Finanzas y presupuesto público

Gasto público

Introducción

El gasto público en general tiene un efecto negativo en el crecimiento económico, y por tanto se debe reforzar su focalización en aspectos sociales que contribuyan al bienestar social, enfatizando la importancia del gasto en educación, por su impacto de mediano plazo, y en programas de subsidio directo como las Pensiones Asistenciales o más particularmente en la actual coyuntura, en programas de empleo de emergencia, así como también reducir los gastos innecesarios.

Durante el primer milenio de la era Cristiana no hubo en el mundo crecimiento económico. En esa época la mayoría de los habitantes no mejoraron sus niveles de vida.

Donde se inició el crecimiento sostenido, los Países Bajos en el siglo XVI o Inglaterra en el XIX, se debió fundamentalmente a innovaciones y a un entorno jurídico que garantizó los derechos de propiedad y la paz social. En el siglo XX crecieron aquellos países donde hubo seguridad en los derechos de propiedad, paz y libertad económica.

Dos políticas económicas impidieron el crecimiento sostenido en varios países en el siglo XX. Una, la pretensión de los gobernantes de planificar centralmente la economía en el socialismo real, sistema afortunadamente superado en la mayor parte del mundo. La otra política, todavía vigente en la mente de muchos gobernantes, consiste en incentivar el crecimiento a través del mayor gasto público y el déficit presupuestal.

Los datos empíricos nos demuestran que los gastos deficitarios, financiados con inflación o deuda, tienen efectos negativos netos para la sociedad. Mantener niveles altos de inflación o deuda no significa mayor crecimiento sostenible.

Buscar el crecimiento mediante un déficit presupuestal es ilusorio y, en el mejor de los casos, transitorio. Aunque políticamente puede ayudar a un partido a ganar elecciones, perjudica tarde o temprano a los electores, que creyeron en el estado como fuente directa de crecimiento. Un gobierno puede ayudar al crecimiento al mantener la paz, el respeto a la propiedad, mínimas reglamentaciones y un bajo costo fiscal para los ciudadanos.

Un estudio de Libertad y Desarrollo determinó que tanto el gasto total como el gasto en consumo en bienes y servicios como porcentaje del PGB tienen un efecto negativo y significativo en el crecimiento de la productividad. La estimación indica que un aumento de 10% en el gasto total hace disminuir la tasa de crecimiento de la productividad del sector privado en 1,87 puntos porcentuales en promedio anual y un aumento similar en el gasto de consumo hace disminuir la tasa de crecimiento de la productividad en 2,17 puntos porcentuales en promedio anual.

Este presupuesto del gasto público debiera orientar los recursos a áreas de mayor rentabilidad social, en que el gasto fiscal tenga un impacto efectivo en el bienestar, tales como educación, seguridad y empleos de emergencia. Asimismo, se debe eliminar o reducir con una política de austeridad áreas del presupuesto como los bienes y servicios de consumo que pueden ser evitados y todas aquellas inversiones innecesarias.

Impuestos

Incidencia impositiva

La incidencia impositiva es el estudio para determinar quien soporta la carga de un impuesto (o carga fiscal). Los impuestos que crea el gobierno pueden imponerse legalmente a los compradores o a los vendedores, pero ¿quién soporta la carga fiscal? Para contestar esta pregunta es necesario descomponer nuestro análisis en tres pasos:

1. Investigar si la disposición legal del impuesto afecta a la curva de demanda o a la curva de oferta

2. Investigar hacia adonde se desplaza la curva

3. Analizar como se afecta el equilibrio inicial

En la elección de un sistema impositivo confluyen varios objetivos de política económica. De esta forma, no puede juzgarse una estructura tributaria simplemente por su incidencia distributiva. Este es, sin duda, uno de sus aspectos esenciales, pero no deben descuidarse otros elementos que hacen a la elección de un buen sistema tributario. En principio éste debe cumplir adecuadamente una de sus funciones esenciales: la recaudatoria. Los impuestos son la forma de financiar los gastos por lo que resulta obvio que una estructura de impuestos progresiva y eficiente, pero de bajo poder de recaudación, no es de mucha utilidad. Otro de los principales objetivos es minimizar las distorsiones que éste pueda generar, e incluso solucionar algunas ocasionadas por "fallas de mercado".

Muchas veces los objetivos de equidad, eficiencia y poder recaudatorio no son todos compatibles y es tarea de quien hace política económica elegir la mejor combinación entre ellos.

El tema de la incidencia tributaria es una cuestión sumamente importante y difícil de tratar. Es importante por cuanto es la pieza esencial para completar el efecto de la acción estatal sobre la distribución del ingreso vía política fiscal. Sin una idea clara de quiénes son los que finalmente sufren las consecuencias económicas de los impuestos, es imposible evaluar la acción estatal en lo que respecta al objetivo "equidad". La cuestión de la incidencia tributaria es, sin embargo, difícil de abordar, ya que requiere de estudios más detallados sobre las condiciones de todos los mercados, o al menos, de varios mercados claves.

Esta sección debe verse, simplemente, como un acercamiento a la incidencia tributaria, y por lo tanto los resultados que se presentan deben ser tomados como hipotéticos. De ninguna manera deben sacarse conclusiones de política apresuradas en base a estos resultados. Por último, es aconsejable la realización de estudios más integrales y exhaustivos que permitan tener una idea más acabada de la incidencia del sistema tributario.

A continuación realizamos algunas consideraciones sobre el financiamiento y posteriormente presentamos los supuestos en los que se basa nuestra estimación. En primer lugar, la hacienda pública se forma con una serie de recursos, pero hemos acotado el financiamiento del gasto social a la parte impositiva. Por lo tanto, se excluye la deuda que finalmente es pagada con impuestos. Esta cuestión incorporaría problemas de incidencia intergeneracional que son muy difíciles de evaluar.

En segundo lugar, la estructura tributaria de cada nivel de gobierno es distinta, y sería necesario computar la incidencia para cada uno de ellos.

En tercer lugar, si trabajáramos con la estructura impositiva que financia cada gasto sería necesario computar la incidencia distributiva de cada impuesto. Es decir, se trataría de ver quienes son los que realmente pagan los impuestos. Puede ocurrir que el impacto de un impuesto sea diferente a su real incidencia sobre el ingreso real de una persona. El "impacto" hace referencia al responsable legal del pago del impuesto. Este, sin embargo, puede trasladar parte o la totalidad de la carga del impuesto a otros agentes económicos. Por lo tanto, la incidencia impositiva se refiere al efecto final del tributo sobre quienes realmente sufren la carga económica del impuesto. Se deduce que la incidencia de un impuesto depende de las condiciones de oferta y demanda de los mercados de bienes, servicios y factores. Si bien resulta relativamente simple en teoría, el cómputo de la incidencia no es en la práctica una tarea sencilla. Un enfoque ideal sería el de estimar un modelo de equilibrio general donde simultáneamente se determinen los parámetros en todos los mercados. Dada la escasez de información disponible, este camino es inviable. Otra alternativa es estimar con modelos de equilibrio parcial las condiciones de mercados particulares. Aunque más sencilla, esta alternativa tampoco resulta fácil de implementar. Son pocos los estudios sectoriales con resultados robustos para el caso argentino e incluso a nivel mundial.

En cuarto lugar, un aspecto importante resaltado en la teoría económica es el carácter distorsivo de los impuestos. Esto hace referencia al hecho que los tributos modifican el comportamiento de los agentes económicos, quienes cambian sus conductas para eludir el impuesto. Al computar el "costo" del impuesto, no debe olvidarse el daño adicional, producto de la distorsión. Tal distorsión (llamada "peso muerto del impuesto") depende de las elasticidades de oferta y demanda. En general, en la mayoría de los estudios sobre el tema se ignora este aspecto, lo cual responde a la dificultad en estimar el monto del costo de la distorsión y en discernir quienes son los que finalmente sufren sus consecuencias.

Por último, la evasión introduce un problema adicional en este tipo de trabajos. En principio lo que se trata de medir es la incidencia tributaria real y no la potencial (la planeada por las autoridades). Interesa saber quienes pagan los impuestos y no quienes deberían pagarlos. El problema radica, obviamente, en la dificultad para saber quienes pagan y quienes evaden.

Nuevo equilibrio

La cantidad de equilibrio disminuye. El precio que pagan los compradores se incrementa, mientras que el precio que reciben los vendedores disminuye. Un análisis de incidencia muestra que ambos, los compradores y los vendedores pagan el impuesto. ¿Quién soporta la mayor carga impositiva? La respuesta depende de la elasticidad-precio de la demanda.

Si la demanda del producto es inelástica la mayor carga fiscal recae sobre los compradores, mientras que si la demanda del producto es elástica ésta recae principalmente sobre los productores (vendedores). Pero ¿qué sucede cuando el impuesto se cobra legalmente a los vendedores? El análisis de éste impuesto es similar, la única diferencia es que se desplaza la curva de oferta. Esto es, disminuye.

La incidencia impositiva también depende de la elasticidad-precio de la oferta. Cuando la oferta es elástica y la demanda inelástica, la mayor carga fiscal la reciben los compradores. Cuando la oferta es inelástica y la demanda elástica, la mayor incidencia impositiva se va hacia los vendedores. En conclusión podemos decir que la incidencia fiscal es mayor en aquella parte del mercado con la menor elasticidad, es decir, si la demanda es más inelástica que la oferta, entonces la mayor parte de la carga fiscal recae sobre los compradores y, si la oferta es más inelástica que la demanda, entonces la mayor parte de la carga fiscal recae sobre los vendedores.

Aspectos macroeconómicos de las cuentas fiscales

En lo macroeconómico es urgente despejar completamente el tema del desequilibrio de las cuentas fiscales y la amenaza de impuestos. Durante los últimos años se ha hecho crecer el gasto público más allá de lo que ha crecido el producto en promedio y eso ha validado la permanente amenaza de nuevas alzas impositivas, lo cual ha minado la confianza y explica en parte la debilidad de las tasas de inversión.

No es evidente que un mayor activismo fiscal permita resolver el problema del desempleo. El sector privado representa casi cuatro quintas partes de la economía y una proporción aún mayor del empleo. Lo que ocurra con el empleo en el país depende fundamentalmente de lo que haga el sector privado y de su interés en invertir. El gobierno puede paliar transitoriamente la situación de los cesantes o apoyar la reactivación con inversiones y programas especiales, pero si el sector privado no invierte ni contrata, sus esfuerzos resultarán infructuosos.

Este dilema está bien reconocido en la literatura económica. La condición fundamental para que un mayor déficit fiscal genere mayor actividad y empleo de manera sostenida es que éste no presione al alza a las tasas de interés; de lo contrario, el aumento en el costo del crédito reducirá el consumo, la inversión privada, la actividad y el empleo. Tal condición se cumple sólo en circunstancias muy especiales.

En efecto, la prudencia en el manejo de las cuentas fiscales es hoy considerado como un aspecto clave de la conducción económica en los llamados "países emergentes" y una garantía de su estabilidad futura. Abandonar esta prudencia significaría arriesgar una reversión de las positivas condiciones financieras que hoy favorecen una recuperación del consumo, la inversión y el empleo.

La experiencia muestra que los desequilibrios fiscales perjudican, más que lo que favorecen, una acción efectiva del Estado en el largo plazo. La efectividad del Estado en la reducción de la pobreza, la generación de oportunidades, el fomento productivo, la ciencia, la cultura y la participación ciudadana no depende tanto de lo que se gasta en un año como de la posibilidad de aplicar políticas con consistencia y persistencia suficiente para producir cambios duraderos. Los desequilibrios fiscales son seguidos de dolorosos ajustes cuyas primeras víctimas son la inversión, los empleados públicos y los grandes programas sociales. Las rondas de recortes de gastos debilitan gravemente la efectividad de programas y servicios públicos.

Cuando las finanzas públicas son fuente de inestabilidad macroeconómica, de ineficiencia o clientelismo es la propia validez de la acción del Estado la que queda en cuestión. Administrar los fondos fiscales con prudencia, eficiencia y transparencia no es contradictorio con el carácter progresista del gobierno del Presidente Lagos, sino una expresión de ello. Significa valorar la importancia del Estado como promotor del bien común y actor del proceso de desarrollo; significa reconocer la existencia de fallas en el mercado y la necesidad de una acción pública eficaz para corregirlas; significa administrar los recursos públicos reconociendo que se está ejerciendo una de las funciones más importantes de una democracia; significa sentir la obligación decanalizar los recursos públicos hacia quienes más lo necesitan. Por eso, la responsabilidad fiscal no es sólo patrimonio del equipo económico, pertenece al conjunto del gobierno y al país.

Impactos macroeconómicos de las políticas: fiscal, tributaria y monetaria

La Política Fiscal es de gran importancia para el desarrollo económico de cualquier nación, esta debe ser adaptada a las realidades de cada nación, cuidadosamente estudiada y ser aplicada con la más estricta disciplina, a fin de lograr los objetivos de crecimiento económico y desarrollo que persigue la Teoría Económica.

Si el objetivo es reducir la demanda agregada, una actuación fiscal más restrictiva quizá no lo consiga. Por el contrario, una acción de esa naturaleza puede tener consecuencias expansivas por sus efectos sobre la riqueza y sobre las expectativas acerca de los impuestos futuros. Una contracción presupuestaria reduce los tipos de interés a largo plazo e incrementa el valor de mercado de las acciones, de los bonos y de los inmuebles, lo que estimula el consumo y la inversión. Al mismo, en el escenario de un presupuesto equilibrado, un recorte adicional del gasto público tendría efectos expansivos si los hogares y las empresas le interpretan como una disminución de sus obligaciones fiscales futuras. En este caso, su riqueza neta presente crecerá y el gasto privado se verá estimulado. Con todos los matices que se quiera, el comportamiento de la economía española durante estos últimos años responde bastante a este enfoque. Ahora bien, si se acepta que los impactos fiscales son absorbidos mediante ajustes de precios y salarios, también debe aceptarse que esos ajustes son cambios de nivel de una sola vez, distribuidos a lo largo del tiempo, y no cambios en una inflación sostenida. En suma, la política fiscal unas veces produce los resultados predichos por los modelos keynesianos y otras, la mayoría, no. Japón es un caso de libro de esta afirmación. Una expansión fiscal hiperagresiva no ha logrado sacar al país de la depresión. Por tanto, la cautela se impone.

La rehabilitación de la política fiscal como arma anticíclica abre el portillo a la discrecionalidad, al ajuste fino. Si se considera eficaz una restricción fiscal para eliminar los desequilibrios provocados por una demanda boyante, igualmente ha de asumirse su eficacia en el caso contrario, una demanda insuficiente. Cuando se admite este criterio, el genio de la discrecionalidad sale de la botella. Para evitar esa peligrosa derivación la macroeconomía prekeynesiana asumió la regla del patrón oro y la del presupuesto equilibrado. Esas reglas son todavía válidas. El mayor servicio a la estabilidad macroeconómica consiste en crear un marco institucional capaz de reducir la incertidumbre en una economía que tiende a autorregularse. Este es el único camino para evitar las situaciones de inconsistencia temporal creadas por las políticas discrecionales. La superioridad de las reglas sobre la discrecionalidad es a la postre la distinción esencial entre los economistas keynesianos y los liberales.

Las críticas tradicionales a la política fiscal discrecional son de sobra conocidas: su tramitación es lenta, tarda tiempo en surtir efecto etc. Sin embargo existe una objeción más profunda. Por desgracia carecemos del conocimiento preciso del ciclo y del funcionamiento de la economía para tomar ese tipo de decisiones sin el riesgo de cometer errores graves y costosos. En la práctica, el activismo incorpora una visión benevolente del Estado conforme a la cual éste actuará para conseguir la estabilidad independientemente de si esto comporta un estímulo o una restricción. La asunción de esta hipótesis resulta poco realista. La combinación de una información incompleta por parte del gobierno sobre las variables relevantes con las restricciones políticas a las que aquel se enfrenta crea serios riesgos de que las acciones anticíclicas desestabilicen en lugar de estabilizar la economía. De ahí que la discrecionalidad sea una expresión clara de la fatal arrogancia hayekiana.

Desde esta óptica, la apuesta por un menor gasto público o por unos impuestos más bajos no radica en el impacto coyuntural de esas iniciativas, sino en la sólida convicción de que sus consecuencias a medio y largo plazo se traducen en mayor crecimiento económico, riqueza y bienestar para todos.

En cuanto a la Política Tributaria, se puede afirmar que el desarrollo del país será sólido en la medida en que se erradique la informalidad tributaria. Ella no sólo causa una menor recaudación fiscal; también genera una competencia desleal que perjudica a las empresas debidamente constituidas y, en el campo laboral, crea un submundo en el que se paga menos y se niega el derecho a la seguridad social y a la jubilación.

Pero también es necesario que el Estado no imponga tasas tributarias tan elevadas. De ahí la necesidad de evaluar la actual estructura tributaria. También es inevitable revisar los aranceles de importación, en especial los de insumos y bienes de capital. Su actual estructura perjudica a los productores nacionales y les impide competir en el exterior.

Hay que tender hacia una política tributaria permanente que no sea alterada por los cambios políticos. Se deberá, pues, fijar tasas impositivas quinquenales que den una clara proyección al contribuyente e inversionista. Éstas sólo podrán modificarse de mediar una real justificación y luego de un adecuado debate público. El régimen de Impuesto a la Renta no debe desalentar la reinversión.

El sistema tributario debería proveer al gobierno con ingresos suficientes para cumplir sus objetivos legítimos sin destruir los incentivos para trabajar, ahorrar e invertir.

De estos cinco fundamentos básicos del crecimiento económico, el último es quizás el más descuidado, especialmente por el Fondo Monetario Internacional (FMI). Sin embargo, los

impuestos son extremadamente importantes, una parte importante de los costos de producción,

y del costo de vida. Todas las economías más exitosas en la historia del mundo, sin excepción,

han puesto un cuidado muy especial en mantener las tasas tributarias marginales lo más bajas

posibles, particularmente en las recompensas al ahorro y a la actividad empresarial.

La tarea difícil de la política tributaria es elevar los ingresos en forma tal que cause el menor daño posible a la economía. Eso significa diseñar un sistema tributario que preserve los

incentivos individuales para la actividad productiva, incentivos para el empresariado y para trabajar, ahorrar, invertir, aprender, inventar y crear.

Se colige entonces que un sistema tributario que penaliza el ingreso adicional penalizará también la producción (por ejemplo, el crecimiento económico). El gobierno, lo mismo que las empresas, debe competir en la producción del mayor valor al costo más bajo posible. En realidad, el costo del gobierno es a menudo uno de los costos más grandes de hacer negocios, indiferentemente si el costo parece recaer sobre el negocio mismo, o sus clientes, trabajadores o accionistas. Los países en los cuales el costo del gobierno es demasiado alto encontrarán más difícil atraer y retener capital físico, capital financiero y capital humano. Así como los llamados "paraísos fiscales" atraen inversiones e inmigrantes, los países con sistemas tributarios castigadores enfrentan "fuga de capitales" y "fuga de cerebros". Las altas tasas impositivas a menudo ahuyentan la inversión extranjera y causan que los ahorros nacionales se escapen a otros países. Esto es lo se conoce como "fuga de capitales." Altas tasas tributarias pueden aún ocasionar que mucha de su gente más preparada e industriosa emigre a otros países. Esto es lo que se llama "fuga de cerebros". Las altas tasas tributarias siempre causan que mucha de la economía desaparezca de los ojos del recaudador de impuestos. Este fenómeno tiene diferentes nombres en diferentes países, tales como economía "sombra", "informal" o "sumergida".

Las dificultades a la hora de poner en práctica una Política Monetaria suficientemente preventiva en el nuevo entorno macroeconómico tendrían menor importancia si -como parece plausible- la necesidad de prevención monetaria también fuera menor. En primer lugar, al estar las expectativas de inflación mejor ancladas, los bancos centrales disponen de más tiempo para evaluar la situación económica antes de actuar, sin correr el riesgo de que la inflación experimente una subida significativa.

Por supuesto, este mayor margen de maniobra existe siempre que los desequilibrios no se acumulen y requieran posteriormente medidas correctoras más costosas. En segundo lugar, y como se afirma a menudo sobre la base de la experiencia de Estados Unidos, el intervalo de transmisión de la política monetaria a la demanda agregada puede haberse acortado gracias a

los avances tecnológicos y a los cambios experimentados en los mercados financieros. La adopción de sistemas de gestión de existencias "just-in-time" (es decir, a medida que van llegando los pedidos) es un ejemplo de decisiones de inversión ante cambios en las condiciones económicas. Además, una mayor participación de las familias en los mercados bursátiles podría haber potenciado el efecto-riqueza sobre el consumo (véase el capítulo II).

Las mismas reflexiones que suscita el endurecimiento de la política monetaria se aplican a la relajación de la misma. Además, la suavización monetaria afronta otras dificultades motivadas por ciertas asimetrías que podrían afectar a la dinámica de la economía.

En la economía de hoy en día, la política monetaria ha de seguir enfrentándose a nuevos retos, que podrían estar menos claros que en periodos anteriores de lucha contra una inflación elevada e inestable. Es necesario que los bancos centrales permanezcan tan alerta como siempre. Un importante riesgo derivado del nuevo entorno macroeconómico es que la introducción de medidas preventivas podría ser ahora algo más difícil, a causa de la dinámica cambiante de la economía y de consideraciones de tipo político. En concreto, resulta una paradoja que, con unas expectativas bien ancladas alrededor de una inflación baja y apuntaladas por la credibilidad de los bancos centrales, los desajustes subyacentes entre la demanda y la oferta puedan tardar más en manifestarse en la inflación general. En estas condiciones, existen motivos para creer que a la hora de instrumentar la política monetaria, podría ser útil asignar una ponderación algo mayor a los cálculos de desequilibrios financieros, especialmente al incremento excepcionalmente rápido del crédito y del precio de los activos, que señalan dichos desajustes. Sin embargo, hay que seguir profundizando en el análisis para comprender la dinámica de la economía en el nuevo entorno y para extraer conclusiones sólidas de política monetaria.

Deuda

Teoría

La deuda es el vínculo en virtud del cual una persona, denominada deudor, se compromete a pagar a otra, denominada acreedor, una suma determinada de dinero o ciertos bienes y servicios específicos. Las deudas se originan normalmente cuando los acreedores otorgan préstamos a los deudores, que éstos entonces se comprometen a devolver en cierto plazo y bajo determinadas condiciones. Entre estas últimas la más corriente es la que fija la tasa de interés que habrá de devengar el préstamo.

Las economías modernas se basan en gran parte sobre las deudas a corto o largo plazo que contraen los particulares, las empresas y el Estado. Sólo las transacciones de menor cuantía suelen pagarse en efectivo pues para casi todas las demás se emplean diversas formas de crédito. Las deudas, por lo general, quedan legalmente registradas mediante el uso de instrumentos mercantiles específicos: pagarés, letras de cambio, bonos, etc.

Deuda Interna

La deuda pública o deuda interna es el volumen a que ascienden los préstamos obtenidos por el Tesoro Público de un país, de los bancos, entidades económicas y personas particulares a cambio del reembolso de sus capitales, transcurrido un período de tiempo determinado, y del consiguiente pago de sus intereses.

Deuda Externa

Documentada en moneda extranjera y colocada en los mercados financieros internacionales, independientemente de que parte de las obligaciones emitidas pudiesen encontrarse en poder de residentes venezolanos.

La Deuda externa es un fenómeno bastante reciente y, sin embargo, su papel en el marco político y económico internacional de este último cuarto de siglo ha sido fundamental. Su primera y más importante etapa es la del préstamo, en la década de los 70. En ella, los petrodólares (excedente de liquidez en dólares de los países exportadores de petróleo), la recesión en EEUU y Europa y, hasta fines de 1979, las bajas tasas internacionales de interés, ofrecen a los países económicamente subdesarrollados un marco idóneo para el acceso fácil a créditos abundantes y baratos. Los principales prestamistas, la banca comercial privada, ve en estos préstamos la mejor manera de rentabilizar el capital, y considera a los Estados clientes privilegiados (un Estado no puede declararse insolvente).

El uso de este dinero varía en cada país, pero por lo general sirve para dotar de armamento moderno a los ejércitos estatales e impulsar empresas cercanas al gobierno (en el peor de los casos, para asegurar la permanencia de gobiernos dictatoriales y corruptos). En aquellos lugares donde se realizaron inversiones industriales no fue suficiente para frenar los impagos que a mediados de los 80 empezaron a hacerse insostenibles. A finales de los 70 y principios de los 80 las tasas de interés subieron de forma exorbitada, entre otras cosas como reacción a los problemas económicos por los que habían pasado los EEUU (balanza comercial negativa y grandes gastos en la guerra de Vietnam). El resultado fue un endeudamiento progresivo de estos países. Los siguientes años se denominarán la "década pérdida", puesto que en ellos aún no se toma conciencia de la gravedad del problema y se aplican medidas con el fin de hacer sostenible la deuda. En realidad, la banca comercial gana tiempo mientras asumen el problema el Fondo Monetario Internacional (FMI), los Bancos de Desarrollo y otros organismos internacionales, pero la Deuda empieza a funcionar como un círculo vicioso, donde el pago de los intereses obliga a los países endeudados a obtener más prestamos (en peores condiciones) que supondrán a su vez nuevos intereses impagables. En 1996, los países latinoamericanos, africanos y asiáticos endeudados debían más de dos billones de dólares a Estados, bancos comerciales e instituciones financieras multilaterales (en este orden de importancia), casi el doble que diez años antes. Cerca del 50% de los pagos anuales que efectúan estos países son exclusivamente intereses de la Deuda.

ilibrio EconóDeuda y Equmico

El hecho de que un país no pague sus obligaciones con los organismos de crédito internacionales es la prueba del fracaso de un país, aunque pagar en momentos difíciles sería mucho más grave, porque pondríamos en riesgo el equilibrio económico.

Sin dudas el mayor impacto sobre el equilibrio económico es la ruptura del presupuesto económico. Es obligación exclusiva de la Concedente recomponer este equilibrio restaurando las bases económicas del contrato.

Respecto a la relación devaluación – equilibrio económico financiero de la Concesión, resulta claro del propio texto contractual como de los antecedentes del proceso licitatorio que el riesgo de una devaluación nunca fue una variable que pesara sobre los accionistas dado que el contrato otorga respecto de la equivalencia económica de la convertibilidad un verdadero seguro de cambio. 

Los negocios de estas características tienen 3 fuentes de financiamiento para sus inversiones: capital propio, deuda financiera y reinversión de flujos de fondos positivos. Tanto la deuda financiera como el capital de los accionistas (capital social más ganancias reservadas) no son gratuitos sino que remunerados por el negocio. 

La deuda financiera tiene una remuneración explícita en las condiciones de financiamiento a través de la tasa de interés y un plazo predeterminado de devolución. 

Planificación fiscal, tributaria y monetaria

PLANIFICACIÓN FISCAL

Determina el conjunto de medidas e instrumentos que toma el estado para recaudar los ingresos necesarios para la realización de la función del sector público.

PLANIFICACIÓN TRIBUTARIA

A nivel empresarial, gran parte de las decisiones que realiza el empresario tienen consecuencias tributarias que, por la relevancia de los impuestos en relación con los costos y utilidades, deben ser consideradas antes de hacerlas operativas. Lo anterior hace imprescindible contar con una adecuada planificación tributaria.

La tendencia mundial creciente a la concentración de las actividades económicas rentables en empresas trasnacionales resulta ya indiscutible y aparentemente irreversible. Estas empresas, en opinión de los autores, configuran un complejo empresarial compuesto por entes jurídicamente independientes y que, si bien se constituyen en distintos países, son dirigidos por sociedades madres y sometidos a un control común. Y es precisamente el predominio del interés del grupo por sobre el de las unidades operativas independientes, el que de algún modo representa la génesis de la "planificación tributaria mundial", la cual tiene como objetivo orientar las actividades comerciales hacia los países donde la tributación es menor.

Los impuestos corresponden a la participación del gobierno en las diferentes actividades económicas y están reguladas por un conjunto de normas que establecen sus montos, excenciones y periodicidades. La planificación tributaria es una actividad que permite maximizar los flujos financieros y cuyo impacto dependerá de la actividad económica que se desarrolle.

PLANIFICACIÓN MONETARIA

Define el sistema monetario que seguirá el gobierno Nacional para conseguir la estabilidad del valor del dinero y evitar una balanza de pagos adversa, alcanzar el pleno empleo y buscar el estado de liquidez de toda economía.

Presupuestos que se elaboran en los distintos niveles del sector público

Principios

El presupuesto público es la previsión de gastos e ingresos para un determinado periodo de tiempo, por lo general un año. El presupuesto es un documento que permite a las empresas, los gobiernos, las organizaciones privadas y las familias establecer prioridades y evaluar la consecución de sus objetivos. Para alcanzar estos fines puede ser necesario incurrir en déficit o, por el contrario, ahorrar, en cuyo caso el presupuesto presentará un superávit.

Los principios por los que se rige el presupuesto público son los mencionados a continuación:

• Programación: Se desprende de la propia naturaleza del presupuesto y sostiene que éste -el presupuesto- debe tener el contenido y la forma de la programación.

• Contenido: establece que deben estar todos los elementos que permitan la definición y la adopción de los objetivos prioritarios. El grado de aplicación no está dado por ninguno de los extremos, pues no existe un presupuesto que carezca completamente de una base programática, así como tampoco existe uno en el que se hubiese conseguido la total aplicación de la técnica.

• Forma: en cuanto a la forma, con él deben explicitarse todo los elementos de la programación, es decir, se deben señalar los objetivos adoptados, las acciones necesarias a efectuarse para lograr esos objetivos; los recursos humanos, materiales y servicios de terceros que demanden esas acciones así como los recursos monetarios necesarios que demanden esos recursos.

• Integralidad: En la actualidad, la característica esencial del método de presupuesto por programas, está dado por la integralidad en su concepción y en su aplicación en los hechos. El presupuesto no sería realmente programático si no cumple con las condiciones que imponen los cuatro enfoques de la integralidad. Es decir, que el presupuesto debe ser:

• Un instrumento del sistema de planificación.

• El reflejo de una política presupuestaria única.

• Un proceso debidamente vertebrado; y

• Un instrumento en el que debe aparecer todos los elementos de la programación.

• Universalidad: Dentro de este postulado se sustenta la necesidad de que aquello que constituye materia del presupuesto debe ser incorporado en él.

Naturalmente que la amplitud de este principio depende del concepto que se tenga de presupuesto. Si este sólo fuera la expresión financiera del programa de gobierno, no cabría la inclusión de los elementos en términos físicos, con lo cual la programación quedaría truncada. En la concepción tradicional se consideraba que este principio podía exponerse cabalmente bajo la "prohibición" de la existencia de fondos extrapresupuestarios.

• Exclusividad: En cierto modo este principio complementa y precisa el postulado de la universalidad, exigiendo que no se incluyan en la ley anual de presupuesto asuntos que no sean inherentes a esta materia. Ambos principios tratan de precisar los límites y preservar la claridad del presupuesto, así como de otros instrumentos jurídicos respetando el ámbito de otras ciencias o técnicas. No obstante, de que en la mayoría de los países existe legislación expresa sobre el principio de exclusividad, en los hechos no siempre se cumplen dichas disposiciones legales.

• Unidad: Este principio se refiere a la obligatoriedad de que los presupuesto de todas las instituciones del sector público sean elaborados, aprobados, ejecutados y evaluados con plena sujeción a la política presupuestaria única definida y adoptada por la autoridad competente, de acuerdo con la ley, basándose en un solo método y expresándose uniformemente. Es indispensable que el presupuesto de cada entidad se ajuste al principio de unidad, en su contenido, en sus métodos y en su expresión. Es menester que sus políticas de financiamiento, funcionamiento y capitalización sean totalmente complementarias entre sí.

• Acuciosidad: Para el cumplimiento de esta norma es imprescindible la presencia de las siguientes condiciones básicas en las diversas etapas del proceso presupuestario:

• a) Profundidad, sistema y organicidad en la labor técnica, en la toma de decisiones, en la realización de acciones y en la formación y presentación del juicio sobre unas y otras.

• b) Sinceridad, honestidad y precisión en la adopción de los objetivos y fijación de los correspondientes medios; en el proceso de su concreción o utilización; y en la evaluación de nivel del cumplimiento de los fines, del grado de racionalidad en la aplicación de los medios y de las causas de posibles desviaciones.

En otras palabras, este principio implica que se debe tender a la fijación de objetivos posibles de alcanzar, altamente complementarios entre sí y que tengan la más alta prioridad.

• Claridad: Este principio tiene importancia para la eficiencia del presupuesto como instrumento de gobierno, administración y ejecución de los planes de desarrollo socio-económicos. Es esencialmente de carácter formal; si los documentos presupuestarios se expresan de manera ordenada y clara, todas las etapas del proceso pueden ser llevadas a cabo con mayor eficacia.

• Especificación: Este principio se refiere, básicamente, al aspecto financiero del presupuesto y significa que, en materia de ingresos debe señalarse con precisión las fuentes que los originan, y en el caso de las erogaciones, las características de los bienes y servicios que deben adquirirse.

En materia de gastos para la aplicación de esta norma, es necesario alejarse de dos posiciones extremas que pueden presentarse; una sería asignar una cantidad global que serviría para adquirir todos los insumos necesarios para alcanzar cada objetivo concreto y otra, que consistiría en el detalle minucioso de cada uno de tales bienes y servicios.

La especificación significa no sólo la distinción del objetivo del gasto o la fuente del ingreso, sino además la ubicación de aquellos y a veces de éstos, dentro de las instituciones, a nivel global de las distintas categorías presupuestarias, y, en no contados casos, según una distribución espacial. También es indispensable una correcta distinción entre tales niveles o categorías de programación del gasto.

• Periodicidad: Este principio tiene su fundamento, por un lado, en la característica dinámica de la acción estatal y de la realidad global del país, y, por otra parte, en la misma naturaleza del presupuesto.

A través de este principio se procura la armonización de dos posiciones extremas, adoptando un período presupuestario que no sea tan amplio que imposibilite la previsión con cierto grado de minuciosidad, ni tan breve que impida la realización de las correspondientes tareas. La solución adoptada, en la mayoría de los países es la de considerar al período presupuestario de duración anual.

• Continuidad: Se podría pensar que al sostener la vigencia del principio de periocidad se estuviera preconizando verdaderos cortes en el tiempo, de tal suerte que cada presupuesto no tiene relación con los que le antecedieron, ni con los venideros. De ahí que es necesario conjugar la anualidad con la continuidad, por supuesto que con plenos caracteres dinámicos.Esta norma postula que todas la etapas década ejercicio presupuestario deben apoyarse en los resultados de ejercicios anteriores y tomar, en cuenta las expectativas de ejercicios futuros.

• Flexibilidad: A través de este principio se sustenta que el presupuesto no adolezca de rigideces que le impidan constituirse en un eficaz instrumento de: Administración, Gobierno y Planificación.

Para lograr la flexibilidad en la ejecución del presupuesto, es necesario remover los factores que obstaculizan una fluida realización de esta etapa presupuestaria, dotando a los niveles administrativos, del poder suficiente para modificar los medios en provecho de los fines prioritarios del Estado.