Las Fuerzas Armadas de España mantienen en la actualidad a casi tres mil efectivos en cinco misiones de paz de la UE, la OTAN y la ONU. Estas misiones son: la ISAF en Afganistán; la EUFOR en Bosnia y Herzegovina; la KFOR en Kosovo; la FINUL en el Líbano y la misión de la ONU para Darfur (en Chad).
Nº DE MISIONES DIPLOMÁTICAS
España tiene una enorme presencia en el exterior. El número de relaciones que mantiene en todo el planeta asciende a 118 representaciones, en los 5 continentes. Siendo estas representaciones diplomáticas una muestra de buena correspondencia entre el Reino de España y el mundo o la mayor parte de este. Abajo se encuentran las embajadas y consulados de España en el mundo[1]
Europa
37 misiones diplomáticas en este continente:
Embajada de España en Atenas, Grecia
Embajada de España en Berlín, Alemania
Embajada de España en Bratislava, Eslovaquia
Embajada de España en Moscú, Rusia
Embajada de España en Oslo, Noruega
Embajada de España en París, Francia
Embajada de España en Praga, República Checa
Embajada de España en Sofía, Bulgaria
Embajada de España en Viena, Austria
Albania
Tirana (Embajada)
Alemania
Berlín (Embajada)
Andorra
Andorra la Vella (Embajada)
Macedonia
Skopie (Embajada)
Austria
Viena (Embajada)
Bélgica
Bruselas (Embajada)
Bosnia y Herzegovina
Sarajevo (Embajada)
Bulgaria
Sofía (Embajada)
Chipre
Nicosia (Embajada)
Croacia
Zagreb (Embajada)
Dinamarca
Copenhague (Embajada)
Eslovaquia
Bratislava (Embajada)
Eslovenia
Liubliana (Embajada)
Estonia
Tallin (Embajada)
Finlandia
Helsinki (Embajada)
Francia
París (Embajada)
Grecia
Atenas (Embajada)
Hungría
Budapest (Embajada)
Irlanda
Dublín (Embajada)
Italia
Roma (Embajada)
Letonia
Riga (Embajada)
Lituania
Vilna (Embajada)
Luxemburgo
Luxemburgo (Embajada)
Malta
Valletta (Embajada)
Noruega
Oslo (Embajada)
Países Bajos
La Haya (Embajada)
Polonia
Varsovia (Embajada)
Portugal
Lisboa (Embajada)
Reino Unido
Londres (Embajada)
República Checa
Praga (Embajada)
Rumania
Bucarest (Embajada)
Rusia
Moscú (Embajada)
Santa Sede
Ciudad del Vaticano (Embajada)
Serbia
Belgrado (Embajada)
Suecia
Estocolmo (Embajada)
Suiza
Berna (Embajada)
Ucrania
Kiev (Embajada)
América del Norte
3 representaciones en Norte América:
Embajada de España en México DF, México
Canadá
Ottawa (Embajada)
Estados Unidos
Washington DC (Embajada)
México
México, D.F. (Embajada)
América Central y el Caribe
11 misiones diplomáticas:
Embajada de España en La Habana, Cuba
Costa Rica
San José (Embajada)
Cuba
La Habana (Embajada)
El Salvador
San Salvador (Embajada)
Guatemala
Ciudad de Guatemala (Embajada)
Haití
Puerto Príncipe (Embajada)
Honduras
Tegucigalpa (Embajada)
Jamaica
Kingston (Embajada)
Nicaragua
Managua (Embajada)
Panamá
Ciudad de Panamá (Embajada)
República Dominicana
Santo Domingo de Guzmán (Embajada)
Trinidad y Tobago
Puerto España (Embajada)
América del Sur
10 misiones diplomáticas:
Argentina
Buenos Aires (Embajada)
Bolivia
La Paz (Embajada)
Brasil
Brasilia (Embajada)
Chile
Santiago de Chile (Embajada)
Colombia
Bogotá (Embajada)
Ecuador
Quito (Embajada)
Paraguay
Asunción (Embajada)
Perú
Lima (Embajada)
Uruguay
Montevideo (Embajada)
Venezuela
Caracas (Embajada)
Oriente Medio
13 misiones diplomáticas:
Arabia Saudita
Riad (Embajada)
Emiratos Árabes Unidos
Abu Dhabi (Embajada)
Irán
Teherán (Embajada)
Iraq
Bagdad (Embajada)
Israel
Tel Aviv (Embajada)
Jordania
Ammán (Embajada)
Kuwait
Ciudad de Kuwait (Embajada)
Líbano
Beirut (Embajada)
Omán
Mascate (Embajada)
Qatar
Doha (Embajada)
Siria
Damasco (Embajada)
Turquía
Ankara (Embajada)
Yemen
Saná (Embajada)
África
28 misiones diplomáticas:
Angola
Luanda (Embajada)
Argelia
Argel (Embajada)
Cabo Verde
Praia (Embajada)
Camerún
Yaundé (Embajada)
Costa de Marfil
Abidjan (Embajada)
Egipto
El Cairo (Embajada)
Etiopía
Addis Abeba (Embajada)
Gabón
Libreville (Embajada)
Ghana
Accra (Embajada)
Guinea
Conakry (Embajada)
Guinea-Bissau
Bissáu (Embajada)
Guinea Ecuatorial
Malabo (Embajada)
Kenia
Nairobi (Embajada)
Libia
Trípoli (Embajada)
Malí
Bamako (Embajada)
Marruecos
Rabat (Embajada)
Mauritania
Nuakchott (Embajada)
Mozambique
Maputo (Embajada)
Namibia
Windhoek (Embajada)
Níger
Niamey (Embajada)
Nigeria
Abuja (Embajada)
República Democrática del Congo
Kinshasa (Embajada)
Senegal
Dakar (Embajada)
Sudáfrica
Pretoria (Embajada)
Sudán
Jartum (Embajada)
Tanzania
Dar es Salaam (Embajada)
Túnez
Túnez (Embajada)
Zimbabue
Harare (Embajada)
Asia
14 misiones diplomáticas:
Afganistán
Kabul (Embajada)
Bangladesh
Dacca (Embajada)
China
Pekín (Embajada)
Corea del Sur
Seúl (Embajada)
Filipinas
Manila (Embajada)
India
Nueva Delhi (Embajada)
Indonesia
Yakarta (Embajada)
Japón
Tokio (Embajada)
Kazajistán
Astaná (Embajada)
Malasia
Kuala Lumpur (Embajada)
Pakistán
Islamabad (Embajada)
Singapur
Singapur (Embajada)
Tailandia
Bangkok (Embajada)
Vietnam
Hanói (Embajada)
Oceanía
2 misiones diplomáticas:
Embajada de España en Canberra, Australia
Australia
Canberra (Embajada)
Nueva Zelanda
Wellington (Embajada)
Nº DE MISIONES CONSULARES
El número de relaciones consulares que España tiene asciende a 27 relaciones diplomáticas consulares en diferentes países, sin embargo el número de consulados generales que tiene en el exterior es de 66 en total. A continuación las señalamos de acuerdo al continente al que pertenecen:
Europa
Alemania
Düsseldorf (Consulado-General)
Fráncfort del Meno (Consulado-General)
Hamburgo (Consulado-General)
Hanóver (Consulado-General)
Múnich (Consulado-General)
Stuttgart (Consulado-General)
Francia
Bayona (Consulado-General)
Burdeos (Consulado-General)
Estrasburgo (Consulado-General)
Lyon (Consulado-General)
Montpellier (Consulado-General)
Marsella (Consulado-General)
Pau (Consulado-General)
Perpiñán (Consulado-General)
Toulouse (Consulado-General)
Italia
Génova (Consulado-General)
Milán (Consulado-General)
Nápoles (Consulado-General)
Países Bajos
Ámsterdam (Consulado-General)
Portugal
Oporto (Consulado-General)
Vila Real de Santo António (Consulado)
Reino Unido
Edimburgo (Consulado-General)
Manchester (Consulado-General)
Rusia
San Petersburgo (Consulado-General)
Suiza
Ginebra (Consulado-General)
Zúrich (Consulado-General)
América del Norte
Canadá
Montreal (Consulado-General)
Toronto (Consulado-General)
Estados Unidos
Boston (Consulado-General)
Chicago (Consulado-General)
Houston (Consulado-General)
Los Ángeles (Consulado-General)
Miami (Consulado-General)
Nueva Orleans (Consulado-General)
Nueva York (Consulado-General)
San Francisco (Consulado-General)
San Juan (Consulado-General)
México
Guadalajara (Consulado-General)
Monterrey (Consulado-General)
América Central y el Caribe
Sólo cuentan con embajadas y ninguno de los países de esta región cuenta con un consulado general.
Argentina
Bahía Blanca (Consulado-General)
Córdoba (Consulado-General)
Ciudad de Mendoza (Consulado-General)
Rosario (Consulado-General)
Bolivia
Santa Cruz de la Sierra (Consulado-General)
Brasil
Porto Alegre (Consulado-General)
Río de Janeiro (Consulado-General)
Salvador de Bahía (Consulado-General)
São Paulo (Consulado-General)
Colombia
Cartagena de Indias (Consulado-General)
Ecuador
Guayaquil (Consulado-General)
Israel
Jerusalén (Consulado-General)
Turquía
Estambul (Consulado-General)
África
Argelia
Orán (Consulado-General)
Egipto
Alejandría (Consulado-General)
Guinea Ecuatorial
Bata (Consulado-General)
Marruecos
Casablanca (Consulado-General)
Nador (Consulado-General)
Tánger (Consulado-General)
Tetuán (Consulado-General)
Nigeria
Lagos (Consulado-General)
Sudáfrica
Ciudad del Cabo (Embajada/Consulado-General)
Asia
China
Hong Kong (Consulado-General)
Shanghái (Consulado-General)
India
Mumbai (Consulado-General)
Oceanía
Australia
Sydney (Consulado-General)
Melbourne (Consulado-General)
RELACIONES COMERCIALES
En los años ochenta del siglo pasado la mayoría de países latinoamericanos fueron pasando gradualmente desde regímenes autoritarios a democracias representativas, lo que fue un gran avance. Al mismo tiempo, la inmensa mayoría de ellos adoptaron una nueva estrategia de crecimiento económico que pasaba por la apertura y liberalización de sus economías y el emprendimiento o intensificación de los procesos de integración regional. En ambos terrenos España se convirtió para los políticos latinoamericanos y para la opinión pública de aquellos países en referencia obligada. Nosotros también habíamos consolidado una democracia tras 40 años de dictadura y empezábamos a crecer significativamente siguiendo las pautas de un modelo de apertura económica con integración en la CEE[2]
Esta correspondencia también hacía fácil la orientación de nuestra política exterior con Latinoamérica. Debíamos cooperar en los dos procesos prestando nuestra experiencia en los mismos y allegando recursos que pudieran facilitar la consecución exitosa de los mismos en aquellos países. Estos recursos no fueron sólo públicos, sino también privados al calor de las oportunidades que ofrecían los procesos de privatización de empresas públicas puestos en marcha por muchos Gobiernos de la región y el impulso del Gobierno español a estas iniciativas inversoras. El resultado de esta política puede calificarse de óptimo. Nunca las relaciones entre España y las repúblicas latinoamericanas fueron tan próximas, la cooperación de unos y otros en foros internacionales impulsada por el Ministerio de Asuntos Exteriores español en materia política y por el de Economía y Hacienda en materia económica y financiera nunca fue tan fructífera y el papel hecho por las empresas españolas -sin experiencia apenas en inversión extranjera- en aquel continente fue extraordinariamente positivo para el desarrollo del mismo, tanto en la revolución que supuso en la eficiencia y calidad de los servicios públicos como en la mejora de los sistemas bancarios.
Las circunstancias cambiaron al final de los años noventa con el contagio de Latinoamérica de las crisis del este de Asia y del repudio de la deuda rusa. Por aquellas épocas también el sentimiento de la opinión pública sobre la bondad del llamado Consenso de Washington se había hecho mucho más crítico, al tiempo que el cambio en el Gobierno español iba a representar de manera gradual una caída de la política respecto de Latinoamérica en las prioridades de nuestra política exterior y una disminución de la confianza que se había construido entre aquellos Gobiernos y el Gobierno español. Los ejes fundamentales de nuestra política con la región no han cambiado, pero la percepción de la misma es muy diferente ahora. Hay nuevos recelos -'los conquistadores españoles'- no se percibe la sensación de bloque hispano-latinoamericano que tanto nos benefició a todos y no existe conexión entre la política altruista de nuestra cooperación en aquel continente y la real politik de la legitima defensa de nuestros intereses allí. Dicho de otro modo, la referencia clara que España representó para los países de Latinoamérica hasta 1996-97 se ha difuminado y hace preciso reconstruirla con el impulso del nuevo Gobierno español y la cooperación de nuestras grandes empresas y otras instituciones presentes allí.
En la reflexión conducente al establecimiento de esta nueva política española para Latinoamérica deberían tenerse en cuenta al menos las siguientes consideraciones, siempre a partir del reconocimiento de que la América Latina actual no es la misma que la de hace uno o dos decenios. En primer lugar, España debe reafirmar sus puntos de vista sobre el futuro de aquella región. Creemos en instituciones fuertes y democráticas, en el imperio de la ley, en la indispensable consolidación de la seguridad jurídica y ciudadana, en la importancia para la libertad y el desarrollo de la economía de mercado y en las ventajas estratégicas de los procesos de integración regional para conseguir estos y otros fines. Nuestra política no puede tratar por igual a aquellos Gobiernos latinoamericanos empeñados en estos objetivos que a los que no lo están o incluso los combaten, aunque sin duda debe tratar con escrupuloso respeto a todos ellos. Si queremos contribuir al éxito de Latinoamérica no podemos defraudar a quienes están en una línea correcta tratándoles igual que a quienes pueden representar proyectos aventureros con riesgo de vuelta al pasado en materia de derechos humanos, libertades, imperio de la ley o libertad económica. No podemos tratar igual a quienes asumen las responsabilidades internas de sus países que a quienes las rehúsan. Y esto no tiene nada que ver con el signo político o ideológico de los diversos Gobiernos, que no es asunto nuestro.
Debemos reforzar nuestras alianzas estratégicas allí y contribuir con experiencia y recursos a la lucha contra la pobreza en el continente y otras políticas sociales. Debemos apoyar en los foros internacionales del comercio sus justas peticiones y matizar nuestras posiciones en relación a estos temas dentro de la Unión Europea. Debemos dar instrucciones al servicio exterior para que la política de España sea una y reconocible de antemano y para defender con firmeza nuestros legítimos intereses allí, que en la práctica totalidad son complementarios y no contrapuestos con los intereses nacionales de aquellos países
Nuestras empresas deben ser estimuladas a garantizar sus interés a largo plazo en el desarrollo de los distintos países y la apuesta que están haciendo por los mismos, a profundizar su inversión social allí y a considerar si sus alianzas con el sector privado, la composición de sus consejos de administración en cada caso y su comportamiento con clientes y suministradores es el más adecuado para una estrategia pro activa en aquellos países.
Finalmente debemos incardinar nuestra política de cooperación en el conjunto de nuestra política exterior respecto de Latinoamérica poniéndola en valor.
RELACIONES CULTURALES
Al abordar el análisis de los acuerdos culturales internacionales suscritos por España se plantean una serie de dificultades que condicionan el alcance y resultados del presente estudio. Por ello, es preciso realizar algunas precisiones preliminares.
La primera afecta a la información disponible. El Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación –antes Ministerio de Estado y Ministerio de Asuntos Exteriores– agrupaba todas las competencias en esta materia, encargándose de la negociación y firma de los convenios culturales. En la actualidad, dicho Ministerio no dispone de un repertorio organizado y sistemático de los acuerdos suscritos desde sus orígenes. De buena parte de ellos sólo tenemos constancia de la referencia de la firma, de modo que sería necesaria una investigación más minuciosa para acceder a los textos. Para reconstruir de la forma más aproximada posible la evolución que han seguido los acuerdos ha sido preciso acceder a la propia documentación, puesto que la lista disponible de convenios culturales es incompleta y tan sólo registra los acuerdos existentes desde mediados del siglo XX. Por otra parte, la documentación localizada presenta lagunas y una considerable disparidad en los datos. La mayor parte de los listados de acuerdos manejados proceden de los servicios de política cultural del Ministerio de Asuntos Exteriores y fueron elaborados desde los años cincuenta del pasado siglo en adelante. Pues bien, buena parte de ellos no resultan coincidentes entre sí, lo que complica la tarea de realizar un censo fiable.
Una segunda puntualización tiene que ver con la cronología, puesto que la firma de los primeros acuerdos culturales se produjo bastante antes de que comenzara a fraguar en España una política cultural exterior merecedora de tal nombre. Esa circunstancia ayuda a explicar parcialmente los vacíos documentales aludidos, a lo que habría que agregar la dispersión y pérdida de documentación que tuvo lugar durante la guerra civil. Sin embargo, no es menos cierto que a todo ello se ha sumado una cierta indiferencia del Ministerio de Asuntos Exteriores en lo que atañe a la conservación, organización y puesta en valor de su patrimonio documental.
En tercer lugar, nos topamos con la variedad que presenta la tipología de los acuerdos culturales y cómo afrontar su análisis. Si en sus orígenes se trataba sobre todo de convenios para proteger los derechos de autor, en su devenir pasaron a concebirse como convenios culturales de contenido más general que perseguían incrementar las relaciones bilaterales, llegando a su formulación más actual de convenios de cooperación cultural, educativa y científica que se ha traducido en una sustancial ampliación en sus contenidos. Para extraer conclusiones más elaboradas sobre las razones que han llevado a tales cambios de denominación y las mutaciones en los objetivos que representaban sería preciso un estudio de los diferentes textos de los acuerdos, las cláusulas que contemplan, sus semejanzas y diferencias, las áreas geográficas de aplicación de una fórmula u otra, etc. Este es un objetivo más ambicioso que requeriría un completo acceso a los acuerdos y una investigación más detallada. Por consiguiente, aquí sólo se dará cuenta de la evolución general de la política cultural exterior y sus motivos.
Por último, hay que señalar la pluralidad de actores y circuitos que han ido adquiriendo competencias o protagonismo en este ámbito. El anterior monopolio del Ministerio de Asuntos Exteriores ha ido erosionándose con los compromisos culturales contraídos en la UE o con motivo de las Cumbres Iberoamericanas. Su gestación y plasmación no siempre han emanado del aparato diplomático, sino que han entrado en liza los Ministerios de Educación y Ciencia y de Cultura. Además, la extensión de los horizontes de la acción cultural española ha forjado nuevos organismos, como la Agencia Española de Cooperación Internacional, el Instituto Cervantes, la Fundación Carolina y la Sociedad Estatal para la Acción Cultural Exterior, cuyas atribuciones también han requerido el establecimiento de acuerdos a diversos niveles. Su actividad queda al margen, cuando menos parcialmente, de este documento de trabajo. Asimismo, para disponer de un recuento más depurado habría que considerar otros acuerdos suscritos por instituciones como el Consejo Superior de Investigaciones Científicas o diversas universidades con entidades equivalentes.
Pese a tales limitaciones, se ha procurado rastrear con el mayor rigor posible la trayectoria de los acuerdos culturales, para trazar un panorama tentativo de cuál ha sido su evolución y centros fundamentales de interés. Esa labor se ha completado con el vaciado del Boletín Oficial del Estado –donde no siempre aparecían publicados esos convenios– y la consulta de las páginas web de los principales organismos con competencias sobre la materia en el momento presente: el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación y el Ministerio de Cultura.
Los acuerdos culturales: significado y limitaciones
Los acuerdos culturales han discurrido casi en paralelo con la evolución de la política cultural exterior, e incluso precedieron a la organización sistemática de aquella por parte de los Estados. Sus antecedentes cabe situarlos a finales del siglo XIX, concentrándose en materias tales como la protección de derechos de autor, el intercambio de publicaciones, el establecimiento de instituciones culturales y la equivalencia de títulos. Pero cuando adquirieron mayor densidad fue a partir de la segunda mitad del siglo XX, abarcando nuevas facetas e implicando a un número creciente de Estados. En la actualidad la firma de tales acuerdos es práctica común de las relaciones bilaterales y la diplomacia multilateral.
Los acuerdos culturales establecen un marco jurídico de actuación que vincula a las partes que los suscriben. Por su campo de aplicación, la UNESCO distingue entre acuerdos universales, regionales y bilaterales. Por su contenido, pueden ser generales o específicos. Los acuerdos generales suelen contener disposiciones sobre: difusión de la lengua y la cultura de los países signatarios; creación de centros educativos y culturales; intercambios de personal y material; cooperación entre instituciones y asociaciones; medidas de preservación y fomento del patrimonio cultural; estímulo de manifestaciones culturales y artísticas; determinación de mecanismos administrativos y financieros, etc. En los acuerdos específicos se pueden recoger una gran variedad de actividades, encontrándose entre las más frecuentes: el intercambio de profesores, investigadores y estudiantes, o de materiales didácticos, publicaciones, fondos archivísticos o artísticos; el funcionamiento de los centros culturales; la homologación y convalidación de títulos académicos y profesionales; la cooperación educativa y la regulación de la enseñanza en sus diversos niveles; la investigación científica; la producción e intercambio cinematográficos y de otros sectores audiovisuales; el acceso a los canales de formación y los medios de información, etc.
En la práctica esos factores aparecen a menudo combinados, dependiendo de los objetivos que persigan quienes suscriben los acuerdos. Ello da lugar a una casuística muy variada tanto en la denominación de los textos como en la delimitación de su contenido, como veremos al abordar el caso español.
La conclusión de acuerdos obedece, pues, a un afán de codificar y formalizar determinados aspectos de las relaciones culturales. Ahora bien, conviene remarcar que ni los acuerdos son capaces de cubrir todas las facetas de esas relaciones, ni tampoco existe unanimidad entre los Estados a la hora de comprometerse a firmar tales compromisos. Por un lado, muchos de los intercambios culturales que se desarrollan en la esfera internacional se desenvuelven actualmente al margen de los Estados, mediante convenios entre universidades, museos, bibliotecas, centros de investigación, asociaciones y organismos no gubernamentales, etc. Por otro, las diversas tradiciones jurídicas de los Estados condicionan su preferencia por relaciones más regularizadas o más pragmáticas, más dependientes de la esfera estatal o de la sociedad civil, lo que tiene su correspondiente traslación al terreno que nos ocupa.
Es cierto que los acuerdos culturales obedecen a un loable deseo de promover el conocimiento mutuo entre los pueblos, como un medio para preservar la paz y la concordia internacionales. Tales objetivos presidieron, de hecho, la creación de la UNESCO. Pero también intervienen otros factores que determinan su materialización en un contexto y con unas condiciones determinadas.
En definitiva, los acuerdos culturales han ido cobrando una progresiva incidencia en las relaciones internacionales a medida que se ha desarrollado la política cultural exterior. La multiplicación de tales acuerdos y la diversificación de su contenido muestran la tendencia hacia la definición de un marco normativo que regule la cooperación cultural internacional. Pero a pesar de su importancia, tampoco conviene olvidar que esos acuerdos sólo suponen un aspecto formal y fraccionario de las relaciones culturales. El Estado sigue siendo la piedra angular del Derecho Internacional y elemento esencial para concertar acciones de cooperación internacional. Pero no todos los Estados actúan de la misma manera en este ámbito, y además el número de actores en presencia en las relaciones culturales se ha ampliado considerablemente.
Evolución de la política cultural exterior
Las relaciones culturales internacionales constituyen un fenómeno que hunde sus raíces tiempo atrás. Más reciente es la implicación de los Estados en ese ámbito, mediante la organización de una política cultural exterior. Si bien pueden encontrarse algunos precedentes en el siglo XIX, fue en el transcurso del siglo XX cuando adquirió un perfil definido, una planificación que iba más allá de anteriores prácticas coloniales, una estructura integrada en el conjunto de la política exterior de los Estados.
En sus orígenes estuvo la proyección cultural asociada a la intervención colonial o la exploración de espacios como paso previo a imperios formales (dominio político-económico directo) o informales (dominio diferido sin control territorial). Los fenómenos de aculturación fueron un correlato de la expansión mundial de las metrópolis industrializadas. En la visión de esas metrópolis los conceptos de civilización y progreso emanaban de la lógica de la potencia y de los avances técnicos y científicos, que colocaban en la cúspide de la evolución mundial a Occidente (Europa). Según tal concepción, las metrópolis tenían que asumir una misión civilizadora respecto a las sociedades menos desarrolladas que estaban bajo su tutela.
La irradiación cultural sobre las sociedades dominadas representó un medio de influencia indirecto, una vía para inculcar a las elites locales el sistema de valores y los hábitos de comportamiento de las naciones colonizadoras. Esa dinámica se enlazó con el reparto de zonas de influencia que tuvo lugar a finales del siglo XIX. Paulatinamente, lo que había sido una manifestación espontánea de superioridad cultural fue dando paso a una voluntad consciente de utilizar la cultura para extender y consolidar las zonas de influencia. Los objetivos eran diversos: obtener una posición ventajosa frente a potencias concurrentes, favorecer una penetración pacífica que reforzase la implantación política y económica, o servir como elemento de prestigio. La iniciativa correspondió a grupos sociales determinados: congregaciones religiosas que prolongaron al terreno cultural su obra evangelizadora y humanitaria; medios de negocios que actuaban en las áreas geográficas controladas; o sectores universitarios que buscaban desbrozar el territorio colonial desde diversas ópticas científicas.
Los Estados respaldaron ocasionalmente esa labor, pero su intervención se limitó a la fundación de algunos centros escolares para la enseñanza del idioma, o al establecimiento de misiones e instituciones culturales encargadas de proyectar una imagen positiva del país a través de la difusión de su patrimonio cultural. Francia fue el país pionero en la incorporación de la proyección cultural a su política exterior. Alemania e Italia, y en menor medida el Reino Unido, también se preocuparon tempranamente por esta materia. A comienzos del siglo XX, los tres primeros países contaban con modestas dependencias en sus estructuras diplomáticas encargadas de esa dimensión cultural. Diversos factores contribuyeron a su progresivo desarrollo.
Con el nuevo siglo crecieron las ciudades y las capas populares urbanas, que mejoraron sus condiciones socio-económicas. Esos sectores sociales accedieron a una mayor formación cultural y adquirieron un protagonismo político en ascenso. Todo ello fue acompañado de una multiplicación de los avances tecnológicos y una sustancial mejora de los medios de comunicación, que acortaron las distancias físicas y acercaron el conocimiento de otros pueblos. La sociedad de masas iba tomando forma.
La opinión pública dejó de ser la manifestación de núcleos de notables y grupos de presión, para convertirse en algo más complejo y plural. La forma de presentar al país ante el mundo cobró mayor relieve, en un escenario internacional donde la información circulaba con mayor celeridad. La emergencia de una opinión pública de alcance global movió a los Estados a desempeñar un papel más activo para actuar sobre ella, a elaborar planes de acción más sistemáticos y a disponer de personal encargado específicamente de los asuntos culturales. Más que interés por el conocimiento de otros pueblos, primaba la proyección de una imagen positiva del propio país, incluso cuando las relaciones se establecían entre Estados de magnitudes más o menos equivalentes.
La dimensión cultural empezó a barajarse como un nuevo elemento de política exterior susceptible de reportar múltiples aportaciones: acrecentar el prestigio y la influencia del país en la escena internacional; abrir cauces a la colaboración política y la penetración económica; atraer a los cuadros dirigentes extranjeros y a la opinión pública, o en caso de contar con colonias de emigrantes en otros países mantener su sentimiento de nacionalidad y convertirlas en agentes difusores de su cultura de origen. Se sentaron entonces las bases de una política cultural exterior sustentada en la expansión del conocimiento de la lengua y de las creaciones intelectuales, artísticas y científicas de cada país.
Sin embargo, los excesos y cortos vuelos de la actividad propagandística resultaban contraproducentes tras la llegada de la paz, circunstancia que se apreció con mayor nitidez al concluir la II Guerra Mundial. Una de las condiciones esenciales para que la irradiación cultural fuera efectiva, para que actuase como canal de sociabilidad internacional, era que transmitiera neutralidad, que se percibiera como una iniciativa desinteresada. Además, las relaciones culturales debían superar su carácter minoritario y elitista, dejar de ser el coto reservado de una minoría que participaba en los intercambios intelectuales, literarios o artísticos.
La noción de cooperación y sus connotaciones altruistas perduraron en uno y otro ámbito, lo que no significa que en el intercambio real existiera una verdadera reciprocidad. El empleo de la cultura como un recurso de la política exterior también se mantuvo, aunque fuera adaptándose a moldes acordes con el devenir internacional. Es más, ese factor cultural jugó un papel primordial durante el largo periplo caracterizado por la rivalidad bipolar entre EEUU y la Unión Soviética en su pugna por ganar la batalla de las conciencias.
Al lado de esa deriva de índole nacional, también se produjo una intensificación de los vínculos culturales impulsada por la voluntad de fomentar una atmósfera de comprensión internacional. En el período de entreguerras se fundó el Instituto Internacional de Cooperación Intelectual, integrado en la Sociedad de Naciones, para favorecer los contactos intelectuales y el trasvase de conocimientos científicos, universitarios y docentes. Fue el antecedente del nuevo foro de diplomacia cultural multilateral gestado en el campo aliado durante la última contienda mundial: la UNESCO. La constitución de la ONU le otorgó carta de naturaleza, desarrollando sus funciones al compás de la evolución de la sociedad internacional. Paralelamente, se desplegaron experiencias regionales de cooperación cultural, en el marco de instituciones como el Consejo de Europa y la Organización de Estados Americanos.
En los umbrales del siglo XXI, las relaciones culturales internacionales y la política cultural exterior aparecen a menudo interconectadas. Los Estados se interesan cada vez más por las múltiples implicaciones de la cultura en el escenario mundial, cuyas repercusiones desbordan a menudo su capacidad de actuación y gravitan en la órbita de la diplomacia multilateral y los organismos internacionales. Sus núcleos de atención proceden, en parte, de la actualización de cuestiones suscitadas tiempo atrás: derechos de autor y propiedad intelectual; protección del patrimonio cultural; libertad de circulación de bienes culturales; intercambio de profesores, investigadores y estudiantes; enseñanza del idioma; tratamiento en materia legal y fiscal de los asuntos culturales, etc. Otras facetas se han sumado a su campo de acción: revolución tecnológica de las industrias de la comunicación e información; aparición de nuevos formatos derivados de los avances en la informática y la telemática; regulación comercial y efectos económicos de la expansión de las producciones culturales y científico-técnicas; patrimonio natural y cuestiones medioambientales, etc.
Análogamente, los retos planteados por la globalización han tenido efectos apreciables sobre la dimensión cultural. Bien con la emergencia de universos culturales relativamente homogéneos, que han atraído el interés de los Estados más poderosos y las empresas multinacionales, bien con la reivindicación de identidades culturales de naciones, comunidades o minorías, en respuesta a lo que interpretan como un renovado intento de contaminación cultural.
Panorama actual y marco organizativo
Desde finales del siglo XIX hasta la guerra civil, España firmó acuerdos culturales con 19 países. Durante la dictadura franquista se suscribieron convenios con 57 países, con 29 de los cuales se llegaba por primera vez a tratados de este tipo. Tras la instauración del régimen democrático en 1975 el radio cubierto se ha extendido a 78 Estados, siendo 48 de ellos incorporaciones nuevas a ese cuadro general de los tratados culturales suscritos por España. Se aprecia pues que el horizonte de la política cultural exterior se ha ido ampliando de forma progresiva, alcanzándose el período más fecundo en el transcurso de la democracia. Hasta el presente, España ha establecido acuerdos culturales con un total de 96 países.
Inicialmente, el objetivo prioritario fueron los países americanos, sobre todo aquellos ligados a España por lazos de cultura, idioma e historia. Esa prelación se ha mantenido hasta el presente, conjugándose con la otra vertiente preferente de la política exterior: el espacio europeo. En una recapitulación geográfica cabría observar que se han firmado convenios culturales de diverso orden con 38 Estados europeos y con 23 americanos. En Asia el número de países asciende a 21, advirtiéndose que la zona de Oriente Medio tiene un peso importante. En África son 13 los países que han suscrito tales compromisos con España, de los que aproximadamente la mitad de ellos se sitúan en el norte del continente. En Oceanía sólo existe un acuerdo con Australia.
Por lo que respecta al tipo de tratados que regulan esos lazos culturales, se ha pasado de convenios de índole específica, sobre temas de singular impacto en su momento –propiedad intelectual u otros–, a acuerdos culturales de carácter general y, en las últimas décadas, a convenios de cooperación en sus diversas variantes –cultural, educativa, científica y técnica–. También se observa una considerable diversidad en las modalidades empleadas –acuerdos, convenios, canjes de notas, protocolos, etc.–.
En la esfera multilateral, la UNESCO, el Consejo de Europa y la UE han sido los principales foros internacionales que han forjado un conjunto de normativas a las que España se ha adherido o en cuya elaboración ha participado. Los contenidos fundamentales han sido los derechos de autor y la propiedad intelectual, la educación y el patrimonio cultural. Más actual ha sido el proceso de convergencia de los países iberoamericanos, en cuyas cumbres políticas se han adoptado acuerdos culturales multilaterales, en un buen número de casos impulsados por España.
Así pues, el mapa de compromisos internacionales asumidos por España en materia de cultura abarca la casi totalidad de los estados americanos y europeos. En Asia-Pacífico ha tenido una destacada importancia la zona de Oriente Medio, con una perceptible tendencia a estrechar los lazos con otros países más lejanos del continente. En África se aprecia una marcada atención hacia los países ribereños del Mediterráneo. Análogamente, se apuesta por una cooperación cultural extendida que abarca ámbitos cada vez dilatados –que van desde la enseñanza y el arte al intercambio científico o los asuntos medioambientales–, y por afianzar la presencia e implicación en los organismos internacionales multilaterales.
La proyección cultural de España en el mundo ha ganado en presencia, diversidad y complejidad. Esa situación se ha trasladado al abanico de acuerdos culturales suscritos y, además, a los organismos encargados de su elaboración, tramitación y aplicación. En un documento de trabajo previo, encargado por el Real Instituto Elcano a la Fundación Interarts, se trazaba una panorámica del marco institucional de las relaciones culturales internacionales en España. Aquí sólo se resumirán los datos más relevantes que contiene dicho informe para el tema que abordamos. El Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación y el Ministerio de Cultura son los principales protagonistas en este terreno, si bien se aprecia que otros agentes institucionales van asumiendo nuevas atribuciones.
En el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación las competencias de orden cultural se encuentran repartidas entre dos Secretarías de Estado. La Secretaría de Estado para la Unión Europea incorpora en su organigrama a la Subdirección General de Asuntos Sociales, Educativos, Culturales y de Sanidad y Consumo. Entre sus funciones figuran tanto el seguimiento de las actuaciones de la UE en esos temas, como la coordinación de aquellas que realicen las distintas administraciones públicas españolas en esta área geográfica. Su relevancia emana del peso creciente que las iniciativas comunitarias van adquiriendo en acuerdos sobre educación, cooperación inter-universitaria e investigación, por citar sólo algunos apartados sobresalientes.
La Secretaría de Estado de Cooperación Internacional presenta un perfil más vinculado con el objeto del presente documento. A través de la Subdirección General de Programas y Convenios Culturales y Científicos se ocupa, entre otras cuestiones, de preparar, negociar y proponer la firma de acuerdos internacionales y organizar las comisiones mixtas que habrán de desarrollarlos. Esos acuerdos a veces se plasman en programas de cooperación bilaterales que comprenden actividades a realizar en un período de tiempo fijado. En el seno de esa Secretaría de Estado, pero como organismo autónomo, la Agencia Española de Cooperación Internacional cuenta con la Dirección General de Relaciones Culturales y Científicas para encargarse de la cooperación de esa índole con los países en vías de desarrollo. Entre sus responsabilidades figura la gestión y ejecución de los acuerdos y programas de cooperación firmados con esos países. Dentro de la citada Dirección General es la Subdirección General de Cooperación y Promoción Cultural Exterior la que da curso a los compromisos contraídos en los convenios suscritos. También en el radio de acción de la Dirección General se integra la Comisión Nacional Española de Cooperación con la UNESCO.
El Ministerio de Cultura participa de manera destacada en la proyección exterior de la cultura española, lo que se refleja a su vez en su intervención en la tramitación o aplicación de los acuerdos culturales. Diversas dependencias tienen funciones asociadas con esa materia.
La más importante es la Dirección General de Cooperación y Comunicación Cultural, entre cuyos cometidos de orden internacional se encuentra la asistencia en la preparación de tratados, convenios y programas de cooperación, ya sean bilaterales o multilaterales. Para ello cuenta con una Subdirección General de Cooperación Cultural Internacional que, asimismo, realiza el seguimiento de diversos programas de cooperación multilateral y lleva a cabo actividades de información y coordinación en el seno de la UNESCO, el Consejo de Europa y las Conferencias Iberoamericanas de Ministros de Cultura. Otras Direcciones Generales –de Bellas Artes y Bienes Culturales o del Libro, Archivos y Bibliotecas– colaboran puntualmente en la acción cultural exterior. La coordinación recae en la Subsecretaría de Cultura, que dispone de una Comisión Asesora de Relaciones Culturales con el Exterior de carácter consultivo.
En una parte sustancial de las actuaciones enumeradas bajo el radio de acción de ambos Ministerios se dispone de la colaboración del Ministerio de Educación y Ciencia, que interviene sectorialmente en la negociación o ejecución de tratados internacionales. También toma parte en algunas cuestiones el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, lo que pone de relieve la ampliación del horizonte de las relaciones culturales y sus derivaciones de naturaleza económica. A través del Instituto Español de Comercio Exterior se realizan estudios de mercado sobre la situación en distintos sectores –editorial, audiovisual, musical, etc.– que pueden resultar de sumo interés para concertar convenios culturales con determinados países. Esa valoración podría hacerse extensiva al Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, por cuanto afecta a la atención cultural hacia los emigrantes. Tampoco cabe olvidar que las diferentes Comunidades Autónomas y las Administraciones Locales han aumentado su presencia internacional en los últimos años, lo que comienza a generar repercusiones en materia de intercambios culturales y participación en programas internacionales, sobre todo europeos.
Por último, hay una serie de organismos oficiales que cobran cada vez mayor relieve en la política cultural exterior, como el Instituto Cervantes, la Fundación Carolina, la Casa de América, la Casa Asia o la Sociedad Estatal para la Acción Cultural Exterior. El desenvolvimiento de sus actividades afecta a menudo a los compromisos internacionales contraídos por España.
Conclusiones
Este estudio ha pretendido realizar un primer bosquejo de un campo de estudio hasta ahora no abordado de forma específica. En espera de un análisis más detallado de los textos y de sus circunstancias, esta primera aproximación a los acuerdos internacionales en materia de cultura suscritos por España permite adelantar algunas observaciones que informes posteriores podrían desarrollar con mayor profundidad:
Ante la variedad de contenidos que presentan los acuerdos, sería conveniente examinarlos más a fondo para conocer las razones y características de esa diversidad. Tras ello, convendría discernir si tal pluralidad es una muestra de flexibilidad y responde a la gama dispar de objetivos que se plantean con cada interlocutor internacional, o si es fruto de coyunturas ya superadas y debiera tenderse hacia una mayor homogeneidad.
En determinados escenarios geográficos se han aplicado políticas regionales: Europa, América Latina y en menor medida alguna otra zona (el Mediterráneo extra-europeo). Sería deseable realizar una valoración específica para cada una de esas áreas geográficas, considerando los objetivos perfilados, las medidas tomadas y los resultados alcanzados. Así podría verificarse si las opciones asumidas son correctas, que tipo de iniciativas han tenido éxito y en que grado pueden proyectarse hacia otros ámbitos espaciales, o si deben replantearse el método y la orientación adoptados.
La fórmula empleada preferentemente hasta la fecha han sido los convenios de Estado a Estado. En las últimas décadas se han producido sucesivas transformaciones en la estructura de la política cultural exterior y los organismos que participan en ella. Tal deriva ha llevado a una dispersión de competencias entre instituciones públicas, por lo que sería deseable disponer de un repertorio de todos los cauces de actuación y sus iniciativas, que mejoraría la información disponible y facilitaría una mayor coordinación y aprovechamiento de los recursos.
Por otro lado, esa prelación de las relaciones Estado a Estado parece estar perdiendo vigencia en un mundo donde los actores transnacionales y las relaciones entre sociedades civiles van alcanzando un protagonismo en ascenso. Las modalidades de cooperación entre universidades, centros de investigación, museos, bibliotecas, fundaciones, etc., ganan terreno y, al menos en las democracias occidentales, los gobiernos dejan de ejercer el monopolio de las relaciones culturales con el exterior y sus actividades coexisten con las emprendidas por organizaciones privadas. También en este apartado debiera avanzarse hacia un mayor conocimiento de las acciones emprendidas y su eventual complementariedad.
En fin, habría que considerar si los acuerdos están adaptados a la realidad internacional –con un peso creciente de los asuntos científicos, técnicos o medioambientales–, evaluar tanto su coherencia con las líneas estratégicas de la política exterior como su impacto en las sociedades implicadas y revisar su diseño en caso de que hubieran quedado obsoletos[3]
RELACIONES HUMANITARIAS
El proceso de reforma de la Cooperación Española de los últimos años ha conducido a un aumento sin precedente de los recursos destinados a la ayuda humanitaria y a una notable profesionalización y consolidación del sistema que en parte obedecían a la voluntad del Ejecutivo de alinearse con los consensos internacionales adoptados desde comienzos de la década. Cabe destacar especialmente el paso dado hacia la consolidación del sistema de la acción humanitaria española a través de la creación de una Oficina específica dentro de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID)[4]. No obstante todos estos avances, la acción humanitaria sigue caracterizándose por dos elementos diferenciales que plantean importantes retos para su eficacia e impacto, así como para su convergencia con los consensos internacionales: por un lado, la multitud y diversidad de los actores y la falta de definición de sus roles y competencias y, por el otro, el papel de la AECID como implementadora directa de la ayuda humanitaria. Algunos análisis independientes han cuestionado la eficacia de éste último elemento de la acción humanitaria española y su convergencia con los principios internacionales de Buena Donación Humanitaria.
Relaciones de DDHH
Las luchas por los derechos humanos en España tomaron un rumbo trascendental desde la incursión de al dictadura que comenzó con el ejercicio por el general Francisco Franco Bahamonde de la jefatura del Estado y con el desarrollo del franquismo, esto es desde el final de la Guerra Civil Española en 1939, hasta su muerte y sucesión en 1975.[] Su amplia dimensión temporal y la marcada presencia del propio Franco en toda ella hace que a menudo se utilice para designarla la expresión Era de Franco.
En los años 40 la dictadura militar se afianzó mediante la represión política de los opositores y mantuvo una política económica basada en la autarquía, provocada por la Segunda Guerra Mundial en la que la dictadura franquista tuvo una participación División Azul en el marco de la política no beligerancia, y el consiguiente aislamiento, promovido por los aliados en el seno de la recién creada ONU.
Este fue un importante precedente para el activismo de los derechos humanos en un país bajo una dictadura que dejo varias huellas de injusticia en la sociedad española. A continuación nombramos los grupos más importantes en España, relacionados con las tareas de la defensa de los derechos humanos, tanto a nivel nacional como internacional:
Amnistía Internacional España – Aboga por los derechos humanos en todo el mundo.
Amnistía Internacional Grupo Local de Elche
Asamblea de Cooperación por la Paz – proyectos y campañas de esta ONG dedicada a programas de cooperación, solidaridad y derechos humanos.
Asociación para las Naciones Unidas en España (ANUE) .
Ciberacción.net – Su objetivo es dar a conocer las acciones que llevan a cabo organizaciones solidarias que trabajan en Internet para denunciar y defender los derechos humanos, de los animales y la naturaleza.
Comisión General Justicia y Paz de España – protección de los derechos humanos desde una vertiente cristiana.
Comité de Apoyo al Tibet – ONG dedicada al apoyo al pueblo tibetano en su lucha pacífica por la libertad y los derechos humanos.
Equipo Nizkor .
Fundación Hispano-Cubana – Trata de promover la democracia y los derechos humanos en Cuba. Ofrece un catálogo de publicaciones, listado de actividades y direcciones útiles.
Unión Liberal Cubana – Organización política cubana en el exilio con reportajes.
Gaia – un grupo de estudiantes en materias de derechos humanos.
Autor:
Iván Castro M
[1] Misiones diplomáticas de España, http://es.wikipedia.org/wiki/misiones/diplomáticas/España/
[2] SOLCHAGA Carlos, España y Latinoamérica, 2004, http://www.cincodias.com/articulo/opinion/Espana-Latinoamerica/20040708cdscdiopi_1/cdsopi/
[3] GOMEZ ESCALONILLA, Lorenzo Delgado, Los compromisos internacionales de España en materia de cultura (DT), DT Nº 4/2007 – 24/01/2008, http://www.realinstitutoelcano/wps/portal/rielcano/
[4] ESTOIANOVA Velina G., España y los retos en la acción de la calidad humanitaria, 2009, http://www.fride.org/publicacion/616/espana-y-los-retos-de-calidad-en-la-accion-humanitaria
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