Código de producción

Más allá de los intereses políticos y de las opiniones y visiones sociológicas que se pueden tener sobre un asunto importante para el país, me gustaría, brevemente, mencionar mis primeras impresiones acerca de la Consulta Popular y Referéndum que ha anunciado el gobierno, aunque todavía me faltan algunos elementos de convicción para formarme una opinión más sólida.

Se mencionó también la posibilidad de tipificar como delito el no pago de la afiliación al seguro social por parte de los empleadores. Social, que está llamada a proteger a la parte más débil de la relación jurídica, verbigracia, el trabajador; el Código del Trabajo contiene una serie de principios y garantías que tienen precisamente el objeto de precautelar los derechos que a él le asisten, a través de sanciones pecuniarias para el patrón incumplido. No estoy segura de que una pena privativa de la libertad realmente pueda solucionar el problema laboral, que es de otra naturaleza, no criminal.

Alejándose de la doctrina difundida en las propias publicaciones del Ministerio de Justicia e incluso del proyecto de Código de Garantías Penales que fue prologado por se diría que la tendencia gobiernista ahora apuesta por penalizarlo todo, sabiendo que ni el endurecimiento de las penas ni la tipificación de más y más conductas, ha sido nunca, históricamente, un remedio eficaz para los males que aquejan a la sociedad ni, específicamente, para reducir la violencia. Las intenciones pueden ser buenas, pero no sólo deben ser buenas sino también ilustradas; además, estas iniciativas corresponden a los llamados a actuar en este ámbito dentro del sistema democrático, es decir, los legisladores.

Me sorprendió, por ejemplo, el punto en el que se pregunta si el "enriquecimiento privado injustificado" debe ser un delito. Recordemos que los tipos penales sancionan conductas que representan un riesgo grave para la sociedad en su conjunto, y en la expresión "enriquecimiento privado" pueden entenderse comprendidas una serie de situaciones, como el mero hecho de no haber pagado una letra de cambio cuya acción ejecutiva ha prescrito u otra obligación cualquiera.

A mi criterio, este tipo de hechos se mantienen en el interés privado de las partes, y deben seguir siendo regulados únicamente por el Derecho Civil, ya que de haber otros elementos que hacen la conducta más peligrosa, contamos ya con tipos penales como la estafa y el abuso de confianza.

Pero por lo visto, la democracia ecuatoriana es tan inmadura que no confía ni en sí misma. Queremos revocar el mandato de todos aquellos que no nos agraden, no podemos aceptar la derrota ideológica en las urnas, la oposición es débil y poco erudita; en suma, se vota pero no se elige. El gobierno busca legitimarse políticamente, y eso no está mal, pero no debe hacerse a costa de la Ciencia Jurídica y de los principios universales de derechos humanos. Alargar los plazos de la prisión preventiva, por ejemplo, es retroceder siglos en materia de derechos fundamentales y retomar caminos que en el pasado ya fueron propuestos por los actores de la "larga noche neoliberal" y deslegitimados por la justicia constitucional.

Extract

Beyond the political interests and of the sociological opinions and visions that can be had on an important subject for the country, I it would like, briefly, to mention my first impressions about Popular Consulta and Referendum that the government has announced, although still I need some elements of conviction to form one more a more solid opinion to me. I consider, like professional, who the Penal Right always must be put under at the beginning of last, that is to say, the intervention of the punitive power of the State must be minimum at the moment at which the freedom of the human beings is put into play. It surprised to me, for example, the point in which it is asked if " private enrichment injustificado" it must be a crime. We remember that the penal types sanction conducts that represent a serious risk for the society as a whole, and in the expression " enrichment privado" they can be understood included a series of situations, as the mere fact of not to have paid a change letter whose executive action has prescribed or another obligation any. Criterion, this type of facts stays in the deprived interest of the parts, and must continue solely being regulated by the Civil Right, since of having other elements that make the conduct most dangerous, we already counted on penal types like the swindle and the breach of trust. The possibility was also mentioned of typifying like crime the nonpayment of the affiliation to the social insurance on the part of the employers. Social, that is called to protect to the weakest part of the legal relation, for example, the worker; the Code of the Work contains a series of principles and guarantees that indeed have the preprecautionary object of the rights that him attend to him, through pecuniary sanctions for the unfulfilled landlord. Not I am sure that one suffers privative of the freedom really can solve the labor problem, that is of another nature, noncriminal. Moving away of the doctrine spread in own publications of the Ministry of Justice and of the project of Code of Penal Guarantees that was prologado it would even say that the gobiernista tendency now bet to penalize it everything, knowing that neither of the pains the conduct and the more nor to the hardening standardisation the more, has been never, historically, an effective remedy for the evils that afflict to the society nor, specifically, to reduce the violence. The intentions can be good, but not only they must good but also be illustrated; in addition, these initiatives correspond to the calls to act in this scope within the democratic system, that is to say, the legislators. But by the sight, the Ecuadorian democracy is so immature that it does not trust nor itself. We want to revoke the mandate of all those that do not please to us, we cannot accept the ideological defeat in the ballot boxes, the opposition is weak and little erudite; to sum up, one vows but it is not chosen. The government looks for to legitimize itself politically, and that is not bad, but it does not have to become at the cost of Legal Science and of the universal principles of human rights. To extend the terms of the preventive prison, for example, is to back down centuries in the matter of rights fundamental and to retake ways that in the past already were proposed by the actors of " long night neoliberal" and deslegitimados by constitutional justice.

La Consulta Popular 2011

Las instituciones jurídicas del derecho constitucional ecuatoriano referidas al pronunciamiento popular sobre asuntos constitucionales y de trascendental importancia en la vida nacional, han sufrido un proceso de transformación histórica, desde la existencia del referéndum y plebiscito instituidos en la constitución política de 1946, hasta la promulgación de la constitución política de 1978 aprobada mediante referéndum, en la cual se incluye en su texto la existencia jurídica de la consulta popular para resolver los asuntos de interés nacional. En uso de este mandato, prescrito en el artículo 58 de esa carta magna, el ecuador ha concurrido a las siguientes consultas populares: el ing. León febres cordero, en el año de 1986, convocó al pueblo ecuatoriano para que se pronuncie sobre la posibilidad de participación política de los ciudadanos independientes con capacidad para presentarse en calidad de candidatos a elecciones, además de otros asuntos de tipo presupuestario. Años más tarde, en el mandato del arq. Sixto durán Ballén, por segunda vez el pueblo ecuatoriano concurre a las urnas al ser consultado sobre manejo de recursos presupuestarios y sobre la representación de los candidatos independientes. Posteriormente las consultas populares efectuadas el 28 de agosto de l994, para reformas constitucionales, aprobación del presupuesto general del estado y reelección de dignatarios; por último, la consulta popular de 26 de noviembre de l995 sobre descentralización, disolución del congreso nacional, independencia de la función judicial y la creación del consejo nacional de la judicatura, entre otros aspectos.

Consulta popular de 25 de mayo de l997

La consulta popular efectuada el domingo 25 de mayo de 1997, guarda singular importancia en la vida política del estado ecuatoriano ya que, mediante este instrumento constitucional se legitima el interinas del dr. Fabián Alarcón luego de haber sido destituido del cargo de presidente de la república, abogado Abdalá Bucaram; también se consulta al pueblo sobre la convocatoria a la asamblea constituyente para que ejecute las reformas a la carta magna; se plantea la elección de dignatarios en elecciones pluripersonales en lista cerrada o de entre listas; la pérdida de existencia legal de los partidos políticos que no alcancen el 5% del respaldo popular en votos válidos; sobre la conformación del tribunal supremo electoral; la revocatoria del mandato a los dignatarios de elección popular; sobre el nombramiento vitalicio de los ministros jueces de la corte suprema de justicia, el consejo de la judicatura y sobre el plazo de ejecución de los resultados de la consulta popular. Estos mandatos populares fueron incorporados por la asamblea constituyente en el texto de la constitución política promulgada en 2011 cuya aplicación y sus efectos deben ser materia de un profundo análisis.

La constitución política vigente, en el artículo 103, al referirse a otras formas de participación democrática dispone que: "consulta popular.- se establece la consulta popular en los casos previstos en la constitución. La decisión adoptada será obligatoria si el pronunciamiento popular contare con el respaldo de la mayoría absoluta de los votantes. El voto en la consulta popular será obligatorio en los términos previstos en la constitución y en la ley".

Fundamentados en este principio constitucional se despertó en el país una hemorragia incontrolable de consultas populares, que llevaron a las urnas a los ecuatorianos domiciliados en las provincias de la costa y región amazónica para pregustarles si desean tener autonomía en cada una de sus jurisdicciones territoriales, de las cuales hasta la presente fecha no se han implementado mecanismos efectivos para materializar el pronunciamiento popular de esas provincias. Una demostración más del manejo irresponsable y demagógico de quienes las impulsaron, burlándose de la expresión popular, desgastando una institución trascendental para la vida política del estado.

Quienes pueden solicitar una consulta popular

En los artículo 104 al 108 de la constitución política de la república concordantes con lo prescrito en los artículos 115 al 132 de la ley orgánica de elecciones, se establecen los sujetos que tienen iniciativa para solicitar la ejecución de una consulta popular. Son los siguientes:

1.- por iniciativa del presidente de la república,2.- por iniciativa de los gobiernos seccionales, y3.- por iniciativa popular.

El presidente de la república

El presidente de la república podrá convocar a consulta popular de conformidad a lo prescrito en el artículo 104 de la constitución política, en los siguientes casos:

1.- cuando, en casos de urgencia, se requiera reformar la constitución política, según lo previsto en el artículo 283 del mismo cuerpo constitucional; esto es, previa calificación del congreso nacional contando con la mayoría del voto de sus integrantes. También puede convocar el presidente de la república a consulta popular, cuando el congreso nacional no haya conocido, aprobado o negado las reformas en el término de ciento veinte días contados a partir del vencimiento del plazo de un año desde cuando se produjo al primer debate, conforme lo establece el artículo 282 de la carta magna.

2.- el presidente de la república, por cuestiones distintas a las expuestas, puede convocar a consulta popular, cuando considere a su juicio tratarse de asuntos de trascendental importancia para el país.

Para el efecto, el presidente de la república sujetándose a las causales anteriormente citadas y cumplidos los presupuestos allí indicados, solicitará al tribunal supremo electoral proceda a efectuar la convocatoria a consulta popular, indicando la fecha tentativa en la cual debe realizarse y fundamentando cual de las facultades constitucionales esta invocando.

En caso de tratarse de la facultad prevista en el artículo 283 de la constitución política, acompañará a la petición los documentos justificativos otorgados por el congreso nacional, dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 117 de la ley orgánica de elecciones, concordante con los artículos 1 y 2 del reglamento para consulta popular y revocatoria del mandato que fuera publicado en el r.o. no 366 del 11 de julio del 2001.

El tribunal supremo electoral previo informe de la comisión jurídica permanente, en el término de cinco días, calificará el pedido, observando que se hayan cumplido con todos los requisitos constitucionales, legales y reglamentarios. El organismo electoral, deberá en el plazo máximo de quince días a contarse desde la fecha de recepción de la petición proceder a efectuar la respectiva convocatoria.

La convocatoria deberá ser lo suficientemente difundida entre el electorado, determinado con claridad la temática o asunto que va a ser sometido a consulta, por un período no menor de cuarenta y cinco días, desde la fecha de la convocatoria hasta dos días anteriores al ejercicio del sufragio, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 44 de la ley de elecciones, en concordancia con el artículo 126 del mismo cuerpo legal y con el artículo 4 del reglamento de la materia anteriormente invocado. De la misma manera diseñará el tamaño y forma de la papeleta ele

La contabilidad en el gasto electora.

డra cada proceso electoral consulta popular o revocatoria de mandato, los organismos políticos, candidatos y alianzas deberán notificar al tribunal supremo electoral sobre la constitución, organización y estructura de la campaña electoral, designando inicialmente al representante legal, así como del responsable económico del manejo de la campaña y en el caso de alianzas la designación del procurador común que los represente, para los efectos de la ley. Esta notificación deberá efectuarse como máximo plazo, hasta la fecha de inscripción de las candidaturas. (inciso 2 del art. 6).El requisito inicial que deben adoptar las organizaciones políticas, alianzas o candidatos previa a la apertura de cuentas de campaña electoral deberán obtener o actualizar su inscripción en el registro único de contribuyentes. Luego notificarán al organismo electoral de su correspondiente jurisdicción sobre la apertura de las cuentas para el proceso electoral y de los registros contables de conformidad con el instructivo del plan de cuentas que se encuentra publicado la contabilidad que deben llevar los sujetos políticos estarán sujetos a las normas ecuatorianas de contabilidad ( nec), las cuales deberán contener de manera obligatoria en sus registros, todos los aportes y contribuciones de la naturaleza que hubieren sido realizadas y que la ley dispone; esto es, en numerario, especie, servicios, espacios publicitarios gratuitos, estos últimos deberán ser considerados como aportaciones en especie. Constarán las aportaciones o contribuciones efectuadas por personas naturales o jurídicas, de igual manera, se registrarán todos los gastos, cuidando que contengan los respectivos soportes contables y documentales del caso.

Comprobante de aprobación

Cuando las personas naturales o jurídicas entreguen sus aportaciones dentro del límite correspondiente, el responsable económico de la campaña deberá extender y suscribir el comprobante de recepción del aporte, comprobantes que tendrán un número secuencial. En el caso de aporte en especie o servicios deberá cuantificarse al valor de mercado vigente y extenderse el correspondiente comprobante de aportación, artículo 19. Todo ingreso y egreso de las cuentas de campaña electoral será registrado en la contabilidad y deberá cumplir con todos los requisitos que se encuentran prescritos en los artículos 20 y 21 de la ley de régimen tributario interno y su reglamento.

Apertura de cuentas bancarias

Los sujetos políticos por intermedio de sus representantes legales, responsables económicos o procurador común según el caso, durante la campaña electoral podrán abrir una o varias cuentas corrientes en una o varias instituciones del sistema financiero nacional, las mismas que no gozarán del sigilo bancario conforme lo establece la ley general de instituciones del sistema financiero. De la misma manera dicha reserva y sigilo bancario no operará para las cuentas personales que los responsables del manejo económico de la campaña electoral mantengan en el sistema financiero, siempre y cuando se haya iniciado un proceso de investigación por mal manejo de las cuentas de la campaña a su cargo, artículo 1, al igual que transferencias por ingresos o egresos en dichas cuentaslos egresos que se efectúen en estas cuentas corrientes que sean mayores de $ 30,oo usa, deberán efectuarse por medio de cheque y deberá contar con el respaldo documental sea contrato, nota de venta, factura, recibo de honorarios o cualesquier instrumento facultado por la ley. Los egresos inferiores a los $ 30,oo usa, podrán hacerse en dinero efectivo con el respaldo correspondiente en factura, recibo, liquidación de compra, etc. No podrán efectuarse contrataciones o pagos por medio de terceras personas.

Aportaciones excesivas

El aportante que se hubiere excedido del límite facultado por la ley, será sancionado con el pago de una multa equivalente al doble de la aportación en que haya incurrido. Esta sanción será igual para el partido político, movimiento independiente, alianza, candidato o candidato independiente que recibió dicha aportación excesiva.

Aportaciones ilícitas

Luego de haberse probado la existencia de una aportación de origen ilícito, se sancionará al responsable del manejo económico de la campaña con suspensión de sus derechos políticos por el período de dos años; de igual manera se sancionará, con la suspensión de los derechos políticos por igual tiempo al aportante. Al candidato electo o no, se le condenará al pago de una multa equivalente al doble de la aportación ilícita recibida. Adicionalmente el candidato electo perderá la dignidad para la cual fue electo previa comprobación plena de haber conocido el origen de dichas aportaciones. Estas sanciones se impondrán sin perjuicio de las acciones de naturaleza penal que ejecute el ministerio público.

Reserva de informción

Toda la información relativa a la rendición de cuentas sobre el monto, origen y destino de los recursos será pública. Pero el proceso de juzgamiento e investigación deberán guardarse en absoluta reserva hasta que se emita la resolución de última y definitiva instancia. Quienes incumplieren esta norma legal sea funcionario, empleado o juez electoral, sufrirá la sanción prevista en el artículo 38, que comprende desde la destitución del cargo hasta la suspensión de los derechos políticos por el período de dos años

Presidente correa preocupado por consulta popular

El presidente rafael correa dijo el sábado que está "preocupado" ante la posibilidad de que la corte constitucional bloquee su propuesta de consulta popular, que busca reformar el poder judicial y eliminar los juegos de azar.

"¿cuál es la estrategia (de la oposición)? Que no llegue a las urnas esta consulta o ciertas preguntas y van a tratar de bloquearlo en la corte constitucional", dijo durante su cadena sabatina.

La iniciativa de correa está bajo análisis de la corte constitucional, que anticipó que se tomará 45 días para pronunciarse sobre la consulta popular.

El mandatario planteó 10 preguntas, cinco de las cuales corresponden a temas que requerirán una reforma constitucional y que buscan transformar el sistema judicial, por lo que se realizarán bajo el concepto de "referendo". Las otras cinco, que corresponden a reformas legales y se plantearán como "consulta popular", buscan eliminar los juegos de azar y los espectáculos con animales vivos, como las corridas de toros.

Correa explicó que el informe de la consulta popular "cayó en manos de la vocal de la corte constitucional, nina pacari, que todo el mundo sabe que pertenece a pachakutik (brazo político de los indígenas)… Atentos pueblo ecuatoriano, cuidado, por ahí hay una jugada política para boicotear la consulta".

Según el mandatario, la oposición busca "evitar la transformación de la justicia y evitar que el pueblo ecuatoriano se pronuncie en las urnas… Ya sabemos como se ha comportado pachakutik, en total alianza con la derecha".

Agregó que "nos quieren quitar nuestro derecho soberano a expresarnos en las urnas, cuidado nos quieren manipular las preguntas, cuidado quieren bloquearlas, amarrarlas, descalificarlas para que no cambie nada en este país y los mismos de siempre sigan lucrando del sistema. Me preocupa eso".

Ecuador se prepara para otra consulta popular

El gobierno entregará el lunes a la corte constitucional el pliego de preguntas que quiere llevar a consular

El gobierno de ecuador confirmó hoy que este lunes entregará a la corte constitucional el pliego de preguntas que quiere llevar a consulta popular, referida básicamente a reestructurar la justicia.

El secretario jurídico de la presidencia, alexis mera, puntualizó que según señala la constitución vigente desde 2008, las preguntas deben ser calificadas por la corte y luego pasar al consejo electoral, que deberá organizar el proceso en 67 días a partir de esa calificación se dependió dpa.

De su parte, el consejo electoral estimó que requerirá entre 28 y 30 millones de dólares para el proceso.

La reestructuración de las cortes de justicia es el punto central de la consulta, que podría incluir adicionalmente temas sobre la eliminación de las corridas de toros y la explototacion del petróleo en el yasumi.

El gobierno realiza esta consulta en víspera de cumplir cuatro años en el poder.

Correa anuncia las preguntas de la consulta popular

El presidente de ecuador, rafael correa, anunció cuáles serán las diez preguntas que incluirá la consulta popular que planea llevar a cabo para reformar la justicia, hacer frente a la inseguridad y regular los medios de comunicación y la banca, entre otras cosas.

Entre las cuestiones, hay cinco enmiendas constitucionales, cuatro de ellas, dirigidas a modificar en el sistema judicial para acabar con la "corrupción".

Pedirá el apoyo a los ecuatorianos para modificar los plazos de prisión preventiva, modificar la composición del órgano de gobierno judicial y crear una comisión que reforme la justicia.

La quinta enmienda constitucional busca prohibir a los banqueros tener acciones en sectores no financieros y a los medios de comunicación en empresas no periodísticas para evitar "conflictos de intereses".

Otras preguntas versarán sobre asuntos tan diversos como la posibilidad de convertir en delito el enriquecimiento privado no justificado y la no afiliación a la seguridad social, o la prohibición de la emisión de corridas de toros.

La corrupción política es un fantasma milenario de verdad, que recorre en un mundo y que ha tomado espacio en el ecuador, que derroca todos los sistemas de gobierno, cambia el curso de la historia, destruye sociedades, quebranta conciencias, cambia la cuando la corrupción llega al grado de globalización, opera como una red de vasos escala de valores y aun instalada y derribada gobiernos.Comunicantes que penetra en el sector público y en la empresa privada y conduce a los estados al caos total.

En el caso ecuatoriano, en todas partes se habla del flagelo de la corrupción, los medios de comunicación, prensa, televisión, foros, seminarios, universidades, campos deportivos, congreso, ejecutivo, judicial, oficinas (iess), plazas, tiendas, mercados, culto religiosos etc.

Los periódicos a diario se llenan se denuncias de actos de corrupción político – administrativa sin visos de solución o erradicación. En todos estos medios se continúa pensando en forma equivoca que el flagelo de la corrupción es tan solamente un asunto meramente religioso, moral y de falta de leyes represivas. No señores, la corrupción del estado o del manejo de la "cosa pública " no es una simple aberración o perversión espiritual del individuo o gobernante. Nadie se corrompe porque sí, o porque en un momento dado nació en su alma o en su corazón el deseo malévolo e incontenible de mancillar su sentimiento puro, trasparente o incontaminado.

La corrupción vista desde la perspectiva de la función pública, es en esencia un problema educativo, político, sociológico y económico, ha dejado de ser una simple desviación de la conducta personal, para convertirse en un sistema de oprobio político, que en el ecuador ha tocado fondo, y que se hace presente en la falta de credibilidad y en la desmedida ambición de poder, de los gobernantes de turno, abortados de partidos políticos en decadencia moral, que nos llevarán a un caos total, de no mediar la imposición de una serie de medidas correctivas que van " desde la gran cruzada de hablar siempre con la verdad ", hasta la formación de un nuevo gobernante u hombre de estado, pasando por adoptar los rígidos sistemas de control, sanciones severas, capacitaciones del servidor público, etc., pero principalmente tomando conciencia que la corrupción existe y que no es un fantasma que solo lo rodea al ejecutivo.

Como lo manifesté anteriormente, la corrupción en nuestro país está cambiando el curso de su historia, ha quebrantado conciencias, ha politizado instituciones públicas, ha cambiado escala de valores, y aún ha instalado y derribado gobiernos; y lo definimos a este flagelo de la corrupción " como un acto ilegal, ilícito e ilegítimo, por medio del cual una persona al servicio o no del estado, obtiene resultados o decisiones que le satisfaga ambiciones económicas o políticas ".

Así definida la corrupción, en el ecuador por desgracia existe un amplio espectro de mecanismos de corrupción político administrativa, que podemos agruparlos en dos sistemas:

1.- en el primer sistema de corrupción están todas aquellas acciones que en la constitución , en la ley y reglamentos han sido descritos como inhabilidades, incompatibilidades, delitos o infracciones disciplinarias, etc.2.- en el segundo sistema de corrupción están todas aquellas acciones que en frente al derecho positivo tienen una apariencia de legalidad.

Ambos sistemas de corrupción antes anunciados por desgracia están protegidos con un cinismo extremo por los gobernantes o administradores de la cosa pública y principalmente en la vocación suicida de politiqueros que nuca enfrentaron el tema de la corrupción, que hoy en día se encuentra mas bien motivada en la ambición política desmedida de poseer bienes y riqueza, sin importar los medios ha utilizarse como por ejemplo, cuando se practica la violencia contra las personas, las violaciones contra los derechos humanos, las ambiciones de poder político, la defraudación al fisco, o violentando la constitución y las leyes de la república.Así mismo, resulta contradictorio que todos los paises reconocen en forma expresa en sus constituciones el principio de " que el interés general debe prevalecer sobre el interés personal ", pero hábilmente este principio es trastocado y ejecutado al reves, llegando inclusive a tal grado de hipocresía y cinismo, que un mismo gobernante, político, servidor público o privado ( con excepciones ) en un momento y ante unas mismas circunstancias puede abrigar en la intimidad de su espíritu tres actitudes diferentes: " una cosa es lo que piensa, otra cosa es lo que dice y otra diametralmente distinta lo que hace o ejecuta "; es decir, opera la escuela del doble discurso y de la doble moral.

Delitos más notorios

Con este espectro de la corrupción institucionalizada en nuestro país, los delitos más notorios de carácter económico y político contra el estado y la empresa privada que deben ser tácitamente definidos en nuestra legislación constitucional, penal y civil, son entre otros:

El peculado por apropiación

Cuando el servidor público o privado se apropie en provecho suyo o de un tercero, bienes del estado o de empresas o instituciones, en que este tenga parte, o de bines o fondos parafiscales, particulares, a cuyo custodio se confíe en razón de sus funciones.Pena.- de acuerdo a la gravedad de la infracción y cuantía del bien apropiado será graduada de 6 a 15 años de prisión, con interdicción de derechos y funciones públicas por igual tiempo.

Peculado por extensión

Quien se apropie de bienes bajo su custodia , pertenecientes a asociaciones, profesionales, cívicas, sindicales, comunitarias, juveniles, benéficas o de utilidad común no estatales.Pena.- iguales a las previstas para el delito de peculado por apropiación.

Cuando un servidor público o privado, abusando de su cargo induzca a otra persona a dar o prometer al mismo servidor o a un tercero, dinero, o cualquier otra utilidad indebida.Pena.- de acuerdo a la gravedad de la infracción, con multa de 100 a 300 salarios mínimos vitales generales vigentes a la fecha, prisión de 3 a 7 años e interdicción de derechos y funciones, prisión de 3 a 7 años e interdicción de derechos y funciones por el mismo término fijado para la pena principal.

El presidente ecuatoriano, rafael correa, precisó hoy que el ejecutivo propondrá el lunes a la corte constitucional 10 preguntas para realizar una próxima consulta popular que será también referéndum para modificar la carta magna.ࠄurante su rendición de cuentas sabatina por radio y televisión, en esta ocasión desde machala, capital de la provincia bananera y camaronera el oro, correa explicó que entre sus atribuciones constitucionales puede proponer una consulta popular.En este sentido realizó la precisión técnica de que "si la consulta busca enmendar la constitución o leyes se llama referéndum, si sólo es una consulta sobre temas generales pero sin una reforma precisa, legal o constitucional, se llama consulta popular".Por ejemplo, puntualizó, declarar a ecuador libre de juegos de azar, se llama consulta, pero "cuando se pretender cambiar un artículo por otro, ello se denomina referéndum, entonces vamos a tener referéndum y una consulta popular"."van a ser unas 10 preguntas que ya están listas y las presentaré personalmente el lunes a la corte constitucional, a su presidente y ojalá puedan estar los demás vocales, para que califiquen la procedencia y la validez constitucional de las preguntas".El jefe de estado dijo que "esperamos tener toda la colaboración de parte de ellos. Esa consulta permite el deseo de todo un pueblo y luego de eso pasa al consejo nacional electoral para que organice el proceso electoral".Correa expresó su confianza en que el pueblo ecuatoriano respalde "con un sí rotundo" a este nuevo proceso electoral consulta popular, cuyo costo fue estimado por el consejo nacional electoral en unos 28 millones de dólares.El mandatario insistió que los sectores de la oposición "están asustadísimos y ya verán como empiezan a boicotear, porque no buscan el bien de la patria sino hacerle daño al gobierno".En la consulta popular se incluyen preguntas sobre seguridad ciudadana, caducidad de prisión preventiva, medidas cautelares preventivas, y reestructuración del sistema de justicia. "esto es algo urgente", dijo, y reiteró a los ecuatorianos que nunca serán defraudados.

Correa cumple 4 años en el poder empeñado en nueva consulta tras rebelión

El presidente de ecuador, rafael correa, cumple este sábado cuatro años de un gobierno que se extenderá hasta 2013, empeñado en legitimar su mandato con una nueva consulta popular para reformar la justicia y otros sectores, tras sobrevivir a lo que denunció como un intento golpista.

Correa es el mandatario que más ha durado en el cargo desde 1996, cuando el país se sumió en la peor crisis institucional durante una década, por la que desfilaron siete gobernantes, tres de ellos elegidos en comicios populares y derrocados por revueltas sociales.

En 2009, el presidente socialista fue reelegido para cuatro años en unas elecciones anticipadas, tras promulgarse la actual constitución que lo habilita para postular nuevamente en 2013.

Este sábado, correa, quien sostiene que "nada ni nadie detendrá" a su "revolución ciudadana", liderará un mitin en la ciudad de machala (suroeste) para festejar el aniversario.

El amigo y aliado del presidente de venezuela, hugo chávez, pretende llegar al lustro de su administración sacando adelante una tercera consulta popular y sumar su quinta victoria consecutiva en las urnas desde que está en el poder.

"la tendencia electoral en ecuador marca la idea de que el presidente tiene altísimas posibilidades de ganar en todas las preguntas" de la consulta, además de que "restaurará su poder y legitimidad", dijo a la afp el director de la facultad latinoamericana de ciencias sociales (flacso), adrián bonilla.

En diciembre pasado, un 71% de ecuatorianos calificó de positiva la gestión de correa, un economista de 47 años educado en bélgica y estados unidos.

Para enero de 2010, la valoración del presidente -según la consultora privada sp investigación y estudios- fue del 57%, pero en octubre trepó al récord del 75% tras la rebelión policial del 30 de septiembre, que dejó diez muertos y 274 heridos.

Durante la sublevación por reclamos salariales, en la que fue retenido por uniformados, el gobernante denunció ser víctima de un intento de golpe de estado y de asesinato por parte de grupos opositores, y debió ser rescatado en una operación militar en medio de una cruenta balacera.

Para bonilla, la insubordinación erosionó la legitimidad de correa, quien ha exclamado que "somos socialistas del siglo xxi. La revolución no tiene marcha atrás".

En ese contexto, el jefe de estado se puso a cuestas el proyecto de consulta popular sobre reformas legales para mejorar la seguridad ciudadana -uno de los aspectos más cuestionados de su gestión- y reestructurar la justicia.

Además, pedirá que se decida si los banqueros pueden tener acciones en negocios ajenos al sistema financiero (tras ser vedada su participación en la prensa) y si los propietarios de los medios de comunicación deben tener participación únicamente en esa área, según la agencia pública andes.

"busca no dotarse de plenos poderes sino que el cambio no se detenga", opinó el director de sociología y ciencias políticas de la universidad católica, vladimir sierra.

Correa, cuyo movimiento cuenta con 59 de los 124 escaños del legislativo, ya logró mediante consultas crear una asamblea constituyente y la aceptación de la nueva carta magna elaborada por ese órgano.

El oficialismo controla el congreso con el apoyo de otros bloques minoritarios, pero no alcanza las dos terceras partes que demandan enmiendas constitucionales.

El gobierno planea presentar la próxima semana la decena de preguntas de la consulta, cuya organización por parte de la corte electoral requerirá unos 30 millones de dólares.

Pero el ejecutivo también examina aplicar impuestos, como posiblemente el 12% de iva a las medicinas para mejorar la salud pública, en momentos en que mantiene altos subsidios a los combustibles, cuyos precios no ha revisado en los últimos cuatro años.

El gobierno destaca de este cuatrienio en el poder el haber recuperado la estabilidad política, la salida de tropas de estados unidos de una base ecuatoriana en 2009 y los planes sociales, como la ayuda de 5.000 dólares para la vivienda y un bono de 35 dólares mensuales para casi 1,8 millones de pobres.

Correa intentará reestructurar la justicia de ecuador en consulta popular

El mandatario, que hace algunas semanas anunció su interés de convocar a la consulta sobre varios asuntos, precisó ahora que una de las preguntas a la población se referirá a la reorganización del sistema judicial.

El presidente ecuatoriano, Rafael Correa, anunció hoy su intención de reestructurar el sistema de justicia de su país, si así se aprueba en una consulta popular a la que convocará para acometer cambios en la constitución del país.En esa consulta, mencionó correa, se preguntará al pueblo si quiere "que el gobierno, con la veeduría de un organismo internacional, reestructure las cortes del país, reestructure el sistema de justicia" nacional.Y es que, si no hay esa reestructuración, "no vamos a salir adelante", añadió el mandatario durante su habitual informe sabatino, el número 202 desde que inició su mandato en enero de 2007.Aunque no adelantó la fecha para la consulta, correa indicó que con el actual sistema de justicia en su país "no vamos a poder vencer a la inseguridad ciudadana". Agregó que, pese a la modernización a la que está sometida la policía de su país, el sistema de administración de justicia es el que más requiere de transformaciones profundas."más se demora en capturar a un delincuente que lo libere un juez corrupto", dijo el gobernante, tras declararse dispuesto a "tomar el toro por los cuernos".Anticipó que este anuncio podría generar "suspicacias" entre sus opositores, pero dijo que lo que se busca es que haya "jueces honestos y eficientes" que apoyen a la lucha contra "este tremendo mal que es la inseguridad ciudadana".Esas reformas legales y la reestructuración del sistema de justicia forman parte de un plan del gobierno contra la inseguridad, que incluye la modernización de las fuerzas del orden, la acción ciudadana y cambios en el sector de la rehabilitación social (cárceles). Efe

Marcha de toreros por consulta popular

Quito, ecuador.- matadores, empresarios y aficionados taurinos marcharon en quito para rechazar la iniciativa gubernamental de llevar a consulta popular los espectáculos de diversión en que se ejerce violencia contra los animales.

Vestidos con trajes de luces, como si estuviesen a punto de saltar a la arena, los matadores protagonizaron un "paseillo" de varios kilómetros desde la plaza de toros quito a la corte constitucional, para pedirle que declare inconstitucional la consulta sobre el tema.

El presidente rafael correa puso los espectáculos violentos como uno de los 10 temas de una próxima consulta popular, a instancias de las organizaciones defensoras de los animales.

El paquete de preguntas sobre la consulta está en manos de la corte constitucional desde el lunes pasado, la que deberá pronunciarse sobre la constitucionalidad del mismo, dentro de los próximos 40 días.