otros. Esta orientación se ha materializado de múltiples maneras. El convenio marco firmado entre PDVSA y la CVG en junio de 2003, las ruedas de negocios con cooperativas y pequeñas y medianas empresas o el estímulo para la creación de cooperativas de servicios o transporte son ejemplos de ello. Ahora más que nunca la corporación tiene como norte el abastecerse, hasta donde ello sea posible, de bienes y servicios producidos en el país.
Además, la recuperación de los precios desde 1999 y la consecuente mejora en la recaudación fiscal, le permitió inicialmente al gobierno mitigar parcialmente la severa crisis económica que venía padeciendo el país desde por lo menos los inicios de la década de los 80. Desde el año 2002 la situación del país ha sido más complicada. Un golpe de Estado en abril de 2002 y cuatro "paros cívicos" ese mismo año fueron manifestación evidente de la aguda turbulencia política vivida. Y la severa crisis política tuvo, no podía ser de otra manera, consecuencias en el terreno económico.
Pero aún en tiempos de dificultades, la política petrolera, por los elevados ingresos fiscales que ahora genera, ha sido sostén fundamental de todo el proyecto del presidente Chávez y las fuerzas que lo apoyan. Esto se acentúa aún más durante el año 2004. Los precios del petróleo en el presupuesto de ese año fueron estimados en 20 dólares por barril, siendo que el precio promedio del año para la cesta venezolana superó los 30 dólares y produjo por ello cuantiosos ingresos. Esto a su vez implicó que los aportes al fisco hayan sido superiores a los inicialmente estimados y que, adicionalmente, la corporación haya podido, de manera directa, tener una participación más activa en planes de inversión planificados por el gobierno. Con parte de esos ingresos extraordinarios, el gobierno nacional actual, comprometido con el interés nacional, ha podido crear tres fideicomisos para la inversión pública. Uno por hasta 2 millardos de dólares para iniciar la construcción de plantas hidro y termo eléctricas en Carabobo, Lara y Mérida; comenzar las obras del Complejo Agroindustrial Azucarero Ezequiel Zamora en Barinas; financiar la puesta en marcha de la nueva línea aérea nacional, Conviasa; e invertir en el sistema de riego Diluvio – El Palmar, en el estado Zulia. Otro fideicomiso de 480 millardos de bolívares esta dirigido a la inversión en desarrollos habitacionales y de infraestructura. Fue ya anunciada la construcción de más de 42 mil viviendas, así como dos tramos de la autopista a Oriente y varios kilómetros de vialidades agrícolas. Para su inversión en proyectos de desarrollo agrícola administrados por el Ministerio de Agricultura y Tierras, fue creado un tercer fideicomiso con un aporte de 1.152 millardos de bolívares.
Adicionalmente y con un presupuesto de 600 millones de dólares, la Gerencia de Desarrollo Social de la nueva PDVSA apalanca financieramente las Misiones educativas, de salud y productivas que viene adelantado el gobierno nacional con fuerza desde inicios de 2003. Esos recursos financian becas de las misiones educativas, aporta recursos para la construcción de módulos de salud de la Misión Barrio Adentro, participan en la Misión Identidad y apoyan la Misión Vuelvan Caras a través de los Núcleos de Desarrollo Endógeno.
Finalmente, importa señalar que la actual política petrolera, además de los medulares objetivos del control estatal de PDVSA y la vinculación, sin comparación, de ésta con su accionista, el pueblo venezolano, ha conquistado, con supremo éxito, otros objetivos, como por ejemplo, la recuperación de los precios del petróleo que se habían situado en 10.5 USD en promedio durante 1998, al punto que durante el año 2004 superaron, en promedio los 30 USD por barril. Asimismo, el gobierno nacional ha podido anotarse una victoria más, en el fortalecimiento de la OPEP, la cual ha pasado a constituirse en un punto sinequanon de su agenda de política exterior. En ese mismo orden de idea conviene destacar la estrategia de Petroamérica, la cual viene progresivamente con sus vectores: Petrocaribe, Petro Sur y Petro Andina, unificando y consolidando paulatinamente a los pueblos de América Latina y el Caribe bajo una nueva visión de integración que es antítesis de la racionalidad del ALCA. Ciertamente, desde el plano energético hemos logrado no sólo unir a Brasil, Argentina, Uruguay y Chile en la estrategia de Petroamérica y Telesur, sino además extendernos a otras áreas bajo el modelo alternativo del ALBA (Alternativa Bolivariana para las América), tras su firma el 14 de diciembre de 2004 con el Estado Cubano en la ciudad de La Habana, en donde PDVSA, en correspondencia con lo pautado en esta declaración y acuerdo, abrió el 28 de abril de 2005 una agencia para atender las solicitudes y negocios que nos demande el Caribe en materia petrolera y energética.
El sabotaje contra la Industria Petrolera Nacional (el paro petrolero).
El acontecimiento más relevante y dramático ocurrido durante toda la historia de la industria petrolera venezolana ha sido sin dudas el sabotaje cometido contra PDVSA entre diciembre del año 2002 y enero de 2003.
El lunes 2 de diciembre de 2002, fuerzas de oposición al gobierno de Hugo Chávez iniciaron una acción política llamada "Paro Cívico Nacional" convocado con el fin de derrocar al primer mandatario nacional.
El 4 de diciembre los canales de televisión y radio del país comenzaron a trasmitir la noticia de la paralización de un tanquero de PDV Marina, el Pilín León, en el canal de navegación del Lago de Maracaibo. Las imágenes mostraban cómo la tripulación de ese barco apoyaba y participaba en la acción opositora. El tanquero permaneció fondeado y bajo el control de la tripulación insurrecta durante diecisiete días y se convirtió en la expresión más clara del compromiso de muchos gerentes, empleados y trabajadores de la vieja PDVSA con la acción de protesta que ya se había convertido claramente en acción de sabotaje.
De allí en adelante, dirigentes de los sindicatos petroleros que habían promovido la paralización de la industria, conjuntamente con representantes de Fedecámaras (la cúpula empresarial venezolana) y de la CTV (la principal central sindical de trabajadores del país) aparecían como voceros e instigadores principales de esta acción insurreccional. Tal como había ocurrido durante el golpe de Estado de abril de 2002, la oposición logró la insólita afiliación de la patronal y los trabajadores para cometer nuevamente actos ilegales y vandálicos contra los poderes establecidos en el país, confiando esta vez, y luego del fracaso del golpe político, en que la desestabilización de la principal fuente de ingresos de Venezuela –la industria petrolera-, terminaría por asfixiar al gobierno nacional y obligaría a la renuncia del presidente Chávez.
Los sucesos del Pilín León demostraron rápidamente que la estrategia se centraba en lograr la paralización del sector petrolero nacional. Siguieron a la tripulación del Pilín León las de los demás tanqueros de PDV Marina, gerentes y operadores de refinerías, empleados y trabajadores de los campos, profesionales y técnicos de las áreas de informática, contratistas de transporte interno de combustibles y derivados, en resumen, personal de distintas áreas con capacidad real para perturbar seriamente el funcionamiento de la principal industria nacional.
Las acciones del sabotaje petrolero consiguieron restringir, entre otras actividades, la producción de combustibles aeronáuticos, gasolina, gasoil, así como el transporte desde los centros de producción o refinación hacia los centros de suministro comercial. Entre otras afectaciones se pueden enunciar las siguientes:
La afectación del suministro a la planta de combustible del Aeropuerto Internacional de Maiquetía, con perjuicio para el funcionamiento de líneas aéreas nacionales e internacionales
Suspensión del suministro de combustible desde las Plantas de Carenero, Guatire y Catia La Mar
El cierre del 90% de las estaciones de servicio en los Estados Aragua, Guárico, Apure y Carabobo.
La suspensión total de la actividad en las Plantas de Yagua y de Barquisimeto, ésta última surtidora de los Estados Yaracuy, Lara y Cojedes
Suspensión de la Planta Guaraguao, con perjuicio para los Estados Anzoátegui, Nueva Esparta y parte de Sucre
Suspensión de la Planta Maturín, con cierre de las estaciones de servicio de los Estados Monagas, Delta Amacuro y Sucre
Suspensión de la Planta de San Tomé, con lesión a la actividad de transporte de alimentos y productos industriales de la región
Mínimo despacho de las Plantas de Puerto Ordaz y Ciudad Bolívar, de la Planta de Bajo Grande surtidora de la costa oriental del Lago de Maracaibo, de la Planta de San Lorenzo, que operó en un 50%, con perjuicio para el suministro de los Estados Zulia, Trujillo y parte de Lara y Falcón
Suspensión total de actividades de la Planta El Vigía, con afectación de los Estados Mérida, Táchira y Apure.
La paralización del buque "Pilín León" y de otros 12 tanqueros pertenecientes a la flota de PDV Marina
La presencia de 11 buques pertenecientes a armadores internacionales fondeados frente a diferentes puertos petroleros del país, lo cual no sólo paraliza el suministro de combustible al mercado interno, sino la venta de crudos y productos para la exportación
La negativa de seis buques tanqueros de terceros a atracar en muelles de PDVSA por considerar que no existe personal calificado en dichas instalaciones.
La producción total de crudo disminuyó en un 68%, tendiendo dicho porcentaje a descender aún más debido a la detención de la producción, a las restricciones de almacenamiento, a la paralización de 29 unidades de compresión en el Lago de Maracaibo y al detenimiento de las actividades del Terminal Lacustre de La Salina por abandono del personal
Paralización total en algunos casos y funcionamiento parcial de las refinerías El Palito, Puerto La Cruz y Paraguaná, así como en las petroquímicas ubicadas en el Tablazo, Morón y José, y casos de personal con hasta 48 horas de trabajo continuo.
Durante diciembre de 2002 y los primeros meses de 2003, el sabotaje petrolero promovido por sectores antinacionales trajo como consecuencia una disminución abrupta de las principales actividades económicas del país y secuelas tanto para la corporación como para la sociedad venezolana. Estudios del Ministerio de Finanzas y el Banco Central de Venezuela señalan los siguientes datos:
El monto de las pérdidas por ventas no realizadas llegó a 14 430 millones de dólares aproximadamente, lo
cual motivó una disminución de un monto cercano a 9 998 millones de dólares en la capacidad contributiva de PDVSA y sus filiales al fisco nacional. Esto limitó la capacidad del Ejecutivo Nacional para la ejecución de sus planes y programas.
El Producto Interno Bruto (PIB) del país registró una caída de 15,8 % durante el cuarto trimestre de 2002, y de 24, 9%, durante el primer trimestre de 2003. En el sector petrolero la caída del PIB fue de 25,9% y 39,3% respectivamente.
Se registró igualmente una contracción en los montos de las Reservas Internacionales en Divisas y del Fondo para la Estabilización Macroeconómica, lo cual obligó al Ejecutivo Nacional, conjuntamente con el Banco Central de Venezuela, a dictar las medidas para establecer un sistema de control de cambios, con el fin de atenuar los efectos negativos sobre la economía nacional.
En términos monetarios, se observó un aumento en el efectivo de 26%, una caída de los depósitos bancarios de 8%, aumento 4,5 puntos porcentuales en la tasa activa y una ampliación del margen de tasas de 4,1 puntos porcentuales.
¿Por qué tantos gerentes, ejecutivos y empleados de PDVSA llegaron a adoptar una actitud saboteadora contra su propia corporación? ¿Por qué pusieron en riesgo el futuro de sus lucrativas carreras profesionales, además de propiciar acciones que tanto le costaron al país?
La causa fundamental del conflicto entre gerentes y ejecutivos de PDVSA con el gobierno de Chávez, expresado por una parte al golpe de Estado de abril de 2002 y por otra en el sabotaje petrolero de diciembre de ese año y enero de 2003, fue la reforma petrolera puesta en marcha por el gobierno. Esta nueva política busca corregir la PDVSA que había logrado convertirse prácticamente en un Estado dentro del Estado, y que había escamoteado al pueblo venezolano, utilizando su enorme capacidad y potencial económico, el rendimiento de su riqueza nacional; la vieja PDVSA, corporación estatal, funcionaba en la práctica como una empresa privada, dirigida por una "meritocracia", término con el cual se conoce a la élite económicamente privilegiada y desconectada de los intereses verdaderamente nacionales que dirigía la Corporación. La vieja PDVSA tenía niveles tan altos de autonomía respecto al Estado venezolano, que era capaz de definir el rumbo de la política petrolera venezolana y emprendía iniciativas propias en las que se priorizaban los intereses de la empresa y se relegaba a segundos niveles los intereses del resto de la sociedad.
También desde los inicios mismos de la industria nacionalizada en 1975 comenzaron las presiones para disminuir la contribución fiscal de la empresa, y este renglón se convirtió en una verdadera "caja negra".
Bajo el argumento de la necesidad cierta de recuperar niveles satisfactorios de reservas probadas, muy menguadas al momento de la nacionalización, se permitió que PDVSA no pagara dividendos a su único accionista (el Estado) por años. Solo la aguda crisis económica de 1994, causada por la más severa crisis financiera del país en toda su historia, forzó al gobierno de ese momento a reclamar por primera vez el pago de esos dividendos.
Diversos mecanismos diseñados y perfeccionados durante el período concesionario para garantizar una adecuada participación del fisco en los ingresos del negocio petrolero fueron desmantelándose. La regalía, por ejemplo, establecida en un sexto como mínimo en la Ley de 1943, pasó a ser un máximo y en algunas asociaciones de la Apertura llegó a fijarse en 1%.
Los Valores Fiscales de Exportación, que servían como instrumento de tributación indirecta en momentos de ganancias excesivas por los elevados precios del petróleo en el mercado internacional, fueron, por presión de la corporación, eliminados. Cuantiosas inversiones en el exterior, con muy escaso control por parte del Ejecutivo y con dividendos inexistentes, elevaron los costos en demasía, reduciendo de esta manera el aporte tributario. Todo ello redundó en una significativa merma de la participación fiscal en el negocio petrolero venezolano.
Durante la Apertura, y contrariando toda la experiencia previa, en Venezuela se avanzó hacia un régimen fiscal más liberal donde el concepto de propiedad nacional y soberana del recurso tendió a debilitarse y con ello el derecho del Estado a reclamar parte importante de la renta como justa compensación y derecho natural al ser el accionista principal. Los regímenes fiscales liberales, como el aplicado en este caso, tienden a disminuir la importancia del Estado como propietario y a considerar el recurso natural como libre, sobre el que no hay, o se procura minimizarlos, derechos de compensación por su explotación.
Aunque no siempre de manera abierta, la reforma petrolera en marcha ha ocupado un lugar central de la aguda confrontación política reciente. El golpe de Estado de abril de 2002, con el derrocamiento del gobierno por 48 horas, y el paro petrolero de diciembre 2002 y enero 2003, lo mostró con palmaria nitidez. El gobierno de facto de abril de 2002 no llegó a nombrar su gabinete completo, pero sí fue designado un nuevo presidente de PDVSA, el general Guaicaipuro Lameda, quien había sido removido del mismo cargo en febrero, por oponerse a la Ley de Hidrocarburos recién promulgada; durante las escasas horas que duró el gobierno de facto, esa ley fue derogada por decreto; igualmente, el acuerdo bilateral de suministro de petróleo a Cuba fue suspendido. El golpe de abril de 2002 fue la culminación de un paro cívico en apoyo al conflicto de la gerencia petrolera contra el gobierno y la paralización de la industria llevada a cabo en diciembre-enero de ese mismo año tuvo como objetivo explícito el derrocamiento del Presidente Chávez. Esa acción golpista fue derrotada gracias al esfuerzo de los trabajadores patriotas que se mantuvieron activos, la incorporación de personal jubilado y la movilización de fuerzas militares y sectores populares en defensa de una empresa que consideraron vital para nuestro futuro como nación independiente.
La mayor resistencia al proceso de cambios impulsado por el gobierno nacional actual, hasta enero de 2003, vino de la gerencia de la propia industria. La derrota por ella sufrida ha permitido la reorganización de la nueva PDVSA. Esta reorganización está convirtiéndola, de la más encarnizada opositora a tal proceso de cambios, a su principal aliada. La participación activa de la corporación desde la finalización del paro en los planes de desarrollo en marcha apunta claramente en esa dirección. La actividad petrolera fue medular para la sociedad venezolana durante buena parte del siglo XX y todo parece indicar que lo seguirá siendo a lo largo de este siglo. De allí que la definición de los rumbos y las orientaciones para este vital sector debe ser preocupación de todos.
La auténtica nacionalización
La defensa de la Soberanía Nacional es uno de los pilares fundamentales de la política petrolera nacional desplegada por el Gobierno de Venezuela.
Esta línea estratégica, orientada a concretar una auténtica nacionalización petrolera, pasa por la reafirmación de la propiedad de los hidrocarburos que se encuentran en el subsuelo de la nación y el rescate del control de la actividad petrolera, tanto desde el punto de vista del régimen tributario y legal como en el total dominio de la industria petrolera nacional.
Desde este enfoque, el 10 de octubre de 2004, en el programa Aló Presidente transmitido desde la Refinería de Puerto la Cruz, el Presidente de la República, Hugo Chávez, anunció un nuevo impulso a la política petrolera nacional para entrar en una fase de "Plena Soberanía Petrolera".
El inicio de la primera etapa de la verdadera nacionalización petrolera lo ubicó Chávez en enero de 2003, con la derrota de la conspiración petrolera y la recuperación de PDVSA, con la cual el pueblo venezolano inició la reversión del proceso de entrega total de la soberanía petrolera que vino con la Ley que Reserva al Estado la Industria y Comercio de los Hidrocarburos, a partir de la cual la empresa petrolera estatal se alejó de los intereses nacionales y respondió a los intereses capitalistas.
Esta nueva etapa de rescate de la Soberanía Petrolera consiste en deshacer los entuertos heredados de aquella vieja PDVSA entreguista, apátrida y controlada por intereses transnacionales. "Poco a poco vamos a corregir desviaciones, desactivar mecanismos de dominación que fueron instalados desde hace mucho tiempo y todavía están allí. Vamos a comenzar a desactivarlos para recuperar la Plena Soberanía Petrolera", anunció Chávez.
La nueva fase de Plena Soberanía comprende la revisión y el ajuste al marco de la ley de los malos negocios que se dieron en el marco de la llamada Apertura Petrolera en los años 90, entre ellos los Convenios Operativos, las Asociaciones Estratégicas, y la Internacionalización de PDVSA, los cuales apuntaron hacia la privatización a destajo de la industria petrolera venezolana, y significaron grandes pérdidas para el país y por ende para el Pueblo Venezolano.
Estas acciones de revisión y reversión están contempladas en el Plan de Desarrollo Económico y social de la Nación 2001-2007 en el cual el Gobierno Nacional se plantea promover auditorías técnicas y administrativas de los diferentes negocios de la industria petrolera y el análisis de nuevos negocios, en el
marco del subobjetivo estratégico denominado "Internalización de los Hidrocarburos"
En el marco de este anuncio el Ejecutivo Nacional ha dejado claro que en ningún caso se cuestiona la presencia de las empresas en nuestro país y que las mismas obtengan sus respectivas ganancias producto de sus inversiones, pero lo que sí exigimos de manera irreductible es que esta participación se haga en el marco del respeto a nuestra leyes y a nuestra Soberanía.
La OPEP
La Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) es un organismo intergubernamental creado para coordinar las políticas de producción de petróleo de sus 11 países miembros, con el fin de estabilizar el mercado internacional de los hidrocarburos, conducir a los países productores de petróleo a obtener un razonable retorno de las inversiones y asegurar el suministro continuo y estable de crudo para los países consumidores. La OPEP produce el 40% del crudo mundial y el 14% del gas natural
La OPEP fue creada el 14 de septiembre de 1960 en Bagdad, capital de Irak. Venezuela tuvo un papel protagónico en el nacimiento de la organización, gracias a una iniciativa adelantada por el entonces ministro de Minas e Hidrocarburos, Juan Pablo Pérez Alfonzo, un excepcional estratega petrolero quien avizoró la necesidad de un "instrumento de defensa de los precios para evitar el despilfarro económico del petróleo que se agota sin posibilidad de renovarse".
Ya para esta época, Venezuela, cuya economía depende esencialmente del petróleo, había comprendido el significado del petróleo para el mundo y la necesidad de llegar a acuerdos entre los países exportadores para alcanzar el verdadero valor de este producto estratégico.
En esas circunstancias, Juan Pablo Pérez Alfonzo logró convocar a Irán, Irak, Kuwait y Arabia Saudita, los cuatro países árabes de mayor capacidad exportadora de crudo del mundo, para impulsar la conferencia internacional que creó la OPEP, con el objetivo de concretar la unificación de las políticas petroleras de los países miembros.
Años más tarde se sumaron a la Organización Qatar, en 1961; Libia e Indonesia, en 1962; Emiratos Árabes Unidos, en 1967; Argelia, en 1969; Ecuador, en 1973 y Gabón en 1974. Estos dos últimos se retiraron debido a la disminución de sus volúmenes de exportación.
Después de su ratificación por los gobiernos signatarios la OPEP se registró ante las Naciones Unidas el 6 de noviembre de 1962. Fue oficialmente reconocida como una organización internacional por el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas el 30 de junio de 1965. (Resolución de las Naciones Unidas No.6363)
¿Cuáles fueron las razones para fundar la OPEP?
El nacimiento de la OPEP fue un acto de reivindicación histórica ante el control que ejercían las compañías transnacionales en el negocio petrolero a expensas de los países productores. Para mediados del siglo pasado, los precios, volúmenes de producción y otros asuntos clave eran controlados por siete grandes empresas internacionales conocidas como las "Siete Hermanas" (enlace a Historia), de acuerdo a sus intereses y en concordancia con la situación política y militar de sus países de origen.
En febrero de 1959 y agosto de 1960, se presentaron reducciones unilaterales para los precios fijados para los crudos del Medio Oriente, esta situación propició que un mes más tarde, el 9 de septiembre de 1960, por iniciativa de los ministros petroleros de Venezuela y Arabia Saudita, Juan Pablo Pérez Alfonso y el jeque Abdullah Al Tariki, se propuso la creación de un denominado "Compacto Petrolero": la OPEP, para defender los intereses de los países productores
Al finalizar su primera reunión ministerial, la OPEP hizo una declaración de Políticas y Objetivos y fijó los requisitos para ingresar a la Organización que, eventualmente alcanzaría su número actual de 11 miembros.
La otra razón que condicionó la creación de la OPEP la constituyó el inmenso vacío en la gerencia del mercado petrolero mundial, la incapacidad de las llamadas Siete Hermanas mas la compañía francesa de petróleo para fijar los precios del petróleo y controlar las inversiones que de manera exagerada se habían realizado en todo el mundo, de acuerdo con los objetivos de su convenio secreto de operación, firmado en el Castillo de Achnacarry en 1928. Convenio que estaba orientado a controlar:
– Todas las áreas de producción fuera de Estados Unidos.
– Todas las operaciones foráneas de refinación
– Todas las patentes, conocimientos (Know-how) y tecnologías que se refiriesen a la refinación y:
Dividirse en forma efectiva, los mercados mundiales, fijar los precios mundiales para los crudos y productos, controlar los oleoductos y las facilidades de transporte a escala mundial.
Estos acuerdos, cuya estructura era condenada por los Estados Unidos (apoyándose en su ley contra el monopolio) irónicamente fueron tolerados por el gobierno americano y aplicadas en la mayoría de los países donde ellos tenían sus operaciones en vista de que eran muy beneficiosos para la estrategia energética de ese país.
El acuerdo de Achnacarry o del "as is" (como se le conocía) comenzó a perder vigencia; Después de la entrada de otras empresas en el negocio petrolero internacional, por la penetración del crudo Ruso en el mercado europeo y por la aparición de las empresas petroleras independientes, que también ofrecían crudo a precios inferiores a los fijados por las Siete Hermanas (fuera de sus canales de distribución).
Fueron estos últimos acontecimientos los que le abrieron la puerta a la OPEP y le permitieron su permanencia, ya que el mercado petrolero demandaba una mayor estabilidad.
Países integrantes
Actualmente, la OPEP está integrada por 11 países productores y exportadores de petróleo, ubicados en América, Asía y África, los cuales agrupan una población de alrededor de 525 millones de personas y cuyo principal producto de exportación es el petróleo:
Arabia Saudita
Argelia
Emiratos Árabes Unidos
Indonesia
Irak
Kuwait
Nigeria
Qatar
República Islámica de Irán
República Socialista de Libia
Venezuela
Para estas naciones el petróleo constituye el principal motor de desarrollo económico, político social y la renta petrolera no sólo contribuye a la expansión de su plataforma económica e industrial, sino constituye el motor fundamental para proveer a sus habitantes de empleo, educación, salud, y calidad de vida.
Objetivos de la Organización
Los principales objetivos de la OPEP son:
1.- Coordinar y unificar las políticas petroleras de los países miembros y determinar los medios más idóneos para salvaguardar sus intereses individuales y colectivos
2.- Buscar las mejores vías y medios para asegurar la estabilización de los precios en los mercados internacionales, con miras a eliminar las fluctuaciones perjudiciales e innecesarias
3.- Proveer a las naciones consumidoras un suministro de petróleo de un eficiente, económico y regular y un retorno justo de capital para las inversiones de la industria petrolera
Funcionamiento
La máxima instancia de decisión en la Organización de Países Exportadores de Petróleo es la Conferencia de Ministros, donde se reúnen los representantes de los países miembros, o Jefes de Delegación.
Esta instancia se apoya en varios comités ministeriales, la Junta de Gobernadores, la Comisión Económica y otros Comités Técnicos. Adicionalmente cuenta con el Secretariado de la OPEP, un cuerpo técnico permanente y de alto nivel profesional.
Los Ministros de petróleo de los países miembros se reúnen durante las denominadas Conferencias de la OPEP, para coordinar y unificar sus políticas petroleras y para promover la estabilidad y prosperidad en el mercado. Para ello se poyan en la secretaría de la OPEP, organización supervisada por el cuerpo de Gobernadores, bajo la dirección del Secretario General, respaldados asimismo por otros cuerpos como la Comisión Económica, el Comité Ministerial de Seguimiento y otros Comités Ministeriales establecidos de acuerdo a las circunstancias del mercado.
En estas reuniones los países miembros consideran la situación actual y futura del mercado petrolero, revisando las proyecciones del período bajo consideración y sugiriendo los cambios que deberían realizar a sus políticas petroleras. Por ejemplo, en conferencias anteriores los países miembros han decidido aumentar o reducir, en forma colectiva su producción petrolera para mantener precios estables y suministros seguros a los consumidores, en el corto, mediano y largo plazo.
Políticas de la OPEP
Las políticas de la organización han estado orientadas a defender los precios petroleros y a mantener el poder adquisitivo de los ingresos petroleros de los países miembros. EN la actualidad los mayores esfuerzos de la organización están dirigidos a alcanzar y mantener un mercado petrolero estable, contrariamente a lo que se hacía en el pasado, cuando el énfasis se daba a la fijación o administración de los precios petroleros.
Desde marzo del año 2000 los esfuerzos estuvieron orientados a lograr estos objetivos a través de un programa regulatorio de producción que limita la oferta OPEP –y de algunos países no OPEP que colaboran con el sistema- dentro de niveles que apoyan una banda de precios considerada como conveniente para productores y consumidores (22-28 USD/barril)
Previo a esta decisión de marzo del año 2000, la OPEP practicó diferentes esquemas y políticas de control de mercado: Así hasta 1973 aceptó los precios fijados unilateralmente por las transnacionales, entre 1973 y hasta 1974 comenzó a fijar los precios de los crudos OPEP en el mercado hasta que en 1985 Arabia Saudí renuncia a la estructura de precios de la OPEP y la organización abraza la política de "Participación de Mercado" –iniciándose la guerra de precios- Después de un breve período de un año, la OPEP retoma la gerencia del mercado (A partir de 1987), actuando únicamente como reguladora de producción. Desde 1987 hasta el año 2000 la OPEP sólo se interesa en el cumplimiento de las cuotas las cuales muy pocos países respetaban, obligando a la Organización a buscar nuevas estrategias.
La OPEP necesita una estabilidad en el mercado y se esfuerza por entregarle a los consumidores los suministros petroleros a un precio razonable. Ella busca la prosperidad del negocio petrolero para beneficio de productores y consumidores, la cual ha logrado de diferentes formas, algunas veces reduciendo voluntariamente el petróleo que produce y, en otras, aumentándolas, cuando se ha presentado una escasez de crudo en el mercado.
Las políticas de control de producción de la OPEP afectan los precios de los crudos en forma directa, mientras que a los productos refinados (tales como la gasolina) solo lo hace en forma indirecta y en menor proporción, debido a la carga impositiva que aplican los países consumidores a estos productos que, en algunos casos asciende al 70% del valor del producto.
Conclusión
Luego de haberse planteado todo lo referente a la nacionalización del petróleo, así como sus antecedentes, desarrollo y situación actual, se puede determinar que la temática planteada en esta Investigación, es muy importante, pues ha trascendido nuestras fronteras y ha influido de manera trascendental en la economía y muchos otros aspectos específicos de la nación y sus habitantes.
Dicha temática, se refiere a como se dio inicio (en términos generales) al uso de este recurso tan importante como lo es el Petróleo; luego en como se inicia la actividad petrolera en nuestro país, la cual constituye un hecho trascendental para la nación, pues se evidencia el gran desconocimiento y la desorganización en cuanto a la exploración y explotación de este recurso, así como también se refleja una gran intromisión en el país de empresas transnacionales.
Siguiendo este orden de ideas, a medida que van constituyéndose gobiernos tras gobiernos, estos van efectuando ciertas modificaciones en cuanto al Marco Jurídico Legal, con el fin de que la actividad petrolera estuviera mas controlada y las ganancias que ello generara, una parte se destinara al fisco, pero siempre colocando los intereses particulares en primera instancia a los intereses nacionales, es decir que las empresas extranjeras terminaban por absorber las mayores ganancias y el Estado solo con una parte.
Tal situación, termina en cierta forma aparente, cuando en el primer gobierno de Carlos Andrés Pérez, se promulga una supuesta Nacionalización del Petróleo, lo cual disfraza por mucho tiempo la situación de la actividad exploradora, explotadora y comercializadora del petróleo, donde solamente se eliminan los nombres de las Compañías Extranjeras que para ese entonces existían, pero seguía manteniéndose inalterable los integrantes de las mismas, pues estos pasaron a formar parte de la nueva estructura gerencial de PDVSA, manteniéndose así, vigente la forma y estructura de la gestión que para ese momento se tenía.
Posteriormente, con el inicio del Gobierno actual del Presidente Hugo Chávez, se empieza a tornar la temática del petróleo ciertamente discutible, por el hecho de que existía un Estado dentro del Estado, es decir PDVSA, ya que la misma se encontraba controlada por unos pocos y el Estado casi no tenía participación en la formulación de los planes y políticas que PDVSA debe ejecutar, pues la legislación establece, que en orden de jerarquía, es el Ministerio de Energía y Minas (actualmente Ministerio de Energía y Petróleo) quien coordinadamente con PDVSA debe formular los diferentes planes en materia petrolera.
Finalmente, se puede mencionar que la temática del petróleo ha tenido una trascendencia para Venezuela, tanto que incluso es el fuerte económico de esta nación, que se constituye en una de las principales fuentes de ingresos por este concepto, y que con base en ello, se ha buscado diversificar la economía nacional.
Muy aparte, en la presente investigación se destaca la importancia que tiene la OPEP para Venezuela, pues es uno de los Organismos internacionales que regula y coordina la producción de petróleo de los países miembros, y cuya participación de Venezuela es resaltante, ya que la creación de este organismo fue iniciativa del entonces Ministro de Minas e Hidrocarburos Juan Pablo Pérez Alfonzo, lo cual coloca a la nación venezolana como protagonista en la fundación de este prestigioso organismo.
Bibliografía.
CALDERA, RAFAEL (1976). La nacionalización del petróleo en Venezuela. (6ª edición) Caracas: Editorial Nueva Política.
EDITORIAL SANTILLANA. (1998). Historia de Venezuela 8º. (1º Edición). Caracas: Autor.
PDVSA – Petróleos de Venezuela SA. (2006). (Página Web en Línea). Disponible en:
http://www.pdvsa.com/
USLAR PIETRI, ARTURO (1966). Petróleo de vida o muerte. Caracas: Editorial Arte.
Andrea Mijares
Adriana Sánchez
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