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La sociología rural y sustentabilidad ambiental de las áreas protegidas (página 2)


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DESARROLLO

En los tiempos actuales se impone la necesidad de buscar una estrategia de desarrollo que articule el crecimiento económico con la equidad social y que no deteriore el potencial productivo de los recursos naturales, base del sustento para las presentes y futuras generaciones. Esta meta compromete a las ciencias biológicas y las sociales a aunar esfuerzos con el propósito de alcanzar el paradigma de la sostenibilidad, donde hombre y naturaleza pueden convivir en perpetua y armónica unidad.

Entre las regiones naturales, las áreas protegidas son las que de acuerdo a la legislación, están especialmente consagrados a la protección de los valores originales de la diversidad biológica, los paisajes y el patrimonio cultural asociados a estos.

El concepto de "comanejo" ha sido concebido de manera reciente para que las comunidades locales, usuarios tradicionales de los recursos naturales y otros actores, participen activa y responsablemente en la gestión y administración de los espacios protegidos. Igualmente, para que puedan beneficiarse justa y equitativamente de las ventajas que se derivan de la conservación de dichos espacios (Borrhn, Getal 2004). En otras palabras, el concepto de comanejo apela a la idea de la corresponsabilidad de la gestión entre la sociedad civil y el Estado

En el marco internacional asociado a los procesos encaminados al desarrollo sostenible de las áreas protegidas se encuentra "la participación organizada y sistemática de la población local, siendo no sólo un requisito ineludible en los procesos de desarrollo local, sino que es la única garantía de lograr una efectiva política de conservación y desarrollo de dichas áreas" (Salas, A 2004). La población que vive en torno a dichas áreas constituyen sus mejores custodios y es a ellos a quienes hay que apostar y fortalecer, siendo preciso una forma de gestión participativa, descentralizada y organizada, con participación articulada del sector privado, estatal, político y técnico local.

 A partir del Cuarto Congreso Mundial de Parques Nacionales celebrado en Caracas, Venezuela, en 1992, se comienza a revisar el concepto de áreas protegidas y el sistema de categorías de manejo utilizadas hasta ese momento. De esta forma, la UICN (1994) define como áreas protegidas a: "Una superficie de tierra y/o mar, especialmente dedicada a la protección y mantenimiento de la diversidad biológica y los recursos naturales y culturales asociados, y manejada a través de medios legales u otros medios efectivos".

En este sentido la efectiva gestión de las Áreas Protegidas, permitirá delinear una estrategia de desarrollo, basada en el ordenamiento del territorio de acuerdo a su vocación natural, en la planificación participativa desde la escala local, en la promoción de sus valores naturales y culturales como productos turísticos, y en la innovación de un modelo de gestión y desarrollo realizado a escala local, con una perspectiva de impactar la economía regional.

 Por otra parte la puesta en funcionamiento de las Áreas Naturales Protegidas, necesariamente implica una apuesta educativa y concientizadora de la población local, en cuanto a los derechos y obligaciones que requiere gestionar el territorio en una perspectiva del desarrollo sostenible. Esto permitirá fortalecer una conciencia ambiental local, pero también de conocimiento y de valorización de su territorio, tendientes a generar un compromiso colectivo de su gestión para beneficio de la comunidad.

ASPECTOS MEDULARES DE LA GESTIÓN DE LAS ÁREAS PROTEGIDAS Y DE DESARROLLO A NIVEL MUNDIAL.

Los procesos de gestión de las áreas protegidas están estrechamente vinculados a los procesos sociales y económicos de los países; la administración de las mismas se presenta indistintamente a nivel internacional perteneciendo tanto a privados como al estado, independientemente de los cual los preceptos del manejo se corresponderán con los requerimientos establecidos por las estructuras de gobierno de los mismos.

Existen muchos casos en la región de Centroamérica que muestran el aporte de las áreas protegidas a las comunidades rurales. Algunos de las cuales se pueden mencionar, son las concesiones forestales comunitarias en la Reserva de Biosfera Maya, o las áreas protegidas de Ostional y Cahuita en Costa Rica con ingresos por comercialización de huevos de tortugas marinas y ecoturismo, respectivamente

Entre los principales problemas de las áreas protegidas podemos mencionar las siguientes:

  1. Escasa capacidad institucional para una gestión eficiente en el manejo del área
  2. Insuficiente equipamiento para la realización de investigaciones y monitoreo.
  3. Insuficiente concienciación pública en general y limitado alcance de los programas de Educación Ambiental dirigidos a los factores implicados en la gestión del Parque.
  4. Escaso conocimiento por los usuarios del Parque y los pobladores en general de las especies de plantas y animales endémicos y con categoría de amenaza.
  5. Ecosistemas forestales degradados como consecuencia de actividades de manejo inadecuadas realizadas por personal con mala preparación técnica y ambiental.
  6. Riesgo de proliferación de especies invasoras o no deseables de la flora.
  7. Limitados mecanismos que posibiliten revertir en las comunidades locales los beneficios que se derivan de los servicios ambientales en las áreas.
  8. Presión permanente por parte de la población sobre ecosistemas y especies amenazadas generando actividades de pesca, caza furtiva y colecta de especies de la flora y la fauna, principalmente en la zona de amortiguamiento y de uso público del Parque.

Es de destacar que los problemas identificados resultan comunes para los países latinoamericanos según Hernández A 2004.

Aún cuando los tratados y acuerdos internacionales ambientales y sociales, y las Metas del Milenio hayan reconocido que la pobreza y el medio ambiente están intrínsicamente relacionados, todavía no se ha traducido en acciones imaginativas y significativas que sitúen a la conservación en el centro de la mitigación de la pobreza.

No se puede atenuar la pobreza, a no ser que se pongan más bienes naturales a disposición de las personas desposeídas. Si bien los programas de conservación y uso sostenible de recursos a favor de ellas, por si solos, no serán suficientes para sacar a las personas de la pobreza, pueden contribuir en forma importante, inmediata y eficiente a las estrategias nacionales de combate a la pobreza, mientras los gobiernos van desarrollando o fortaleciendo otros bienes de infraestructura básica y servicios esenciales como educación y salud.

La UICN insta a gobiernos, agencias gubernamentales, cooperantes bilaterales y multilaterales, inversionistas públicos y privados y a los ambientalistas en general, a que sean más osados en su visión y no se conformen únicamente con generar políticas que tocan sólo las necesidades mínimas de los sectores vulnerables. Bajo el esquema tradicional de un compromiso superficial de poner el medio ambiente como eje de la lucha contra la pobreza, corremos el riesgo de fallar por completo, lo cual nos llevaría a una "pobreza sostenible" y a una permanente degradación ambiental. Sin embargo, el reto no es sólo vincular la conservación con el desarrollo y con el combate a la pobreza.

El reto también tiene que ver con la gobernanza de las áreas protegidas, como otro mecanismo para reducir la pobreza.

Tanto Gobiernos como ONG, con el fin de mejorar el impacto positivo de las áreas protegidas en el combate a la pobreza deberían promover los principios de la buena gobernanza Marquinez German 1996:

Legitimidad, por medio de la participación y la búsqueda de consensos y la orientación del trabajo en áreas protegidas.

Dirección, para alcanzar una visión estratégica de la relación entre comunidades y el manejo de las áreas protegidas

Desempeño en función de mejorar la eficiencia y efectividad del manejo en las áreas protegidas

Rendición de cuentas y transparencia en el manejo de las áreas protegidas y sus recursos asociados.

Justicia e imparcialidad, por medio de la distribución equitativa de costos y beneficios.

Solo impulsando y poniendo en práctica los principios anteriormente señalados y unidos a procesos de descentralización y desconcentración, podremos garantizar la viabilidad y el cumplimiento de las funciones ambientales, sociales y económicas de las áreas protegidas.

La revisión de documentos varios del tema denota los siguientes aspectos como significativos a consideración de la autora:

• La estrecha vinculación entre los problemas ambientales y las condiciones de pobreza que se presentan en las comunidades locales en la mayoría de los países centroaméricanos: En los procesos de gestión ambiental aún cuando se divulga acerca de otorgarle prioridad a la gente, reconociendo las necesidades primarias que tienen que ver con la salud básica, la productividad y la seguridad alimentaria, la generación de ingresos, y la reducción de la vulnerabilidad entre otros, no son elementos aplicado en la practicas de gestión para los países pobres, donde los ricos se hacen cada vez más ricos .

• Insuficientes incentivos eficientes y eficaces para la protección y gestión ambiental: Se hace necesario un abordaje sistémico de las políticas económicas y sectoriales a fin de incorporar adecuadamente los costos ambientales y el valor real de los recursos naturales.

• La poca inversión que se destina al fortalecimiento del capital humano y de los recursos naturales menoscaba la equidad social y dificulta la eficiencia de los programas dirigidos a reducir la pobreza: Se necesita que los gobiernos procuren una vinculación eficaz entre las instituciones y la sociedad civil, para lo cual las políticas, los procedimientos, las herramientas y la información deben estar dirigidas a lograr dicha vinculación. Debe llegarse a diseñar un concepto amplio de "gestión descentralizada y participativa de gobierno en materia ambiental" a fin de permitir la participación de todos los sectores, de manera tal que se manejen los conflictos, que se busquen consensos, que se tomen decisiones fundamentadas y que se asuma la responsabilidad de las acciones y decisiones.

• No existe un esquema único para la gestión de concesiones administrativas, co-manejo, manejo colaborativo, y otros, sino diferentes posibilidades de integración de los sectores no-gubernamentales.

  • La gestión compartida es un proceso complejo que incluye la planificación, identificación y negociación de responsabilidades, derechos y deberes de las partes involucradas. Se hace necesario, por tanto, llegar a acuerdos con una base de valores o códigos éticos.

LA SOCIOLOGÍA RURAL EN LAS ÁREAS PROTEGIDAS.

Las ciencias sociales tributan al conocimiento y potenciación de los factores sociales que pueden impulsar el desarrollo sostenible en las áreas protegidas.

Según Freyre (1996) al tratar este asunto se basó en el planeamiento de Marx y Engels acerca del nexo entre la manera en que los hombres se relacionan entre sí y el como se comportan respecto a la naturaleza. Es decir, que las limitaciones en un sentido, pueden repercutir sobre el otro y viceversa.

Entre los factores sociales, es necesario tratar las necesidades, intereses y motivaciones de las comunidades en las áreas protegidas, haciendo énfasis en los beneficios que estas últimas pueden proporcionarles a quienes viven en ellas y su incidencia en la mejora de la calidad de vida de las mismas.

SUSTENTABILIDAD AMBIENTAL DE LAS ÁREAS PROTEGIDAS.

En la gestión de las áreas protegidas ocupa un lugar primordial la reflexión del hombre en las actividades productivas, precisando de acciones de formación y capacitación, la motivación, la estimulación y la recompensa del trabajo de sus integrantes.

Según Glez, M 2003 " el desarrollo debe basarse en un modelo sustentable que permita mantener un balance entre los tres procesos que lo integran (económico-social, ecológico-educativo y comunitario-cultural), el cual provee servicios ambientales, sociales y económicos básicos para todos, sin amenazar la viabilidad de los ecosistemas y sistemas sociales de los que dichos servicios dependen. Él conduce a un equilibrio armónico entre todas las formas de capital o patrimonio que participan en el esfuerzo global, nacional y regional, comunitario, físico, financiero, institucional, cultural y humano.

Cuba cuenta con una política económica, socio- ambiental bien pensada que articula con la sostenibilidad, cuenta con estructuras institucionales que tienen definidas sus funciones en las áreas objeto de análisis, cuenta con una legislación ordenada y actualizada en materia ambiental con incidencia en la economía, la formación de los recursos humanos es un valuarte en nuestra sociedad sin embargo reconociendo el papel de las comunidades locales en la gestión de las áreas protegidas, mayoritariamente los procesos participativo son pasivos e ineficientes.

ÁREAS PROTEGIDAS EN CUBA

El Sistema Nacional de Áreas Protegidas, es un sistema territorial, que a partir de la protección y manejo de sus unidades individuales (áreas protegidas), contribuye al logro de determinados objetivos de conservación de la naturaleza.

Teniendo en cuenta los criterios propuestos por la UICN y de acuerdo a la legislación vigente, en Cuba se define áreas protegidas como: "Partes determinadas del territorio nacional declaradas con arreglo a la legislación vigente, de relevancia ecológica, social e histórico – cultural para la nación y en algunos casos de relevancia internacional, especialmente consagradas, mediante un manejo eficaz, a la protección y mantenimiento de la diversidad biológica y los recursos naturales, históricos y culturales asociados, a fin de alcanzar objetivos específicos de conservación" (CITMA, 1997).

En los años 60, con el objetivo de proteger y profundizar en el conocimiento de nuestros recursos naturales, se declaran mediante la Resolución No. 412/1963, del presidente del Instituto Nacional de Reforma Agraria como Reservaciones Naturales a El Veral y Cabo Corrientes en la Península de Guanahacabibes, Pinar del Río, a Jaguaní y Cupeyal del Norte en las provincias orientales y a Cayo Caguanes al norte de Sancti Spiritus en 1966.

Durante la década del 70, se crean las bases para la conformación de un sistema de áreas protegidas, tanto en el aspecto teórico como en el práctico; comienza un proceso de fortalecimiento de la política ambiental cubana, creándose la COMARNA y se aprueba la Constitución de la República, en cuyo Artículo 27 , modificado apenas concluida la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo (CNUMAD), expresa: "El Estado protege al Medio Ambiente y los recursos naturales del país. Reconoce su estrecha vinculación con el desarrollo económico y social sostenible para hacer más racional la vida humana y asegurar la supervivencia, el bienestar y la seguridad de las generaciones actuales y futuras. Corresponde a los órganos competentes aplicar ésta política. Es deber de los ciudadanos contribuir a la protección del agua, la atmósfera, la conservación del suelo, la flora, la fauna y de todo el uso potencial de la naturaleza".

En los años 80 se aprueba la ley 33 de Protección del Ambiente y del Uso Racional de los Recursos Naturales y en 1981 el Consejo de Ministros reconoce la Red Nacional de Áreas Protegidas en sus diversas categorías de manejo. La década del 90 fue un momento relevante en la política ambiental cubana y consolidación Institucional para el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, se produce la reorganización de los Organismos de la Administración Central del Estado, proceso que propició el impulso final a la constitución del SNAP.

Con la creación del Ministerio de Ciencia Tecnología y Medio Ambiente en 1994 y su Centro Nacional de Áreas Protegidas en 1995, se toma el liderazgo del sistema por estas entidades, creándose una nueva legislación para el cumplimiento de nuevas funciones estatales que han dado como principales resultados relevantes la creación del Decreto Ley 201/99 de Áreas Protegidas

LAS COMUNIDADES LOCALES Y LAS ÁREAS PROTEGIDAS EN CUBA

El proyecto social cubano, definido esencialmente por su carácter humanista, se trazó desde un inicio, como principal objetivo el elevar el nivel y calidad de vida del pueblo en su concepto más amplio, principios sobre los cuales se argumenta en la actualidad la sostenibilidad del desarrollo. Entre los logros más relevantes alcanzados durante los primeros años de construcción de la nueva sociedad, en las esferas económica, educacional y de la salud, y que de hecho tuvieron una incidencia directa sobre el medio ambiente, cabe destacar la erradicación de la pobreza extrema, la transformación total de la estructura agraria, basada anteriormente en la existencia de grandes latifundios, la alfabetización, la escolarización obligatoria hasta el noveno. grado, y la creación de las bases para el desarrollo de una capacidad científico-técnica autóctona, la disminución notable de la tasa de mortalidad infantil y el incremento de la esperanza de vida, la instrumentación de serios programas de salud contra enfermedades infecciosas, la prestación de servicios de salud que permiten disponer en la actualidad de un médico por cada 203 habitantes, el incremento de la cobertura de población con agua potable y saneamiento y de población con servicios de electricidad, entre otros.

Otro elemento a destacar fue el desarrollo de un proceso de ordenamiento territorial que ha incluido una valoración ambiental en la mayoría de las inversiones de carácter socioeconómicas desarrolladas.

En 1997, como fruto de un intenso proceso de análisis y coordinación, se elaboró y aprobó la Estrategia Ambiental Nacional, cuyos objetivos son indicar las vías idóneas para preservar y desarrollar los logros ambientales alcanzados por la Revolución, superar los errores e insuficiencias detectadas e identificar los principales problemas del medio ambiente en el país que requieren de una mayor atención en las condiciones actuales, y sentar las bases para un trabajo más efectivo, en aras de alcanzar las metas de un desarrollo económico y social sostenible.

El elemento base del contenido de la Estrategia es la identificación de los principales problemas ambientales del país, a saber, degradación de los suelos, deterioro del saneamiento y las condiciones ambientales en asentamientos humanos, contaminación de las aguas interiores y marinas, deforestación y pérdida de la diversidad biológica. La identificación de estos problemas se hizo tomando como criterios esenciales, la afectación significativa que los mismos producen sobre: la salud y calidad de vida de nuestra población, las actividades económicas priorizadas, las extensiones considerables del territorio nacional y los ecosistemas de alta fragilidad e importancia económica y social.

También en 1997 fue aprobada por el Parlamento Cubano la Ley 81 del Medio Ambiente, que es el marco que sienta las bases de un sistema jurídico, integrador y coherente, que propicia la incorporación de la dimensión ambiental en las políticas, planes y programas de desarrollo del país, así como que frena el deterioro del medio ambiente, propiciando y coadyuvando al desarrollo de la inversión y cooperación de otros países con Cuba. En ella se reafirma el patrimonio de la nación sobre los recursos naturales y el medio ambiente en general y se formulan los principios en que se basa su gestión, se define el marco institucional, especificándose las obligaciones atribuciones y funciones de las personas naturales y jurídicas en la protección y uso racional del medio ambiente, se regulan los instrumentos de la política y la gestión ambiental y se establecen las esferas específicas de protección del medio ambiente e identifican las acciones pertinentes en cada caso.

PARTICIPACIÓN DE LOS ORGANISMOS PÚBLICOS, EL SECTOR PRIVADO Y LA SOCIEDAD CIVIL EN LA ADOPCIÓN Y APLICACIÓN DE POLÍTICAS AMBIENTALES

La participación pública y ciudadana en la gestión ambiental, está garantizada en Cuba a escala constitucional el Artículo 27 de la Constitución

Los Comités de Defensa de la Revolución (CDR), organización de masas que agrupa a la casi totalidad de la población, realiza importantes actividades en beneficio de la comunidad, priorizando proyectos de desarrollo sostenible, se realiza un importante trabajo en la comunidad, incorporando conceptos y temas ambientales a las actividades en el ámbito local, como han sido las campañas ¨Caimán Verde¨ y ¨ Caimán Limpio, dirigidas a la higienización, recogida de materiales reciclables en las cuadras y la reforestación. Asimismo, se intencionan el desarrollo programas de capacitación, participación ciudadana y de divulgación de la política ambiental del país, aún cuando este aspecto aún no es una realidad.

Papel destacado ha jugado y juega la mujer, agrupada en la Federación de Mujeres Cubanas (FMC), con un importante papel en el trabajo social y a nivel comunitario, con énfasis en la educación ambiental y en el papel de la mujer y la familia para contrarrestar los problemas ambientales de la comunidad; la presencia de los programas para el trabajo social es un logro por si solo que se ve mutilado en el proceso de implementación en la medida que estos procesos sean llevado a la comunidad

En el trabajo de la juventud se prioriza la creación de una cultura ambiental. Niños y jóvenes se encuentran agrupados en diversas asociaciones como los Amigos de la Naturaleza, ECOJOVEN y el movimiento de exploradores, que mantienen un fuerte apoyo a la protección del medio ambiente y la divulgación de los valores de la naturaleza.

Los Ministerios que tienen que ver con la educación, incorporan en sus planes y programas la dimensión ambiental, e impulsan la formación de círculos de interés con los estudiantes en temáticas vinculadas al medio ambiente y programas como el ¨Programa para la Vida, que constituyen instrumentos muy importantes para el desarrollo de la educación ambiental comunitaria. Es en esta linia donde los procesos educativos manifiestan un mayor avance

Los más importantes procesos de política – Estrategia Ambiental Nacional – y legislativos – Ley del Medio Ambiente – involucran a importantes sectores de la sociedad, cuyos criterios son recogidos y considerados.

Un momento de vital importancia en el logro de una amplia participación territorial, lo constituye la elaboración en cada una de las provincias del país de la Estrategia Territorial de Medio Ambiente. La misma, en su instancia, concreta los objetivos ambientales a ese nivel y precisa los roles que deben jugar cada uno de los actores incluyendo las organizaciones sociales y las sociedades científicas y de profesionales. De esta manera las Estrategias Territoriales cierran el circulo comenzado por la Estrategia Nacional Ambiental y las respectivas de cada sector de la Economía dándole coherencia vertical y horizontal a la Política Ambiental del país.

Adicionalmente las legislaciones por sectores, entre las que son identificables la Ley de la Inversión Extranjera, la Ley de Minas y la más reciente Ley Forestal, todas ellas conformadas en un amplio proceso participativo, tienen claras y expresas previsiones ambientales que favorecen el desarrollo sostenible de las actividades que regulan y viabilizan su seguimiento y tutela por el sector público, el sector privado y la ciudadanía en general.

PRINCIPALES PROBLEMAS SOCIALES. MANIFESTACIONES

Como en todos los procesos de desarrollo, es el componente social uno de los de mayor incidencia, aún cuando el proyecto social cubano con incidencia en las comunidades locales de las áreas protegidas merece un reconocimiento dado sus aportes, sin embargo presenta sus limitaciones asociado no solo a su concepción, sino a su práctica manifestándose un grupo de factores sociales que consideramos obstaculizan la introducción de los procesos participativos en la gestión de las áreas protegidas como son los siguientes:

  • Las limitaciones de recursos obliga a apelar a prácticas no sostenibles: Las limitaciones de recursos humanos, financieros y económicos obliga a uso de prácticas no sostenibles transitando desde temas del conocimiento de la ciencia hasta la adquisición de tecnología que armonizan con los temas ambientales.
  • Los mecanismos de autogestión y participación comunitaria aún no se han desarrollado a fondo, el interés de conservar el medio entra en conflicto con las limitaciones económicas y de acceso a recursos de las comunidades.
  • Falta de divulgación y carente socialización de los resultados obtenidos de los proyectos en espacios de reflexión que propicia la repetición de errores en las proyecciones de trabajo.
  • Las comunidades locales no siempre forman parte de los procesos de planificación de las áreas protegidas, siendo reconocido como participación la presencia de algún representante local con una participación formal limitándose mayoritariamente a la presencia física.
  • En la formación de profesionales aun sigue primando el cientificismo, asociados a naturaleza y limitados a los procesos sociales.
  • Falta de incentivos económico para promover la gestión eficiente del área.
  • Escaso conocimiento de las ideas y practicas de los procesos participativos y los proyectos de desarrollo que existe en la comunidades rurales
  • Las Áreas protegidas no siempre son fuente de empleo de las comunidades locales dado los requerimientos técnicos solicitadas para las plazas habilitadas (Guias, Especialistas ambientales, Guardaparques).
  • Insuficiente sentido de pertenencia y compromiso por parte de los empleados de las áreas protegidas vinculados a la investigación y la vigilancia influido por los limitados beneficios recibidos denotados en la calidad de vida en los individual.
  • No existencia de mecanismos económicos que permitan revertir los ingresos del uso público de las áreas protegidas en comunidades locales, circunscribiendo solo a los beneficios de la colaboración internacional como fenómeno probabilística que representa una oportunidad para las áreas protegidas.

Todo lo anterior demuestra que las estrategias a adoptar requieren necesariamente de concepciones que permitan plasticidad en su aplicación en contraposición al modo de hacer que ha caracterizado el desarrollo en todos estos años en las áreas protegidas.

Por último coincido con quienes plantean que las áreas protegidas cubanas tienen grandes posibilidades para transitar a prácticas de gestión sostenible soportadas por la acción participativa de las comunidades locales a lo cual tributa el modelo social cubano, depende solo del "ser", es hacer ciencia para cambiar conciencias.

METODOLOGÍA DE TRABAJO. SOLUCIONES O PROBLEMAS

El modelo participativo cubano se ha caracterizado por la dirección de un grupo gestor – ya sea a nivel nacional, provincial o municipal – que identifica los problemas, determina los objetivos de la campaña y planifica la forma en que se llevará a cabo.

La población se moviliza, usualmente a través de sus centros de trabajo o sus organizaciones políticas y de masas, y participa en función de objetivos determinados.

Aunque este es el modelo que ha prevalecido durante años en el espectro sociopolítico del país, a partir de la emergencia de diversos proyectos comunitarios, realizados sobre todo a partir de la década de los 90, han surgido otros tipos de prácticas participativas que añaden otros ingredientes.

Los Consejos Populares, por ejemplo, promueven la participación de la población a nivel de base, en espacios geográficos más pequeños y con una retroalimentación más directa por parte de la población, la implantación de los médicos de familia a nivel de comunidad (120 personas por médico), también ha introducido diversas experiencias comunitarias en la participación sobre la gestión de salud; así también las estructuras escolares a niveles de base poseen características participativas que involucran no solo a los beneficiarios directos (niños en edad escolar), sino también a sus familiares.

Las metodologías no son la esencia del éxito, en ocasiones pueden tender a complejizar los procesos, cada proceso es particular de un espacio, un momento y un tiempo, la replica de modelos idénticos precisa de estudios que propicien que esta es la alternativa más oportuna y con seguridad del éxito; la esencia esta en los procesos, en enseñar a construir desde el proceso y no des fuera, para el diseño de una estrategia de participación comunitaria es determinante aspectos vinculados a la calidad de vida, los problemas económicos, sociales, ambientales e institucionales que representan obstáculos a su desarrollo; y la identificación de los recursos naturales, tecnológicos y humanos que sustentan el potencial de desarrollo futuro.

Se precisa en todo el proceso de una participación activa interactiva desde el diagnóstico, la evaluación y sistematización de las experiencias con la comunidad, el desenvolvimiento y los resultados finales obtenidos en la estrategia de desarrollo llevada a cabo.

Considerando como eje del diagnóstico ambiental participativo, la recogida de información sobre los elementos sociales, demográficos, económicos y ecológicos, necesarios para, conjuntamente con el ordenamiento territorial, para evaluar la propuesta de gestión ambiental ecoproductiva para el área en cuestión en la cual se toma a la población local como objeto y sujeto de la elevación de la calidad de la vida y de la protección ambiental en las comunidades beneficiadas.

Como punto de partida para cualquier análisis participativo se tiene en cuenta la característica del involucramiento de determinados segmentos de la población, dado que la participación puede poseer significados y formas muy diferentes. Es importante entender que la práctica de la participación debe ser concebida sobre la base de un trasfondo histórico – social del cual emerge y que le otorga su legitimidad simbólica y real, como por los objetivos que se persiguen de ella y los mecanismos mediante de los cuales fueron aplicados

Para lograr una efectiva y eficiente gestión de las áreas protegidas, y la generación de beneficios económicos para la comunidad local, se precisa de planificar y ordenar un funcionamiento que asegure:

  • una efectiva gestión del área en forma descentralizada
  • la participación organizada y comprometida de los vecinos del área
  • el asesoramiento de un equipo técnico que garantice con fundamentos técnicos la gestión del área, y fortalezca las competencias institucionales.
  • la educación y capacitación, en el propio proceso de gestión, así como la difusión en los centros educativos e instituciones y organizaciones del entorno.

PERTINENCIA DE LA ESTRATEGIA DE DESARROLLO.

Demostrar la articulación y compatibilidad armónica entre Ios términos y procesos de Desarrollo y Medio Ambiente a través de la materialización efectiva de un programa de desarrollo local sostenible teniendo como objetivo final la mejora de la calidad de vida de las comunidades obedece a las estrategias de desarrollo local.

Proceso de planificación y participación

EI punto de partida es sentir y tener cuenta a la población como gestora de proyectos, incorpora el liderazgo local informal a los procesos de planificación iniciales y a la obtención de los objetivos propuestos, por ello uno de los aspectos al que se le debe prestar particular atención ha sido al rol jugado por este liderazgo local y su interacción con los líderes políticos formales de la comunidad (delegados del Poder Popular, Consejos Populares, etc.) y con los espacios políticos que estos representan en función del desarrollo del proyecto en su conjunto.

De significativa importancia es valorar de un enfoque holística lo social, lo político lo cultural y lo económico, resultando necesario otro tipo de intervenciones como puede ser la aplicación de leyes y reglamentos para la elevación de la calidad de vida de la población local como parte de la protección del medio ambiente en un área protegida.

Una invariante en el accionar lo constituye lograr el acercamiento integral asumiendo la necesidad de la participación, ya que aunque en forma pasiva en algunas ocasiones se contribuye a comunicar conocimientos y cambiar algunas actitudes. El cambio de actitud de forma efectiva se traduce en acción y precisa de una empatia entre Ios participantes . En estos casos, la participación no es un evento aislado, sino un proceso continuo donde los participantes actúan consistentemente sobre su medio para entenderlo y protegerlo

En otras palabras, se contribuye a la compresión entre los distintos actores sociales del territorio que primero hay que comprender para resolver, eso es, conocer a fondo la realidad a fin de encontrar la solución más eficaz y apropiada al medio.

Por último, hay que reconocer que las acciones en la base son precisas pero no suficientes para reparar el daño ecológico u ofrecerle una cobertura de protección eficiente al medio ambiente. La participación popular es más efectiva cuando forma parte de una estrategia amplia que articula con los factores del territorio, en la que se involucran todos los actores con incidencia en el mismo y que engendren acciones coordinadas para la protección, y el mejoramiento de la calidad de vida en un ambiente protegido.

POSIBLES ESTRATEGIAS REPLICABLES

De los resultados expresados consideramos como aspectos a incluir en las estrategias de las áreas protegidas las siguientes:

  1. Procesos desarrollo integral en zona de amortiguamiento del área protegida: Se refiere al empleo de procesos en las que se logre un desarrollo sostenible de los recursos productivos, ambientales y sociales, en la que los métodos de trabajo y conservación no afecten el desarrollo tanto de las comunidades como del Área Protegida (AP).
  2. Programa de Educación Ambiental: Es una herramienta que permite la concientización y conocimiento de las comunidades y empresas productoras de la importancia que significa la conservación y preservación de los ecosistemas naturales.
  3. Espacios de Incidencia política: Con el fin de que los encargados de dirigir y tomar las decisiones del país hasta e nivel IocaI hasta su mas mínima expresión conozcan la importancia de conservar un Área Protegida, con el fin de reorientar las políticas de conservación de una manera integral en todos los ámbitos.
  4. Monitoreo de sustancias químicas e investigación: Es la base para la toma de decisiones técnicas que permitan solventar y actuar a tiempo en caso de detectar fuentes que afecten los procesos ecológicos del Área Protegida.
  5. Prevención de incendios forestales: Ejecutar el Plan de Control de Incendios existente, involucrando a las comunidades y al mismo tiempo haciendo partícipes a las empresas aledañas, con el fin de realizar un manejo de conjunto de los recursos disponibles con el fin de prevenir y al mismo tiempo controlar efectivamente un incendio forestal.

Buscar espacios de acuerdos y coordinación entre los diferentes actores resulta una MEDIDA DE ÉXITO para así lograr la comunicación efectiva entre los diversos actores y tomar decisiones acordes a los intereses de todas las partes con el objetivo de alcanzar la conservación adecuada del medio ambiente.

La participación comunitaria ha propiciado al empoderamiento de la población local y sus órganos de gobierno, ejemplifican cómo la dinámica social esta estrechamente relacionada con la ambiental, desafiando la vieja distinción entre "ciencias del hombre" y "ciencias de la naturaleza"; reconociendo el respeto a la diversidad biológica , a la transformación de un presente que indique la búsqueda y la necesidad de un futuro de armonía entre la sociedad y la naturaleza como precepto de trabajo en Cuba y política de trabajo de su gobierno .

CONCLUSIONES

  1. La ciencia social en base de los procesos de planificación de la gestión de las áreas protegidas, pudiendo realizar importantes aporte para lograr la sustentabilidad de las mismas asociada a los procesos económicos, sociales y culturales.
  2. Conocer los factores sociales que intervienen en las áreas protegidas y sus comunidades locales, permite orientar la acción social para construir procesos desde la participación que armonice lo económico, ecológico y social.
  3. El cambio hacia la gestión de las áreas protegidas soportadas en el desarrollo participativo rural sustentable no es un proceso rápido, pero si alcanzable en el modelo social cubano utilizando como pilares de base el conocimiento social.
  4. La participación comunitaria resulta ser un elemento imprescindible en la implementación de los sistemas de gestión de las áreas protegidas, resultando Ia investigación sociológica una herramienta que permite evaluar las dinámicas de los procesos y efectuar correcciones durante el trabajo en eI manejo de Ias áreas protegidas .
  5. Las transformaciones de que demanda la gestión de las áreas protegidas en nuestro país, precisan de un proceso educativo e investigativo de participación acción desde una mirada diferente donde de forma coherente la actividad social aposté al desarrollo sustentable.
  6. Las estrategias de desarrollo no precisan de enseñar metodologías sino procesos que posibiliten concepciones flexibles, que se adecuen a las realidades actuales.

RECOMENDACIONES

  1. Socializar el resultado de la aplicación de proyectos de desarrollo local en áreas protegidas de Cuba que permita conocer y divulgar los resultados de los procesos participativos en las mismas.
  2. Profundizar en los estudios sobre el proceso de participación de las comunidades locales en la gestión de las Áreas Protegidas de Cuba a partir del año 1995, que permitan favorecer el desarrollo rural sustentable de las mismas.
  3. Propiciar espacios de intercambio que ponga a la luz las principales limitaciones que presentan las comunidades locales para favorecer desde la participación activa la gestión de las áreas protegidas.

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  13. Karremans, J.A. (1994): Sociología para el desarrollo. Métodos de investigación y técnicas de entrevista. CATIE. Costa Rica. Pp127.
  14. Leff, E. (1997): Conocimiento y Educación Ambiental. Formación Ambiental. Vol 9, No. 19, enero- abril. PNUMA, México.
  15. MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE, 2004, "Centro Nacional de Áreas Protegidas", Plan de Desarrollo 2003-2008, SNAP, Cuba. Pp 22- 37
  16. MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE, 2004, Curso de Áreas Protegidas de Cuba y Conservación del Patrimonio Natural, Centro Nacional de Áreas Protegidas, Editorial Academia. Pp 1-6
  17. Núñez J, J 1999. la Ciencia y La tecnología como procesos sociales. Editorial Félix Varela. La Habana. Pp 7- 170
  18. Salas, A 2004: Gestión Participativa de las Áreas Protegidas en Mesoamerica En Memorias / Congreso de Áreas Protegidas para el desarrollo Sostenible. Pp 17-26

TESIS:

19. Cardosos Y, 2002: "Diseño Preliminar del Producto Turístico de Naturaleza de la Península de Guanacahabibes, Trabajo de Diploma en opción al título de Licenciada en Economía, Universidad de Pinar del Río, Cuba.

20. Machín B/V Collado, 2003: "Estudio del Impacto de la Actividad del Turismo de Naturaleza en la Comunidad Las Terrazas". Trabajo de Diploma en opción al título de Licenciadas en Economía, Universidad de Pinar del Río.

21. Tejeda M, 2000: "Turismo de Naturaleza, Enfoque Geológico para su Desarrollo en Cuba, Tesis en opción al título de Doctora en Ciencias Geográficas. La Habana, Facultad de Geografía, UH, MES.

23. Glez G, Martín 2003:_____________________________________________________________ Tesis en Opción del Titulo de Dr en Ciencias de la Educación. Universidad de La Habana. MES

 

 

 

Autor:

MsC. Maria Elizabeth Alfonso Martínez

MsC. Jesús Alfonso Martínez

Lic. Ileana Martínez Villar

PINAR DEL RIO

2007

Partes: 1, 2
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