Sociedad civil y política exterior: el movimiento de mujeres

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Argumento

Este ensayo comienza con un análisis del proceso de Beijing concebido no sólo como u cuestionamiento de las relaciones sociales de género sino también como el desarrollo de un espacio público autónomo y negociador. Estudia los mecanismos nacionales de vigilancia y rendición de cuentas que tienen a su cargo la tarea de analizar cómo las medidas gubernamentales cumplen con los compromisos internacionales adquiridos por los Estados y producen cambios tangibles en la vida de la mujer.

Se centra, asimismo, en el hecho de que no es sólo en lo nacional donde se requiere de mecanismos y recursos y de procesos de democratización múltiple, sino también en el espacio internacional entendido como terreno de disputa en el que se perfila y defiende los derechos de las mujeres y de las ciudadanías democráticas.

Así, sobre la base de a dinámica reciente de desarrollo del movimiento de mujeres, Concluye en que la intervención de la ciudadanía en los procesos de política exterior y, particularmente, de cooperación, concertación e integración es necesaria para acentuar su carácter democrático, conferirles aceptabilidad, viabilidad, eficiencia y permanencia, y evitar su alejamiento de las personas.

Entre las numerosas situaciones de injusticia y desigualdad que encontramos en el Perú y en muchas partes el mundo, la discriminación de género es una de las más graves. En este contexto, las organizaciones sociales de mujeres y los grupos feministas promueven el compromiso tanto de varones y mujeres, como el del Estado y el de la sociedad civil, con el logro de la equidad de género.
Desde los inicios de las primeras sociedades democráticas, basadas en el clásico principio "Todos los hombres nacen libres e iguales …", las mujeres constataron su condición de excluidas y denunciaron la contradicción de una democracia sin mujeres.
Así, excluidas del ámbito público y de la ciudadanía de forma sistemática los primeros movimientos, la teoría y la práctica feministas, se centraron en legitimar y organizar lo que podemos denominar las políticas de la inclusión.
A lo largo de todo el siglo diecinueve sufragistas y socialistas no cesaron de luchar por cambiar el inmutable destino que la llamada "era de los cambios" continuaba asignando a las mujeres. Cuestionaban la ideología de la naturaleza diferente y complementaria de los sexos y se centraron en conquistar el acceso a la esfera pública: el sufragio, el trabajo asalariado no proletario, la educación superior.
Ya en el siglo XX y tras la conquista de los derechos políticos, las mujeres comprobaron las enormes dificultades que comportaba su acceso igualitario al ámbito público. Constatar la insuficiencia de los derechos formales llevó al feminismo a un nuevo resurgir organizativo y a una etapa de gran vitalidad y creatividad teóricas.
En la denominada segunda ola del movimiento, en los años sesenta, y en continuidad con los planteamientos de la inclusión, se fundamentó la necesidad de establecer mecanismos sociales y políticos capaces de romper la dinámica excluyente del sistema patriarcal, como la discriminación positiva y las cuotas.
En esos mismos momentos el feminismo radical comenzaba a desarrollar el crucial giro hacia el análisis de la esfera privada, esfera que había permanecido un tanto a la sombra en los enfoques anteriores. Surgía así una nueva forma de entender y hacer la política, actuando en el área de lo prepolítico, en el área en que se dirime qué debe ser y qué no objeto de "la política" convencional, es decir de debate y decisión pública y colectiva. Con las políticas de "lo personal es político" el feminismo comienza a abordar de forma más o menos consciente el proceso de redefinición de la realidad que incluía no sólo esperar sino solicitar la intervención pública o del Estado, vía derecho penal y asistencia social, en áreas de la vida tradicionalmente consideradas privadas o personales.
Una fuerte desconfianza hacia las instancias políticas, especialmente las estatales, fue parte de la dinámica de los años ochenta, acentuada por la presencia de gobiernos dictatoriales. Los feminismos avanzaron en propuestas que ligaban la lucha de las mujeres con la lucha por la "recalificación" y/o la recuperación democrática.
Aparte de la imprescindible labor de los grupos feministas de base, que siguen su continuada tarea de concienciación, reflexión y activismo, ha tomado progresivamente fuerza lo que ya se denomina feminismo institucional. Este feminismo, si bien reviste diferentes formas en los distintos países occidentales, éstas tienen algo en común: el decidido abandono de la apuesta por situarse fuera del sistema y por no aceptar sino cambios radicales. Así, un resultado notable de estas políticas ha sido el hecho, realmente impensable hace sólo dos décadas, de que mujeres declaradamente feministas lleguen a ocupar importantes puestos en los partidos políticos y en el Estado, así como la creación de ministerios o instituciones interministeriales de la mujer y la proliferación en las universidades de centros de investigaciones feministas.
En el ámbito internacional, uno de los temas incorporados al interés y al quehacer de las Organización de las Naciones Unidas (ONU) ha sido el de la situación de las mujeres.
En 1975 la Asamblea General proclamó el Año Internacional de la Mujer. Se instituyó el Decenio de las Naciones Unidas para la Mujer (1976-1985), con la finalidad de examinar la condición y los derechos de las mujeres, promoviendo su acceso a puestos de decisión en todos los niveles. Al finalizar el Decenio, la Conferencia Mundial celebrada en Nairobi, Kenya, evaluó sus logros y aprobó un conjunto de estrategias para el adelanto de la mujer.
La ONU ha aprobado también otros importantes documentos que afirman los derechos de las mujeres y promueven la equidad de género. Entre ellos, debemos mencionar la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, y la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Los acuerdos de varias conferencias y reuniones cumbre convocadas por la ONU contienen también análisis y disposiciones que expresan compromisos con la equidad de género. Es el caso de la Conferencia Mundial de Derechos Humanos (Viena, 1993), de la Conferencia sobre Población y Desarrollo (El Cairo, 1994) y la Cumbre sobre Desarrollo Social (Copenhague, 1995).
Asimismo, ha creado progresivamente instancias especializadas que acopian información, constatan avances o problemas y formulan recomendaciones sobre los diferentes aspectos que afectan la vida de los habitantes de la aldea global: derechos humanos, medio ambiente, trabajo, salud, educación, y muchos otros. También ha celebrado de manera periódica reuniones con participación de representantes de todos los países para tomar acuerdos y establecer compromisos sobre temas de interés general.
Pero, la pregunta y tema de este trabajo es: ¿cómo lograr que los propósitos y compromisos formales adquiridos en el ámbito internacional por los gobiernos se conviertan en realidades? ¿Cómo se da la participación de la sociedad civil en los ámbitos nacional, regional e internacional para influenciar el contenido de las declaraciones de compromisos?
Si bien aún existen conflictos y críticas dentro del movimiento de mujeres acerca de la participación de las feministas en los gobiernos y de la negociación con ellos, mi propuesta es que son necesarios tanto los mecanismos institucionales de participación previos en países como el Perú, en los que la poca autonomía y debilidad de la sociedad civil la termina convirtiendo en algo simplemente funcional al poder estatal.
Por ello, «Beijing: algo más que palabras» fue el lema adoptado por las organizaciones de la sociedad civil de América Latina y el Caribe que participaron en la Conferencia de Beijing. Las organizaciones de mujeres de la sociedad civil descubrieron que no bastaba con lograr documentos muy avanzados y compromisos formales de los gobiernos. Para que los propósitos se conviertan en realidades es fundamental que se asignen recursos suficientes, y que se efectúe un seguimiento al cumplimiento de los acuerdos, en la forma de un monitoreo permanente.
¿Cómo se hace esto en un país con un Estado debilitado por la crisis fiscal y cuyo paradigma de funcionamiento y coordinación es una combinación de paradigmas preburocráticos, burocráticos y, recién empieza a afrontar con relativa seriedad, un proceso de modernización y distribución del poder? ¿Cómo lograrlo con un sistema político cuyo sistema de partidos también se encuentra en crisis y cuya sociedad civil es débil y tiene poca autónomía?
Creo que la experiencia del proceso iniciado en Beijing aporta lecciones importantes al respecto.
MARCO CONCEPTUAL

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