Estado ecuatoriano ante discapacidades

Antecedentes históricos

En el Ecuador, la atención específica a personas con discapacidades inició aproximadamente hace medio siglo por iniciativa de algunos padres de familia que en búsqueda de soluciones para el problema de sus hijos, encuentran en los países desarrollados nuevas alternativas para su cuidado, las mismas que para ser aplicadas requerían de la organización privada de estos. Es más tarde, en los años 60, donde se registran las primeras tentativas gubernamentales por cubrir éstas necesidades y, se da paso a la intervención técnica y sistematizada de algunas entidades gubernamentales que se encargaron de la creación de las primeras Escuelas de Educación Especial, en un intento por garantizar algunos de los derechos de las personas discapacitadas, especialmente en los ámbitos de educación, salud e inserción laboral.

No obstante, a pesar de los esfuerzos realizados en éste sentido, no fue posible el que se alcanzaren notables progresos en la materia, puesto que, si bien el Estado había emprendido en éste tipo de acciones para mejorar la situación de éstas personas, dichas acciones carecían de sustento legal e institucional, en vista de que Estado de esa época, no reconocía a los discapacitados como un grupo vulnerable y, por ende, no tenía como una de sus obligaciones y/o prioridades su atención.

Es recién en la década de los años 70 en la que, gracias a las favorables condiciones económicas relacionadas con el boom petrolero, el sector público desarrolla importantes acciones en los campos de la educación, salud y bienestar social de los discapacitados, creándose varios servicios, organismos administrativos y reglamentaciones a favor de éstas personas. Ejemplo de ello es la creación en 1973 del CONAREP -Consejo Nacional de Rehabilitación Profesional-, que se encargó por primera vez de la formación ocupacional e inserción laboral de personas con discapacidades. De igual manera, en 1977 se expide la "Ley General de Educación", normativa en la que se puntualizó como responsabilidad del Estado a la Educación Especial para las personas con discapacidades. Por otro lado, en abril de 1979 se crea la "Unidad de Educación Especial"[1], con lo cual queda completamente garantizado éste derecho. Nada de esto hubiera sido posible, si en el ámbito constitucional no se hubiera dado lugar a la garantía de ciertos derechos que en constituciones anteriores no se mencionaban. En efecto, si bien la Constitución Política del Ecuador del año 1978 y su sucesora la de 1979, no hacen alusión directa a la protección que debe brindársele a éste grupo vulnerable de la población, en cambio si garantizaban al menos en el papel, el acceso a la educación y salud sin discriminación alguna de todas las personas consideradas como ecuatorianas[2]

No obstante, a pesar de registrarse un panorama alentador, la carencia de una planificación integral por medio de la cual, tanto instituciones públicas como privadas, persiguieren objetivos en común y ejecutasen acciones concretas encaminadas a la eliminación de las barreras a las que históricamente debieron enfrentarse las personas con discapacidades, impidieron que el efecto de las acciones que anteriormente se mencionaron, haya sido totalmente efectivo, pues aunque en efecto, las condiciones de vida de éste grupo poblacional mejoraron, aún fueron sujeto de discriminación social sobre todo en el ámbito laboral y de movilización.

El 5 de agosto de 1982, se expide la "Ley de Protección del Minusválido", mediante la cual se crea el DINARIM –Dirección Nacional de Rehabilitación Integral del Minusválido", institución a la que se le asigna la rectoría y coordinación nacional del trabajo que sobre discapacidades se realizaba en el país bajo la administración del CONAREP[3]Simultáneamente, en el sector privado, también se llevaron a cabo nuevos esfuerzos en la materia. Sin embargo, una vez más, los variados esfuerzos realizados se caracterizaron por ser desordenados, con duplicidad de acciones, dispersión de recursos y desarticulación de acciones.

A pesar de ésta situación, ocurre un hecho fundamental a finales de los 80`s y fue la creación del CIASDE –Comisión Interinstitucional de Análisis de las Discapacidades en el Ecuador-, que en 1989 por iniciativa del INNFA y los Ministerios de Salud, Educación y Bienestar Social, promovió a través de sus delegados un trabajo interdisciplinario e interinstitucional que en 1991 dio a luz al "I Plan Nacional de Discapacidades". Adicionalmente, el 10 de agosto de 1992, se expide la "Ley 180 sobre Discapacidades", por medio de la cual nace el CONADIS –Consejo Nacional de Discapacidades-, entidad autónoma con el mandato legal de dictar políticas, coordinar acciones e impulsar investigaciones sobre la problemática de las personas con discapacidades en el país.

Con soporte en estos hechos trascendentales, se da inicio a una profunda transformación en la década de los 90, en la que el CONADIS da paso a la formulación y ejecución de acciones concretas a nivel nacional, fundamentalmente en lo que se refiere a la expedición de políticas y normativas[4]a la organización y el fortalecimiento de las organizaciones de personas con discapacidades[5]a la creación de la Red Nacional de ONG"s del país, al establecimiento de mecanismos de coordinación de las entidades públicas y privadas, a capacitaciones, a la recolección de información y a la sensibilización comunitaria sobre éste tema. Como complemento de estas acciones, la Constitución Política del Ecuador de 1998 por primera vez reconoce a la población discapacitada como un grupo vulnerable que requiere de la atención del Estado, siendo éste el avance más destacable de la época. Más en la práctica, una inmensa mayoría de estas personas vivía prácticamente en el olvido y sin protección estatal de ningún tipo, pese a que en 2005, se llevó a cabo una nueva investigación sobre el tema y se elaboró el "II Plan Nacional de Discapacidades", cuyo principal objetivo fue hacer efectivas todas aquellas medidas adoptadas en el país sobre éste tema, lo cual jamás sucedió[6]

En la actualidad, se ha dado un nuevo brío a las políticas y acciones destinadas a mejorar efectivamente las condiciones de vida de estas personas y, se ha reconocido constitucionalmente a los discapacitados como un grupo de atención prioritaria en donde se dedica una sección entera que detalla sus derechos y las obligaciones del Estado para con ellos[7]El gobierno ha declarado la formulación de la política pública sobre discapacidades como un eje transversal de la estructura del sector público y, ha puesto en marcha políticas y programas públicos en favor de la inclusión de las personas con discapacidades en todas las esferas de la sociedad, entre ellas el acceso al mercado laboral[8]

En éste sentido, varios de los ejes del programa "Ecuador sin Barreras", apuntan a la inserción laboral y a la equiparación de oportunidades para las personas de éste significativo grupo de la población[9]mientras que por otro lado, varias de las normativas recientemente instauradas como por ejemplo la "Ley del 1×1", apuntan a garantizar algunas plazas de trabajo fijas para estas personas. Estos hechos no hacen otra cosa que poner de manifiesto, al menos por el momento, la clara intención del actual gobierno de instaurar una verdadera política de Estado a pro de la atención prioritaria a las personas con discapacidades. No obstante, es aún prematuro aventurarse a descartar o afirmar que efectivamente se está logrando cumplir con éste cometido.

Situación actual de la intervención gubernamental en pro de la inclusión de las personas con discapacidades al mercado laboral en el Ecuador y América latina

En la actualidad, se estima que existen alrededor de 600 millones de personas discapacitadas en todo el mundo que conformar aproximadamente el 10% de la población mundial. De éste porcentaje, alrededor del 80% de personas viven en países en desarrollo en donde se enfrentan a una situación de marginalización social, económica y política aplastantes, sin que los gobiernos, en general, hayan puesto real énfasis en otorgarles las condiciones mínimas indispensables que les permitiese alcanzar un desarrollo integral en un marco digno e igualitario. En otras palabras, no se han hecho los esfuerzos necesarios por pasar de la simple literatura al accionar concreto.

En efecto, en América Latina, donde se estima que existe una población que asciende a 300 millones de personas, de las cuales al menos 30 millones tienen una discapacidad[10]ha existido un accionar gubernamental más bien paternalista que ha buscado dar soluciones de corto plazo a los problemas que aquejan a éste grupo de la población y, han descuidado la formulación e implantación de soluciones concretas, permanentes y sostenibles en el tiempo, como parte esencial de una verdadera Política de Estado.

Resulta alarmante constatar que cerca del 20% de los casos de pobreza que se registran en el América Latina –caracterizados por condiciones de pobreza extrema y violaciones a los derechos económicos, sociales y culturales de las personas-, tienen relación directa con la discapacidad, lo cual pone de manifiesto, la escasa atención e incluso el abandono al que históricamente ha sido sometido éste importante grupo de la población, en lo que tiene que ver con la formulación de leyes, normativas y políticas públicas específicas cuya finalidad sea garantizar sus derechos e inclusión en la sociedad[11]Ésta situación puede constatarse gracias a que, es precisamente, en las poblaciones que viven en la línea de la pobreza, en donde como consecuencia de la desnutrición, condiciones de vivienda inapropiadas, condiciones de trabajo inferiores, carencia de acceso a servicios de salud y agua potable y, la imposibilidad del acceso a la instrucción y los recursos; el riesgo de sufrir lesiones o malformaciones que deriven posteriormente en discapacidades es muy elevado[12]

Enmarcándonos ya en lo que se refiere al acceso de las personas discapacitadas al mercado laboral latinoamericano y, considerando que el principal problema al que éstas personas se enfrentan no es precisamente su deterioro particular, sino más bien el estigma social, la discriminación y la inexorable violación de sus derechos; éste es quizá uno de los derechos socioeconómicos que hasta antes de los años 90 menor atención y promoción ha recibido por parte del Estado. A su vez, ha sido uno de los derechos del trabajador que menos se ha cumplido por parte de la empresa privada, a pesar de leyes y normativas específicas sobre la contratación de personas con discapacidades en varios países latinoamericanos y, la obligación para con sus trabajadores en el sentido de concederles salarios justos, el derecho y la garantía del ascenso y la promoción, el reparto justo de las utilidades, etc.

Sin embargo, como se mencionó anteriormente, ésta realidad ha dado un giro importante especialmente a partir del año 2000, al menos con lo que tiene que ver con el rol que debe cumplir el Estado en ésta materia. Si bien, las leyes y normativas de las que se hace mención fueron escazas e incluso incompletas, es en la última década que se registra un impulso trascendental de las mismas gracias al soporte constitucional que se les ha dado y a los esfuerzos por lograr la cohesión entre éstas y otros instrumentos de política a favor de la formulación de una verdadera Política de Estado. No obstante, es en varios países de América del Sur, México y Costa Rica, en donde se registran mayoritariamente dichos avances, no así en el resto de países latinoamericanos, en donde dichos esfuerzos aún no se encuentran totalmente articulados y carecen de una adecuada coordinación lo que ocasiona muchas veces duplicidad de funciones[13]

En efecto, es en ésta última década en donde el Estado ha cumplido de manera mucho más eficiente y efectiva su rol como ente regulador y formulador de instrumentos, políticas y programas públicos multisectoriales, con el objetivo de garantizar la inclusión social y la suficiencia de oportunidades para las personas discapacitadas. En la actualidad, a diferencia de épocas pasadas, los estados han empezado a superar la mentalidad paternalista que operaban, accionar con el que buscaban apoyar el desarrollo de éste grupo de la población en condiciones dignas, llegando en muchos de los casos a confundir dignidad como gratuidad. Por citar un ejemplo, en el Ecuador, por las condiciones de extrema pobreza en la que se encontraban la gran mayoría de éstas personas, el gobierno emprendió un programa por medio del cual les otorgaba una subvención económica denominada "Bono de Solidaridad". Sin embargo, éste era un programa aislado que no formaba parte de ningún programa integral que persiguiere mejorar sus condiciones de vida, peor aún fue planificado como un programa que les garantizase un medio de subsistencia temporal mientras encontraren una plaza de trabajo bajo el soporte de la promoción de su inclusión en el mercado laboral por parte del Estado[14]Podría decirse que simplemente fue una medida paliativa que le permitió al Estado "salir del paso".

Hoy en día, a más del reconocimiento y la garantía de los derechos de las personas discapacitadas consagrados en las respectivas Constituciones Políticas de cada uno de los países –especialmente los sudamericanos-, los estados han realizado notables esfuerzos por dotar de institucionalidad a éste sector, facilitando de éste modo, la instauración de instrumentos, políticas y programas que han hecho paulatinamente posible un servicio mucho más eficiente y efectivo hacia éste grupo de la población. Ejemplos de éste tipo son: la conformación del Consejo Nacional de Discapacidades (CONADIS), como órgano de coordinación y ejecución a nivel nacional de políticas específicas para discapacitados en el Ecuador, así como la formulación del "Plan Nacional de Discapacidades (1993 y 2005)" –por parte del CONADIS-, respaldado por el "Plan Nacional del Buen Vivir (2007-2010)" –elaborado por la Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo (SENPLADES), órgano rector de la planificación a nivel nacional-. Así mismo está la instauración del Consejo Nacional para la Integración de Personas con Discapacidades (CONADIS), ente formulador y operador del "Plan Nacional de Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad (2003-2007)" en el Perú y, la formulación e implementación del "Plan Nacional de Intervención en Discapacidad (2005-2007)" promovido por el "Programa de Apoyo a la Discapacidad", éste último eje esencial de la "Política Nacional de Discapacidades" en Colombia. Está también la conformación de la "Comisión Nacional Asesora para la Integración de personas Discapacitadas" en Argentina y, el establecimiento del "Servicio Nacional de la Discapacidad", rector del "Fondo Nacional de Discapacidades (2010)" encargado de brindara asistencia técnica a los discapacitados en Chile, entre otros.

De manera que, en términos generales, es responsabilidad de éstas instituciones la formulación, ejecución y el seguimiento de las políticas generales y sectoriales, así como de sus respectivos programas públicos, en materia de la garantía y promoción de la accesibilidad, la inclusión e integración social, la atención y prevención de las discapacidades, etc., con el propósito de elevar la calidad de vida de éstas personas. Así mismo, son las encargadas de coordinar las acciones públicas y privadas a favor de éste grupo de la población. Todo esto amparado bajo un paraguas legal y político muy fuerte en cada uno de estos países de los cuales se ha hecho mención.

En el ámbito laboral, estas instituciones y sus respectivos gobiernos han estipulando que el trabajo es un derecho y una obligación social que goza, en todas sus modalidades, de la especial protección del Estado, siendo el llevar a cabo una política de previsión, rehabilitación, promoción e integración social, parte de sus responsabilidades para con los disminuidos. Así mismo, es el Estado el llamado a prestarles la atención especializada que requieran, ya sea en salud, educación, accesibilidad, etc.[15]. Por otro lado, existe un renovado compromiso por hacer efectivos convenios regionales e internacionales tales como la "Convención Interamericana para la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad (1999)" y la "Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (2006-2008)" auspiciada por el Programa de las Naciones Unidas[16]aunque en países como Paraguay por ejemplo, los fondos destinados a los planes nacionales de discapacidad apenas y llegan a representar el 1% del presupuesto nacional anual[17]

Sin embargo, aún existe un largo camino por recorrer para que las iniciativas antes mencionadas se efectivicen al ciento por ciento, pues aunque, en efecto, el enfoque del manejo estatal ha mudado de aires y, hoy en día, el Estado cumple un papel mucho más activo y empieza a dejar de lado el paternalismo al que estuvo acostumbrado en ésta materia; existen todavía problemas estructurales que no han hallado solución. Por citar un ejemplo, en Brasil, las personas con necesidades especiales enfrentan aún muchas dificultades previo su ingreso al mercado laboral, empezando por las penurias que deben sobrellevar a la hora de emprender su preparación académica. En estos centros educativos son aún sujeto de discriminación por parte de profesores y alumnos, así como de la imposibilidad de movilizarse pues no existen facilidades técnicas en las instituciones para aquello, a pesar de las reformas legales que en ese sentido se han hecho. Esta realidad provoca muchas veces la deserción escolar de estas personas y con ello el acrecentamiento de las dificultades a las que se enfrentan a la hora de encontrar una plaza de trabajo. De igual manera, la falta de información y de conciencia social por parte de los potenciales empleadores, son otros de los causales para que el insertarse al mercado laboral sea aún una tarea difícil para estas personas, a pesar de la política de sanciones y obligaciones que les es impuesta a los empresarios por parte del gobierno de ese país[18]

En éste contexto, Ecuador es quizá el país latinoamericano que más avances ha alcanzado particularmente en los últimos tres años. El Estado ha abandonado el paternalismo al que se había acostumbrado y, de a poco ha empezado a cumplir con su rol como ente regulador y formulador de políticas públicas – por lo menos esa ha sido la intención-. No obstante, los resultados de las medidas adoptadas son aún inciertos, debido a que, el período de tiempo que llevan ejecución es de apenas 3 años, por lo que, es improbable que se pueda realizar una adecuada evaluación de sus efectos en tan corto plazo. Sin embargo, en términos generales, puede señalarse que la situación de estas personas es visiblemente mejor en comparación a la que se registraba no muy atrás. Por supuesto, aún persisten signos que evidencian lo contrario sobretodo en el ámbito laboral en donde perduran elementos como la discriminación social, la carencia de oportunidades y el incumplimiento de leyes y normativas que buscan garantizarles acceso y estabilidad laboral. A pesar de esto, lo relevante de la situación ha sido la erradicación de la "invisibilidad" a la que fueron sometidos tiempo atrás y el empeño gubernamental por dotarles de lo indispensable para hacerlos productivos y competitivos en el mercado laboral tanto público como privado[19]

Entre los avances más relevantes se encuentran: La declaratoria de emergencia del "Sistema de Prevención de Discapacidades"[20] en 208, por medio del cual, el Gobierno Nacional a través de la Vicepresidencia de la República toma a su cargo la formulación de la política pública sobre discapacidades como uno de los ejes transversales de la estructura del sector público, desarrollando su gestión en cooperación con instituciones como el Consejo Nacional de Discapacidades (CONADIS), el Ministerio de Inclusión Económica y Social, los Ministerios de Educación y Salud Pública y, el Ministerio de Relaciones Laborales.

Así mismo está la aprobación de la "Nueva Constitución Política del Ecuador" en 2008, instrumento mediante el cual se garantizaron derechos específicos para las personas con discapacidades y adicionalmente se decretaron leyes, normativas y regulaciones tales como la "Ley sobre Discapacidades del Ecuador[21]las "Regulaciones para el Registro de las Personas con Discapacidad" y la "Ley Reformatoria del Código Laboral[22]todas estas en favor de la generación de nuevas plazas de trabajo, la garantía del acceso y la estabilidad laboral y el cumplimiento de normativas y leyes por parte de la empresa privada y el sector público.

Por otro lado, debe destacarse la implementación del programa gubernamental "Ecuador sin Barreras", cuya misión fundamentalmente se centra en la inclusión social de las personas discapacitadas, el control del cumplimiento de los derechos de éstas personas en la sociedad y generar las herramientas necesarias para mejorar su condición de vida[23]El programa consta de 8 ejes fundamentales, cinco de ellos directamente relacionados con la inclusión de estas personas al mercado laboral[24]Finalmente, resulta pertinente el destacar las acciones de los programas "Misión Solidaria Manuela Espejo" y "Bono Joaquín Gallegos Lara", a través de los cuales se han identificado y han comenzado a atender a las personas con discapacidad en los rincones más recónditos del país. Éste último como una iniciativa de inversión en la atención de personas con discapacidad intelectual o física severa, mediante la entrega de un bono de USD 240 a los familiares encargados de su cuidado, evitando que estos salgan a trabajar y más bien dediquen todos sus esfuerzos en su atención[25]

Planes y programas vigentes

Entre los Planes y programas destinados a la inclusión laboral de las personas con discapacidad se pueden destacar los siguientes:

• "Primer Registro Nacional Sobre Inclusión Laboral De Personas Con Discapacidad": Este proyecto, impulsado por la Vicepresidencia de la República pretende realizar una investigación en 7077 empresas privadas que en su nómina sobrepasen los 25 trabajadores, en las 24 provincias del Ecuador, con el objetivo de determinar el nivel de inclusión existente, en torno a la reforma de la ley de la República, que exige la inclusión laboral de personas con discapacidad en forma porcentual a las empresas públicas y privadas.

• II Plan Nacional de Discapacidades, el cual propone un Marco Normativo, políticas generales y sectoriales y normativas nacionales de accesibilidad, la consolidación del CONADIS como organismo principal en el sector de las discapacidades: Dentro de esta propuesta se incluyen políticas de: Comunicación Social, Información y Sensibilización, Capacitación y Asistencia Técnica, Defensa de Derechos, Accesibilidad al Medio Ambiente, Movilidad, Atención a personas con discapacidad en situación de pobreza.

• En cuanto al tema de género, se ha promovido la "Campaña de fortalecimiento de los Comités de Mujeres con Discapacidad Física" dentro de las asociaciones de FENEDIF (Federaciones Nacionales de y para la Discapacidad). La campaña se lo hizo en 20 provincias en donde se encuentran las 34 asociaciones de la FENEDIF.

• Con la colaboración de la empresa privada y el sector público, se llevó a cabo el proyecto "Jornadas Mujer Discapacidad – LA PRIMERA JORNADA SOBRE LA PROBLEMÁTICA BIO-PSICO – SOCIAL DE LA MUJER CON DISCAPACIDAD FÍSICA.

• De igual forma el proyecto "Creación de Tele-centros en el medio rural y Feria de Empleo "Cree en Mi", la Feria se convirtió en un espacio de visualización de colectivo de la, como un grupo humano que aporta al desarrollo del país.

Política y normativas puntuales

Entre las más importantes se encuentran las siguientes:

Es un requisito indispensable del capital físico de una empresa, el que se invierta en la instalación de fábricas, talleres, oficinas y demás lugares de trabajo, diseñados en base a medidas de prevención, seguridad e higiene del trabajo, además de otras disposiciones legales y reglamentarias particulares, tomando en consideración, además, las normas que precautelan el adecuado desplazamiento de las personas con discapacidad, así como las facilidades que deben dárseles para el correcto desempeño de sus actividades.

El empleador público o privado que cuente con un mínimo de veinte y cinco trabajadores, está obligado a contratar, al menos, a una persona con discapacidad, en labores permanentes que se consideren apropiadas en relación con sus conocimientos, condición física y aptitudes individuales, observándose los principios de equidad de género y diversidad de discapacidad, en el primer año de vigencia de esta Ley, contado desde la fecha de su publicación en el Registro Oficial. En el segundo año, la contratación será del 1% del total de los trabajadores, en el tercer año el 2%, en el cuarto año el 3% hasta llegar al quinto año en donde la contratación será del 4% del total de los trabajadores, siendo ese el porcentaje fijo que se aplicará en los sucesivos años.

El contrato laboral deberá ser escrito e inscrito en la Inspección del Trabajo correspondiente, que mantendrá un registro específico para el caso. La persona con discapacidad impedida para suscribir un contrato de trabajo, lo realizará por medio de su representante legal o tutor. Tal condición se demostrará con el carné expedido por el Consejo Nacional de Discapacidades (CONADIS).

Las empresas e instituciones, públicas o privadas, para facilitar la inclusión de las personas con discapacidad al empleo, harán las adaptaciones a los puestos de trabajo de conformidad con las disposiciones de la Ley de Discapacidades, normas INEN sobre accesibilidad al medio físico y los convenios, acuerdos, declaraciones internacionales legalmente suscritos por el país. Las instituciones públicas y privadas, en un plazo no mayor a seis meses, deberán realizar las adecuaciones respectivas que garanticen a las personas con discapacidad, un ambiente de trabajo de productividad y permanencia[26]

El Estado garantizará la inclusión al trabajo de las personas con discapacidad, en todas las modalidades como empleo ordinario, empleo protegido o autoempleo tanto en el sector público como privado y dentro de este último en empresas nacionales y extranjeras, como también en otras modalidades de producción a nivel urbano y rural.

La principal finalidad se encuentra encaminada a fortalecer a las Federaciones Nacionales de y para Personas con Discapacidad y de la Red de Organizaciones No Gubernamentales, para elevar su nivel de participación en la solución de problemas de las personas con discapacidad del país.

Discriminación laboral en cifras

Lamentablemente, Ecuador no cuenta con estadísticas que le permitan conocer con certeza los niveles de inclusión laboral de las personas con discapacidad en las empresas, y así dar un seguimiento real a lo que establece la Constitución del Ecuador.

La encuesta ENEMDUR (Encuesta de empleo, desempleo y subempleo urbano y rural) no tiene una pregunta que aclare el tipo de discapacidad que sufre una persona. En esta circunstancia, la capacidad de un análisis estadístico a mediano y largo plazo y la elaboración de políticas específicas al tipo de discapacidad es limitada.

Las estructuras y los programas "especiales", separados o paralelos, en general, aún cuando son necesarios e importantes, dan cobertura solamente a un 3 a 4% de las personas con discapacidad.

Resultados

En cuanto a resultados se puede mencionar que 1.778 personas discapacitadas a nivel nacional han sido insertadas al empleo regular en 2005. Y para el 2009 se lograron insertar y reinsertar a 3000 personas con discapacidad[27]

• Primer Registro Nacional Sobre Inclusión Laboral De Personas Con Discapacidad (Pichincha 6 de noviembre del 2009 al 15 de diciembre del 2009)

Gráfico 1

Fuente: Vicepresidencia de la República

Según las estadísticas, en la Provincia de Pichincha la inclusión laboral de este sector social es mínima, siendo el sector de los servicios el que más acoge a personas con discapacidad.

Gráfico 2

Fuente: Vicepresidencia de la República

Un limitante en cuestión de inclusión laboral es el nivel de estudios de los individuos, ya que la mayoría de ellos solo han terminado su educación básica y secundaria, lo cual limita el campo laboral en el que se pueden desempeñar, por lo que si se quiere llegar a una mayor inclusión de este sector, se debe comenzar con la capacitación de estas personas.

Gráfico 3

Fuente: Vicepresidencia de la República

De igual manera se debe instituir normas de capacitación dentro de las empresas contratantes.

Gráfico 4

Fuente: Vicepresidencia de la República

Otro limitante es la infraestructura, ya que es importante facilitar a este sector su movilidad y acceso a sus lugares de trabajo.

Conclusiones y recomendaciones

• CONCLUSIONES.

• 1. El mercado laboral es discriminatorio frente a discapacitados, dada la limitada información estadística sobre este grupo no fue posible hacer un análisis más amplio.

• 2. En los últimos años, se han obtenido avances significativos en cuanto a inclusión de personas con discapacidades al mercado laboral, gracias al gran apoyo de instituciones que han logrado avances legislativos laborales importantes.

• 3. La manera más efectiva de promover la inclusión de las personas con discapacidad es remover las barreras que en la actualidad no les permiten tener tal participación. Estas barreras pueden ser físicas, sociales y culturales.

• 4. Muchos estudios (encuestas) dirigidos a personas activas de la PEA, no contienen preguntas sobre discapacidad. Esto hace particularmente difícil, además, un análisis en el tiempo que evalúe si su situación ha cambiado.

• RECOMENDACIONES.

• 1. En general es bien sabido que el trabajo siempre ha sido un bien escaso sobretodo en países en desarrollo como el Ecuador, y que son todavía más escasos los puestos de trabajo al alcance de las personas con discapacidad. En éste contexto, son las autoridades u organismos públicos los llamados a adoptar medidas orientadas a la óptima incorporación al mercado de trabajo de las personas con discapacidad, así como todas aquellas medidas necesarias para el mantenimiento de los puestos de trabajo ocupados por ellas.

De manera que, aquellos organismos encargados de la formulación de políticas públicas específicas sobre éste tema, requerirán de una visión lo suficientemente clara como para poder identificar aquellos problemas a los que se enfrentan día a día estas personas, con la finalidad de poder tener claro el objetivo de la política que se desee implementar, los instrumentos que se desean manejar para efectivizar éste objetivo, la temporalidad y la cobertura que tendrá esta y, finalmente, el resultado que se espera de ella.

• 2. Los hacedores de políticas públicas deben reflexionar sobre el hecho de que la discapacidad es una cuestión de derechos humanos más no una acción caritativa para con un grupo invisibilizado de la sociedad. Las personas con discapacidad desean la igualdad de oportunidades, por lo que, los viejos enfoques basados en gran medida en la compasión y en la indefensión deben empezar a considerarse como inaceptables. La acción debe girar hacia una concepción global que abogue por la modificación de la sociedad para incluir y acomodar las necesidades de todos los ciudadanos, incluidas las personas con discapacidad.

• 3. Uno de los fines fundamentales que debe perseguir cualquier política en favor de la inserción laboral y, en general, de la inserción de las personas con discapacidades a cualquiera de las esferas de la sociedad, es la concienciación sobre los derechos de protección contra la discriminación de las personas con discapacidad en el resto de la población, puesto que, si esta es escasa, poco o nada podrá lograrse a través de políticas desinadas a incentiven la inserción de estas personas.

• 4. Por otro lado, debe tenerse muy presente a la hora de formularse políticas públicas que como en todos los ámbitos de la sociedad, las personas con discapacidad forman un grupo muy variado de personas con necesidades específicas que no necesariamente son idénticas para unas y otras, por lo que, únicamente funcionarán aquellas políticas que respeten esta diversidad en el grupo.

• 5. Finalmente, debe reconocerse que para lograr la igualdad para las personas con discapacidad, el derecho a no ser discriminado debe ser complementado con el derecho a beneficiarse de medidas diseñadas para garantizar su independencia, integración y participación en la vida social.

Bibliografía

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MORENO, Lenin (2009), "Misión Manuela Espejo", Vicepresidencia de la República del Ecuador, disponible en: http://www.vicepresidencia.gob.ec/programas/manuelaespejo/mision

Autor:

Edison F. Narváez T.

Luis Eduardo Totoy B.

[1] CONSEJO NACIONAL DE DISCAPACITADOS (CONADIS), “II Plan Nacional de Discapacidades”, Gobierno Nacional del Ecuador, Quito, Noviembre 2005, p. 13.

[2] Tomado de los artículos 19 y 27 de la Constitución de la República del Ecuador de 1978.

[3] Op.cit., p. 14.

[4] Constituye la definición de las respectivas competencias sectoriales y promoción del cumplimiento progresivo de las mismas.

[5] Esto se dio a través de la conformación de 4 federaciones nacionales: FENEDIF, FENCE, FENASEC y FEPAPDEM.

[6] Hecho que jamás se dio en la práctica pues a toda política impulsada con ese fin se le dio una prioridad minoritaria por sobre otras políticas de Estado que quizá tenían menor importancia desde el punto de vista social como lo es el pago de la Deuda Externa.

[7] Estos derechos y deberes constan en los articulados 47, 48 y 49 de la Constitución Política del Ecuador de 2008.

[8] MORENO, L. (2007), “Programa Ecuador sin Barreras”, disponible en: http://www.vicepresidencia.gob.ec/programas/ecuadorsinbarreras/ecuador-sin-barreras

[9] En efecto, según información estadística del CONADIS, aproximadamente 12% de la población total del Ecuador sufre de alguna discapacidad, ya sea ésta física, mental, auditiva, etc.

[10] Banco Mundial (2004), “Population Dynamics”, Washington D.C., disponible en: http://worldbank.org/data/wdi2004/tables/table2-1.pdf; Latin America and the Caribbean, Washington, 2004, en http://www.developmentgoals.org/Latin_America_&_the_Caribbean.htm

[11] Op. cit., ref. 7.

[12] ABELL, H. (1999), "The poorest first: Activities to help people in greatest need", World Health Forum, pp. 182-187.

[13] MALDONADO, S. (2005), “¿Exclusión o Discriminación? El Caso de las Personas con Discapacidad en el Mercado Laboral Peruano”, Observatorio de la Economía Latinoamericana, pp.14.

[14] VOS, R. (2000), “Ecuador 1999: Crisis económica y protección social”, Estudios e informes del SIISE, Quito-Ecuador, p.48.

[15] GROCE N., GANNOTTI M. (2008), “Marginados de la sociedad: los discapacitados de América Latina”, The International Development Research Centre, pp. 18-20.

[16] En América del Sur, llegado el mes de agosto de 2010, la Convención había sido ratificada por Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Ecuador, Paraguay, Perú y Uruguay.

[17] ESCOBAR, Guillermo (2008), “Situación de las Personas con Discapacidad en Iberoamérica”, Federación Iberoamericana del Ombudsman (FIO), p.53.

[18] PASTORE, J. (2008), “Oportunidades laborales para las personas con discapacidad”, Universidad de San Pablo, Río de Janeiro, disponible en: http://www.disabilityworld.org/09-10_01/spanish/trabajo/brazil

[19] Esta realidad se refleja en las políticas y estrategias adoptadas por el programa “Ecuador sin Barreras” que se detalla más adelante.

[20] Mediante Decreto Ejecutivo del 7 de julio de 2008.

[21] Que entre otras cosas estipula la obligatoriedad a la que deberán sujetarse las empresas para la contratación de personas minusválidas en el orden del 1% del total de trabajadores de la misma.

[22] AGENCIA PÚBLICA DE NOTICIAS DE ECUADOR Y SURAMÉRICA(2009) ,”Ecuador impulsa políticas públicas a favor de los discapacitados”, disponible en: http://andes.info.ec/sociedad/ecuador-impulsa-politicas-publicas-a-favor-de-discapacitados-192.html

[23] MORENO, Lenin (2007), “Programa Ecuador sin Barreras”, Vicepresidencia de la República del Ecuador, disponible en: http://www.vicepresidencia.gob.ec/programas.

[24] Estos son: Equiparar oportunidades, Registro de personas discapacitadas, Salud sin Barreras, Educación sin Barreras y Empleo sin Barreras. Más adelante se detalla cada uno de estos.

[25] MORENO, Lenin (2009), “Misión Manuela Espejo”, Vicepresidencia de la República del Ecuador, disponible en: http://www.vicepresidencia.gob.ec/programas/manuelaespejo/mision

[26] www.mintrab.gov.ec

[27] CONSTITUCIÓN 2008