Cambio institucional, responsabilidad juvenil y sistemas de reinserción social (página 5)

4.4 Procesos de reinserción social en el marco de las políticas públicas de responsabilidad juvenil implementadas en la Región de Tarapacá

Ya hemos adelantado algunos elementos que forman parte del diagnóstico descriptivo – evaluativo respecto del diseño, gestión y seguimiento de las políticas de responsabilidad juvenil que se han venido implementando en Chile y la Región de Tarapacá, hasta llegar al actual escenario que está informado por la implementación de la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente a partir del 08 de junio de 2007.

Si bien nuestro análisis se centró en el periodo junio 2007 – diciembre 2008, nuestro trabajo se enfocó a reconocer los procesos que marcan la historia política y social de los principales cambios que han impulsado la implementación de la ley de responsabilidad y los desafíos existentes en materia de reinserción social y de un sistema de atención que no sólo proteja sino que, además, promueva la integración social, educativa, familiar y laboral de los jóvenes. Con estos antecedentes, creemos que estamos en condiciones de identificar las principales fortalezas, debilidades, amenazas y oportunidades que presenta la incipiente puesta en marcha de la ley de responsabilidad penal adolescente, a modo de esbozo de una evaluación acotada a los mencionados campos espaciales y temporales.

De este modo, el análisis FODA se complementa con el diagnóstico descriptivo – evaluativo general, centrando su atención en el accionar del Centro Iquique y los procesos de reinserción social y rehabilitación conductual de jóvenes infractores de ley que han sido condenados a cumplir penas en los sistemas cerrado / semicerrado. Como lo hemos adelantado, el análisis incorpora información de actores estratégicos y recopilación formal de antecedentes existentes en instituciones regionales (Fiscalía Regional de Tarapacá, Dirección Regional de Gendarmería de Chile, Coordinación Regional de Seguridad Pública del Ministerio del Interior, Carabineros de Chile y la Policía de Investigaciones de Chile) y documentos bibliográficos que permiten ir un paso más allá del diagnóstico organizacional del Centro Iquique, recogiendo de manera pautada información relativa a un conjunto de inquietudes que se desprenden de las preguntas de investigación principales.

En cuanto a los procesos de reinserción social que se diseñan y gestan en el marco de las políticas públicas de responsabilidad juvenil implementadas en la Región de Tarapacá, lo primero que es posible observar es que la implementación de la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente ha generado un impacto en la conciencia de los ciudadanos que se vincula directamente con los efectos simbólicos que proyectan estas iniciativas, en relación con la permisividad o restricción del sistema de seguridad pública que promueven las políticas fiscales. En este sentido, el efecto simbólico y práctico se demuestra en la internalización de nuevas pautas de comportamiento por parte de los jóvenes infractores de ley que, en el caso del Centro Iquique, ha contribuido a que los jóvenes se hagan "más responsables de sus actos", le tomen el "peso a las cosas" y sepan que con una simple "pataleta" no cambiará su futuro legal y más bien tendrán que seguir cumpliendo su condena (Entrevista Informante Estratégico Nº2).

Vista la implementación de la ley de responsabilidad penal adolescente como una fortaleza simbólica del sistema de seguridad pública del Estado, existen otros aspectos que son dables de considerar en relación con los aspectos sancionatorios y los procesos de reinserción social que se gestan en la realidad local, que es lo que nos interesa profundizar de aquí en adelante. Desde este punto de vista, es posible observar que la ley de responsabilidad penal adolescente, por primera vez en la historia nacional, declara un tratamiento directo y decidido sobre la delincuencia juvenil, con políticas de reinserción social que se sustentan en la protección de derechos, la igualdad de oportunidades y la integración social. No obstante, una de las debilidades de esta iniciativa dice relación con la falta de pertinencia en los criterios de aplicación del código penal de adultos para tipificar y administrar las sanciones para jóvenes infractores de ley.

En el ámbito regional, las políticas de responsabilidad juvenil han combinado estrategias de coacción directas con el resguardo de las garantías mínimas para las libertades individuales y la protección de los derechos de los/as adolescentes. Por un lado, inversiones en infraestructura pública, cámaras de vigilancias y un decidido ataque policiaco al microtráfico, poseen claramente un carácter represivo – coactivo y rememoran las políticas de tolerancia cero[122]Por otro lado, se han venido generando instancias aperturistas que comprenden el fortalecimiento de los factores protectores, la lógica socioconstructivista de los procesos de reinserción social y la garantía de los derechos sociales básicos de los/as jóvenes.

Ante las ineficiencias de gestión estatal que podamos observar en este incipiente camino que ha recorrido la ley de responsabilidad penal adolescente, en relación con el fin último de reinsertar en la sociedad a los jóvenes que cometen delitos, un aspecto que vale la pena considerar es la exigua participación de las organizaciones privadas y sociales (a través, por ejemplo, de sistemas subvencionados que puedan externalizar las intervenciones como sucede con el sistema carcelario adulto) en el ámbito de la reinserción social y rehabilitación conductual de jóvenes infractores de ley que cumplen condena en los sistemas cerrados del SENAME[123]En el ámbito regional, se observa una fragmentación de la red de protección social que existe más allá del ámbito de lo público y un atomismo que se manifiesta en el trabajo de organizaciones que promueven la religión como salvación, hasta instancias que ven como alternativas el deporte o la reconstitución de las relaciones sociales mediante terapias de autoayuda grupales.

La coyuntura de los procesos de instalación de la reforma al sistema de atención y protección de menores, así como de la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente, dejan en observancia que el debate sobre la seguridad de los centros de atención directa del SENAME es algo necesario de replantearse dado que la activa presencia de Gendarmería en los recintos estaría distorsionando, a juicio de algunos expertos, los principios acordados en la Convención Internacional de los Derechos del Niño, particularmente aquellos que dicen relación con la eliminación de la violencia simbólica que ejerce el Estado a través de la presencia de sus organismos represores.

El manejo de jóvenes internos con desórdenes conductuales no es un tema fácil (Díaz, C. 2001) y la experiencia del sistema público en su tratamiento directo es relativamente incipiente. En este escenario, no sorprende que las posibilidades de motines, rebeliones internas o fugas se encuentren latentes. No obstante, un dato que llama a la reflexión es la cantidad de intentos de fuga y desórdenes que entre junio de 2007 y diciembre de 2008 se produjeron en el Centro Iquique, generándose un estado de alarma permanente en la comunidad residencial iquiqueña que colinda con el sector donde se encuentran apostadas las instalaciones de dicho Centro. De la primera situación, se instruyó un sumario interno para determinar las circunstancias en que se gestó la fuga de cinco jóvenes que estaban en el Centro Iquique, tres de los cuales fueron posteriormente recapturados[124]

El sentido de los aspectos de la seguridad de los recintos se condice con la amenaza de la carcelarización del sistema de atención directa del SENAME, colocando en un segundo plano el debate relativo a los procesos de reinserción social y la importancia de fortalecer aún más el sistema socioeducativo. Así lo demuestran las dinámicas que se observan desde el inicio de la implementación de la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente en la Región de Tarapacá, donde el énfasis comunicacional y las principales tensiones estuvieron enfocados en los aspectos de seguridad interior y exterior al Centro Iquique, derrumbándose el imaginario de lo que se concebía como una de las cárceles modelo del país[125]

La sobredemanda de jóvenes que fueron a parar a los centros juveniles –y que hasta el día de hoy se manifiesta como una dinámica preocupante-, generó la sensación de colapso del sistema. En el caso del Centro Iquique, así como experiencias en otras regiones del país (Metropolitana, O"higgins, El Maule) la cobertura del sistema cerrado / semicerrado del SENAME no resistió la arremetida de jóvenes que llegaron a cumplir condena a los centros de atención directa, una vez puesta en vigencia la nueva ley. Esta situación afectó el sentido y los resultados que pudieran obtenerse del proceso de reinserción social, ya que el hacinamiento y los desórdenes controlados al interior de los recintos no resistían aprobación alguna[126]

En términos prácticos, no se dio la participación activa y coordinada que se esperaba de las diferentes instituciones con pertinencia en la promoción de la reinserción social y rehabilitación conductual de los jóvenes que cumplen condena en el Centro Iquique. En este sentido, no se observan, por ejemplo, iniciativas de promoción de la salud para reforzar los factores protectores de corte psicosocial de los menores y sus familias. Tampoco se observan iniciativas de tratamientos de rehabilitación de drogas (CONACE), ni una integración efectiva de los jóvenes al mundo educativo formal, salvo casos excepcionales como el de internos que han tenido la posibilidad de rendir la PSU e ingresar a la universidad. Sin duda, el bien escaso de la coordinación interinstitucional constituye una debilidad en el ámbito de la gestión de políticas de responsabilidad juvenil y reinserción social. No obstante aquello, esta situación es posible concebirla como una "oportunidad" para el mejoramiento de la operatoria del sistema en su conjunto, de cara a la concreción de intervenciones sustantivas, eficaces y sustentables basadas en la integralidad y la calidad de la gestión interinstitucional de las políticas sociales en la Región de Tarapacá.

Un aspecto clave que actualmente dificulta el proceso de reinserción social y rehabilitación conductual de los jóvenes infractores de ley que cumplen condenas en el Centro Iquique, se relaciona con la inexistencia de instrumentos para la rehabilitación de los/as internos/as en consumo problemático de drogas, como asimismo la Ley que establece que al interior de los centros funcionará una escuela pública para educación formal, situación que hasta el día de hoy no acontece. En relación con el tema drogas, la prevalencia entre delito y consumo problemático de drogas en adolescentes queda demostrada con los registros del Centro Iquique, donde entre los años 2007 y 2008, del 100% de jóvenes condenados al sistema cerrado, más de un 85% habían cometido delitos bajo la influencia de las drogas. En este ámbito, la oferta programática de CONACE en la Región de Tarapacá no se conecta directamente con la labor que se realiza en los centros de atención directa del SENAME, ni con las familias de los internos que poseen consumo problemático de drogas.

En este contexto, el análisis de la efectividad de las políticas de responsabilidad juvenil y reinserción social de los adolescentes pertenecientes al Centro Iquique, no puede tener como única medida de juicio aquella información relativa a las tasas de reincidencia. Si bien los indicadores sobre reingresos se registran y se correlacionan, éstos no poseen una perspectiva histórica de mediano alcance que permita evaluar la efectividad de los procesos de reinserción social a partir de la puesta en escena de la Ley de Responsabilidad Penal Juvenil. Sin embargo, si observamos el periodo 2003 – 2008 (momento en que se comienzan a aplicar las primeras medidas y criterios para el tratamiento directo de la delincuencia juvenil) es posible observar una tasa de reingresos relativamente baja, lo que no quiere decir que el modelo socioeducativo de reinserción social se encuentre consolidado y sin reparos.

¿Qué hace que los tratamientos e intervenciones tengan efectividad en un caso y no en otro? Ciertamente las trayectorias de vida y los grados de adhesión a conductas o patrones delictivos son fuente de la diversidad de cada caso. Con todo esto, es posible percibir que si bien la incorporación del paradigma socioeducativo representa una fortaleza para el diseño de las políticas de responsabilidad juvenil y los programas de reinserción social, las condiciones socioinstitucionales del sistema de responsabilidad juvenil nacional y regional están aún en proceso de construcción y no han permitido la consolidación de estrategias socioeducativas permanentes en el tiempo. Los obstáculos y factores deficitarios del modelo socioeducativo, situación que será tratada en el siguiente capítulo, nos permitirá profundizar los aspectos relativos al proceso de reinserción social de los jóvenes infractores de ley que cumplen condenas en el Centro Iquique y adentrarnos en nuestro planteamiento inicial.

CAPITULO V.

El Centro Iquique y el modelo de responsabilidad juvenil: Obstáculos para la integración social de jóvenes infractores de ley

5.1 Condiciones y debilidades institucionales del Centro Iquique: La visión de los actores partícipes

Como prisma general, la discusión si las políticas sociales deben ser universalistas o focalizadas (particularistas) creemos que aún no está sanjada, dado que tropezamos con un proceso de modernización del Estado inconcluso, que arrastra la deuda histórica de las desigualdades sociales, el centralismo, el paternalismo y las bases culturales e históricas del asistencialismo. Desde este punto de vista, más allá de las precisiones tecno-jurídicas de la ley de responsabilidad penal juvenil, el sistema institucional que se ha creado constituye un avance con respecto al anterior modelo asistencialista tutelar que se practicaba anteriormente en los centros de menores, como Arco Iris.

Actualmente, el Centro Iquique cumple dos grandes funciones. Por un lado, con la reforma al sistema judicial de menores y el diseño de la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente, el ex Centro Arco Iris pasó a constituirse en un centro cerrado (internación provisoria y cumplimiento de condena) y, a la vez, semicerrado. Como hemos evidenciado en la situación nacional, los inicios de la reforma y el sistema de responsabilidad juvenil que estaba en carpeta, y que demoró un par de años hasta su implementación, no estuvo exento de obstáculos, particularmente en lo que dice relación con los supuestos y proyecciones del nuevo modelo, dado que "de acuerdo a los estudios de esta ley hechos por la Universidad de Chile, no se tenían considerado las proporciones de los jóvenes que iban a llegar, las expectativas eran mucho menores a las que comenzamos, es decir, se tenia contemplado por ejemplo que acá iba a entrar un homicida en 5 años, y a la primera semana tuvimos al primer homicida, y dentro de los siguientes meses tuvimos hasta 4 homicidas, todas aquellas aseveraciones que hizo la Universidad de Chile para nada fueron reales" (Entrevista a Informante Estratégico Nº4).

Así, en el Centro Iquique los obstáculos fueron diversos. Uno de ellos, que está relacionado con el punto anterior (supuestos y proyecciones especulativas) dice relación con lo indicativo a la posibilidad real de responder a la sobredemanda de jóvenes condenados con los recursos existentes. Como dejan en observancia los actores partícipes, la planificación y proyecciones de funcionamiento no fueron certeras ya que, en principio, "se dijo que se iba a condenar a última estancia y cuando salió la ley bajaron a todos los jóvenes que ya estaban condenados del sistema antiguo, y esto saturó el centro, y los nuevos jóvenes comenzaron a caer en masa al centro, y en poco tiempo nos vimos hacinados" (Entrevista Informante Estratégico Nº1).

Fue así, entonces, como la nueva ley de responsabilidad penal adolescente no sólo dispuso la atención de los jóvenes condenados a partir de junio de 2007, sino que, además, se produjo un arrastre de jóvenes que cumplían condenas antes de esa fecha, viéndose sobrepasado el sistema en su capacidad física y humana. En este sentido, a juicio de los entrevistados, "los más perjudicados fueron los jóvenes que estaban en el centro con la antigua ley, que salieron libres y que han vuelto al centro con la nueva ley", encontrándose frente a un sistema completamente diferente (Entrevista a Informante Estratégico Nº2).

A esto último se sumó la insuficiente capacitación del personal, proceso que también se desprende de la dinámica nacional, como vimos en el capítulo anterior. En este sentido, se observa de las entrevistas aplicadas a los actores institucionales del Centro Iquique que "hubo muy poca preparación para el personal que iba a atender a los jóvenes, los cursos no eran para todos, sino que se designaban las personas para algunos cursos, y los que se realizaron no estaban enfocados al trabajo mismo que uno debía ejecutar con los jóvenes. Eran similares pero no concretos" (Entrevista Informante Estratégico Nº1).

Así, la falta de pertinencia y debilidad de los procesos de capacitación funcionaria representa uno de los factores obstaculizadores de base que ha afectado el encadenamiento con otras dinámicas y procesos intrainstitucionales (diseño e implementación de procesos de reinserción social, planes de intervención individual, aplicación de métodos socioeducativos, evaluación ex – post de las intervenciones, entre otros). Esta situación resulta relevante analizarla a la luz de los tipos de intervención juvenil que se diseñan y gestionan, ya que no sólo es preciso atender la complejidad de los cambios institucionales reseñados sino, también, la complejidad de tratar con un "nuevo sujeto de atención".

Estos nuevos "sujetos de atención", son jóvenes infractores de ley que, por lo general, han cometido delitos de alta connotación social y son condenados a cumplir sentencias en los centros de atención directa, como los de Iquique. Este resulta ser un elemento que ha metamorfoseado la concepción clásica de los centros juveniles y generado notables controversias en materia de seguridad, pertinencia de los procesos de reinserción social y organización interna de los recintos. Este cambio del paradigma de los centros juveniles al cual aludimos, quedó reflejado en las visiones de los propios actores institucionales, quienes coincidieron en señalar que "el cambio fue de un día para el otro". En general, el "trabajo era de protección y de un día para el otro nos cambian los sujetos de atención y los consumidores de drogas ya no son nuestro horizonte. Nos cambia porque el riesgo es mayor, incluso trabajas con jóvenes con un coeficiente intelectual más alto que del que estábamos acostumbrados, son vivaces, inteligentes, tácticos, que saben muy bien lo que están haciendo y es muy complicado. Entonces lo que nos cambia es el sujeto de atención", observándose un giro en "el panorama de haber trabajado con jóvenes por medidas de protección a trabajar con jóvenes verdaderamente infractores de ley" (Entrevista a Informante Estratégico Nº3).

En este sentido, uno de los obstáculos en cuanto a la implementación de la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente en el Centro Iquique, se funda en la construcción social de un nuevo sujeto de trato directo, en este caso, jóvenes infractores de ley condenados por la justicia por imputárseles delitos de alta connotación social. Este giro de las políticas públicas ha propiciado un cambio conceptual y de criterios respecto de cómo debe tratárseles a los jóvenes infractores de ley, vinculándolo a un modelo de responsabilización que se propone resguardar sus derechos y protección, pero también hacerlos partícipes y conscientes de sus actos (sujeto de derechos y de deberes).

Sin desconocer los avances propiciados en materia de responsabilidad penal adolescente en el último tiempo, la experiencia demuestra que al ejercer un trato directo sobre los jóvenes infractores de ley resulta imprescindible contar con las condiciones estructurales mínimas para una adecuada operatoria del sistema.

Asimismo, las particularidades de los jóvenes infractores de ley deben entenderse a la luz de los significados atribuibles a las trayectorias de vida y en su relación con el medio social. Sin embargo, la comprensión del nuevo sujeto de atención, basada en la concepción víctima / victimario, ha generado cierta confusión interna respecto de cómo deben ser atendidos, en definitiva, estos jóvenes. Por ejemplo, se argumenta que "acá uno debe sancionar a los jóvenes por un delito o una acción que ellos cometen o sea se les responsabiliza y al mismo tiempo se le trata como victima, o por el daño, porque son víctimas de una sociedad. Y no se puede tratar como agresor y como víctima, hay que trabajarlo de una sola manera. Por esa razón, al ser un modelo doble vinculante genera un retroceso en un avance terapéutico o de vías de reinserción".

Esta aparente sumisión de uno de los componentes de los llamado "roles doblemente vinculantes", surge del proceso de aprendizaje de la ley de responsabilidad juvenil y de la internalización e interpretación del sentido de la reforma, observándose una disputa tácita entre lo proteccional y lo correccional. En este sentido, lo proteccional tiende a ser interpretado por los actores del sistema como lo asistencial y, en este tipo de razonamiento, quedan finalmente invisibilizados los derechos juveniles. Por ejemplo, se afirma que uno de los desafíos, en este sentido, es que los funcionarios del Centro Iquique entiendan que "estamos haciendo sanciones y que no somos proteccionales", y que "no estamos para velar los derechos de los niños, ya que eso es parte del SENAME, y acá atendemos a jóvenes adolescentes". A consecuencia de lo anterior, las concepciones respecto de las políticas de responsabilidad juvenil y reinserción social tienden a ser reducidas a un conjunto de actos jurídicos – administrativos que no se relacionarían directamente con el campo de acción del SENAME y la situación de "menores".

En el análisis de los discursos, se pudieron observar otros elementos que nos parecieron importantes de no soslayar y que aluden a la correspondencia que debiese existir entre las sanciones y las condiciones del nuevo sistema para lograr la igualación de oportunidades y la integración social efectiva de los/as jóvenes internos/as. En este contexto, los aspectos vinculados al diseño y gestión del nuevo modelo de sistemas de atención directa cerrados y semicerrados, así como los problemas surgidos al poco andar de la ley de responsabilidad juvenil en el Centro Iquique, responderían a la falta de organización y planificación del SENAME en su conjunto criticándose fuertemente "la mala organización del servicio a nivel nacional" por "no tener preparación o exigir que se ejecute correctamente la ley" y enviar erróneamente a "los jóvenes infractores de ley a cumplir una condena, con ciertos beneficios a favor de él para la reinserción social y el joven observa que no tiene esas herramientas, y la persona que debe guiar al joven para sacarlo adelante tampoco tiene esa herramienta para poder usarla" (Entrevista a Informante Estratégico Nº1).

Desde el punto de vista de las relaciones adulto – joven, entendidas como relaciones de poder, se establecen vínculos entre funcionarios e internos, así como entre internos con diferentes rangos etareos. De esta relación, particularmente entre el joven y la institución, se observa que el maltrato infantil parece ser una práctica no eliminada en absoluto, tal como lo revela un informe de levantamiento de información sistemática del SENAME, donde se identifica al Centro Iquique como uno de los casos en cuestión (SENAME, 2008). Como dato, esta situación implicó la remoción de un alto cargo de Gendarmería en la Región de Tarapacá.

En el sentido antes expuesto, la inclusión de los jóvenes de 18 años que cumplen condena en los centros de atención de carácter cerrado y la falta de distinción o espacios de segregación para que estos jóvenes no se mezclen con los menores de 14 ó 15 años, supone el riesgo de distorsión en el sentido del actual modelo de atención directa[127]Los propios actores del sistema se muestran sensibles a esta situación, planteando la inexistencia de espacios adecuados en el Centro Iquique que permitan desarrollar un trabajo metódico, segregado por edades, por género, por perfiles psicosociales y afinidades conductuales (entendidas como habilidades y potencialidades de los jóvenes para una reinserción social efectiva y sustetable en el tiempo). Bajo esta premisa, los entrevistados argumentaron una falta de sentido de realidad de la nueva ley, ya que "no se tuvo la visión de cómo eran los niños". "A los mayores de 18 años, no hay manera de segregarlos. Siendo mayores, están con los menores y la ley indica que no debe ser así, pero se está haciendo así. Los jóvenes se mezclan en todo, incluso en lo conductual" (Entrevistas a Informantes Estratégicos Nº1 y 2).

Un aspecto organizacional que nos llamó la atención, fue la disconformidad y resistencia de algunos actores institucionales del Centro Iquique (funcionarios, gremio) con respecto a los procesos que se gestaron en torno a los desafíos impugnados para la nueva ley y el modelo de responsabilidad juvenil. Saltan a la vista problemas de gestión pública, enfoques disidentes en torno a las condiciones institucionales y dinámicas comunicacionales y ejecutivas internas indicativas de que los obstáculos en la gestión de políticas públicas se mantendrán mientras no se solucionen los problemas de fondo que presenta la institucionalidad en los ámbitos políticos – administrativos.

El desencantamiento de los propios actores institucionales respecto de los cambios institucionales vinculados a los aspectos de responsabilidad juvenil y los instrumentos de reinserción social se sustentan sobre la idea de que "como trabajadores se nos mintió mucho con respecto a lo que venia. Nosotros éramos los que no querían que funcionara la ley. Aún siguen tratando de tapar hoyos, que no hay recursos. Nosotros nos preguntamos, si no hay dinero, cómo pretenden que nosotros podamos hacer un trabajo que tenga resultados con un joven en las condiciones con las que llegan al Centro" (Entrevista a Informante Estratégico Nº5).

Lo anterior, pareciera estar fundado en la carencia de procesos participativos para diseñar y consensuar los cambios que se proyectaron y materializaron. Pese a que la participación de los funcionarios del Centro Iquique en el diseño y desarrollo del nuevo modelo de responsabilidad juvenil se ha venido potenciando en el último tiempo, aún sigue presente en el imaginario colectivo la carencia de espacios de consulta e incidencia en la toma de decisiones. Por ejemplo, actualmente se siguen realizando "modificaciones, levantando rejas, nunca se nos tomó la opinión como trabajadores, decir: ¿Ustedes creen que esto puede servir?, siendo que no es gente que viene recién trabajando en el Centro" (Entrevista a Informante Estratégico Nº5).

De esta forma, la coincidencia de los discursos analizados indicaría que la reorganización que implicó la implementación de la nueva ley, al no basarse en un esquema participativo, trastocó, en definitiva, la cultura organizacional del Centro Iquique y el antiguo esquema de funcionamiento, puesto que "cuando llega la ley, llegó una nueva administración, y todos los funcionarios fueron trasladados a otros sectores del centro y todos quedaron disconformes. Como no funcionó esta nueva administración, todos los funcionarios se frustraron. Y ya no se controlaban cosas importantes, como era el no fumar en la piscina, tener limpieza. Actualmente se han logrado cosas, pero aún falta." (Entrevista a Informante Estratégico Nº2)

Frente a la pregunta. ¿en qué ha cambiado la institucionalidad y el Centro Iquique (Ex – Arco Iris), si se compara con el antiguo sistema de discernimiento, tutelaje y protección social de menores (antes del 2007)?, los informantes estratégicos relevaron dos elementos. Primero, que el modelo de atención directa de menores ha pasado de un esquema asistencialista a uno proteccional, es decir, antes se trataba a los menores como víctimas de la sociedad y la violencia social, mientras que hoy se los observa como responsables de sus actos. Y, segundo, que el carácter simbólico represivo que refleja la presencia de Gendarmería en los recintos, en la práctica, ha condicionado directamente los procesos de reinserción social, ya que también intervienen e inciden en el desarrollo conductual de los/as internos/as. En este contexto, los actores del sistema que contribuyeron con esta investigación, coincidieron en señalar que "antiguamente la administración era diferente. Trabajaban solo civiles. Actualmente debemos trabajar con Gendarmería, que son los encargados de la conducta. Los jóvenes están más presionados, porque les tienen fobia a los uniformes. Antes los niños se sentían en casa. Ahora es entrar a la cárcel, con allanamientos, castigos más severos, mayor cantidad de normas y sanciones, en otras palabras los jóvenes están más reacios a la ley" (Entrevista a Informante Estratégico Nº2)

Así, el principio de intervención penal mínima fue un hecho desestimado frente a los aires de inseguridad que se respiraban al interior del Centro Iquique y que obligó, finalmente, a reforzar las medidas de seguridad al interior de los recintos por sobre las necesidades existentes en materia de rehabilitación conductual y reinserción social de los jóvenes.

En resumen, las diferentes barreras identificadas en la aplicación práctica del diseño de la nueva ley de responsabilidad penal juvenil en el Centro Iquique tienen que ver, fundamentalmente, con aspectos relacionados no sólo con el ámbito de la infraestructura física del Centro sino que, también, con el proceso de modernización del Estado y la gestión pública, con la herencia cultural en el desarrollo organizacional de tipo asistencialista y con la coordinación y cooperatividad de las instituciones públicas vinculantes (Salud, Educación, CONACE, Ministerio del Trabajo y Previsión Social). De allí, se visualizan aspectos internos y externos al Centro Iquique que han obstaculizado la implementación del modelo de responsabilidad penal juvenil y que constituyen desafíos por resolver de ahora en adelante.

Entraremos, a continuación, en un aspecto que reconocemos como medular en los procesos de reinserción social y que supone una especial atención por cuanto el modelo socioeducativo está llamado a convertirse en uno de los pilares centrales de las nuevas políticas de responsabilidad juvenil.

5.2 Dificultades del modelo socioeducativo y los procesos de reinserción social de jóvenes infractores de ley condenados en el Centro Iquique

Tal como lo mencionamos, nos internamos y relevamos el modelo socioeducativo en cuanto simboliza uno de los pilares de las políticas de responsabilidad juvenil y representa la directriz principal para las estrategias de reinserción social que se han venido implementando a partir del año 2003. Sus principios se institucionalizan en el Sistema Nacional de Atención Socioeducativa para Infractores de Ley, viendo a los jóvenes como sujetos de derechos y a los procesos de reinserción social (familiar, laboral, comunitario) como una inversión más que como un gasto. Este modelo se fundamenta en cuatro componentes: responsabilización, reparación, habilitación y rehabilitación social. Además, se postula el trabajo colaborativo de tres dimensiones que son: individual, familiar y sociocomunitario, las cuales tienen sentido directo con la responsabilización y reinserción social de los jóvenes infractores de ley.

En el Centro Iquique, el 100% de los jóvenes condenados a permanecer en los sistemas cerrado o semicerrados, está obligado a pasar por programas socioeducativos como los descritos en el Sistema Nacional de Atención Socioeducativa para Infractores de Ley. La construcción del modelo socioeducativo y las condiciones para su existencia han carecido, desde un principio, de acciones simbióticas y coordinadas para una efectiva puesta en marcha de la ley, mermando algunos derechos juveniles ya adquiridos y que con el nuevo sistema se vieron inevitablemente transformados. En ese sentido, se advierte en el caso particular del Centro Iquique que "cuando comenzó la ley, días antes no estaba preparado este centro, con respecto a la conformidad de los talleres. No estaba predispuesta la escuela, ni los talleres prelabórales, y algunos jóvenes perdieron sus beneficios que la antigua ley les había entregado. Y, además, existieron muchos cambios y eso nos trunco" (Entrevista a Informante Estratégico Nº1)

Recurriendo al perfil de los jóvenes que actualmente cumplen condena en el Centro Iquique, podemos observar que en el régimen cerrado (internación provisoria y cumplimiento de condena) un 25% de los jóvenes estaba cursando el primer ciclo de enseñanza básica (1 – 4º Básico), un 58,3% lo hacía en el segundo ciclo básico (5 – 8º Básico) y un 16,7% estaba en enseñanza media. De ellos, la mayoría presenta una condena significativa (2 años y más) y no había trabajado antes, en un empleo formal permanente o temporal. Sin embargo, la mayoría había tenido una experiencia laboral fallida y con grandes dificultades para desarrollar su "vocación", quedando proclives a la generación de resentimientos y frustración.

En general, esta descripción representa un cuadro global que se nutre de aspectos cualitativos que llevan a planteamientos que rescatan el sentido que construyen los jóvenes con sus experiencias particulares. En este ámbito, no hay un solo perfil de compromiso y, según el tipo de trayectoria de vida de los menores del Centro Iquique, habría diferentes formas de interacción entre factores que inciden sobre la generación de delincuencia juvenil como: deterioro de la calidad de las relaciones familiares, interacción con pares comprometidos en conductas delictivas, relación conflictiva con la escuela y procesos de violencia y estigmatización escolar, desempeño en trabajos informales, factores alterados de la personalidad, experiencia de ingreso temprano a la red de control social formal (reincidencias), entre las más importantes.

El modelo socioeducativo y, en particular, la capacitación técnica pre-laboral y de nivelación escolar representan herramientas recurrentemente utilizadas en los procesos de reinserción social y rehabilitación conductual de adolescentes. En este sentido, la innovación, de acuerdo a la percepción de los actores institucionales, estaría marcada por la obligatoriedad de los procesos de reescolarización y capacitación, de acuerdo a la aplicación del Plan de intervención Individual que lo define[128]En el Centro Iquique "actualmente existe una reescolarización para aquellos jóvenes que lo necesitan. En el modelo anterior no existía esto, no era algo que estuviese constituido, se agotaban los medios. Ahora los jóvenes regularizan sus estudios, trabajamos con INJUV, y realmente los jóvenes reciben su documentación, antiguamente no lo teníamos y no era obligatorio, los jóvenes si querían iban. Ahora no, dentro del plan de intervención -cualquiera sea su condena- el joven debe asistir a clases, deben asistir a los talleres preelabórales, debe ser participativo, de lo contrario va contra de él y no puede acceder a beneficios (Entrevista a Informante Estratégico Nº3).

Valorando los avances que se han gestado en estas materias, resulta prudente no dejar de considerar que el atraso y las insuficiencias en las condiciones de funcionamiento del nuevo modelo socioeducativo para sistemas cerrados se convirtieron en fantasmas que afectaron de manera importante los procesos de reinserción social de los jóvenes y, por ende, los derechos de los cuales eran sujetos. No sólo los talleres pre-laborales se vieron afectados por esta situación, también las clínicas de corta estadía, que iban a estar a cargo del CONACE y que hasta el día de hoy está presente como una de las "deudas del sistema". En este sentido, "faltó mucho personal profesional como un sicólogo clínico, un encargado de redes, y no había nada. Esta ley se tiro sin preguntar si es que el centro estaba preparado para esto, y el centro no estaba preparado para recibir a estos jóvenes. Este centro se comenzó a llenar, la infraestructura no era la adecuada, los cuartos eran pocos y muy pequeños. Igualmente según la ley iba haber una escuela y una clínica de corta estadía, la clínica estaba pero se encontraba en malas condiciones, no estaba el personal, y esto fue un atraso para los mismos jóvenes, ya que la mayoría eran consumidores de drogas y no teníamos la clínica para realizar un tratamiento de desintoxicación y todos estos obstáculos debimos asumirlos nosotros (Entrevista a Informante Estratégico Nº2).

Así, los informantes estratégicos, en general, concluyen que no estaban dadas las condiciones para el funcionamiento del Centro Iquique de acuerdo a las directrices que entregaba la nueva ley para los procesos de reinserción social. A la secundarización del modelo socioeducativo, se sumó la falta de profesionales especialistas, problemas de planificación, escaso nivel de coordinación interinstitucional y una notoria percepción de ausencia de procesos participativos con la comunidad y los actores que tendrían que sobrellevar, finalmente, estos complejos cambios institucionales. Hasta el día de hoy, estos factores obstaculizadores siguen presentes en la realidad del Centro Iquique. Dentro de este complejo escenario, la construcción del nuevo modelo socioeducativo de responsabilidad juvenil en el Centro Iquique se encuentra en un estado de transición hacia el mejoramiento de los aspectos deficitarios que han marcado el inicio de la ley de responsabilidad juvenil y los desafíos para futuro.

Por otro lado, los efectos de los deficientes procesos de capacitación funcionaria no se han dejado esperar tampoco en el ámbito de implementación del modelo socioeducativo en el Centro Iquique. El aprendizaje selectivo basado en la entrega de los contenidos universales de la ley de responsabilidad juvenil, con escasa pertinencia en las labores funcionarias, no han sido elementos suficientes para conformar una masa crítica que permita vincular el modelo socioeducativo con la realidad de los internos, sus trayectorias y expectativas de autosuperación. En este sentido, se observa desconocimiento respecto de la utilización del mejor método para aplicar adecuadamente el modelo socioeducativo, con estándares de calidad reconocidos y validados[129]No hay parámetros de medición respecto de la efectividad del modelo socioeducativo (salvo datos aislados que registran aquellos casos "exitosos") y los sistemas de información difícilmente tienen la capacidad de correlacionar de manera sólida la aplicación de estas iniciativas con los resultados finales del proceso de reinserción social de los jóvenes infractores de ley.

Asimismo, el carácter histórico ligado a la racionalidad del encierro y el castigo ha dificultado el desarrollo de estrategias socioeducativas basadas en un proceso de resocialización significativa que trascienda la mirada de corto plazo. Esta situación se hace más evidente en la etapa de monitoreo y acompañamiento de los jóvenes al momento en que éstos deben reinsertarse socialmente (etapa postegreso). Sin una capacidad de otorgarle sustentabilidad a las iniciativas socioeducativas, los esfuerzos e inversiones en este ámbito tienden muchas veces a disiparse, estancarse o retrotraerse.

En consecuencia y ligado al punto anterior, pese a los avances que se han realizado en el último tiempo[130]entre los principales desafíos que los actores institucionales perciben y relevan para el modelo socioeducativo, se cuentan:

• "Que existan mayor cantidad de recursos para talleres y eso depende de la institución SENAME". En este punto se destaca el contar con "infraestructura necesaria" y "recursos para realizar talleres" pre-laborales y, particularmente, de educación, ya que representa una instancia "exigida por los jóvenes que no saben escribir o leer".

• Subvencionar y aumentar el número de horas de clases que semanalmente reciben los jóvenes del Centro Iquique, situación que depende del Ministerio de Educación y los recursos económicos para su realización[131]

• Que la clínica funcione para rehabilitar a los jóvenes con adicción a las drogas, de manera complementaria a la aplicación del modelo socioeducativo y con el propósito final de producir un impacto significativo en los grupos objetivos.

Así, el modelo socieducativo que se ha venido aplicando en el Centro Iquique requiere no sólo cambios físicos y materiales sino, por sobre todo, una transformación cultural de los sistemas de atención directa de jóvenes infractores de ley que se encuentre no sólo adscrita al diseño de políticas públicas sino que, además, a las condiciones organizacionales internas y al capital humano existente. Esto supone concebir las políticas de seguridad pública como orientaciones estratégicas de las políticas sociales (Dammert, 2005) o, al menos, propiciar su articulación a partir de los lineamientos estratégicos del desarrollo regional[132]

En síntesis, la identidad cultural de la nueva organización del sistema de responsabilidad juvenil resalta como un concepto que también tiene cabida en los complejos procesos de transformación de las políticas juveniles y representa el motor que, finalmente, puede mejorar la calidad de los dispositivos socioeducativos de atención e intervención directas. Así, desde la perspectiva cualitativa de los actores institucionales, uno de los retos principales en esta materia dice relación con transformar la cultura organizacional y la razón práctica del modelo socioeducativo, ya que como observan nuestros informantes estratégicos "en el Centro Iquique, estamos recién preparando el camino para que esta ley funcione. Yo creo que el impacto está a muy larga data. Aún debemos hacer un cambio cultural en la organización que ojalá me gustaría que se disuelva, y que nazca un servicio con un nombre, con características propias de ejecución, que vayamos haciendo y desarrollando cimientos culturales" (Entrevista a Informante Estratégico Nº3).

5.3 Programas de reinserción social de jóvenes infractores de ley: Impactos, eficacia y sustentabilidad de los sistemas cerrados y semicerrados

Los sistemas cerrados y semicerrados de atención directa de jóvenes infractores de ley, más allá de su connotación jurídica, se encuentran atrapados en su propio medio. En efecto, las políticas de responsabilidad juvenil parecen más bien perfilarse como políticas sectoriales, sin el acompañamiento que se espera de actores institucionales claves en el proceso de reinserción social de los jóvenes infractores de ley. Desde una perspectiva integral, la complejidad que implica el tratamiento de la delincuencia infantil desde los programas de prevención, control, promoción y reinserción social requieren, sin duda, de la fluida participación de diferentes actores públicos, privados y sociales de la región para la aplicación de políticas públicas coherentes con las necesidades y los desafíos que impone la puesta en marcha del sistema de responsabilidad penal juvenil.

La cuestión relativa a la creación de más cárceles juveniles, creemos, no representa el eje principal para garantizar la integración social y la paz social. Se espera que las políticas de seguridad pública dialoguen, en especial, con las políticas sociales y se configuren como sistemas equitativos de cooperación (Ebersold, 2000: 03) en torno al proyecto de reinserción social de los jóvenes infractores de ley condenados en centros de menores, como el de Iquique. Las directrices están dadas en la política de responsabilidad juvenil. Sin embargo, en las diferentes dimensiones de operatividad del sistema de responsabilidad juvenil que están presentes en el Centro Iquique, se observa una limitada participación de instituciones públicas claves en el proceso de reinserción social de estos jóvenes. En este contexto, como sucede en otros ámbitos de acción, los programas de reinserción social de jóvenes infractores de ley carecen, en la práctica, de políticas públicas complementarias que permitan el establecimiento de vínculos cooperativos con otras instituciones públicas de la Región, con el objeto de propiciar un trabajo coordinado y con mayor impacto en sus beneficiarios/as. Para el caso del Centro Iquique, las políticas de rehabilitación y reinserción social de jóvenes infractores de ley parecen ser "deficientes", esperándose la confluencia de los actores especializados, tal como lo refleja la siguiente cita:

"Las políticas de rehabilitación y con las que nosotros trabajamos son muy deficientes. En este caso, debería hacerse cargo el SENCE como organismo de capacitación y no nosotros, que debemos hacer maravillas para poder lograr tener talleres para los jóvenes. El ministerio de educación debería estar acá entregando respuestas, ya que es un derecho la educación, igualmente el tema de la salud. Yo creo que acá no se está exigiendo como corresponde a los sistemas y/o organismos que tienen responsabilidad. Falta trabajo en redes y que las políticas públicas sean complementarias" (Entrevista Informante Estratégico Nº5).

Cuando se les preguntó a los actores institucionales respecto de las diferencias entre el actual modelo de responsabilidad juvenil y el modelo anterior de asistencia, protección y tutelaje, nos llamó la atención la distinción que realizan entre asistencialismo y responsabilización, así como la distinción que implícitamente realizan entre conductualismo y contructivismo. Sin embargo, dos elementos que saltaron a la vista, fueron, en primer lugar, la negación del antiguo modelo conductual y la aparente partida "foja cero" que se percibe con el debut de la ley de responsabilidad penal adolescente.

En segundo lugar, del análisis de los discursos relativos a la concepción que recrean los actores institucionales respecto de los programas institucionales de reinserción social de jóvenes infractores de ley, se pudo observar la tendencia a separar tajantemente la niñez de la juventud, desconociendo que esta última representa un estado de transición entre la niñez y la adultez. En consecuencia, los derechos juveniles nuevamente quedan invisibilizados y son percibidos como derechos externos a la labor propia del SENAME, tal como queda reflejado en el siguiente planteamiento:

"El modelo anterior era conductual, son modelos antiguos, que no sirven. Yo creo que el cambio es bueno, igualmente el espíritu de esto tiene sentido, pero tú puedes tener una muy buena bencina pero si se la colocas a una citroneta no te va a servir. Tal ves el modelo es interesante y es mejor de los sistemas que uno contemplaba acerca de la juventud y el adolescente, de hecho nosotros debemos ver sobre los derechos de los jóvenes y no de los niños, SENAME se encarga de eso. Debería existir un servicio limitado hacia la juventud." (Entrevista Informante Estratégico Nº4).

Lejos de la posibilidad que el SENAME se desprenda de la situación de los jóvenes[133]la totalidad de los menores condenados a permanecer internados provisionalmente en los centros de atención directa, se ven obligados a pasar por programas de reinserción social y rehabilitación. En este sentido, se propone un Plan de Intervención Individual que, por lo general, es analizado por el Tribunal Oral en lo Penal, para ser o no validado. Este plan está conformado por un conjunto de acciones socioeducativas destinadas a la reinserción social y rehabilitación de jóvenes infractores de ley, que responden, caso a caso, a la trayectoria individual, al tipo de delito cometido y al tipo de sanción asignada. Estas acciones, indudablemente se encuentran restringidas y limitadas por los obstáculos que hemos venido señalando, negándose el principio del debido proceso que también es aplicable en el ámbito de la reinserción social de los jóvenes infractores de ley.

Los jóvenes del Centro Iquique pasan por diferentes etapas de intervención en el proceso de reinserción social, situación que es evaluada permanentemente por los equipos técnicos y que es tomada en consideración una vez que los jóvenes son sometidos al re-dictamen por parte de tribunales (aplicación de beneficios, sustitución de penas, sobreseimiento). El caso de los sistemas cerrados, los jóvenes están obligados a permanecer todo el tiempo bajo la custodia de la institución, por lo que el proceso de reinserción social es permanente en el tiempo, hasta la etapa en que el joven egresa del Centro, o bien recibe el beneficio de libertad condicional transitoria[134]No obstante aquello, los programas de reinserción social que se han venido implementando en el Centro Iquique dentro del ámbito de las políticas de responsabilidad juvenil, se han visto mermados en su capacidad de responder cabalmente a los desafíos de otorgar una "educación significativa" a los jóvenes condenados a cumplir condenas en sistemas cerrados o semicerrados.

Para el caso de los sistemas semicerrados, la situación es más compleja ya que, tratándose de delitos significativos para los victimarios, los jóvenes sólo están obligados a pernoctar en el Centro Iquique y se encuentran durante el día en libertad realizando algún tipo de tratamiento. Esta situación ha sido, en no pocas ocasiones, aprovechada por los jóvenes para no retornar y quebrantar las sanciones y los procesos de reinserción social al cual son sujetos. En tanto los sistemas semicerrados, los jóvenes hacen uso de los sistemas abiertos donde, a juicio de CONACE y SENAME, están concentradas las complicaciones al no establecerse de manera fluida los vínculos necesarios con organizaciones privadas (Corporación Esperanza, p. ej.) para desarrollar procesos de reinserción social efectivos y sustentables en el tiempo[135]

En ambos casos, pero en especial para los jóvenes que cumplen condena en el sistema cerrado, una de las etapas más sensibles y que requiere una particular atención es la etapa post – intervención. Ciertamente hay un trabajo de preparación con las familias, que en más de un 65% de los casos terminan haciéndose cargo de la última etapa del proceso de reinserción social, es decir, cuando los/as jóvenes vuelven a rehacer sus vidas en sus entornos cotidianos y se ponen en interacción con el medio social. Sin embargo, dadas las actuales condiciones del sistema, difícilmente el sistema de atención de jóvenes infractores de ley puede hacerse cargo de la situación post-egreso y garantizar, en ese sentido, que el proceso de reinserción social sea sustentable en el tiempo y significativamente eficaz.

En esto último, parece haber una brecha enorme entre el diseño de las políticas públicas y su gestión operacional, dado que se encuentra mencionado el principio del acompañamiento en la etapa post-egreso de los/as jóvenes infractores de ley atendidos en centros del SENAME como el de Iquique, pero no existen los recursos necesarios para implementar dichas acciones y otorgarles sustentabilidad a la labor de integración social que realiza el sistema público. La ley de responsabilidad penal adolescente utiliza como último recurso el sistema cerrado. La idea es que los jueces acreditaran sanciones como multas, llamados de atención, servicio a la comunidad, reparación de daños, etc., para después de todo eso pasar a un sistema cerrado. Pese a esto, la realidad de la Región de Tarapacá muestra que tienden a pasarse "por alto todas esas sanciones anteriores y los jueces llevan a los jóvenes a sistemas cerrados" y aun así la delincuencia juvenil no disminuye, "muy por lo contrario puede que se mantenga o incluso tenga tendencia hacia las alzas"(Entrevista a Informante Estratégico Nº3).

Por último, el escaso seguimiento, monitoreo y acompañamiento de las políticas públicas de reinserción social de jóvenes infractores de ley, pone en duda la eficacia del modelo socioeducativo y la consolidación de los sistemas de atención directa (sistemas cerrados y semicerrados) como instancias para la integración social de los/as jóvenes. En este contexto, generalmente son los padres quienes continúan con este proceso y se hacen cargo de la reinserción social de sus hijos/as en la etapa post-egreso, situación que no queda a menester del Centro Iquique como queda reflejado en esta última cita:

"El problema está en lo que es la reinserción, porque si sale un joven del centro y vuelve a su medio donde la mamá o el papá están presos, se pierde un poco el trabajo que se hace con el joven en el centro, nosotros hacemos un trabajo como de mantención para que el joven deje un poco de fumar y hacerle ver que mediante los estudios puede cambiar su vida. Pero los jóvenes salen del centro y vuelven a la población donde esta todo inserto la droga y vuelven a caer en lo mismo, porque no alcanzan a cruzar el otro tramo que supuestamente deben seguir ellos. La idea es que continúen estudiando y tengan otro lugar para estar, como un hogar, donde se refuerce lo logrado en el centro, ya que no tenemos obligación de hacer un seguimiento luego que salen" (Entrevista a Informante Estratégico Nº5).

5.4 Las reyertas sobre el éxito y el fracaso de las intervenciones

En este punto, nos disponemos a reflexionar respecto de las visiones del el éxito y el fracaso de las intervenciones que recrean los propios actores beneficiarios de las políticas públicas del actual Centro Iquique. Nos interesó rescatar las visiones del éxito y el fracaso de los procesos de integración social, ambas caras de la moneda respecto de la efectividad, calidad y sustentabilidad de las intervenciones, vinculando sus trayectorias de vida con los programas de reinserción social del SENAME.

Antes de adentrarnos en las historias de vida de cuatro jóvenes que han pasado por los programas de reinserción social del Centro Iquique, pudimos contrastar las visiones de los diferentes actores institucionales entrevistados, quienes nos compartieron las percepciones respecto de la eficacia, calidad y sustentabilidad de las intervenciones, así como de las expectativas que tienen frente a las dinámicas de los procesos de judicialización de los jóvenes, la protección de sus derechos y los procesos de reinserción social.

Cuando se les consultó a los entrevistados respecto de qué desafíos tienen por delante los sistemas de reinserción social de jóvenes infractores de ley aplicados en el Centro Iquique, de cara a la disminución de los delitos y la reincidencia en la Región de Tarapacá, se observa, con cierto grado de eufemismo, el desarraigo de la esperanza de que el sistema de responsabilidad juvenil y reinserción social que opera en este Centro contribuya de manera efectiva a la disminución de los delitos juveniles y a la reducción de los niveles colaterales de reincidencia. Los discursos son directos y claros en señalar que "disminución de delitos no creo que vaya haber, o sea siempre van a existir los delitos, sobretodo con la juventud que tenemos". "Yo creo que los índices de reincidencia de delitos y todos esos temas estadísticos van a bajar con suerte en cinco años más. De hecho, creo que ahora han aumentado" (Entrevista a Informante Estratégico Nº2).

Así, queda de manifiesto que las expectativas de los actores institucionales soportadas en la relación entre medios y fines presenta dificultades a la hora de diseñar y ejecutar planes de intervención dirigidos a consolidar el modelo socioeducativo y gatillar procesos de reinserción social eficaces, de calidad y sustentables en el tiempo. Lo anterior, opera como complemento de las medidas de prevención social y situacional del delito en adolescentes en atención a la minimización de la reincidencia, la disminución en la reproducción de la criminalidad juvenil y el destierro de los vicios del sistema público en materia de integración social significativa de menores infractores de ley.

A partir de este tipo de reflexiones, se yergue cierto escepticismo que afirma que "en un muy poco tiempo nosotros no vamos a dar abasto para recibir a toda la población de jóvenes infractores y eso es un gran desafío, porque la ley esta muy bien presentada y pensada, lo importante es contar con los recursos, para poder implementarla, y lo importante es contar con el profesionalismo de los que trabajamos con los jóvenes, para llevarla a cabo" (Entrevista Informante Estratégico Nº1).

Ya sean interpretadas estas visiones como percepciones realistas o pesimistas sobre de la efectividad de los programas e instrumentos de reinserción social de jóvenes infractores de ley, lo que nos interesa es, dentro de todo, develar los cuestionamientos y el desaliento de los actores institucionales y beneficiarios respecto de cómo ven funcionando este sistema a futuro. Sin duda, el reencantamiento particularmente de los actores institucionales será un desafío ineludible por delante.

Desde la reflexividad comparativa, rescatamos las historias de vida de cuatro jóvenes infractores de ley que han pasado por el Centro Iquique (Ex – Arco Iris) durante los últimos años, como una manera de acercarnos a los significados que le atribuyen los jóvenes a las experiencias de responsabilidad juvenil y reinserción social, así como por el interés de conocer los diferentes cursos que devienen en los procesos de reinserción social y que se manifiestan como una reyerta entre el éxito y el fracaso de las intervenciones, vale decir, como dos caras de una misma moneda. De esta manera, expondremos los extractos principales de las historias de vida de los jóvenes entrevistados para, luego, dar paso a algunas consideraciones finales. Veamos, ahora, cómo los jóvenes que han pasado por el Centro Iquique resignifican su paso por la institución y realizan una relectura de los obstáculos del proceso de reinserción social.

a) La historia de vida de Carlos: Envuelto entre la reincidencia y la escapatoria.

Carlos tiene actualmente 19 años, nace en septiembre del año 1989 en la ciudad de Iquique – Chile. Su madre es la Sra. Juana, tiene 40 años. Su padre es el Sr. Renato. Esta pareja tuvo cinco hijos. Carlos fue el tercero de ellos. Su hermana mayor posee problemas de aprendizaje y asiste a una escuela especial de la ciudad de Iquique. El otro hermano mayor de Carlos (21 años), permanece actualmente detenido en la cárcel de Alto Hospicio, por el delito de asalto a mano armada. Por otro lado, el hermano menor de Carlos, de 17 años de edad, permanece detenido junto a Carlos en el Centro Iquique por el delito de asalto a mano armada. Carlos y su hermano menor cometieron juntos el mismo delito y se encuentran bajo el sistema de cumplimiento de condena del SENAME (Centro Iquique). Por último, la hermana menor de Carlos, de 14 años de edad, es estudiante y una alumna distinguida por sus excelentes calificaciones en la escuela.

La infancia de Carlos fue complicada. Su padre fue detenido y condenado a una pena de 13 años en la cárcel de la ciudad Iquique. Su madre Juana quedó a cargo de sus 5 hijos y, al no tener un lugar fijo de residencia, constantemente se mudaban a poblaciones en donde estaba presente la delincuencia y la drogadicción.

Estas razones llevaron a Carlos a ser detenido por el delito de hurto y derivado al antiguo Centro Arcoiris, actualmente Centro Iquique. Luego, Carlos fue detenido 4 veces más, una vez por robo con intimidación, 2 veces por robo a lugar habitado y finalmente por un robo cometido a un camión de cigarrillos Belmont (artículo de rápida "reducción"), siendo detenido por Carabineros en la Comuna de Alto Hospicio.

A juicio del mismo Carlos, las "malas juntas" lo llevaron a consumir drogas y, posteriormente, a delinquir[136]La motivación de este joven a cometer estos delitos fueron las la influencia de grupos de pares que compartían códigos que resultaban ser un incentivo para consumir pasta base, la necesidad de obtener dinero para consumir estas drogas y un pensamiento erróneo acerca de la diversión juvenil.

Carlos recuerda que la primera vez que ingresó al Centro Arcoiris, sintió desconfianza hacia la gente que trabajaba allí y los demás internos. Por esa razón, "guardaba un tenedor para utilizarlo como arma" en caso de que lo requiriese. Al ser descubierto, permanece castigado por un mes.

Luego, Carlos destaca que comienza voluntariamente a participar en los talleres y comienza a cambiar de manera positiva su relación con los "tíos" (Educadores de Trato Directo y funcionarios en general). Actualmente reconoce que se vive una situación "muy distinto", ya que el ambiente del centro, a juicio de Carlos, cambió con la llegada de los gendarmes y "se les debe obedecer a ellos y no como antes que eran los tíos los que ejecutaban las órdenes".

La razón que Carlos expresa sobre por qué vuelve a delinquir, es que al salir del centro vuelve a su antiguo entorno, y vuelve a caer en el consumo de drogas.

Con respecto a los aspectos de "resistencia" y "disidencia" que Carlos expresa en relación con su actual situación en el Centro Iquique, éstas quedan reducidas a la interacción cotidiana con "algunas personas internadas igualmente en el centro que causan problemas" y que resultan ser verdaderos obstáculos, en definitiva, para Carlos en su rehabilitación.

b) La historia de vida de Oscar: Entre recaídas y méritos

Oscar tiene 18 años, nace en la ciudad de Tocopilla en octubre de 1990. Su madre es la Sra. Angela, de 54 años de edad, nacida en la ciudad de Tocopilla. Su padre es el Sr. Alfredo, nacido en la ciudad de Antofagasta. Esta relación tuvo 2 hijos: Oscar de 18 años y Carmen de 16 años de edad. La pareja se casó en la ciudad de Tocopilla y allí nació su primer hijo Oscar. A los 2 años de edad, los padres decidieron mudarse a la ciudad de Iquique.

La infancia de Oscar fue truncada por los anhelos de independencia del joven quien a los 11 años de edad decide abandonar su casa, su familia y sus estudios, los que solo llegaron hasta 4to año de educación básica. Así, comenzó a "vagar por las calles y a consumir pasta base". Fue allí cuando la institución SENAME lo trasladó al Centro Arcoiris. Actualmente, se encuentra detenido en el Centro Iquique por el delito de robo en lugar habitado, lleva 2 años y 2 meses de encierro.

Oscar a cometido reiteradamente delitos de alta connotación social. Se involucraba en éstos, básicamente, por una gran adicción hacia las drogas y la motivación de sobrevivencia e independencia, para pagar sus necesidades básicas como era la vestimenta, un techo y la alimentación.

Su primera vez en el Centro Arcoiris fue por protección y su estadía, recuerda, fue muy buena, ya que dentro de la institución "no consumía drogas y permanecía limpio". Existe un gran cariño hacia los profesionales o "tíos" como le llaman ellos. La diferencia que reconoce en el actual sistema (Centro Iquique) es la "gran cantidad de gendarmes" en la institución. En este sentido, Oscar comenta que, por tanta "presión", le va mal en el plan de intervención.

Actualmente Oscar está condenado por 3 años y un día por el último delito que cometió, y las causas fueron robar por falta de dinero y aprovechar de que era menor de edad ya que, suponía, que las sanciones no eran tan estrictas.

En el Centro Iquique Oscar manifiesta su agrado en relación con la oportunidad que tiene de validar sus estudios. Actualmente lleva cursado 8º de educación básica gracias a la institución. Igualmente, valora la orientación que se le entrega para tomar conciencia y lograr reinsertarse en la sociedad. Lo que le desagrada es el encierro y tener que dormirse temprano, aunque no siempre se cumple esa orden, él trata de tener un excelente comportamiento para obtener beneficios de la institución.

Oscar indica que no volvería a delinquir, ya que espera en una vida futura poder trabajar honestamente y formar una familia con su polola.

Oscar actualmente se encuentra en internación provisoria. No tiene noticias de su familia, lo único que sabe es que su padre está detenido en la ciudad de Antofagasta, no recibe visitas de otros familiares directos. Su única visita es su polola, con la que posee una relación estable y de convivencia. Ella lo visita todos los martes y jueves.

c) La historia de vida de Daniel: Venciendo los rigores de la vida adolescente.

Daniel, tiene 22 años de edad y se encuentra actualmente en calidad de egresado del Centro Iquique. Nace en la ciudad de Iquique, en el año 1986. Su madre es la Sra. Flora, tiene 52 años de edad, nacida en la ciudad de Concepción y, actualmente, trabaja como asesora del hogar en la ciudad de Chiloé. Su padre es el Sr. Pedro, quien tiene 43 años de edad y actualmente se encuentra detenido en la cárcel de Alto Hospicio. Esta pareja tiene 4 hijos, Paolo de 24 años de edad, actualmente detenido en la ciudad de Arica, sus estudios llegaron hasta 8º año de educación básica; Fresia de 21 años de edad, actualmente se encuentra viviendo en la ciudad de Arica con su pareja; y, Marcia de 23 años de edad, quien actualmente se encuentra relativamente mal, ya que se encuentra en el vicio de la pasta base y no se tiene información de su paradero.

Daniel, en su infancia, tenía una fuerte relación con sus hermanos mayores. Vivía en las Tomas de Alto Hospicio, y desde muy pequeño trabajaba vendiendo dulces, limpiando autos y recaudando dinero para su familia. Quedó estancado en sus estudios muy tempranamente y hasta hoy no los ha podido recuperar.

A los 12 años de edad, comenzó a consumir pasta base de cocaína por medio de la influencia de un vecino, que le ofrecía drogas y luego, con lo recaudado de sus ventas, financiaba su adicción. Daniel entró al Centro Arcoiris por medidas de protección, ya que era un niño envuelto en la adicción de la pasta base y sus padres igualmente eran consumidores.

Según lo manifestado por el propio Daniel, la experiencia en el Centro fue buena, ya que pudo rehabilitarse totalmente y encontrar trabajo. Reconoce el apoyo incondicional del Centro, de sus funcionarios y del Director. Sin embargo, cuando Daniel cumplió 15 años, volvió a la calle a consumir drogas. Luego, fue tomado por funcionarios del Centro para una desintoxicación, donde fue tratado por sicólogos. Recuerda que se encontraba en un cuarto totalmente solo y era atendido, además, por otros profesionales. Este tratamiento duró 3 meses.

De acuerdo a su testimonio, lo que ayudó a Daniel a no volver a consumir drogas fue, principalmente, el tratamiento que se le entregó en el Centro. Antes, su comportamiento era extremo, desordenado, se escapaba e, incluso, vendía la ropa que le entregaba el Centro para seguir financiando sus "vicios".

Luego, al estar rehabilitado, es enviado a la ciudad de Chiloé donde se encontraba su madre. Allí permaneció 6 años trabajando en una fábrica de salmones, pero volvió a Iquique en busca de un nuevo empleo.

Desde un comienzo, no existió un apoyo de los padres ni otros familiares directos durante el proceso de rehabilitación de este joven, ya que ellos igualmente eran consumidores. Por esa razón, la Sra. Flora decidió irse de la ciudad de Iquique y vivir en Chiloé, donde se rehabilitó de su adicción.

Lo que marco significativa la experiencia de vida de este joven en el Centro Iquique, fue el tipo de atención basada en el afecto y la orientación, las cuales se manifestaba en que se preocupaban de él, se le entregaban todos sus materiales de aseo, ropa limpia, comida, los talleres de panadería, otros talleres, y en los funcionarios que creyeron en su rehabilitación. Lo que releva como puntos negros de su paso por el Centro fue su compleja y forzada adhesión al proceso de abstinencia. Ahora ha observado el Centro y reconoce que es muy distinto a su experiencia, ya que existen gendarmes. Antes el Centro era "más libre", sentenciando que hoy "no existen las mismas posibilidades de rehabilitación que antes".

Lo que espera Daniel en su vida futura, es continuar trabajando para comprar su casa y terminar sus estudios. Indica tajantemente que no volvería a consumir drogas nuevamente.

d) La historia de vida de Héctor. Superando la desazón y el flagelo de las drogas

Héctor, tiene 19 años de edad y es otro joven que se encuentra en calidad de egresado del Centro Iquique y que pudimos contactar. Nació en la ciudad de Lota, en enero de 1990. Su madre es la Sra. Claudia, de aproximadamente 45 años de edad. Su padre es el Sr. Jorge, de 50 años de edad. Esta pareja tiene 4 hijos: Gonzalo de 21 años de edad, Héctor de 19 años de edad, Mario de 12 años de edad y Carla de 11 años de edad.

Esta pareja viajó a Iquique cuando Héctor tenía 8 años de edad momento en el cual, por motivos laborales, sus padres se instalaron en la población El Boro de Alto Hospicio. En 5º año de educación básica, Héctor abandonó sus estudios formales. A los 10 años, Héctor comenzó a deambular por las calles y a consumir drogas con un amigo.

Las razones de por qué Héctor entró al Centro Arcoiris fueron principalmente por protección, ya que se encontraba consumiendo de manera problemática pasta base de cocaína. Luego, volvió a ingresar al Centro por rompimiento de un parabrisa y porte de arma blanca. Sus razones fueron por su "estado anímico" del momento (rabia).

La primera experiencia de Héctor en el Centro Arcoiris fue breve, ya que los padres de Héctor lo iban a buscar al Centro. Sin embargo, luego de reiteradas veces (aproximadamente 10 veces) sus padres se cansaron y no lo fueron a buscar más. Los conflictos familiares hicieron que se estrechara la relación de Héctor con los funcionarios del Centro Arcoiris, situación significativa para el joven en términos de afectos y orientación.

Lo que le permitió a este joven, finalmente, crear conciencia para no volver a la calle en condiciones de vagancia fue el dueño de la empresa El Bosque de Alto Hospicio, quien le ofreció trabajo en su empresa, asumiendo la tutela de Héctor a los 16 años. Igualmente, contribuyó haber recibido un tratamiento de desintoxicación en el Centro Arcoiris, lo cual fue fundamental para su total rehabilitación.

Los aspectos que resultaron significativos en su estadía por el Centro, fueron su participación en los talleres de estudio, el trato de los funcionarios hacia los jóvenes, y la continuación de sus estudios de 5º y 6º básico.

Durante su proceso en el Centro Arcoiris existía una clara preocupación por parte de sus padres y familiares directos. Actualmente su Familia vive nuevamente en la ciudad de Lota, y existe una comunicación entre Héctor y sus padres, pero es más escasa.

Héctor desea continuar trabajando en la empresa El Bosque, para cancelar sus deudas por la compra de un auto, tener una familia con su pareja, con la que convive actualmente.

• e) Síntesis y reflexiones en torno a las experiencias juveniles

Como hemos podido apreciar, los análisis discursivos de estas cuatro experiencias de vida dejan entrever que los sistemas de atención directa han venido reforzando, en el último tiempo, las declaradas debilidades identificadas desde la partida de la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente. Sin embargo, aún quedan aspectos pendientes que no se solucionan con medidas de adecuación a la actual realidad del Centro Iquique.

Al menos pueden reconocerse dos grandes tareas que son anheladas tanto para los jóvenes infractores de ley como para los propios actores institucionales. Una, es construir una nueva infraestructura acorde con las políticas de ordenamiento territorial y los estándares de calidad, situación que se daría en 3 años más, de acuerdo a lo informado por los actores institucionales. La otra tarea es propiciar un cambio cultural en la organización del Centro Iquique, reformulando el rol de Gendarmería en tanto actor de orientación conductual y represión interna. En este sentido, no sólo existe una expresión simbólica de la violencia legítima que es preciso repensar al interior de los centros juveniles sino que, además, existen situaciones prácticas (entrega de instrucciones, orientaciones técnicas, referentes conductuales) que afectan el sentido de las intervenciones para la reinserción social de estos jóvenes.

Por último, a la luz de un análisis evaluativo general, nuestra tesis de la aproximación de los sistemas cerrados de atención directa de jóvenes infractores de ley hacia un modelo clásico de carcelarización, resulta valedera a la luz de los siguientes elementos:

• Aplicación del Código Penal adulto a las variadas situaciones y figuras criminológicas de los jóvenes.

• Carencia de condiciones espaciales en el Centro Iquique para segregar los menores de 14 años con los jóvenes de 18 años de adultos y, en consecuencia, para desarrollar un trabajo de reinserción social pertinente con los jóvenes. A razón de la ocupación indistinta de los espacios entre menores y jóvenes que se encuentran ad portas de la adultez[137]situación que lleva a que las relaciones entre internos se mezclen sin distinción y estén bajo la tutela de Gendarmería.

• En relación con el punto anterior, la presencia de Gendarmería también ha producido un impacto en la modelación de las conductas, costumbres y códigos significacionales de los/as internos/as a través de las relaciones directas que se establecen dentro del Centro Iquique.

• Falta de capacitación funcionaria que permita comprender cabalmente el sentido del nuevo modelo de responsabilidad juvenil, evitando las contradicciones epistemológicas y prácticas que se producen con el modelo socioeducativo (vigilar y castigar v/s recuperar y reinsertar socialmente).

• El sistema semicerrado a demostrado su ineficacia producto de la baja adherencia de los jóvenes a los programas y planes de intervención individual.

A estos puntos se adiciona el choque cultural que se produce entre los enfoques correccional y socieducativo, así como la ambigua coexistencia entre el nuevo modelo de responsabilidad juvenil y los arquetipos carcelarios tradicionales..

La seguridad de los recintos se ha convertido en una de las principales preocupaciones y destinos presupuestarios, con costos de oportunidad que afectan directamente al fortalecimiento del modelo socioeducativo y las políticas de reinserción social de jóvenes que han cometido delitos graves y que son recibidos por el Centro Iquique. En este sentido, los análisis discursivos y la información resultante del proceso de investigación develan que el modelo de responsabilidad juvenil y de reinserción socioeducativa presentan escasas vinculaciones con el mundo de la vida que les espera en un futuro próximo.

Por último, la cuestión de fondo que pudo develarse y constituirse en una importante señal en la orientación de la investigación fue el tipo de institucionalidad que se ha conformado en torno a la situación de los menores infractores de ley. No sólo es posible distinguir procesos institucionales que se objetivan y que informan la funcionalidad estructural del nuevo sistema de responsabilidad juvenil. También existe una dimensión cultural y subjetiva que se relaciona con la moral, los valores, las costumbres y las trayectorias de vida de los jóvenes, y que no necesariamente ha estado en sintonía con los macroprocesos de transformación socioinstitucional.

Este cambio cultural también cruza las corrientes correccionales, proteccionales y socioconstructivistas que, aparentemente, tensionan la gravidez del nuevo modelo de responsabilidad juvenil. De ahí que una cuestión clave, ilustrada a la luz de los datos, sea el sentido carcelario tradicional que opera como esquema simbólico y fáctico del sistema de responsabilidad juvenil, particularmente en el ámbito de los regímenes cerrados. He de esperar, entonces, que en esta nueva fase de las políticas de responsabilidad juvenil se orienten más decididamente hacia la integración social de los jóvenes, el fortalecimiento del modelo socioeducativo y la resignificación de la cultura organizacional de los centros juveniles.

CONCLUSIONES

Reflexiones finales acerca de los procesos de integración social de jóvenes infractores de ley en la Región de Tarapacá

De manera general, los cambios institucionales promovidos en el último tiempo en el ámbito de las políticas de responsabilidad penal adolescente y los sistemas de reinserción social de jóvenes infractores de ley dejan entrever que la adecuación de Chile a las normas internacionales no ha sido del todo efectiva.

Un aspecto fundamental que vanagloria al nuevo modelo de atención de jóvenes infractores de ley es que se reconocen los derechos del niño toda vez que se le acuse de haber infringido leyes penales o que se le declare culpable de dichas transgresiones. Se espera que el tratamiento e intervenciones sobre la población juvenil condenada a regímenes cerrados reconozca el sentido de la dignidad, refuerce los valores de sana convivencia y fortalezca el respeto del adolescente por los derechos humanos y las libertades fundamentales de terceros. Además, se debe tener en cuenta la edad del menor y la importancia de promover su reintegración, para que pueda asumir una función constructiva en la sociedad.

Creemos que difícilmente en el ámbito regional la nueva ley de responsabilidad penal adolescente ha logrado garantizar a plenitud el desarrollo de los dispositivos y procesos de reinserción social de jóvenes infractores de ley, particularmente en el ámbito de los sistemas cerrados. Sin embargo, resultaría injustificado e injusto desestimar los importantes avances que en Chile se han implementado en estas materias. No obstante las críticas al nuevo sistema, son asimismo destacables los esfuerzos de las autoridades locales frente a un proceso que por el componente de reforma nacional, con un marcado acento centralista, ha terminado por escapar de sus ámbitos de responsabilidad política. Lo importante no es buscar culplables de la indeterminación de un sistema que está inconcluso, sino identificar los obstáculos que atentan, en definitiva, contra la calidad de las políticas de responsabilidad juvenil y reinserción social de jóvenes infractores de ley.

No obstante sigue existiendo una amplia demanda por la privación de libertad como sanción principal contra los actos delictivos cometidos por adolescentes, los fundamentos sobre los cuales se desarrolla la idea acerca de la inconveniencia de la privación de libertad derivan de la baja capacidad para producir integración social y la violencia que supone este tipo de medidas. Los impactos de la prisión y los estigmas que transportan como "karmas" los adolescentes infractores de ley internados o recluidos en los centros juveniles como el de Iquique, son variados considerando que los jóvenes están en una etapa de construcción de identidad y en un período crítico del desarrollo en los ámbitos cognitivo, emocional y social al momento de ser sancionados con penas en sistemas cerrados o semicerrados.

La demanda de la población para que el Estado establezca medidas más severas para disminuir la violencia y el delito, ha sido tomada en consideración, a nuestro entender, de una manera superficial. En principio porque, si bien es cierto, en el último tiempo ha aumentado la participación juvenil en ciertos delitos, la contribución de los mismos en el volumen global de la población juvenil sigue siendo pequeña. Sumado a ello, debe tomarse en cuenta que gran parte de los adolescentes que cometen infracciones a la ley, lo hacen dentro de un proceso de maduración y, por ende, estas conductas tienden a desaparecer espontáneamente cuando llegan a la edad adulta, siempre y cuando no prime un alto compromiso con los valores y pautas de comportamiento criminales y/o con la adicción a las drogas. En efecto, diversos estudios indican que entre el 70% y 80% de los jóvenes (menores de 18 años) que han cometido al menos una infracción, ésta generalmente es insignificante y no llega a ser denunciada o descubierta.

Si bien la ciudadanía tiene el derecho de impulsar leyes que le permitan proteger sus intereses y demandar al Estado la paz social y la seguridad de las personas, toda ley penal adolescente –tal como la tendencia internacional lo indica- tiene, además, un poderoso propósito de integración social, basado en el reconocimiento de la adolescencia como una etapa crítica, lo que ha fundamentado la especificidad del sistema. Este propósito se ve ampliamente mermado toda vez que se intenta imponer la privación de libertad y el esquema carcelario como sanción única frente a los delitos graves.