Perú: Desarrollo del Sector Agrícola (página 3)

Al mismo tiempo, instituciones intergubernamentales como el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial (BIRF), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), La Organización Mundial de Comercio (OMC), y los tratados de integración subregional determinan, por negociación y consenso de sus miembros, el marco para una gran parte de las políticas públicas nacionales. Las decisiones de ámbito nacional que deben ser adoptadas dentro de esta nueva institucionalidad internacional, ya no se limitan sólo a la fijación de aranceles de importación o al tratamiento de medidas comerciales, sino que abarcan desde la política monetaria y fiscal, hasta las políticas internas de apoyo a la producción y al desarrollo sectorial, los servicios, las normas para la inversión, las medidas laborales y las políticas ambientales, entre otras. Hoy más que nunca la agricultura, en su concepción ampliada, se ha incorporado con plenos derechos y obligaciones al contexto de esa institucionalidad internacional.

Tanto el GATT de 1994, como el Tratado de Libre Comercio de Norteamérica (Canadá, Estados Unidos y México) y prácticamente todos los acuerdos comerciales y de integración posteriores, incluyen expresamente a la agricultura en dichos acuerdos y definen normas económicas, así como mecanismos institucionales que abarcan la totalidad de las políticas públicas relacionadas con el sector agropecuario.

Reconociendo la complejidad del tema de la institucionalidad público-privada de la agricultura, se adelantarán algunas reflexiones de orden general entendiendo que cada país tiene arreglos organizativos diferentes y estrategias propias para su transformación.

La primera reflexión gira en torno a la necesidad de superar la distinción entre lo público y lo privado, reconociendo que los actuales desafíos enfrentados por la agricultura requieren de una acción cohesionada, integral y compartida. Por ejemplo, el desarrollo de ventajas competitivas requiere de una visión de conjunto y de la articulación de los distintos agentes públicos y privados, que permita presentar un frente común que beneficien a todos. La segunda reflexión se refiere a la necesidad de incorporar los avances en el manejo de la información y de las comunicaciones y el aprovechamiento de las redes a la institucionalidad agrícola. No se conciben las grandes estructuras burocráticas ni los largos procesos en la toma de decisiones, sino que se torna esencial la descentralización para la ejecución de programas y proyectos del sector agropecuario. La tercera se relaciona con el desarrollo de la institucionalidad agrícola para: i) Fortalecer su poder de negociación y obtener respaldo en las instancias de decisión política y de grupos de interés; ii) Identificar, capturar y adaptar las tecnologías que son factores clave para la productividad y competitividad; iii) Identificar posibilidades de mercados, predecir la evolución de la demanda y orientar la producción; iv) Desarrollar proyectos de riesgo compartido entre el sector público y empresarial; v) Generar y poner a disposición de los agentes productivo-comerciales, la información pertinente, oportuna para una gestión eficaz en la producción y el comercio. La cuarta reflexión se refiere al papel que el Estado juega en ciertas funciones que, por el momento, parecen no ser delegables y que requieren de un nuevo tratamiento ante la evolución del entorno. Se trata de funciones que el Estado casi siempre ha asumido, como es el caso de las entidades que se ocupan de la protección fito y zoosanitaria, la conservación del medio ambiente, la defensa de la biodiversidad y la gestión integral del patrimonio genético de los países y de la región. La quinta reflexión tiene que ver con la inversión en el recurso humano. La institucionalidad agrícola, en una unión de esfuerzos públicos y privados, debe mejorar sustancialmente la educación y la formación de los agentes que participan en los procesos productivos en las zonas rurales. No se trata de una capacitación exclusivamente agrícola, sino de una capacitación que conduzca a entender mejor las relaciones urbano-rurales y que permita a los agricultores, a los técnicos, a los jóvenes, a las mujeres y a las familias rurales, tener acceso y utilizar los progresos de la informática y de la comunicación. Esto requiere repensar la institucionalidad agrícola en una dimensión más amplia del conocimiento con una tendencia a elevar los niveles de vida. La sexta y última reflexión se dirige a las nuevas reglas y funciones de los organismos internacionales de cooperación y de promoción del desarrollo de la agricultura y el medio rural, que deben corresponderse con una institucionalidad agrícola renovada por parte del sector público y privado de los países. Estas instituciones deben actuar de manera convergente y concertada, con enfoques más prácticos y novedosos y deben orientar sus recursos y servicios para atender la demanda y actuar con cuerpos gerenciales y administrativos renovados y con las capacidades técnicas en los nuevos temas, que son centrales en las agendas de los líderes del desarrollo de la agricultura y el mejoramiento de la vida rural. Se requieren pues, organizaciones menos burocráticas y más ágiles, con nuevos sistemas, métodos y procedimientos, con personal comprometido con nuevos valores y actitudes, con instancias de decisión más cercanas a quienes demandan sus servicios y sobre todo, comprometidos a apoyar a los Estados Miembros en sus procesos de transformación institucional pública y privada. Para lograr ese propósito, los instrumentos de la institucionalidad, es decir las políticas para la agricultura y el medio rural, deben transformarse en políticas proactivas y creativas y, al mismo tiempo, constituirse en verdaderas "políticas de Estado", no sólo en el sentido temporal, sino en el hecho de ser orgánicamente consistentes, con las políticas macro-económicas y las de otros sectores, así como consensuadas y concertadas con el sector privado agrícola en el más amplio sentido del término.

Lo anterior implica la consideración de nuevos horizontes que implican la estructuración de una institucionalidad eficaz y participativa, a fin de integrar dinámica y sinérgicamente al sector público y al sector privado, que considere las alianzas estratégicas y tácticas, para ello requiere el desarrollo del sector, pero sobre todo, optimizando y potenciando los espacios que permitan al contexto regional e internacional instrumentar las nuevas reglas de juego implícitas y explícitas que lo rigen.

Incentivos: Puede darse por el lado de la formulación de políticas macroeconómicas, comerciales y sectoriales acertadas, que no perjudiquen a la agricultura. De acuerdo a información estadística del INEI, al 2004 el 54% de la población nacional se encontraba en estado de pobreza; y de dicho porcentaje, la población en tal estado de zonas rurales representaba el 71%. El sector agricultura representa el 4.4% del PBI nacional. Sin embargo, según la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO), dichas actividades son las que más empleos generan en el Perú, pues representan el 35.15% del total de trabajadores. Así, 3 de cada 4 agricultores son pobres, con bajos niveles tecnológicos y activos productivos; el sector agrícola enfrenta aún graves problemas que impiden su desarrollo: fragmentación de la propiedad de las tierras (85% de los 1.7 millones de agricultores tiene menos de 3 has., el 36% tiene menos de 1 ha. y solamente el 5% tiene más de 10 has.), falta de titularidad sobre las tierras (se estima que entre el 55% y 70% de los predios rurales no se encuentran titulados. Según el PETT, hoy existen 2"014,389 de predios rurales sin título, principalmente en la sierra), uso ineficiente del agua, poca tecnificación del riego, carencia de política integral de certificación, y falta de instrumentos financieros y seguros.

Propuestas:

• Ampliar el ámbito de aplicación de esta ley a toda clase de nueva actividad agroindustrial desarrollada en el país, especialmente en las zonas de la sierra, ya que contempla un régimen especial de impuesto a la renta (una tasa de 15% sobre la renta de tercera categoría y posibilidad de depreciar, a razón del 20% anual, el monto de las inversiones en obras de infraestructura hidráulica y obras de riesgo) y el derecho a recuperar anticipadamente el IGV por aquellas inversiones realizadas durante la etapa pre productiva (hasta 5 años como máximo), para adquirir bienes de capital, insumos, servicios y contratos de construcción. Asimismo, debería facilitarse la importación de insumos y fertilizantes, mediante la reducción progresiva de los aranceles hasta llegar a tasa cero.
• Establecer el régimen de reinversión de utilidades (pago de Impuesto a la Renta de 15%) a efecto de que empresas de cualquier sector puedan realizar inversiones en el agro.
• Llevar a cabo un programa agresivo de titulización de la propiedad rural, debiendo fusionar para ello el Proyecto de Titulación de Tierras – PETT con la Comisión de Formalización de la Propiedad Informal – COFOPRI a efectos de que éste pueda continuar con el proceso de formalización de la propiedad en zonas rurales, siguiendo la metodología que exitosamente desarrolló en zonas urbanas llegando a formalizar más del 80% de los lotes existentes.
• Fijar un programa de desarrollo de infraestructura pública en zonas rurales (mediante concesiones y/o APP), para establecer canales de comunicación y transporte entre la producción de la microempresa y la demanda a nivel nacional e internacional.
• Implementar un programa de promoción de riego mediante la creación de fondos concursables para la tecnificación del riego. A mayor cofinanciamiento de los participantes, mayor puntaje para recibir los fondos para riego tecnificado. Debe recordarse que casi el 100% de la agricultura de la costa y un 40% de la sierra es agricultura de riego; sin embargo, la adopción de técnicas modernas de riego es reducida.
• Establecer esquemas que promuevan la integración empresarial de los pequeños agricultores. La aplicación de estos programas debe estar coordinada con las Juntas de Usuarios de Riego, asociaciones de productores, entre otros; y debe estar coordinado con los programas de dotación de infraestructura y capacitación.
• Junto con la aplicación de programas de desarrollo de capacidades productivas y de provisión de servicios públicos, se debe mejorar los sistemas de información acerca del clima, precios, siembras y cosechas; con el objeto de lograr una mejor planificación de los productores. En el pasado la carencia de información ha limitado la viabilidad de las asociaciones entre el sector privado (cuyo rol es establecer la conexión con el mercado urbano y con mercados internacionales) y los pequeños productores organizados.
• Implementar un seguro agrario de tal manera que se reduzca el riesgo y el costo de los préstamos al sector agrícola (se estima que solo el 10% de las colocaciones de los bancos, cajas rurales y municipales se destinan a la microempresa en zonas rurales). Este permite a los agricultores reducir su exposición a los riesgos productivos ajenos a su control (eventos climáticos). Por ello, se evita que los productores gasten recursos económicos en protegerse de riesgos que el sistema puede asumir a costes menores (sistema de seguros); y les permite a estos tener recursos para pagar a las instituciones que les dieron crédito, reduciendo así el riesgo de los préstamos y, consecuentemente, el costo del crédito.
• Para superar las limitaciones de infraestructura en relación con el crédito, crear el "servicio público de ventanilla" a través del Banco de la Nación (BN), con el fin de que entidades pequeñas (Cajas Municipales, Cajas Rurales, etc.) puedan ofrecer sus servicios financieros, incrementando su cobertura a un muy bajo costo (comisión mínima del BN a entidades financieras). Así, la creación y funcionamiento de sucursales no se convertiría en un costo prohibitivo para las instituciones de microfinanzas.
• Establecer un fondo encargado de financiar las investigaciones privadas (tanto universidades, como centro de investigación particulares) en manejo semillas y tratamiento de la tierra. De esta manera, los centros privados competirían por el financiamiento y, mediante un sistema técnico de puntajes, se escogerían las propuestas más productivas y beneficiosas.
• Promover, mediante la flexibilización del marco legal (reducción de barreras para la constitución y autorización de funcionamiento de los fondos), la creación de fondos de inversión de capital de riesgo especializados en agricultura e industria forestal.
• Establecer un régimen de asignación de titularidad a particulares, sobre tierras deforestadas del Estado en situación de abandono, para su reforestación o uso agrícola. Para el primer caso, aprovechar la creciente oferta de financiamiento por parte de los países desarrollados emisores de gas de carbono, para elaborar proyectos de reforestación en países proveedores de bosques. Se deberá realizar un estudio de zonificación ecológico-económico para determinar en detalle qué destinos deben tener las tierras, recalificándolas para su uso más eficiente.
• Fomentar el empleo a través del establecimiento de una política forestal. Para ello, se busca ampliar el límite de extensión de las concesiones forestales a 200,000 has. o más (actualmente las concesiones forestales sólo pueden ser de una extensión de hasta 50,000 has., lo cual dificulta la generación de economías de escala y de incentivos para la inversión privada, sobre todo extranjera). Así, también se deben de extender los plazos de concesión.
• Crear un plan de promoción de certificación orgánica a través del cual el Estado difunda los beneficios que la certificación genera y financie parte de los costos del proceso de certificación. Así, todo aquel que quisiera obtener esta certificación pagaría sólo una parte del costo.

Desarrollo agrícola

El concepto de desarrollo como crecimiento ha sido muy popular en Iberoamérica. De hecho, siempre ha habido una tendencia a medir el avance hacia el desarrollo en términos de crecimiento, sobre todo en términos del crecimiento del PNB. Sin embargo, es bien sabido actualmente que el crecimiento no es lo mismo que el desarrollo, y esta diferencia ha sido cuidadosamente estudiada por autores como Streeten (1981), Grant (1978) y Morris (1979). Amartya Sen (1983) ha señalado que a pesar de que el crecimiento no puede ser identificado con el desarrollo "difícilmente puede ser negado que el crecimiento económico es uno de los aspectos del proceso de desarrollo económico" pero, agrega: creo que las limitaciones reales de la economía tradicional del desarrollo surgen no de la elección de los medios para el fin del crecimiento económico, sino del insuficiente reconocimiento de que el crecimiento económico es un medio para otros fines. Creo que de estas consideraciones surgen dos conclusiones importantes. La primera es que debemos ubicar el crecimiento económico como una nota esencial del desarrollo mas no identificarlo con él La segunda es que es importante identificar con claridad los fines para los que el crecimiento económico no es más que un medio. Tomando en cuenta estas conclusiones, así como las anteriormente alcanzadas, trataré de esbozar en la última sección las condiciones que un concepto apropiado de desarrollo debe satisfacer. Las consideraciones anteriores revelaron algunas de las condiciones que debe satisfacer un concepto adecuado de desarrollo económico. Con el objeto de presentar una visión unitaria y sistemática de tales condiciones, será conveniente introducir las siguientes distinciones. En primer lugar, es importante distinguir la finalidad del desarrollo económico, es decir, las condiciones para la vida humana que se quieren alcanzar mediante tal proceso. En segundo lugar, hay que distinguir la ideología, es decir, la clase de sistema económico que se supone sería la meta del desarrollo y mediante la cual se alcanzaría su finalidad. Por ejemplo, la ideología de un concepto de desarrollo económico sería una economía pura de mercado, mientras que la de otro concepto sería una economía completamente estatizada. Mediante estas distinciones, un concepto de desarrollo económico de la sociedad subdesarrollada S es un concepto del proceso de transformación que transforma la economía de S en la clase de sistema económico que describe una cierta ideología, según la cual se alcanzan ciertas condiciones para la vida humana.

De acuerdo con Sunkel y Paz, "el desarrollo significa lograr una creciente eficacia en la manipulación creadora de su medio ambiente, tecnológico, cultural y social así como sus relaciones con otras unidades políticas y geográficas". Esto se refiere a la reorientación de la política de desarrollo tanto interno como externo. Algo importante que marcan es el grado de control que el Estado-Nación tiene sobre influencias externas tan significativas. Esto lo entiendo, como que tan interventor es el gobierno con respecto a la búsqueda de elementos que favorezcan al mejoramiento de, sistema productivo interno, a su vez que tanto influencia tiene el gobierno con respecto a las relaciones de intercambio con otros países. Puedo decir que el ingreso per capita es el mejor indicador para reflejar el nivel y ritmo de desarrollo. Y de acuerdo con los autores, se llega a considerar que se es un país desarrollado cuando se tiene al sistema capitalista en una fase madura. El subdesarrollo, ha sido causa de numerosos estudios tanto económicos, geográficos, políticos, históricos etc. Se entiende por subdesarrollo cuando se tiene en comparación con otros países, una estructura productiva atrasada, las condiciones de vida de la población son limitadas, se tiene dependencia con el mercado internacional, desigualdad económica, no se tienen bienes de capital para la inversión en rubros necesarios del país. Ambos conceptos son dependientes y de acuerdo con Sunkel y Paz "la característica principal que diferencia ambas estructuras es que la desarrollada, tuvo gracias a su capacidad andrógena de crecimiento, es la dominante y la subdesarrollada, tuvo el carácter inducido de su dinámica es dependiente".

En plena era de globalización y búsqueda del bienestar integral, es esencial aplicar estrategias de desarrollo que no pongan en riesgo la calidad del espacio natural, las condiciones de vida de las generaciones presentes y futuras y la viabilidad de las industrias. En algunos países, el Estado, las empresas y la sociedad han construido consensos para priorizar este criterio de sostenibilidad en sus decisiones de desarrollo económico, social, empresarial, cultural y tecnológico, mientras que en otros países, como el Perú, las fuentes de desarrollo sostenible se han visto comprometidas. Partiendo de este diagnóstico es imprescindible construir una agenda común para lograr el desarrollo sostenible de nuestro país, que sea impulsada desde los ámbitos sociales privados y públicos. Este desafío supone la formación de gestores del desarrollo sostenible que dispongan de un conjunto de capacidades, destrezas y herramientas esenciales para integrar criterios de sostenibilidad en las decisiones de tipo empresarial, social, político y ambiental. La adopción de una visión sostenible del desarrollo contribuirá a generar condiciones para evaluar y mejorar el aprovechamiento del espacio natural, mejorar las condiciones de vida y bienestar económico de la población e impulsar la ventaja competitiva duradera en las empresas, las que, a su vez, generarán puestos de trabajo de mayor calidad. En este marco, el Estado debe asumir el compromiso de promover la difusión y adopción de esta visión responsable del desarrollo, así como diseñar políticas de control para orientar su implementación y permanente vinculación a las tendencias de esta materia en el mundo.

El sector agrícola como cualquier otro sector va a aportar al desarrollo económico y social de las regiones y del país en general; porque proporciona los alimentos para que los habitantes estén en las mejores condiciones, proporciona las fuentes de empleo que necesita la comunidad, aporta las divisas a través de las exportaciones y aporta otros factores, con lo cual el país crece y esto se refleja en mejor estado de vida de la gente, en todo lo cual está presente el estado y el sector privado unidos como uno solo.

Estimulación del desarrollo agrícola: Analizando la información del Banco Mundial (2003), la mayoría de los países más pobres del mundo se encuentran en África y Asia central y meridional, aunque están también dispersos por toda América Latina (Perú y otros), Europa oriental y Oriente Medio. Casi todos ellos dependen de la agricultura como fuente principal de ingresos y medios de subsistencia para sus poblaciones fundamentalmente rurales. La mayor parte de la población rural de estos países continúa en la pobreza debido a que la agricultura ha crecido menos que la población, y las oportunidades de empleo no agrícola son escasas. La agricultura y el desarrollo rural tropiezan actualmente con una gran variedad de problemas que condicionan los resultados de cualquier iniciativa. Es fácil comprender la magnitud del desafío si se tienen presentes algunas cifras. En el decenio de 1990, el ingreso medio per cápita de los países en desarrollo creció a un ritmo del 1,6% al año. Tendrá que crecer aproximadamente un 3,6% anual para alcanzar los objetivos de desarrollo del milenio, en particular, el de la reducción de la pobreza a la mitad para el año 2015. Como el 24% de la producción total procede de la agricultura de países de ingreso bajo, el crecimiento acelerado de este sector es fundamental para aumentar los ingresos. De hecho, la agricultura deberá crecer alrededor de un 3,5% anual " es decir, un punto porcentual por encima del ritmo de los años noventa" para poder contribuir adecuadamente al objetivo de reducción de la pobreza. Por supuesto, el crecimiento no basta. Para poder reducir la pobreza se necesita un crecimiento cuyos beneficios se distribuyan ampliamente. Una serie de reuniones internacionales de alto nivel reafirmaron el compromiso de los países donantes con el desarrollo y confirmaron que el crecimiento agrícola y el desarrollo rural son ingredientes fundamentales para liberar a los países de la pobreza. De todas formas, estimular de hecho la agricultura y el desarrollo rural en los países pobres será mucho más difícil que hacer una declaración de buenas intenciones. Lo que se necesita es una combinación de los siguientes elementos: reforma de las políticas agrícolas y comerciales en los países industriales; más ayuda para la agricultura y el desarrollo rural, y ampliación de los programas de inversión e introducción de cambios normativos adecuados en los países en desarrollo.

Ingredientes para un desarrollo agrícola y rural eficaz: Se encuentran experiencias positivas en el terreno de la agricultura y el desarrollo rural en distintos lugares de Asia oriental, Europa central y varios países de América Latina. Ghana y Mozambique han logrado algunos éxitos, aunque la pobreza extrema y el hambre continúan siendo todavía un problema considerable. Junto a estos logros, hay también fracasos, que pueden resultar ilustrativos. Teniendo en cuenta los éxitos y los fracasos del pasado, se ha identificado varios ingredientes críticos para el desarrollo eficaz de la agricultura y el sector rural:

• Suficiente inversión pública en las zonas rurales. Los países que han conseguido desarrollar sus zonas rurales han demostrado su compromiso asignando recursos públicos para la infraestructura, investigación y asistencia técnica necesarias con el fin de aumentar la productividad agrícola y no agrícola en esas zonas. La inversión pública suficiente con el fin de ofrecer servicios de educación y atención de la salud en las zonas rurales es también fundamental para contar con una población productiva.
• Buen gobierno. El buen gobierno es un ingrediente fundamental para garantizar la gestión adecuada del gasto público con destino a los servicios rurales antes mencionados y para crear un clima positivo que atraiga la inversión privada hacia las zonas rurales. Los agricultores " independientemente de que se trate de particulares o compañías" son empresarios, y los empresarios no invertirán en una actividad que esté sometida a excesivos impuestos, no esté protegida por el imperio de la ley, o se encuentre en un lugar donde no haya carreteras, agua o electricidad. Por ello, en países como Perú, con un sistema de gobierno que favorece un clima propicio a la inversión rural, se viene registrando un considerable crecimiento en los sectores de la agricultura y el desarrollo rural.
• Estabilidad política. Se distingue del buen gobierno porque hace referencia sobre todo a la ausencia de guerras u otros disturbios civiles violentos. Los disturbios y guerras civiles destruyen vidas, perturban la infraestructura y acaban con la seguridad. La estabilidad política se da por el lado de la continuidad en los programas de entre un gobierno y otro. En nuestro país cada nuevo gobierno quiere encarcelar a los gobernantes anteriores, no continúa las políticas, y más bien se dedica a destruir todo lo hecho por los anteriores gobernantes. Esto tiene que revertirse para enfilar al sector agrícola, entre otros, por la senda del crecimiento y desarrollo.
• Crecimiento económico y generación de ingresos. Un elemento más amplio, que es también condición para el éxito, ha sido una economía en crecimiento que genere los ingresos necesarios para que los consumidores compren un volumen cada vez mayor de productos agrícolas. El crecimiento de las economías depende de las mismas condiciones de buen gobierno, políticas económicas acertadas e inversiones públicas útiles que necesita la agricultura para instaurar un círculo virtuoso.
• Gestión de riesgos y de la vulnerabilidad. Las personas cuyos ingresos dependen de la agricultura se encuentran entre las más vulnerables del mundo. Factores externos, como el clima, la sequía y la fluctuación de precios de los productos agrícolas, pueden echar por tierra el trabajo de los agricultores en un episodio o en una campaña. Las sequías provocan situaciones de hambre, y se necesita asistencia de emergencia, incluida la ayuda alimentaria. Esta inestabilidad de los ingresos dificulta a los agricultores el acceso al crédito necesario y otros servicios financieros que podrían protegerlos frente a esas conmociones. El Banco Mundial está examinando y aplicando diversos instrumentos y planteamientos que pueden reducir los efectos de las crisis externas, como el riego, el seguro de las cosechas y el microfinanciamiento rural.
• Reforma de la política agrícola y comercial. Una cuestión antigua, pero que no se ha abordado hasta hace poco en la comunidad de donantes, es el impacto de la política agrícola y comercial estadounidense, japonesa y europea en los países en desarrollo. El sector agrícola prospera cuando se dispone de tierra y mano de obra barata, lo que representa una ventaja comparativa para los países en desarrollo. No obstante, las fuertes subvenciones y los altos niveles de protección en los países de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) alejan los productos agrícolas de los países en desarrollo de los mercados de la OCDE, al mismo tiempo que mantienen artificialmente bajos los precios agrícolas mundiales. Cuando los países pobres no pueden tener acceso a los mercados agrícolas de la OCDE, tienen pocos incentivos para invertir en la agricultura. Todos estos ingredientes demuestran que hay un requisito básico para lograr el éxito: el compromiso gubernamental con el desarrollo rural. En su estrategia, Reaching the Rural Poor (formulada para el Banco Mundial), el Banco se ha comprometido a ayudar a sus países clientes a formular sus propias estrategias nacionales de desarrollo rural, que contribuyan a reforzar la agricultura y reducir la pobreza rural. Mediante una combinación de actividades de promoción, análisis y asistencia técnica, el Banco solicitará la reforma en los países industriales y ayudará a los países en desarrollo a conseguir un verdadero compromiso con la agricultura y el desarrollo rural mediante inversiones públicas, reformas normativas y el desarrollo institucional.

El desarrollo agrícola y la reducción de la pobreza: En los decenios de 1970 y 1980, las autoridades normativas y los especialistas en desarrollo comenzaron a concentrarse en la forma de emplear el desarrollo agrícola para reducir la pobreza, fomentar la seguridad alimentaria y contribuir el crecimiento. Las lecciones surgidas de esa época pueden resumirse en seis «modificadores de la equidad» del crecimiento agrícola:

• Promover el desarrollo agrícola de base amplia. Hay pocas economías de escala en el sector de producción agrícola de los países en desarrollo (a diferencia de las logradas en los sectores de elaboración y comercialización). Por ende, es atractivo concentrarse en la finca familiar por razones de equidad y de eficiencia. Pero conviene dar prioridad a las fincas pequeñas y medianas en las actividades de investigación y extensión agrícolas financiadas con fondos públicos, así como en las de comercialización, crédito y suministro de insumos.
• Emprender una reforma agraria cuando sea necesario. Se puede necesitar esa reforma, en particular con programas de redistribución con asistencia del mercado, donde los terrenos productivos se concentren casi exclusivamente en las fincas de gran tamaño.
• Invertir en capital humano, por ejemplo, en programas de educación, abastecimiento de agua pura, atención de salud, planificación familiar y nutrición en las zonas rurales, para aumentar la productividad de los pobres y ampliar sus oportunidades de empleo remunerado.
• Asegurarse de que los programas de extensión y educación agrícolas, crédito y asistencia a pequeñas empresas lleguen a la mujer del sector rural, ya que ella desempeña una función importante en las actividades agrícolas y otras afines.
• Permitir que todos los interesados del sector rural (no solamente los ricos y poderosos) participen en el establecimiento de prioridades para inversiones públicas de las que esperen beneficiarse o que pretendan ayudar a financiar.
• Fomentar activamente el concepto de economía no agrícola rural. Esa economía no solamente es una importante fuente de ingresos y empleo en las zonas rurales, sobre todo para los pobres, sino que se beneficia de potentes multiplicadores del ingreso y del empleo cuando crece la agricultura. En muchos países, los posibles efectos multiplicadores están limitados por códigos de inversión y legislación conexa en los que se discrimina a las pequeñas empresas rurales no agrícolas.

Desarrollo agrícola sostenible:

La nueva prioridad de la sostenibilidad del medio ambiente que ha surgido en el decenio de 1990 no niega la necesidad de que la agricultura siga contribuyendo al crecimiento, al alivio de la pobreza y a una mayor seguridad alimentaria; pero ahora se exige que la agricultura haga todo eso de una forma que no degrade el medio ambiente. Además de los cinco elementos del crecimiento agrícola y los seis modificadores de la equidad (en este caso no se permite abreviar nada), actualmente se necesitan ocho modificadores ambientales para el desarrollo agrícola sostenible. Todavía hay que elaborar detalladamente esos modificadores y ensayarlos para adquirir experiencia en el campo del desarrollo. Hasta cierto punto, el proceso está aún en la fase de investigación y diseño.

• Dar mayor prioridad a las regiones atrasadas en materia de desarrollo agrícola, aunque muchas puedan ser carentes de recursos. Considerando el rápido crecimiento demográfico y las pocas oportunidades de trabajo fuera de la finca, en los próximos decenios el crecimiento agrícola será el único medio viable de atender las necesidades alimentarias y de subsistencia de poblaciones cada vez mayores en muchas regiones atrasadas. Si se deja de hacer eso, habrá emigración excesiva, que agravará los problemas de los barrios pobres urbanos ya sobrecargados. Esa situación también llevará al empeoramiento de la pobreza y a una mayor degradación de las faldas de las montañas, los bosques y los suelos. El mejoramiento de las regiones atrasadas exigirá más recursos para el desarrollo agrícola, en lugar de desvío de los recursos de las regiones agrícolas favorecidas con una buena dotación, donde el aumento de la productividad es todavía importante.
• Prestar más atención en las investigaciones agrícolas a las características de sostenibilidad de la tecnología recomendada, a los aspectos más amplios del aprovechamiento de recursos naturales en las cuencas hidrográficas y la tierra y a los problemas de las zonas carentes de recursos.
• Velar por que los agricultores tengan derechos inalienables de propiedad de sus recursos. Eso no implica necesariamente que los gobiernos deban invertir en ambiciosos programas de registro de escrituras de propiedad de la tierra. En muchos casos (por ejemplo, en África al Sur del Sahara), los sistemas autóctonos de tenencia de la tierra funcionan todavía sorprendentemente bien. Permiten atender mejor las necesidades de equidad y reconocer los derechos de muchos usuarios en comparación con los sistemas de establecimiento de derechos de propiedad totalmente privados.
• Privatizar los recursos de propiedad común o, donde esa no sea una opción deseable (por los beneficios de las externalidades o por razones de equidad), fortalecer los sistemas de manejo comunitarios.
• Resolver los problemas creados por las externalidades con el establecimiento de un sistema óptimo de cobro de impuestos a las sustancias contaminantes y causantes de degradación, reglamentación, empoderamiento de las organizaciones locales o modificaciones apropiadas de los derechos de propiedad. Pero es preciso tener en cuenta que los precios del mercado libre no siempre son los mejores; es posible que las externalidades exijan intervenciones óptimas en materia de impuestos o subsidios.
• Mejorar la actuación de las instituciones públicas pertinentes encargadas de ordenar y reglamentar los recursos naturales (como los departamentos de riego y silvicultura). Delegar la responsabilidad de las decisiones de manejo a los usuarios de recursos o a grupos de usuarios, donde sea posible. Eso exige también traspaso de derechos inalienables de propiedad o de uso.
• Corregir los desajustes de precios que fomenten el uso excesivo de insumos modernos en la agricultura intensiva. Es decir, eliminar los subsidios a los fertilizantes y plaguicidas y cobrar el costo total del abastecimiento de agua de riego y de electricidad. Quizá sea necesario seguir subvencionando los fertilizantes en las regiones atrasadas, donde el uso corriente sea poco y la fertilidad del suelo sea cada vez menor.

Autor:

DR. DOMINGO HERNANDEZ CELIS

LIMA PERU