La "Doctrina de la Seguridad Nacional" fue una visión que sostuvo ideológicamente a los gobiernos autoritarios de América Latina durante los años 60 y 70. Estuvo alentada por Estados Unidos, ante lo que consideraban la "amenaza comunista" en la región durante la Guerra Fría. Fue aplicada desde la polémica Escuela de las Américas en Panamá, que instruyó a militares latinoamericanos en técnicas de contra-insurgencia y violaciones a los derechos humanos.
Esta doctrina predicaba que la proliferación de la ideología socialista en los países latinoamericanos, constituía una amenaza para la seguridad nacional de estas naciones, por lo que creía necesaria una contraofensiva política y militar.
Le otorgaba a las fuerzas armadas de los países latinoamericanos un rol principal en la lucha contra el comunismo y en los hechos esto significó el apoyo de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de los Estados Unidos, a las dictaduras militares que se expandieron por el continente durante las décadas de 1960 y 1970.
Con relación al apoyo de la CIA, la periodista y escritora Stella Calloni, miembro del Consejo Directivo del Instituto Espacio para la Memoria (IEM), señala que la "Operación Cóndor" (desarrollada por las dictaduras de América Latina, pero creada e impulsada por Washington a través de esa central de inteligencia), "comenzó sus primeras y trágicas pruebas en 1974 con el asesinato del general chileno Carlos Prats y su esposa Sofía, en Buenos Aires, donde actúo un escuadrón de la muerte integrado por hombres de la CIA, la DINA -policía política pinochetista-, grupos terroristas cubano – americanos de Miami, la Triple A y sectores de seguridad locales".
La "Operación Cóndor", precisamente, tenía como objetivo "secuestrar y asesinar opositores" en el marco de la "Doctrina de la Seguridad Nacional".
Esta concepción de la seguridad nacional, que en definitiva considera a los propios ciudadanos de un país como posibles amenazas, en la Argentina llegó a un punto exasperante durante el proceso militar iniciado en 1976.
En realidad se nutre de dos vertientes: una de origen norteamericano y otra de origen francés (inspirada en las experiencias de jefes franceses veteranos de las guerras de independencia de Indochina y Argelia, que asesoraron a los militares latinoamericanos sobre los procedimientos y métodos ejecutados en esos conflictos).
Es conveniente añadir que en Argentina, uno de los elementos precursores de la doctrina de la seguridad nacional fue el decreto de necesidad y urgencia que estableció el plan CONINTES (Conmoción Interna del Estado), a mediados de 1959 y durante la vigencia del gobierno democrático de Arturo Frondizi. Consistía en poner a las fuerzas armadas y de seguridad a disposición de la represión interna.
El diputado nacional Lorenzo Pepe recuerda que "el plan CONINTES le daba a los militares jurisdicción sobre los detenidos". En ese contexto, "los establecimientos del ejército se convirtieron en cárceles para obreros que reclamaban por los salarios congelados y la entrega de las fuentes de trabajo".
El Operativo Independencia
Se denominó "Operativo Independencia" al accionar del Ejército Argentino en Tucumán para combatir a militantes del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), que buscaban crear un foco revolucionario en el monte tucumano.
El operativo fue autorizado por la presidente María Estela Martinez de Perón el 5 de febrero de 1975, a través del decreto 261, que en su aspecto esencial expresa: "El Comando General del Ejército procederá a ejecutar las acciones militares que sean necesarias a efectos de neutralizar y / o aniquilar el accionar de los elementos subversivos que actúan en la provincia de Tucumán". Esto implicó la suspensión de las garantías constitucionales, según el artículo 23 de la ley fundamental.
El presidente provisional de la Cámara de Senadores de la Nación, Italo Luder, hizo extensivo el operativo a todo el país durante su breve paso por la Casa Rosada, mientras reemplazaba a María Estela Martinez de Perón por razones de salud. Esta decisión fue tomada a través de los decretos 2.270 y 2.272 del año 1975.
Fue esta la oportunidad para que los militares se desplegaran en la pequeña provincia norteña para aplicar la metodología de la llamada "guerra contrarrevolucionaria", en el marco de la "Doctrina de la Seguridad Nacional". Como se dijo, esta metodología se basaba en los conocimientos asimilados de militares franceses y norteamericanos.
En declaraciones de sobrevivientes que obran en la Justicia Federal de Tucumán, hay testimonios de violaciones en todos los campos de concentración que funcionaron en la provincia durante el Operativo Independencia, entre otros hechos aberrantes. Los militares, gendarmes, policías y personal civil de inteligencia que participaron en esas acciones, sometían sexualmente a las mujeres prisioneras. "La violación formaba parte de la política de aniquilamiento físico y psíquico que sufrían los detenidos desaparecidos", asevera Marcos Taire en un artículo titulado "Operativo Independencia: la violación como forma sistemática de tortura".
Primera etapa del Estado terrorista: las tres A
El antecedente inmediato del Estado terrorista implantado por la última dictadura militar fue la denominada Alianza Anticomunista Argentina (Triple A).
Juan Bautista "Tata" Yofre remarca que "para muchos el acta fundacional de la Alianza Anticomunista Argentina fue el 1º de octubre de 1973, seis días más tarde del asesinato de José Ignacio Rucci, secretario general de la CGT, durante una reunión que presidió el propio Juan Domingo Perón como presidente electo de la Nación".
En esa reunión estuvieron presentes importantes funcionarios y autoridades de los gobiernos nacional y provinciales de extracción justicialista. Su asistencia obedecía a "la obligación que adquirirían para implementar en todo el territorio nacional el funcionamiento de una estructura especial, encargada de defender al gobierno y al Movimiento e impedir por la fuerza cualquier acción en su contra".
Tras esa cumbre, cada uno de los asistentes se llevó una copia de un "Documento Reservado" con instrucciones para terminar con el "entrismo" de la izquierda en el movimiento justicialista. En palabras de Yofre, "se creó a la vista de toda la sociedad un Estado al margen de la ley dentro del propio Estado de derecho".
Los grupos parainstitucionales armados existieron en otros momentos de la historia política del país: Mazorca, Liga Patriótica, Klan Radical, Legión Cívica, Alianza Libertadora Nacionalista, Comandos Civiles, entre otras organizaciones que contaban con la venia del Poder. En el escenario de los año 60 y 70, la respuesta armada paraestatal se desarrolló en el marco de la Guerra Fría.
En dicho escenario, "la Triple A constituyó el instrumento paralelo del gobierno peronista que se resistió a ser trasvasado ideológicamente y a ceder el espacio de poder disputado y ganado en las urnas".
En un comienzo se la denominó Alianza Antiimperialista Argentina, pero luego se impuso el nombre Alianza Anticomunista Argentina. En general, se sindica al ministro de Bienestar Social de la época, José Lopez Rega, como el ideólogo de esta organización clandestina de extrema derecha, pero como se describió anteriormente, Perón no habría desconocido el proyecto. Lo que queda claro es que los miembros de la custodia del influyente ministro constituían el núcleo más importante de las Tres A.
Entre los jefes de esta organización paraestatal, se encontraban integrantes o ex integrantes de la Policía Federal. En otros términos, "desde simple malhechores, miembros exonerados de las fuerzas de seguridad y otros que buscaron un rédito económico", además de individuos que reflejaban la plena convicción de estar luchando contra "fuerzas oscuras que intentaban desnaturalizar a la Patria".
Este grupo extremista contaba con ramificaciones en el interior, tales como los "Comandos Libertadores de América", que operaba desde la provincia de Córdoba y abarcaba todas las provincias del Tercer Cuerpo de Ejército. A su vez, existían otros grupos con los que había fuertes vínculos, como "Los Centuriones", "Los Halcones" y grupos civiles como "Concentración Nacionalista Universitaria" o "Comando de Organización".
Para tener una idea del perfil ideológico – militar de esta organización terrorista paraestatal, basta leer el "parte de guerra Nº 1" de la Triple A, en el que se informa que se decidió "ejecutar, previo juicio sumarísimo y en el lugar que se los hallare, por el bien de nuestra Patria y para que la muerte de nuestros camaradas no haya sido en vano, a todo aquel que realice actividades reñidas a nuestros más caros principios y atente contra la salud moral, física, económica y religiosa de nuestro país". Se señala a continuación que la acción va dirigida en particular a integrantes de organizaciones como el Partido Comunista, Montoneros, Partido Auténtico, Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT) y Partido Socialista de los Trabajadores (PST), entre otros.
Por último, cabe destacar que recientemente se reavivó la polémica por el asesinato de José Ignacio Rucci, señalando a la organización Montoneros como el grupo que lo ejecutó e intentando encuadrar el episodio como crimen de lesa humanidad (son los crímenes atribuidos a quienes los perpetran valiéndose del aparato estatal). El tema tomó fuerza particularmente a partir de la publicación del libro "Operación Traviata", del periodista Ceferino Reato.
Los que sostienen este argumento señalan que "para setiembre de 1973, Montoneros controlaba todavía algunos resortes del Estado nacional y, muy en particular, de la provincia de Buenos Aires". En ese sentido, el argumento de que el crimen de lesa humanidad sólo puede ser perpetrado desde el Estado, se ajustaría al episodio del asesinato de Rucci, "ya que es muy probable que las armas hayan sido proporcionadas por reparticiones públicas". Por su parte, los principales protagonistas del crimen recibieron "preparación especial del Estado de Cuba, por lo que también en este caso la presencia de un Estado es clara".
El Estado Militar
Según el Diccionario Ideológico de la lengua española, un golpe de Estado es "una medida grave y violenta que toma uno de los poderes del Estado, usurpando las atribuciones de otro".
La Enciclopedia Encarta lo define como "violación y vulneración de la legalidad institucional vigente en un Estado, por parte de un grupo de personas que pretenden, mediante la fuerza, sustituir o derrocar al régimen existente, para reemplazarlo por otro configurado por las propias fuerzas golpistas". Agrega más adelante que "los participantes suelen tener control sobre elementos estratégicos de las fuerzas armadas y de la policía y, para asegurar el triunfo de su acción, intenta hacerse con el control de los medios de comunicación".
Félix Luna explica que "los golpes militares están determinados por el predominio de las Fuerzas Armadas por sobre las demás instituciones de gobierno. En tales circunstancias, el presidente es nombrado por los jefes de las Fuerzas Armadas y el Parlamento es reemplazado por las deliberaciones entre los mandos superiores de las distintas armas en la Junta de Comandantes". En ese contexto, "las garantías constitucionales son suspendidas y las personas encontradas en actividades políticas son perseguidas como delincuentes. La justicia y la policía quedan supeditadas a las Fuerzas Armadas y el aparato burocrático del Estado continúa, con pocos cambios, sirviendo al nuevo régimen".
Según Eduardo Luis Duhalde, el Estado militar se caracteriza por:
1. Militarización de los aparatos del Estado.
2. Militarización y subordinación de la sociedad civil.
3. Alto contenido represivo.
4. Sustentación, como base exclusiva, en el capital monopólico.
5. Concepción tecnocrática al servicio de proyectos económicos acordes con los intereses del sector hegemónico.
6. Expresa alineación junto al imperialismo.
Como se dijo, todos los golpes militares del siglo XX en la Argentina tuvieron esas características, pero el de 1976 derivó en una "reorganización de la sociedad" a través de un proceso que no tenía plazos sino objetivos. Había que crear un "ser occidental, nacional y cristiano". La expresión concreta de esa reorganización fue la represión política y social, la desarticulación de las bases de la economía industrial y el ejercicio autoritario del poder. La consecuencia directa de tal estrategia fueron los miles de muertos y desaparecidos por el aparato represivo.
El Estado terrorista en su máxima expresión: 1976 – 1983
Para James Petras, el golpe militar de 1976 en primer lugar destruyó el tejido social de la sociedad argentina, desarticulando a las fuerzas populares de la sociedad civil. El sociólogo norteamericano considera que "el golpe representa la primera intervención de Washington después de la derrota de Indochina y tras la victoria de Chile".
Más allá de todo lo que significó la última dictadura militar y los detalles que luego se fueron conociendo sobre la violación sistemática de los derechos humanos, lo cierto es que en una primera instancia un sector importante de la opinión pública, la intelectualidad, la prensa y los partidos políticos consideraron la nueva irrupción militar en el Poder como un alivio. Esto en virtud del clima de anarquía, descalabro económico y desconcierto que se vivía desde el fallecimiento de Juan Domingo Perón.
Varios ejemplos pueden citarse para explicar la sensación que se vivía, pero algunos pueden ser más ilustrativos. "La inmensa mayoría de los argentinos rogaba por favor que las fuerzas armadas tomaran el poder. Todos nosotros deseábamos que se terminara ese vergonzoso gobierno de mafiosos", llegó a decir Ernesto Sábato, que años después presidió la Comisión Nacional de Desaparecidos (CONADEP).
Le Monde Diplomatique describió en sus páginas durante las horas iniciales del golpe: "rara vez un golpe de Estado ha sorprendido tan poco (…) la intervención militar era deseada por grandes sectores de la opinión".
Incluso James Petras critica al Partido Comunista de Argentina que "perdió para siempre su credibilidad tras su apoyo a Videla en 1976". En definitiva, se observaba un escenario similar a otros golpes, en los que la sociedad civil apoyó con distintos matices la irrupción de los militares en el Poder.
Principales aspectos de la represión
La represión ilegal (que tuvo su apogeo entre 1976 y 1978), constituyó uno de los rasgos básicos del gobierno militar. Estas acciones fueron cuidadosamente planeadas, organizadas y dirigidas por los más altos niveles de decisión política y militar y además tuvieron el carácter de acciones clandestinas. Sus destinatarios no fueron exclusivamente los integrantes de las organizaciones guerrilleras comprometidos con la lucha armada, sino que se extendió a un conjunto de actores políticos y sociales sin vinculación directa con las organizaciones guerrilleras.
Las modalidades clandestinas de la represión incluyeron el secuestro y la detención en centros clandestinos (se verificó la existencia de más de trescientos), la tortura y en la mayoría de los casos la ejecución. En otros términos, la Junta Militar implantó la pena de muerte pero no la aplicó legalmente, sino fuera de la ley. Como consecuencia de esto surgió la figura jurídica de la desaparición forzada de personas, incluyendo a personas detenidas y ejecutadas clandestinamente por las fuerzas de seguridad. Las consecuencias de la represión abarcaron también a la gran mayoría de la población, que vivió en un permanente clima de miedo y censura.
Cabe destacar que en el primer año de dictadura ya había más de quince mil desaparecidos, diez mil presos, cuatro mil muertos y decenas de miles de exiliados.
En el prólogo del informe de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas, titulado "Nunca más", se señala que "a los delitos de los terroristas, la Fuerzas Armadas respondieron con un terrorismo infinitamente pero que el combatido, porque desde el 24 de marzo de 1976 contaron con el poderío y la impunidad del Estado absoluto, secuestrando, torturando y asesinando a miles de seres humanos".
Agrega que "los operativos de secuestro manifestaban la precisa organización, a veces en los lugares de trabajo de los señalados, otros en plena calle y a la luz del día mediante procedimientos ostensibles de las fuerzas de seguridad que ordenaban zona libre a las comisaría correspondientes".
"Cuando la víctima era buscada de noche en su propia casa, comandos armados rodeaban la manzana y entraban por la fuerza, aterrorizaban a padres y niños, a menudo amordazándolos y obligándolos a presenciar los hechos, se apoderaban de la persona buscada, la golpeaban brutalmente, la encapuchaban y finalmente la arrastraban a autos o camiones, mientras el resto del comando casi siempre destruía o robaba lo que era transportable", prosigue el informe.
Otro aspecto sustancial que pone de manifiesto el informe de la CONADEP es que en nombre de la seguridad nacional, miles de seres humanos arrebatados por la fuerza "dejaron de tener presencia civil". De esa forma "la víctima perdía todos sus derechos; privada de toda comunicación con el mundo exterior, confinada en lugares desconocidos, sometida a suplicios infernales, ignorante de su destino mediato o inmediato, susceptible de ser arrojada al río o al mar, con bloque de cemento en sus pies o reducida a cenizas".
En cuanto al resto de la sociedad, algunos sectores quedaban presos del miedo y el horror, mientras otros, consciente o inconscientemente terminaron justificando ese horror con el murmullo en voz baja que sentenciaba: "por algo será".
La destrucción de la economía
La violación de los derechos humanos perpetrada por el aparato represivo militar, fue acompañada por un plan económico de tipo ortodoxo y neoliberal, que terminó afectando profundamente las bases productivas de la economía nacional. Ese proceso dejó severas secuelas más allá del periodo de la dictadura, reimplantándose los rasgos esenciales del modelo durante la década de los 90.
A la violación de los derechos humanos por la vía del secuestro, la tortura y los asesinatos, se agregó otro ataque a la sociedad civil, también con efectos igualmente genocidas: los despidos masivos, la desocupación, la suspensión del derecho de huelga, la ruina del aparato productivo, la corrupción, la miseria, el hambre y la desprotección en la que quedaron millones de argentinos.
Una forma silenciosa de violentar los derechos y la vida de los ciudadanos, que con la profundización de los instrumentos inspirados en la doctrina neoliberal, trajo aparejados muchos otros horrores que asoman hoy en día sin que a veces se les preste demasiado atención. Como ejemplos se pueden citar la mortalidad infantil en amplias regiones del interior del país y el incremento de la delincuencia desencadenada por la miseria que nadie pudo o quiso solucionar.
José Alfredo Martinez de Hoz fue el principal ejecutor de la política económica de la última dictadura militar. Durante cinco años concentró un enorme poder, hecho que le permitió tomar decisiones que transformaron profundamente el funcionamiento de la economía y de la sociedad en su conjunto.
Una vez controlada la crisis inflacionaria (con el apoyo del Fondo Monetario Internacional), el equipo económico encabezado por Martinez de Hoz llevó a cabo dos medidas principales: la apertura de la economía (apertura del mercado interno a la competencia exterior) y la liberalización de los mercados financieros (liberación de la tasa de interés y fomento de la "patria financiera"). Con esto, se logró la destrucción del aparato productivo y la profundización de la especulación. El descalabro económico que sobrevino, como se expresó, dejó profundas huellas en el país.
Persecución del pensamiento y las ideas
El comunicado Nº 19 del 24 de marzo de 1976 expresa: "Se comunica a la población que la Junta de Comandantes Generales ha resuelto que sea reprimido con la pena de reclusión por tiempo indeterminado el que por cualquier medio difundiere, divulgare o propagare comunicados o imágenes provenientes o atribuidas a asociaciones ilícitas o personas o grupos notoriamente dedicados a actividades subversivas o al terrorismo".
El término subversión englobaba a las organizaciones guerrilleras, pero también a los activistas o simpatizantes de cualquier movimiento de protesta o crítica social (obreros, universitarios, comerciantes, profesionales, intelectuales, sacerdotes, empresarios y muchos más).
La Comisión Argentina de Derechos Humanos (CAHDU), en el informe "Argentina: proceso al genocidio" describe que "en el plano educacional y cultural la represión pasa por la prohibición y quema de textos, la profunda y sostenida purga en la docencia inferior, media y superior, el asesinato de profesores y estudiantes y la rígida intervención militar en establecimientos educacionales y universitarios".
Un catedrático alemán citado por Eduardo Luis Duhalde, reseña los objetivos de la última dictadura militar en el campo educativo con los siguientes aspectos:
1) Purgar el cuerpo docente de elementos sospechosos de subversión.
2) Erradicar actividades políticas de escuelas y universidades.
3) Extirpar la ideología marxista (o de lo que se entendía bajo ese rótulo) de los claustros y reformar los planes de estudio según normas y valores "cristiano-occidentales".
4) Mejorar el nivel de investigación y enseñanza de las universidades, implantando severos cupos con el fin de eliminar la superpoblación universitaria.
Entre los grotescos y aberrantes hechos protagonizados por la dictadura militar en contra de la educación y la difusión de ideas, se recuerda el episodio del 30 de abril de 1976, en La Calera, provincia de Córdoba, cuando tropas que estaban al mando de Luciano Benjamín Menendez, Comandante del Tercer Cuerpo de Ejército, quemaron millares de libros (entre ellos, obras de Marx, Freud, Gramsci, García Márquez, Cortázar, Pablo Neruda, John William Cooke y Paulo Freire, entre otros).
En el campo de los medios de comunicación, Eduardo Luis Duhalde destaca que "las campañas contra la subversión inculpándola de todos los males de la República, fue el primer objetivo". Hubo una fuerte censura de prensa, mediante el cierre de periódicos y revistas, la clausura de editoriales y el control de los libros publicados, además de una rígida intervención en los medios audiovisuales que quedaron bajo la órbita estatal.
Como ejemplo, basta citar que tras el golpe, el Canal 13 de Buenos Aires quedó bajo el mando del capitán de navío Carmelo Astesiano, en el 11 se designa al teniente coronel Adolfo Pietronave y en el 9 al teniente coronel Roberto Jesús Gonzalez.
El investigador Oscar Bosetti, citado en la obra "Días de Radio", relata que "durante la etapa abierta en la madrugada del 24 de marzo de 1976, mientras se asesinaba a periodistas disidentes o se confeccionaban listas negras de artistas y escritores opositores, prácticamente se desmantelaban las radios estatales comerciales y las dependientes del Servicio Oficial de Radiodifusión y LRA y sus filiales". También las radios, en sus niveles de conducción, se poblaron de militares y se desencadenó una larga serie de censuras.
Pasaron a integrar la lista de importantes artistas extranjeros y nacionales prohibidos Atahualpa Yupanqui, Mercedes Sosa, Horacio Guaraní, José Larralde, Sui Generis, Rodolfo Mederos, Arco Iris, Vox Dei, Lito Nebbia, Anacrusa, Luis Alberto Spinetta y sus conjuntos Almendra e Invisible, Charly García, Nito Mestre, Joan Báez, David Gates, Led Zeppelin, Frank Zappa, Génesis, Focus, Chico Buarque de Hollanda, Vinicius de Moraes, Toquinho, Bob Dylan, Los Beatles y sus cuatro creadores como solistas y, aunque parezca insólito, también Carlos Gardel.
Por último, el Mundial de Fútbol de 1978 y la Guerra de Malvinas, fueron las muestras más acabadas de la manipulación propagandística e informativa que perpetró el régimen militar.
Conclusiones
Los golpes de Estado en Argentina, ejecutados por las Fuerzas Armadas pero con la anuencia, complicidad o indiferencia de distintos sectores de la sociedad civil, tuvieron como argumentos la anarquía y el descontrol de la clase política gobernante, acompañado esto por un contexto económico que propiciaba el caldo de cultivo necesario para interrumpir la vigencia del sistema democrático.
No obstante, sobre todo a partir de la agudización de un escenario internacional marcado por la Guerra Fría, las irrupciones de los militares en el centro de la escena del poder tuvieron un condimento ideológico cuya explicación excede el ámbito de las crisis domésticas.
La "Doctrina de la Seguridad Nacional" le dio marco al discurso y los procedimientos utilizados por los militares en el poder (más que una doctrina fue una ideología). Ya desde finales de la década del 50, con el Plan de Conmoción Interna del Estado (Plan CONINTES), comenzaban a asomar los rasgos de esta interpretación del mundo promovida por Estados Unidos y sus aliados.
Estos rasgos se profundizaron en el golpe de 1966 que derrocó al presidente constitucional Arturo Umberto Illia, llegando a la barbarie absoluta en la última aventura militar de 1976.
La "Doctrina de la Seguridad Nacional" propagó entre los militares latinoamericanos una visión muy amplia del enemigo, ya que no sólo catalogó como "terroristas insurgentes" a la guerrilla armada, sino también a cualquier persona que por sus ideas constituyera una amenaza para la visión hegemónica del Poder.
Los encargados de ejecutar desde el Estado argentino esta distorsionada e irracional visión del mundo a partir de marzo de 1976, procuraron llevar a la práctica en forma puntillosa la metodología que les inculcaron en la famosa Escuela de las Américas de Panamá. Los efectos de esta etapa oscura de la nación todavía perduran en la sociedad.
Si bien la parte sustancial del terrorismo de Estado se desarrolló a partir del último golpe, unos años antes se encontraba en actividad una organización paraestatal en la que anidaba la misma percepción sobre aquellos cuyas ideas eran consideradas una amenaza para el país. Esa organización era la Triple A.
A pesar de ser las Fuerzas Armadas las encargadas de materializar los lineamientos de la "Doctrina", en este trabajo se advierte cómo los gobiernos democráticos tampoco podían escapar a la influencia de la fobia al comunismo. El plan CONINTES de la era Frondizi y la creación de la Triple A con la presunta venia de Perón, son dos ejemplos de esa situación.
Es muy importante destacar que el último golpe se proponía crear un ser "nacional, occidental y cristiano" y en este marco no había plazos, sino objetivos (este rasgo establece otro elemento distintivo con relación a los golpes anteriores). La tarea estaba claramente ejecutada desde una perspectiva militar (plan de exterminio), económico (con la transformación profunda de la economía argentina) y cultural – intelectual (con la persecución de las ideas y los conocimientos y la imposición por la fuerza de un modelo occidental y cristiano).
Por último, la supresión de la identidad y de la presencia civil, que dio lugar a la creación de la categoría del desaparecido, sumada a la sistemática vulneración de la dignidad del ser humano a través de la tortura, la violación sexual y la muerte, son el sello indeleble de un régimen que pretendía depurar de cuerpos extraños a la sociedad argentina. Las huellas de esa acción todavía afloran con fuerza en la faz moral, económica y cultural de nuestro país, pese a veinticinco años ininterrumpidos de democracia.
Bibliografía
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– Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP), informe "Nunca Más", 1983, Buenos Aires.
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– Documentos históricos, www.memoriaabierta.org.ar
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– Petras, James, "Argentina: el significado del golpe de Estado de 1976".
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– Stella Calloni, "Los años del lobo: Operación Cóndor", Editorial Continente, 1998, Buenos Aires.
– Taire, Marcos, "Operativo Independencia: la violación como forma sistemática de Tortura", Argenpress.info, 2007.
– Ulanovsky, Carlos, Merkin, Marta, Panno, Juan José y Tijman, Gabriela, "Días de radio", Emecé Editores, 2004, Buenos Aires.
– Ulanovsky, Carlos, Itkin, Silvia y Sirvén, Pablo, "Estamos en el aire", Emecé Editores, 2006, Buenos Aires.
– Yofre, Juan Bautista, "Nadie Fue", Editorial Sudamericana, 2008, Buenos Aires.
Autor:
Gustavo Di Palma
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