Inglaterra, llamando la atención que ni en Bélgica, ni en algunos países de América Latina se le llegó a dar esa característica delictuosa.
Inglaterra, también convirtió en delito la suspensión brusca del trabajo, cuando el parlamento dictó las leyes de 1780 y 1799, según las cuales toda unión encaminada a obtener una mejora en las condiciones de trabajo constituía una conspiración cuya finalidad era restringir la libertad de la industria. Así, todos los miembros de la unión incurrían en delito penal. La presión de los trabajadores organizados y las crecientes contradicciones entre el capital y el trabajo obligaron al Estado liberal a intervenir dentro del marco de las relaciones de trabajo, reconociendo a la huelga como un derecho.
Así que como más que un mero hecho social precedente y ajeno al derecho, como simple fenómeno en bruto, la huelga emerge en rigor como un acontecimiento fáctico, con repercusión legal, del cual se derivan efectos relevantes que inciden sobre la vida de las relaciones jurídicas que envuelve. En este sentido, se presenta no como una figura jurídica, sino sólo como un modo de gestar condiciones para crear o proteger precisamente derechos. Sus fines que pueden ser tan diversos y en su caso, tan complejos, como peculiares sean la situación y los propósitos que persigan los trabajadores. Lo contrario, o siquiera la intención de limitar dichos fines fuera de la voluntad e intereses que persigan los huelguistas, equivale a transgredir el alcance y real sentido de la autonomía colectiva de los trabajadores. Y no es válido invocar que la razón y el Estado de derecho son la justificación y límite necesario de todas las pretensiones, porque en verdad se desprende que hay valores y principios que son un coto obligado al proceder ordenado del hombre, de acuerdo con la justicia y el bienestar general.
Todo hombre tiene el derecho, y en la especie, los trabajadores, de que se respete su integridad, su existencia y su dignidad personal y familiar, con motivo y ocasión de su trabajo. Por lo mismo, cuenta el trabajador con la potestad de decidir, en conjunto con sus compañeros, la forma e intensidad de sus movilizaciones de lucha y resistencia sindical para enfrentar el abuso del patrón o inclusive del Estado, cuando desconozcan o violenten su interés profesional. De esta suerte, es manifiesto que los fines de la huelga dependen de lo peculiar y cambiante que resulten las causas que precipiten los conflictos colectivos y que incidan en una huelga.
Así, después de la sorpresa y contundencia de las movilizaciones proletarias, la huelga fue contemplada y regulada jurídicamente, merced a la gran preocupación de los principales capitales, como un acto criminal contrario al liberalismo y a los derechos fundamentales del hombre, particularmente, por lo que hace a las libertades de comercio, industria y trabajo.
Dentro de este desarrollo, es menester precisar que al correr de algunas décadas la huelga cobró prestigio como figura jurídica, entendiéndose como una especie de derecho natural a la abstención del trabajo. Así, dentro del liberalismo económico clásico y a la luz del derecho privado, esta situación fue contemplada como un claro incumplimiento de la obligación de trabajar, agravado con el hecho de su determinación colectiva y solidaria. Mas la proliferación y trascendencia de las movilizaciones sindicales comprendidas dentro de la acción directa, dieron pauta a que la huelga fuera por fin aceptada como un instrumento válido para concertar las condiciones de trabajo e incluso para alcanzar importantes reivindicaciones.
Pero por curiosa paradoja, si el 21 de marzo de 1864 con la ley Waldeck Rousseau se derogaron en Francia los delitos de coalición y de huelga, mediante la ley Ollier del 25 de mayo siguiente se tipificó el delito contra la libertad de trabajo, que impedía a la coalición huelguista presionar a los obreros con objeto de que respaldaran la eficacia de la paralización de las labores.
Tolerados los derechos colectivos del trabajo, en cuanto expresión de libertad y equivalente al derecho negativo de no laborar, la huelga ya no fue perseguida penalmente, restando sometida de esta suerte, al marco civil y de manera específica al derecho negocial común.
Así se le contempló como una figura equivalente a la libertad irrestricta de trabajo, disfrutando de la protección legal contra las amenazas o conductas que pudieran violentarla.
Entendida como libertad inherente al ser humano, la huelga llevaría a excluir del ordenamiento jurídico vigente, medidas destinadas a su limitación, admitiéndose que dicha libertad es la cualidad de aquello que no se encuentra sujeto a ninguna especie de consentimiento.
La huelga no resta así, dependiente de ninguna ley, y se justifica por sí misma, como resultante natural de la libertad individual de trabajo. Como pronto se comprobaría en la praxis, evolucionó esta tesis a la concepción de este instrumento como derecho de la personalidad o derecho absoluto e intocable, inherente a la persona humana.
En México la huelga ha tenido en su evolución tres etapas fundamentales: Primero fue prohibida considerándose como un delito, Después fue permitida o tolerada bajo el principio de la libertad de trabajo, pero sin ninguna protección para los huelguistas, de manera que si ya no era un delito quedaban los trabajadores expuestos a que rescindieran sus contratos y sin responsabilidad patronal.
Finalmente a partir de la Constitución Política Mexicana de 1917 se consagro la Huelga como un derecho no solo permitido, sino legalmente protegido al otorgarles garantías a los trabajadores para una verdadera efectividad en el proceso legal de la Huelga.
Después de su tolerancia y como un nuevo instrumento de la democracia sindical, la huelga cobró prestigio y terminó legalizándose en los grandes sistemas occidentales como un derecho de suprema jerarquía formal que daba respuesta a los reclamos de una vida social digna para los obreros, perfectamente congruente con las perspectivas del Estado y la sociedad contemporáneos. La huelga se tornó entonces, en una expresión legítima de la acción solidaria de la lucha del trabajo organizado, configurándose en suma, como un derecho conflictual colectivo de los trabajadores.
En esta virtud, con el reconocimiento de los grupos intermedios entre el individuo y el Estado, amén de la importancia cobrada por los grupos humanos económicamente desvalidos, que desembocó en su potestad de desarrollar y hacer acopio de los derechos colectivos en materia de trabajo, lo que constituye una auténtica forma de violencia, es la explotación y las estrategias de los monopolios o el Estado para desalentar y reprimir los derechos de los trabajadores a una vida suficiente y digna. Es criminal el pretender sustituirla por un estilo deteriorado de existencia, en apariencia congruente con la idea de igualdad y justicia, que en realidad sólo atiende a la protección y desarrollo del interés material de algunos grupos, personas o sectores de poder determinados.
Atenta a esta realidad, en la sociedad moderna la huelga se tornó entonces en el conflicto colectivo de trabajo que, promovido por los trabajadores coaligados, representa la figura de mayor relieve dentro de la vida sindical. Por lo mismo, a la luz del derecho comparado, esta figura se afianza como la expresión sindical más señalada de la lucha organizada de los trabajadores para realizar su autodefensa y completa reivindicación.
Así, la huelga no puede entenderse ni como una expresión tolerada de fuerza, ni tampoco como un derecho absoluto al cual no pueda imponerse ninguna limitación que lo refrene. En este sentido se sostiene que su ejercicio debe acomodarse a determinadas condicionantes, tanto de forma como de fondo, en la medida en que la huelga incida sobre realidades y situaciones que afectan no sólo al destinatario directo e inmediato de la misma, es decir, el empresario, sino a terceros que resultan también afectados por las consecuencias y efectos de aquélla.
Sin embargo, es factible sostener, los fines diversificados de la huelga pueden reducirse a dos vertientes:
- La defensa de los intereses profesionales de los trabajadores, y
- La promoción permanente y progresiva de sus reivindicaciones.
Los fines torales de la huelga, se dividen en dos sentidos:
- Inmediato o de carácter económico, que regularmente se traduce en la lucha por salarios suficientes y condiciones remuneradoras del trabajo, que propicien, en el corto plazo, una vida decorosa.
- La finalidad política, realizable a largo plazo, y que pretende lograr, la transformación estructural de un régimen económico de explotación, por otro más acabado, que trasluzca el bienestar y aspiración legítima de los trabajadores a un Estado de derecho y a la justicia social.
La dimensión y carácter de las reivindicaciones perseguidas corresponde, en forma exclusiva, a los propios sujetos activos en el ámbito de esta figura, los trabajadores coaligados y específicamente huelguistas.
Mas en el derecho mexicano, en clara contradicción con la libertad sindical y el espíritu social del derecho del trabajo, se arrebata a los trabajadores el derecho a decidir los fines de sus huelgas, para que el legislador venga a ser quien determine el objeto de las mismas.
De lo anterior podríamos determinar los siguientes aspectos.1. Toda huelga implica necesariamente una suspensión de labores.2. Dicha suspensión tiene que ser legal, y esto se logra cumpliendo los requisitos que marca la legislación correspondiente.
3. Un buen ejemplo al respecto es la población de China donde para ellos la huelga es un lujo para los países ricos que de ninguna forma pueden darse los países pobres, independientemente de su legalidad, o no, es cuestión de ideología.
4. La suspensión debe ser temporal, ya que de lo contrario se acabaría con la iniciativa privada.
5. Finalmente, tiene que ser llevada por una coalición de trabajadores en defensa de sus intereses siempre que estos sean comunes, desde luego dicha coalición también deberá ser mayoritaria
LA HUELGA EN México
En la etapa histórica en que se consuma la Independencia de México, cuando nos convertimos en un país libre, después de una larga dominación Española en la que quedamos en la pobreza, misma que se reflejaba notoriamente en las clases más débiles, situación de la que se aprovechó la burguesía, por lo que a su favor sometía a largas jornadas a los trabajadores mismas que oscilaban entre doce y dieciséis horas diarias, agravándose la situación al pagarles sueldos raquíticos que lejos de permitirles alcanzar una vida digna, ni siquiera les permitían sobrevivir, tampoco había alguna garantía para la clase obrera, por lo que no parecía haber solución alguna al problema.
Antes de 1917 no estaba expresamente mencionada en el derecho mexicano la huelga, el Código Penal del Distrito y Territorios Federales de 1871 castigaba con arresto de ocho a tres meses y multa de 25 a 500 pesos a quienes pretendieran modificar los salarios o impidieran el libre ejercicio de la industria o el trabajo.
Una disposición muy semejante fue incorporada a los códigos penales de los Estados.
La primera huelga había sido declarada en 1865 por la Sociedad Mutualista del Ramo de Hilados y Tejidos del Valle de México, como protesta por la reducción de los salarios, los despidos injustificados, las excesivas jornadas de trabajo, los malos tratos y los descuentos a cargo de la tienda de raya.
En general, todas las huelgas que ocurrieron durante el porfiriato, se debieron también a estos motivos y adicionalmente al trato discriminatorio que las empresas extranjeras otorgaban a los mexicanos.
A partir de 1870 la población obrera empezó a aumentar como consecuencia del fomento industrial que había en nuestro país durante el Porfiriato.
Los patrones no permitían a sus obreros la formación de agrupaciones, se oponían a reconocer el derecho de huelga, así mismo se oponían a otorgar aumentos del salario y reducir la jornada de trabajo.
Hacia 1875 se empezaron a escuchar los primeros gritos de protesta de los trabajadores mexicanos, exigiendo mejores condiciones de vida y trabajo. También empezaron a surgir las primeras asociaciones mutualistas de obreros.
El régimen porfiriano actuó decididamente en apoyo de los patrones, reprimiendo con la fuerza del ejército los actos de protesta y desesperación de los trabajadores. Algunos de estos casos fueron el ocurrido en Cananea y el de Río Blanco. Esta situación de opresión era sólo en parte producto del gobierno personalista establecido por Díaz, realmente sus orígenes están en la aplicación de los principios liberales en materia económica vigentes en ese momento, puesto que el liberalismo aconsejaba la no-intervención del estado en asuntos de orden económico y social. Esto se refleja al analizar la Constitución de 1857 en la que se excluía al Estado de tales asuntos, dejando a la libre relación de la oferta y la demanda la fijación de salarios y condiciones de trabajo.
Los años en que se produjeron el mayor número de huelgas fueron 1181, 1884, 1889, 1890, 1891, 1895 y de 1905 a 1907; las ramas industriales principalmente afectadas fueron la textil, ferroviaria, la cigarrera, la del pan y la minera; las entidades donde se producían más huelgas eran el Distrito Federal, Veracruz, Puebla, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Oaxaca, Jalisco, Querétaro y Sonora.
Hacia fines de 1905 circulaba ya entre las regiones mineras de Sonora el periódico Regeneración, editado por la Junta Organizadora del Partido Liberal Mexicano, cuyo principal propósito político consistía en derrocar al gobierno de Porfirio Díaz. Siguiendo las indicaciones de Junta, expuestas en el manifiesto del 25 de Septiembre de 1905, el 16 de enero de 1906 un grupo de 15 mineros de Cananea constituyó la sociedad secreta Unión Liberal Humanidad, bajo la presidencia de Manuel M. Diéguez, ayudante de rayador de la mina Oversight de la Cananea Consolidated Copper Co. Cuatro meses después eran 25 los miembros del grupo, todos dispuestos a luchar contra la dictadura.
La noche del 31 de mayo de 1906 la compañía informó a los trabajadores de la mina Oversight que la extracción del metal quedaba sujeta a contrato, con lo cual, los mayordomos podrían escoger a su personal despidiendo a buena parte de los obreros y aumentando el trabajo a quienes continuaran en servicio. Esta medida precipitó la violenta reacción de los trabajadores: en la madrugada del 1 de Junio de 1906, los 400 mineros que terminaban en jornada se amotinaron a la salida. La huelga había estallado,
Se presentó en el sitio el presidente municipal Filiberto Barros, y ante la imposibilidad de aprehenderlos a todos, solicitó que los obreros nombraran representantes para tratar con la compañía, esta reunión fue citada a las 10 de la mañana en la comisaría de El Ronquillo.
No sólo solicitaban mejoras a las condiciones económicas sino un mejor trato y un deseo de posibilidades de ascenso. Los obreros manifestaban su inconformidad respecto de los privilegios que gozaban los extranjeros, pues mientras que éstos disfrutaban de un salario mínimo de 7 pesos diarios, los trabajadores mexicanos recibían sólo 3 pesos por una jornada de 10 y 12 horas. En éstas y otras parecidas razones se establecieron en el pliego de peticiones mediante el cual mandaron notificar al coronel William C. Greene, presidente de la Cananea Consolidated Cooper Co., que el pueblo obrero se había declarado en huelga.
A continuación se transcribe el pliego de peticiones propuestas por los huelguistas:Queda el pueblo obrero declarado en huelga.
El pueblo obrero se obliga a trabajar bajo las condiciones
siguientes:
a) El mínimo del sueldo del obrero serán $5 pesos diarios con 8 horas de trabajo.
b) En todos los trabajos de la Cananea Consolidated Cooper Co, se ocupará el 75% de mexicanos y el 25% de extranjeros, teniendo los primeros las mismas aptitudes que los segundos.
c) Poner hombres al cuidado de las jaulas, que tengan nobles sentimientos para evitar toda clase de irritación.
d) Todo mexicano en los trabajos de esta negociación tendrá derecho a ascenso según lo permitan sus aptitudes.
Greene habría de contestar ese mismo día, negando la satisfacción de esas peticiones.
La huelga se había extendido a las otras minas, a la planta concentradora y a la fundición; cerca de 1500 trabajadores se aprestaban a celebrar una gran manifestación. La columna se puso en marcha llevando banderas nacionales; a su paso por Buenavista se les unieron 500 personas, otras 200 en la concentradora, y mil más en la fundición.
A distancia, a bordo de sus automóviles, Greene y 30 norteamericanos armados seguían los movimientos de la multitud obrera. Al llegar a la maderería en donde la mayor parte de los trabajadores eran norteamericanos, fueron recibidos con una descarga de fusilería que mató a dos huelguistas e hirió a otros más. Ante aquella cobarde agresión los obreros repelieron el feroz ataque con piedras y mataron a los hermanos George y William Metcalf, Conrad Kubler y a otro norteamericano llamado Bert Rusler.
La mecha estaba prendida. Los demás norteamericanos se reunieron violentamente y viendo que los huelguistas estaban inermes, los persiguieron por las calles de la población, obligándolos a buscar refugio en la sierra cercana. Sin embargo, los obreros en su precipitada fuga tuvieron tiempo para incendiar cinco depósitos de madera, un depósito de semillas, otro de forrajes y el edificio de la maderería. Enormes lenguas de fuego se levantaban hasta el cielo y pudieron verse perfectamente desde la vecina población de Douglas, Arizona, en donde creyeron que se trataba de una catástrofe de otra índole.
El día 2 de junio el cónsul de Estados Unidos en Cananea pidió ayuda a su país, e inmediatamente rangers de Arizona armados persiguieron a los huelguistas. El Gobernador Rafael Izábal, el General Luis E. Torres, Jefe de la Primera Zona Militar de Sonora y Greene difícilmente lograron establecer el orden.
Por la tarde, los obreros organizaron una segunda manifestación y se dirigieron al hotel donde se encontraba el gobernador, para manifestarle sus quejas, pero en la avenida que conduce a la Mesa, fueron agredidos por los rangers, generalizándose nuevamente el combate. A las diez de la noche las fuerzas extranjeras fueron reembarcadas en el mismo tren en que habían llegado.
El día 3 la población se encontraba bajo la ley marcial; el saldo trágico había sido de 23 muertos y 22 heridos de ambas partes, y fueron aprehendidos mas de 50 individuos a quienes se acusó de ser los agitadores del movimiento y entre los que se encontraban Calderón, Diéguez, Francisco M. Ibarra, entre otros, los que fueron enviados inmediatamente a las mazmorras de San Juan de Ulúa.
En los días subsecuentes, el gobernador Izábal fue consignado al gran jurado de la Cámara de Diputados acusado de traición a la patria. El 22 de junio de 1906, llegó a México el Gobernador de Sonora, Izábal, a responder de su actitud sobre la huelga de Cananea. Se creyó que iba a ser procesado y que se haría justicia en tan sonado asunto, pero después de dos meses regreso a Sonora a seguir gobernando.
El general Luis E. Torres, jefe de la zona militar, declaró a los huelguistas que no les sería aumentado un solo centavo; y el coronel Greene manifestó que estaba dispuesto a subir los salarios, pero que el presidente Díaz se lo había prohibido.
El día 4 se solucionó el movimiento y se reanudaron los trabajos, faltando muchos huelguistas que habían huido temiendo las represalias.En México los sucesos de Cananea eran el platillo del día y se desaprobaba que el Gobierno hubiera permitido la entrada al país de mercenarios norteamericanos para intervenir en un conflicto netamente nacional.
El día 6 de junio de 1908 los dirigentes de la huelga fueron condenados a 15 años de prisión y a trabajos forzados. En 1911, recobraron su libertad cuando ya era presidente Francisco I. Madero
Los periódicos de oposición editorializaban furiosamente y reprochaban al Gobierno que tolerara la inmigración de norteamericanos, que solo venían a quitar el trabajo a nuestros obreros y a llenarlos de oprobio, y sugerían por primera vez, que hicieran una reglamentación del trabajo en la República Mexicana. También se dijo en aquella ocasión que los sucesos de Cananea constituían el primer chispazo de la Revolución.
LA HUELGA TEXTIL Y RIO BLANCO.
A principios de Diciembre de 1906 los empresarios de la industria textil del área Puebla-Tlaxcala implantaron un nuevo reglamento de trabajo que establecía la jornada de 14 horas.
Descontentos con esto, para el día 6 se habían suspendido ya sus labores 6800 trabajadores de 34 fábricas. Tres mil de ellos se reunieron en el Teatro Guerrero de la ciudad de Puebla y formularon una contraposición del reglamento.
La respuesta de los patrones, que al igual que los obreros actuaban ya en ámbito nacional, consistió en cerrar las fábricas, 93 en total, con el pretexto de estar en balance y tener productos almacenados en exceso. Por esta causa quedaron sin empleo 57 mil hilanderos.
A mediados del mes los huelguistas decidieron someterse al arbitraje de Porfirio Díaz, con quien se reunieron al empezar el año de 1907. El 4 de enero se produjo el laudo presidencial. El 7 de enero se abrirían todas las fábricas de Puebla, Veracruz, Jalisco, Querétaro, Tlaxcala y el Distrito Federal.
Los términos de esta resolución fueron generalmente aceptados, salvo por una fracción de los obreros de la fábrica Río Blanco, en las inmediaciones de Orizaba. En Junio de 1906, habiéndose reunido un grupo de trabajadores en la vivienda del tejedor Andrés Mota, Manuel Avila propuso constituir el Gran Círculo de Obreros Libres, afiliado en secreto a la Junta Organizadora del Partido Liberal Mexicano.
Sus objetivos consistían en oponerse a los abusos del capitalismo, en luchar contra la dictadura y en ayudar a quienes eran perseguidos o encarcelados.
La resolución presidencial que ponía término a la huelga les fue transmitida a 2 mil obreros, reunidos en el Teatro Gorostiza de Orizaba, el 6 de mayo de 1907, por José Morales, presidente del Gran Círculo, quien se mostró conforme con el laudo. Rafael Moreno y Manuel Juárez, en cambio, dirigentes de la sucursal de Santa Rosa, encabezaron a los descontentos.
El día 7 los trabajadores volvían a sus labores, mientras los desafectos apedreaban el edificio. A las 9 de la mañana llegaron fuerzas del 13° Batallón, dispararon contra la multitud, mataron a 17 obreros e hirieron a 80. Los huelguistas marcharon entonces a Santa Rosa y Nogales, donde saquearon establecimientos comerciales. En la tarde, regresaron a Río Blanco, se apoderaron de armas en las casas de empeño y llegaron a dominar en combate con los federales algunas estaciones ferroviarias entre Orizaba y Maltrata. Esta ciudad estaba protegida por 800 infantes, 60 rurales y 150 policías, y se habían movilizado contra los obreros los batallones 12, 13, 17 y 24.
Al terminar ese día, había 200 detenidos en la fábrica de Río Blanco, a muchos de los cuales se les fusiló ahí mismo. Veinticuatro horas después eran ya 140 los trabajadores muertos.
El día 9 hubo un encuentro en Santa Rosa, con saldo de otras cinco víctimas, y más tarde se ordenaron otras 10 ejecuciones. El día 11 se ordenó fusilar a 10 rurales y a su teniente, acusados de complicidad con los saqueadores, y de un total de 7083 operarios, 5512 se presentaron a reanudar su trabajo.
Las fábricas de Río Blanco, Nogales, Santa Rosa, El Yute y Cerritos quedaron custodiados por el Ejercito, y centenares de obreros fueron desterrados a Valle Nacional y a Quintana Roo.
La ideología de los sindicatos osciló entre el socialismo y el marxismo más furibundo. Irónicamente, Carranza reprimió varios movimientos de huelga. Hubo después algunos altibajos motivados primordialmente por los vaivenes políticos. Esos mismos tumbos impidieron un desarrollo acelerado de la industria. México siguió siendo un país agrícola y minero.
A fines de julio de 1916 los organismos agrupados en la Federación de Sindicatos Obreros del Distrito Federal exigieron a los patrones que los salarios les fueran pagados en oro y no en papel infalsificable, y convinieron, en secreto, declarar huelga general, que iba también dirigida contra el gobierno, al que consideraban aliado de la empresa.
El movimiento estalló a las 3 de la mañana del día 31, cuando los electricistas suspendieron los servicios de luz y fuerza a la ciudad.
El presidente Venustiano Carranza mandó llamar a palacio a los 11 miembros del comité de huelga, los reprendió severamente y los envió detenidos a la penitenciaria.
También se ordenó la ocupación militar del domicilio del Sindicato Mexicano de Electricistas, la casa del Obrero Mundial, la Unión de empleados de Restoranes, y las oficinas de Acción Mundial.
El 1° de Agosto decretó el presidente Carranza la ampliación de la Ley del 25 de Enero de 1862, castigando con la pena de muerte a los que incitaran a la suspensión del trabajo en las fábricas o empresas destinadas a prestar servicios públicos, a los que con ese motivo destruyeran o deterioraran efectos de propiedad de esas empresas, provocaran alborotos, hicieran fuerza a las personas o impidieran a otras que ejecutasen sus labores habituales.
El 2 de Agosto se levantó la huelga; el 13 se reunió el Consejo de Guerra para juzgar a los dirigentes, declarándose la inculpabilidad de todos ellos por el delito de rebelión y turnándose el asunto a las autoridades del fuero común. Después un segundo consejo volvió a exonerar a los acusados, menos a Ernesto Velasco, a quien se condenó a la pena de muerte. Esto suscitó protestas obreras en todo el país.
El 28 de Septiembre, Carranza decretó que el pago de los jornales se hiciera en oro nacional.
El 5 de febrero de 1917 se promulgó la nueva constitución, y pese al adelanto notable que significó su promulgación, la cual incluyó él articulo 123 y el establecimiento de garantías para los trabajadores entre las que podemos mencionar: Jornada máxima de trabajo de ocho horas, Edad mínima para trabajar de 16 años con jornada especial y establecimiento de descansos, Pago de salarios además de establecer obligaciones patronales, vacaciones, formación de sindicatos y el derecho a huelga; pero no fue sino hasta 1931 cuando se proclamó la Ley Federal del Trabajo, reglamentaria del artículo citado y en su numeral 259 estableció que la huelga es la suspensión legal y temporal del trabajo, como resultado de una coalición de trabajadores.
El 1° de Mayo siguiente, cuando Carranza rendía su protesta como presidente constitucional, 20 mil trabajadores pedían la vida y la libertad de Velasco, y el 18 de Febrero de 1918 se le concedió finalmente el indulto.
Al término del gobierno del presidente Carranza, en 1920, se registraron 173 huelgas en toda el país; en 19221, coincidiendo con el principio del general Obregón, 310, que disminuyeron a 136 en 1924, primer año de la administración del presidente Calles; 51 en 1925, 23 en 1926, 16 en 1927 y 7 en 1928. Mientras estuvieron en el poder, sucesivamente, el licenciado Portes Gil, el ingeniero Ortiz Rubio y el General Rodríguez, ocurrieron 14 huelgas en 1929, 15 en 1930, 11 en 1931, 56 en 1932 y 13 en 1933.
El 1° de Febrero de 1936 los obreros de la Vidriera Monterrey paralizaron sus labores reclamando el reconocimiento de su sindicato, pero, en respuesta la Junta Patronal promovió paros en las fábricas y una manifestación de protesta, atribuyó a los comunistas el propósito de subvertir el orden y emplazó al gobierno que definiera su posición política.
El día 8 el presidente de México, se trasladó a Monterrey y expuso la necesidad de que los problemas inherentes a las relaciones obrero-patronales se resolvieran por el gobierno en cooperación con los factores que intervienen en el proceso productivo; la conveniencia de crear una central única de trabajadores, para poner fin a las pugnas intergremiales; la negación de toda facultad a las empresas para intervenir en la organización de los obreros; que las agitaciones sociales provienen de necesidad no satisfechas de los proletarios y del incumplimiento de la ley, y no de la existencia de grupos comunistas.
Después de estas declaraciones, la Vidriera Monterrey satisfizo las demandas obreras, y el día 24 se constituyó la Confederación de Trabajadores de México, la CTM, la central sindical más fuerte que haya existido en el país.
El 18 de mayo del mismo año, la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje declaró inexistente la huelga que debía estallar una hora después contra la empresa Ferrocarriles Nacionales de México.
La CTM protestó contra esa resolución y el 18 de Junio de 1936 se llevó a cabo un paro de una hora en todo el país. Esta fue la primera huelga general por solidaridad que registra la historia de México. Al siguiente año, el 13 de junio, el presidente Cárdenas nacionalizó los bienes e intereses privados de la empresa.
El 16 de Julio del año siguiente, el Sindicato Mexicano de Electricistas declaró huelga contra The Mexican Light and Power Co. y al cabo de 10 días los trabajadores obtuvieron la satisfacción de sus demandas.
Entre el 18 y el 31 de agosto los campesinos que prestaban sus servicios en los ranchos y haciendas de la Laguna suspendieron todas las labores en demanda de aumento de salarios y de un contrato colectivo de trabajo. El gobierno decidió aplicar el Código Agrario y procedió a repartir tierra entre los cultivadores que fueron agrupados en ejidos.
En Noviembre debió realizarse la huelga del Sindicato de Trabajadores Petroleros, pues las empresas se negaban a la celebración de un contrato colectivo único, pero a instancias del presidente de la república se aplazó el movimiento por un término de 120 días en busca de una solución conciliatoria que al final no se obtuvo.
Así el 28 de mayo de 1937 se colocaron banderas rojinegras en todas las instalaciones petroleras del país, y el 10 de junio las compañías otorgaron un aumento global de 13 millones de pesos anuales y aceptaron la jornada de 40 horas.
Aunque insatisfechos los trabajadores, levantaron la huelga, pero pidieron que las autoridades investigaran la situación económica de las empresas. Así, se puso de relieve la salud financiera de las compañías y se dictaminó que debían de aumentarse 26 millones de pesos cada año a las prestaciones obreras.
En consecuencia la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje condenó a las empresas a implantar las nuevas condiciones de trabajo; los afectados solicitaron un amparo que les fue negado por la Suprema Corte de Justicia el 1° de Marzo de 1938, y finalmente se declararon en franca rebeldía.
En estas circunstancias, el presidente Cárdenas expidió, el 18 de marzo de ese mismo año, el decreto de expropiación de todos los bienes muebles e inmuebles de las 16 compañías petroleras establecidas en el país.
En conclusión, en el desarrollo de México, 1938 marca una nueva etapa. Los sindicatos petroleros reclaman salarios más altos. Las compañías petroleras se niegan a darlos. Interviene la Suprema Corte de Justicia. Después de un estudio exhaustivo de las finanzas de esas empresas decreta que si están en posibilidad de conceder los aumentos solicitados y las condena a hacerlo. Las compañías se niegan a acatar el fallo de la Suprema Corte. Entonces el presidente Cárdenas decreta la expropiación. Con este motivo surgen una serie de trastornos. Los capitales norteamericano, ingles y holandés huyen de México y se origina así un cierto receso económico; sin embargo, la iniciación de la Segunda Guerra Mundial favorece al país, pues las potencias mundiales se dedican a fabricar armamentos y otros países deben de encargarse de manufacturar otros artículos. En esta época la industria textil mexicana alcanza un auge inigualado.
El presidente Avila Camacho inició su periodo presidencial en 1940, en el momento en que 4300 trabajadores del pueblo de Nueva Rosita Coahuila, miembros de la Sección 14 del Sindicato Industrial de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana (SITMMSRM) hacían una huelga contra las compañías Carbonífera de Sabinas y Mexican Zinc.
Exigían 2 millones de pesos de aumento a sus salarios y varias prestaciones. Transcurridos 100 días, el conflicto amenazaba repercutir en los centros metalúrgicos del país, pues la mayor parte del coque, que ya empezaba a escasear procedía de Mexican Zinc.
El secretario del trabajo y los ejecutivos del sindicato y la empresa llegaron a una solución el 14 de febrero, a los 126 días de iniciado el movimiento. Acordaron un aumento de 1 millón de pesos cada dos años a los mineros, el pago del 50 % de los salarios caídos y algunas prestaciones.
El domingo 12 de enero de 1941 estalló la huelga de la Alianza de Obreros y Empleados contra la Compañía de Tranvías de México. Los trabajadores solicitaban el cumplimiento del nuevo contrato colectivo, y la empresa se remitía al anterior de 1937.
El día 17 la Junta declaró existe la huelga y dispuso equilibrar los salarios que pertenecían estacionarios desde hacía 20 años. El movimiento terminó el 20 de enero: los tranviarios consiguieron el nuevo contrato, un aumento de salarios y otras prestaciones.
El 21 de agosto de 1941 el Sindicato Nacional de Telefonistas paralizó las sucursales de la Compañía Telefónica y Telegráfica en las ciudades de México, Saltillo, Monterrey, entre otras, demandando mejores condiciones económicas, la reposición del delegado sindical separado por la empresa y el despido de un trabajador de confianza hostil a los obreros. La huelga se declaró existente el 23, durando 9 días la huelga, se pacto además, la reposición del trabajador y se concedió a los telefonistas un aumento del 15% en sus salarios.
El 23 de Septiembre de 1941 los trabajadores de la Industria de Materiales de Guerra se concentraron frente a la casa del presidente Avila Camacho para protestar en contra del director de esa empresa del Estado, el General Luis Bobadilla. Mientras se negociaba la entrevista, los obreros se aglomeraron a las puertas de la casa, creándose un desorden; el Ejercito intervino, arrojando un saldo de 20 heridos y nuevo muertos.
A principios de 1944, una coalición de sindicatos textiles, pertenecientes a la CTM, la COCM, la CROM y la Federación de la Lana, declararon la huelga, por demandas económicas contra 280 empresas establecidas en varios sitios de la república.
Sin embargo, en atención a un llamado que les hizo el presidente Avila Camacho, los obreros volvieron a sus trabajos, aunque manteniendo sus demandas y el emplazamiento.
El 12 de enero el Ejecutivo reformó la Ley de Compensaciones de Emergencia del Salario Insuficiente en beneficio de los trabajadores textiles y la coalición se dio por satisfecha, retirando la amenaza de huelga.
El 7 de enero de 1944 la mayoría de las secciones del Sindicato de Trabajadores Ferrocarrileros de la República Mexicana, paralizó durante 5 horas el transporte ferroviario. Al día siguiente la Secretaría del Trabajo declaró ilegales los paros.
En ese año ocurrieron 107 huelgas por demanda de mayores salarios contra empresas mineras y metalúrgicas.
El 7 de abril de 1945 se dio a conocer el proyecto del Pacto Obrero-Industrial entre la CTM y la Cámara Nacional de la Industria de Transformación, suscrito el 27 de Septiembre siguiente, según el cual se formuló un programa económico conjunto para solucionar los graves problemas que había creado la guerra y las agudas cuestiones que empezaba a plantear el afianzamiento de la paz. Esto convenio contribuyó a la disminución del numero de huelgas en los años posteriores.
El 27 de diciembre de 1945, el gobierno devolvió a la Compañía de Tranvías de México, los bienes que le había incautado para conjurar los efectos de la huelga que estalló el 3 de octubre anterior.
En el decreto respectivo se dijo que la política oficial era de respecto a la propiedad privada y que sólo la necesidad de que los servicios públicos se prestasen en forma continua había obligado a esa medida.
Dos días después la Alianza de Tranviarios se declaró en huelga hasta conseguir tres objetivos fundamentales:
- Eliminar a la Compañía de Tranvías de México,
- Formar una empresa de servicio público descentralizada, y
- Obtener para ésta, de parte del gobierno, 10 millones de pesos para mejorar los equipos y extender las vías.
El 3 de enero de 1946, por decreto presidencial, se requisaron los bienes de la empresa y se creó el organismo de Servicio de Transporte Eléctrico del Distrito Federal, que municipalizaba el transporte tranviario, que entonces movía el 40% del volumen de pasajeros en la ciudad de México.
A partir del 1° de Septiembre de 1946, varias secciones petroleras realizaron paros de una hora diaria para obligar a la empresa a que computara una hora más de trabajo en los salarios.
Los paros continuaron hasta el día 5, conjurándose al fin la situación con la firma de un nuevo convenio que establecía la revisión del contrato y el aumento de un peso diario en los salarios.
La administración del presidente Manuel Avila Camacho, se caracterizó por un elevado índice de huelgas, tan es así que en 1944 ocurrieron 887, el mayor número en la historia de México. Este fenómeno se explica por la situación de desequilibrio económico y desempleo que sufrían las clases laborales a consecuencia de la Segunda Guerra Mundial.
De Diciembre de 1946 a Noviembre de 1952 estallaron 647 huelgas, con un promedio de 108 por año.
De 1945 a 1950 la Junta Federal de Conciliación declaró inexistentes el 30.5%de los conflictos de esta índole.
A los 19 días de haber tomado posesión el Presidente Miguel Alemán, el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM) realizó un paro de 24 horas en todos los campos, plantas, refinerías de la zona sur.
Trataba de presionar la solución de las nivelaciones y reclasificaciones pendientes. Considerando este acto como ilegal, las tropas federales ocuparon las instalaciones y 50 dirigentes del STPRM fueron despedidos y consignados a la Procuraduría General de la República.
El 9 de junio de 1948 los obreros de Altos Hornos de México, en Monclova Coahuila, iniciaron una serie de 13 paros de una hora cada uno, a consecuencia de lo cual se rescindieron los contratos de 2600 trabajadores de la empresa miembros del SITMMSRM. El día 26 se firmó una nueva contratación colectiva, habiendo perdido los mineros 47 días de salarios.
El 28 de Febrero de 1950 el Sindicato Nacional de Telefonistas declaró la huelga contra la Compañía Telefónica y Telegráfica Mexicana, con lo cual buena parte del país quedó incomunicada. Al adquirir Teléfonos de México las propiedades de la Mexicana, el 16 de marzo se firmó un nuevo contrato con los trabajadores, que así obtuvieron un aumento del 10% en sus salarios. El 3 de julio, estalló nuevamente la huelga, pero se solucionó en 24 horas; y el 11 de Noviembre por tercera vez, en todo el país, dando ocasión al gobierno para incautar los bienes de la empresa.
Las huelgas y los paros de escasa duración fueron habituales en 1950. El 25 de Septiembre de ese mismo año se inició en Palaú, Nueva Rosita y Cloete, Coahuila una de las más grandes huelgas mineras en la historia de México: 1300 trabajadores abandonaron la mina de la Compañía Carbonífera de Palaú, demandando la revisión del contrato colectivo, aumento de salarios, medico y medicinas para sus familiares y cuatro días de vacaciones al año.
Cuando la sección 28 celebraba pláticas con la Compañía, la Secretaría del Trabajo, ordenó a la Junta de Sabinas suspender el trámite hasta que la negociación se emprendiera por el Comité Ejecutivo del SITMMSRM. Los miembros emplazaron entonces a huelga por coalición ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, y ésta declaró inexistente el movimiento de 48 horas antes de que estallara.
El 27 de Septiembre los miembros de la Sección 14 y de la Fracción Uno, correspondientes a Nueva Rosita y Cloete, emplazaron a la Mexican Zinc Co, por violaciones al contrato y en solidaridad con los obreros de Palaú. Aunque la Junta no les reconoció personalidad legal, acordaron iniciar la huelga el 16 de octubre.
El ejército se presentó en Nueva Rosita y ocupó los locales del sindicato; 4500 trabajadores abandonaron sus centros de trabajo y realizaron un mitin frente a la empresa norteamericana; y ésta por orden de la Secretaría del Trabajo, congeló los fondos sindicales y clausuró la clínica y la cooperativa de consumo y dos sucursales que eran patrimonio de la Sección 14.
Se organizó en la ciudad de México el Comité Nacional de Defensa de Solidaridad con las Huelgas Mineras. También brindaron su apoyo moral y material a la huelga organismos sindicales de Estados Unidos y de Europa. Se celebraron mítines en varias partes del país, el más importante de ellos el 25 de Octubre en la capital; además se formó la Alianza Femenil Socialista.
Los principales periódicos se pronunciaron en contra del movimiento, por lo cual los huelguistas decidieron dar a conocer por ellos mismas la situación en que se hallaban, tanto a la opinión pública como al presidente Alemán.
A mas de tres meses de iniciado el conflicto, decenas de niños habían muerto por falta de atención médica, los huelguistas estaban endeudados y los comestibles comenzaban a escasear.
El 20 de enero de 1951 cerca de 5 mil habitantes de Nueva Rosita emprendieron la marcha hacia la ciudad de México.
Y el día 12 de Marzo el presidente Miguel Alemán anunció que el conflicto estaba liquidado, pues la comisión gubernamental había confirmado el dictamen del 2 de Octubre de 1950, negando personalidad jurídica a los huelguistas, y cuatro días después el juez primero de distrito les negó el amparo.
La huelga se había perdido. La comisión gubernamental dispuso que las empresas de Nueva Rosita y Cloete repusieran a mil trabajadores en sus derechos de antigüedad y que las vacantes fueran cubiertas de preferencia con quienes habían participado en la caravana. Se ofrecieron tierras y crédito a quienes desearan dedicarse a la agricultura y empleo en obras públicas a los obreros especializados.
El 1° de Abril de 1952 se declararon en huelga 6 mil telefonistas, paralizando 500 centrales y 300 mil aparatos. El sindicato de Telefonistas exigía la revisión del contrato colectivo. El gobierno sólo requisó la empresa y los trabajadores no aceptaron el 10% de aumento propuesto por la Secretaría del Trabajo. Una huelga por solidaridad de la clase obrera, logró normalizar el servicio en la capital y en algunos estados. El día 8 la Secretaría del Trabajo informó que calificaría la huelga hasta realizar el recuento de los trabajadores, y el día 10, ante la diferición de ese trámite, los telefonistas decidieron volver al trabajo con sólo 10% de aumento en sus percepciones y sin cobrar los salarios caídos ni los gastos del movimiento.
Durante el periodo de 1952 a 1958 estallaron 1847 huelgas: 757 en 1953 a 1957, con un promedio anual de 149, y 740 en 1958, y en este último año, no ocurrieron conflictos de trascendencia nacional.
En 1954, a consecuencia de la devaluación del peso, el presidente Ruiz Cortinez advirtió la necesidad de un aumento general de los salarios para nivelarlos con el alza del costo de la vida, de instalar tiendas oficiales y de construir casas para los obreros.
Las centrales y sindicatos de trabajadores emplazaron a una huelga general para el 12 de julio, luego pospuesta al 22 en virtud del enorme número de demandas y de la imposibilidad para tramitarlas con rapidez. Sin embargo, alrededor de 50 mil arreglos correspondientes a millón y medio de obreros fueron celebrados entre las partes, con aumentos salariales entre un 6 y un 30%.
El 4 de febrero los telegrafistas, que desde Septiembre de 1957 habían solicitado aumento de salarios a la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas (SCOP) sin recibir respuesta, empezaron a reducir su ritmo de trabajo.
El gobierno como respuesta, despidió a 27 dirigentes que consideró responsables de los hechos. Siete mil empleados de las 723 oficinas pararon y reclamaron entonces la reinstalación de sus compañeros. En este movimiento no participó el sindicato, que sería una característica de las demás huelgas de ese periodo.
El día 10 los paristas presentaron su pliego de peticiones: aparte de la reposición de los removidos, 50% de aumento salarial, desconocimiento de los líderes del sindicato de la SCOP, cese de tres funcionarios hostiles y seguridades de no sufrir represalias.
El día 11, los 320 operarios de Radio México, se unieron a la huelga de facto. El día 12, mientras la Secretaría ofreció un aumento global de 21 millones, el cual fue rechazado porque no comprendía a los operadores de las categorías C y D. El día 14, Radio Chapultepec se sumó a la huelga y suspendió el servicio a los bancos y a las compañías de aviación. El día 19 era ya 850 mil el número de mensajes y giros sin despachar.
A los 13 días de la huelga, el Licenciado Benito Coquet, secretario del presidente, advirtió a los trabajadores que el Ejecutivo Federal no trataría con ellos bajo presión, que regresaran a sus labores y tuvieran confianza.
El 22 de febrero se reanudó el servicio, y el primer mensaje enviado fue al presidente pidiéndole la satisfacción de sus demandas. El 7 de marzo los telegrafistas se separaron del sindicato de la SCOP, y el 12 la Dirección de Telecomunicaciones aceptó las renuncias de los funcionarios impugnados.
El 12 de Abril la policía disolvió en el Zócalo un mitin organizado por el Movimiento Revolucionario del Magisterio (MRM), que reclamaban desde hacía 20 meses un aumento del 40% de los salarios.
El día 15 siguiente se iniciaron los paros de protesta, y el 21 el MRM efectuó una manifestación hasta el Zócalo, exigiendo la satisfacción a sus peticiones.
Los alumnos de la Escuela Nacional de Maestros y los empleados del Instituto Federal de Capacitación hicieron paros de solidaridad. El 30, el MRM realizó otra manifestación y sus miembros se apoderaron de los patios de la SEP. El 15 de mayo el presidente Ruiz Cortinez ofreció mejorar las percepciones de los maestros, y éstos, en pláticas con el licenciado Coquet, aceptaron el 1° de Junio un aumento de $150 mensuales, extensivo a todos los profesores al servicio de la Federación. El 5 de junio terminó la huelga u los cientos de maestros que habían ocupado durante 36 días el edificio de la SEP lo desalojaron.
El 2 de mayo de 1958, se reunió la Gran Comisión Pro Aumento de Salarios, reconocida legalmente por el secretario general del Sindicato de Trabajadores Ferrocarrileros de la República Mexicana (STFRM). La comisión dispuso que se solicitara un aumento de $350 mensuales. El 12 de mayo los secretarios de las secciones locales decidieron pedir $200 pesos, y el día 21, a instancias de la empresa, el sindicato aceptó una prorroga de dos semanas para iniciar la discusión de las demandas económicas. Los ferrocarrileros protestaron en la ciudad de México el 24de mayo, y las secciones 13, 25, 26 y 28 lanzaron el Plan del Sureste, exhortando a los trabajadores del riel a rechazar los $200 y la prórroga, exigir los $350, deponer los comités ejecutivos locales y emplazar al comité ejecutivo general a reconocer a los nuevos dirigentes. De otro modo, habría paros de dos, cuatro y seis horas y así progresivamente hasta llegar a suspender totalmente el servicio.
El 26 de junio se realizó el primer paro y se organizó el Comité Ejecutivo Pro Aumento de Salarios, formado por Demetrio Vallejo y otros cuatro trabajadores. Ese día 40 secciones del sindicato ya habían sustituido a sus dirigentes. El 27 se efectúo el segundo paro y otras secciones depusieron a sus comités ejecutivos; y el 28, simultáneamente el tercero, se hizo una manifestación en la capital, en apoyo de las demandas de los ferrocarrileros.
La petición de aumento se redujo a $250, con la condición que fuera retroactiva al 1° de enero. La paralización total del sistema ocurrió el 1° de julio. Ese día, el presidente Ruiz Cortinez propuso a los miembros de la Gran Comisión un aumento de $215 pesos y éstos la aceptaron.
El día 12 de julio se inició la VI Convención Extraordinaria del STFRM y el día 14 fue electo Vallejo como secretario general.
El día 26 los trenistas volvieron a parar para que la Secretaría del Trabajo reconociera al nuevo Comité Ejecutivo. La Secretaría de Gobernación trató sin éxito de resolver el conflicto y el día 31 se realizó un nuevo paro, al tiempo que la Secretaría del Trabajo declaraba ilegales las elecciones de la VI Convención.
Vallejo convocó entonces a una nueva serie de paros escalonados, que empezaron el 4 de agosto. El secretario del Trabajo, licenciado Salomón González Blanco, resolvió el 5 de agosto que debían realizarse lecciones directas de los comités ejecutivos, locales y generales, entre el 7 y 22 de agosto. Demetrio Vallejo ganó las elecciones y tomo posesión el día 27 en la Arena México.
En su último informe al Congreso de la Unión, el presidente Ruiz Cortinez advirtió que no se permitiría ninguna agitación futura. El vallejismo había estimulado demandas obreras. Los emplazamientos aumentaron considerablemente a partir del mes de Septiembre. La Cámara Nacional de la Industria de la Transformación informó que el ritmo de la actividad fabril había bajado un 25% en el curso de 1958. La inestabilidad de las relaciones obrero patronales se acentuaba en las empresas del servicio público, donde además de las demandas económicas se debatían conflictos intergremiales. En esos meses, las secciones 34 y 35 de petroleros desconocieron a sus dirigentes y el MRM y el SNTE se disputaban la primacía en la Sección 9 (Distrito Federal).
EL PRESIDENTE ADOLFO LÓPEZ MATEOS.
Tomó posesión de su cargo el 1° de Diciembre de 1958 en un clima de agitación obrera. Una coalición de telefonistas suspendió sus labores por cuestiones económicas e intergremiales y los ferrocarrileros plantearon una revisión a su contrato colectivo solicitando un aumento del 66.66% sobre los $215 ya obtenidos, atención médica y medicinas para sus familiares, un 10% sobre las prestaciones, como fondo de ahorro, y la construcción de casas que debían serles rentadas a razón de $10 diarios. La empresa declaró que no estaba en posibilidades de satisfacer sus demandas. Se rompieron las pláticas y 74 mil trabajadores de los ferrocarriles Nacionales, se declararon en huelga, por vez primera desde 1936. El movimiento, sin embargo, fue declarado inexistente y días más tarde se negó el amparo al sindicato. El STFRM había emplazado por revisión de contrato colectivo a las empresas Ferrocarriles del Pacífico y a la Compañía Terminal de Veracruz, de suerte que el 25 de marzo se suspendieron también los servicios en estos sistemas.
Cuando estalló el conflicto, las demandas sindicales se habían reducido a un aumento de salarios del 16.66% y a la reparación de las violaciones al contrato. Declarada inexistente la huelga, las empresas despidieron a muchos trabajadores y tras el fracaso de algunas pláticas de última hora, el 28 de marzo por la noche fueron aprehendidas no menos de 15 mil personas que se hallaban reunidas en los locales sindicales en varias ciudades de la República. Esta operación militar, es la más importan de esa índole que se haya realizado en la historia del país. Los cuarteles se llenaron de presos.
En los momentos de más grave tensión, el secretario de organización del STFRM, Gilberto Rojo Gómez, publicó un manifiesto llamando a los ferrocarrileros al trabajo, anunciando que el gobierno pondría en libertad a los detenidos y desalojaría los edificios de las secciones si se levantaba la huelga. Muchos obreros se presentaron a sus labores, los servicios fueron reanudados y el 3 de abril se dio por concluido el conflicto. Sin embargo, el propio Rojo Gómez fue encarcelado y los líderes principales continuaron detenidos y se despidió a miles de trabajadores.
Los pilotos de las principales compañías de aeronavegación se declararon en huelga el 24 de junio de 1959, demandando el reconocimiento de la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores (ASPA) y la firma de un contrato colectivo.
Las empresas amenazaron rescindir los contratos individuales de trabajo en caso de que los 400 trabajadores no regresaran a sus labores, pero el gobierno, a efecto de que no se interrumpiera el servicio, incautó los bienes de las compañías hasta que ambas partes llegaran a un arreglo.
El 26 de Octubre de 1960 estalló la huelga de la Asociación Sindical de Sobrecargos Aéreos (ASSA) y el 2 de Noviembre la del Sindicato de Trabajadores de Tierra (STT), ambas contra la Compañía Mexicana de Aviación (CMA) por la revisión de los contratos colectivos. Ambas partes llegaron a un acuerdo conciliatorio y volvieron días más tarde a sus labores.
Los 45 mil miembros del Sindicato Nacional de Trabajadores Azucareros paralizaron 84 ingenios de la República el 16 de Noviembre de 1960, exigiendo un 40% de aumento, casas habitación y otros beneficios. La Unión Nacional de Productores de Caña, que agrupaba a 85 mil campesinos, decidió sumarse al movimiento. Este cesó después de siete día, cuando la UNPASA aceptó elevar los salarios.
Los obreros textiles también recurrieron a la huelga del 10 al 23 de Marzo para obtener la revisión de su contrato, vigente desde 1927, en 320 fábricas de la rama del algodón; e igual hicieron los telefonistas el día 23 de marzo, mediante la suspensión de labores que solo duró nueve horas, pues el gobierno requisó los bienes de las compañías.
A principios de Abril de 1961, los telegrafistas, al margen de su sindicato, decidieron ajustarse estrictamente a los reglamentos de trabajo, los cuales prescribían un ritmo muy lento, de suerte que pronto se fue formando un rezago de miles de giros y mensajes. El día 25 se les pidió que cada uno firmara un documento expresando el número de telegramas que debían de transmitir, pues en caso contrario serían despedidos. Esto provocó la huelga, pero dos semanas después 88 trabajadores habían sido cesados. Los demás reanudaron sus labores por el temor a un despido masivo, sin conseguir ningún beneficio.
Igual le ocurrió a la ASPA cuando paralizó el 60% del trafico aéreo del 1° de Abril al 16 de mayo, ocasión durante la cual la CMA separó del trabajo a 34 pilotos. En Noviembre siguiente, sin embargo, la ASPA logró un aumento del 10% y el STT otro de $8 diarios, ambos mediante el recurso de la huelga.
En periodo presidencial de Adolfo López Mateos ocurrieron 2358 huelgas.
La incorporación a la lucha de clases de los profesionistas, que se había iniciado en 1959, fue mucho más ostensible durante el gobierno del presidente Gustavo Díaz Ordaz que abarcó de 1964 a 1970.
A fines de noviembre de 1964, los médicos residentes del hospital 20 de Noviembre demandaron el pago de sus aguinaldos y cuando la solicitud fue rechazada, decidieron hacer paros parciales.
El subdirector del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), rechazó la presión y ordenó el ceso de 206 paristas. En el curso de 22 días ocurrieron suspensiones ocasionales, hasta que el presidente se entrevistó con los médicos el 10 de Diciembre y les prometió atención a sus demandas.
A raíz de aquel despido nació la Asociación Mexicana de Médicos Residentes e Internos (AMMRI), que creó en torno suyo una corriente de solidaridad, naciendo así la Alianza de Médicos Mexicanos (AMM), que logró unificar a casi todos los profesionistas de esa rama en el país y cuyos dirigentes les aseguró Díaz Ordaz, mejoraría la situación de los médicos hasta el limite de las posibilidades del gobierno.
El 13 de Enerno la AMMRI reanudó los paros en todos los hospitales y centros del ISSSTE, del IMSS y de la Secretaría de Salud.
El procurador general de la República, advirtió que la suspensión de las labores sin cumplir con los requisitos que establecen las leyes del trabajo y las que regulan las relaciones entre el Estado y sus servidores, originaba la cancelación de los contratos de trabajo y autoriza a la sustitución del trabajador.
En marzo siguiente, mientras los establecimientos hospitalarios del gobierno anunciaron estar dispuestos a negociar los contratos colectivos con la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado (FSTSE), la AMMRI proclamó su independencia de esa central y se atribuyó en exclusiva la representación de los médicos en materia del trabajo.
El 20 de abril las instrucciones presidenciales todavía no se cumplían, así que 4500 miembros de la AMMRI suspendieron sus labores por tiempo indefinido. El 1° de mayo las grandes centrales obreras desfilaron llevando pancartas contra la huelga médica y la AMMRI.
El gobierno señaló a los médicos el 17 de mayo para que volvieran al trabajo. Al vencerse ese plazo, se levantaron actas por abandono del empleo en contra de los huelguistas.
El Sindicato de Profesores de la Universidad Autónoma de México (SPUNAM) declaró la huelga el 15 de junio de 1968, solicitaban aumento en los salarios de los profesores ordinarios. Las autoridades universitarias reconocieron la justicia de la petición del SPUNAM y concedieron el 15% de aumento en los salarios. La huelga terminó el día 22 de junio.
El día 26 de junio de 1968 la Coalición Obrera Textil declaró la huelga contra 450 fábricas, exigiendo la revisión integral del contrato obligatorio de la industria textil del algodón. El Congreso del Trabajo, en nombre de 3 millones de asalariados, expresó su solidaridad con los huelguistas y cuando los patrones ofrecieron un aumento del 1%, el día 11 de julio, se pronunció por la nacionalización de la industria. El bloque patronal se rompió el día 16 de Noviembre, las empresas de Ayotla Textil, Río Homdo, Textiles Morelos, Santa Clara y Textiles Driva ofrecieron un12% de aumento salarial y otros beneficios que fueron aceptados por los obreros. Dos días después la huelga terminó en las otras 455 fábricas, cuyos trabajadores obtuvieron un aumento del 12%, el pago del 1% para fondo de ahorro y algunas prestaciones nuevas.
PERIODO DEL PRESIDENTE ECHEVERRIA
El 11 de Agosto de 1972 estalló en Cuernavaca, Morelos la huelga de los trabajadores de la confección contra la empresa Grupo Industrial Interamericano. Demandaban la satisfacción de 23 puntos, que en su conjunto propendían a reacomodar a los obreros en virtud de los nuevos índices de productividad. La empresa aceptó todas las peticiones, pero se negó a pagar los salarios caídos. Las pláticas volvieron a romperse y la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje declaró inexistente la huelga el día 21, ante lo cual 3 mil trabajadores de varias fábricas hicieron un mitin en la plaza de Armas de Cuernavaca y el sindicato anunció su resolución de continuar el paro de labores.
El día 30 de Agosto el gobierno del estado anunció que la empresa estaba dispuesta a pagar los salarios caídos a condición de que los miembros ejecutivo sindical fueron depuestos y separados de su trabajo, lo cual fue rechazado.
El gobernador citó a los huelguistas el día 31 de Agosto, pero se ausentó del Estado y éstos decidieron permanecer en los patios del Palacio de Gobierno hasta que se resolviera el conflicto.
El 15 de Septiembre levantaron la huelga, todos los puntos, salvo el de los salarios caídos, fueron resueltos, pero mantuvieron su comité y la asesoría legal del Centro de Formación Social del Estado de Morelos (Cefocem).
Ochocientas obreras de la empresa Medalla de Oro, de Monterrey, Nuevo León, suspendieron sus labores el 8 de noviembre, exigiendo el reconocimiento de su sindicato organizado al margen de la CTM, garantías en el trabajo e indemnización en caso de despido. Para lograr la solución de esos problemas, decidieron efectuar una marcha hacia la ciudad de México, donde esperaban entrevistarse con el presidente. Al llegar a la capital, la columna fue dispersada por la policía y detenidas 25 personas; fueron enviadas de regreso a Monterrey, y el día 15 de Diciembre la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje reconoció al nuevo Sindicato
Del 25 de octubre de 1972 al 15 de enero de 1973 los trabajadores de la Universidad Nacional Autónoma de México paralizaron las labores en la casa de estudios. El movimiento provocó la renuncia del rector Pablo González Casanova el día 7 de diciembre de 1972.
En 1973 se registraron 92 movimientos de huelga, entre ellos los de las industrias hulera y textil, en las que hubo 36 y 14 estallamientos respectivamente.
En ese mismo año, la empresa Diesel Nacional estuvo paralizada de las 7 a las 18 horas del 20 de agosto, al radicarse un emplazamiento del Sindicato Nacional Independiente de Trabajadores de la Industria Automotriz, Similares y Conexos, derivado de violaciones a su contrato colectivo de trabajo.
En 1974 ocurrieron 406 huelgas, las más importantes en la industria textil, donde hubo 306 suspensiones de labores.
En 1976 se presentaron 138 movimientos de esta índole, de modo que el número de ellos en el régimen de Echeverría fue de 873.
PERIODO DEL PRESIDENTE LÓPEZ PORTILLO.
EN 1977 estallaron 399 huelgas. El día 22 de marzo se declara en huelga Altos Hornos de México, por revisión del contrato colectivo, y se levantó el día 28 de marzo.
El 1° de Noviembre, el personal de tierra de Mexicana de Aviación suspendió legalmente sus actividades por unas horas, a causa de una revisión de contrato.
En 1978 se registraron 512 estallamientos de huelga, cuatro de ellos de la industria de la radio y la televisión, derivados del incumplimiento del contrato-ley vigente.
El 22 de junio, la empresa Sosa Texcoco tabuló en un 2.6% y aumentó en 13% el salario después de 9 días de huelga. Del 5 al 20 de octubre, la sección 19 del Sindicato de Trabajadores de la Industria Papelera mantuvo una huelga contra la Compañía Kimberly Clark, a cuyo término esta convino en aumentar en 15% los salarios y diversas prestaciones a los trabajadores.
En Noviembre, otra vez la CMA sufrió una huelga de tres días. En 1979 estallaron 155 huelgas, del 7 de Febrero al 5 de marzo, en Diesel Nacional, por revisión salarial; en 12 de marzo, durante 21 horas, en Teléfonos de México; del 1° al 25 de Noviembre, en la CMA, por revisión del contrato.
En 1980, hubo 93 movimientos huelguísticos, del 6 al 25 de febrero, en la Industria Embotelladora de México, por incumplimiento del contrato de trabajo; del 8 de febrero al 24 de mayo, en la planta de montaje de General Motors por revisión salaria, con el 23% de aumento; el 25 de Abril, Teléfonos de México concedió el 20% de incremento salarial.
Entre los 108 movimientos de huelga ocurridos en 1981, destacaron el del 1° al 14 de Abril, el del personal administrativo sindicalizado de la Universidad Autónoma de Chapingo, el cual logró obtener el 29% de aumento salarial; del 19 al 14 de Julio el de Celanese, a cuyo término se obtuvo el 30% de aumento salarial, más prestaciones.
En 1982 estallaron 222 huelgas, de las cuales las más importantes fueron, la del 24 de enero al 4 de febrero, la de Cobre de México, que se levantó al aceptar la empresa un incremento salaria del 36.5% más prestaciones; las del 1 al 6 de febrero, en 197 empresas del ramo textil de seda y fibras artificiales por revisión del contrato-ley; la del 14 al 22 de febrero, en Indetel, en donde se consiguió un aumento de 33% al salario; y la del 22 de octubre al 5 de noviembre, en Teléfonos del Noreste, por revisión del contrato.
El número de huelgas registradas durante el sexenio de López Portillo fue de 1489.
PERIODO DEL PRESIDENTE DE LA MADRID.
De enero a diciembre de 1983 ocurrieron 230 huelgas, 56 por revisión de salario, 54 por revisiones generales de contrato, 65 por violaciones a los contratos colectivos de trabajo, 24 por firmas de contrato y 31 por otras causas.
La huelga que se inicio el 24 de mayo en Refrescos Pascual significó la muerte de un trabajador a manos de empleados de la empresa; al final los obreros se adjudicaron los activos y posteriormente la Secretaria del Trabajo autorizó la constitución de aquéllos en una sociedad cooperativa.
El 5 de Noviembre, la Asociación Sindical de Sobrecargos declaró una huelga en contra de la CMA; sin embargo, los servicios no se interrumpieron porque el gobierno federal requisó la empresa.
En 1984 estallaron 221 huelgas, 24 por aumento de salarios, 60 por revisiones contractuales, 5 por revisiones de contrato-ley, 58 por violaciones a los contratos colectivos, 51 por firma de contrato y 23 por aumento de emergencia.
El conflicto de Teléfonos de México, del 7 de Septiembre al 29 de octubre, no tuvo efectos entre el público por haberse aplicado la requisa a la empresa.
En 1985 hubo 125 declaraciones de huelga, 25 por revisión salarial, 27 por revisión integral, 50 por violaciones, 16 por firma de contrato y 7 por otros motivos.
Del 5 de agosto al 6 de Septiembre suspendieron sus labores 7337 obreros de la Siderúrgica Lázaro Cárdenas-Las Truchas, quienes al fin obtuvieron un incremento en sus salarios del 33%.
En 1986 ocurrieron 312 estallamientos, 82 por revisión salarial, 56 por revisión de contrato, 61 por violaciones, 39 por firma de contrato y 74 por otras causas.
Los trabajadores sindicalizados de Diesel Nacional paralizaron la empresa el 7 de febrero de 1978; pero el siguiente día 13 la empresa otorgó a los trabajadores un incremento salarial del 38%.
PERIODO DEL PRESIDENTE CARLOS SALINAS DE GORTARI.
Entre las acciones más significativas en el ámbito laboral durante 1989 se encuentran las siguientes: 10 de enero son detenidos los principales dirigentes petroleros acusados de almacenamiento de armas prohibidas, corrupción y resistencia de autoridad, entre otros cargos.
El gobierno de Carlos Salinas de Gortari mostró con esta acción su interés por remover a los viejos caciques sindicales que no estaban de acuerdo con su gobierno.
En febrero los trabajadores de la empresa DINA se van a la huelga frente al inminente cierre de la empresa.
En abril, los maestros de la Sección IX se movilizaron exigiendo aumento salarial y democratización del sindicato.
Los maestros de la Sección IX del Distrito Federal logran elegir democráticamente a su secretario general; el dirigente del SNTE, Carlos Jongitud, renuncia a su puesto vitalicio.
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