Exclusión Social (página 2)

La política social es el instrumento fundamental a través del cual se promueve el desarrollo social, no sigue un camino único, siempre responde a un modelo de desarrollo, a un contexto, a una coyuntura, a una relación de fuerzas sociopolíticas y es producto de una estrategia pensada a partir de la situación social, económica y política existente; cumpliendo importantes funciones de legitimación, reproducción y acumulación, mediante la implementación de una serie de programas que pueden ser de carácter promocional, compensatorio, sectorial, o estructural, con el fin de incidir en el mejoramiento de las condiciones de vida de la población.

En el caso particular de Venezuela, según las intervenciones oficiales correspondientes al período democrático, es posible identificar, básicamente, el predominio de dos modelos de política social, en los cuales se han inscrito las estrategias de atención a la pobreza: el universalismo y la focalización. El primero, el modelo universalista, implementado en el período 1958–1988, se caracterizó por la aplicación de subsidios indirectos dirigidos a garantizar el acceso de los sectores de bajos ingresos a los alimentos básicos, igualmente, los programas tradicionales del Estado en materia de salud, educación, vivienda y seguridad social, estaban diseñados para brindar asistencia libre y universal a la población en general, sin discriminar a los sectores de altos, medianos o bajos ingresos.

Como consecuencia de la crisis económica de la década de los ochenta, la política social universalista se vio gravemente comprometida al pretender continuar con menos disponibilidad de recursos programas masivos, lo cual condujo al deterioro generalizado de los servicios sociales fundamentales, como la educación y la salud.

El segundo modelo, el de focalización, aplicado en el país a partir de la implementación del programa de ajuste económico, entre los años 1989-1998, se caracterizó por la puesta en marcha de un conjunto de programas compensatorios, especialmente a través de la red escolar y de salud. Este tipo de política se orientó hacia mecanismos de transferencia directa a la población más vulnerable para compensar los costos sociales, hasta tanto las consecuencias negativas del ajuste se superaran.

El criterio universalista, hasta ese momento en vigencia, es sustituido por el de focalización de la atención, partiendo de las premisas de que los subsidios indirectos no eran eficientes ni equitativos y que las intervenciones tradicionales del Estado habían sido incapaces de enfrentar y resolver la problemática social. No obstante, al no constituirse en una intervención de los factores estructurales de la pobreza (sus causas) y concentrarse sólo en sus consecuencias más acuciantes, y al excluir otros sectores de la población que a causa de la crisis también vieron deterioradas sus condiciones de vida, la focalización y el asistencialismo compensatorio multiplicaron y agudizaron la pobreza.

A partir del año 1999, con el gobierno del presidente Hugo Chávez Frías, puede ubicarse la política social del país en una suerte de transición, donde se combinan elementos del modelo vigente durante el período desarrollista con otros cercanos a las políticas de corte neoliberal aplicadas durante los años "80, y otros que tienden a un esquema alternativo al neoliberalismo, razón por la cual no es posible identificar un modelo específico.

En este período, la política social se ha desenvuelto en medio de una serie de cambios políticos sustanciales generados en el país desde el año 1999, tales como un nuevo marco institucional, a partir de la reestructuración y legitimación de los poderes públicos y una nueva Constitución nacional, permeados por un ambiente de polarización, confrontación y conflictividad política, influyendo algunos eventos de este tipo en la orientación de la política dirigida hacia la pobreza y la exclusión social. En este sentido es posible identificar dos grandes momentos en la política social: uno ubicado entre los años 1999 y 2002 (correspondiente a programas sociales de tipo compensatorio-asistencial) y otro a partir del año 2003, después del paro petrolero iniciado en diciembre 2002, que abarca otro tipo de programas, representados en las "misiones sociales".

Puede señalarse, de acuerdo a los principios plasmados en documentos oficiales (la Constitución Bolivariana, la propuesta de la Revolución Social de la V República, etc.), que la política social en este período gubernamental, al menos en su filosofía, es cónsona con la tesis y objetivos del desarrollo humano, fundamentados en la integración social, corresponsabilidad, cohesión social, participación social, intersectorialidad, entre otros principios.

No obstante, en el análisis del primer momento (1999-2002), en general, la prioridad oficial fue el ajuste macroeconómico la estabilidad del PIB y el abatimiento de la inflación, racionalidad economicista que en el ámbito de la política social se tradujo en una estrategia cortoplacista, efectista y centralizante, especialmente de los programas de atención a la pobreza y de las nuevas instituciones encargadas de su financiamiento y ejecución. Fondo Único Social; Ministerio de Educación, Cultura y Deportes; Ministerio de Salud y Desarrollo Social. En consecuencia, la tendencia fue conservar las estrategias asistenciales compensatorias focalizadas anteriores, pese a su oposición frontal a ellas en el discurso, por responder a un esquema neoliberal y pese a su insuficiencia para mitigar la pobreza y la exclusión social.

A partir de la crisis política del 2002 después del golpe de Estado de abril, si bien se debía cambiar parcialmente algunos aspectos de la política económica se deja incólume la orientación de la atención a la pobreza.

Las medidas de este tipo se limitaron a incrementar el presupuesto destinado a los principales programas sociales asistenciales para ampliar su cobertura, en un intento de contrarrestar los efectos de las medidas dirigidas a disminuir el déficit fiscal.

Es lógico suponer que en ese momento post-golpe, muy delicado para la gobernabilidad, se haya procurado mantener la adhesión de los sectores populares por vía de los programas compensatorios, de alta aceptación entre la población, según encuestas sociales realizadas en los gobiernos de Pérez y Caldera.

Desde el golpe de abril, la necesidad gubernamental de lograr mayor legitimidad y de recuperar o mantener el control político, ha reforzado factores estratégicos como por ejemplo la injerencia de los grupos políticos dominantes y la continuidad del sector militar en la ejecución de los programas de asistencia social.

Después del paro petrolero iniciado en diciembre 2002, es decir en los años 2003 y 2004, el gobierno introdujo modificaciones parciales a la estrategia anti-pobreza y anti-exclusión social que venía ejecutando, diversificándola con la incorporación de otros programas, sin abandonar los de tipo asistencial-compensatorio del subperíodo 1999-2002.

Las nuevas iniciativas del gobierno (mejor conocidas como misiones sociales) giran en torno a: 1) el fortalecimiento de la seguridad alimentaria (Plan Nacional de Abastecimiento Alimentario: Programas MERCAL, Mega mercados Populares, PROAL, entre otros; 2) enfrentar la exclusión social (rural, educativa, productiva-laboral, sanitaria a través de las estrategias de economía social-cooperativismo; la famosa trilogía de misiones educativas: Robinson, Ribas y Sucre; la Misión "Vuelvan Caras"; y los Programas de Atención Primaria en salud, especialmente la Misión "Barrio Adentro". También se habló de la Misión "Cristo" (o mega misión que englobaría a todas las misiones, con el lema "pobreza cero en el 2021").

Dichos planes, programas y misiones, desde el punto de vista normativo, lucen más compatibles con los principios u orientación teórica de la política social (intersectorialidad, participación social, cogestión, corresponsabilidad, inclusión social, democratización, etc.) que las estrategias del primer período (1999-2002), especialmente porque enfatizan en el precepto constitucional de la inclusión y participación como un derecho social y político.

Sin embargo, aunque los objetivos formales son atacar las causas de la pobreza y de la exclusión social, su carácter es aún muy asistencial focalizado. Las misiones no están integradas en una política social universal e integral, presentan fallas de articulación, de planificación y ejecución, especialmente porque no se ha creado la nueva institucionalidad pública requerida para incrementarles efectividad, se desmanteló la existente y algunos canales no son aprovechados por los ejecutores (especialmente por los militares). Estas iniciativas siguen siendo insuficientes ante los problemas sociales que atienden, de origen básicamente estructural.

Pese a los éxitos parciales del actual gobierno en materia de gestión social, aún no se ha diseñado una estrategia de largo plazo, universal, sistemática y coherente, para atacar el problema de la pobreza y de la exclusión, de la distribución del ingreso, garantizar equidad, participación ciudadana efectiva y profundización de la democracia.

A pesar de los matices de la política social en cada período gubernamental, existen elementos que denotan continuidad en factores institucionales, organizativos, gerenciales y políticos, que a lo largo de los años han estado presentes en el desarrollo de la política social y han obstaculizado una gestión eficiente, convirtiendo a lo social en un entorno complejo de gestionar.

Debilidades en la gestión de la Política Social venezolana

Sobre los obstáculos que limitan la implementación de la política social, además de los factores políticos como el interés por el logro de legitimidad y gobernabilidad, especialistas han señalado problemas de orden metodológico y técnico-organizativo que han repercutido desfavorablemente en la gestión de la política social venezolana.

Entre ellos destacan: Débil Integración entre la política económica y la política social, evidenciada en la escasa relevancia otorgada a lo social como requisito para el desarrollo. El interés de la acción estadal ha estado centrado fundamentalmente en lo económico, en tratar de alcanzar equilibrios en los indicadores macroeconómicos y no en desarrollar una política dirigida a enfrentar la pobreza y lograr mayor equidad, siendo lo social concebido como un instrumento dirigido a compensar los efectos indeseables de la política económica.

Existe consenso en que ambas políticas deben articularse estrechamente, sin embargo la lógica economicista aún prevalece, a pesar de que la experiencia de países tanto industrializados como subdesarrollados ha demostrado que el incremento en las variables macroeconómicas por sí solo no lleva al desarrollo y bienestar social, por el contrario en ocasiones se evidencia la ampliación de la brecha entre ricos y pobres.

Debilidad organizativa del sector social para garantizar una gestión eficiente, expresada por un lado, en el crecimiento desmesurado e irracional de las instituciones del Estado y por otro, en la vulnerabilidad de las dependencias vinculadas a lo social (fundaciones, ministerios, otras) cuando hay cambios a nivel gubernamental; esto genera un ambiente propicio para el uso ineficiente de los recursos, la desorganización, la no continuidad en los programas y proyectos, amén del bajo impacto en la población beneficiaria.

Inexistencia de una política orgánica de acción compartida para el desarrollo social, evidenciada en la presencia de un diverso conjunto de instituciones (ministerios, oficinas, institutos, otros), que trabajan de manera aislada y descoordinada en la ejecución de programas similares, ocasionando la duplicidad de esfuerzos y recursos, además del bajo impacto en la población beneficiaria.

Insuficiente recurso humano calificado para gerenciar la política social. uno de los rasgos que ha caracterizado a la política social en Venezuela, es que su administración ha estado bajo la tutela de un personal cuya formación no está vinculada al área social, señala que la mayor parte del personal que labora en la administración pública no reúne el perfil y las capacidades técnicas para gestionar la política social sin profundizar en la politización de las instituciones y el predominio de intereses particulares, lo que aunado a la carencia de objetivos y procedimientos rigurosos de contratación, despido, ascenso y remuneración de personal; tornan más complicado el escenario para la administración de la política social.

Desarticulación entre los distintos niveles territoriales de gobierno: nacional, estadal y municipal. Uno de los avances logrado en la gestión de la política social en el escenario altamente neoliberal de los años 90, fue el relacionado con la descentralización de la administración pública, fundamentado en la necesidad de diseñar e implementar acciones cónsonas con las particularidades regionales y locales; sin embargo, una de las debilidades de este proceso fue la proliferación de estructuras organizacionales (instituciones, fundaciones, otros) creadas por los gobiernos estadales y municipales que persiguen objetivos comunes, este conjunto de organizaciones públicas además de cabalgar competencias, consumir burocracia, son agencias públicas que compiten entre sí por los recursos cada vez más limitados que se le asignan al área social.

Escasa participación de la comunidad y la ciudadanía en la gestión social. Teórica y jurídicamente se reconoce la importancia de la participación comunitaria en las distintas fases de la política social (diseño, ejecución, control y evaluación) como elemento clave para el mejoramiento de la calidad de vida, pero su intervención en la práctica ha sido escasa y desarticulada. Generalmente el proceso de planificación es realizado por los gerentes sociales desde el escritorio, sin tomar en cuenta la opinión ni las potencialidades de los usuarios lo cual propicia la formación de ciudadanos dependientes del Estado, con pocas posibilidades de mejorar sus condiciones de vida desde sus propios medios.

Desvalorización de la política social como elemento fundamental que potencia el desarrollo, pues se ha considerado a los recursos invertidos en esta área como simple gasto corriente y no como una inversión con retornos positivos para el crecimiento económico, mejoras en la capacidad productiva de la fuerza de trabajo y fortalecimiento de la democracia; situación que la hace susceptible a los continuos recortes financieros, en comparación a cualquier otro sector.

Carencia de un sistema de seguimiento, control y evaluación que permita conocer oportunamente el nivel de cumplimiento de las metas previstas y la ausencia de indicadores de gestión. Técnicamente la política social adolece de herramientas que permita hacer seguimiento y evaluación a las acciones realizadas, ello dificulta la posibilidad de obtener información relevante y oportuna, que permitan alimentar la toma de decisiones, aplicar los correctivos necesarios en cuanto al funcionamiento de los programas sociales, conocer los impactos generados en la población beneficiaria y propiciar una inversión eficiente de los recursos en el área social.

Ante un panorama de cambios constantes y gran incertidumbre como el que actualmente atraviesa Venezuela, donde las condiciones de vida de la población demandan constantemente la implementación de acciones que reviertan favorablemente su situación, y en el marco de nuevas lecturas o enfoques sobre el desarrollo y de nuevas iniciativas gubernamentales, surgen las siguientes interrogantes: ¿Cuáles serían las estrategias idóneas que conducirían a mejorar las condiciones de vida de la población y, por ende, a superar la pobreza? ¿Qué elementos debe contener una política social para la enfrentar la pobreza? ¿Cuál es el contexto más favorable para la superación de la pobreza?

Responder estas interrogantes resulta difícil por diversas razones, entre ellas: no existe una salida única para superar la pobreza, se trata de un problema estructural, complejo y multidimensional cuya naturaleza amerita la acción de múltiples actores y estrategias simultáneas.

Sin embargo, y con la finalidad de contribuir al debate, además de estimular el interés sobre la seriedad e implicaciones de esta problemática, se presentan a continuación algunos lineamientos que pudieran servir de orientación general para el diseño de una política social dirigida al enfrentamiento de la pobreza, que además contribuya a fortalecer la democracia y alcanzar un desarrollo social sostenible.

Muchos de estos lineamientos se acoplan a las propuestas que actualmente se vienen debatiendo a nivel internacional, las cuales plantean que el desarrollo de una política dirigida a la superación de la pobreza debe cimentarse en un escenario caracterizado por:

• Un entorno favorable en el cual coexistan equilibrios no sólo en las variables macroeconómicas, sino también en las sociales, políticas, culturales, demográficas, entre otras, las cuales en su conjunto desempeñan un papel trascendental para alcanzar el desarrollo social y por ende superar la pobreza.

• Voluntad política para dar prioridad, tanto en el discurso como en la acción, a la reducción de la pobreza, tomando en cuenta que dichas estrategias, por su integralidad y complejidad, ameritan trascender los diferentes períodos gubernamentales.

• Un marco de viabilidad político-democrática, cimentada en un acuerdo entre los diferentes actores (gobierno, empresarios, universidades, sociedad civil, grupos comunitarios, población, entre otros), donde la concertación de intereses y esfuerzos deberán estar enrumbados a la superación de la pobreza.

• Una institucionalidad sólida y la necesaria coordinación entre las diferentes instancias encargadas de la ejecución de políticas y programas dirigidos a la superación de la pobreza, lo cual pasa por una profunda revisión de las instituciones que integran el Estado y su necesaria modernización.

Lo anteriormente expuesto dibuja un panorama idóneo para impulsar estrategias que coadyuven con el objetivo de superar la pobreza; en este orden, se presentan a continuación algunas orientaciones que pudieran servir de apoyo al diseño e implementación de una política social pensada con ese propósito.

Algunos lineamientos de política social para la superación de la pobreza en Venezuela

Inserción en una política de Desarrollo Social

Cualquier estrategia dirigida al enfrentamiento de la pobreza deberá estar enmarcada en una política de desarrollo social, definida sobre la base de objetivos y metas claras y factibles de ser cumplidas en el corto, mediano y largo plazo, según la naturaleza de las metas, donde la superación de la pobreza aparezca como uno de los ejes estratégicos. Para ello es importante realizar una evaluación sobre los resultados de las acciones implementadas, los recursos disponibles y las metas que se quieren alcanzar en función de la realidad.

El diseño de una política dirigida al enfrentamiento de la pobreza lleva intrínseca la necesidad de establecer prioridades en el tiempo, atacando en primer lugar los problemas más graves y con consecuencias más irreversibles, con el fin de no dispersar los escasos y debilitados recursos institucionales y presupuestarios que existen.

En el corto plazo continuará siendo inevitable ejecutar programas compensatorios, dirigidos a aquella población que se encuentra en situación de pobreza extrema, que por su condición de vulnerabilidad ameritan atención inmediata. En tal sentido, se propone reemplazar los enfoques tradicionales de asistencia o beneficencia pública propios del Estado traducidos en jornadas médico asistenciales, entrega de bolsas de comida, otras por verdaderas políticas de asistencia social, concebidos como "prácticas de acción social que aplican procedimientos técnicos para atender, ayudar, asistir y apoyar a los sectores vulnerables en su estado de necesidad comprobado, para que logren desarrollarse, competir y funcionar.

Por otro lado, no se trata de descuidar las políticas estructurales universales, es decir, aquellas que posibilitan el acceso a la población a educación y a la calificación para el trabajo, a la preservación de la salud y la garantía del derecho a la supervivencia, a la seguridad social universal, a la vivienda, entre otros, siendo indispensable mejorar la calidad de los servicios ofrecidos, ampliar su cobertura e incrementar el presupuesto asignado, de manera que se puedan cubrir los déficit de atención y garantizar a la población el acceso a bienes y servicios que sirven de soporte al proceso de desarrollo social y a la ciudadanía en general.

Reestructuración de la institucionalidad en la cual se ejecuta la política social: Unido a lo anterior, y como plataforma para la implementación de políticas dirigidas al enfrentamiento de la pobreza, es indispensable realizar reformas en el plano institucional, las cuales implican, entre otras cosas, la necesaria superación de aquellas deficiencias que a lo largo de estos años han obstaculizado el desempeño de la política social. Uno de los grandes desafíos a afrontar está relacionado con "la necesidad de superar los problemas de tipo organizacional que afectan la gestión social; el nudo central que debe romperse es el de la hipertrofia institucional, la burocratización y la descoordinación del aparato público del sector social".

En este contexto se plantea la necesidad de redefinir el número de organismos del Estado que ejecutan programas con objetivos similares y dirigidos a la misma población beneficiaria, propiciar la coordinación de programas sociales a los fines de unificar criterios y recursos, la coordinación entre los diferentes ámbitos de gobierno (nacional, estadal y local), entre otros aspectos importantes.

Estrategias que permitan potenciar y aprovechar el Capital Social: En el marco del análisis sobre el desarrollo, en los últimos años, uno de los temas que ha venido ganando terreno, dada su contribución a los objetivos de la política social y por ende a la reducción de los problemas de pobreza y exclusión, lo constituye la noción de capital social, que apunta hacia una revalorización de aspectos vinculados con la cotidianidad de la gente, al conjunto de normas y valores que orientan las relaciones al interior de una sociedad.

El capital social "podría entenderse como la capacidad efectiva de movilizar productivamente y en beneficio del conjunto, los recursos asociativos que radican en las distintas redes sociales a las cuales tienen acceso sus miembros".

Estos recursos asociativos, según refiere el mismo autor, son: la confianza, vínculo que combina la aceptación del riesgo con un sentimiento de afecto o identidad ampliada; la reciprocidad cimentada en una lógica que supera la del mercado ya que, supone intercambios basados en obsequios, en el dar y la cooperación, como una acción complementaria orientada al logro de objetivos compartidos de una actividad en común.

Experiencias desarrolladas en varios países del mundo entre ellos los de América Latina señalan los aportes que puede generar este tipo de capital en la plataforma económica, política, social, entre otros, incluyendo la superación de la pobreza. De ahí la importancia de desarrollar estrategias que permitan aumentarlo o potenciarlo.

La CEPAL en el informe "Panorama social de América Latina 2001-2002" sugiere: 1) La necesidad de establecer políticas de promoción del enfoque de capital social para que los investigadores, agentes y promotores sociales se capaciten tanto en la teoría como en la metodología del capital social; 2) establecer una plataforma de políticas culturales y desde ellas impulsar experiencias precursoras de capital social; 3) la acción estadal debe enfocarse en las políticas de creación y fortalecimiento del capital social como forma de intervención directa en la comunidad y 4) impulsar políticas de coordinación de capital social entre el Estado, organismos internacionales, sociedad civil, sector privado y los mismos pobres, de manera que se generen sinergias favorables para el objetivo de superar la pobreza (CEPAL: 2002).

Lo esencial de este enfoque es que busca fortalecer las capacidades y potencialidades de los grupos en situación de pobreza, hacerlos conscientes de ellos y transformarlos en protagonistas en la lucha por el desarrollo; como un factor importante para aumentar la eficacia de las actividades económicas y sociales y por ende para la superación de la pobreza, aspectos que anteriormente no eran muy considerados dada la importancia que se ha otorgado a lo económico y al capital financiero.

Políticas dirigidas al enfrentamiento a la pobreza desde la pobreza: Unido a lo anterior y tomando en consideración las limitadas opciones que tienen los pobres, tanto por la carencia de recursos económicos como para negociar mejores prestaciones y servicios, es necesario propiciar estrategias que favorezcan sus capacidades y potencialidades considerando sus valores, cultura, autoestima, autoconfianza, capacidad de asociarse, entre otros de manera que ellos puedan actuar y tomar decisiones en asuntos concernientes a su bienestar presente y futuro, lo cual remite a la noción de empoderamiento. Se trata de un término muy en boga en los análisis actuales sobre la pobreza y está referido a la posibilidad de otorgarle a la población en esa situación, herramientas que le permita desde su mismo entorno, tomar decisiones en asuntos concernientes a sus vidas, dentro de un proceso para obtener el control sobre los recursos físicos, humanos, intelectuales, financieros e ideológicos que poseen las comunidades y que no han sido aprovechados al máximo. Existen cuatro elementos claves que respaldan el empoderamiento de los pobres:

Acceso a la información: los ciudadanos informados están mejor preparados para aprovechar las oportunidades, obtener servicios, velar por sus derechos, negociar eficazmente y controlar las acciones del Estado y de los actores no estadales. Sin una información relevante, oportuna y presentada en forma fácilmente comprensible, es imposible que los pobres puedan actuar.

La inclusión y participación de los pobres: y de otros grupos tradicionalmente excluidos en el establecimiento de prioridades y en la toma de decisiones, es fundamental no sólo para asegurar que los escasos recursos públicos se inviertan en las prioridades locales, sino también para construir un compromiso hacia el cambio.

Responsabilidad o rendición de cuentas: se refiere a la potestad de llamar a los funcionarios oficiales, empleados públicos, o actores privados a rendir cuentas a los usuarios y clientes depositarios de sus actos, requiriendo que se hagan responsables de sus políticas, sus acciones y del uso de los fondos.

Capacidad local de organización: tiene que ver con la habilidad de la gente para trabajar en forma conjunta, organizarse y movilizar recursos para solucionar problemas de interés común. Todos estos elementos permitirían a los pobres desarrollar sus propias capacidades, incrementar sus activos y por ende hacer frente a la pobreza.

Mecanismos que garanticen la participación: Una de las condiciones básicas para la construcción de capital social y para el empoderamiento de los pobres, lo constituye un escenario que permita a la población que se encuentra en esta situación, no solo debatir diferentes asuntos, sino también participar directa o indirectamente en el establecimiento de prioridades locales o nacionales, en el diseño del presupuesto y en la provisión de servicios básicos.

La participación a nivel local puede tomar varias formas: a) directa; b) representativa de grupos y asociaciones; c) política, por medio de representantes electos o d) mediante la recolección de información, con datos agregados y reportados directamente o a través de intermediarios a los responsables de la toma de decisiones a nivel local y nacional; y e) la participación puede llevarse a cabo a través de mecanismos competitivos de mercado, por ejemplo removiendo restricciones y otras barreras, incrementando las opciones de los agricultores y vendedores, no sólo sobre lo que pueden sembrar, sino también a quienes pueden vender. Asimismo, se debe permitir escoger el tipo de pago de los servicios seleccionados y recibidos. La participación de la comunidad en forma cada vez más activa en la gestión de los asuntos públicos surge como una exigencia: los programas sociales hacen mejor uso de los recursos, logran mejor sus metas y crean autosostenibilidad, si las comunidades pobres a las que se desea favorecer participan desde el inicio y a lo largo de todo su desarrollo.

En este contexto es necesaria la creación de espacios e instrumentos que permitan una participación activa de la población en la definición de su propio desarrollo, que permitan la negociación y la defensa de sus derechos. Sólo se puede construir capital social si hay participación genuina, solo en condiciones de participación crece la confianza, mejora la asociatividad, crece la conciencia civil, porque el ser humano nació para participar".

Políticas económicas favorables a los pobres: Otro requisito indispensable para la superación de la pobreza es la necesidad de contar con una plataforma económica que estimule la inversión, la generación de empleos productivos y el crecimiento económico, dirigidos fundamentalmente a aquellos sectores que demandan fuerza de trabajo poco calificada, que es la más abundante dentro de los sectores populares a través de microempresas, cooperativas, entre otros. Las organizaciones de los pobres pueden ser altamente efectivas para satisfacer las necesidades de supervivencia, pero estas organizaciones suelen estar limitadas por la falta de recursos y de conocimiento técnico.

En este marco resulta indispensable que el Estado propicie condiciones que permitan a la población mejorar su capacitación, construir sus propias riquezas y por ende mejorar su calidad de vida, siendo necesario para ello eliminar en la medida de lo posible las restricciones que entraban la actividad productiva, procurar la superación de los desequilibrios a nivel económico, la implementación de políticas redistributivas y de empleo productivo, que hagan posible que el crecimiento sea favorable para los pobres.

Esto permitirá democratizar la generación de riqueza, la posibilidad de que la gente cubra de manera autónoma sus necesidades básicas, estimularía una cultura ligada al trabajo, tendería a crear una sociedad de productores y propietarios, además que contribuiría a garantizar la sostenibilidad de las acciones realizadas.

Fortalecimiento del gobierno local como escenario propicio para la implementación de estrategias dirigidas a enfrentar la pobreza: Lo local constituye el escenario idóneo para el diseño e implementación de políticas y programas dirigidos a enfrentar la pobreza, toda vez que permite facilitar su adecuación a la problemática social en función de las demandas y expectativas de la población beneficiaria, además de favorecer su ejecución y control.

En este sentido, es indispensable profundizar la descentralización y la transferencia de competencias desde el nivel central hacia los estados, colocando especial énfasis en el desarrollo de la municipalización. Por otro lado, en el marco de la Ley de Participación recientemente promulgada en Venezuela, es importante materializar los mecanismos institucionales para la promoción de la participación comunitaria y el estímulo a los programas locales de desarrollo social a nivel local, permitiendo un acercamiento del ciudadano a la toma de decisiones respecto a las situaciones que le afectan.

Implementación de un sistema de seguimiento y evaluación permanente: Resulta indispensable el desarrollo de sistemas de información suficientemente desagregados a los fines de conocer los avances y los resultados de las acciones implementadas, los cambios en los niveles y perfiles de la pobreza así como el impacto de los programas. Para ello, debe promoverse el desarrollo de un conjunto de indicadores que han de ser generados con la suficiente periodicidad y desagregación para determinar líneas de base de los programas y realizar un seguimiento adecuado.

Por otra parte, es importante incorporar el seguimiento, el control y la evaluación, como parte integrante en el proceso de planificación ejecución de las políticas y programas dirigidos al enfrentamiento de la pobreza y no como una actividad aislada, pues permitirá alimentar la toma de decisiones y realizar a tiempo los correctivos que sean necesarios, tomando en cuenta, como variable fundamental, el impacto social que pueda ser directamente imputado a los programas ejecutados. Todos estos lineamientos no agotan el abanico de posibilidades dirigidas a fortalecer los elementos a partir de los cuales se debe diseñar y desarrollar una política social que busque superar la pobreza, en el contexto de una política integral y sistemática de desarrollo social, no obstante sirven de referencia y como punto de arranque para reflexionar y propiciar acciones que lleven a repensar la política social desde una perspectiva más amplia.

El logro de una política de desarrollo que tenga como norte enfrentar de manera decidida y permanente la pobreza, requiere superar los esquemas reduccionistas de atención, mediante la incorporación de estrategias que definan el rumbo en el corto, mediano y largo plazo en materia social con objetivos claros y precisos con una visión orgánica e integral, que incorpore diferentes actores, no solo el Estado, sino también la sociedad civil, empresa privada, la comunidad (los pobres mismos), organismos internacionales, entre otros, en los niveles territoriales: nacional, estadal y local, de manera coordinada.

El diseño y ejecución de acciones dirigidas a enfrentar la pobreza ha de constituirse en una prioridad de Estado, toda vez que su magnitud y las secuelas que genera comprometen el presente y el futuro de la población y, en general, el desarrollo de un país, razón por la cual es un asunto que no se debe ni postergar ni intervenir con políticas únicamente asistenciales-compensatorias.

En el caso venezolano, la experiencia en la materia y las recomendaciones asociadas al desempeño de la política social, podrían puntualizarse en los siguientes planteamientos, a manera de resumen conclusivo de lo expuesto en este trabajo:

• En Venezuela no ha existido una política social dirigida decididamente al enfrentamiento de la pobreza como un problema multidimensional, multicausal, heterogéneo, complejo y estructural. Se ha orientado básicamente, en las últimas dos décadas, a la mitigación del impacto de las medidas económicas, en los sectores más sensibles a éstas. Ha prevalecido un enfoque economicista sobre el desarrollo y sus problemas, entre ellos la pobreza. Incluso las estrategias sociales más recientes, no han superado el esquema asistencial focalizado y hay aún un camino por transitar hacia la articulación de una política orgánica e integral de desarrollo social, con énfasis en el combate de la pobreza y de la exclusión.

• Por lo tanto, cualquier estrategia social alternativa ha de comenzar por superar los esquemas reduccionistas de atención, mediante la incorporación de acciones encarnadas en programas sociales que permitan aprovechar al máximo las capacidades y oportunidades de los pobres (y en general de la población, mediante esquemas universales) de manera que puedan tener una vida digna, desarrollarse plenamente como personas y ejercer sus derechos ciudadanos.

• En sus diferentes momentos, el diseño y desarrollo de la política social en el país han sido afectados por una serie de factores metodológicos, organizacionales y políticos (desvinculación entre la política económica y la social, hipertrofia institucional, carencia de recursos humanos formados para las tareas, desarticulación en los diferentes niveles territoriales, carencia de un sistema de evaluación y seguimiento, preocupación por la gobernabilidad y mantenimiento del poder político, entre otros) que han incidido en la ejecución y en los resultados alcanzados.

• Para el diseño de una política social integral son indispensables algunas condiciones que propicien un entorno favorable: un contexto macroeconómico propicio, voluntad política, consenso nacional sobre lo que es la pobreza y cómo enfrentarla, una institucionalidad sólida, un contexto que de cabida a la participación de diferentes actores, un proceso sostenido de descentralización y municipalización, entre otros.

• Entre los lineamientos que se recomiendan para la orientación de las iniciativas, destaca la necesidad de tener presente que las estrategias para la superación de la pobreza no pueden concebirse y gestionarse aisladamente, sino insertarse en el marco de un modelo de desarrollo y de una política de desarrollo social que se preocupe por potenciar el capital social, establecer mecanismos que hagan factible el enfrentamiento de la pobreza (o una parte importante de ella) desde la pobreza misma, fomentando mecanismos que garanticen la participación comunitaria; la formulación de políticas económicas favorables para los pobres, el fortalecimiento de los gobiernos locales como escenario propicio para la ejecución de estrategias dirigidas a enfrentar la pobreza; un sistema de petición y rendición de cuentas que favorezca la contraloría social y en general el empoderamiento de los pobres; además de una institucionalidad pública adecuada para el cumplimiento de los nuevos retos y un sistema de seguimiento-evaluación que dé cuenta oportunamente de los resultados e impacto social de las estrategias desarrolladas.

Para la deducción de los conceptos puros del socialismo venezolano, una unidad sintética la constituyen los indigentes, su comunidad, no es considerada en ley orgánica social alguna o ley especial sanitaria, sólo a modo genérico constitucionalmente se presumen incluidos en programas paliativos emergentes, sin seguridad social estable, atención medica psiquiátrica efectiva y eficaz, donde por obligación del estado social impartido en ¿derecho socialista? en Venezuela y familiares, de poseerlos, se les incluya al alcance, incorpore, controle, inste, -asistencia de ambas partes- e indague sobre su perfil, insertarlo, hacerle seguimiento y control en un trabajo u oficio social legítimamente genuino y revolucionario.

La disciplina de la razón pura socialista respecto de sus demostraciones. Y no, como muchas veces desde una visión de profilaxis social, con la mejor de las intenciones de contenido ético humano y estética socialista.

Es un ser humano actual de la revolución venezolana de justicia social, extraviada de dignidad, ética, valores, morales, prejuicios, perjuicios entre otros subjetivos inherentes. En su mayoría enfermos afectados que deambulan protagónicamente en el país. Ellos, en su gran mayoría padecen debido, entre otras, a razones de salud mental derivadas de estragos sociales, familiares, producto de la alienación y enajenación social explotadora a que fueron expuestos por diversas causas en el pasado y, las políticas emprendidas en la actualidad, culturales, sanitarias, educativas y de rescate, es decir, la administración social estatal no les alcanzan, les es imposible acceder a los beneficios que recién existen de la revolución bolivariana. Están completamente enajenados no se enteran de ellas.

En Venezuela se cuenta actualmente con un modesto pero cálido programa social emprendido por el gobierno, "Misión Negra Hipólita" efectivo en su figura teórica técnica solidaria concepción que ha logrado circunscribir a su valioso programa una cantidad importante de personas con este problema, y se han rescatado, pero se carece de planificada continuidad, de un cuerpo jurídico normativo institucional en esta delicada materia social de también derechos humanos tan importantes como urgentes. Ya no es suficiente este programa para la actual cohorte ellos siguen creciendo.

Que les preserve en concreto sus garantías constitucionales consagrados derechos ciudadanos y a la vez les rescate obligados legalmente, muchas veces contra su voluntad, ya que en su mayoría no pueden libremente decidir asertivamente por sí mismos. Lamentablemente nuestros hermanos están afectados, desequilibrados mentalmente. Y debemos rescatarlos, rescatando su dignidad. Es obligación social.

Deben ser atendidos más familiarmente e institucionalmente; multi-disciplinariamente, profesionalmente en extenso, en un programa persistente, estructurados a largo plazo. Incorporando el Estado Docente a ésta actividad social. En los alrededores de la Universidad Bolivariana de Venezuela por ejemplo existen en no menos de un kilómetro cuadrado 38 indigentes pululando día y noche en las calles. ¿Qué hace la Universidad al respecto, que programa emprenden?

Programas regidos desde la filosofía de la ciencia social con una ley especial suscrita a la reciente orgánica ley de educación que no lo contempla así y, en el no tan reciente proyecto Ley Orgánica de Trabajo, Salud y los anteproyectos de Cultura y Deportes tampoco, en el aquí y el ahora de la revolución bolivariana. Se espera óptimamente su inclusión integral en el desarrollo social bolivariano.

Pues es alarmante tristemente humano como viven, deambulan, mueren asesinados, en manos delincuentes, grupos de exterminio también delincuenciales enfermos sin conciencia de la realidad por no haber accedido a educación alguna. Es una obligación ciudadana y del Estado Socialista venezolano su atención.

Sus múltiples causas corresponde investigarlas exhaustivamente para elaborar filosofía sociopolítica revolucionaria, las causas detectarlas social y políticamente evitarlas desde el criterio humanista socialista, para no obviarlas y/o repetir otra actualizada versión mejorada.

También en las cárceles con sus reclusos sin el debido proceso son paraderos seguros de muchos marginados indigentes y, junto al trato a los animales y la atención social a los indigentes, son los parámetros por los que se mide una sociedad humanista, "socialista" sin importar la causa estructural -entramado- social que les llevo allí. Eso es otro tema básico importante que toca obligadamente incluirlo en las políticas sociales preventivas del revolucionario Estado actual.

Es imprescindible y, no como una fachada corporativa textual de imagen socialista sino humanista de verdad real concreta, pues su existencia al igual que las toneladas de toneladas diarias de basura donde hurgan a diario para comer, inobjetables desde hacen muchos años. Anterior incluso a la revolución y, aun persisten acentuándose constantemente. Por consiguiente es una tarea de cada uno de nosotros, de la revolución venezolana en cada ciudadano del país y de ellos mismos como afectados. De los consientes en sí mismos en cuanto a no enajenación marxista se refiere. Y de los no conscientes en sí.

Es nuestro deber y obligación junto al Estado rector. Los indigentes de la revolución los encontramos cuadra tras cuadra en las esquinas de Caracas y de toda Venezuela, jugando al malabar entre automóviles, pidiendo una moneda, dormidos entre la basura, son la innumerable cuota de pobreza y desdicha humana reflejada en sí, en alguien, en un colectivo que padece, que nadie quiere ver, pero existen y se debe ver, atender y remediar en lo posible.

Sólo así venceremos. Porción de vida, vejes o juventud a veces no tanta que se desperdicia, en la cual ya el tiempo corrompió irremediablemente por diversas causas sociales complejas, que no analizaremos ahora aquí ahora, por ser un tópico diverso y complejo entre muchas la exclusión social que es la misma pobreza critica el alcohol y las drogas.

¿De dónde provienen estos vicios en el actual estado socialista?. ¿Los legales, casinos, burdeles, tugurios de juegos, cumplen con planes de desarrollo social emprendidos? ¿Normativas de expendio? ¿El desempleo crónico? ¿Exclusión discriminatoria? ¿Causas de origen familiar? ¿Factores educativo? ¿Que las ánimas y por qué aun hoy persisten a once años de revolución social emprendida?

Y es aquí donde el Estado Docente actual en ley orgánica virtuosa en honor a su ámbito regente debe protagonizar, accionando la justicia social, sancionar el incumplimiento de normativas, actuar aun más, ya que representan la cuota-reto de compromiso con las minorías indefensas, responsabilidad social, deuda morosa a cumplir por el Estado socialista, sin saldar aún. La aplicación de la justicia social comunal a través de la Ley Orgánica del Consejo Federal Legislativo, Venezuela febrero 2010 y la Ley Orgánica de Consejos Comunales 2009.

Su importante urgencia se torna diletante en la administración burocrática legislativa en cuanto a derechos humanos se refiere, como garantiza y obliga agregarse en la confección articulada en título del anteproyecto "sistema integral nacional de salud" y trabajo socialista que actualmente se estimula e impulsa intentando desarrollar para Venezuela un mejor índice de calidad de vida también para con los excluidos de siempre. Hable con 17 de ellos y así lo manifestaron. "desean no pasar tanta hambre y penurias…Ser tomados en cuenta…" "están dispuestos a trabajar… con la revolución".

La "comuna" en implementación por lo tanto para ello, debe contener una dinámica de conformación planificada organización perenne de solidaria integración entre las familias de las personas afectadas conjuntamente al Estado, programas, bienes y servicios sociales, educativos, culturales y de salud como objetivos sociales loables. Es inherente a la cultura nacional en parte de su heterogenia diversidad cultural. Los indigentes deben ser atendidos y, las diversas instituciones creadas avocadas a ello, así como el ministerio del poder popular para la cultura, de educación, trabajo y salud en los aspectos más esenciales de su doctrina demuestren que sirvan asertivamente en la consolidación del hombre humanista nuevo para la prevención del delito y reinserción social de "pacientes" por conceptualizar el término "indigentes".

La comunidad de marginales críticos se derivan de núcleos familiares desintegrados por los programas capitalistas de los años 1960 y antes, sin figura paterna estable familiar como célula básica social donde la madre fue impulsada al campo de trabajo explotador obligada marginada por la sociedad era maltratada excitada por el consumo alienante y enajenador, sin tiempo libre para su familia, sin justicia social en salud y educación y condiciones laborales indignas, el hombre también afectado evadiendo su rol paterno y subempleado, es un problema estructural de acción social; un estado con una educación familiar de una sociedad de subdesarrollo heredado de la cuarta república, que puede después de once años empezar a ser propio de la revolución transicional hacia el socialismo.

Un problema del estado comunal socialista actual. Así el excluido social venezolano de la década de los 60-70-80s es un claro ejemplo. ¿Quién es hoy en día? Un indigente de 40 a 60 años promedio, o delincuente si quizás no ha muerto en consecuencia.

Pero ¿El Estado decente-docente socialista emerge ahora? ¿Desde Leyes Orgánicas contra la cultura de la miseria humana? Prevenir es corregir ahora y, el cuadro presente de indigentes y delincuentes en Venezuela así lo confirman, centenares de indigentes en el país se estiman como un componente social heredado y, también de la transculturización mediática traducida como subdesarrollo, en vicios analfabetismo, pobreza crítica en altas tasas de incremento por un inadecuado sistema educativo excluyente para un lamentable cuadro cultural de indigencia y delincuencia de interés capitalista promovida por el expansionismo inhumano creciente de los imperios a través de injerencias sesgadas sociales para la implantación de intereses de capital, interés foráneo en detrimento nacional.

Intereses expansionistas en transnacionales debilitando el estado la familia y su sociedad, su cultura, moral e identidades nacionales distorsionadas en valores fragmentados alienantes. Conjuntamente los recursos naturales nacionales al servicio tecnócrata de industrias capitalistas para biotecnologías, guerras, influencias culturales políticas e ideológicas imperialistas, en consecuencias ignorancia, pobreza crítica, carestías de medios básicos de vida familiar exclusión, incapacidad laboral, desempleo profundo todo un cuadro de subdesarrollo entre otras tendencias fetichizadas y enajenadoras de la explotación del obrero.

Y las drogas plantadas en el inconciente colectivo como salida exitosa, una evasión sin rumbo impuestas por el capital neoliberal.

Anteriormente con un estado entreguista promulgante de una esclavista ley de educación, salud y trabajo que representó la corrupción administrativa opresora, clasista y excluyente del pueblo. Crecía geométricamente fomentándose con decenas de vicios, licorerías, casinos, bares, entre otros como centros de corrupción social que preparaban al pueblo alistándolos para su entrega explotadora a los medios de capital neoliberal.

En consecuencias para la delincuencia e indigencia funcional o, en el mejor de los casos asistir a los centros de reclusión social del sistema penitenciario venezolano.

Los afectados sociales "indigentes" deben ser no solo incluidos, sino tratados efectiva real y concretamente rescatados reinsertados comunitariamente productivos, considerarlos en leyes de cultura, trabajo, salud, educación, deportes y ámbitos anexos socialistas por ser seres humanos y ciudadanos venezolanos. No sufragan mayoritariamente en elecciones ni participan en política alguna pero importan significativamente como manifestación superior del humanismo real socialista. Y, para eso es el "socialismo del socialismo" para el conjunto del inconsciente colectivo ignorante indigente y para el colectivo revolucionario ilustrado consiente. El estado lucido comunal socialista en acción.

Cuadro comparativo sobre las políticas de exclusión e inclusión social en Venezuela 1959-2007

Autor:

Pedro Armando Martínez

Lilian Sanabria Araujo

Jesús David Dávila

José Alexander Villamizar

Enviado por:

Donkan Fenix

Barinas, Octubre de 2010