La prisión puede considerarse como la última fase del proceso de justicia penal, que comienza con la comisión del delito, prosigue con la instrucción del caso, el arresto de los sospechosos, su detención, el juicio y, por último, termina con la sentencia. La magnitud de la población carcelaria viene determinada por la forma en que el sistema de justicia penal enfrenta a los delincuentes, lo que a su vez repercute de manera significativa en la gestión de los centros penitenciarios. Por otro lado, el sistema de justicia penal se ve influido por las políticas gubernamentales y del clima político del momento, determinado en gran medida por los ciudadanos, que en los países democráticos eligen sus gobiernos. Por todo ello, al evaluar el sistema penitenciario será preciso tener en cuenta que la gestión eficaz y las condiciones satisfactorias de las cárceles no dependerán únicamente de las autoridades penitenciarias. Lo que ocurra en las cárceles estará intrínsecamente relacionado con la gestión del sistema de justicia penal en su conjunto y con las presiones que reciba dicho sistema de parte de los políticos y los ciudadanos en general. Por esa razón, cualquier intento de reforma del sistema penitenciario deberá formar parte de un programa amplio dirigido a hacer frente a los desafíos que plantee la totalidad del sistema de justicia penal.
El nivel de confianza que se deposita en el sistema de justicia penal en general, y en la prisión en particular, como solución a algunos de los problemas más acuciantes de la sociedad es señal de la actitud de la ciudadanía y los políticos electos ante la delincuencia y sus causas principales. Cuando los gobiernos adoptan un enfoque punitivo, sin tratar de eliminar los factores que dan lugar a conductas delictivas, los centros penitenciarios acaban convirtiéndose en lugares que albergan a un número elevado de personas procedentes de los grupos más vulnerables y desfavorecidos de la sociedad, junto con un número muy inferior de delincuentes peligrosos y violentos. En los últimos años, las tendencias condenatorias en numerosos países se han visto influidas de manera significativa por la presión ejercida por la ciudadanía o los políticos para endurecer las políticas penales. No obstante, los estudios llevados a cabo en algunos países demuestran que el aumento de la población carcelaria no responde a un incremento evidente de la delincuencia, sino al incremento de las penas de prisión y de la duración de estas.
1.- Haga un ensayo referente a la situación penitenciaria en nuestro país e ilustre con imágenes de la realidad carcelaria.
Esta política penitenciaria diferenciada urge ser implementada en su integridad, pues permitiría un tratamiento adecuado a estos segmentos de internos e internas, especialmente la más joven que no pertenece a la cultura delincuencial y que requiere más atención por el riesgo de vulneración de precarios valores.
Durante la actual gestión del INPE, se creó la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, se culminó el Penal de Piedras Gordas – se apertura el 15 de diciembre del 2004 -, se suscribieron diversos convenios con instituciones: Ministerio de la Mujer y Desarrollo, Asociación Paz y Esperanza, Conferencia Episcopal Peruana, Fraternidad Carcelaria, Ministerio de Salud, Colegio de Abogados, Universidad Nacional Mayor de San Marcos, etc.
Por otra parte es necesario resaltar que a un año del Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR), cuyo impulso fue dado por la sociedad civil y las Iglesias Católica y Evangélica, son pocas las recomendaciones que han sido tomadas en cuenta e implementadas como: la vigencia del Reglamento del Código de Ejecución Penal, el trabajo de la Comisión de Indulto, Derecho de gracia y Conmutación de Penas, etc. Sin embargo, aún se mantiene el paralelismo de instituciones, (INPE y PNP) que dirigen las cárceles. No se ha logrado crear la figura del Juez de Vigilancia Penitenciaria.
La población del sistema penitenciario nacional está compuesta por las personas procesadas con medidas de detención y personas sentenciadas a pena privativa de libertad que se encuentran en los establecimientos penitenciarios, asimismo, personas liberadas con beneficio penitenciario de semilibertad ó liberación condicional y personas sentenciadas a pena limitativa de derechos, que son atendidas en los establecimientos de medio libre.
El INPE está descentralizado en ocho Oficinas Regionales1, las que a su vez tienen a su cargo establecimientos penitenciarios para personas privadas de libertad y establecimientos de medio libre para personas liberadas con beneficios penitenciarios y sentenciados a penas limitativas de derechos.
La población del sistema penitenciario al mes de febrero de 2015 es de 88,138 personas. De ellos, 72,5922 se encuentran en establecimientos penitenciarios al tener mandato de detención judicial o pena privativa de libertad efectiva, mientras que 15,546 personas asisten a establecimientos de medio libre al haber sido sentenciados a penas limitativas de derechos o liberados con beneficio penitenciario de semilibertad ó liberación condicional.
PENAL DE CHALLAPALCA
IMÁGENES DE CARCELES DEL PERU
2.-Investigue respecto a la Dirección y funciones del Impe. Sistema organizativo y sus respectivas normativas.
"Ser la Institución estatal que lidere la integración del esfuerzo de la sociedad y de sus propios servidores para reeducar a los sentenciados, rehabilitar y reinsertar a los liberados; a través de una organización humanista y científica, eficiente y eficaz, que motive la convicción de adherencia y confianza de las personas atendidas en el proceso resocializador".Contribuir a la administración de justicia cuidando y atendiendo a los procesados, sentenciados y liberados; rehabilitando a los sentenciados para lograr su reinserción social positiva.
Son funciones generales del Instituto Nacional Penitenciario, las establecidas en el Código de Ejecución Penal y su Reglamento: a) Dictar las políticas y normas técnico – administrativas del INPE; b) Proponer y otorgar los beneficios penitenciarios establecidos en el Artículo 42º del Código de Ejecución Penal; c) Ejecutar las acciones de Tratamiento Penitenciario; d) Desarrollar las acciones de Asistencia Post Penitenciaria en coordinación con los gobiernos regionales y municipales; e) Desarrollar acciones de Tratamiento en el Medio Libre y Penas Limitativas de Derecho; f) Llevar el registro de antecedentes de los procesados y sentenciados a Penas Privativas de Libertad y Limitativas de Derechos; g) Celebrar contratos y convenios con personas naturales o jurídicas; entidades públicas o privadas, nacionales o extranjeras; h) Desarrollar y promover investigaciones sobre criminalidad, así como elaborar y proponer políticas de prevención del delito y tratamiento penitenciario; i) Planear, organizar, coordinar, ejecutar, controlar y evaluar la seguridad y servicios especiales del INPE; j) Administrar los recursos humanos, materiales, económicos y financieros; k) Ejecutar el Proceso Presupuestal y el Sistema de Contabilidad Gubernamental; l) Planear, coordinar, ejecutar y evaluar los programas de infraestructura penitenciaria; m) Adquirir a título oneroso o gratuito, bienes, muebles o inmuebles para el mejoramiento del Sistema Penitenciario Nacional; n) Constituir las personas jurídicas que sean necesarias de acuerdo a lo establecido en la Ley del Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado; o) Celebrar Convenios de Cooperación Técnica a nivel nacional e internacional; p) Las demás que establece el Código de Ejecución Penal y su Reglamento. – Organización de la Carrera La Carrera Especial Pública Penitenciaria se organiza en tres áreas de desempeño laboral, contando cada una de ellas con sub áreas de especialidad; y reconoce dos grupos ocupacionales: Superior y Técnico, dentro de los cuales se identifican diferentes niveles. La pertenencia a estos niveles tiene una relación directa con el reconocimiento a los méritos del servidor penitenciario, su desempeño, productividad y ubicación en el escalafón de servicio; incide en una remuneración adecuada y diferenciada. Instituto Nacional Penitenciario (Inpe) El Instituto Nacional Penitenciario (Inpe) es el organismo público ejecutor rector del sistema penitenciario nacional. Se encuentra adscrito al Ministerio de Justicia. Tiene autonomía normativa, económica, financiera y administrativa. Marco normativo y ámbito de aplicación El régimen laboral del servidor penitenciario se encuentra regulado por la presente Ley, supletoriamente por la Ley 28175, Ley Marco del Empleo Público, y sus normas complementarias; el Decreto Legislativo 654, Código de Ejecución Penal, y su reglamento. 3.- Realice una visita a cualquier Centro Penitenciario del Perú y luego haga lo siguiente: a.- Análisis de la realidad penitenciaria del Centro Penitenciario Visitado. Población y reincidencia en el EP Huacariz de Cajamarca En el EP Huacariz de Cajamarca hay un total de 1,005 internos: 533 están sentenciados y 472 aún son procesados. El total de internos reincidentes, por número de ingresos al EP, es de 335. Durante el 2014 se registraron solo 34. Los demás reincidentes, es decir 301, son de años anteriores. Los delitos de mayor reincidencia son los delitos contra el patrimonio; los de menor reincidencia son los delitos contra la seguridad pública, contra la familia, contra la vida el cuerpo y la salud y los delitos contra la administración pública. LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN El INPE presenta un serio problema de corrupción, propiciado por el hacinamiento, falta de personal, clima laboral negativo y adverso, así como por los Ÿ magros sueldos de sus servidores. Los circuitos de corrupción existentes son alimentados por lo que se conoce como "corrupción por contaminación", que es contrainteligencia la convivencia de los servidores con la delincuencia y que genera que sean tentados o intimidados a hacer lo otros mecanismos de inteligencia para ser efectivos indebido. Este problema está ampliamente extendido contra la corrupción). En nuestro sistema penitenciario, lo que requiere ser enfrentado de forma urgente. REDUCCIÓN DEL HACINAMIENTO. El hacinamiento del sistema carcelario tiene cifras alarmantes: a la fecha tenemos más de 56 mil internos en 68 penales, cuya capacidad de albergue es de sólo 28,250 plazas. Es decir, tenemos una sobrepoblación del 100%, lo que nunca antes había ocurrido en el país. Mensualmente la cifra se incrementa en mil presos más y la proyección, si no hacemos algo al respecto, es que a julio del 2016, tendremos más de 100 mil presos. Como se sabe, el hacinamiento es fuente de otros problemas más: falta de control, inseguridad, drogas, celulares, incremento de la actividad delictiva desde los penales, prerrogativas indebidas, corrupción, entre otros. Pero lo principal es que impide las acciones de resocialización del interno y fomenta la reincidencia que afecta la seguridad ciudadana. SEGURIDAD EN LOS PENALES Existe una enorme brecha en cuanto a los recursos que el Estado ha invertido en los establecimientos penitenciarios en materia de seguridad. Los penales se encuentran en condiciones de seguridad deficientes, sin arcos de control en las puertas de entrada, por lo que pueden ingresar armas, drogas y otros objetos prohibidos. No existen suficientes armas y las que hay son en su mayoría obsoletas. No se cuenta con vehículos para las operaciones regulares como traslados de los internos, lo que dificulta esta labor y ha ocasionado que inclusive se hayan utilizado taxis para esta tarea, lo que es absolutamente irregular. SALUD EN LOS CENTROS PENITENCIARIOS La salud en los centros penitenciarios del país es crítica. Son focos infecciosos donde enfermedades como la tuberculosis ataca al 30% de la población y se convierte en un foco de afectación a la salud pública, pues no menos de 50 mil personas acuden cada semana, lo que puede producir contagios en cadena. Otras enfermedades como el SIDA también están presentes. Entender la problemática de salud en las prisiones no es solo diagnosticar y tratar a los enfermos privados de libertad que demandan atención, sino, es también entender que el ejercicio de esa demanda es un derecho de la persona que el Estado tiene la obligación de atender. MEJORAR EL TRATAMIENTO PENITENCIARIO El tratamiento penitenciario es el proceso de reinserción del interno para que abandone la actividad delictiva y pueda dedicarse a labores productivas. Hasta el momento, esta labor es solo un buen propósito, pues el hacinamiento y la falta de recursos tanto económicos como de personal, no permite que ello se cumpla a cabalidad. MEJORA DEL PERSONAL DEL INPE El personal del INPE está sujeto a un régimen laboral no adecuado a la labor penitenciaria, que genera la desmotivación y sueldos bajísimos. No existe una línea de carrera y menos aún la meritocracia (un funcionario que hoy es un Director de un penal, puede realizar mañana labores de seguridad). .ACCIONES DE PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN DEL DELITO La situación de hacinamiento es explosiva y es claro que la solución no depende solo del INPE, sino de una acción conjunta de diversas agencias del Estado y de la propia sociedad civil para poder afrontar el fenómeno de la delincuencia. La mayor incidencia delictiva en nuestro país se centra en tres delitos: robo agravado (35%), tráfico ilícito de drogas (25%) y delitos contra la libertad sexual (20%), lo que plantea el desafío de enfocar estrategias de acción efectivas contra ellos. REFORMA DEL SISTEMA Conclusiones El Programa Formativo Laboral aplicado a los internos del EP Huacariz de Cajamarca no influye de forma directa en disminuir la reincidencia durante el año 2014. Por cuanto se ha podido ver que: – Los internos manifiestan interés por aprender. – Existe una capacitación adecuada de acuerdo a la realidad del establecimiento penitenciario. – Los líderes y autoridades sí aceptarían como empleado a un ex-reo. Se afirma, de esta manera, la eficacia del Programa Formativo Laboral dentro del EP Huacariz, el mismo que con posibilita la inserción laboral de los internos una vez cumplido su encarcelamiento. Sin demérito de lo beneficioso que resulta el Programa Formativo Laboral para los internos (por las oportunidades de desarrollo personal y profesional), deben existir otras variables que determinen la reincidencia delictiva en Cajamarca. PO b.- Opinión crítica al gobierno de turno por la actual situación del Centro Penitenciario visitado. Si bien es cierto que en su último mensaje el presidente hablo sobre maximizar la seguridad penitenciaria en el penal de HUACARIZ nada ha cambiado y continua el abandono de parte del Estado " la completa corrupción de los funcionarios del inpe no solo con los internos también con las visitas que llegamos a los pabellones de reclusión son oscuros " con poca ventilación pues su diseño arquitectónico impide el ingreso de luz natural lo que generaba males oftalmológicos en los presos. En la zona no existe servicio de agua potable por lo que tanto internos como trabajadores penitenciarios tenían que beber agua extra de una fuente cercana sin contar con las mínimas condiciones de salubridad. Esto les produce problemas dermatológicos " gastrointestinales lo cual es agudizado por las bajas temperaturas " la intensidad solar es pocas, y los internos padecen estados depresivos por la escasez o ausencia de visitas " la dureza del régimen al cual están sometidos sus familiares tienen que llegar primero " de ahí alquilar un vehículo para llegar en seis horas al penal. Desde Puno sale un bus una vez a la semana los familiares tienen que pernoctar en la zona " se acomodaban en la única bodega que hay en los alrededores durmiendo en el suelo porque no hay lugar. El problema es que nada ha cambiado se mantienen las condiciones infrahumanas que motivaron el cierre de este penal las que fueron comprobadas una " otra vez. c.- Resumen de su visita realizada al centro penitenciario elegido Penal de Huacariz en Cajamarca. Edificios públicos donde permanecen las personas privadas de libertad luego de la sentencia dada por el organismo judicial como consecuencia de los delitos cometidos a personas o propiedades. Dirección: Fundo Huacariz Distrito: Cajamarca Provincia: Cajamarca Región: Cajamarca Teléfono: 076-363488 El establecimiento Penitenciario de Cajamarca está situado en la localidad de Huacharía, del distrito y provincia de Cajamarca. Su construcción fue terminada en marzo de 1994 a un costo de S/. 13.800.000. Consta de una zona administrativa y de servicios con 1 pabellón de admisión, pabellón de administración, enfermería, cocina, cámara frigorífica, lavandería, comedor, locutorio, sala de juzgamiento, pabellón de visitas íntimas, patio de visitas, depósitos y casa de fuerza. La zona de internamiento está constituida por 5 pabellones de máxima seguridad y 5 de mediana seguridad, con aulas, talleres, guardería y campos deportivos. Tiene una capacidad total de 432 internos (384 hombres y 48 mujeres) e incluye 120 celdas bipersonales de máxima seguridad. Actualmente. Penal cajamarquino de Huacariz presenta hacinamiento al 100%, informó el director de este centro penitenciario, Genaro Escamilo, quien dio a conocer que el penal fue construido para albergar a un grupo de aproximadamente 400 internos, sin embargo a la fecha el número de reos supera los 900.Refirió que para inicios del año 2014 se tiene previsto ampliar el penal con la construcción de nuevos pabellones y talleres para dar al interno una alternativa de actividad que luego le sirva para reinsertarse a la sociedad. En el Penal de Huacariz de Cajamarca, el ejercicio del derecho de defensa es mayormente de oficio y podría no estar debidamente tratado. Esto se evidencia en el alto porcentaje de inculpados asesorados por abogados de oficio o de indefensión; por lo que la legitimidad del proceso penal en la Corte Superior de Justicia de Cajamarca resulta discutida o puesta en duda al no cumplirse con el requisito mínimo del debido proceso, basado en la discriminación socio económico. Los factores que determinan este hecho, son el número reducido de defensores de oficio en la ciudad de Cajamarca, la limitada capacidad profesional del mismo y la inercia del Estado ante el problema. Probablemente existe el quebrantamiento a los Derechos Humanos de los internos comunes del Establecimiento penitenciario de Huacariz, esto se evidencia en la infraestructura física inadecuada, servicios sociales deficientes, la limitada capacitación del personal del INPE y Policía Nacional de Perú, y una cultura tradicional del trato al preso. En el ámbito de Cajamarca se viene dando cierto incumplimiento de las normas ecológicas, con un ligero aumento de delitos contra la naturaleza. Esto se evidencia en las pocas denuncias que existe frente a estos delitos, escasos procesos por delitos ambientales, pocos detenidos y sentenciados por estos casos. Los factores que determinan todo esto son la punibilidad leve o inadecuada de los delitos ecológicos, el control limitado por parte del Estado y autoridades, el limitado conocimiento de la realidad y la falta de nuevas normas de control sobre la gravedad del hecho. Todo esto trae como consecuencias la generación de mayor contaminación de la actividad empresarial informal, deterioro del medio ambiente, y el incumplimiento de normas sobre protección del medio ambiente. SOBRE POBLACIÓN EN ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO HUACARIZ DE CAJAMARCA Según estadísticas reveladas por el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) el penal de Huacaríz ya superó su capacidad real para albergar a más personas sentenciadas y procesadas por diferentes delitos. El informe advierte que este recinto fue construido para 432 reclusos y ahora ya supera los 668.54. La crisis de hacinamiento en el penal de Huacariz se agudiza cada vez más con la llegada de reos de alta peligrosidad, no teniendo la categoría para albergar a este tipo de delincuentes. El problema de hacinamiento no solo podría generar riñas en el interior, sino la planificación de fugas como ya se denunció en el 2009 debido a informes del mayor Edwin Aliaga Pereyra donde comunicaba posibles planes de fuga de reos de alta peligrosidad, entre los integrantes de la banda de los „Pulpos y los Norteños. Algunos consideran que el Establecimiento Penitenciario Huacaríz de Cajamarca es regular, ya que hay algunos pabellones que están descuidados en cuanto al pintado. Ante esta pregunta los internos encuestados manifestaron lo siguiente: Unos realizan trabajos de carpintería, sastrería y manualidades Otros no hacen ningún trabajo. – Las herramientas y algunas máquinas no funcionan. -Faltan herramientas y máquinas para realizar los trabajos Ejemplo: En el taller de zapatería no hay hormas, tijeras, etc. En su mayoría de los internos encuestados manifestaron que el servicio es Malo por lo siguiente: -El médico no es competente -No hay medicina. -Siempre les dan la misma medicina básica No se abastece: -Hace falta más personal por el numeroso número de internos que hay actualmente. -Algunas veces los técnicos en enfermería se van al hospital y el servicio de tópico queda vacio. Los alimentos no son buenos, e incluso en los últimos 6 meses han habido casos de apendicitis entre 12 y 15, que ha podido ser producto de los alimentos que se consume en el Establecimiento Penitenciario. -Los alimentos son pasados Falta más interés por parte de los docentes que dan su servicio en el penal. -No hay el área adecuada -No hay profesores de secundaria, solo primaria. -No hay profesores para todos los niveles. -La asistenta es floja y desinteresada, descuida su trabajo, no hace nada por el interno, no hay ayuda para los internos que requieren este servicio. -Cobran para todo, por ejemplo cobrar un sol diario para salir de los pabellones. -Maltratan a los internos. -En ocasiones cuando hay agresiones con algunos compañeros, los del INPE no hacen nada. -Les pagan y pasan cualquier cosa -Dejan entrar de todo pero cobran -Pasan drogas y no alimentos. En el NPE hace falta lo siguiente -Crear centros de trabajo -Dar tareas personalizadas a cada interno. -Buena educación. -Mejor trato y ayuda para trabajar. -Mejores personas del INPE que nos ayuden a rehabilitarnos. 4.- Consiga una película relacionada al Centro Penitenciario Lurigancho de Lima, véala y luego haga un resumen y de su opinión crítica. EL PENAL DE LURIGANCHO. Desde hace varios años hemos indicado y denunciado la grave situación que atraviesa el penal de Lurigancho. Lamentablemente esta situación no ha variado, principalmente por la gran cantidad de población que alberga este penal. A enero del 2005, el Penal de Lurigancho tenía una población de 8,223 personas para una capacidad de albergue de sólo 2,012 personas. Es decir existe una sobrepoblación de 6,211 personas, situación que año a año va en aumento. La salud penitenciaria tuvo que ser declarada en emergencia en este penal, pues por el problema de hacinamiento existe un gran riesgo de enfermedades infecto contagiosas. El jefe del INPE, Dr. Wilfredo Pedraza, indicaba que este penal es un problema de Salud Pública; pues Lurigancho es visitado por 300 mil niños y 600 mil adultos al año. Estas personas son una "población puente" de transmisión de enfermedades a la comunidad por la alta tasa de contagio. En Lurigancho la tasa de morbilidad por TBC fue 9.85 veces mayor que la tasa promedio en Lima (263 por cada 100 mil habitantes). Por otra parte, en agosto del 2004, el Presidente del INPE, en una entrevista radial indicó que: "dos personas mueren al mes en el penal de Lurigancho por enfermedades terminales"6. Se suma a ello las personas infectadas con VIH, cuyo porcentaje es cada vez mayor, pues es una población en constante riesgo por la promiscuidad en que viven, los abusos sexuales, el consumo de drogas etc. EL incremento de la población penal de Lurigancho y el poco personal de seguridad y tratamiento, ha facilitado un mercado ilícito al interior de este centro. Este mercado es controlado por grupos de internos bajo la mirada de las autoridades. Que poco o nada pueden hacer, por ejemplo con la venta o alquiler de celdas. El interno que tiene dinero puede tener una celda, pero el que no tiene, se tendrá que conformar con dormir en los pasadizos o en otro lugar inapropiado. Además es un hecho evidente el ingreso de alcohol y droga en este penal. Este es un grave problema de corrupción, pues no es posible que estos productos prohibidos puedan ingresar al penal sin que la autoridad penitenciaria se percate. La población joven en las cárceles es cada día mayor. Sin embargo, las acciones de tratamiento para esta población que debe ser diferenciada de acuerdo a nuestras normas, no se cumplen. Lamentablemente, en este penal no existen mecanismos adecuados para ser rehabilitados. Por el contrario, egresan del penal con mayores "conocimientos" y "estrategias" para delinquir.
La situación de los centros penitenciarios del Perú es cada vez más preocupante los conocidos casos de escandalosas fugas, trafico de drogas, alcohol ahora se suman las peleas de gallos. Es una nueva modalidad que encierra corrupción " que les genera buenos dividendos a los internos.
5.- Elabore un cuadro comparativo de los centros penitenciarios de los siguientes países: Bolivia, Argentina y Chile con nuestro país.
BOLIVIA |
> Asimismo, se indica que la detención preventiva continúa siendo uno de los factores de mayor incidencia en la vulneración de los derechos de la población carcelaria. La información disponible indica que más del 75% de los internos están detenidos preventivamente. Se ha señalado que tal circunstancia obedecería no sólo a la falta de cumplimiento de los plazos legales y de la normativa nacional e internacional sobre la materia, sino además a los actos de corrupción de algunos operadores de justicia, que no asistirían a las audiencias programadas, ni atenderían estos casos de manera adecuada. > En ese sentido, la CIDH reitera al Estado sus recomendaciones a fin de que adopte las medidas necesarias para garantizar que las autoridades judiciales apliquen la medida cautelar de detención preventiva motivadamente, en estricto cumplimiento del plazo máximo legal y de conformidad con los estándares internacionales; que los procesados tengan a su disposición un recurso judicial efectivo para impugnar los excesivos plazos bajo dicha medida; y que se adopten las medidas judiciales, legislativas y de otra índole, requeridas para corregir la excesiva aplicación de la prisión preventiva y el retraso procesal que persiste en la administración de justicia. > El Estado informó sobre una serie de medidas que podría contribuir a disminuir la población carcelaria. Entre dichas medidas se encuentra la promoción de la aplicación de salidas alternativas o criterios de oportunidad. Asimismo, se aprobó el "Manual de Litigación en Audiencias de Medidas Cautelares" con la finalidad de transmitir herramientas para el mejor aprovechamiento de las audiencias de medidas cautelares por parte de operadores de justicia y abogados defensores. Según fuentes estatales, esta medida ha sido difundida en las Direcciones Departamentales de Régimen Penitenciario, Jueces de Instrucción en lo Penal, Fiscales de Materia, Defensores del Servicio Nacional de Defensa Pública y abogados litigantes particulares. > La CIDH considera que estas iniciativas pueden ser el inicio de una política más integral para superar la crisis de hacinamiento en las cárceles. La Comisión espera continuar recibiendo información sobre los resultados concretos de los esfuerzos referidos por el Estado y sobre otras medidas complementarias tantos judiciales, legislativos y de otra índole. > También se han identificado otras problemáticas de especial preocupación, como la falta de separación entre personas privadas de libertad preventivamente y condenadas; la ausencia de una clasificación entre las personas privadas de libertad según la gravedad de los crímenes cometidos, la presencia de niñas y niños viviendo con sus padres en las prisiones, y la ausencia de políticas y centros especializados para adolescentes en conflicto con la ley. > En efecto, la Comisión manifestó su profunda preocupación por el encarcelamiento de procesados junto con condenados; y lo que es más grave aún, el encarcelamiento de personas menores de 18 años de edad conjuntamente con adultos procesados y condenados. Tal como se detalló, en Bolivia la edad penal está establecida a partir de los 16 años de edad, y por lo tanto, a los niños entre 16 y 18 años se les aplica el Código Penal común y se les priva de libertad en establecimientos penitenciarios de adultos. Además, esos niños y adolescentes no encuentran por parte del sistema penitenciario ningún tratamiento diferenciado que atienda sus problemas y necesidades específicas. El Estado boliviano se organiza mediante el sistema departamental y provincial. El país aparece dividido en nueve departamentos, cada uno de los cuales cuenta con una capital y varias provincias; el número de éstas es de 112. La extremada diferencia orográfica del país atravesado por los Andes de norte a sureste da lugar a que las comunicaciones terrestres entre los distintos departamentos sean muy deficientes, por lo que los departamentos presentan fuertes diferencias entre ellos. |
ARGENTINA |
El sistema carcelario argentino se fue desarrollando como una extensión del aparato represivo del Estado a lo largo de las diferentes dictaduras militares. Los diez años de gobierno constitucional transcurridos en nuestro ajado desde el derrocamiento de la dictadura militar, no se tradujeron en un cambio significativo en el funcionamiento de las cárceles. Un factor preponderante fue el hecho de que las cárceles continúan siendo administradas por algunos de los mismos genocidas y torturadores que las administraban durante la dañada dictadura militar. Las cárceles argentinas constituyen una vergüenza para el mundo civilizado, ya que en ellas se transgreden los más elementales derechos humanos y garantías constitucionales. La Argentina incurre por lo tanto en una clara violación de los Tratados y Convenciones Internacionales al someter a los detenidos a un trato cruel e inhumano. Es nuestra obligación, por lo tanto, refutaren lo pertinente- las afirmaciones del Gobierno argentino y exponer la realidad del sistema carcelario. La organización de los Juzgados de Ejecución se tradujo en un agravamiento de la situación de indefensión de los detenidos en las cárceles argentinas. Al no cumplir estos de manera efectiva con el control de las garantías constitucionales respecto del trato otorgado a los detenidos, crean una zona de impunidad para el personal penitenciario. Los jueces de Ejecución se han mostrado excesivamente cautelosos para no incomodar a las autoridades nacionales, convalidando con su silencio el horroroso cuadro de las cárceles argentinas. Las autoridades penitenciarias no distribuyen ropa, ni elementos de higiene, ni artículos de limpieza, ni medicamentos, ni material de lectura o alimentos en cantidad suficiente. Los edificios no reciben ningún tipo de mantenimiento. La mayoría de las instalaciones sanitarias no funciona – Esta situación no es producto de una falta de asignación de recursos. El presupuesto asignado solamente al SPF, para la custodia de 5.000 detenidos es de 210 millones de dólares anuales. La corrupción administrativa y el sobredimensionamiento de un sistema carcelario diseñado durante la dictadura militar, son algunas de las causas por las cuales a pesar de la enorme inversión económica, las condiciones de vida de los Internos no mejoran. Las víctimas del sistema carcelario, los internos, provienen en su inmensa mayoría de los sectores más humildes de la población. Semi analfabetos, sin recursos económicos, sin abogados que los representen. – A partir de 1990 comenzaron a establecerse contactos entre la Universidad de Buenos Aires y el Ministerio de Justicia para completar la actualización de los contenidos académicos de la profesión penitenciaria. Estos programas fueron dejados sin efecto a partir de la nueva administración del Ministerio de Justicia. En 1985 comenzó a desarrollarse en el ámbito de la Capital Federal un programa de estudios universitarios, en el marco de un convenio suscrito entre la Universidad de Buenos Aires y el Servicio Penitenciario Federal. Este programa intentó ser dejado sin efecto a partir de la nueva administración del Ministerio de Justicia. |
CHILE |
El aumento de la inseguridad en Chile ha conllevado a un incremento de la población penal y de la magnitud del problema del hacinamiento carcelario. Esta situación no es única del contexto chileno, por el contrario refleja un problema presente en todos los países de la región. Por esto, el modelo de gestión penitenciario propuesto en Chile está siendo analizado por otros países para establecer la capacidad de imitar sus definiciones y resultados. Se torna vital presentarlo desde una perspectiva compleja que abarque los diversos desafíos que presenta, pero en especial permita reconocer que la reclusión no es una alternativa para solucionar el tema de la delincuencia. Por el contrario, cárceles en pésimas condiciones, con alta presencia de personas sin condena, abusos institucionales, y limitada cobertura de rehabilitación y reinserción son elementos que consolidan una perspectiva de "escuelas del delito". No obstante lo anterior, es necesario avanzar en procesos de modernización de los sistemas penitenciarios para mitigar estos elementos negativos y potenciar espacios de posible resocialización y rehabilitación para aquellos que cometen delitos graves en nuestras sociedades. En este sentido, en Chile la inversión de capitales privados en la construcción y mantenimiento de las cárceles ha sido asumida como una solución a la mayoría de problemas de "habitabilidad". Sin embargo como se mostró previamente, la experiencia comparada señala que los resultados de la privatización de las cárceles no son muy auspiciosos en términos de incremento de la efectividad de los programas de rehabilitación, y generan un aumento sostenido de la inversión pública en este tipo de infraestructura. Adicionalmente, en los países en que se ha aplicado ha traído aparejado una serie de problemas de orden ético, político, normativo y jurídico (violaciones a los derechos humanos, explotación de mano de obra a bajo costo, endurecimiento de penas, entre otros).
Por ende, Chile se encuentra en una coyuntura crucial en la definición de una política penitenciaria, que enfrenta cinco desafíos centrales. En primer lugar, la disminución de la tendencia a encarcelar con lo cual se deber revisar el aumento sostenido de la población privada de libertad. Para esto se vuelve necesario considerar la utilización de penas alternativas sí como el desarrollo de mecanismos que consideren la justicia restaurativa como solución a hechos específicos que no involucran violencia por ejemplo. En segundo lugar, el nuevo modelo debe definir con claridad los indicadores de evaluación de los programas desarrollados para la reinserción social de los reclusos. En otras palabras, el gobierno debe consolidar una capacidad técnica de fiscalización en esta materia, considerando primordialmente variables presentes en la realidad post penitenciaria de los reclusos. En tercer término, los continuos atrasos en la entrega de los penales, la falta de información, e incluso recientes noticias sobre una eventual quiebra financiera del concesionario, evidencian la necesidad de una mayor y más eficaz fiscalización del sistema. La inversión privada debe tener mecanismos de regulación y supervisión afiatados que permitan establecer los indicadores de éxito tanto en el plano económico como en relación a la reinserción. Además, estos modelos de privatización generan una expectativa pública sobre su impacto en la delincuencia. En este sentido se espera que el mismo repercuta en la baja de las tasas de denuncia; lo cual es poco probable. En este sentido es necesario rescatar una visión integral y definir una política criminal que ponga énfasis tanto en la justicia como en la reinserción de aquellos que han pasado por el sistema penal. Finalmente, cabe destacar que este modelo se desarrollará sólo en 10 nuevos penales, pero en la actualidad existen otros 117 entre los cuales más de 40 enfrentan condiciones altamente deficitarias. Por tanto, es necesario enfatizar la necesidad de asumir el sistema como un todo que requiere de una reestructuración global e inmediata. En otras palabras, se deben revisar las políticas de aumento de la población carcelaria en Chile reconociendo que el ingreso al sistema carcelario implica, en la mayoría de casos, una relación con la vida delictual de largo plazo. Y paralelamente reconocer que la modernización carcelaria y su eminente privatización pueden traer consigo una tendencia creciente a la inversión en espacios carcelarios y no una solución a un problema tan complejo como la delincuencia. |
6.- Después de haber investigado y conocer la realidad penitenciaria en el Perú se solicita:
a.- Elaborar 5 Conclusiones.
1. En el Perú el 80% de las cárceles están en mal estado y la mayoría desborda su capacidad.
2. Los Establecimientos Penitenciarios no son lugares en los que los presos son resocializados; sino es el escenario donde aprenden más conductas violentas y donde los derechos fundamentales de los internos no son respetados.
3. La seguridad Interna de los Establecimiento Penitenciarios no cumplen con las funciones encomendadas, por lo que se colan artículos prohibidos a los internos, con las cuales estas hacen de la suya al interior.
4. Las personas que ingresan a un Centro Penitenciario por haber cometido un delito por lo general salen más violentas y perfeccionadas en su accionar delictuoso.
5. De los beneficios penitenciarios, podemos observar que se ha establecido cinco beneficios penitenciarios, correctamente identificados, sin contar las recompensas, dichos beneficios tiene como característica general, buscar reinsertar al penado a la sociedad, y lograr así la ansiada rehabilitación; por medio de actividades socio educativas y productivas que genere el habito al trabajo y propicie labores de índole académico y/o cultural. Sin embargo, esto no se va a lograr por una razón primordialmente de idiosincrasia, la ley es claro, los mecanismos y el procedimiento también lo son, más por el contrario no existe la infraestructura ni los recursos que posibiliten el cumplimiento eficiente de los beneficios y en consecuencia los fines de readaptación social, que se espera, no se pueden concretar en la oblación penitenciaria.
6. El problema más grave que ha tenido la pena privativa de libertad es la marginación social del delincuente, no solo durante el cumplimiento de la condena sino aun después de haber egresado del Establecimiento Penitenciario.
7. Los internos no lograran una rehabilitación deseada por el estado puesto que el Tratamiento Penitenciario no se desarrolla de forma adecuada.
8. En el Establecimiento Penitenciario de Cajamarca no se da un adecuado tratamiento penitenciario puesto que son maltratados, su alimentación es deficiente, la seguridad penitenciaria no cumple con sus funciones ya que permite el acceso de artículos prohibidos a los visitantes, la educación no es deficiente y como en el resto de E.P. hay una sobre población de internos.
b.- Elaborar 5 recomendaciones.
Diversos organismos e instituciones han formulado una serie de recomendaciones para un mejor funcionamiento del sistema penitenciario en función al objetivo resocializador de la pena. Entre estas instituciones se encuentran la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Defensoría del Pueblo.
1.- Una política nacional criminal con enfoque multidisciplinario, debe revisar el actual sistema de penas, los delitos sujetos a prohibición y restricción de los beneficios penitenciarios de semi-libertad, liberación condicional y redención de la pena por el trabajo y estudio, así como otros factores que forman parte de la acción criminalizadora del Estado para sancionar determinados delitos. Esto debe permitir una propuesta más acorde a los fines del derecho penal y de la ejecución penal.
2. Esta expansión del derecho penal va generando el crecimiento vertiginoso de la población penal lo cual colisiona con los limitados recursos económicos, logísticos y de personal con los que cuenta el INPE, produciendo sobre población, hacinamiento, pocas posibilidades de control en el ingreso de objetos prohibidos, sueldos y condiciones de trabajo poco motivadores para el personal penitenciario y círculos de corrupción institucionalizados que compromete no sólo al personal penitenciario sino además a los propios internos, familiares y abogados.