DH Y DIH EN COLOMBIA
El Informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los derechos humanos sobre la situación de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario en Colombia, año 2007 en el marco del acuerdo del gobierno de Colombia y la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas fue renovado en 2007 hasta octubre de 2010. El Informe da cuenta de la situación del conflicto armado interno, el narcotráfico y el crimen organizado en el contexto de los derechos humanos y señala la persistencia de problemas estructurales en importantes órganos del Estado. Se analiza el contexto político colombiano, luego de 10 años de actividad en el país de la Alta Comisionada, Louise Arbour donde se pone en evidencia los factores que afectan los DH en Colombia, como la impunidad, las limitaciones para el acceso a la justicia, la desigualdad social y la discriminación, aunque se reconoce que en Colombia ha habido un restablecimiento de la seguridad en los últimos años.
Los hechos políticos que originaron un impacto en la situación de los DH fueron los procesos judiciales contra lideres desmovilizados de grupos paramilitares y su extradición, investigaciones contra altos funcionarios del Estado como congresistas por sus vínculos con los paramilitares, y el aparecimiento de nuevos grupos armados ilegales con nexos con el crimen organizado y el narcotráfico. En el enfrentamiento de la Fuerza Pública contra los grupos insurgentes sigue teniendo, por la intensidad de las hostilidades, repercusiones negativas sobre la población civil donde se atribuyen infracciones al DIH, en áreas como el sur del departamento de Córdoba, el oriente antioqueño, norte de Santander, norte del Tolima, Nariño, Putumayo, Guaviare, Vichada y Arauca.
En la lucha contra la impunidad los problemas estructurales de la admistracciòn de justicia persisten, lo que ocasiona dificultades en el acceso a la justicia, los insuficientes recursos financieros y tecnológicos, la alta carga de trabajo de fiscales y jueces, la mala remuneración, la lentitud en el avance de los procesos, la corrupción etc. Las sentencias condenatorias por ejecuciones extrajudiciales cometidas por miembros de la Fuerza Pública en la que se reportan las victimas como "muertos en combate" y las investigaciones reabiertas por la toma del Palacio de Justicia en 1986 y las relacionadas con asesinatos de los miembros del partido político Unión Patriótica, son hechos que destaca el Informe en la lucha contra la impunidad. La investigaciones de la Corte Suprema de Justicia contra congresistas de la republica por sus nexos con grupos paramilitares, alcaldes y gobernadores, señala el carácter de fortaleza e independencia de esta institución, afirma el Informe.
Se espera que la plena funcionalidad del sistema penal acusatorio, creado a comienzos del 2008, contribuya a combatir la impunidad, como la Ley No 975 de 2005, que regula el procesamiento judicial de los miembros desmovilizados de los grupos armados ilegales contribuya a la justicia y a la reparación en una especie de "revolución copernicana,"que ponga en el centro a las victimas del conflicto armado, como lo manifiesta el coordinador de la SubOficina de la Alta Comisionada para los derechos humanos en Bucaramanga, Roberto Desous.
Sin embargo queda registrado en el Informe que alrededor de 19.000 paramilitares desmovilizados no se acogieron al proceso de la ley 975 de 2005 y que no cursan investigaciones penales en su contra. Las ejecuciones extrajudiciales por parte del Ejercito ha fomentado la voluntad el gobierno de fortalecer los organismos de control que se expresa en la voluntad en el más alto nivel de funcionarios civiles y militares a adoptar medidas para prevenir, investigar, sancionar y hacer públicas la vulneración de hechos de esta naturaleza. La desaparición forzada es otra de las prácticas de la "guerra sucia" en Colombia. Se han ubicado 1009 fosas clandestinas, lo que ha permitido la recuperación de restos que suman al cierre del Informe de 1196 victimas, que en su mayoría no han sido identificadas.
La tortura y el uso excesivo de la fuerza continúan siendo los métodos de la guerra para combatir al enemigo. En regiones como Antioquia, y César se registraron casos de ejecuciones extrajudiciales precedidas de torturas, atribuidos a miembros de la Fuerza Pública, como también se conoció casos de torturas infringidas a soldados por parte de sus superiores ocurridas en comisarías en Bogotá, Huila y Norte de Santander y maltratos atribuidos a miembros de la Policía contra las minorías sexuales en el ejercicio de la prostituciòn en Bogota, Medellín y Cali. La detención ilegal o arbitraria, la situación carcelaria y los procesos de desmovilización son registrados en el Informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas. Los grupos insurgentes en Colombia registran igualmente el Informe, continúan desconociendo su obligación de respetar el DIH. Las masacres, los homicidios, toma de rehenes, uso de minas explosivas, actos de violencia carnal, reclutamiento de menores y actos de terrorismo son sus modales de guerra que persisten.
La deshumanización de la guerra es una constante de la guerra en Colombia y su humanización no está en modificar los métodos de lucha sino en terminar la guerra. La combinación de las diferentes formas de lucha es una dialéctica que caducó en la estrategia de la guerra y la política en la historia. La guerra ya no es la continuación de la política por otros medios porque la guerra en Colombia demostró su fracaso del sueño revolucionario de la toma del poder por las armas, como la estrategia de la derrota militar de la insurgencia por parte del Estado. La humanización de la guerra es la solución pacífica y negociada del conflicto armado, nueva estrategia que deberían consolidar las fuerzas enfrentadas.
Las victimas, según registro de la Fiscalía General de la Nación, está por los 121.547, delitos cometidos por miembros de los grupos paramilitares y todas estas victimas esperan por el reconocimiento legítimo de la verdad, la justicia y la reparación. Las victimas que esperan ejercer sus derechos, están sin embargo amenazadas y están en riesgos sus vidas y enfrentan grandes obstáculos en ese proceso. Los grupos indígenas y afrodescendientes, defensores y defensoras de derechos humanos, sindicalistas, periodistas, violencia contra las mujeres, niños y niñas, en el contexto del conflicto, el estado de los derechos económicos, sociales y culturales, los índices de pobreza y desigualdad son otros de los aspectos contenidos en el Informe.
El 45 % de la población colombiana vive en situación de pobreza y el 12 % en situación de pobreza extrema. Los desplazados en Colombia son los más pobres entre los pobres. Ante todo este panorama político, social y económico en relación con los derechos humanos y el derecho internacional humanitario, la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los DH hace las siguientes recomendaciones: mayores avances en la lucha contra la impunidad, desmantelamiento de las estructuras económicas y políticas de los grupos paramilitares desmovilizados, se exhorta al gobierno, a los grupos armados ilegales y a la sociedad civil a dar prioridad en la vigencia del derecho internacional humanitario y los derechos humanos, enfatizando el derecho de las victimas, continuidad en el poder judicial a proseguir las investigaciones de servidores públicos y políticos vinculados con los grupos paramilitares, fortalecer e incrementar los recursos de la Fiscalía, la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo y la rama judicial, erradicar las ejecuciones extrajudiciales, prevenir, investigar, sancionar y hacer públicas las situaciones de esta índole, exhorta igualmente la Alta Comisionada al gobierno, en profundizar los esfuerzos para reducir la pobreza y la pobreza extrema, priorizar y expandir el acceso equitativo a los servicios de la salud, educación y vivienda a los grupos desplazados, mujeres, niños y niñas, adoscelentes y adultos mayores.
En su Anexo el Informe de la Alta Comisionada trae casos representativos de violaciones de derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario en lo que refiere al derecho a la vida, a la integridad personal, a la libertad individual y a la seguridad personal, derecho al debido proceso, derecho a la vida privada y a la inviolabilidad de domicilio, derecho a la libertad de opinión y expresión, homicidios y amenazas de personas protegidas, ataques a la población civil y ataques indiscriminados, actos de terrorismo, toma de rehenes y desplazamiento forzado, niños y niñas, mujeres victimas del conflicto armado y utilización de minas explosivas. La vida en Colombia continúa minada, como sus derechos humanos.
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Informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los derechos humanos sobre la situación de los DH y el DIH en Colombia., 2007.
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[52] Ibid., p. 219 – 269
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Autor:
Antonio Acevedo Linares
Poeta, Ensayista y Sociólogo. Magíster en Filosofía Latinoamericana y Especialización en Educación en Filosofía Colombiana y en Filosofía Política Contemporánea. Ha publicado: Arte Erótica, 1988. Los girasoles de Van Gogh. Antología poética (1980- 1999) 1.999, Vol 1. CD, Poesía de viva voz, 2004. Atlántica, Antología poética (1980-2004), 2004, Vol 2.En el país de las mariposas, (Antología poética 1980-2007) 2007, Vol. 3. Por la reivindicación del cuerpo y la palabra. Reseña Obra Poética, 2008 y seis Plegables de poesía. Miembro del Grupo Guane de investigación de la Universidad de Santander, UDES.
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANAS
DEPARTAMENTO DE HUMANIDADES Y EDUCACION
UNIVERSIDAD DE SANTANDER, UDES
BUCARAMANGA, 2010
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