- La doctrina de la Seguridad nacional
- Primera etapa del Estado terrorista: las tres A
- El Estado Militar
- El Estado terrorista en su máxima expresión: 1976 – 1983
- Principales aspectos de la represión
- La destrucción de la economía
- Persecución del pensamiento y las ideas
- Conclusiones
- Bibliografía
El Estado moderno se proclama como la representación del interés universal, equilibrando las relaciones de fuerza de la sociedad. Esto implica una sujeción a principios políticos concretos, plasmados en leyes fundamentales. Uno de estos principios es la limitación del poder (división de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, publicidad de los actos de gobierno, restricción de los derechos según criterios razonables, responsabilidad del Estado y de sus funcionarios y control judicial independiente).
En Argentina, la Constitución de 1853, con sus posteriores reformas, contempla expresamente los principios políticos que dan forma al modelo de Estado basado en la seguridad jurídica. No obstante, la ley fundamental contempla situaciones excepcionales para garantizar la vigencia del estado de derecho.
Las situaciones excepcionales previstas en la Constitución Nacional son: guerra civil, conmoción interior, insurrección o invasión de una provincia por otra, sedición o asonada, quebrantamiento de la forma republicana o resistencia a la ejecución de leyes nacionales. Frente a estos episodios, se autorizan distintos remedios: poderes de guerra aplicables en caso de guerra civil, estado de sitio, intervención federal a una provincia, estado de asamblea o movilización de milicias, poder de policía y poder represivo-penal.
Los gobiernos democráticos, con muy pocas excepciones, hicieron uso y abuso de esas prerrogativas excepcionales, especialmente del estado de sitio y de la intervención federal a provincias. Estas situaciones excepcionales están previstas en el sistema legal y no implican una ruptura de la estructura jurídico-política del sistema democrático.
Pero es necesario destacar que toda vez que se produjo la intervención de la fuerza militar con el derrocamiento de un gobierno elegido por el voto popular, se trascendió el marco de las medidas excepcionales para desembocar en regímenes de facto (esto significa gobiernos de hecho, o que no están reconocidos oficialmente por ninguna norma jurídica). Los gobiernos que asumieron en esa circunstancia, tuvieron un carácter ilegítimo debido a su origen inconstitucional y a la concentración de facultades correspondientes a dos poderes claramente diferenciados por la ley fundamental, como son el Ejecutivo y el Legislativo.
Lo que se debe aclarar es que en las distintas interrupciones del sistema democrático ocurridas en el siglo XX (golpes de 1930, 1943, 1955 y 1966), no se pretendió cambiar la naturaleza misma del Estado. Asimismo, la supresión de las libertades y garantías constitucionales se ejercieron como una necesidad momentánea, sin cuestionar la forma democrática de gobierno como organización social legítima y perdurable.
El golpe de 1976, en tanto, está largamente demostrado que fue el más sanguinario de todos: el terrorismo de Estado significó el asesinato de miles de ciudadanos y la violación sistemática de los derechos humanos dejó heridas imborrables en la sociedad (que desde 1930 había acompañado, con mayor o menor entusiasmo, todas las aventuras militares). No se trataba simplemente de corregir una política económica, derrotar a la guerrilla o resolver una crisis institucional, para eso bastaban quizás algunos cambios en la legalidad constitucional. El último gobierno militar se propuso transformar de raíz a la sociedad argentina, porque lo que estaba en juego para la Junta Militar era la existencia misma de la nación.
Asimismo, el retorno a la democracia fue el desenlace que tuvo la humillante derrota en la guerra de Malvinas. De no mediar ese acontecimiento, la reimplantación del sistema democrático quizás hubiera sido más tardía o en condiciones que resulta difícil imaginar. La última irrupción militar en el Estado, como se verá más adelante, tenía objetivos, pero no plazos.
Según el sociólogo James Petras, profesor de la Universidad de Binghamton (New York) e intelectual emblemático de la izquierda estadounidense, "el golpe de 1976 no fue únicamente un golpe militar, sino un golpe de clase, una brutal guerra de clases desencadenada desde arriba".
Por otra parte, Petras destaca que "a diferencia de golpes anteriores, que se centraron en el asesinato selectivo de líderes y cuadros, en el golpe de 1976 fueron asesinados decenas de miles de activistas y líderes populares de opinión, que unían a millones de trabajadores a las grandes luchas y debates públicos".
La doctrina de la Seguridad nacional
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