La Trampa Salarial y Presupuestaria de la Reforma Judicial

Enviado por Claudio Casparrino

Saludamos esta contribución al debate iniciado por los trabajadores judiciales a partir de nuestras luchas reivindicativas en el seno de la FJA. Resulta imprescindible profundizar en el conocimiento de los procesos de Reforma Judicial que aún subsisten y avanzan en las naciones de América Latina.

Con objetivos múltiples, estas estrategias del poder económico mundial buscan tanto la mayor flexibilización y explotación de los trabajadores judiciales, como la transformación de los ya débiles, insuficientes y antipopulares Poderes Judiciales, en agencias de servicios de una supuesta "mercancía justicia" y en fuentes de negocios privados.

Es una necesidad imperiosa que el pueblo latinoamericano tome en sus manos la construcción de una Justicia diferente, una "Justicia para Todos". Una Justicia en la que primen los Derechos Humanos en un sentido amplio, el derecho a una vida digna.

Este trabajo se inscribe en un largo camino de construcción colectiva, que debemos fortalecer cotidianamente.

Julio Bertomeu : Secretario de Capacitación Federación Judicial Argentina

Introducción (1)

A cuatro años de la rebelión popular de diciembre de 2001 en Argentina y a un lapso levemente mayor del inicio de una serie de sucesos políticos en América latina, puede afirmarse sin temor a errores que el pueblo latinoamericano ha abandonado una etapa defensiva respecto de la avanzada neoliberal de los años 80 y 90 para ingresar en otra de carácter ofensivo.

El reciente triunfo de Evo Morales, indígena y dirigente cocalero, en las elecciones presidenciales de Bolivia aumenta las expectativas regionales y se suma a importantes modificaciones en Venezuela, Brasil y Uruguay. Es para todos indiscutible que los cambios políticos acontecidos en la región marcan una nueva etapa en la lucha de los pueblos latinoamericanos con notables consecuencias para la agenda continental.

Sus orígenes cercanos deben buscarse en primer lugar, en la heroica resistencia del pueblo cubano luego del derrumbe del bloque soviético, sosteniendo la necesidad y legitimidad de pensar en un mundo diferente.

En segundo término, el levantamiento del pueblo indígena mexicano de Chiapas, el mismo día en que el presidente de ese país, Salinas de Gortari, anunciaba el inicio del NAFTA (acuerdo de libre comercio de neto corte neoliberal entre Canadá, Estados Unidos y México), en 1994.

En tercer término, en el devenir político de la experiencia venezolana, liderada por Hugo Chávez. Su extensión y profundidad social y política, democratizante y popular ha corrido el eje político latinoamericano y ha sido esencial en la lucha contra el ALCA y el imperialismo norteamericano en la región, y la disminución del poder de la Organización de Estados Americanos, hegemonizada por EE.UU., y ha dado preponderancia a un MERCOSUR ampliado y crítico.

En cuarto lugar, es necesario destacar la indudable preponderancia que ha tenido el surgimiento de un movimiento global de lucha antineoliberal e incluso anticapitalista, desde mediados de la década del ’90, con un hito inicial en la movilización de Seattle en 1999. Son sus resultantes directos los exitosos y ya clásicos Foros Sociales Mundiales, Cumbres de los Pueblos y otras movilizaciones globales, que han puesto en cuestión el monolítico pensamiento único neoliberal, planteando una agenda alternativa de orden mundial.

Nuestro pueblo no ha estado ausente en esta reconstrucción creciente de la estrategia popular a escala global. Numerosas hechos e iniciativas lo han hecho participe: la incansable lucha por los Derechos Humanos, las numerosas consultas populares por la eliminación de la pobreza y en contra del ALCA, la rebelión popular de 19 y 20 de diciembre, son muestras de ello.

En particular desde nuestras organizaciones, la Federación Judicial Argentina, y la Central de Trabajadores Argentinos, hemos participado en la construcción de los Foros Sociales Mundiales, en el crecimiento de movimientos globales como ATTAC, en las Cumbres de las Américas y en la realización de las mencionadas consultas populares.

En el caso particular de Argentina, en esta última etapa, y en el plano de la problemática de los trabajadores, se han verificado numerosos paros, movilizaciones y nuevas formas de lucha para revertir una de las principales consecuencias de la aplicación de políticas neoliberales en la región: la concentración de la riqueza, la consecuente caída de los salarios, la pobreza y el aumento de la explotación del trabajo, tareas que aún están pendientes en casi toda la región.

La luchas salariales de los trabajadores judiciales

Los gremios judiciales que constituyen la FJA, han demostrado a través de su historia un alto nivel de movilización y lucha político–gremial para mejorar no sólo las condiciones de vida y trabajo de los judiciales, sino del conjunto de la clase trabajadora. Pueden identificarse hitos tales como haber realizado el primer paro al gobierno de Carlos Menem, en respuesta a la anulación del Sistema Porcentual Salarial y haber participado activamente en la creación de la CTA.

En ese mismo camino y en esta última etapa, los trabajadores judiciales han sido protagonistas de una profundización de luchas con el objetivo de mejorar un deprimido nivel salarial. Se ha avanzado en reclamos e investigaciones sobre los procesos de trabajo, los cuales tienen negativas e insospechadas consecuencias y trastornos psíquicos y físicos en términos de salud laboral.

También se ha profundizado en la crítica al actual modelo de justicia imperante no sólo en nuestro país sino en el cono sur, a través de actividades conjuntas con judiciales de Brasil, Uruguay y Paraguay, con quienes hemos formado ya hace más de diez años la Coordinadora de Trabajadores Judiciales del Cono Sur.

En materia salarial, las investigaciones realizadas desde nuestro Centro de Estudios han arrojado resultados alarmantes al evidenciar una fuerte caída de las remuneraciones de los trabajadores judiciales en términos comparativos con las remuneraciones de Magistrados y Funcionarios, como resultado de la derogación del Sistema de Porcentualidad Salarial a inicios de la década del ’90. La eliminación del mismo, que aseguraba una relación porcentual fija entre la remuneración de los Jueces de la Corte Suprema de la Nación y los trabajadores de todo el nomenclador judicial, implicó que la relación entre aquellos y el extremo inferior de la escala salarial cayera de 5 a 1 a niveles escandalosos, lo cual se articula con un deterioro notable de las condiciones de trabajo, en el marco de un Poder Judicial en crisis.

Esta realidad llevó a fortalecer las estrategias de lucha en todo el país, con un alto nivel de coordinación desde la Federación Judicial Argentina. El reclamo principal fue y sigue siendo la reinstauración del Sistema Porcentual en todas las provincias y su enganche respecto de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Dichas luchas se realizaron en forma conjunta con reclamos similares de otras organizaciones, en su mayor medida pertenecientes a la Central de los Trabajadores Argentinos (CTA), aunque no exclusivamente. En cuanto al accionar de la CTA en materia judicial, es necesario mencionar que los reclamos de la FJA en dicha materia han sido incluidos en los documentos finales de los congresos nacionales realizados por la central y planteados por tanto como directrices de acción gremial y política.

Hasta ahora, y luego de un gran esfuerzo, el resultado ha sido exitoso en la medida en que se han producido aumentos, aunque parciales, en la mayoría de las provincias, la incorporación a planta permanente de miles de pasantes que trabajaban sin ningún tipo de remuneración y en algunos casos se ha conseguido la reinstauración de la porcentualidad o compromisos en este sentido por parte de las autoridades gubernamentales.

En otros términos, una de las expresiones del inicio de una etapa de ofensiva popular se ha verificado en innumerables luchas de trabajadores de diversos sectores, coordinadas en mayor o menor medida, cuyo eje ha sido la recuperación de los niveles de ingreso, entre las cuales se cuentan las realizadas por los trabajadores judiciales.

En este sentido, se trata de una modificación de condiciones políticas respecto de años anteriores, en los cuales nuestra principal preocupación pasaba por intentar sostener ingresos e incluso preservar las fuentes de trabajo ante el inhumano aluvión neoliberal que asoló a la región, y que encontró en nuestro país a su "mejor alumno".

No obstante, toda etapa presenta nuevos o viejos desafíos, que debemos atender con gran seriedad. Tal es el caso de los trabajadores judiciales, para los cuales las actuales –aunque parciales– mejoras salariales pueden articularse con avances en la denominada "Reforma Judicial" que impulsan principalmente el Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Mundial, y que afectaría los procesos de trabajo, aumentando el nivel de explotación de los trabajadores, desarticularía la carrera judicial y transformaría a la Justicia –hoy en profunda crisis como resultado de su carácter antipopular– en un proveedor de una "mercancía justicia" a la medida de los requerimientos del capital transnacional.

Reforma Judicial, la estrategia del poder

Ya han pasado varios años desde que los organismos internacionales de Crédito (fundamentalmente el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo) incorporaron en sus agendas estratégicas las reformas judiciales en América Latina, como parte de sus programas de reforma de las instituciones públicas.

En diversas publicaciones y documentos del CEFJA, de la FJA y de sus gremios provinciales constitutivos, hemos iniciado el análisis de las características de estos planes de Reforma Judicial y sus consecuencias no sólo para los trabajadores judiciales en particular (como resultado de las transformaciones en los procesos de trabajo que estos implican), sino desde una perspectiva más amplia, intentando desnudar la verdadera esencia del modelo de Justicia que estas organizaciones buscan imponer en nuestros países (2). Una justicia que tiene como principal objeto de preocupación y atención los requerimientos del capital productivo y financiero internacional y que inexorablemente, por tanto, da la espalda a las necesidades y derechos fundamentales de nuestros pueblos.

Lamentablemente, a pesar de que el Poder Judicial constituye uno de los principales poderes del Estado y un fundamental regulador de la vida social y económica de nuestras sociedades, ha ganado terreno la noción según la cual el debate sobre su presente y futuro es materia de especialistas, de técnicos, encarnados en las figuras del abogado y el juez. Así, las principales cuestiones atinentes a la Justicia quedan limitadas a un ámbito "profesional" similar –por esta lógica– a una cofradía hermética respecto del conjunto social, salvando honrosas e imprescindibles excepciones.

A nuestro entender, la problemática de la Justicia –como afortunadamente ha ocurrido con la Educación Pública en nuestro país–, debiera ser materia de debate democrático y constante del pueblo. Su devenir está directa e inexorablemente vinculado a derechos fundamentales e insoslayables. En tal sentido, se presenta como tarea ineludible del campo popular formular alternativas a dichas estrategias en base a un replanteo estructural del papel del Poder Judicial en la construcción de una sociedad más justa.

Detrás de los numerosos discursos y argumentaciones eficientistas sostenidos por los reformistas neoliberales (sólo en apariencia desprovistos de objetivos políticos "de clase" y supuestamente vinculados a cuestiones técnicas de "aumento de la productividad") se despliega un programa de modificación de las estructuras estatales (Poder Judicial incluido) a la medida de los requerimientos de la actual Globalización Neoliberal.

Se trata, en esencia, de la modificación de las estructuras públicas que en los Estados periféricos se construyeron para lograr su articulación económica y política en el mundo de posguerra enmarcado en el paradigma de la conferencia de Bretton Woods de 1945, hito que sentó las bases del orden económico mundial desde aquellos años y del que surgieron los principales organismos financieros internacionales. Ese orden de posguerra fue puesto en crisis por la profundización del sendero histórico de concentración y centralización de capital y las modificaciones técnicas, productivas y financieras generadas a partir de la década de los `70, en conjunción con una estratégica política de disciplinamiento de aquellos amplios sectores populares que se fortalecieron con el surgimiento y desarrollo de los movimiento revolucionarios y nacionales y populares durante el siglo XX.

Dichas estructuras estatales (conocidas como estados "keynesianos", "de bienestar", "populistas", etc.), con base en un notable desarrollo productivo, económico, político, social y cultural de los Estados–nación periféricos, pasaron de ser facilitadores del desarrollo del capital nacional en sus inicios –en articulación con la dinámica del mercado mundial de posguerra– a fuertes inhibidores del proceso de acumulación de los capitales transnacionalizados durante finales de los `60 y `70, cuyo proceso de concentración y desarrollo modificó sus relación con los estados–nación y por tanto con su andamiaje jurídico, político, económico y social. La impronta profundamente subversiva del capital transnacional generó estrategias de modificación de las instituciones reguladoras constitutivas de los estados. En el caso de los países periféricos, estas estrategias fueron potenciadas por los esquemas de dependencia en que se vieron históricamente sumidos. Este proceso se conoció como las "reformas estructurales" de los años ’90. En esencia, tales estrategias constituyen verdaderos cambios civilizatorios tendientes a la mercantilización del conjunto de relaciones sociales, motorizados por los capitales más concentrados a escala mundial y forman parte central de la denominada "Globalización Neoliberal".

Hasta el momento, el principal logro de las estrategias de Reforma Judicial, ha sido la inclusión de programas de reforma de las estructuras judiciales en la mayoría de los gobiernos de las naciones de América Latina. Afortunadamente, hasta la actualidad estos programas no han tenido avances de gran significancia, aunque se registran experiencias puntuales en los denominados "juzgados modelo". En el caso de Argentina, la Reforma Judicial forma parte de las agendas políticas gubernamentales, habiéndose avanzado en forma muy parcial.

Un segundo logro ha sido la interconexión de organizaciones no gubernamentales existentes y la creación de otras nuevas a escala continental que cuentan, además, con apoyo político, técnico y económico para lograr avances y adeptos tanto dentro como fuera del Poder Judicial.

Los medios de comunicación masivos han cumplido y cumplen un relevante papel en la generación de consenso social, en base a un modus operandi similar al utilizado para lograr el apoyo general en el proceso de privatizaciones de los años ’90. La irracionalidad del actual Poder Judicial –que históricamente ha jugado un papel de funcionalidad a las clases dominantes locales–, sumado a su colapso político, administrativo y presupuestario, sirve de excepcional marco para enardecer los ánimos de reforma en base a propuestas supuestamente eficientistas que esconden una profundización del carácter de clase del Poder Judicial, un debilitamiento del Estado de Derecho en términos populares y un aumento de la capacidad de presión y gestión del poder económico internacional.

Mucho hay por analizar todavía respecto de las características de los proyectos de reforma de la Justicia, sobre sus actores principales y sus estrategias. Más aún, podemos afirmar que nos encontramos en una etapa de estudio y crítica, habiéndonos adentrado escasamente en la elaboración de propuestas alternativas, trabajo que debemos potenciar con la certeza y el espíritu de estar construyendo al mismo tiempo una sociedad mejor para todos. Estamos a tiempo de ponernos a la altura de las complejas –y muchas veces contradictorias– circunstancias políticas que atraviesa América Latina y luchar por la instalación de proyectos realmente populares.

Ciertamente tenemos por delante un gran desafío, tanto por las características de estos proyectos y la complejidad social en que se presentan, como por las numerosas organizaciones nacionales e internacionales que pugnan por convertir finalmente al Poder Judicial en un simple "oferente de servicios de Justicia" para empresas. Desde el Banco Mundial (BIRF), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Organización de Estados Americanos (OEA), hasta Ministerios de Justicia Nacionales, Cortes Supremas y un extenso listado de Organizaciones No Gubernamentales.

La trampa salarial y presupuestaria de la Reforma Judicial

En esta última etapa, nuestra fundamental estrategia político – gremial se ha centrado en:

El reclamo de incrementos salariales y de recuperación del Sistema Porcentual y la instalación de Convenios Colectivos en el ámbito del Poder Judicial.
La exigencia de un aumento subsecuente de los presupuestos asignados al Poder Judicial.

Las razones para la elección de esta dirección están por demás fundamentadas, constituyendo una tarea ineludible de nuestras organizaciones. Además se ha iniciado una línea de trabajo en el estudio en materia de salud y condiciones de trabajo, que esperamos fortalecer durante el año 2006. No obstante, dada la reciente incorporación de esta temática a nuestro trabajo gremial y formativo, no fue incorporada aún a la matriz fundamental de nuestra estrategia de reclamos. En este sentido es importante destacar la notable tarea que en forma creciente asumen nuestros gremios provinciales para desarrollar tareas de formación de nuestros militantes, en el marco del CEFJA.

No es menos cierto que, fieles a lo que ya es una tradición en la FJA y sus organizaciones constitutivas, hemos mantenido una serie de reclamos de otra índole, más vinculados a la crítica política al actual sistema judicial. Entre ellos pueden contarse:

La exigencia de una democratización de los Consejos de la Magistratura, en base a la incorporación de trabajadores, de los acreedores de la Justicia, en el proceso de selección y evaluación de Jueces.
El avance en la crítica al funcionamiento del Poder Judicial, desde una perspectiva tanto política como social, económica y cultural.
La crítica a los actuales proyectos de Reforma Judicial de origen neoliberal.
Un análisis de los procesos de trabajo que se realizan en el ámbito de las dependencias judiciales, con el objetivo de generar sólidos diagnósticos sobre las deplorables condiciones de trabajo que producen importantes deterioros físicos y psíquicos en los trabajadores.

No obstante, es necesario remarcar que nuestros mayores esfuerzos durante esta última etapa, en materia exclusivamente político–gremial han estado dirigidos a los dos primeros puntos mencionados:

Reclamo por aumentos salariales.
Reclamo, directo o indirecto, por ampliación de los presupuestos de justicia que permiten la ampliación de las partidas presupuestarias dirigidas a remuneraciones de los trabajadores.

A esta altura de nuestros comentarios, es importante preguntarnos qué opinan sobre estos reclamos los reformadores neoliberales de los Poderes Judiciales de América Latina. ¿Cuál es la utilidad de ese ejercicio? Fundamentalmente identificar las potencialidades pero también los límites de una estrategia que nos ha resultado indispensable e ineludible, pero que a la luz de los acontecimientos requiere una extensión aún mayor y una cuota renovada de esfuerzos gremiales y políticos por parte de nuestras organizaciones. Se trata de descubrir y desnudar las estrategias y tácticas que el neoliberalismo en el ámbito de la Justicia prepara, lo cual nos permitirá fortalecer nuestras estrategias de lucha no sólo respecto de los intereses inmediatos de los trabajadores judiciales sino del conjunto del pueblo argentino y latinoamericano en su objetivo por constituir sociedad con "Justicia para todos".

En tal sentido, la lectura de alguno de los principales escritos del Banco Interamericano de Desarrollo en materia de Reforma Judicial en América Latina puede aportar datos relevantes. Se trata de "La economía política de la reforma judicial", editado por Edmundo Jarquín y Fernando Carrillo, en 1997 (3). Aunque de esta publicación pueden extraerse numerosas conclusiones y, desde luego, importantísimas crítica de fondo, dado el objetivo de este artículo, no centraremos en algunas argumentaciones relativas a los dos puntos que hemos destaca como constitutivos de nuestra actual estrategia.

En el capítulo segundo del mencionado libro, sugestivamente titulado "Los principales obstáculos de la reforma judicial en América Latina", su autor, Edgardo Buscaglia, profesor de la Georgetown University, nos muestra una posición sorprendente respecto de la problemática presupuestaria del Poder Judicial.

Luego de afirmar claramente que:

La comunidad financiera internacional está más explícitamente (y parecería que cada vez más) preocupada con la cuestión de la reforma judicial y del fortalecimiento de las instituciones legales en los nuevos estados democráticos. Las reformas judiciales más exhaustivas en la región incluyen Argentina, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador y Venezuela. (4)

Afirma que:

Los crecientes retrasos, la acumulación de causas, la incertidumbre asociada con el resultado que se espera de los tribunales han disminuido la calidad de la justicia de uno a otro extremo de la región (5).

Y agrega:

La mejora de la capacidad de los tribunales para satisfacer la demanda de disposiciones de causas es uno de los aspectos más importantes y que constituyen un gran desafío para la reforma judicial (6).

Algunas páginas más adelantes se adentra en algunos tópicos de la Justicia en América Latina y, respecto de la corrupción, afirma:

En el sistema de justicia, la corrupción adquiere la forma de soborno, presiones políticas e influencias personales a diferentes niveles. Está estrechamente vinculada con problemas de infraestructura: salarios bajos, inestabilidad en el ejercicio del cargo (7), ausencia de una evaluación profesional basada en los méritos, y también las prácticas largamente establecidas de que la ley no se aplica a todos por igual (8).

Así, este autor plantea que una de las causas de la crisis del poder judicial en América Latina, dentro de la cual incluye problemas de corrupción, se encuentra en la falta recursos para resolver cuestiones infraestructura entre las que se destacan justamente los bajos salarios y la inestabilidad en el ejercicio del cargo, además de la igualdad ante la ley y la correcta formación de los funcionarios judiciales.

Al analizar críticamente lo que él entiende como una dependencia presupuestaria del Poder Judicial respecto de los otros poderes del Estado, afirma que:

El ejecutivo y el congreso no deben ser barreras para la asignación de recursos suficientes para el sector judicial por medio del proceso presupuestario. En mucho países de América Latina las judicaturas no poseen presupuestos adecuados, lo que les impide sustentar incluso las necesidades mínimas para garantizar el acceso a la justicia por parte del público. Los presupuestos inadecuados perpetúan la dependencia de la judicatura, generan corrupción entre los funcionarios de los tribunales e impiden que la judicatura atraiga a jueces y personal de apoyo bien calificados. La judicatura debe tener un presupuesto separado que controle, gestione y proponga la Legislatura (9).

Podemos leer con claridad como, lejos de un discurso de ajuste presupuestario, estos representantes del establishment financiero internacional plantean el problema de la escasez presupuestaria como parte de la crisis del sistema. Aunque parezca una contradicción, se trata de la búsqueda de eficiencia en un sector del estado que está destinado –por definiciones que no trataremos en este artículo– a asegurar los derechos de propiedad y de acumulación de ganancias de los grandes capitales privados, y no de los derechos fundamentales de los pueblos.

Notemos, además, que Buscaglia aclara que no existe una relación directa entre presupuesto y eficiencia judicial (pobremente medida, por supuesto, por el ingreso y egreso de causas, sin importar el tipo social y político de la justicia que se imparte), lo cual remite a la necesidad de articular un mayor presupuesto con otras reformas en el aparato judicial:

Sin embargo, los vínculos entre los recursos de los tribunales y el tiempo de la disposición de las causas han demostrado ser muy débiles. De hecho, no hay una prueba de correlación internacional significativa entre la eficiencia judicial (medida por la acumulación de casos y los retrasos) y el tamaño del presupuesto gubernamental asignado a los tribunales (10).

De este párrafo surge otra conclusión de relevancia para nuestro trabajo: el aumento presupuestario, incluyendo el aumento de salarios es más el punto de partida del proceso de reforma que su conclusión. Podemos pensar, entonces, que la ampliación presupuestaria y la mejora salarial es un requisito tanto en función de la eficiencia como político, lo cual quedará más claro en los párrafos que siguen.

Al analizar las etapas de crisis profunda de los poderes judiciales, en las cuales según él los funcionarios judiciales pierden la posibilidad de sacar ventaja de sus cargos, afirma que:

…el precio pagado por los políticos y los funcionarios de los tribunales por plegarse a una reforma judicial decrece durante una crisis. Así, la judicatura se mostrará probablemente más dispuesta a llevar adelante una profunda reforma de los tribunales durante una crisis, siempre y cuando las propuestas para la reforma contengan fuentes de beneficios a corto plazo, tales como un aumento del poder administrativo de los tribunales de primera instancia, una independencia judiciales y un aumento de los recursos de los juzgados.

Este marco analítico explica por qué todos los países de América Latina que han avanzado en la reformas judiciales son aquellos en lo que primero tuvo que producirse una crisis profunda con las características mencionadas arriba (i.e., aguda disminución generalizada del promedio de procedimientos abiertos por cada uno de los tribunales civiles) como en Argentina, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, y Venezuela. En estos casos, fueron necesarios beneficios adicionales a corto plazo con el fin de asegurar el apoyo político de magistrados claves, quienes estaban dispuestos a discutir las propuestas de la reforma judicial sólo después de que una profunda crisis disminuyese su capacidad para servir al público. Estos beneficios incluyeron generosos paquetes de jubilación anticipada, promociones para jueces y su personal de apoyo, nuevos edificios y un presupuesto ampliado (11) (12).

Si seguimos al pie de la letra lo planteado por Buscaglia, veremos algunos matices de la versión criolla de la reforma judicial. En primer lugar, está planteando que los avances locales estuvieron signados por una llamativa lista de "beneficios/incentivos", lo cual implica que dicha reforma contó con "estímulos" o "favores recíprocos" que resuenan como versiones sui generis de las tan mentadas coimas, pero con el aval del sello institucional. Sobre ideales de justicia y de bienestar general, ni una palabra.

En segundo lugar, si hubo mejoras salariales estuvieron dirigidas a los sectores más altos de la estructura judicial, ya que nuestros diversos análisis salariales muestran una caída estrepitosa de los ingresos de los trabajadores judiciales en términos relativos, justamente de aquellos que efectivizan el funcionamiento concreto del Poder Judicial a costa de su propia salud la mayoría de las veces.

Al redactar el capítulo cuarto del mencionado libro, titulado "Lecciones de la economía política de otras reformas" (13), Ricardo Haussman, por entonces economista jefe del Banco Interamericano de Desarrollo, contrasta la reforma del sistema judicial con el proceso de estabilización comercial, la reforma del sistema de seguridad social y la reforma del sistema educativo, presentando conclusiones importantes para nuestro objetivo en estos párrafos.

Al mejor estilo de un estratega militar, Haussman plantea que:

En general, mientras más afinado esté el marco de reformas a emprender más fácil será identificar los grupos que van a oponerse a ellas. […]

En el caso de la seguridad social, si la reforma implica una reducción de los beneficios, como sería aumentar la edad de retiro de 60 a 65 años, es evidente que habrá grupos que se encuentren en cierto grado de edad que van a sentirse afectados. Con ello lo que quiero enfatizar es que si tenemos un claro entendimiento de las medidas que hay que tomar, podemos anticipar y calibrar mejor el grado de oposición que van a enfrentar.

En este aspecto, hemos encontrado que la reforma educacional es particularmente traumática. Esto responde a que la reforma exige transformar la burocracia que presta el servicio y en ese proceso surgen grupos que se sienten amenazados por los cambios que se quieren instrumentar. Los sindicatos de maestros, que son la contraparte del gobierno en la negociación, se oponen principalmente a las acciones que implican mejorar la medición de la calidad de la educación y los mecanismos de supervisión de la calidad de los maestros. 814)

Estudiando, entonces, la aplicación de otras nefastas estrategias de reforma, como el caso de la Seguridad Social y la Educación Pública, Haussman previene a los reformadores neoliberales sobre el inminente rechazo de la Reforma Judicial por parte de los sindicatos. Pero evidentemente limita la causas de dicho rechazo a intereses corporativos y no al rechazo que los trabajadores hemos expresado en toda América Latina a las reformas neoliberales de los años ’90. De allí que llegue a considerar que los aumentos salariales pueden resolver ese enfrentamiento a la mercantilización creciente de nuestras sociedades. Es que su matriz de pensamiento, su ideología mercantil, le impide pensar y prever aquello que en forma tan diáfana planteara el Dr. Antonio Cortina, asesor legal, militante y fundador de la Asociación Judicial Bonaerense y analista crítico de la Reforma Judicial en cuestión, en un reciente homenaje a su trayectoria realizado por la Federación Judicial Argentina: "los trabajadores son la reserva moral y ética de nuestra sociedad", y por tanto su oposición a estas estrategias supera ampliamente objetivos corporativos para inscribirse en un ideal social superador.

Haussman, al proponer mecanismos para compensar a lo que el llama "los perdedores" de la reforma, enmarcados en la "burocracia" –sin distinciones entre trabajadores y magistrados y funcionarios siquiera–, queda expresado con claridad meridiana el tipo de estrategias que los organismos financieros internacionales desarrollan. Así afirma que:

Se puede diseñar la reforma para compensar a los perdedores. […] [Pueden] aumentar los costos asociados con la reforma, pero le dan viabilidad política.(15)

[…]

Con respecto a la reforma educacional, la clave para lograr el apoyo a la reforma es negociar un aumento de sueldos a cambio de modificaciones en el régimen de trabajo de los maestros, como lo hizo México en 1993 y Bolivia en 1995. En el sistema de justicia, que en muchos casos no dispone de recursos suficientes, se podría evaluar hacer algo similar. Por ejemplo, se puede ofrecer un aumento en la dotación de recursos dirigidos a infraestructura o a salarios, a cambio de realizar ciertos cambios en la organización del sector (16).(17)

En otros términos, los reformadores neoliberales toman muy seriamente en cuenta la posibilidad de que se efectivicen aumentos salariales y aumentos presupuestarios como medidas no sólo para aumentar la eficiencia del Poder Judicial, sino como un elemento principalísimo para disciplinar a los sectores enfrentados con dichos programas de reformas, a través de propuestas que tienen más de compra de voluntades que generación de consenso respecto de las políticas a seguir. En efecto, ese es uno de los métodos que se utilizaron para desactivar la oposición al proceso de privatizaciones de los ’90. No es una novedad la aparición de dirigentes gremiales devenidos en empresarios o enriquecidos de diferente manera, traicionando a sus compañeros, lo cuales fueron despedidos o se convirtieron en trabajadores superexplotados.

No obstante, si media la honestidad y la fortaleza democrática de las organizaciones gremiales, el consenso es prácticamente imposible dados los objetivos que proponen los reformadores neoliberales. Los trabajadores no podemos consensuar una mercantilización de la Justicia. Por el contrario, nuestra tarea es construir un mundo diferente y no convertirnos en cómplices bien pagos del avance del neoliberalismo, como nos proponen los "especialistas" del Banco Interamericano de Desarrollo.

El aporte de estos párrafos reside en conocer las estrategias que utilizan los reformadores neoliberales, adecuando nuestras estrategias político–gremiales en base a nuestros principios fundamentales. Dichas estrategias deben combinar, necesaria y enérgicamente, la mejora constante de los deprimidos ingresos de los trabajadores judiciales –con el objetivo explícito de recuperar el sistema porcentual–, la mejora en las condiciones físicas y psicológicas de nuestro medioambiente de trabajo y la perseverante búsqueda de la transformación de la Justicia en una institución al servicio de los derechos populares, incluyendo crecientemente a la sociedad en esa lucha y rompiendo el carácter corporativo y excluyente que hoy caracteriza al Poder Judicial.

Comentarios finales

El objetivo de este artículo es plantear una serie de argumentos que nos sean de utilidad para discutir la estrategia de los trabajadores judiciales en esta nueva etapa, signada por el fortalecimiento de las luchas salariales en todo el país, en consonancia con una nueva etapa del campo popular a escala nacional y latinoamericana.

El paso de una etapa de resistencia al avance neoliberal a otra de carácter ofensivo, respecto de la recuperación de derechos fundamentales plantea nuevos desafíos, latentes en la etapa anterior pero difíciles de atender ante la violenta ofensiva del capital más concentrado a escala global.

Luego de una etapa de avance en materia salarial y con una serie de iniciativas altamente positivas en desarrollo, los trabajadores judiciales debemos comenzar a adentrarnos en los peligros que entrañan tanto para nuestro carácter de trabajadores de la Justicia argentina, como parte del pueblo, las estrategias de Reforma de la Justicia.

Como hemos visto en los párrafos precedentes, dichas estrategias de reforma, motorizadas desde los organismos financieros internacionales, incluyen claramente la posibilidad de desarticular resistencias a través de las mejoras salariales y presupuestarias. A cambio, se debería aceptar:

Una serie de modificaciones en los procesos de trabajo en las dependencias judiciales que implicarían una mayor flexibilización en razón de un falso criterio de eficiencia que encubre una mayor explotación.
El empeoramiento de las ya deplorables condiciones físicas y de violencia psicológica en que ya se desarrollan dichas tareas.
La privatización de amplios sectores del aparato judicial, en base a falsos supuestos de mayor eficiencia del sector privado.
Un debilitamiento del Estado de Derecho y de afianzamiento de los derechos a acumular ganancias de los grandes capitales privados.
La transformación de la Justicia de un Derecho en un Servicio, comparable a cualquier mercancía y ajeno a objetivos sociales y éticos, y por tanto la desaparición del concepto profundamente humano de JUSTICIA.

Es indiscutible que los Poderes Judiciales atraviesan una profunda crisis, pero las reformas neoliberales en curso, lejos de atender a las verdaderas causas de esa crisis, utilizan el actual estado de deterioro al que se los ha conducido, para profundizar el carácter excluyente, deficiente y mercantilista que ya hoy tienen.

Los discursos eficientistas que impulsan los reformadores neoliberales esconden en su seno la transformación radical de la Justicia en un aparato estatal dirigido a asegurar los derechos de propiedad del poder económico, en desmedro de los Derechos Humanos en sentido amplio y una racionalización privatizadora de la Justicia.

La eficiencia no es un concepto abstracto sino que está directamente vinculado a los objetivos políticos y productivos que se planteen en una estrategia mayor. De allí que no exista una sola forma de eficiencia. Debemos rechazar la eficiencia neoliberal que potencia la capacidad destructiva del capitalismo y crear una eficiencia popular, que desde su seno haya sido pensada para hacer más feliz la vida de las personas. Y los trabajadores judiciales podemos aportar nuestro conocimiento práctico, que la mayoría de las veces es desechado por loa administradores del poder judicial.

Nos encontramos ante una posible "trampa salarial y presupuestaria", a través de la cual las mejoras en los recursos dirigidos a la Justicia vengan condicionados a la aplicación de modificaciones paulatinas en el camino de la reforma neoliberal. Por ello, el reclamo salarial y presupuestario es apenas una de las facetas de esta lucha. En un accionar simultaneo, debe fortalecerse la crítica no sólo a las propuestas de reforma judicial neoliberal existentes, sino avanzar en una propuesta alternativa clara y profunda, cuyo principal actor y beneficiario sea el pueblo. Se torna imprescindible la construcción de un movimiento político y social por la transformación de la Justicia hacia un modelo democrático y popular, que enfrente y denuncie los actuales programas de reforma.

Este objetivo implica una simultaneidad de tareas de formación, investigación, lucha gremial, articulación político–social con numerosos sectores de nuestro pueblo y de la región.

Esa nueva justicia debe gestarse en nuestras cabezas y corazones, a través de estrategias de formación e interacción con nuestro pueblo. Los trabajadores judiciales pueden realizar un aporte fundamental en este sentido. Sólo a través de una movilización popular continua y colectiva seremos capaces de construir una "Justicia para Todos".

Febrero de 2006

Notas

Secretario del CEFJA. Profesor de Historia Económica y Social General, UBA. Investigador de la Fundación de Investigaciones Sociales y Políticas (FISYP) y del Departamento de Economía Política del Centro Cultural de la Cooperación. Integrante del Centro de Estudios Internacionales y Latinoamericanos de la Facultad de Cs. Económicas, Universidad de Buenos Aires.
Las mencionadas publicaciones y documentos están disponibles en nuestra página web (http://www.cefja.org.ar) o solicitándolas al CEFJA telefónicamente o por correo electrónico.
Jarquín, Edmundo y Carrillo, Fernando, editores. "La economía política de la reforma judicial", Banco Interamericano de Desarrollo, Washington D.C., 1997.
Ibíd., p. 33.
Ibíd., p. 36.
Ibíd., p. 37.
El subrayado y la negrita son nuestros.
Ibíd., p. 42.
Ibíd., pp. 42–43.
Ibíd., p. 43.
El subrayado y la negrita son nuestros.
Ibíd., p. 48.
Ibíd., p. 64.
Ibíd., pp. 67–68.
Ibíd., p. 69.
El subrayado y la negrita son nuestros.
Ibíd., p.70.

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Claudio Casparrino