Extractivismo, modelos de desarrollo y conflictividad social en el Perú

Introducción

En el Perú necesitamos reflexionar con urgencia sobre cómo construimos un país que tenga viabilidad económica, social, ambiental, climática y energética. Años de expansión económica pero al mismo tiempo de crisis social y ambiental, han puesto en agenda la necesidad de transitar a nuevos escenarios de sostenibilidad, equilibrio y respeto irrestricto a los derechos de las personas. Los problemas ambientales continúan agravándose de manera alarmante. Según la propia Defensoría del Pueblo, en el Perú gran parte de los conflictos sociales que se producen tienen su origen en problemas ambientales, sobre todo vinculados a industrias extractivas. La estrategia de crecimiento basada en sectores extractivos, muestra sus límites y enfrenta serios cuestionamientos.

En el caso peruano, la paradoja es que, en 1992, el mismo año en que se realizaba la Cumbre de Río, se consolidaba con golpe de estado cívico militar de por medio una apuesta política por una estrategia extractivista neoliberal, fundada en la promoción de la gran inversión privada en recursos naturales renovables y no renovables (minería, pesca, hidrocarburos, energía, plantaciones agroindustriales, bosques). Y esto no tenía nada que ver con algo que se pudiese llamar "desarrollo sostenible" o que respondiese en algo a las recomendaciones de la Cumbre de la Tierra de ese mismo año.

El Perú ha participado en la Cumbre de Río con un Plan de Acción tan lleno de buenas intenciones como carente de energías, mientras que, en la vida real, el Gobierno impone la continuidad de la estrategia de crecimiento y desarrollo, basada en las industrias extractivas establecidas por Alberto Fujimori, y profundizada por Alejandro Toledo y Alan García. Más aun, la forma misma de participación del presidente Ollanta Humala y el ministro Pulgar Vidal constituye una expresión de la situación: una estancia brevísima, casi protocolar y para la foto. Al parecer, no tuvieron tiempo para estos asuntos, pues estaban muy ocupados buscando la manera de sacar adelante el Proyecto Minas Conga, en Cajamarca; y asegurar la continuidad de Mina Tintaya, en Cusco. A su vez, estos dos últimos representan casos emblemáticos de cómo se ha promovido la actividad minera desde la década de los noventa hasta la fecha.

En suma, no es esta la primera vez que se cuestiona en la región la vigencia de un modelo de desarrollo basado en actividades primarias orientadas hacia la exportación. En efecto, ya en los años cincuenta, se generó un consenso en torno a la idea de que nuestra economía de carácter primario-exportadora nos condenaba a condiciones de inserción asimétrica y desfavorable en el mercado global.

El presente trabajo está organizado en tres capítulos, en el primer capítulo se discute sobre el extractivismo en Latinoamérica como marco referencial para el estudio de los modelos de desarrollo en el caso peruano; en el segundo capítulo se aborda propiamente dicho los modelos de desarrollo implantado por los países transnacionales basados en el crecimiento económico, en la idea del progreso; creando paradoja con la filosofía andina y finalmente se toca la conflictividad social como producto del modelo de desarrollo extractivista seguido por los pises latinoamericanos, especialmente Perú, Chile y Colombia con las grandes ventajas promovidas desde el estado.

Cabe mencionar este trabajo se hace el análisis de la conflictividad social desde el punto de vista sistemático y estructural, por tal razón tocamos a grandes rasgos para comprender la especificidad la conflictividad social en los procesos sociales particulares o a nivel micro, en otras palabras se hace el análisis macro para entender la dinámica social de nivel micro.

Planteamiento del problema

La sociedad, la economía, el quehacer político y el ambiente atraviesan profundas trasformaciones en la región sudamericana, y especialmente en las zonas rurales. Algunas de ellas continúan inadvertidas, sea por desconocimiento, omisión o connivencia.

A lo que parece, la región seguirá sirviendo de territorio estratégico a la economía política mundial. Mientras tanto, esta importancia radicará cada vez más en su potencial como proveedora de recursos que se vuelven mercancías para los centros manufactureros más dinámicos (china, Canadá, España entre otros), ubicados, en su mayor parte, fuera del subcontinente sudamericano.

En paralelo la extracción de recursos naturales genera la creciente conflictividad social entre la sociedad sudamericana frente a las empresas transnacionales que ofrecen pactos a los gobernantes de los estados sudamericanos para que respalden a las mismas.

Los países industrializados consideran incapaces a los países en desarrollo, les imponen política económica neoliberal basado en el libre mercado, a fin de potencializar uno de los "modelos de desarrollo" que han caracterizado el camino histórico de la región en la economía mundial extracción y exportación, ampliando así la escala de las importaciones con un mínimo de valor.

Lo preocupante el modelo de desarrollo que se sigue en américa latina no es planteado por los sudamericanos, es impuesto por los países transnacionales a través de la educación eurocéntrica que adoctrina al individuo con la fachada de la modernidad.

El neoliberalismo impuesto en nuestros países significa la implementación de un modelo de desarrollo basado en las actividades extractivas (minería, petróleo y gas, forestales), cuyo único horizonte es el crecimiento económico y que profundiza las brechas de la pobreza, vulnera los derechos humanos y colectivos, depreda y contamina la Madre Tierra y sustenta las economías nacionales en la exportación de materias primas.

Para los Estados centralistas de los países andinos, el desarrollo es sinónimo de infraestructura, no para el beneficio de los pueblos, sino para facilitar el saqueo de los bienes naturales, dentro del modelo económico primario exportador. Para hacerlo, en el Perú el gobierno central recorta las atribuciones de los gobiernos regionales y locales, haciendo pasar sus proyectos por el Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP) y postergando las necesidades de los pueblos. Como resultado, las regiones con mayor población indígena son las que tienen los índices más bajo de desarrollo humano y los más alto de pobreza y desnutrición crónica infantil.

En lugar de garantizar los derechos de sus ciudadanos, el Estado peruano legisla e implementa políticas públicas para beneficiar a las empresas mineras, reduciendo al mínimo los requisitos ambientales y laborales. Las grandes multinacionales mineras cuentan con contratos de estabilidad tributaria, merced a los cuales solo pagan los impuestos vigentes a la firma del contrato de concesión, evaden el pago de regalías y tienen la mesa servida para la elusión tributaria. Pese a que en el Perú el Convenio 169 de la OIT está vigente desde 1995, ni una sola concesión minera ha pasado por la consulta y el consentimiento previo, libre e informado de los pueblos indígenas afectados.

Mientras tanto, la minería se instala en cabeceras de cuenca, contamina fuentes de agua vitales para la agricultura, la ganadería y el consumo humano, despoja territorios, impacta en las culturas y en las organizaciones comunales, desplaza poblaciones, corrompe y divide. Miles de pasivos ambientales y las prácticas actuales, sobre todo la minería a tajo abierto, evidencian estos impactos. No hay minería antigua y minería nueva, los avances tecnológicos solo son para acelerar la extracción de mineral, no para cuidar el medio ambiente y menos para respetar derechos.

En la región Pasco, la minería ha convertido la capital, Cerro de Pasco, en un enorme tajo abierto que sigue creciendo y provocando el desplazamiento de la población. En Huancavelica ha contaminado los ríos. En Cajamarca ha arrasado con las lagunas de donde nacen los ríos que abastecen de agua a la ciudad. En Ancash ha desplazado poblaciones, como lo ha hecho en Cusco, contaminando ríos, dividiendo a las comunidades, incumpliendo acuerdos.

En todos estos lugares y muchos otros del Perú, las protestas de las comunidades son respondidas con la represión, la estigmatización y la criminalización. Los muertos, heridos, detenidos y procesados en Espinar son parte de esta práctica sistemática del Estado, para la cual los gobiernos han emitido normas que penalizan la protesta social y dan a las fuerzas del orden licencia para matar.

Mientras los Estados se aferren a este modelo de desarrollo impuesto por los países ricos y sus corporaciones multinacionales, toda discusión sobre "sostenibilidad" será solo discurso hueco. Hablar de "economía verde" es insistir en la mercantilización de la Madre Tierra, es profundizar la dependencia y la pobreza, es ampliar aún más las desigualdades sociales.

Objetivos generales

Analizar las actividades extractivas en relación con los modelos de desarrollo como determinantes de los conflictos sociales en el Perú

Objetivos específicos

• Describir las actividades extractivas en la historia peruana

• Analizar los modelos de desarrollo implantados como formas de dependencia

• Determinar los factores y procesos que generan los conflictos sociales después de los años 1990

Justificación del estudio

Actualmente están en marcha discusiones muy intensas sobre la necesidad de abandonar estrategias de desarrollo dependientes del extractivismo. Alrededor de los emprendimientos petroleros y mineros persisten muchos problemas, tanto sociales como ambientales, y los pretendidos beneficios económicos son más que discutibles.

Los diversos impactos negativos del extractivismo han alcanzado umbrales críticos, tanto por ser económicamente costosos, socialmente graves, y generar una insidiosa conflictividad política. Por lo tanto, deben ser detenidos y revertidos. Seguir el mismo camino justificando la necesidad de explotaciones extractivistas clásicas para hacer crecer las exportaciones, o invocando una y otra vez el combate a la pobreza, resultan ser argumentos poco serios.

Con este estudio se buscan transformar las propias bases ideológicas del desarrollo, y nuestras concepciones sobre la calidad de vida, el crecimiento económico o el consumo.

Las salidas reales al extractivismo se encuentran, a mi juicio, en el terreno de las alternativas al desarrollo. Esa misma percepción se está difundiendo en varios países y se expresa en la inconformidad con el desarrollo convencional y la necesidad de trascenderlo.

Debe señalarse que todas las actividades económicas generan efectos positivos al conjunto, pero también pueden provocar algunas externalidades negativas. El sector agropecuario contribuye a la seguridad alimentaria, al empleo y la generación de divisas. El sector minero genera divisas, ingresos tributarios y valor agregado (utilidades), mientras que tiene una limitada generación de empleo a diferencia del sector servicios. La minería (a excepción de la informal y pequeña) es intensiva en capital, con elevada relación capital/trabajo, genera alto producto medio por trabajador e importantes excedentes al extraer recursos no renovables propiedad de la nación, pero puede generar impactos negativos sobre el entorno.

Bajo estas premisas, el objetivo de este documento es proponer el análisis sobre las actividades extractivas en el Perú que promueva la diversificación productiva.

En lo académico contribuirá al desarrollo del conocimiento, al mismo tiempo servirá para seguir las futuras investigaciones.

CAPITULO I

Extractivismo, neoextractivismo y modelo de desarrollo peruano

1.1. EXTRACTIVISMO

El Perú es unos de los países más biodiversos del planeta, pero la nuestra es una biodiversidad sujeta a múltiples procesos de degradación. Y no se trata solamente, ni principalmente, del impacto negativo que tiene sobre nuestros recursos renovables la extracción de recursos no renovables (como los minerales, el gas y el petróleo), sino de toda nuestra aproximación en general extractivista y poco sostenible al uso de nuestros recursos naturales.

Este es un tema que trasciende al debate sobre la centralidad de la minería, el gas y el petróleo en nuestro crecimiento económico y nuestro bienestar, pero es el tema que necesariamente enmarca los actuales debates sobre extractivismo y postextractivismo en la región.

En lo que sigue, discutimos el extractivismo en tanto primacía de las actividades mineras, petroleras y gasíferas en nuestra economía, y como base para el crecimiento y desarrollo del país. No dejamos de ser conscientes de que esta primacía es apenas una manifestación de un problema mayor que alcanza aspectos ideológicos y culturales, ya que, si aceptamos que una visión extractivista de la naturaleza sustenta sus prácticas en el uso insostenible de todos los recursos renovables, esto significa que no da lugar a la posibilidad de otras alternativas de relación que se puedan establecer con esos recursos. Por tanto, partiendo de esta concepción de extractivismo que nos remite a la primacía de la extracción de los recursos no renovables enfrentamos un reto mayor: superar el extractivismo como ideología que se impone sobre aquellas culturas que conciben la relación con la naturaleza de distinta manera. Trascendemos, así, más que el solo cuestionamiento de la centralidad de la minería y la extracción de hidrocarburos, pues abogamos por un cambio de ideologías y de comportamientos.

Las grandes explotaciones mineras o petroleras son ejemplos de extractivismo. Son acciones que realizan los seres humanos para obtener recursos naturales: taladran, perforan, fragmentan, y así sucesivamente, obteniendo productos que luego se utilizarán con otros fines.

El "extractivismo" es un caso particular de la extracción intensa de recursos naturales, y se lo define en la presente monografía de una manera particular: (1) son extracciones de grandes volúmenes, y (2) que son esencialmente exportados.

Los ejemplos más conocidos son la minería a cielo abierto o la explotación de hidrocarburos. Pero esta definición también permite afirmar que otras actividades representan formas de extractivismo, destacándose la agricultura intensiva de monocultivos de exportación.

Actualmente se observa una fuerte expansión del extractivismo en América del Sur. La minería, hidrocarburos y monocultivos reciben grandes inversiones y se inician nuevos emprendimientos en casi todos los países. Se apela a prácticas cada vez más intensivas, a veces utilizando productos tóxicos y peligrosos, muchas veces usando explosivos, y se cubren áreas geográficas mayores, afectando por ejemplo las cuencas hidrográficas. Viejos emprendimientos son reactivados y profundizados, y países que no eran extractivitas ahora están comenzando a serlo.

1.2.-TIPOS DE EXTRACTIVISMO

Actualmente, en América Latina se pueden diferenciar distintas formas de articular el extractivismo en los estilos de desarrollo. Considerando las situaciones más recientes, ha sido apropiado identificar dos expresiones:

1.2.1. Extractivismo convencional o clásico, que sumariamente puede ser descrito como aquel que es llevado adelante sobre todo por empresas transnacionales, mientras el Estado tiene un papel secundario (usualmente brindado protección a las inversiones y las exportaciones, con bajos niveles de tributación). A su vez, se asume que los beneficios se lograrán por medio de los mecanismos de mercado, donde las exportaciones generarán efectos de derrame en el resto de la economía (como nuevos empleos), y todo ello desembocará en promover el desarrollo.

1.2.2. Neo extractivismo o nuevo extractivismo progresista, donde hay una mayor presencia del Estado de diversas maneras. En unos casos, las actividades extractivas son llevadas adelante por empresas estatales o mixtas; en otros casos, el nivel de las regalías y la imposición tributaria es más elevado; e incluso, hay mayores controles sobre la producción. Bajo esta modalidad, se entiende que los mayores beneficios no se lograrán por los simples mecanismos mercantiles, sino que es necesario contar con el concurso del Estado. Paralelamente, el extractivismo es justificado políticamente ante la opinión pública como necesario para el progreso, y en particular para captar mayores proporciones de riqueza, la que sería devuelta a la sociedad mediante diversos programas sociales.

La primera modalidad de extractivismo es ampliamente conocida, y fue dominante en las últimas décadas en América Latina. Sigue vigente, por ejemplo, en Colombia, Perú, chile y México. Son los clásicos proyectos mineros o petroleros en manos de grandes consorcios internacionales, con elevadas tasas de ganancia, y frecuentes incumplimientos de normas sociales y ambientales.

Los gobiernos progresistas o de la nueva izquierda implantaron cambios en distintos sectores extractivos, donde posiblemente los más conocidos son las reformas del manejo petrolero en Bolivia, Ecuador y Venezuela. Muchas organizaciones ciudadanas tenían la esperanza que esos y otros cambios serían los primeros pasos de reformas más profundas. Pero eso no ha ocurrido, y por el contrario, han proliferado los emprendimientos extractivos con impactos cada vez más serios, sin avances en controles ambientales o consultas ciudadanas. No siempre fue sencillo reconocer estas contradicciones, ya que esos gobiernos mantienen una fuerte retórica sobre la justicia social, la Pacha Mama, etc. Sin embargo, hacia 2008 quedó en claro que era necesario caracterizar el extractivismo desplegado por los gobiernos progresistas, y como producto de esa reflexión surgió el término "neo-extractivismo progresista".

El rótulo neoextractivismo no implica negar que existieran en el pasado otras variedades del extractivismo que también apelaron a una fuerte presencia del Estado (como ocurrió a fines de la década de 1960 y los años setenta en Chile bajo S. Allende o en Perú con J. Velasco Alvarado). El término responde a las necesidades del debate ciudadano actual, donde se volvió urgente ir más allá de las retóricas de los gobiernos progresistas, para poder caracterizar las acciones concretas de esos gobiernos. Sin duda, sus modos eran diferentes a los aplicados por los anteriores gobiernos conservadores y neoliberales, pero el problema es que de todas maneras se mantienen las actividades de extracción con altos impactos sociales y ambientales. En otras palabras, el progresismo gobernante mantuvo la esencia del extractivismo, aunque lo aplica y legitima políticamente de otra manera (Gudynas, 2009, 2012).

1.3. EVOLUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EXTRACTIVAS MINERAS EN EL PERÚ

El Perú es un país de vieja tradición minera. Más aún, es posible sostener que desde el establecimiento del orden colonial tras las reformas toledanas buena parte de la economía del país ha estado ligada a la extracción y exportación de recursos naturales y, consecuentemente, ha configurado su espacio nacional según estos estilos de producción. Ciertamente, desde el período de estabilidad que se alcanza en la década posterior a la Guerra del Pacífico (1879-1983), la economía peruana y las finanzas públicas han estado ligadas a una serie de ciclos de expansión mono-exportadora. De esta manera, se han sucedido bonanzas exportadoras de salitre, guano, lana de alpaca, caucho, minerales, azúcar, algodón y una incipiente actividad de extracción petrolera. La configuración y articulación del espacio peruano siguió estas líneas de apropiación de los recursos naturales. Por ejemplo, el Estado construyó puertos cercanos a las principales zonas azucareras; implementó importantes sistemas de irrigación para expandir la producción algodonera; puso en marcha el monumental proyecto del ferrocarril central que conecta las zonas mineras de Cerro de Pasco con el puerto del Callao; y exploró, mapeó, colonizó y aseguró su presencia militar en la Amazonía, lo cual permitió el desarrollo de las actividades caucheras (Santos Granero y Barclay 2002). De esta manera, la articulación del espacio peruano cambió radicalmente. De un sistema agrario que articulaba los Andes de manera transversal siguiendo criterios de control de pisos altitudinales diversos y un ideal autárquico se pasó a un sistema exportador que articula centros de extracción de recursos naturales con puertos costeros (Dollfus 1981).

Asimismo, estas bonanzas exportadoras permitieron momentos de acumulación de capital importantes. Sin embargo, como sostienen Thorp y Bertram (1988), esta acumulación de capital no condujo a un proceso de industrialización capitalista, salvo algunos casos fallidos. Antes que reinvertir en sistemas de transformación manufacturera, las élites peruanas optaron por el consumo suntuario. En otras palabras, el establecimiento de industrias exportadoras no necesariamente cambió las formas de relaciones laborales y sociales imperantes. Una de las excepciones es el caso de la proletarización del campesinado en las plantaciones azucareras de la costa norte peruana. Justamente es entre esta nueva clase social donde surge el APRA (Alianza Popular Revolucionaria Americana), uno de los partidos populistas más influentes de la historia peruana (Klaren 1976). Situación similar experimentan los trabajadores mineros de la sierra central que pierden sus lazos campesinos y se radicalizan alrededor del Partido Comunista (Flores 1983). Un aspecto a destacar de la minería en la historia colonial y republicana temprana del país es que ella no solo fue central en la economía, sino que también proporcionó el eje sobre el cual se organizó el "espacio peruano", un espacio que comprendía desde Huancavelica en los Andes centrales hasta Tucumán en Argentina y el norte Chileno, pasando por el Cuzco, Arequipa y Potosí (Assadourian 1982). Es cierto que, al igual que ahora, buena parte del mineral extraído se exportaba. Pero, a diferencia de lo que ocurre con la minería moderna, la gran mayoría de insumos fueron proporcionados por la región articulando un importante mercado interno: mano de obra de comunidades del sur andino, trigo de Chile, vino de Arequipa, textiles del Cuzco, azogue de Huancavelica, mulas de Piura, etcétera. De esta manera, la actividad minera tuvo una relación simbiótica con la agricultura regional. A nivel de las élites, permitió que la acumulación alcanzada con la minería se invirtiera en ganadería (Manrique 1987). A nivel del campesinado, permitió el traslado de salarios mineros a la economía doméstica con el surgimiento de la figura del campesino-minero (Long y Roberts 1984). Esta relación empezó a cambiar con el establecimiento de la moderna gran minería. En las primeras décadas del siglo XX capitales estadounidenses formaron la Cerro de Pasco Copper Corporation, una de las inversiones mineras más grandes de su época. Las élites nacionales perdieron control de una importante fuente de acumulación y, además, se empieza a configurar el sistema de enclave. En 1969 un gobierno militar de izquierda da un golpe de Estado y estatiza la mayoría de compañías privadas, incluyendo el sector minero, petrolero, industrial, financiero y de comunicaciones. Lo que sigue es una historia de constante declive de la producción minera. Ello se explica por la ineficiencia del sistema estatal, la falta de innovación tecnológica, la escasa exploración, la carencia de inversiones, los conflictos cada vez mayores con poblaciones rurales afectadas por un inexistente manejo ambiental y, a partir de la década de los ochenta, por la violencia senderista y la extorsión económica. Desde el frente externo la situación también fue complicada, la crisis mundial condujo a una menor demanda de minerales y los países sudamericanos fueron especialmente castigados por la baja en los flujos de inversión extranjera al producirse la crisis de la deuda externa.

1.4. IMPLICANCIAS DEL EXTRACTIVISMO SOBRE LOS ESTILOS DE DESARROLLO DEL PAÍS

Una primera consecuencia del modelo de manejo actual de los recursos mineros para el desarrollo del país es la configuración de un esquema conflictivo y de confrontación entre actores en el Perú. Tal como los casos presentados nos muestran, se han formado dos polos arquetípicos en los conflictos existentes alrededor de minería en el Perú. De un lado, un escenario en el que la mayoría de la población se opone tajantemente a cualquier forma de explotación minera. Aunque minoritarios, estos conflictos han ganado amplia notoriedad dentro y fuera del país. De otro lado, se encuentran los casos de una población dividida que procura negociar mayores beneficios con la compañía minera antes que oponerse completamente. De esta manera, se debe observar más críticamente la común explicación en la literatura actual sobre industrias extractivas en el Perú que sostiene que el aumento de las concesiones mineras ha conducido directamente a un aumento en los conflictos puesto que este argumento por sí solo no explica la naturaleza de los conflictos. Arellano (2009), a través de evidencia estadística y con una fuerte dosis de entrevistas y trabajo de campo, propone una atrevida pero sólida hipótesis. Según ella, el paradigma de políticas localistas para el manejo de los recursos naturales adoptado por el país el cual se refleja en el sistema de canon o la transferencia de enormes ingresos tributarios a los gobiernos subnacionales en las áreas mineras y en la promoción que el gobierno realiza para que las empresas asuman un activo papel en el desarrollo local ha exacerbado los conflictos políticos locales. Ejemplo de ello son las tensiones entre los Gobiernos Regionales de Tacna y Moquegua por la división del canon o la lucha entre pobladores de Moquegua y Puno por pertenecer a distritos declarados mineros. Este escenario se ha visto agravado por las tensiones de un proceso de descentralización de funciones administrativas pero sin descentralización tributaria y económica. Por tanto, es posible afirmar que es el nuevo tipo de sociedad post reforma agraria en la que se produce la actividad minera la que explica el surgimiento de conflictos abiertos. Ante la inexistencia de un sistema de control único que monopolice la violencia, diversos poderes fragmentados luchan por el control de los beneficios. Más aún, en una sociedad que ha experimentado una sangrienta y prolongada guerra interna en la que además de los grupos subversivos el propio ejército se encuentra involucrado en violación de derechos humanos y muertes, el Estado no es percibido por todos los actores como legítimo detentor del uso de la fuerza. Además de ello, el Estado aún está lejos de proveer y garantizar accesos a derechos y servicios básicos a buena parte de la población peruana, muy especialmente en las zonas rurales.

Una segunda consecuencia a destacar es la mayor dependencia en la explotación de los recursos naturales del país para el crecimiento económico. De esta manera, desde el gobierno y en particular desde el presidente Alan García se ha venido divulgando un agresivo discurso según el cual todos aquellos que se oponen a la explotación de los recursos naturales son enemigos del desarrollo y, por ende, del país. Esto es parte de un paradigma que va más allá del sector minero y tiene que ver con la visión del papel que el capital extranjero juega en el desarrollo del país. Ello puede ser percibido en el impulso al establecimiento de tratados de libre comercio y la eliminación arancelaria en diversos productos. Este discurso está acompañado de un conjunto de políticas destinadas a promover la explotación de minerales, hidrocarburos, gas y recursos forestales. No es gratuito que China se haya convertido en el segundo socio comercial del Perú tras los Estados Unidos. Asimismo, el sistema de interconexión vial del Perú con Brasil sigue las rutas de exportación energética y de minerales. De esta forma, se ha acentuado la especialización del país en la producción y exportación de materias primas. Esta situación no parece cambiar en el futuro cercano, dadas las prioridades de inversión pública del gobierno en infraestructura como puertos y carreteras transversales antes que en educación y formación de recursos humanos en un país que ocupa los últimos lugares en logros educativos en la región.

1.4.1. Impactos del extractivismo: según Gudynas (2012)

Es bien conocido que el extractivismo actual tiene importantes impactos como son:

1.4.1.1 Impactos sociales

Alrededor del extractivismo empeora la desigualdad, ya que pocos consiguen altos salarios, mientras que otras fuentes económicas locales se reducen o desaparecen. En algunos sitios aumenta la violencia y la criminalidad, y prolifera la prostitución; y en otros se destruyen redes locales de cooperación. La salud pública se compromete en algunas zonas, por lo común por el mal manejo de los contaminantes. Las comunidades campesinas e indígenas son las que enfrentan los mayores riesgos con la llegada de estos emprendimientos. Hay casos donde los trabajadores en esos emprendimientos no sólo enfrentan riesgos sanitarios (con enfermedades propias, tales como la silicosis), sino también en seguridad, y condiciones laborales (horarios, salarios, etc.).

1.4.1.2. Efectos económicos

A nivel local, las redes productivas, como pueden ser la pequeña agricultura y ganadería, usualmente son drásticamente alteradas, o desaparecen bajo el extractivismo. La producción regional puede resentirse, como ocurre cuando los agricultores que pierden acceso al agua. Paralelamente, a nivel nacional, si bien se insiste en los beneficios que genera la exportación extractiva, no se realiza una contabilidad donde se resten los costos económicos de los impactos que genera, y los tributos que pagan las empresas involucradas son muy bajos. Por lo tanto, es muy discutible cuál es el balance económico neto del extractivismo para un país.

1.4.1.3 Impactos ambientales

Existe una abrumadora evidencia de los efectos ambientales negativos del extractivismo convencional. Entre los problemas más graves se encuentra la destrucción de áreas naturales, con su riqueza en fauna y flora, la contaminación del agua superficial y subterránea, y la generación de contaminantes que se difunden en el suelo, las corrientes de agua y el aire. En algunos procesos productivos se usan sustancias tóxicas peligrosas. Las medidas de mitigación ambiental son limitadas, y en muchos las empresas no las aplican, y ocurren accidentes. A manera de ejemplo, se pueden citar el deterioro en la salud en La Oroya en Perú, o los enormes derrames de petróleo en la Amazonía de Ecuador. Finalmente, las minas y pozos abandonados se convierten en problemas ambientales crónicos.

1.4.1.4 Impactos territoriales

El extractivismo produce una nueva geografía dentro del continente. Se conceden "bloques" u otras concesiones sobre extensas áreas, las que se imponen sobre territorios ancestrales de pueblos indígenas, de áreas tradicionalmente en manos de comunidades campesinas o de pueblos centenarios. A su vez, esa nueva reparticipación del espacio tampoco reconoce fronteras entre países y se impone a escala continental.

1.4.1.5 Intensa conflictividad

Las comunidades deben lidiar con estos serios impactos sociales y ambientales, recuerdan experiencias pasadas similares, y enfrentan a enormes corporaciones, con apoyos explícitos o implícitos de los gobiernos. Estas tensiones en muchos casos desembocan en conflictividad. Actualmente, en todos los países sudamericanos existen distintos tipos de protestas ciudadanas frente al extractivismo. A su vez, las respuestas gubernamentales o empresariales, que desechan los alertan o intentan silenciar a la ciudadanía, no ofrecen soluciones de fondo, sino que agravan la situación.

CAPITULO II

Modelos de desarrollo en América latina

2.1 AMÉRICA LATINA: POR DIVERSOS CAMINOS

Existen diversos énfasis en los estilos de desarrollo imperantes en América del Sur. En unos casos se siguieron caminos que priorizaron el mercado y la iniciativa privada, con un papel rezagado del Estado y se mantuvo o se amplió un programa de privatizaciones de empresas estatales, apoyadas por liberalizaciones comerciales unilaterales, expresadas en Tratados de Libre Comercio firmados con países industrializados. Todo vino acompañado de altos niveles de externalización de los impactos sociales y ambientales. Ese fue el sendero seguido por Perú y Colombia y en parte por Chile. En otros casos, los senderos apuntaron en otras direcciones debido a un recambio político sustantivo, expresado en gobiernos que se autodenominan de la nueva izquierda o progresistas. En ese conjunto heterogéneo se incluyen las administraciones de Néstor Kirchner y luego de su viuda Cristina Fernández en Argentina, de Lula da Silva en Brasil, de Evo Morales en Bolivia, de Rafael Correa en Ecuador, de Tabaré Vázquez y José Mujica en Uruguay y, con algunas reservas, la de Fernando Lugo en Paraguay y la de Michelle Bachelet en Chile. En todos estos países se recuperaron distintos niveles de presencia estatal, con un control más riguroso sobre algunos recursos e incluso con empresas estatales re-estatizadas. Estos gobiernos expresaron mayores reservas a la firma de TLC, priorizaron los esquemas de integración regional y fortalecieron y ampliaron programas de asistencia social, alcanzando una sustantiva reducción de la pobreza en algunos países.

El conjunto de la nueva izquierda es muy diverso. En algunos casos las intervenciones del Estado en el mercado fueron acotadas y cuidadas, como en Brasil, Uruguay y especialmente en Chile. En otros, las medidas fueron más enérgicas moviéndose al calor de los debates políticos internos, como en Argentina y Ecuador. Finalmente, hay gobiernos con una mayor voluntad de todavía mayor intervención y presencia estatal, como en Bolivia y Venezuela.

Es evidente que existen muchas diferencias entre estos dos conjuntos de países. Basta tener en mente los casos de Perú y Bolivia, que a primera vista parecerían seguir dos estrategias de desarrollo diferentes. También es cierto que dentro del conjunto progresista hay una expresiva heterogeneidad, como resulta de comparar, por ejemplo, a Venezuela con Brasil. En Venezuela hay mayor presencia de empresas estatales en expansión por medio de la nacionalización hacia nuevos sectores, tan distintos como los alimentos o la siderurgia acompañada de una intensa retórica contra el capitalismo. En Brasil se celebra el capitalismo, el Estado se ha vuelto "socio" de un conjunto de grandes empresas, financiándolas dentro y fuera de sus fronteras es el caso de la minera Vale o de las constructoras Odebrecht y Camargo Correa, apoyadas por el Banco Nacional de Desarrollo Económico Social, BANDES. Venezuela se vuelca a un nacionalismo estatal, mientras que Brasil avanza por el nuevo desenvolvimiento apoyado en una asociación entre el gobierno, algunas grandes empresas y el concurso de sindicatos claves.

2.2. CUANDO PROTEGER EL AMBIENTE ¿ES DETENER EL DESARROLLO?

Aunque es importante esta diversidad, hay que llamar la atención sobre las coincidencias que existen entre todos estos gobiernos sobre las percepciones, valoraciones y el papel que asignan a los recursos naturales y a la Naturaleza como ingrediente clave en una cierta idea del desarrollo. Todos conciben el desarrollo esencialmente como crecimiento económico y entienden que el crecimiento económico se debe nutrir de una intensa apropiación de los recursos naturales.

Sea en el caso de la apertura comercial peruana o en el de la invocación comunitaria indígena boliviana o en el del nuevo desarrollismo de Lula, una y otra vez se repite la necesidad de aumentar las exportaciones y atraer más inversión extranjera. Se celebra el crecimiento del PIB y se buscan los equilibrios macroeconómicos. La activa promoción de las exportaciones se ha convertido en uno de los principales factores de presión sobre el ambiente. Según datos de 2008, en América del Sur la proporción de materias primas en el total de exportaciones iba del 55.4% en Brasil al 92.7% en Venezuela. Los países andinos presentan altos valores (92.8% en Bolivia, 91.7% en Ecuador, 88% en Chile, 86.6% en Perú y 68.5% en Colombia.

En esa exportación de recursos naturales tiene un papel clave el sector extractivo. Las exportaciones provenientes del rubro "minas y canteras" han crecido desde el año 2000 en todos los países sudamericanos, con excepción de Paraguay. En 2008 el mayor exportador de ese rubro fue Brasil, con más de 33 mil millones de dólares, convirtiéndose así en un país minero. La producción y comercialización de hidrocarburos sigue un patrón similar, aprovechando los altos precios de años pasados. Además, ha proliferado una estrategia agropecuaria volcada a convertir a ese sector en un proveedor de commodities (materias primas) para el mercado global. El principal ejemplo son las extensiones de tierra dedicadas al monocultivo de la soja.

Éstas y otras evidencias indican que, por distintas vías, las estrategias de desarrollo actuales logran éxitos exportadores, pero presionando muy activamente sobre los recursos naturales y, por tanto, desencadenando inevitablemente todo tipo de impactos. Es cierto que hay diferencias de estilos en los gobiernos progresistas, pues en algunos casos hay una resignación a ser proveedores de materias primas y en otros hay intentos de fortalecer la industrialización. Pero en un análisis desde la ecología política llama la atención la permanencia de un patrón severamente anclado en el sector primario, donde la Naturaleza queda relegada a un papel subsidiario como proveedora de recursos.

Esta postura está íntimamente vinculada con el imaginario de enormes riquezas ecológicas disponibles en el continente, que deben ser aprovechadas, y con la idea de que no existen límites ecológicos inminentes. Una y otra vez se repite la visión de la Naturaleza como una canasta de recursos que debe ser aprovechada. Los llamados a proteger el ambiente, o los conflictos sociales que se originan por diferentes externalidades ambientales y sociales, provocadas por este modelo, son muchas veces ignorados, casi siempre minimizados o rechazados y resistidos como "trabas" al desarrollo o son catalogados terroristas.

2.3. EL ACELERADO DETERIORO AMBIENTAL

Los diagnósticos ambientales regionales coinciden en señalar que el deterioro ambiental no se ha detenido en América Latina y en algunos casos se ha acelerado en los últimos años. Transcurrida la primera década del siglo XXI, el balance ambiental es negativo. Una evaluación de 2010 de la situación ambiental mundial muestra que Brasil es el país con el mayor deterioro ambiental absoluto a escala mundial. Si se considera el impacto ambiental relativo a su stock de recursos naturales disponibles, el primer país sudamericano aparece en el puesto 22 del ranking global y es Ecuador.

La "huella ecológica" de América Latina una medida espacial de la apropiación de recursos naturales ha aumentado un 133% desde 1961. El promedio actual para la región es de 2.6 hectáreas globales por persona. Uruguay posee una huella muy alta, le siguen Paraguay y Chile. Este nivel de "huella" está todavía muy por debajo de los valores que hay en los países industrializados: en Estados Unidos ha sido estimada en 7.9 hectáreas globales por persona y la tendencia va en franco aumento.

En cambio, no existen indicaciones de que esto mejore con los gobiernos progresistas. Todos los países latinoamericanos son exportadores netos de biocapacidad, mientras que en otras regiones del mundo se aprovechan los recursos que se originan localmente. En 2010 América Latina tenía un saldo neto de exportar 164 millones de hectáreas globales al resto del mundo, especialmente provistas por Argentina y Brasil. Y aunque se ha reducido la deforestación amazónica en Brasil en los últimos años de la administración Lula, desde picos de 27 mil kilómetros cuadrados deforestados cada año en 2004 a 7 mil en 2009 y 2010, en otros países de la cuenca amazónica -como en la Amazonia peruana- la situación es preocupante. Y en Brasil, a pesar de la mejora amazónica, otras regiones sufren enormes impactos: la sabana tropical de El Cerrado perdió casi la mitad de su vegetación original y entre 2002 y 2008 la tasa de deforestación allí fue el triple a la observada en la Amazonia.

Estos deterioros, de gran escala y de profunda intensidad, están directamente vinculados a las estrategias de desarrollo. En algunos casos podría argumentarse que hay efectos de "inercia" originados en el desmantelamiento sufrido durante gobiernos anteriores, que aplicaron duras reformas de mercado. Sin embargo, los gobiernos progresistas también han mantenido, y en algunos casos acentuado, la presión sobre el ambiente buscando aumentar las exportaciones y aprovechando un ciclo de muy altos precios en las materias primas.

Desde el punto de vista normativo e institucional existen algunos avances. El más importante en el campo de la izquierda fue la aprobación de los Derechos de la Naturaleza en la nueva Constitución del Ecuador (2008). Sigue siendo relevante una profunda reforma de la institucionalidad ambiental en Chile, acordada bajo la administración de Bachelet. En Bolivia hubo un retroceso, al desmembrarse las responsabilidades ministeriales de gobiernos anteriores y tras un complejo proceso se terminó en el nuevo Ministerio de Medio Ambiente y Agua. La institucionalidad ambiental sigue enfrentando muchas limitaciones en Argentina y Uruguay, mientras que en Brasil se la ha fraccionado en nuevas agencias, y existen fuertes presiones para reducir los controles, especialmente en el sector forestal.

2.4. TIENEN LA MISMA VISIÓN DEL DESARROLLO

Es cierto que existen diferencias importantes entre el extractivismo convencional y el neo-extractivismo progresista. El convencional es abiertamente transnacionalizado y el progresista apela a una postura pragmática, presentándolo como inevitable para sostener al Estado, asegurar el crecimiento económico y financiar diversos programas, especialmente los que luchan contra la pobreza, componente que le otorga una importante legitimidad política y electoral del que carece el extractivismo convencional. Ese vínculo explica que lo defiendan organizaciones sindicales y sociales. Así, por distintas vías, y más allá de las diferencias, se refuerza la idea convencional del desarrollo, basada en la apropiación intensiva de los recursos de la Naturaleza.