Esta teoría predice que los medios masivos de comunicación, especialmente la televisión, cultivan la sensación de inseguridad a los televidentes. La premisa es que los medios de comunicación son parte de la red social de los individuos, más aún, para algunos individuos los medios masivos de comunicación son los únicos o bien los principales medios de información sobre la inseguridad y la delincuencia en su localidad. A este respecto se dice que existe un incentivo económico para la difusión masiva de noticias relacionadas con el crimen, lo que al final resulta en un incremento en los niveles de inseguridad personales. Al mitificar el relato del acontecimiento delictivo, lo descontextualizan y pierde su significado real, lo convierten en la telenovela de la cotidianidad que se confunde con la realidad misma, todo esto con la finalidad de aumentar las ventas en el caso de la prensa escrita y la sintonización cuando se trata del medio televisivo.
Teoría de la victimización
La Victimización puede ser definida como; los efectos psicosociales inducidos sobre la víctima y su entorno social por los hechos ocurridos interpersonales y sociales que están y son tipificados penalmente como delitos.
La teoría de la victimización postula que las víctimas de un delito sufren de mayores niveles de inseguridad frente a aquellos que no han tenido tal experiencia de victimización, en tal sentido, La victimización puede ser: directa o indirecta.
La experiencia directa, es aquella sufrida por la persona en cuestión puede aumentar la sensibilidad al riesgo, llevándolos a percibir situaciones de peligro de forma más frecuente y exagerada.
La indirecta se refiere a individuos que tienen amigos, parientes o vecinos victimizados. Estas personas influenciadas por la victimización de otros, también pueden presentar una mayor percepción de riesgo y miedo.
El mecanismo causal de esta teoría consiste en la idea de que la experiencia de la victimización conlleva efectos psicológicos y/o materiales duraderos, aumentando la proclividad individual a sentirse más inseguro, frente a la circunstancia contraria de la no victimización.
MIEDO AL DELITO
Concepto de Temor al delito: Es el sentimiento de vulnerabilidad o desprotección ante la posibilidad de ser víctima de un delito; se considera la perspectiva cognitiva de este temor, es decir, la creencia que los individuos puedan ser víctima o no de un delito en los próximos doce meses.
Históricamente, es relevante resaltar, que durante largas décadas la criminología clásica concibió a la victimización como el único factor determinante en la constitución del temor subjetivo al delito. Es más, durante un largo tiempo el temor al delito se consideró como un problema secundario, al cuál no se debía otorgar una mayor importancia, pues estaba intrínsicamente ligado a la victimización. No existía la posibilidad de pensar que el temor existiera en forma independiente a la variabilidad de la tasa total de delitos y, por lo tanto, existía cierta proporcionalidad entre los grados de victimización y los niveles de temor. Un alto grado de temor sólo lo podíamos explicar por elevados números de delitos. Si bien es cierto que lo prioritario en materia de seguridad ciudadana es la disminución de los delitos en sí, la literatura internacional advierte que hoy una de las consecuencias más nefastas de la delincuencia es precisamente el temor asociado a ella. Cuando la sensación de inseguridad se considera tan peligrosa como la amenaza real de un victimario, se enfrenta un problema social preocupante.
Ahora bien, desde el punto de vista conceptual, es adecuado establecer ciertas diferencias entre temor a la delincuencia y miedo a la delincuencia. El temor se refiere a una situación permanente y no necesariamente objetiva, aunque pueda operar objetivándose en alguna figura, como con el delincuente común. En forma contraria, el miedo da cuenta de una situación objetiva y no permanente. Si queremos dar cuenta de un problema social, que mezcla la sensación subjetiva de las personas que se mantiene en el tiempo con una estructura social determinada que genera esta tipo de sensación, se opta por el concepto de temor a la delincuencia. Por este motivo, es adecuado conceptualmente hablar de temor al delito, es decir, una percepción personal pero que se mantiene por un tramo determinado de tiempo.
Es necesario entender el miedo al crimen, no ya desde una óptica puramente criminológica vinculada al ámbito de la delincuencia, sino como un componente de una temática mayor: la percepción de seguridad, que desde una perspectiva de calidad de vida, incluye aspectos ambientales, laborales y de participación ciudadana, entre otros.
Todo ello hace que el miedo al delito se haya constituido en un área de actuación específica dentro de las políticas criminales, por los efectos individuales y sociales, a nivel de comportamientos y de salud mental que pueden conllevar niveles altos de temor.
A nivel individual, el miedo al delito puede llevar a conductas de protección dentro y fuera del hogar, de tipo evitativo o activo. Por ejemplo, las personas pueden buscar vivir en edificios con sistemas de vigilancia que restringen el acceso a desconocidos, otro ejemplo es la entrega de publicidad, dotarse de sistemas de alarmas para el hogar, mascotas de vigilancia e incluso armas. Las personas pueden también alterar algunos hábitos de interacción social, como evitar salir de casa o contestar el teléfono a partir de ciertas horas.
En casos de extrema desintegración social o de alto miedo a los delincuentes, pueden surgir formas colectivas de autodefensa, por ejemplo, la aparición de grupos de justicia privada en barrios de mucha violencia armada y de frecuentes robos padecidos por los habitantes así como la aparición de grupos de vigilancia de vecinos que patrullan el barrio para evitar la venta de droga en el sector por parte de traficantes callejeros. Estas formas de justicia privada tienden a aparecer en condiciones de alto miedo al crimen y, al mismo tiempo, de baja eficacia percibida en el sistema judicial, ya que se ha encontrado que un mayor miedo al delito, una alta insatisfacción con la policía y unas actitudes más punitivas hacia la delincuencia se relacionan entre sí.
Entre los efectos sociales del miedo a la victimización está la inhibición de la comunicación, la desvinculación de procesos organizativos, el aislamiento social, el cuestionamiento de valores y la desconfianza comunitaria. En cuanto a la desintegración social se trata del progreso de desintegración de la comunidad que puede darse como resultado del miedo al crimen. Es el caso de habitantes de una comunidad que perciben el lugar en el que viven como peligroso por la presencia de sumergidos sociales , bandas, prostitución, venta de drogas, y buscan trasladarse a otras zonas más seguras, lo que trae como consecuencia que sus anteriores residencias se deterioren, bajen los precios de los canones de arrendamiento, y en el lugar acaban residiendo personas con bajos recursos económicos, entre ellos delincuentes, con lo que las tasas de delitos aumentan confirmando lo que temían y percibían los antiguos residentes.
En lo que se refiere a la desvinculación de procesos organizativos, hay investigaciones sobre el trauma psicosocial que la represión política permanente (la cual es una forma más de victimización criminal) instaura en la población una internalización del terror, lo cual afecta a la cohesión social, debilitándola, y haciéndola más proclive a ser sometida por el agente del terror. De acuerdo con ello, el temor inducido por la victimización criminal, en sus múltiples manifestaciones, puede tener diferentes efectos sobre el tejido social, del cual la cultura ciudadana sería uno de sus componentes, ya que ésta involucra aspectos de comunicación entre los ciudadanos, respeto por las normas de convivencia cotidiana en aspectos como el cuidado del medio ambiente, del espacio público, de las normas de tránsito, pago puntual de impuestos, entre otros, de respeto a las normas legales, y de participación en la administración pública y en los organismos ciudadanos que la vigilan.
La ciudadanía suele asociar espontáneamente la inseguridad con la delincuencia. Es decir, la percepción de amenaza es generada por el delincuente, y es la representación de éste lo que explicaría los altos índices de temor. Así, la inseguridad descansaría además de las tasas reales de delitos, en la definición metafórica del delincuente, en un delincuente omnipotente y omnipresente lo que provoca un temor exagerado y muchas veces sobredimensionado.
El temor al delito, se ha asociado a una amplia variedad de estados emocionales, actitudes y percepciones, entre las que se incluyen desconfianza en el otro, ansiedad, percepción de riesgo, temor a los extraños, entre otras. Desde esta lógica, el temor al delito ha sido definido como un fenómeno complejo, en el cual los esquemas mono-casuales para su explicación han debido ser abandonados. Para estudiar el temor al delito hay que asumir un enfoque multicausal para comprenderlo en su complejidad.
Para la literatura criminológica al no existir una única perspectiva sobre el temor al delito, se ha buscado "resolver" el debate mediante una distinción entre dos perspectivas. La primera es la noción emocional, según la definición anglosajona es "feeling afraid "o "worry". Esta noción apela al temor frente a situaciones delictivas o peligrosas. La segunda es la noción cognitiva del temor o "fear", que está vinculado a un análisis por el sujeto que, tomando en cuenta diversas variables personales y de contexto, estima la probabilidad de ser víctima de un delito.
Uno de los aspectos que diferencia a los seres humanos, es su capacidad de anticipar amenazas y experimentar emociones respecto de ello. Esta anticipación es el resultado de un proceso cognitivo mediado por la imagen social existente en torno al fenómeno delictual. Por consiguiente, es la sociedad la que provee a los individuos las condiciones interpretativas para que los individuos transformen sus actuales prácticas sociales en función al temor al delito, que más allá de ser una percepción personal, es una construcción que se socializa cada día más. Es por esta razón, que es erróneo plantear que el temor frente a una amenaza delictiva es una simple respuesta emocional.
Además del ámbito conceptual en torno al temor, existe un aspecto metodológico que genera permanentes debates. Esto último se refleja en que el temor posee características mensurables, tales como su intensidad (desde la preocupación al terror o pavor), predominio (segmento de la población que percibe temor frente a cierta circunstancias) y duración en el tiempo. Estas dimensiones del temor se manifiestan de diverso modo dependiendo del objeto al que está referido. De acuerdo al tipo de delito y grado de violencia del mismo, variará la intensidad y predominio del temor; y según se trate de un delito que puede ser sufrido personalmente (miedo personal) o por otros (miedo altruista).
Modelos Conceptuales que contribuyen al entendimiento del temor al delito y variables asociados a ellos:
En términos generales, la literatura especializada ha rescatado, principalmente, tres modelos conceptuales que pueden contribuir a un mejor entendimiento del temor que sienten las personas ante la delincuencia: modelo de vulnerabilidad, explicado anteriormente en la teoría de la vulnerabilidad; el modelo de la victimización y modelo del control social los cuales se explican a continuación:
Modelo de la Victimización:
Este modelo establece que individuos que han sido víctimas en el pasado de algún delito van a estimar un riesgo mayor de ser víctima en el futuro, y, como resultado, van a sentir un mayor temor ante la delincuencia, en especial cuando son delitos violentos o sexuales. El supuesto es que las víctimas comienzan a sentir mayor temor debido al delito que experimentaron y no por que hayan sido antes más temerosas.
Ante este panorama, es muy frecuente proponer que el temor ante el delito es, relativamente, irracional o existiría un desajuste entre los hechos del mundo objetivo y la expectativa subjetiva de los individuos. Sin embargo, la paradoja "temor victimización", se puede explicar no sólo considerando la victimización individual como determinante del temor ante el delito, sino también otros factores que influyen en este temor, como es la victimización vicaria. Ésta se genera cuando el temor que siente una persona aumenta si algún cercano ya sea un familiar, un amigo o un vecino ha sido víctima de un delito recientemente. No obstante, son los medios de comunicación una de las mayores influencias de la victimización vicaria en el temor de las personas, siendo ellos la principal fuente de donde los individuos extraen información sobre actos delictivos.
Modelo del control social:
Este modelo es uno de los más relevantes para comprender diversos factores que están asociados a la generación de temor. Por un lado, se sugiere que la falta de control que las personas sienten tener sobre su medio ambiente social y la desorganización que perciben en él, incrementa la percepción de temor. Por otro lado, este modelo abarca la percepción sobre las autoridades públicas y postula que si se percibe inactividad en las autoridades, el temor ante la delincuencia se incrementa, lo que se relaciona tanto con la confianza como evaluación a instituciones encargadas del orden.
– Confianza y evaluación a las instituciones y su relación con el temor:
Pese a que el concepto de confianza ha sido poco explorado en las ciencias sociales, durante las últimas décadas ha adquirido una notoria relevancia en el debate académico debido al rol que ha adquirido el concepto de capital social. Instituciones académicas, organismos internacionales y organizaciones no gubernamentales, ponen el acento en el desarrollo y consolidación del capital social, el cuál se expresa en la cantidad y calidad de interacciones sociales de una sociedad como una red de valores, normas y confianzas entre los individuos.
La evidencia empírica internacional señala que la presencia de capital social, y por lo tanto, confianza interpersonal, tiende a disminuir los niveles de temor, así como generar iniciativas de prevención comunitaria. Sin embargo, esta relación también puede ser inversa, pues se ha sostenido que la criminalidad influye directamente sobre el capital social por medio del desarrollo de un clima generalizado de temor que remplaza el espíritu de cooperación y participación comunitaria. La mala evaluación a instituciones públicas aumenta la posibilidad de sentir temor al delito.
Ahora bien, la confianza puede estar orientada a nivel interpersonal así como orientada a las instituciones públicas. En relación al segundo caso, el aumento de la criminalidad debe ser enfrentado por instituciones públicas que cuenten con la confianza ciudadana. De lo contrario, el aumento de las tasas delictuales puede conducir a la organización de grupos que toman la ley por sus propias manos lo que, a su vez, puede provocar la reacción desmedida por parte de los policías. Ante este panorama, el resultado final podría ser la sensación general de que las instituciones del Estado de Derecho no son eficaces para reducir el crimen.
Cuando se desconfía de instituciones como las policías o el sistema judicial, se contribuye a la sensación de inseguridad ciudadana, debido a la percepción de poca eficacia y profesionalismo en su rol, lo que se explicaría, en el plano internacional, que sólo los delitos más grave sean denunciados. Sin embargo, las razones de la poca tendencia a denunciar serían distintas según los estratos socioeconómicos. Mientras los estratos altos no denuncian porque consideran poca la posibilidad de castigar al delincuente o recuperar lo robado, los estratos bajos creen que al denunciar puede existir represalia debido a que, en algunas ocasiones, existe una cierta relación cercana entre víctima y víctimario. En general, se detecta un menor nivel de denuncia en los estratos bajos que altos lo que indica su mayor desconfianza a las instituciones policiales y judiciales.
En relación a la confianza y evaluación, debemos en primer lugar, diferenciar entre ambos elementos. Mientras la confianza se dirige a la creencia de compartir un mundo común y tener "fe" en sus integrantes e instituciones, la evaluación explica la calidad de un servicio. Es por ello, que el hecho de confiar en una institución no indica, necesariamente, que se evalué bien a ella, es decir, que entreguen un buen servicio. En el tema específico del poder judicial – en general en América Latina se sufre un proceso de desprestigio que se manifiesta en diversas encuestas, en especial, porque los individuos lo consideran "blando" respecto a la criminalidad además de sospechas de corrupción entre sus funcionarios. Existe una tendencia generalizada a considerar que la ineficiencia de los jueces se debe a que no aplican "mano dura", penas más drásticas y un mayor encarcelamiento a los delincuentes. Es bajo este clima de demanda por mayor "mano dura", donde emergen las posibilidades del éxito de gobiernos populistas con soluciones represivas de excesiva violencia que no apuntan a las causas profundas del problema.
En referencia a las policías, el panorama latinoamericano tampoco se presenta alentador. Numerosas son las críticas que se han establecido a las policías por parte de la ciudadanía: inadecuados procesos de selección de personal, deficiente formación, falta de probidad, abusos policiales, acusaciones de corrupción, entre otras.
La percepción de la población no es homogénea entre diferentes estratos socioeconómicos y comunas de residencia. Los sectores caracterizados por condiciones sociales más vulnerables, presentan menores niveles de confianza a las instituciones relacionadas con la seguridad que otros sectores, lo que indica que existe una relación distinta entre la comunidad y la policía en ambos sectores comunales.
– Participación Comunitaria en el combate a la delincuencia y sus efectos en el temor:
Durante los últimos años, el avance de la criminología ha abandonando esquemas explicativos mono-causales de la delincuencia apostando más a una perspectiva multicausal, cuyo planteamiento señala que son múltiples los factores que inciden para que un individuo cometa un delito. Esta "sensibilidad" por las diversas variables asociadas a la delincuencia, generaron las condiciones donde las políticas públicas anti delictivas cambiaran de perspectiva, abandonando en parte el tradicional énfasis en el control y represión de la delincuencia y otorgando una mayor relevancia al tema de la prevención del delito, al menos si se quiere obtener resultados a largo plazo atacando el problema desde sus bases. Dentro de las políticas de prevención, diversas estrategias antidelictivas en el mundo han propuesto que la seguridad no sólo es responsabilidad del Estado y de las policías, sino también de la comunidad, enfatizando la concepción de coproducción de seguridad, donde la participación comunitaria en la prevención del delito es su mejor ejemplo. Ahora bien, pese al énfasis en la comunidad para este tipo de participación, tanto el panorama mundial como nacional indican un bajo nivel de participación, lo que permite concluir que la falta de interés en la participación es un indicador de un tipo de vida y de relaciones sociales propias de nuestros días.
Ahora bien, al igual que en todos los esquemas conceptuales anteriores que explicaban el temor, la participación comunitaria no es homogénea entre residentes de sectores distintos y pertenecientes a ciertos estratos socioeconómicos. Como en el estrato bajo no existen mayores recursos para la seguridad, comienzan a gestarse mecanismos de prevención comunitaria, aunque las personas que viven en estas condiciones socioeconómicas, no estén conscientes que son medidas de prevención. Sin embargo, estas iniciativas son contingentes, nacen para solucionar un hecho puntual, y se presentan dificultades para lograr una organización más duradera. En ocasiones estas medidas comunitarias pueden adquirir un sentido negativo como el ajusticiamiento con las propias manos cuya expresión máxima es el linchamiento, fenómeno más frecuente en los estratos socioeconómicos bajos.[17]
El miedo como negocio (el negocio del miedo)
Según el autor argentino Alberto Binder (2010) parece que un conjunto de prejuicios, falta de conocimiento o inexperiencia es lo que conduce a la falta de claridad en la formulación de las políticas y la comprensión del fenómeno que son dos caras de una misma moneda. Se utiliza la idea de peste.
De acuerdo a este mecanismo la violencia y la inseguridad es un mal indeterminado, en su extensión, en sus formas y en sus causas, pero tangible y mortal. Esta llamada peste genera mecanismos de defensa que la historia ha estudiado con detalle, permite dividir a la sociedad en cuatro categorías: los enfermos, las potenciales víctimas, los transmisores y los incontaminables. Ciertos sectores sociales son los que producen el mal o ya están enfermos, el protagonista central es el conjunto de personas que pueden ser afectadas y siempre se presentaran algunos que están por afuera de este circuito.
Las razones del miedo en la sociedad son muchas y comprensibles: desde aquellas efectivamente vinculadas a la criminalidad, la violencia o la agresión cotidiana hasta las vinculadas a la incertidumbre general sobre el futuro, en una sociedad donde los riesgos han aumentado y las redes de protección social o estatal se han debilitado. Es evidente, pues, que una persona de clase media, en términos generales, tiene muy buenas razones para sentir temor sobre su presente o su futuro. Las crisis cíclicas de que sufre un país no ayudan, por cierto, a disminuir ese temor.
Pero lo más grave no es que la sociedad transite: una época de incertidumbre sino las formas de lucro que se han construido alrededor de ese temor. En primer lugar, el mercado de la seguridad privada esta estructurado de tal manera que la inseguridad es el negocio y la condición de su expansión. Esto no es un hecho menor, porque ese mismo mercado es productor de visiones sobre el problema criminal, a la vez que genera una dinámica que complica muchas soluciones. No por una razón ideológica que impide la participación de fuerzas no estatales en la solución de ese problema, sino por el hecho más concreto de que, aquí y ahora, su forma de crecimiento es parasitaria de la ineficacia estatal y aprovecha esa ineficacia para captar recursos estatales y utilizarlos en su provecho. Como ocurre con toda actividad económica es probable que esta sea solamente una lógica de expansión y que en algún momento el mismo mercado de la seguridad deberá cambiar de dinámica para centrarse en la provisión de seguridad, pero todavía no se sabe hasta dónde puede llegar esa expansión y qué daños perdurables puede dejar, tanto en la generación de miedo social como en las posibilidades de las fuerzas estatales de responder al problema de la seguridad de los ciudadanos. Una intervención estatal profunda, para modificar la dinámica mercado de seguridad es también una acción necesaria para modificar las percepciones que tenemos del fenómeno criminal y de las posibilidades reales de solucionarlo o controlarlo.
Otra forma de lucro tiene que ver con las nuevas formas de espectáculo de la violencia. Sin duda la crónica policial es un género que ha cautivado a las audiencias de todo tipo. Las noticias policiales no son más que una forma del mismo género. Pero, la potencia de los medios de comunicación, el realismo de la ficción y hasta el consistente entrenamiento para matar a través de los videojuegos que ocurre con miles de niños y adolescentes, forman un mercado de la violencia de grandes magnitudes.
Cualquier pedagogo no tendría problemas en destacar la vital importancia de los medios masivos de comunicación en la educación de la ciudadanía. Pero esto no debe ser visto exclusivamente en el plano moral; al contrario, los efectos mas perniciosos se encuentran en la educación de la percepción misma. La violencia y la muerte se encuentran frivolizadas en nuestro mercado de la violencia y ello hace que nuestra percepción también se vuelva frívola. Si un niño o un adolescente juegan a matar personas todos los días, eligiendo el arma, el blanco y apuntando con saña para causar el mayor daño, ¿podemos tener la expectativa razonable de que la violencia constituya para él un hecho que sea repudiado, no ya moralmente, sino en el plano de la sensibilidad? Evidentemente no. Lo mismo sucede si recibimos imágenes reales o ficticias (o a través de un relato intermedio donde se mezclan realidad, ficciones y arquetipos). En definitiva, nuestra percepción del fenómeno criminal y de la violencia esta mediada por un mercado de la violencia que se ha expandido a través de los medios masivos de comunicación. Cuáles puedan ser los mecanismos de intervención en ese mercado es una cuestión difícil, en particular frente a la sensibilidad de toda intervención estatal en los medios de comunicación. De todos modos, sin caer en el recurso fácil a la censura previa, existen innumerables mecanismos que permitirán un control y un debate mucho más profundo sobre la incidencia de esta dimensión tanto en los aspectos subjetivos como objetivos.
La tercera forma de lucro es más profunda aún; se trata de la generación del miedo como forma de desarticulación social y política. Una ciudadanía temerosa se encuentra mucho más dispuesta a bajar sus niveles de control y a renunciar a la idea central de representatividad por la de cuidado, señorío, resguardo. Es decir, formas más o menos amplias de mesianismo o caudillismo, que han sido típicas del desarrollo social y político, justamente por la incertidumbre y el miedo que ha caracterizado a nuestra vida social a lo largo de la historia.
Esto genera una forma patológica de diálogo político que se observa con claridad en nuestra época. Por una parte, la ciudadanía mantiene el tema de la inseguridad como una de sus prioridades y como una interpelación permanente. Por otra parte, la dirigencia política se muestra preocupada y atenta. Sin embargo, este aparente punto de conexión no produce políticas consistentes. Al contrario, pareciera que mantener este canal abierto y sin solución es la mejor forma de mantener a la sociedad expectante y atemorizada y a la oferta electoral abierta pero descomprometida. Es decir, esto le permite a la dirigencia política hablar de seguridad, sin asumir mayores compromisos. La ganancia está en el tipo de vínculo con la sociedad, pero esa demanda no se convierte en fuerza de transformación (lo que llevaría a la dirigencia a enfrentarse a sectores burocratizados y corporativos que manejan todavía el sistema de seguridad).
De este modo, la demanda de seguridad es mantenida en medias aguas y se vuelve inoperante, tanto en el corto como en el mediano plazo. El fenómeno "Blumberg", por ejemplo, es un muestra casi exquisita de desarticulación social, independientemente de las opiniones que podamos tener sobre su visión del problema y sus propuestas. La falta de acuerdos entre los actores políticos, la falta de tecnificación de las propuestas de los partidos, la repetición en soluciones ya gastadas, etc. son una muestra de un dialogo patológico entre la dirigencia política y la sociedad. Esto ha llegado a tal magnitud que se puede decir que el tipo de diálogo que existe entre la sociedad y su dirigencia política es también una condición de ineficacia del control de criminalidad.
La retórica de la mano dura aparece como la forma más eficaz de conjugar todas estas formas de lucro con un discurso social aparentemente preocupado pero incapaz de construir soluciones complejas y serias a un problema de gran magnitud. En primer lugar plantea el problema como una cuestión de debilidad y por lo tanto la solución como un problema de fortaleza. Nada más alejado de la realidad. El binomio debilidad-fortaleza es inútil a la hora de diseñar política de seguridad o de comprender el problema de la criminalidad. En consecuencia su visión del problema es de un simplismo que oculta las causas más evidentes y por ello es funcional al mantenimiento de buena parte de las condiciones de ineficacia en el control de la criminalidad.
En segundo lugar, es una retórica que asusta ya que pese a que ha influido en la toma de decisiones en la última década, poco produce en términos concretos, con lo que mantiene vigente la visión de la peste y el milenarismo. Finalmente es una retórica que agrava el problema, ya que en el fondo su discurso es un llamado a la autodefensa (el "métale bala al delincuente"). Es decir tras la retórica de la más dura se esconde una cultura del linchamiento.
Pero la emergencia de la retórica de la mano dura, en especial en nuestras versiones vernáculas, que tan poco tienen que ver con las políticas de ''tolerancia cero" o las formas integrales de control de la criminalidad, no es solo una estrategia demagógica de la dirigencia política sino que responde al intento final de mantener una forma de gobierno del sistema de seguridad que ha sido tradicional en nuestro país y que también condiciona las visiones que tenemos del problema de la criminalidad.
Aspectos jurídico-procesales de la ciudadanía frente al sistema de administración de Justicia Penal
En este punto se tratará de los aspectos jurídicos procesales a los que se enfrenta la víctima y los testigos en el proceso penal, bien sea por iniciarse un proceso por denuncia o por flagrancia de un hecho punible y el temor que siente la ciudadanía, no sólo de ser víctima de un delito, sino también de ser víctima del proceso penal.
Es bien conocido que la finalidad del proceso penal es, de conformidad con lo establecido en el artículo 13 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica del Código Orgánico Procesal Penal (COPP)[18], establecer la verdad de los hechos por las vías jurídicas y la justicia en la aplicación del derecho; y uno de los objetivos del proceso es la protección y reparación del daño causado a la víctima del delito, siendo obligación del Ministerio Público velar por esos intereses en todas las fases del proceso. Así también, deberán la policía y demás organismos auxiliares otorgarle a esas víctimas un trato acorde con su condición de afectados y facilitar su participación en los trámites en que deba participar (art. 120 COPP).
Ahora bien, en esa búsqueda de la verdad todo ciudadano se encuentra en la obligación de denunciar, bien sea por ser víctimas directas de un delito o porque han presenciado la comisión del mismo, y, la omisión de denunciar acarrea sanciones penales. Pero es el caso que suelen no hacerlo por distintas razones; mientras los ciudadanos de estratos altos no denuncian porque consideran poca la posibilidad de castigar al delincuente o recuperar lo robado, los ciudadanos de estratos bajos creen que al denunciar puede existir represalia debido a que, en algunas ocasiones, existe una cierta relación cercana entre víctima y victimario. Generalmente, se detecta un menor nivel de denuncia en los estratos bajos que altos lo que indica su mayor desconfianza a las instituciones policiales y judiciales, ya que el daño sufrido por la víctima del delito suele verse incrementado como consecuencia de su contacto con el sistema de justicia (victimización secundaria).
Esta situación ha sido tomada en cuenta por los altos Tribunales de la República, en materia de niños, niñas y adolescentes, al pronunciarse la Sala Constitucional en la sentencia número 1049 del 30 de julio del 2013, dejando asentado con carácter vinculante que "los Jueces y Juezas con Competencia en materia Penal que integran los distintos Circuitos Judiciales de la República, podrán emplear la práctica de la prueba anticipada, prevista en el artículo 289 del Código Orgánico Procesal Penal, previa solicitud del Fiscal del Ministerio Público o cualquiera de las partes, para preservar el testimonio de los niños, niñas y adolescentes, ya sea en condición de víctima o en calidad de testigo, sobre el conocimiento que éstos tienen de los hechos.". En el caso de los niños, niñas o adolescentes que participan en el proceso penal en condición de víctima, resulta evidente que están expuestos a ser revictimizados como consecuencia de las declaraciones que reiteradamente deben exponer ante diversos funcionarios de la cadena de investigación y en cada una de las etapas del proceso, circunstancia que en muchas ocasiones conduce a que, por ejemplo, los niños, niñas y adolescentes víctimas se resistan a comparecer a los actos procesales por temor de encontrarse con el victimario o, en otras casos, por afectaciones de naturaleza emocional o psicológica al recordar constantemente el hecho lesivo, especialmente, cuando se trata de delitos como abuso sexual, actos lascivos, entre otros de esta especie.
Cabe destacar, que la persona que se enfrenta a un proceso penal no sólo es revictimizada al momento de deponer ante un funcionario judicial; ésta víctima, que pasa a ser víctima del proceso (ya que sufre del retardo procesal, siendo citado constantemente a la celebración de audiencias que son diferidas, interfiriendo esto con su jornada laboral ya que se pierden horas de espera, y recibiendo malos tratos del personal que labora en los Circuitos Judiciales) es colocada frente a frente con su victimario desprovista de protección por parte del Estado, a pesar de existir una Ley de Protección a la Víctima, Testigos y Demás Sujetos Procesales[19]que, en opinión del equipo, ha pasado a ser prácticamente letra muerta, ya que no se aplican las disposiciones allí contenidas; dificultando así la veracidad del testimonio, ya que éstas personas son fácilmente localizables.
Esta situación la viven no sólo las víctimas de los delitos, sino también los testigos (e inclusive, bajo la vigencia del Código Orgánico Procesal Penal anterior, los escabinos quienes representaban la participación ciudadana directa en la administración de Justicia en el proceso penal), en todos y cada uno de los casos anteriores el resultado es que estos ciudadanos que de alguna u otra manera intervienen en el proceso penal sienten temor de afrontar el proceso, por ser ignorados, maltratados o extorsionados por los funcionarios, en algunos casos los judiciales, en otros los policiales (en países como el nuestro, no sólo se teme al delincuente común sino también al funcionario policial); sufren del retardo procesal, así como también sufren de lo engorroso que suelen ser los trámites para la devolución de sus objetos y en el peor de los casos, se ven amenazados y amedrentados por sus agresores al no existir realmente confidencialidad de sus datos y en consecuencia, hay una gama de motivos que impiden una colaboración seria con el proceso penal, se crea más impunidad y disminuye día a día la poca credibilidad que tienen los venezolanos del sistema de administración de justicia.
Recomendaciones
Como recomendación general, la superación de la problemática de la inseguridad está vinculada a la mejora sustancial de la situación económica del país, a través de la implementación de políticas que logren la reactivación del aparato económico productivo, con la consiguiente disminución de las altas cifras de desempleo y pobreza, siendo estas algunas de las causas del aumento de la delincuencia.
Se debe desarrollar una ambiciosa política que fortalezca la educación y que impacte contundentemente la deserción escolar.
Fortalecer la participación ciudadana en todos sus niveles, incluyendo, las Universidades, y los Institutos dedicados a la investigación, para que se actúe en cumplimiento del principio de corresponsabilidad con el Estado, dónde además de reconocer los problemas, se pase de la conflictividad, a medidas claves que conlleven a una mejor calidad de vida.
Realizar un estudio multifactorial a nivel nacional para determinar cuáles son los factores que influyen en las fallas de las políticas públicas implementadas por el Estado.
Revisar de manera selectiva y exhaustiva todas las unidades encargadas del control interno dentro de todas las instituciones que conforman la Administración Pública, a los fines de poder detectar y atacar las serias debilidades en torno a la eficiencia y la eficacia en la prestación de los servicios a los ciudadanos.
Al lado de la "cifra negra" deben sacarse a la luz las "cifras doradas", ya que tienen una vinculación estrecha con la violencia callejera; porque la impunidad es un elemento generador de violencia, y porque conocer la extensión de la delincuencia organizada evitaría la expansión de las actividades económicas ilegales, la corrupción, y muchas formas de violencia que se ponen en práctica para garantizar impunidades y obtener recursos.
Como actividad preventiva a corto plazo se debe evitar la victimización: Aunque a veces las campañas informativas sobre cómo no ser víctima de delitos pueden contribuir a expandir el terror, es necesario que la gente genere hábitos de prudencia. Estudios serios de la Victimología, sobre las llamadas "víctimas propiciatorias", demuestran que hay personas que atraen sobre sí las miradas menos sanas.
Conclusiones generales
El Estado es el administrador por excelencia, que tiene como obligación garantizar el bienestar social, entre los principios Constitucionales nos encontramos con el de la Seguridad de la Nación, que trae como consecuencia la seguridad Ciudadana, tal como lo establece el Artículo 55 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, además es importante resaltar que la seguridad ciudadana no solo es responsabilidad del Estado si no que hay corresponsabilidad con la participación ciudadana, en los programas destinados a la prevención del delito, que así como existe la seguridad ciudadana está la inseguridad, todo esto, como resultado de unas políticas gubernamentales ineficaces y de una cultura pobre por parte de la sociedad, debido a la ausencia de valores y al estado de necesidad económica en ocasiones. Como consecuencia de lo prenombrado llega el temor fundado del delito, en virtud a que aun estando vigente una garantía constitucional y habiendo una obligación por parte del estado, no se cumple lo protegido, razón esta que genera el temor de los ciudadanos al libre desenvolvimiento, puesto que habiendo un Estado de Libertad, se obedece el temor de desplazarse.
En Venezuela ha venido evolucionando el índice de criminalidad, cifras que se ven reflejadas en las distintas estadísticas realizadas por las diferentes instituciones públicas, estudios realizados por las ONG y Consejos comunales, reflejan que los motivos del crecimiento del índice delictual se motiva a las políticas nefastas e ineficaces por parte del Estado. Hoy en día la dificultad que tiene la colectividad de acceder a los distintos medios de bien social, crea el caos y trae como resultado el aumento de la criminalidad, sobre todo en las sociedades menos favorecidas.
A pesar de que se han creado múltiples políticas por parte del ente estatal, los resultados han sido más negativos que positivos, se le ha otorgado poder de dirección a la comunidad que fue excluida en gobiernos diferentes, pero que dicho otorgamiento no resulto ser lo que se quería o se esperaba. Cabe destacar que ha repercutido adicionalmente en el desempleo, la inseguridad y el estado de pobreza la mala gestión del sistema económico, el control que se viene dando sobre la obtención de los víveres alimenticios y de higiene personal, ha creado otro monstruo de la delincuencia en el Sistema económico, implantando cada vez mas normas represivas a la ciudadanía, esto a su vez genera una nueva expansión del delito, inicia otro tipo Penal en el medio económico inserto en el Sistema, tal como se evidencia con la entrada en vigencia de la Ley Especial de Costos y Precios justos, cuya norma regula por un lado y genera delito por otro, pues a veces la persona prefiere incurrir en el delito y poder acceder a lo necesitado que cumplir la norma y morir de hambre. Así mismo es necesario resaltar las políticas penitenciarias, las cuales son paños de agua caliente, pero que no extinguen la verdadera problemática, es más fácil para el ente administrador inventar una Libertad, que reinsertar verdaderamente a una persona a la sociedad, un juez prefiere realizar una resolución donde otorgue una Libertad cuando hay mucha insistencia, que interactuar o involucrarse con un privado de libertad que le produce repulsión, olvidándose así de lo que establece la Dra. María Gracia Moráis cuando en su concepto de Juez de Ejecución establece que el perfil que debe tener, es de una persona con dotes vocacionales muy particulares, que debe poseer una formación académica amplísima con cualidades superiores de humanismo, espíritu abierto y empatía, siendo la realidad, un hechos distinto al deber ser.
La falta de interés por parte del Estado en la estructuración de las familias Venezolanas, deja entre ver, que es más económico arriar a la sociedad por medio de un sistema penal y represivo, que aplicar políticas de formación y contención familiar, política esta que amerita de un presupuesto real y palpable para las mismas, dichas estrategias que deben ser diferentes a las misiones establecidas, que no se mantienen en su totalidad desde su inicio. Así como lo referido a otras políticas se quedaron en un lindo sueño que al despertar se reflejan en el hacinamiento carcelario, el colapso de las morgues del país, las largas colas para obtener un alimento de la cesta básica cuando llegan los suministros, el impedimento de tomar unas vacaciones y entre tantas limitaciones que viven a diario los Venezolanos, lo que se deduce en el miedo generado por la Inseguridad en un Estado que supuestamente "garantiza" la Seguridad.
Bibliografía
Acevedo V., Sebastián. Distribución desigual del temor al delito según nivel socieconómico: Análisis de las comunas del gran Santiago. Tesis para optar la grado de sociológo. Santiago de chile. 2008.
Mayorca, Juan. Teoría de la criminalidad. Editorial Italgrafica. Caracas, p. 37.
Ruiz, Wilmer y Ruiz Jesús. Prevención Y Seguridad Como Combatir El Delito. Editorial Horizonte C.A. Barquisimeto 2012, P. 193.
Constitución.(1999). Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, 5453, (Extraordinario), Marzo 24, 2000.
Decreto Con Fuerza de Ley de Coordinación de Seguridad Ciudadana. (2001) Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, 37.318, Noviembre 06, 2001.
Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica del Código Orgánico Procesal Penal. (2012). Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, Nº 6.078, Agosto 06, 2012.
Ley Orgánica de Seguridad de la Nación. (2002) Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, 37.594, Diciembre18, 2002.
Ley de Protección de Víctimas, Testigos y Demás Sujetos Procesales. (2006). Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, Nº 38.536, Octubre 04, 2006.
Antecedentes De La Seguridad Ciudadana [Página Web en línea]. Disponible en: http://es.wikipedia.org/wiki/Seguridad_ciudadana#Historia_del_concepto [Consulta: 2014, Julio 25].
Diferencias entre Seguridad e Inseguridad Ciudadana. [Página Web en línea]. Disponible: http://www.flacso.org.ec/docs/fc_inseguridad.pdf?origin=publication_detail[Consulta 2014, Julio 25].
Inseguridad [Página Web en línea]. Disponible: http://www.definicionabc.com/social/inseguridad.php#ixzz382lJPuF8 [Consulta: 2014, Julio 25]
Inseguridad Ciudadana. [Página Web en línea]. Disponible en: http://books.google.co.ve [Consulta: 2014, Julio 25].
Inseguridad Ciudadana. [Página Web en línea]. Disponible en: http://prodavinci.com/blogs/las-muertes-por-violencia-en-venezuela-comparadas-con-el-mundo-por-anabella-abadi-m-numeralia/ [Consulta: 2014, Julio 25].
Inseguridad tolerable. [Página Web en línea]. Disponible: http://library.fes.de/pdf-files/bueros/caracas/50460.pdf [Consulta 2014, Julio 25].
Noción de Inseguridad. [Página Web en línea]. Disponible en: http://library.fes.de/pdf-files/bueros/caracas/50460.pdf [Consulta: 2014, Julio 25].
La Seguridad Ciudadana. [Página Web en línea].Disponible en: http://es.wikipedia.org/wiki/Seguridad_ciudadana [Consulta: 2014, Julio 25].
Real Academia Española, [Página Web en línea]. Disponible en:
http://lema.rae.es/drae/?val=SEGURIDAD+CIUDADANA [Consulta: 2014, Julio 25]
Autor:
Abogado Daniel Bohorques
UNIVERSIDAD DE CARABOBO
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y POLÍTICAS
ESCUELA DE DERECHO
DIRECCIÓN DE POSTGRADO
ESPECIALIZACIÓN EN DERECHO PENAL
Venezuela- Edo. Carabobo, Julio de 2014
[1] Mayorca, Juan. Teoría de la criminalidad. Editorial Italgrafica. Caracas, p. 37.
[2] Real Academia Española, [Página Web en línea]. Disponible en: http://lema.rae.es/drae/?val=SEGURIDAD+CIUDADANA [Consulta: 2014, Julio 25]
[3] La Seguridad Ciudadana. [Página Web en línea].Disponible en:http://es.wikipedia.org/wiki/Seguridad_ciudadana [Consulta: 2014, Julio 25].
[4] Antecedentes de la Seguridad Ciudadana. [Página Web en línea]. Disponible en: http://es.wikipedia.org/wiki/Seguridad_ciudadana#Historia_del_concepto [Consulta: 2014, Julio 25].
[5] Ruiz, Wilmer y Ruiz Jesús. Prevención Y Seguridad Como Combatir El Delito. Editorial Horizonte C.A. Barquisimeto 2012, P. 193.
[6] CONSTITUCIÓN. (1999). Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, 5453, (Extraordinario), Marzo 24, 2000.
[7] Ley Orgánica de Seguridad de la Nación. (2002) Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, 37.594, Diciembre18, 2002.
[8] Ob. Cit. P. 195.
[9] Decreto Con Fuerza de Ley de Coordinación de Seguridad Ciudadana. (2001) Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, Nº 37.318, Noviembre 06, 2001.
[10] Ob. Cit. P. 198.
[11] Ob. Cit. P. 201.
[12] Inseguridad. [Página Web en línea]. Disponible en: http://www.definicionabc.com/social/inseguridad.php#ixzz 382lJPuF8 [Consulta: 2014, Julio 25].
[13] Real Academia Española. [Página Web en línea]. Disponible en: http://definicion.de/inseguridad/ [Consulta: 2014, Julio 25].
[14] Inseguridad Ciudadana. [Página Web en línea]. Disponible en: http://books.google.co.ve [Consulta: 2014, Julio 25].
[15] Noción de Inseguridad. [Página Web en línea]. Disponible en: http://library.fes.de/pdf-files/bueros/caracas/50460.pdf [Consulta: 2014, Julio 25].
[16] Inseguridad Ciudadana. [Página Web en línea]. Disponible en: http://prodavinci.com/blogs/las-muertes-por-violencia-en-venezuela-comparadas-con-el-mundo-por-anabella-abadi-m-numeralia/ [Consulta: 2014, Julio 25].
[17] Acevedo V., Sebastián. Distribución desigual del temor al delito según nivel socieconómico: Análisis de las comunas del gran Santiago. Tesis para optar la grado de sociológo. Santiago de chile. 2008.
[18] Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica del Código Orgánico Procesal Penal. (2012). Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, Nº 6.078, Agosto 06, 2012.
[19] Ley de Protección de Víctimas, Testigos y Demás Sujetos Procesales. (2006). Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, Nº 38.536, Octubre 04, 2006.
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