Sociedad civil y política exterior: el movimiento de mujeres (página 2)

Enviado por Julio �lvarez Sabogal

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Las Conferencias sobre Población y Desarrollo (El Cairo 1994) y sobre la Mujer (Beijing 1995) incluyeron en gran medida las reivindicaciones y propuestas del movimiento de mujeres como resultado de una compleja trama de relaciones entre la sociedad civil y el Estado, entre el movimiento a nivel nacional, regional y mundial con los gobiernos.
La IV Conferencia Mundial sobre la Mujer de Beijing de 1995 significó un paso fundamental desde las conferencias meramente declaratorias hacia las que buscan un compromiso concreto para la acción. En la Plataforma de Acción de Beijing, (PAM) de Beijing, aprobada por unanimidad en la IV Conferencia Mundial sobre la Mujer conjuntamente con la Declaración de Beijing, se definieron un conjunto de objetivos estratégicos y se explicaron las medidas que los gobiernos, la comunidad internacional y la sociedad civil debían adoptar a más tardar para el año 2002 para eliminar los obstáculos que entorpecen el adelanto de la mujer. En dicho documento se identificaron 12 esferas representativas de especial preocupación.
La PAM dispuso que el conjunto de los países que la suscribieron colocaran en sus agendas nacionales objetivos y estrategias precisas; que dispusieran mecanismos y recursos suficientes con el fin de lograr resultados mensurables.
La PAM, dotada del valor del consenso global, aportó los términos conceptuales y la visión de los resultados esperados, lo que hizo que, a diferencia de todos los instrumentos anteriores, sea un instrumento para la acción, esto es, una plataforma a partir de la cual la conducta de los Estados en la implementación de sus compromisos internacionales puede ser observada, medida y evaluada tanto en sus logros y avances programáticos, como en la inacción y la falta de voluntad de cumplimiento del compromiso. Todo ello expuesto a la visión pública con las consecuencias políticas consiguientes.
Particularmente, la Conferencia de Beijing otorgó un importante rol importante al mundo organizado de las mujeres señalando que "las Organizaciones No Gubernamentales y comunitarias tienen un rol específico que jugar en la creación de un clima social, económico, político e intelectual basado en la igualdad entre mujeres y hombres. Las mujeres deben involucrarse activamente en la implementación y vigilancia de la Plataforma de Acción" (PAM N°289).
Este nuevo escenario ha generado condiciones para la búsqueda de una ciudadanía más activa por parte del movimiento, ejerciendo su responsabilidad en la construcción del orden deseado en donde el control ciudadano es una expresión de dicha ciudadanía activa que apunta a vigilar los compromisos del Estado con la sociedad civil a través de la realización de actividades específicas que aporten de manera sistemática la "responsabilización" de los gobiernos ante dicha ciudadanía).
LA PLATAFORMA DE ACCIÓN MUNDIAL (PAM) DE BEIJING.
La esfera pública, tal como la conciben Cohen y Arato, se refiere a un espacio jurídicamente privado en el que individuos sin estatus oficial buscan persuadirse los unos a los otros por medio de la discusión democrática y racional con el propósito de controlar e influir la formación de políticas en las instituciones jurídicamente públicas del Estado.
Fueron muchas las mujeres que actuaron, participaron y construyeron Beijing desde sus propios movimientos, espacios oficiales, instancias internacionales y supranacionales, incluyendo las agencias de cooperación. Estas actoras fueron delimitando y ampliando sus horizontes de referencia a partir de las interacciones en sus propios espacios y de las múltiples interlocuciones que se desarrollaron desde la sociedad civil, los gobiernos y los espacios oficiales supranacionales.
De hecho, una de las características más distintivas de esta conferencia fue la amplísima participación de organizaciones no-gubernamentales, participación que, además, se planificó con bastante anticipación, celebrando reuniones preparatorias de nivel nacional, sub-regional y regional. En algunos países, entre ellos el Perú, el proceso preparatorio fue muy amplio, representativo y enriquecedor para diversidad de organizaciones de mujeres que participaron de él.
Diversidad y pluralismo
El proceso iniciado en Beijing en 1995 ha desembocado en la consolidación no sólo de un marco político basado en el cuestionamiento de las relaciones sociales de género sino también de un espacio autónomo y negociador para, desde la sociedad civil, "… visibilizar la agenda e interpelar al Estado, impulsándolo a que asuma su responsabilidad con las necesidades y propuestas de las mujeres como aspectos sustanciales para una ciudadanía plena y para la consolidación de las democracias de la región" .
Este proceso preparatorio, sin embargo, no ha sido fácil ni uniforme. En él se reprodujo todo el abanico de la diversidad de la sociedad civil, una de sus más importantes características. La sociedad civil, en tanto esfera pública no estatal, está a salvo de las deformaciones del poder económico y político y del estatus social es universalmente accesible, incluyente y plural. Comprende por ello un amplio conjunto de organizaciones, formales e informales, y, claro está, el "mercado" ideológico y el flujo de información e ideas que transcurre tanto por los canales formales, escritos, masivos y audiovisuales como por los informales, paralelos y simplemente orales.
El movimiento de mujeres, en tanto espacio de convergencia amplio en que se expresan las más diversas formas organizativas, algunas específicamente de género, otras socioeconómicas (generales), otras confesionales, barriales, culturales, políticas, etc., no constituye un proceso lineal, homogéneo, único o con el liderazgo de un solo grupo o tendencia. No. Sus procesos y protagonismo son variados. Es un movimiento en el que confluyen mujeres de diferentes sectores de clase, etnia, pensamiento y posiciones políticas: es pluriclasista, pluriétnico y pluralista. En él se desarrollan tendencias diferenciales, con procesos, estrategias y propuestas propias.
El movimiento feminista – entendido como una corriente política que busca la transformación de las relaciones socio-económicas, ideológicas, culturales y de poder entre los géneros- participa de este movimiento amplio y constituye el principal referente político e ideológico para el conjunto.
Particularmente, el movimiento de mujeres y el feminismo latinoamericano y caribeño son heterogéneos, crecen en un contexto de transición y universalización del capitalismo, atravesados por múltiples tendencias, corrientes e interpretaciones que, singularmente, forman su originalidad organizativa sin línea única ni territorios demarcados.
En estos últimos veinte años, a pesar de una multiplicidad de debates y controversias, han convivido en este espacio sin fronteras llamado movimiento de mujeres, desde una corriente emancipatoria (liberal) hasta el radicalismo, pasando por el feminismo popular, el religioso y todos los matices y mezclas entre ellos.
En la actualidad, con la multiplicación de grupos, colectivos, centros de mujeres y otras organizaciones, en muchas ocasiones las diversas tendencias se entrelazan, se mezclan, conviven y hasta se funden. Esas diversas tendencia nos proporcionan un dato importante: que el movimiento de mujeres y feminista no se trata de una única esfera no estatal sino que ésta incluye una variedad de esferas públicas legalmente garantizadas y que se autoorganizan según sus propios intereses y percepciones sobre la base del bien común.
En conclusión, el movimiento de mujeres y el movimiento feminista, concebidos como procesos y espacios o esferas públicas diversas de confluencia, constituyen una fuerza política autónoma que transforma el monolitismo de las corrientes políticas tradicionales; y en donde el movimiento aparece como un caleidoscopio, con múltiples matices que divergen pero conviven y lo integran gracias a su peculiar organización en redes, grupos pequeños en que se dan interacciones sociales cuya pluralidad, intensidad y compromiso cooperan para crear un espacio de creación cultural y cambio social.
El proceso discursivo
No obstante, a pesar de que el feminismo constituye el principal polo de referencia del movimiento de mujeres, no representa a todas las tendencias comprendidas en éste, que abarca a todos los sectores de mujeres organizadas, feministas y no feministas, movilizadas por causas diversas, algunas de las cuales buscan disociarse del feminismo, aun cuando mantienen en la práctica, casi invariablemente, puntos de convergencia y reivindicaciones comunes.
Existen diversos prejuicios recíprocos y, a veces, faltan mecanismos de comunicación que faciliten la exposición de los diversos acercamientos y por lo tanto un mayor conocimiento mútuo. Pero también se han expresado diferencias en cuanto a posturas políticas, a concepciones organizativas o estratégicas.
Por un lado abunda la desinformación sobre el feminismo que le ha prestado intenciones o postulados muchas veces tergiversados; se ha divulgado por ejemplo que las posturas basadas en una conciencia de género excluirían la posibilidad de considerar otras problemáticas en lugar de completarlas o complementarlas. Asimismo se ha sobredimensionado la importancia del separatismo para asociar el feminismo a un supuesto sectarismo femenino de clase media.
También se han tergiversado las orientaciones del feminismo radical (Radical feminism) una corriente de izquierda, sobre todo de inspiración marxista, que alimentó en los años 70 y 80 los más ardientes debates en Europa (particularmente en Gran Bretaña) buscando acuñar una perspectiva de género a los conceptos marxistas. En muchos medios el mismo término feminismo evoca supuestas posturas políticas inalcanzables por la mujer promedio o ideas radicales que se presume serían incompatibles con reivindicaciones socio-económicas.
El desarrollo del movimiento feminista tampoco está liberado de las contradicciones propias de su época y, en ese sentido, está marcado por prioridades que excluyen, en muchos casos, problemáticas consideradas de primer orden (como la étnica) en algunas instancias del movimiento. Igualmente, las diferencias de clases, de orígenes étnicos y culturales, de orientación sexual, que confluyen en el movimiento han complejizado la afirmación de identidad colectiva. Algunas mujeres han querido darle una respuesta rápida a la creación de dicha identidad, a través de la búsqueda de un espacio único (real o simbólico), muchas veces exclusivo, que podría permitir alguna cohesión de pequeños grupos, pero que excluiría a todas las que no pertenezcan a la cultura desarrollada por dichas unidades.
Asimismo, tampoco puede negarse un hecho innegable que ha definido la creación de discursos feministas, cual es la posibilidad de acceder a la autonomía personal y al conocimiento, elementos que pasan por el acceso a ciertas posibilidades socio-económicas, que no son accesibles a las mujeres de todas las etnias y grupos sociales.
Igualmente, se señala que los antagonismos expresados en el movimiento latinoamericano se fundamentan más en rivalidades y resentimientos personales; aunque también admiten la existencia de desacuerdos básicos, tanto conceptuales como metodológicos, sobre principios y premisas fundamentales.
El VII Encuentro Feminista realizado en 1996 en Chile, a un año del proceso de participación de amplios sectores feministas en la IV Conferencia Mundial sobre la Mujer en Beijing en 1995, fue especialmente conflictivo y crítico de la participación de las feministas en los gobiernos (feminismo institucional) y de la negociación con ellos.
Sin embargo, a pesar de estas dificultades, el movimiento de mujeres y el movimiento feminista, concebidos como procesos y como espacios de confluencia, se han convertido en una fuerza política autónoma que transforma el monolitismo de las corrientes políticas tradicionales; el movimiento aparece como un caleidoscopio, con múltiples matices que divergen pero conviven y lo integran. Por sus objetivos pluralistas y por su declarada vocación de cambio este movimiento esta estableciendo pautas para realizar sustantivas transformaciones sociales, personales y globales.
Es decir, existe un proceso de construcción discursiva en el que los propios actores debaten y en el ser incorpor diversas problemáticas que abonan a favor de su complejización como expresión de la diversidad y multiplicidad de mujeres que conforman el movimiento.
En este proceso discursivo, los nacientes feminismos (popular y tercermundista) buscan respuestas a sus problemáticas así como modelos organizativos horizontales y nuevas formas de manejo del poder formal e informal, con la utopía de romper con las estructuras piramidales y subvertir la creencia de que jerarquía es igual a organización.
En ello, a pesar de la diversidad o tal vez gracias a ella, se tienden lazos de solidaridad y se construyen micro-poderes con posibilidades de irrumpir y subvertir el orden patriarcal y el sistema de relaciones dominantes en la sociedad. La fuerte diversidad interna y las polémicas entre las diferentes tendencias se convierten en la mejor y más rápida fuente de crítica y contraste para los conceptos y teorías que pugnan por definir y redefinir los problemas y las estrategias pertinentes.
Esta fuerte diversidad interna hizo ha hecho que tanto durante la etapa de preparación para Beijing como en la posterior, se desarrolle un proceso de aprendizaje y de construcción del espacio deliberativo en una relación crítica y argumentativa con los gobiernos que, en muchos casos, se ha reflejado en el desarrollo alianzas, redes de cooperación y solidaridad entre las "autónomas" y las "institucionales" y el establecimiento de mecanismo institucionales.
EL PROCESO DE BEIJING : DIVERSIDAD, PLURALISMO Y PROCESO DISCURSIVO.
Nuevos ejes –democracia y ciudada-nía- comenzaron a expresarse en los años noventa. Dentro de estos parámetros el feminismo como organización y como propuesta se expandió en todos los países de la región. Los feminismos se diversificaron y expandieron su presencia e influencia.
Los años noventa también trajeron un escenario internacional marcado por el ambivalente proceso de globalización y por una nueva agenda de la ONU. Las feministas comenzaron a desarrollar una mayor incidencia en nuevos espacios -el regional y el global- tratando de influenciar una agenda internacional que buscaba atender las diversas situaciones de exclusión y subordinación (niñas, mujeres, pobres) así como perfilar nuevos contenidos para grandes problemas del período: derechos humanos, ambiente, población, desarrollo.
En este contexto, el camino hacia la Conferencia de Beijing contó con un alto nivel organizativo y político y de articulaciones e interacciones regionales y globales entre el movimiento de mujeres, sus ONGs y los gobiernos, las que se dieron tanto en el ámbito nacional como regional y global.
El ámbito nacional
Los diferentes trabajos del movimiento de mujeres empezaron a desarrollarse en los niveles nacionales. Empezó a perfilarse a través de la redacción de informes nacionales, tanto de las ONGs como de los gobiernos. En muchos países, los gobiernos invitaron a "expertas" de diferentes redes para que integraran la redacción de los informes oficiales.
Usualmente, en el ámbito nacional, la mayor parte de la atención de la sociedad civil se concentra en las actividades internas en sus países. Las ONGs tratan de lograr su inclusión en las delegaciones nacionales, así como discutir y tratar de influenciar sus delegaciones nacionales con respecto al contenido de las declaraciones de compromisos, documento en donde se materializan los resultados más importantes de las debate en los foros internacionales. Participan en la elaboración de los borradores de la declaración de compromisos circulando informes, insistiendo en la inclusión de ONGs en sus delegaciones nacionales, haciendo cabildeo para que la representación de su país sea del más alto nivel político, comprometiendo a su país para hacer declaraciones y desarrollando una estrategia con los medios de comunicación.
El contexto regional
En el contexto regional, la CEPAL fue una instancia significativa al haber actuado como eje articulador de las dinámicas de los gobiernos y las agenciase en relación con la Conferencia de Beijing. Fue un lugar privilegiado para la construcción de consensos.
En la primera etapa del debate en el contexto regional, las ONGs tuvieron poca claridad con relación al significado de la Conferencia del Mar del Plata. Pocos gobiernos incorporaron mujeres de las ONGs a sus delegaciones oficiales, pocas delegadas oficiales tenían experiencia en este tipo de conferencias y no existí aún una comunicación fluida con el movimiento de mujeres.
En la segunda etapa, el eje fundamental fue la reunión de la CEPAL en noviembre de 1994 en donde se amplió el nivel de participación , se preparó un "instrumento de negociación" que hizo explícitas las propuestas de las ONGs sobre cada uno de los puntos de discusión y, finalente, se logró un cabildeo exitoso con los gobiernos.
Desde esta instancia, a pesar de la oposición de algunas delegaciones oficiales , el documento oficial producto de la Conferencia Regional del Mar del Plata o "Programa de Acción para las mujeres de América Latina y el Caribe 1995-2001" contenía dos recomendaciones que expresan con claridad el nivel de reconocimiento pretendido y alcanzado en el espacio regional: por un lado, la adopción del enfoque de género y el impulso al desarrollo de políticas de equidad de género; y de otro lado, un reconocimiento al movimiento de mujeres y a las organizaciones feministas de la región como actoras e interlocutoras válidas.
El espacio global
En el espacio global, se produjeron asimismo dos momentos. En el primero, la PREPCOM III, pocos gobiernos incorporaron representantes de ONGs en sus delagaciones y, de otro lado, los grupos más tradicionales –algunos liderados por el Vaticano- fueron incorporados –especialmente en Centroamérica-.
Posteriormente, se desarrollaron diversas estrategias dentro del movimiento de mujeres y hacia otros movimientos en donde las redes globales y regionales fueron las interlocutoras por excelencia. Se impulsaron estrategias de articulación y se abrió un espacio de intercambio global, dando origen a "El Equipo" en donde confluyeron redes, instituciones globales y vertientes del movimiento de todas la regiones del mundo, para organizar el cabildeo diario en Beijing. Frente a los gobiernos, se desarrollaron estrategiasde negociaciones y presión política.
Por primera vez, el tema del género y las propuestas de las mujeres salían de manera masiva de los ámbitos especializados y se ubican en el centro del escenario regional y mundial. La segunda etapa estuvo marcada por el Foro Mundial de ONGs de Huairou y la Conferencia de Beijing.
El movimiento de mujeres llegó a Beijing en equipos organizados y con un trabajo de cabildeo exitoso, equipos de redes de apoyo, redes organizadas para aportar insumos y orientación temática y política. El Foro, sustentado por un movimiento global, fue la mejor carta de presentación de las ONG para legitimarse en le Conferencia, en la que desplegaron lo aprendido y cosechado en el proceso previo. La Conferencia, por ello, no fue un espacio oficial tradicional. Por el contrario, fue una muestra clara de la fluidez de los límites entre el Estado y la sociedad civil.
Hoy, siete años después de Beijing, dos desafíos caracterizan la agenda: la creación de instancias de representación a través de las comisiones de seguimiento y espacios amplios con voceras legítimas; y la creación de mecanismos concretos a los cuales lo gobiernos deben comprometerse.
LOS ESPACIOS DE ARTICULACIÓN E INTERACCIÓN.
La Conferencia de Beijing y el proceso que ésta ha creado ha colocado los temas más importantes de la agenda en el espacio público. Ha dejado al movimiento de mujeres una agenda muy concreta frente a lo gobiernos y a la sociedad civil: lograr que los gobiernos de la región conviertan en políticas los acuerdo y avances en justicia de género. Asimismo, lograr que la sociedad civil se comprometa con la afirmación de las ciudadanías femeninas, rechazando sus múltiples sietuaciones de exclusión, subordinación y reconociendo las razones de su rebeldía y su aporte a la democracia.
Beijing aportó un instrumento legitimado por todos los países miembros de la ONU que provee mandatos puntuales para ser ejecutados en cada país o región, con la posibilidad de adaptarlos a las realidades nacionales. Para los movimientos feministas, esta agenda, sin embargo, no ha agotado las acciones ni las propuestas de las mujeres y sus movimiento. De una parte, ha incluido las recomendaciones de la PAM y, de otra, busca un mayor avance y una perspectiva transformadora que se materialice en arreglos institucionales, sociales, políticos, económicos y sexuales de América Latina, así como la inclusión de aquellos temas que no fueron incorporados a la PAM.
Sin embargo, a cinco años de Beijing, el balance de las Ongs y los movimientos de mujeres y feministas de la región, en relación al cumplimiento de la Plataforma de Acción de Beijing, evidencia que los avances han sido lentos, que los cambios no son los que se esperaban y que lo que se cree hoy para siempre conquistado, puede fácilmente desvanecerse.
El reto es, entonces, encontrar la manera de aprovechar de la evaluación para convencer a los gobiernos de tomar pasos más concretos sobre la base de un enfoque en los derechos humanos cuyos aspectos más importantes podrían la estandarización y la responsabilización. Estándares a partir de convenios que aportan una perspectiva ética en base a estándares comunes. Y responsabilización, entendida como el deber de los gobiernos, de las NNUU y de las otras agrupaciones no gubernamentales para implementar los compromisos asumidos en derechos humanos.
Los mecanismos institucionales.
Existe un claro convencimiento que la Plataforma de Acción es un instrumento importante y necesario, pero el cual sólo será efectivo si hay voluntad política de los gobiernos, si reorientan sus políticas de estado y buscan alternativas más democráticas y humanas frente al modelo económico neoliberal, si su aplicación es integral y transversal, expresando compromisos al mas alto nivel político y asignación de recursos apropiados y suficientes.
En la Plataforma de Acción de Beijing se determinó que la creación y el fortalecimiento de los mecanismos nacionales era una de las 12 esferas de especial preocupación que requerían la adopción de medidas por parte de los gobiernos. Durante su 43º período de sesiones, celebrado en 1999, la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer de las Naciones Unidas recomendó que se adoptaran nuevas medidas para crear o fortalecer los mecanismos nacionales para el adelanto de la mujer y la igualdad entre los géneros.
La creación y el fortalecimiento de mecanismos institucionales en el plano nacional para el adelanto de la mujer han fortalecido sustancialmente la capacidad de los Estados para lograr los objetivos de la Plataforma de Acción aprobada por la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, celebrada en Beijing en 1995. Desde entonces, casi las tres cuartas partes de todos los Estados han establecido alguna forma de mecanismo nacional para el adelanto de la mujer.
La principal tarea de esos mecanismos nacionales es apoyar la incorporación en todos los órganos gubernamentales de una perspectiva relativa a la igualdad entre los géneros en todas las esferas normativas, incluida la legislación, los programas y los proyectos. La incorporación de las cuestiones de género, en este sentido, es una estrategia encaminada a integrar en pie de igualdad las preocupaciones de los hombres y las mujeres en la concepción, la aplicación, la supervisión y la evaluación de todos las políticas y los programas.
Los mecanismos nacionales pueden desempeñar un papel fundamental en el estímulo y fomento de esas transformaciones a todos los niveles. En este esfuerzo, los gobiernos han procurado fortalecer los mecanismos existentes en diversas formas desde la celebración de la Conferencia de Beijing. En Ghana, el Gobierno ha fortalecido la posición de los mecanismos nacionales al establecerlos en las instancias más altas, bajo la dependencia de la Oficina del Presidente, con vínculos directos con los ministerios, departamentos y organismos. Italia, Perú, Namibia, Panamá y San Vicente y las Granadinas, entre otros países, han creados nuevos ministerios para incorporar el mecanismo nacional, lo han elevado de categoría convirtiéndolo en una comisión dependiente de un ministro, o han nombrado a un nuevo ministro para dirigirlo.
En muchos Estados, los mecanismos nacionales han sido fundamentales para estructurar las políticas nacionales de desarrollo, en particular, en particular los adelantos logrados en la integración de una perspectiva de género en las actividades relacionadas con la elaboración de presupuestos, la rendición de cuentas y la comprobación de cuentas. Filipinas y Sudáfrica están entre los países que han adaptado el modelo utilizado en Australia para elaborar presupuestos que tengan en cuenta las cuestiones de género, lo que implica que todos los organismos y departamentos gubernamentales deben preparar un documento presupuestario en que se desglosen los desembolsos en función de sus consecuencias tanto para las mujeres como para los hombres.
Asimismo, los mecanismos nacionales han emprendido diversas actividades en apoyo de la revisión y el cumplimiento de la legislación para garantizar la igualdad de género, así como la incorporación de las cuestiones de género en todas las políticas y los programas gubernamentales. La India ha formulado la Política nacional de potenciación del papel de la mujer, en la que se esbozan medidas jurídicas, institucionales y programáticas para hacer frente a la discriminación por motivos de género. También ha designado a la Comisión Nacional de la Mujer como defensora de la mujer. En Colombia se creó un equipo consultivo permanente en materia de igualdad entre los géneros en el Departamento de Planificación Nacional, con el mandato amplio de velar por la incorporación de una perspectiva de género en las políticas nacionales.
Mecanismos de vigilancia y rendición de cuentas.
Los mecanismos nacionales de vigilancia y rendición de cuentas tiene a su cargo la difícil tarea de analizar cómo las medidas gubernamentales producen cambios tangibles en la vida de la mujer.
En los Estados Unidos, por conducto del mecanismo nacional, los organismos gubernamentales presentan informes anuales sobre los progresos alcanzados en la aplicación de la Plataforma de Acción de Beijing. En Rwanda, un comité integrado por miembros del mecanismo nacional, organismos de las Naciones Unidas, organismos bilaterales y organizaciones no gubernamentales supervisa la aplicación de la Plataforma de Acción. En Jordania, donde el mecanismo nacional está integrado por altos funcionarios gubernamentales y representantes de la sociedad civil, cada órgano participante debe presentar informes periódicos sobre los progresos realizados.
Se ha dado inicio a una nueva etapa para poner en práctica los acuerdos emanados de ambos eventos y concretados en la Plataforma de Acción de Beijing a través de un monitoreo, seguimiento y evaluación de las acciones de los gobiernos para el real cumplimiento de los compromisos adquiridos.
El monitoreo a los gobiernos, para que resulte eficaz, debe ser conducido por organizaciones autónomas, que no pertenezcan a la esfera gubernamental. Es principalmente una tarea de la sociedad civil. Este es el reto que asumió, concluida la IV Conferencia, el Grupo Impulsor Hacia Beijing que se había conformado en el Perú. Las organizaciones que lo integraban decidieron asumir esta nueva misión, y la nueva denominación: Grupo Impulsor Nacional «Mujeres por la Igualdad Real».
Los Estados no se relacionan de manera permanente con la sociedad civil. Generalmente, la relación se da cuando los grupos de la sociedad civil adquieren un nivel de organización suficiente como para actuar como grupo de presión y convertirse en interlocutor de un tema concreto. La interlocución y las rendición de cuentas no es parte de nuestra cultura ciudadana.
Cuando, como en el caso de la Conferencia de Beijing, la Declaración de Compromisos adoptada resulta ser un documento fuerte y progresivo, esta es utilizada como una herramienta efectiva para el cabildeo. La sociedad civil, a través de sus organizaciones, puede solicitar a su gobierno organizar reuniones con las ONGs para revisar los logros; durante estas reuniones, insistir para que sus gobiernos se adhieran a los compromisos de la Declaración; organizar una conferencia de prensa en la que líderes de conocidas ONGs hagan un llamado a su gobierno de implementar lo contenido en la Declaración de Compromisos un su país y, con respecto a los problemas y asuntos que se presentaran en el futuro en relación al en su país, utilizar la Declaración de Compromisos para defender su posición.
La Conferencia de Beijing dio lugar a una proliferación de nuevas organizaciones no gubernamentales cuya misión se centraba en la problemática de la mujer que se traduce en el establecimiento de asociaciones con la sociedad civil de importancia crítica para la sostenibilidad y la legitimidad de los mecanismos nacionales que puede dar lugar a transformaciones sociales en la condición jurídica y social de la mujer.
El Consejo de la Mujer de Brunei Darussalam, organización coordinadora de organizaciones de mujeres que cuenta con más de 2.000 miembros, ha colaborado con el mecanismo nacional y otros órganos gubernamentales en el establecimiento de una fundación de lucha contra el VIH/SIDA y un comité de asuntos sociales. En Turquía, el mecanismo nacional estableció comisiones de organizaciones no gubernamentales encargadas de la salud, la educación, el empleo y cuestiones jurídicas con objeto de prestar asistencia en el seguimiento de la Plataforma de Acción. En el Níger se ha formado recientemente una asociación coordinadora de organizaciones no gubernamentales de mujeres con más de 3.000 miembros que ha empezado a colaborar con el mecanismo nacional. En Eritrea, el mecanismo nacional es una organización no gubernamental con una red de más de 200.000 miembros. Los miembros de su comité central también son miembros del Parlamento u ocupan altos cargos gubernamentales, lo que contribuye a consolidar el papel del mecanismo nacional en el gobierno.
En el Perú, las integrantes del Grupo Impulsor analizaron la Plataforma de Acción Mundial a la luz de las condiciones que afectan de manera particular a las mujeres peruanas, y de los procesos sociales y políticos que se desarrollaban en el país, seleccionó campos específicos relevantes por lo que contienen de políticas públicas expresas y por la importancia o urgencia de presionar en la adopción pronta de medidas. De esta manera, se establecieron cinco ejes prioritarios sobre los cuales centraron su labor de monitoreo y el desarrollo de iniciativas ciudadanas. Cada uno de los ejes tiene relación directa con una o más de las áreas de especial preocupación que conforman la PAM – Beijing: Participación política y ejercicio de ciudadanía Sexualidad y salud reproductiva,
Pobreza y acceso a recursos, Educación y Derechos Humanos y violencia contra la mujer.
Desde 1996, el Grupo Impulsor ha realizado un conjunto de acciones de monitoreo de los avances del Estado peruano respecto de los compromisos que adquiriera en Beijing. Un primer esfuerzo fue la recopilación y análisis de las principales medidas que tomó el Estado peruano con relación a cada uno de los cinco ejes prioritarios, durante el primer año transcurrido después de la Conferencia de Beijing. Este trabajo se publicó en 1997 con el título Del compromiso a la acción.
En 1998 se realizó un nuevo monitoreo, esta vez en una muestra de municipios distritales y provinciales, para evaluar la participación de la mujeres en los gobiernos locales, y los programas municipales dirigidos a las mujeres. Ese mismo año, se llevó a cabo un estudio de monitoreo que abarcó siete regiones del país. Esta vez los ejes elegidos fueron dos: participación política, específicamente la participación de las mujeres en el proceso electoral municipal; y salud reproductiva, con atención a la aplicación del Programa de Salud Reproductiva y planificación Familiar del Ministerio de Salud. Este estudio también fue publicado, con el título Mujeres y ciudadanía en el Perú: Avances y barreras.
El año 2000 estuvo marcado, por un lado por el proceso «Beijing +5», que buscaba medir el grado de avance en el logro de la PAM, cinco años después. El Grupo Impulsor elaboró y publicó el informe Balance del grado de cumplimiento de la Plataforma de Acción Mundial en el Perú.
En Paraguay, en 1996 se realizó un seminario para definir las prioridades nacionales. Allí, el gobierno, las representantes de la sociedad civil que participaron en el Foro de las ONG´s y las Agencias de Cooperación Internacional que tuvieron un importante papel en ambos encuentros decidieron afrontar el desafío de establecer planes, programas y proyectos conjuntos donde el concurso de los distintos sectores del Estado, de las ONG´s y las Agencias de Cooperación fuera de concertación y complementación, a través de un mecanismo concreto: la Mesa Tripartita de Seguimiento a Beijing, conformada por el Gobierno (Secretaría de la Mujer de la Presidencia de la República), la Sociedad Civil (Coordinación de Mujeres del Paraguay) y el Sistema de Naciones Unidas en Paraguay (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo/Fondo de Población de las Naciones Unidas). Firmaron un convenio marco, conformando la Comisión Tripartita de seguimiento a la implementación de los compromisos adquiridos en Beijing.
Algunos países están trabajan en los compromisos mínimos prelectorales entre el movimiento de mujeres y las mujeres de candidatas de partidos diferentes. No se trata de alineamientos partidarios, pues ello haría que se pierda precisamente la capacidad de representar y practicar alianzas sociales amplias que expresen políticamente la agenda y arrebataría a el carácter autoónomo del movimiento del poder político. Participación política no es solamente participación en el sistema político formal. El movimiento de mujeres tienen un espacio de acción política desde la sociedad civil desde el cual se propone como contrapoder colectivo.
El Indice del Compromiso Cumplido
La tarea de monitorear la implementación de la PAM desde la sociedad civil produjo diversas estrategias en los países de la región como la producción de indicadores para medir y evaluar avances programáticos, así como los cambios en la situación de las mujeres. Una iniciativa valiosa en la región ha sido el ICC o "Indice de Compromiso Cumplido".
"El Indice de Compromiso Cumplido" es un instrumento de control ciudadano para la equidad de género, desarrollado por FLACSO y CEDEM desde 1998, y se enmarca en las estrategias de acción del Grupo Iniciativa Mujeres, del que forman parte dichas instituciones.
Tras las Conferencias y Cumbres Mundiales de los 90 se incrementaron las actividades y propuestas destinadas a fiscalizar y dar seguimiento desde la sociedad civil a los compromisos contraidos por los Estados en dichos eventos. En el caso de las Conferencias sobre Población y Desarrollo (El Cairo 1994) y sobre la Mujer (Beijing 1995) esto ha tenido un particular dinamismo, considerando que la Plataforma de Acción Mundial de Beijing y el Plan de Acción de El Cairo no tienen fuerza vinculante, es decir, su cumplimiento no es obligatorio.
El ámbito global.
No es sólo en lo nacional donde la Plataforma requiere de mecanismos y recursos y de procesos de democratización múltiple.
En un mundo cada vez mas interdependiente, las conexiones, influencias, intercambios entre lo local y lo global aparecen como inevitables y también decisivos en muchos aspectos para impulsar o detener el cumplimiento de la PAM. Así, el espacio internacional, terreno fundamental durante el proceso de Beijing, es también otro terreno de disputa para perfilar y defender los derechos de las mujeres y de las ciudadanías democráticas.
De hecho, si el desarrollo político del feminismo es reconocido por su apego al pluralismo y a la diversidad, es sobre todo con el afianzamiento de la globalización y su intento homogenizador, que se hace más evidente que nunca la necesidad de analizar y aportar respuestas a las brechas estructurales, que subyacen a la concretización de un proyecto unificador de lo mundial, impulsado sobre la base de un cúmulo de inequidades históricas.
Sin embargo, hay una situación paradójica. Es evidente, en inicios del siglo XXI, que las NU, en sus objetivos, estructura, distribución de poder, también está, de muchas formas, obsoleta. Las dinámicas de poder ya no son las mismas porque la globalización ha descentrado muchas de sus funciones anteriores, al modificar los contextos para su aplicación.
Al mismo tiempo, Naciones Unidas es posiblemente el único espacio transnacional capaz de responder a los nuevos problemas de un mundo globalizado, que puede regular el poder de los estados sobre sus ciudadanos y dar garantías a partir de la aún incipiente normatividad global, para el ejercicio de los nuevos contenidos de los derechos humanos y ciudadanos. Esto hace que la reforma de las Naciones Unidas sea una necesidad urgente e imperiosa para que pueda responder a los nuevos retos del milenio acercándola más a las ciudadanías, monitoreando sus políticas y haciendo el seguimiento de sus compromisos, presionando por generar mayor normatividad capaz de proteger los derechos humanos de las personas.
En este marco globalizado, el rol de las Naciones Unidas puede ser enormemente significativo. Estando en la lógica de los estados, la ONU ha logrado en innumerables ocasiones asentarse en derechos aún no consagrados, pero ya presentes en el horizonte referencial de las sociedades y, al hacerlo, ha ampliado el terreno para su visibilización. Naciones Unidas ha contribuido así a perfilar y colocar una nueva agenda global.
Igualmente, las agencias e instituciones bilaterales y multilaterales, así como las instituciones del capitalismo global, las transnacionales y multinacionales, hasta ahora no fiscalizables, deberían rendir cuentas -al igual que los gobiernos- de lo que han hecho y han dejado de hacer para impulsar y garantizar el cumplimiento de la Plataforma de Acción de la Mujer; informando sobre los mecanismos implementados y los recursos asignados para estos cinco años de post-Beijing.
Naciones Unidas tiene la posibilidad de cambiar, adecuándose a las nuevas realidades y contextos del nuevo milenio, desde la perspectiva de los derechos de los ciudadanos y no sólo de los estados. Esa es la apuesta de los movimientos de mujeres.
Una iniciativa interesante es la de Ana Falu, Directora del Centro de Investigación y Servicios Cono Sut/Argentina CISCSA. Esta es la articulación de los movimientos de mujeres con las procesos de integración regional y subregional en América Latina como Mercosur y Pacto Andino. Ello significa para Falu, desarrollar y salir de la autonomía defensiva y moverse hacia una autonomía propositiva de las mujeres.
Ello corresponde a la comprensión del espacio internacional, terreno fundamental durante el proceso de Beijing, como otro terreno de disputa para perfilar y defender los derechos de las mujeres y de las ciudadanías democráticas.
Articulación con los procesos de integración.
La intervención de la ciudadanía en los procesos de integración es necesaria para acentuar su carácter democrático, conferirles aceptabilidad, viabilidad, eficiencia y permanencia, de manera que sean instrumentos de desarrollo sustentable y promuevan la inserción de los países de América Latina y el Caribe en la economía mundial.
La participación de la sociedad civil se puede dar en dos niveles.
En primer lugar, al interior de cada país, donde corresponde a los gobiernos contribuir a que los diversos componentes de la ciudadanía se organicen y se manifiesten sobre los temas comunitarios, aunque algunas veces el problema no es la ausencia de convocatoria a participar en el proceso de integración sino el desinterés evidente de los destinatarios de la acción integradora. En segundo término, se da en los esquemas de integración, donde los conductores de esos procesos deben abrir espacio a la sociedad civil en las instancias de participación, a fin de que ésta contribuya a los análisis, reflexiones y a la toma de decisiones sobre los asuntos que le conciernen.
Sin embargo, un elemento común a los procesos de integración es que su objetivo inicial es marcadamente comercialista, en tanto que la orientación social es un elemento que por lo regular se incorpora tardíamente o no está considerado en el acuerdo que le dio existencia. Así, el predominio de lo comercial sobre lo social confiere un mayor protagonismo al sector empresarial sobre otros grupos del sector privado.
Falu destaca que estos procesos y articulaciones regionales, signados por la voluntad de integración económica aún están muy lejos de las vidas de las personas y que, las organizaciones de la sociedad civil (el movimiento de mujeres, en este caso) no pueden ser ajenas a tales procesos en tanto les corresponde hacer el seguimiento de la PAM en la reponsabilidad que tienen los Estados nacionales de mediatizar la políticas públicas a través de su cumplimiento.
El proceso de globalización aparece como el nuevo escenario, modificando profundamente las dinámicas económicas, mas aún al coincidir en el tiempo con el hegemonismo de la propuesta neoliberal, que privilegia el mercado y el control de las grandes corporaciones por encima de los intereses ciudadanos. Frente a ello, los países sudamericanos articulan procesos como el de Mercosur y el Pacto Andino que surgen como expresiones de la voluntad política de los países, en una integración que se impulsa desde los gobiernos.
En el Mercado Común del Sur (MERCOSUR), un instrumento de expresión ciudadana como el Consejo Económico y Social dio preeminencia inicial en sus deliberaciones al sector empresarial, aunque después llegó a ser un mecanismo más representativo de la sociedad, pero de poca efectividad. Los sectores sindicales y empresariales han tenido una participación limitada en las fases de consulta y negociación mediante los Subgrupos (Comités Técnicos), al paso que los grupos ambientales intervienen en la etapa normativa y de homologación legal.
La Comunidad Andina de Naciones (CAN), por su parte, también optó por abrir un espacio de participación limitado a los empresarios y trabajadores a través de los Consejos Consultivos y ha tratado de establecer otras instancias de intervención para otros estamentos de la sociedad civil, pero con poco éxito, ante lo cual algunas agrupaciones han emprendido varias iniciativas tímidas a fin de impulsar acciones para la participación ciudadana.
Los mecanismos bilaterales de consulta.
Existe también un conjunto de mecanismos bilaterales y multilaterales de consulta y cooperación menos formales entre gobiernos individuales y entre comunidades regionales y el gobierno de alguna potencia, a través de los cuales coordinan y armonizan las posiciones que sostendrán en las reuniones internacionales. Allí están las comisiones mixtas y de consultas.
El 8 de agosto de 2002, el Grupo de Trabajo sobre Sociedad Civil del Grupo de Rio, luego de deliberar sobre el tema "Grupo de Rio y la sociedad civil" concluyó en que "como parte del fomento de la democracia y de manera congruente con el espíritu de apertura del grupo, es conveniente establecer un acercamiento hacia la sociedad civil que contribuya a que el trabajo de este mecanismo sea más visible y conocido.
Bilateralmente, los países sudamericanos, al igual que todos los del mundo, implementan con bastante frecuencia reuniones de coordinación de políticas y de flujos de cooperación económica, técnica y financiera con alto impacto en la sociedad civil.
Son las nuevas formas de coordinación de la política multilateral y multinacional y los nuevos estilos de adopción de decisiones colectivas que involucran a gobiernos, OIGs, grupos de presión internacionales y ONGIs.
Es necesario, por ello, que las organizaciones de la sociedad civil penetren la lógica de las instituciones, así como de las nuevas formas de política multilateral y multinacional en la estructura de elaboración de decisiones de la política mundial a consecuencia de las presiones que sufren la soberanía y la autonomía de los Estados provenientes de la confluencia de restricciones impuestas por la estructura del sistema internacional, especialmente por la organización de la economía global; y las políticas y actividades de las agencias y organizaciones líderes, tanto regionales como internacionales.
Beijing + 5
En junio del 2000, cerca de dos mil asistentes, entre delegados de los gobiernos y representantes de las ONGs de más de 180 países se reunieroen Nueva York para asistir a la Sesión Especial de la Asamblea General de las Naciones Unidas para revisar la implementación de la Plataforma de Acción de Beijing. La Sesión Especial, también conocida como Beijing + 5, fue titulada "Mujer 2000: igualdad de género, desarrollo y paz para el siglo XXI" y fue la culminación de negociaciones que tuvieron que ver principalmente con un documento denominado "Revisión y evaluación del progreso logrado en la implementación de las 12 áreas críticas de preocupación de la Plataforma de Acción de Beijing".
En "Beijing + 5", a pesar de que para algunas organizaciones lo prioritario era lograr un número considerable de compromisos con plazo definido y parámetros concretos que fomentaran la responsabilidad y aumentaran la voluntad política, las negociaciones sólo agregaron algunos nuevos compromisos con plazo de cumplimiento.
El documento constituye un análisis detallado de los ocurrido desde 1995 así como una compromiso de los gobiernos del mundo para hacer realidad las medidas acordadas para implementar lo más pronto posible las estipulaciones la Plataforma de Acción de Beijing.
El documento final de la Sesión Especial de la Asamblea General "La Mujer en el año 2000: Igualdad entre los Géneros, Desarrollo y Paz para el Siglo XXI" contiene algunos avances más allá de la Plataforma de Acción Mundial.
Se reconoce la necesidad de participación igualitaria de mujeres en la toma de decisiones sobre macroeconomía; los impactos negativos de la globalización en las mujeres y propone asegurar un acceso igualitario a la protección social; el derecho a la herencia y la propiedad y la promoción de programas educativos para que los hombres practiquen el sexo seguro.
El documento hace referencia explícita, por primera vez, a los crímenes de honor y los matrimonios forzados como formas de violencia, y al asilo político sobre la base de la persecución de género.
En su pronunciamiento, los gobiernos de la región reconocieron la dificultad de la búsqueda del consenso internacional, al destacar que a cinco años de su puesta en práctica "se han evidenciado una gama de posiciones, enfoques culturales y valoraciones existentes que configuran un contexto poco propicio para el logro de visiones consensuadas acerca de particulares complejidades de los temas involucrados en la PAM".
Afirman que la región pudo unirse, casi íntegra, por "la experiencia y una voluntad común para el avance de los derechos humanos de todas las mujeres, adolescentes y niñas, con especial énfasis en los derechos a la salud, el desarrollo y la participación en el marco de la igualdad y equidad entre los géneros y de no violencia, teniendo como piso la PAM, la cual está incorporada en políticas de desarrollo que cada país soberanamente determinó."
Con este pronunciamiento, suscrito por la mayoría de países de la región, quedó afirmado, que sin mediar el contenido del documento de evaluación de la Sesión Especial, la región está comprometida con los consensos regionales y con el acuerdo internacional de la Cuarta Conferencia Mundial.
Por su lado, las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) de los países firmantes del pronunciamiento, celebraron que sus delegaciones hayan suscrito un documento que en el fondo sostiene que no puede haber ni un paso atrás, que Pekín es "más cinco", y "no menos cinco", como pretendieron algunos países que intentaron cuestionar hasta el marco mismo de los derechos humanos de las mujeres, conquistado en la década pasada en relación con la violencia, los derechos sexuales y reproductivos y el derecho al desarrollo. Las ONG de América Latina y El Caribe, representadas por la peruana Virginia Vargas, emitieron ante la Sesión Especial un pronunciamiento propio en el cual criticaron severamente el proceso de evaluación.
Sin embargo, a pesar de la importancia de este espacio global y de Naciones Unidas como instancia privilegiada dentro de él, es poco lo que se ha analizado sobre las posibilidades y restricciones que esta instancia contiene y sobre cómo afectan a su composición, objetivos y estructura los acelerados y dramáticos cambios vividos desde las últimas décadas del siglo pasado que han modificado profundamente las dinámicas socio-políticas, económicas y de convivencia personal y ciudadana.
Entender estos cambios nos permitiría también percibir las ambivalencias que este espacio de la ONU, hoy por hoy, contiene para el avance en el cumplimiento de la Plataforma de Acción y para lo que ya es una urgente exigencia de gobernabilidad global democrática.
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LAS ACCIONES.
CONCLUSIONES

El proceso de Beijing ha desembocado en la consolidación no sólo de un marco político basado en el cuestionamiento de las relaciones sociales de género sino también de un espacio público autónomo y negociador. Este proceso preparatorio, sin embargo, no ha sido fácil ni uniforme. En él se reprodujo todo el abanico de la diversidad de la sociedad civil, una de sus más importantes características.
Existe un proceso de construcción discursiva en el que los propios actores debaten y en el se incorporan diversas problemáticas que abonan a favor de su complejización como expresión de la diversidad y multiplicidad de mujeres que conforman el movimiento. Esta fuerte diversidad interna hizo que tanto durante la etapa de preparación para Beijing como en la posterior, se desarrolle un proceso de aprendizaje y de construcción del espacio deliberativo.
En el ámbito nacional, la mayor parte de la atención de la sociedad civil se concentra en las actividades internas en sus países. Los organismos o mecanismos regionales intergubernamentales se constituyen actúan como ejes articuladores y pueden constituir un lugar privilegiado para la construcción de consensos.
La Conferencia de Beijing y el proceso que ésta ha creado ha colocado los temas más importantes de la agenda en el espacio público. Ha dejado al movimiento de mujeres una agenda muy concreta frente a lo gobiernos y a la sociedad civil: lograr que los gobiernos de la región conviertan en políticas los acuerdo y avances en justicia de género.
El reto es encontrar la manera de aprovechar de la evaluación para convencer a los gobiernos de tomar pasos más concretos sobre la base de un enfoque en los derechos humanos cuyos aspectos más importantes podrían la estandarización y la responsabilización. La principal tarea de los mecanismos nacionales es apoyar la incorporación en todos los órganos gubernamentales de una perspectiva relativa a la igualdad entre los géneros en todas las esferas normativas, incluida la legislación, los programas y los proyectos. Los mecanismos nacionales pueden desempeñar un papel fundamental en el estímulo y fomento de esas transformaciones a todos los niveles.
Particularmente, los mecanismos nacionales de vigilancia y rendición de cuentas tiene a su cargo la difícil tarea de analizar cómo las medidas gubernamentales producen cambios tangibles en la vida de la mujer. Por lo tanto, para que el monitoreo a los gobiernos que resulte eficaz debe ser conducido por organizaciones autónomas, que no pertenezcan a la esfera gubernamental.
No es sólo en lo nacional donde la Plataforma requiere de mecanismos y recursos y de procesos de democratización múltiple. El espacio internacional, terreno fundamental durante el proceso de Beijing, es también otro terreno de disputa para perfilar y defender los derechos de las mujeres y de las ciudadanías democráticas.
La intervención de la ciudadanía en los procesos de integración es necesaria para acentuar su carácter democrático, conferirles aceptabilidad, viabilidad, eficiencia y permanencia, de manera que sean instrumentos de desarrollo sustentable y promuevan la inserción de los países de América Latina y el Caribe en la economía mundial. Sin embargo, es un elemento común a los procesos de integración el que su objetivo inicial sea marcadamente comercialista.
Los países sudamericanos articulan procesos como el de Mercosur y el Pacto Andino que surgen como expresiones de la voluntad política de los países, en una integración que se impulsa sólo desde los gobiernos y que, por ello, aún se encuentran lejos de las personas.
En tanto los mecanismos de integración, coordinación y consulta no pueden ser más de lo que sus países miembros quieren que sean, todos ellos son instrumentos concebidos para diversos propósitos de desarrollo y avanzarán hacia el logro de sus objetivos en la medida que se tenga claro que las personas tienen que ser los destinatarios finales de la acción integradora.
Es necesario, por lo tanto, que las organizaciones de la sociedad civil penetren la lógica de las instituciones, así como de las nuevas formas de política multilateral y multinacional en la estructura de elaboración de decisiones de la política mundial.

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Autor:

Julio Álvarez Sabogal

Abogado y Licenciado en Relaciones Internacionales. Magíster en Ciencia Política.

Partes: 1, 2

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