Cambio institucional, responsabilidad juvenil y sistemas de reinserción social (página 2)

El problema de la juventud no es que tropiece con barreras al intentar realizar sus aspiraciones, el problema es que le faltan aspiraciones, proyectos y, más que nada, ideología. (Touraine, A. 1991: 11)[1]

1.1 Antecedentes generales

Cuando decidimos llevar adelante esta investigación, nos encontramos frente a un tema de estudio que parecía ser extremadamente amplio y complejo. Sin embargo, en el ejercicio de delimitación de la propuesta de investigación fuimos acotando nuestros intereses y dosificando de mejor manera nuestros recursos mediante un constante trabajo constructivo de proposición, validación y replanteamiento. Así, en un principio, nos enfrentamos ante dos posibles situaciones que nos llamaron profundamente la atención: a) el aparente incremento de la delincuencia juvenil en la Región de Tarapacá; y, b) la aparente ineficacia e insustentabilidad de los sistemas de reinserción social y rehabilitación conductual que operan en los centros de atención directa del SENAME, junto con la participación de otros actores públicos y sociales.

El problema de la delincuencia juvenil en el último tiempo se ha transformado en una preocupación pública de la más alta relevancia. La sensación de inseguridad y perplejidad que esta situación deja no sólo entre los victimarios, sume a muchos en el desconcierto y la desesperanza. La complejidad de este fenómeno es inconmensurable y no existe una verdad única o doctrinaria. Esta complejidad se basa en el principio de multidimensionalidad y en las "necesidades concretas" que despiertan los problemas de violencia y criminalidad juvenil, los cuales fomentan un clima de inseguridad pública y ponen en riesgo, finalmente, la democracia, el desarrollo económico – social y la "paz ciudadana" (Fundación Paz Ciudadana: 1998, 2000, 2006).

Instalada en las agendas políticas nacional e internacional, el problema de la delincuencia juvenil y la aparente ineficacia de las políticas de reinserción social de jóvenes infractores de ley tampoco le es indiferente a la opinión pública y la percepción ciudadana. Hasta hace poco tiempo atrás, la imputabilidad de los/as jóvenes era bajísima, sólo para casos excepcionales y ejemplificadores, lo que inquietaba enormemente a la población dada la impunidad en que quedaban los delitos, la instrumentalización que se hacía de estos jóvenes para cometer delitos organizados por adultos y la violencia desmedida que éstos, en general, ejercían en sus actos. No obstante fuese rebajada la edad de responsabilidad penal juvenil a 14 años, los delitos cometidos por jóvenes no han cesado. Así, se percibe a la sociedad actual y sus espacios públicos como lugares de sobre-exposición, dimensión del riesgo y escenario de la inseguridad. La delincuencia, criminalidad y violencia social se expresan de múltiples maneras, siendo la delincuencia juvenil una de ellas.

En la Región de Tarapacá, particularmente en sus dos principales centros urbanos[2]se observan aspectos sociales, económicos y geopolíticos que matizan el fenómeno de la delincuencia juvenil y definen sus particularidades. No obstante aquello, este fenómeno forma parte del contexto general que tiene una escalada mundial y que responde, entre otros elementos, al cambio de paradigmas expresado en el avance del "proceso de globalización" (Carrión, F. 2001:19) y la crisis de los valores tradicionales de la sociedad moderna, así como de aquellas instituciones basales de la integración social (familia, escuela, iglesia, Estado – Nación). No ha de extrañar, entonces, que las innumerables transformaciones en la vida económica, política, social y cultural del planeta hayan producido cambios significativos en los comportamientos de los/as jóvenes y adolescentes[3]

El desarrollo de las sociedades occidentales ha sido variable y desigual. América Latina muestra importantes avances en algunos ámbitos y sectores productivos, pero también a diversas "fuentes de inseguridad" (Arriagada, I. 2001: 109) vinculadas a preocupantes problemas de desigualdad, precarización de los empleos, pobreza, marginalidad y exclusión social, que se tornan patéticos con el avance de la violencia social, el narcotráfico, el debilitamiento de las redes de protección institucionales, la fragmentación de la sociedad civil y otros procesos que, paradójicamente, van en la senda contraria a los objetivos de un desarrollo económico – social sustentable y equitativo. Así, por una cuestión no siempre obvia, es necesario considerar que la Región de Tarapacá y los análisis de las políticas de responsabilidad juvenil no pueden desconocer el contexto socio-histórico vinculado al espacio fronterizo y las relaciones económicas, migracionales, socioculturales y criminológicas que se establecen, particularmente, entre la subregión norte de Chile, el sur peruano y el sudoeste boliviano.

América Latina por años ha estado rankeada entre las regiones más violentas del mundo. Las inestabilidades e incertidumbres generadas por los modelos de desarrollo económico – social y por el proceso de transición de los Estados latinoamericanos hacia sistemas democráticos, a excepción probablemente de Venezuela que muestra signos de dictadura, ha generado innumerables desafíos en materia de violencia juvenil y promoción del desarrollo de la adolescencia, entendida ésta como una etapa de integración social vital. Si bien, el sistema democrático chileno y las políticas de seguridad pública dirigidas a jóvenes infractores de ley no se basan actualmente en el esquema de seguridad interior del Estado que prevaleció durante el régimen militar, aún nuestro sistema político se asientan en una carta magna obsoleta (Constitución de 1980) que no responde adecuadamente a los problemas y desafíos de reducir los factores de riesgo que enfrentan cotidianamente los/as jóvenes, así como la reproducción de la delincuencia juvenil y violencia social que se encuentran como telón de fondo.

Las diferentes clasificaciones utilizadas para identificar y analizar el fenómeno de la delincuencia juvenil nos ayudan a entender la complejidad de un problema multidimensional que se encuentra visiblemente instalado en nuestra sociedad y, en especial, en la percepción de inseguridad de la ciudadanía. Variadas son las formas y expresiones delictivas que adoptan los/as jóvenes infractores de ley. Estas pueden ser prácticas organizadas y funcionalmente estructuradas o resultado de problemas psicosociales más acotados. Asimismo, la gravedad y connotación de los delitos son diversas, interesándonos en esta investigación aquellos actos delictivos provistos y definidos como de mayor connotación social[4]

Por otro lado, Chile y la Región de Tarapacá no están al margen del debate en materia de delincuencia juvenil y el rol que le cabe al Estado en estas materias. Se observan visiones y diagnósticos diversos y, en algunos sentidos, contrapuestos ideológica o pragmáticamente. Para algunos cientistas políticos, la reinvención de la democracia chilena ha estado aparejada de una excesiva flexibilidad, permisividad y blandura del sistema legislativo y político, dando pié al incremento notorio de la delincuencia juvenil. Desde este punto de vista, la delincuencia sería el resultado de la reconversión del sistema político-legislativo chileno y de la reconstitución de los derechos humanos que dieron sustento a legislaciones menos agresivas (eliminación de la pena de muerte, eliminación de la detención por sospecha, etc.).

Otros, sin embargo, prefieren mantener abierto su caleidoscopio y no reducir la emergencia de este fenómeno al reestablecimiento de un orden social democrático y la consecuente generación de condiciones para su existencia. Así, desde el primer gobierno de la Concertación, las políticas de seguridad pública han experimentado cambios significativos en los ámbitos de la redefinición de los antiguos roles político – institucionales y los enfoques que orientan los diseños y gestión de estas políticas. Sin embargo, la delincuencia juvenil parece ir en aumento, no obstante resulta imposible fundamentar esta aseveración con información sistemática y confiable que de cuenta de la real dimensión de la problemática y no únicamente de la efectividad de la pesquisa de denuncias o ilícitos aprehendidos por las policías.

De esta manera, al constatar la existencia indesmentible de los problemas de violencia y delincuencia juvenil en nuestra sociedad, buscamos conocer qué cambios socioinstitucionales se observan en el actual sistema chileno de atención y reinserción social de jóvenes infractores de ley al compararlo con el "ancient regime" pre-reforma de responsabilidad penal juvenil. Además, resulta oportuno preguntarnos por los impactos que han generado estos cambios político-institucionales en la Región de Tarapacá; qué cursos han tomado los modelos de responsabilidad penal juvenil y reinserción social en los centros de atención directa de jóvenes infractores de ley; y, cuáles han sido los obstáculos principales que ponen a prueba actualmente la calidad, eficacia y sustentabilidad de estos dispositivos en el Centro Iquique.

Estas interrogantes representan el planteamiento del problema y el inicio de nuestra apuesta investigativa la cual, como hemos señalado, se interna en los problemas de calidad, eficacia y sustentabilidad de las políticas de responsabilidad juvenil y reinserción social de jóvenes infractores de ley que han cometido actos de mayor connotación social en la Región de Tarapacá, durante los años 2007 – 2008, periodo en el cual comienza a regir el actual modelo de responsabilidad penal juvenil en Chile. Así, el tema de la delincuencia juvenil simboliza una apuesta investigativa en atención a un problema social prioritario que amenaza con desestabilizar las bases del sistema democrático chileno y el Estado de Derecho. En este sentido, trataremos de comprender cómo se materializan las intervenciones públicas hacia la situación de los/as jóvenes infractores de ley que ingresan concretamente al Centro Iquique en la Región de Tarapacá para iniciar su proceso de rehabilitación conductual e integración social, evaluando los impactos y problemas de calidad, eficiencia, eficacia y sustentabilidad de las diferentes etapas y dimensiones que configuran el proyecto de intervención.

Los antecedentes recabados de manera preliminar, nos permiten afirmar hipotéticamente que en la Región de Tarapacá las políticas de seguridad pública y reinserción social de jóvenes infractores de ley se encuentran en un estado de transición hacia la modernización de aspectos políticos, jurídicos, institucionales y de gestión pública. El cambio institucional y en las políticas de seguridad pública dirigidas a jóvenes infractores de ley se ha caracterizado por su reactivismo en relación con la complejidad del fenómeno y han resultado compensatorias desde la lógica de la victimización. La aparente ineficacia de las políticas de reinserción social de jóvenes infractores de ley, creemos, se basa en la idea de que los sistemas de atención de jóvenes infractores de ley se han venido encaminando hacia un modelo de carcelarización que tiende a desplazar las iniciativas socioeducativas destinadas a la reinserción social e integración social de jóvenes.

Antes de entrar en esta controversial materia, nos nutriremos con una relectura del contexto social y político – institucional que opera como trasfondo del fenómeno de la delincuencia juvenil en la sociedad actual. Nos enfocaremos en cómo el Estado ha enfrentado este problema, rescatando aquellas experiencias e hitos internacionales que han influido sobre las transformaciones internas en el ámbito de la seguridad pública y las políticas de responsabilidad penal juvenil. Posteriormente, entraremos en la escena nacional y regional para observar aquellos aspectos problemáticos e incógnitas que justifican la investigación y orientan su desarrollo.

1.2 Contextualización del fenómeno de la delincuencia juvenil y la respuesta del Estado en la sociedad actual

Realizando un breve recorrido por los medios de comunicación social, revistas científicas, publicaciones institucionales y otros escritos, es posible observar que el fenómeno de la delincuencia juvenil se encuentra instalado en nuestra sociedad. En el ámbito regional, la delincuencia juvenil se muestra como parte integrante de las paradojas del desarrollo económico y social, así como de los cambios en la vida familiar, la infraestructura de las viviendas, los déficit en materia de educación pública, la precariedad del empleo y el avance corrosivo del narcotráfico. Los/as jóvenes en situación de riesgo social son candidatos predilectos para ingresar al mundo del delito, lo que no quiere decir que este sea un problema que se presente en un estrato económico-social específico, sino que cruza todos los sistemas de convivencia social y los diferentes estratos económicos de la sociedad. No obstante aquello, las condiciones sociales y económicas que soportan la vida de familias y jóvenes en condiciones de pobreza y marginalidad tienden a ser más sensibles a las posibilidades de internalización de patrones delictivo-transgresores que se ponderan, recurrentemente, como "conductas desviadas" y "antisociales".

La Región de Tarapacá no puede abstraerse de su historia y de su conformación sociopolítica. La presencia del fenómeno de la delincuencia juvenil en esta Región no se encuentra ajena a la situación que se vive en el resto del país, América Latina y otras naciones del mundo. En los últimos años, los problemas de seguridad pública y delincuencia juvenil han adquirido mayor notoriedad en los ámbitos comunicacionales, políticos, científicos y sociales, convirtiéndose en un tema de Estado con una fuerte presencia en el debate público. Sin embargo, este problema no es nuevo, aunque se manifiesta como un fenómeno dinámico y fuertemente sensible a los cambios de las condiciones económicas y sociales en los diferentes territorios. Esto hace que sea prácticamente imprescindible realizar una relectura del contexto histórico – social para comprender la relación que se establece entre el fenómeno de la delincuencia juvenil y el tipo de respuesta que ha desplegado la institucionalidad pública y política para poner tope a esta problemática y promover la integración social de los/as jóvenes infractores de ley.

Asistimos a un momento de nuestra historia en que la violencia parece apoderarse de los diferentes espacios públicos y privados. Se observan diariamente prácticas como el bullying en los colegios, violencia intrafamiliar, violencia de género, violencia hacia grupos minoritarios, violencia intracarcelaria que opera reforzando la idea de escuela del delito, terrorismo nacional e internacional, y una peligrosa contracultura juvenil del death line, del desenfreno hedonista, el desapego a la vida y la internalización de la violencia y el atropello al otro como medio legítimo de conseguir las cosas[5]Este complejo background de manifestaciones parece minar los sistemas de convivencia social tradicionales basados en la confianza. Chile no está ajeno al fondo de los problemas y determinantes económicos, políticos, sociales, culturales y medioambientales que están detrás del fenómeno de la delincuencia juvenil. Lo importante, por ahora, es comprender que el fenómeno de la delincuencia juvenil y el carácter del sistema público de atención de jóvenes infractores de ley se construye a partir de relaciones complejas y causas multidimensionales, donde no hay cabida para el reduccionismo y el unicausalismo metodológico.

Las políticas públicas de los diferentes países que han intentado enfrentar la violencia y delincuencia juvenil nos muestran resultados diferentes y no siempre acordes con los impactos esperados. El tatcherismo y el reaganismo con sus políticas de tolerancia cero demostraron ser ineficaces y en algunos sentidos contraproducentes con los objetivos planteados inicialmente. Tal como sostienen algunos críticos y expertos, las políticas de "mano dura" para el control del delito no demostraron ser la vía para la fuente de paz en los países donde fueron aplicadas. La política de tolerancia cero[6]por ejemplo, no evidenciaron impactar de manera fehaciente la reducción de los delitos, la minimización de la reincidencia y la reinserción social efectiva de jóvenes infractores de ley[7]

Experiencias de otros países nos permite reconocer que la delincuencia juvenil se ha convertido en problema de orden público transnacional, tanto desde el punto de vista del compromiso al orden social como por la preocupación de interés público y percepción de inseguridad que despierta en la población y en los mercados. No obstante aquello, su expresión máxima la encontramos en las urbes y, particularmente, en aquellos territorios y espacios donde se convive cotidianamente con la marginalidad, la pobreza, la desesperanza, el flagelo de la droga y grupos que buscan apoderarse de dichos espacios para reproducir una cultura suburbana del delito y hacer valer sus propias reglas.

Las autoridades de la República Checa, por ejemplo, tuvieron que enfrentar el fenómeno de la delincuencia juvenil a comienzos del nuevo milenio, el cual iba en un exponencial incremento[8]Algunas de las medidas empleadas frente a la escalada de robos de jóvenes que buscaban conseguir dinero mediante actos delictivos, pusieron a prueba los dispositivos públicos y legales de ese país a través de la elevación del límite de daños monetarios para calificar el caso como un delito, el cambio del clima social y la introducción de tribunales especiales para menores de 18 años. Sin embargo, los expertos que trabajaron en este caso concluyeron que "ha cambiado la estructura de la delincuencia infantil y juvenil. No es que haya más delitos cometidos por niños y jóvenes, sino que se vuelven cada vez más graves y violentos" (Oratorová, K. 2008)[9].

¿Es que hoy se denuncia más o es que existe un incremento real de la delincuencia juvenil en nuestra sociedad? La respuesta probablemente contenga ambos elementos. Lo problemático parece ser que no se sabe a ciencia cierta cuánto se ha dejado de denunciar y si las inquietantes cifras presentadas por los organismos oficiales no esconden un fenómeno más generalizado. Lo interesante de rescatar en el caso de la República Checa, es el descubrimiento de que lo que se daba, finalmente, era un incremento de la violencia y gravedad de actos ilícitos cometido por jóvenes y no necesariamente un incremento de la delincuencia en términos de participación de una mayor cantidad de jóvenes en actos reñidos contra la ley y el Estado de Derecho.

Por otro lado, existen experiencias internacionales exitosas como la española, donde se ha logrado reducir substantivamente la comisión de delitos de mayor connotación social (DMCS) y aminorar las estadísticas de reincidencia por parte de jóvenes, pese a que en algunas comunidades como en Asturias se observe un fenómeno inverso. Asimismo, destaca la corriente socieducativa francesa en la contribución a generar políticas de seguridad pública capaces de centrarse en los/as jóvenes infractores de ley y sus problemáticos entornos, con los recursos y condiciones básicas que demanda la complejidad de un proceso costoso y dificultoso como es la resocialización, reeducación y reinserción social de estos jóvenes. En general, algunos países bajos de Europa, como Dinamarca, Holanda y la misma República Checa, han lanzado medidas socioeducativas y de integración laboral en el último tiempo con cierta preeminencia sobre las medidas judiciales que, ciertas ocasiones, se han reducido pese al incremento estadístico oficial de los actos delictivos (Fundación Paz Ciudadana, 1999).

En América Latina y el Caribe el "panorama criminológico" ha sido más complejo aún (Rico, J. 1977). Las experiencias de violencia y delincuencia ejercida por la cultura de las bandas juveniles de los Maras en Centroamérica y parte de Estados Unidos[10]los focos de criminalidad que se observan en las favelas en Brasil, los secuestros propiciados por miembros de las FARC en Colombia, así como la transnacionalización de los actos delictivos que se observan en regiones fronteras como Tarapacá (narcotráfico, blanqueo de capitales, contrabando, robo de vehículos y especies), nos empujan hacia la constatación de que el fenómeno de la delincuencia juvenil se nutre de un extenso repertorio criminológico y de un escenario global que convive peligrosamente con la violencia social en todas sus formas.

En el ámbito específico de la delincuencia juvenil, pasa algo similar. Se observa una fuerte presencia del fenómeno en la agenda pública, los medios de comunicación social y el debate público en general. En este contexto, se ha venido documentando que "la mayoría de los delitos son cometidos por jóvenes. Cualquier política que pretenda reducir la delincuencia debe estar orientada a este grupo etario" (Fundación Paz Ciudadana. 1997: . Sin embargo, la toma de decisiones pública no cuenta con información criminológica sistemática que dé cuenta de la evolución del fenómeno de la delincuencia juvenil en Chile y la Región de Tarapacá desde una perspectiva de mediano y largo plazo. Recién para el año 2011 se proyecta la publicación del primer compendio de análisis quinquenal de estadísticas criminales de Chile, compromiso del Ministerio del Interior establecido en la Estrategia Nacional de Seguridad Pública (2006 – 2010)[11]. Esta situación indudablemente complica el diagnóstico y representa un obstáculo que opera como un "téngase presente" en las diferentes fases del proceso de investigación.

Volviendo a nuestros planteamientos, y ya instalado como una de las principales preocupaciones en la estabilidad del sistema social, político y económico, el fenómeno de la delincuencia juvenil se presenta bajo diversas figuras, atributos y connotaciones ideológicas. En términos prácticos, se manifiesta de manera organizada o individual apelando al carácter de inimputabilidad penal de los/as jóvenes. Algunos Estados, como el caso chileno, han adoptado la decisión de reformar integralmente el sistema de atención a la infancia y modernizar paralelamente el sistema de justicia. Sin embargo, sospechamos que el eje de acción basado en la reinserción social de estos jóvenes no se encuentra claramente perfilado en la etapa post – egreso, momento clave para la integración social y la sustentabilidad de las acciones.

Así, los estudios criminológicos juveniles centrados en el rol del Estado no pueden entenderse sin contextualizar sociohistóricamente la problemática de la delincuencia juvenil en relación con el proceso de modernización del Estado. Nuestro estudio se encamina a la comprensión de estos aspectos, mediante el reconocimiento de la heterogeneidad de situaciones, etapas de crecimiento y factores sociales que inciden en la generación de conductas delictivas y que median los procesos de reinserción social de jóvenes infractores de ley. En este sentido, el estudio no pretende reducirse a una evaluación de los programas de reinserción e integración social del SENAME sino, más bien, pretende contribuir desde el ámbito de las Ciencias Sociales a la identificación de los desafíos de las políticas de reinserción social de jóvenes infractores de ley en la Región de Tarapacá, analizando los impactos -esperados e inesperados- que han producido sobre sus beneficiarios directos y sus entornos. Plantearemos, en lo que sigue, algunos elementos preliminares que nos ayudarán a orientar nuestra búsqueda y perfilar de mejor manera los aspectos que soportan este razonamiento.

• Problemas a partir de los cambios socioinstitucionales de los sistemas de atención de jóvenes infractores de ley en Chile y la Región de Tarapacá

Que Chile invierta más recursos públicos en un recluso que en un estudiante universitario resulta una paradoja vitae. También causa inquietud la comparación de la cantidad de población penal que existe en nuestro país, que es comparativa y proporcionalmente superior a la de otros países de América Latina, ocupando el cuarto lugar según estimaciones de organismos internacionales[12]Uno de los puntos álgidos que últimamente ha despertado inquietud en la sociedad chilena, tiene que ver con los resultados de los procesos de reinserción social y rehabilitación conductual de jóvenes, el desconocimiento del gasto público utilizado para esos efectos y los grados de reincidencia y reproducción del delito. En el Senado nacional, por ejemplo, se ha desatado un fuerte debate en este sentido, cuestionándose profundamente el hecho de que "tenemos una ley absurda, que dice que solo en el último período de condena –es decir si alguien está condenado a 10 años- en el año 8 recién comienza la política de reinserción y rehabilitación. Eso es completamente absurdo desde el punto de vista de los especialistas"[13].

En términos generales, los procesos de cambio y modernización que atraviesan los Estados Nación, dejan en observancia tendencias reformistas y de reacoplamiento estructural que posibilitan transformaciones y mejoramientos de las políticas públicas dirigidas a enfrentar los problemas de seguridad y delincuencia que ponen en peligro la sustentación de la democracia, el clima de paz y el desarrollo económico – social de los diferentes países. Particularmente, en los países subdesarrollados o en vías de desarrollo, el problema de la delincuencia juvenil se ha recrudecido en el tiempo. Pese a lo anterior, el Estado ha intervenido el último tiempo propiciando procesos de reforma hacia la situación de protección de derechos y responsabilidad penal juvenil, constituyéndose en una apuesta al desarrollo futuro del país[14]que incide directamente en la calidad de vida, ya que la delincuencia juvenil vendría a "erosionar la instancia de lo público y la condición de ciudadanía" (Carrión, F. 1998:28).

La mirada histórica resulta fundamental al momento de observar los cambios sociales y político – institucionales que han influido sobre el incremento de la delincuencia juvenil en el último tiempo. Desde el punto de vista de la actuación de los poderes públicos, se observan avances y desafíos importantes. En la década de los 70", la estructura institucional que operaba en Chile era la CONAME (Consejo Nacional de Menores), organismo encargado de atender los problemas sociales que respondían a las disfuncionalidades conductuales y familiares de niños/as y jóvenes en riesgo. Su orientación era fundamentalmente asistencialista, con énfasis en la atención psicoterapéutica y el voluntarismo. En 1979, en plena dictadura del Gobierno Militar de Augusto Pinochet, se crea el SENAME (Servicio Nacional de Jóvenes), el cual se encargaría de sustituir al CONAME mediante una institucionalidad pública acorde con la tarea de protección y asistencia social de jóvenes en situación de vulnerabilidad e irregularidad familiar. Este esquema funcionó por más de una década, hasta los años 90", momento en el cual se observa un giro epistemológico hacia los principios rectores propiciados por la Convención Internacional de Derechos del Niño, dirigiendo la labor del SENAME a regular el rol del Estado bajo una perspectiva de los derechos sociales y no de la caridad[15]

Como dimensión referencial, de un modelo de seguridad interior del Estado de carácter cerrado, que predominó durante los años 70" y 80", se dio paso a un modelo de sistemas abiertos (seguridad pública) que trascenderá la participación de los organismos castrenses y judiciales. Posteriormente, la década de los 90" se caracterizará por cambios significativos en el paisaje global y local también. La caída del muro de Berlín y el paso de los gobiernos militares a gobiernos democráticos en América Latina y Chile gatillaron transformaciones radicales orientadas a promover la modernización de los Estados Nación y, entre otras, las políticas de seguridad pública. En este escenario global, se observa un agotamiento del modelo ideológico de Seguridad Interior del Estado y la emergencia de un modelo de Seguridad Pública de carácter incluyente, transversal y orientado hacia los objetivos estratégicos de reducir los inquietantes índices de delincuencia y violencia social.

Así, el fenómeno de la delincuencia en Chile se instaló en el centro del debate público, convirtiéndose en el caballo de Troya del discurso político y en uno de los problemas más relevados por los medios de comunicación y el ciudadano común y corriente. A fines de los años 90", se comienza a observar un desgaste de las políticas de seguridad pública e insuficiencia de los mecanismos de control y prevención del delito. De esa manera, las disconformidades respecto del fortalecimiento de las policías (incremento de dotación y recursos) como única medida para combatir la delincuencia instalan en el debate político, público y científico la idea de reformular el sistema de seguridad pública nacional, con lo cual se esperaba modernizar la justicia penal en el ámbito juvenil y sintonizar las políticas fiscales con las directrices de los tratados internacionales que se fueron suscribiendo, particularmente con la Convención de Derechos de los Niños y Niñas.

Este cambio de paradigmas también fue gestando modificaciones en las estructuras políticas – institucionales que promovían la protección de los derechos de la infancia con carácter asistencial, así como la rehabilitación conductual y reinserción social de casos problemáticos. Los aspectos psico/conductistas con énfasis en la rehabilitación terapéutica basada en el encierro y modelos de internados, predominaban en los análisis e intervenciones hacia estos jóvenes. Por más de una década esta institucionalidad operó en Chile bajo este esquema, de manera descentralizada y con dependencia directa del SENAME y el Ministerio de Justicia. Sin embargo, lentamente se fueron incorporando nuevos elementos y cursos de acción que convirtieron a los centros del SENAME en sistemas cerrados y semicerrados de atención de jóvenes infractores de ley.

Al visibilizarse en la agenda política el problema de la delincuencia juvenil e instalarse en la percepción pública el sentido de inseguridad y desconfianza respecto de la eficacia de las acciones de control y prevención del delito por parte de los organismos pertinentes (policías, gobierno, institucionalidad pública, ONG"s), se comienzan a concretar los primeros cambios con dirección a la reformulación de los sistemas de atención de los/as jóvenes infractores de ley. En ese entonces, el Centro Arcoiris (actualmente Centro Iquique), así como los demás centros juveniles del SENAME, se encargaban de trabajar en el ámbito de la protección de los derechos sociales de menores en situación de riesgo social, hasta el año 2003, cuando comenzaron a sentarse las bases del modelo de responsabilidad penal juvenil que opera actualmente. Así, el perfil de los internos de estos centros cambió drásticamente. Ya no se trataba de atender a jóvenes en situación de vulnerabilidad y desprotección de sus derechos básicos, sino que había que tratar con jóvenes y adolescentes de alta complejidad que estaban conectados con el mundo del delito.

En este contexto, los sistemas de atención de jóvenes infractores de ley se verán modificados con la implementación de la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente[16]Estos cambios políticos – institucionales han generando avenimientos y detracciones. Los argumentos a favor dicen relación con justificaciones como la necesidad de reformular el sistema público de atención de jóvenes infractores de ley a la luz de los cambios sociales y los desafíos de manutención del orden y la paz social. Los detractores, por otro lado, plantean que lo que ha venido impulsándose constituyen cambios que sin dejar de ser importantes, no se encuentran acordes con los sentidos y dinámicas del fenómeno de la delincuencia juvenil.

Como sea, la Región de Tarapacá manifiesta actualmente signos insospechados de violencia y delincuencia juvenil. Ya no resulta una sorpresa observar la estrecha relación que se establece entre el tráfico / consumo de drogas y los actos delictivos. Sabemos que el consumo de estupefacientes en los/as jóvenes se ha ido incrementando en Chile y que esta situación ha traído costos económicos, humanos y sociales significativos[17]

La Región de Tarapacá, por su carácter fronterizo, se encuentra permanentemente expuesta a los flagelos del narcotráfico y presenta las tasas más altas de consumo de drogas ilícitas entre los jóvenes (cocaína, marihuana y pasta base, principalmente). Así, surge la necesidad de que la reinserción social de los jóvenes vaya de la mano con procesos de rehabilitación conductual y, particularmente, de rehabilitación del consumo problemático de estupefacientes. ¿Qué pasa en ese sentido? ¿Qué se está haciendo al respecto? Sabemos que CONACE se encarga fundamentalmente de los aspectos preventivos de la problemática y que las políticas públicas están, en general, fuertemente orientadas al control y la prevención del delito. Asimismo, los programas de rehabilitación en consumo problemático de estupefacientes en jóvenes son, en general, costosos y no garantizan el éxito. En este sentido, han sido las organizaciones comunitarias las que han comenzado a llenar este vacío trabajando sobre la base de metodologías terapéuticas de autoayuda y asistencia religiosa que no cuentan, por lo general, con recursos suficientes para realizar tratamientos integrales.

Así, resulta clave conocer el contexto y sentido de los cambios institucionales en materia de seguridad pública y delincuencia juvenil, cuestionándonos en lo más profundo respecto de la utopía o posibilidad real de los sistemas de responsabilidad penal juvenil y los procesos de reinserción social de menores infractores de ley, particularmente de aquellos casos críticos. Básicamente y para finalizar con esta parte, nuestro planteamiento del problema coincide en señalar que los determinantes sociales más representativos para la Región de Tarapacá[18]generan un clima adverso para los procesos de reinserción social de menores infractores de ley que, luego de terminada la etapa de intervención en el sistema público, parecen quedar a la deriva de los riesgos sociales que siguen presentes en la familia, el barrio y el entorno social y que terminan, finalmente, prevaleciendo en la regeneración de la conducta criminal. Con este argumento, nos asaltan las dudas respecto de si es posible la reinserción social de jóvenes infractores de ley bajo el esquema institucional que hoy opera y, particularmente, nos interesa saber cuáles son los obstáculos políticos – institucionales que debe sortear actualmente el sistema de responsabilidad penal juvenil para garantizar, de manera efectiva y sustentable, la reinserción social de menores entre 14 y 17 años, considerando a los de 18 como "adultos". Veremos, a continuación, cómo se conmensuraron las inquietudes planteadas en este capítulo mediante la delimitación de la estrategia metodológica que considera, entre otros elementos, la relevancia académica, política y social de la investigación, así como los métodos y técnicas de investigación utilizadas (Delgado y Gutiérrez, 2007; Valles, M. 2007).

• Estrategia metodológica

La seguridad pública se constituye hoy en una prioridad para el Estado y la ciudadanía. Este estudio se inscribe dentro de este contexto, pero no parte de cero. Las razones de la elección del problema de investigación que dieron vida a este proyecto no sólo poseen un carácter externo o están ligadas a lo que podríamos llamar "las necesidades de la sociedad". También representan el compromiso con las experiencias laborales y académicas que, como investigadores y servidores públicos, nos proponemos reforzar. En este sentido, esta es una investigación comprometida y de ninguna manera declara congeniar con la visión comteana positivista de la neutralidad valorativa como criterio científico para la veracidad y confiabilidad de los resultados.

Nuestra investigación no pretende definirse como un estudio exploratorio, ya que la problemática expuesta ha sido motivo de investigación en varias ocasiones, desde diferentes perspectivas, matices, disciplinas científicas y contextos histórico-sociales. Más bien, nuestro trabajo se ilustra como una investigación descriptiva – interpretativa cuya novedad reside en analizar las políticas públicas de responsabilidad juvenil y reinserción social de jóvenes infractores de ley desde una visión regionalista y rescatando la visión de los actores locales que han participado de los cambios institucionales de los modelos de atención directa[19]Además, la perspectiva sistemática que adoptaremos nos conducirá a una síntesis que pueda constituirse, finalmente, en un aporte en la interpretación sobre los desafíos de las políticas de responsabilidad penal juvenil a la luz de los cambios político-institucionales y el permanente riesgo de recrudecimiento de la delincuencia y la violencia juvenil en la Región.

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Esta investigación también se define como un estudio de corte mixto, en relación con la complementariedad que se establece en las dimensiones metodológicas pertinentes de los ámbitos cuantitativo y cualitativo. Estas complementariedades se corresponden a partir de los aspectos más instrumentales de los métodos de investigación, no así en al nivel de rasgos epistemológicos, estrategia metodológica, supuestos y principios investigativos que, particularmente en este estudio, se vinculan con las corrientes sistemática e interpretativa. A partir de allí, nos proponemos analizar los aspectos cualitativos del fenómeno en el sentido de rescatar la visión de proceso, cotejar las perspectivas de los actores pertinentes (cuerpos directivos, equipos técnicos y beneficiarios directos del SENAME y su red de establecimientos) y detenernos en cómo las políticas públicas se recrean en la realidad local en torno al diseño y aplicación de los modelos de reinserción social y rehabilitación conductual de jóvenes infractores de ley que cumplen condena en los centros de atención directa del SENAME.

Las "distinciones" (Bourdieu, P. 1998) y reflexiones críticas que forjemos del fenómeno de la delincuencia juvenil y la respuesta pública en materia de reinserción social, busca evitar sesgos, simplificaciones burdas, reduccionismos contraproducentes y prenociones (visiones "adultistas" sobre la infancia, por ej.) que afecten, finalmente, la organización y desarrollo del estudio. En este sentido, es imprescindible valerse de un soporte conceptual basado en la revisión y replanteamiento de los conceptos que tradicionalmente han sido utilizados para abordar el fenómeno de la delincuencia juvenil y analizar el papel que le cabe al Estado en estas materias[20]Nuestra intención no apunta a responder cómo es posible erradicar la violencia y delincuencia juvenil desde un punto de vista esencialista, determinista o teleológico. La motivación que nos mueve pretende, más bien, ingresar al mundo de las políticas públicas y situar nuestros ojos críticos para observar e identificar aquellas contradicciones y paradojas político – institucionales que concretamente han venido atentando contra la calidad, eficacia y sustentabilidad de los modelos de reinserción social para jóvenes infractores de ley.

Así, nuestro objetivo principal se propone reflexionar críticamente acerca de los cursos que han adoptado los cambios institucionales en el Centro Iquique, identificando y analizando los problemas de calidad, efectividad y sustentabilidad de las políticas, planes y programas de responsabilidad juvenil y de reinserción social que han sido aplicadas en los últimos dos años (2007 – 2008). Este propósito está directamente relacionado con la idea de identificar y conocer aquellos elementos que inciden negativamente en la concreción del impacto esperado de estas políticas públicas, realizando un análisis de eficacia y observando críticamente las acciones de apoyo dentro y fuera del Centro Iquique.

Existen, además, varios propósitos específicos en esta investigación que abordaremos de manera prudente y aterrizada, toda vez que procuramos no escaparnos hacia la inmensa complejidad del fenómeno y buscamos resguardarnos de las ambiciones de explicar lo inexplicable. Entre los objetivos específicos se cuentan:

• i. Problematizar, a partir de los enfoques contemporáneos de las ciencias sociales, respecto del fenómeno de la delincuencia juvenil y el papel que le cabe al Estado en los procesos de reinserción social y rehabilitación conductual de jóvenes infractores de ley.

• ii. Describir el contexto socioinstitucional y las particularidades que definen y distinguen el fenómeno de la delincuencia juvenil en la Región de Tarapacá.

• iii. Diagnosticar y evaluar los impactos que en Chile y la Región de Tarapacá han producido las políticas públicas para la reinserción social y rehabilitación conductual de jóvenes infractores de ley, comparando el momento institucional actual con el pasado pre-reformista.

• iv. Identificar los principales obstáculos que afectan la eficiencia – eficacia del nuevo sistema institucional de atención de jóvenes infractores de ley (particularmente del Centro Iquique, periodo 2007 – 2008), analizando aquellos factores que comprometen positiva y negativamente la sustentabilidad de las acciones de reinserción social y rehabilitación conductual de jóvenes infractores de ley en el ámbito regional.

• v. Esbozar propuestas y conclusiones alusivas a cómo plantarse y superar los desafíos que presentan el Estado y la sociedad civil regional en estas materias.

Para evaluar el impacto de los esfuerzos de las políticas de responsabilidad juvenil promovidas por el SENAME y su red de establecimientos de atención directa, se tomarán en consideración los aspectos organizacionales de los sistemas y programas de gestión aplicados, junto con la visión de los actores que han participado activamente en los procesos de rehabilitación conductual y reinserción social de estos jóvenes[21]En este sentido, se integrarán en nuestros análisis información considerada de corte "objetivo" (p. ej., indicadores de ingresos a sistemas cerrados y semicerrados, tasas de reincidencia, porcentaje de egresos satisfactorios) e información cualitativa vinculada al desarrollo de los aspectos vitales en la construcción de sentido e identidad de cualquier persona, como la familia, los afectos, los estudios, su relación con sus pares y su entorno, las expectativas y proyectos de vida (Restrepo, C. 2001: 11).

Situándonos en el periodo junio 2007 – diciembre 2008, utilizaremos el Estudio de Caso como la principal herramienta y método de investigación social, apuntando al análisis de los cambios institucionales promovidos en el contexto de la reforma de los sistemas de atención y responsabilidad penal adolescente, en relación con los nuevos roles de los centros regionales de atención directa del SENAME. Particularmente, nos focalizaremos en la situación del Centro Iquique y los dos grandes sistemas de atención que coexisten y operan en la actualidad, como lo son: a) Sistema cerrado[22]y b) sistema semicerrado[23]

El estudio de caso, en cuanto método de investigación y/o diseño de investigación cualitativa, posee diversos matices que se agrupan en "distintos tipos de estudio" (Martínez, C; Piedad, C. 2006:09). Tenemos los estudios de caso factuales, interpretativos y evaluativos, según los objetivos de la investigación y los niveles de estudio de casos. Destacan las clasificaciones de estudios de caso de Stake (1994) en intrínsecos (para comprensiones densas), instrumentales (para profundizaciones descriptivas) y colectivos (varios casos comunes), así como las taxonomías de Yin (1993) quien distingue los estudios de caso como únicos y/o múltiples. En particular, Yin argumenta que "el método de estudio de caso ha sido una forma esencial de investigación en las ciencias sociales y en la dirección de empresas, así como en las áreas de educación, políticas de la juventud y desarrollo de la niñez".

Pese a los cuestionamientos realizados al método de estudio de caso por autores como Stoeker, 1991; Venkatraman & Grant, 1986; Rouse & Daellenbach, 1999; Bower y Wiersema, 1999[24]es posible observar que éste posee valor y utilidad práctica para los análisis que realicemos. Los atributos rescatables y pertinentes para esta investigación, se relacionan con la organización coherente de aquellos elementos que distinguen las particularidades del fenómeno y defienden la concepción de que cada caso merece la pena ser estudiado por sí mismo, sin prescindir por esa razón del dialogo con el entorno y el contexto sociohistórico. Así, el estudio de caso que aplicamos en nuestro trabajo investigativo lo definimos como intrínseco, instrumental y de forma espiral en lo que respecta a la generación de conocimiento[25]

Adentrándonos en el caso concreto del Centro Iquique y los/as adolescentes que han pasado por los programas del área de responsabilidad juvenil durante el periodo 2007 – 2008 (con referencias contextuales desde el año 2003), lo primero que deberemos considerar es el diseño de investigación que guiará nuestro trabajo y la integración de, al menos, cinco componentes metodológicos fundamentales: a) las preguntas de investigación, que se relacionan con la problemática de estudio expuesta en el capítulo 1; b) las proposiciones teóricas; que se propondrán en el capítulo posterior; c) la(s) unidad(es) de análisis, vinculadas principalmente al área de responsabilidad juvenil del Centro Iquique y los obstáculos para el desarrollo de los programas de reinserción social de jóvenes infractores de ley entre los años 2007 y 2008; d) los criterios para la interpretación de los datos y la vinculación lógica de los datos a las proposiciones, presentes en el capítulo dedicado al análisis de la información.

Como parte de la estrategia metodológica y dedicando un capítulo aparte, realizaremos un diagnóstico descriptivo – evaluativo basado en un modelo mixto de análisis de políticas públicas que se levante sobre la base de: a) la evaluación conceptual o de diseño de estas políticas, planes y programas; b) la evaluación de los sistemas de gestión; c) la evaluación de los sistemas de seguimiento y sustentabilidad de los programas; d) la evaluación de eficiencia y eficacia; y, e) la evaluación descriptiva global. Esta propuesta intenta superar los tradicionales diagnósticos FODA (fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas), aunque no por esa razón descartaremos el FODA como una herramienta válida para los análisis inscritos en esta investigación. Este principio de complementariedad, se reforzará con la inclusión de los autodiagnósticos institucionales que hayan sido realizados anteriormente y que constituyen en esta investigación un insumo relevante, aunque por su carácter autorreferente propendan a la generación de sesgos e inconsistencias metodológicas.

En concreto, el estudio inició su fase de implementación metodológica delimitando previamente el campo de investigación bajo un proceso de validación interna, que permitió perfilar el estudio y seleccionar cinco fuentes "técnicas" de recopilación de información (Blanchet, A. 1989; Padua, J. 1987; ). Por un lado, la técnica de identificación, recopilación y selección de información proveniente de fuentes documentales secundarias, la cual posibilitará la organización y tratamiento reflexivo de la información. En segundo lugar, diseñaremos y aplicaremos un set de entrevistas semiestructuradas a informantes estratégicos representantes del grupo de directivos, profesionales y técnicos del Centro Iquique. En tercer lugar, recopilaremos y analizaremos la información contenida en las carpetas de los internos del Centro Iquique que han pasado por los programas de reinserción social. En cuarto lugar, realizaremos una muestra de la prensa local durante el periodo junio 2007 – diciembre 2008, buscando, seleccionado y organizando aquellos contenidos que se vinculen directamente con la investigación[26]Y, por último, en quinto lugar, aplicaremos la técnica historias de vida a 4 jóvenes, 2 casos considerados "exitosos" en cuanto al proceso de reinserción social y 2 casos reincidentes.

Los análisis estadísticos que realicemos se complementarán con esquemas de tratamiento de la información de carácter cualitativo, lo que llama a la mixtura de los elementos metodológicos. Desde este último punto de vista, el análisis contextual del estudio de caso, el análisis de contenido de la información primaria recopilada y el análisis documental de fuentes secundarias seleccionadas se triangularán en atención a manejar de forma ordenada y sistemática aquella información que permita interpretar la relación entre delincuencia juvenil y sistemas públicos de reinserción social, particularmente la experiencia del Centro Iquique y sus internos/as. La triangulación analítica – operativa se sustenta en cuatro criterios temáticos que intervienen tanto en la búsqueda de información como en su tratamiento, encaminando la generación de conocimientos hacia: a) la identificación de los cambios institucionales y de las políticas de reinserción social de jóvenes infractores de ley; b) la evaluación de la gestión de las políticas y programas de reinserción social y rehabilitación conductual de jóvenes infractores de ley en torno a un análisis de resultados; c) el cotejo de las percepciones de los diferentes actores locales en torno a la eficiencia, eficacia, impacto y sustentabilidad de los sistemas de atención directa en el área de responsabilidad juvenil y reinserción social; y, d) el análisis de las percepciones del fracaso y el resignificado del proceso de reinserción social de los propios usuarios, en contraste con los casos reconocidos como "exitosos".

De esta manera, el estudio de caso del Centro Iquique se constituye en un caso único dispuesto como referente para la generalización de conocimiento. Desde este puntal, la estrategia metodológica se plantea de manera coherente con el principio constructivista que entiende la generación de conocimiento como un acto dinámico de deconstrucción – reconstrucción permanente. La heurística y el instrumental analítico se propone trabajar la información sin perder de vista el continium del proceso de investigación social que supone congeniar el acto reflexivo y orientarlo hacia el logro de los objetivos planteados. Nuestra hipótesis de la carcelarización de sistema de atención de jóvenes infractores de ley, y que se refleja con mayor notoriedad en el régimen cerrado

Considerando esos elementos y a manera de síntesis, hemos elaborado un esquema de planificación de actividades que pretende ir paso a paso recorriendo y validando -con el grupo de expertos- la investigación, el tratamiento de la información y la exposición de los resultados. Así, nuestro trabajo de investigación queda estructurado de la siguiente manera:

CAPITULO II

Criminología juvenil: Camino hacia las nuevas semánticas de la integración social de jóvenes infractores de ley

La sociedad debe tomar conciencia que la inocencia juvenil expuesta a la necesidad, no distingue entre el aprender a sobrevivir y la ley, porque la necesidad instintual de seguir vivo es más fuerte que el miedo al castigo (Doris Cooper: "Delincuencia Común en Chile", LOM Ediciones, 1994, página 87).

2.1 Del origen y visibilización del fenómeno de la delincuencia juvenil

Los problemas de delincuencia y violencia juvenil no son para nada nuevos. La delincuencia, entendida como acto transgresor del orden social establecido (político, normativo, económico, moral, ideológico, religioso), ha estado presente en la humanidad desde sus albores, bajo el significado de "desacato", "desprendimiento" o "subversión" a las pautas de un grupo o comunidad. La consecuencia de esta situación, daba como resultado, generalmente, el apartamiento del grupo o el castigo físico. En la premodernidad, el significado mágico – religioso procuraba mantener resguardada la cohesión de grupo y articular los sentidos axiológicos y de cosmovisión de manera armónica. Las penitencias y sacrificios constituían actos rituales provistos de un significado sancionatorio, retributivo o invocativo al buen augurio. Con la filosofía social, los valores se inclinaron hacia una concepción más individualista de las libertades, derechos y responsabilidades de los "hijos de Dios". La filosofía y la política del esplendor greco – romano definieron aspectos importantes en materia de violación a las "prohibiciones", con manifestaciones de castigos antihumanos y contribuciones notables en materia normativa.

Posteriormente, en el medioevo aparece la figura de Robin Hood (s. XIV) y el principio de "la justicia por las manos" que tiñeron de misticismo aquellos actos fuera de ley (bandidaje, salteadores de caminos) y lo legitimaron como "defensa de los desamparados". Destaca en este periodo, asimismo, la corriente de los golfines en España, un grupo de bandoleros, malhechores y delincuentes que en los siglos XIII y XIV despertaron el interés por la seguridad nobiliaria. Ante esa situación, no tardaron en erigirse construcciones destinadas al encierro y castigo de los "indomables", asimiladas actualmente al concepto moderno de cárcel o prisión, que se convirtieron en espacios destinados al castigo y la reconversión de las almas penitentes, las que generalmente se situaron en medio de las ciudades medievales.

Los antecedentes sobre la visibilización del fenómeno de la delincuencia común y juvenil también cruzan la realidad latinoamericana. Antes de la conquista española, la cultura del Imperio Inca se caracterizaba por la obediencia cívica basada en las deidades y en un estricto régimen político que sentaba el orden imperial. Toda resistencia a los decretos reales era considerada un sacrilegio y no sólo un delito, siendo fuertemente castigados quienes desobedecieran los decálogos del Inti.

El delito en las culturas precolombinas era problema de atención y un acto severamente castigado, constituyendo una contravención divina fuertemente reprochada. El castigo era la principal fuente de reconstitución del orden político y divino, siendo el sacrificio humano una expresión punible superior. La cultura de los Mayas poseía un ordenamiento similar. En materia de justicia, los Mayas fueron muy severos, los delincuentes eran juzgados por el Halach Vinic (un jefe superior, de título hereditario de corte masculino) o por sus representantes. Las leyes penaban con grandes castigos los distintos delitos; así el hurto se penaba con esclavitud, el homicidio voluntario o involuntario, el adulterio o el daño grave se castigaban con la muerte.

Con la conquista de los españoles y la descompostura de estos grandes imperios, Latinoamérica se transformó en un espacio multicultural forzado y en permanente conflicto. Generalmente, se tiende a asociar la llegada de los españoles con el origen de la delincuencia, el desarraigo cultural y la violencia social en América Latina . Así, la delincuencia como fenómeno surgiría de la etiología de la conquista española y las dinámicas que tienen que ver con el choque cultural, las matanzas de indígenas, la usurpación de las tierras y riquezas (oro y plata). Se dice que en la conquista española está la razón histórica e intercultural de los problemas de delincuencia y violencia que experimenta la región, ya que su llegada significó el establecimiento de relaciones sociales, políticas y económicas basadas en el poder y no necesariamente en el derecho.

Por otro lado, con la modernidad y el advenimiento del Siglo de las Luces se produjo un debilitamiento de los enfoques basados en lo religioso, buscándose una definición científica, legal y universal de lo permitido y lo prohibido, con discusiones de moralismo que pretendían fundar una "legalidad de delitos y de penas", según fuese formulado por primera vez por el italiano Cesare Beccaria en su obra Ensayo sobre los delitos y las penas, publicada en 1764. La Revolución Francesa y la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789 fueron determinantes en la definición social y política del sujeto sin la centralidad que tradicionalmente había tenido lo religioso y lo sacro-moral[27]

Este choque de paradigmas culturales, indudablemente, repercutió de diferentes maneras en América Latina. La delincuencia, el bandidaje y el contrabando eran prácticas cada vez más visibles. No obstante, la época precolombina evidencia la existencia de un "derecho imperial" que no hacía mención a situaciones especiales de niños o jóvenes que cometiesen algún delito. Más bien, se presuponía que la delincuencia juvenil estaba controlada y no constituía un problema de interés específico para el orden imperial y divino de la época.

Por otro lado, con la ilustración europea, surgieron variados aportes que son precisos de reconocer. Destacan los escritos de Howard El estado de las prisiones en Inglaterra y Gales (1777); Gall Las funciones del cerebro (1882); las obras de Morel (que estudió la cleptomanía y la piromancia como constelación de la personalidad distorsionada); Prichard, que destaca por la definición de su concepto de moral insanity, el cual precedió al concepto de psicopatía moderno; Nicolson y Gerry, quienes contribuyeron significativamente a la constatación ilustrada del fenómeno de la delincuencia en las sociedades europeas, centrándose en aquellos aspectos biológicos y hereditarios. En este periodo, la psicogenética y la biología evolucionista jugaron roles fundamentales en la explicación del fenómeno de la delincuencia, erigiéndose como enfoques predominantes y hegemónicos de la sociedad moderna.

En los inicios de la modernidad, la pauperización de las masas, así como las traumáticas y radicales transformaciones sociales, económicas, políticas y culturales generaron alteraciones significativas en los modelos de convivencia humanos (Touraine A. 1993: 08). La delincuencia, el bandidaje y el contrabando se visibilizaban, esta vez, como encarnación de un mercado negro que simbolizaba la mano invisible de un mercado oculto y silencioso, que no estuvo en los ojos de Adam Smith (s. XVIII). El modelo liberal y la feroz competencia por los recursos escasos posibilitaron que la "ley de la selva", instalada en las urbes modernas, conspirara con la aparición del darwinismo social. La sobrevivencia del más apto se convirtió en una lucha sin tregua, que estuvo basada en la visión evolucionista de la realidad e instrumentalizada en la máxima "los medios justifican los fines".

Las ciencias sociales se interesaron desde un comienzo por el fenómeno de la delincuencia utilizando, en principio, esquemas analíticos biologicistas y psicoanalíticos como los señalados. Acorde con la visión naturalista y antropomórfica de la época, Lombroso y otros definirían a los delincuentes como atavismos de formas primitivas de la evolución humana que poseían, por lo general, tendencias hereditarias, rasgos somáticos y antropomorfos definidos. En una y otra parte, la tradición evolucionista y el biologicismo determinista modernos caracterizaban a los delincuentes con determinados rasgos físicos, admitiéndoles una supuesta "inferioridad biológica". El paradigma positivista – naturalista de la época convertiría a la biología y la psicología en disciplinas fundamentales orientadas a descubrir, medir y explicar, entre otros temas de relevancia, las causas del fenómeno de la delincuencia y la conducta patológica o anormal[28]De esta suerte, la modernidad, el paradigma positivista, así como la primacía de los enfoques evolutivo y psicoanalítico contribuyeron a la formulación de normas y cuerpos legales que estuvieron basados en los aportes científicos orientados a encontrar las causas principales del fenómeno de la conducta desviada, la delincuencia, la anomia y la criminalidad[29]

Durante las últimas décadas del siglo XIX se comenzaron a desarrollar con mayor fuerza los análisis científicos de la acción criminal, abriéndose paso a los primeros estudios sobre la readaptación de las penas y la reinserción social de los delincuentes adultos y juveniles. La delincuencia, en general, estuvo asociada a la pauperización de sectores de la sociedad y fue considerada como una expresión de desadaptación social, desintegración y la anomia (Durkheim, E. 1897, 1985)[30]. Guerry, paralelamente, será uno de los primeros autores en abordar la relación delincuencia – pobreza observando los vínculos entre la falta de educación de los jóvenes y los actos delictivos, a través de la confección de mapas ecológicos que le permitieron concluir que no es la pobreza el principal factor de delitos contra la propiedad sino, más bien, el factor de oportunidad (la oportunidad hace al ladrón).

Por su parte, Adolphe Quételet esbozará el concepto de deprivación relativa, utilizado hasta nuestros días en los análisis de la delincuencia juvenil, para explicar la situación referida a la toma de conciencia de las personas respecto de las desigualdades sociales que los aquejan y que dan lugar a la aparición de sentimientos de injusticia y resentimiento. Bajo ese puntal argumentativo, Quételet observó que los jóvenes estaban más propensos que los adultos a cometer crímenes, definiendo el crimen desde una visión determinista, vale decir, como el resultado necesario de la organización de la sociedad, de tal forma que ésta "prepara a los criminales y los culpables son solamente los instrumentos que los ejecutan"[31] (Vásquez, C. 2003:51).

Paralelamente, surge en este periodo la Teoría Ecológica (fundada en la Escuela de Chicago) la cual se interesará por estudiar la criminalidad juvenil a partir de las características geográficas y zonales del fenómeno de la delincuencia (Clifford Shawn y Henry McKay, Ernest Burgess). Uno de los supuestos principales que regían los análisis, postulaba que la base de una carrera criminal adulta comienza a una temprana edad, por ese motivo, el mejor camino para prevenir el crimen es interviniendo la delincuencia juvenil. Así entendido, la solución al problema de la delincuencia juvenil no residiría en posibilitar el acceso de los delincuentes a tratamientos individualizados de reformación conductual, sino en apuntalar el tradicional control social en los barrios desorganizados y marginales para lograr su estabilización.

De manera alternativa a esta línea de pensamiento, surgirán corrientes teóricas que se encargarán de poner el acento en aquellas ideas que daban cuenta de la conformación política y social de los aparatos represores del Estado (Marx, K. 1898) y en cómo el monopolio de la violencia legítima del Estado (Weber, M. 1903) se constituía en un bastión orientado a garantizar el orden social, así como apuntalar el contradictorio y asimétrico progreso de la sociedad capitalista. En este contexto y en una búsqueda incesante de identidad científica, las ciencias sociales aportaron con variados arquetipos conceptuales que buscaban explicar los traumáticos cambios de la sociedad moderna en su quiebre con el paradigma teológico y mágico – religioso. El emergente capitalismo liberal, así como las revoluciones industrial y francesa, generaron un ambiente de desconciertos, esperanzas e incertidumbres sobre el destino de la sociedad moderna de fines del s. XIX y principios del s. XX. Los movimientos sociales y de obreros que despertaron a la luz de las nuevas preocupaciones de la sociedad capitalista, así como los cada vez más recurrentes episodios de desórdenes y caos, justificaron la aparición de un Estado represivo, dominante e implacable recomponedor del orden social[32]

Ya en el escenario que da forma al origen de los Estados Nación modernos y a los procesos independentistas en América Latina, se observan los primeros atisbos de legislación modernos que abordan el fenómeno de la delincuencia juvenil como problemática y desafío para las políticas públicas. El inicio legislativo de la "cuestión criminal" surge en el período republicano, luego de la independencia de América Latina con las colonias europeas y, posteriormente, con la constitución de los Estados Nación latinoamericanos. Aunque a finales del siglo XIX la mayoría de los países de América Latina y el Caribe tenían una basta codificación, especialmente en Constituciones Políticas y Códigos Penales, la regulación de la criminalidad juvenil no era objeto de atención particular. Más bien, la criminalización de los procesos de pauperización y las estrategias represivas – militares para mantener a raya a los grupos desordenados, conflictivos y desviados marcaron la tónica de este periodo[33]

Así, los problemas de delincuencia y violencia social, que poseen claramente un origen premoderno, pasaron a ocupar un lugar relevante en los ámbitos de los intereses políticos y científicos de la sociedad moderna. Como señala Foucault, "es la época en que fue redistribuida, en Europa y en los Estados Unidos, toda la economía del castigo. Época de grandes "escándalos" para la justicia tradicional, época de los innumerables proyectos de reforma; nueva teoría de la ley y del delito, nueva justificación moral o política del derecho de castigar; abolición de las viejas ordenanzas, atenuación de las costumbres; redacción de los códigos "modernos".Por lo que toca a la justicia penal, una nueva era" (Michel Foucault, 1975: 07)

Entradas las primeras décadas del siglo XX, la hegemonía de la teoría evolucionista, la corriente darwinista social, el psicoanálisis neuropatológico freudiano y el conductismo eran patentes registradas de la causa positivista[34]De manera paralela, los teóricos de la Escuela de Chicago en EEUU centrarán su atención en los aspectos empíricos de la conducta desviada, definiéndola como comportamientos culturalmente condicionados basados en alteraciones sociopsicológicas de los procesos de socialización. De esta manera, la teoría de la socialización se erigió como un potente instrumento de análisis científico social, que se abrió fundamentalmente a observar la relación individuo – sociedad a partir de la producción de subjetividad y de presuponer la existencia de una primacía de la sociedad sobre el individuo en el proceso de construcción social de la realidad delictual que en esta investigación no compartimos. A su alero, surgieron diferentes versiones que complementaron el desarrollo de esta corriente como, por ejemplo, la teoría del aprendizaje, la teoría de la asociación diferencial y la teoría de la socialización deficiente.

Posteriormente, con Robert Merton (1964) la concepción de anomia trascendió los análisis del suicidio realizados por Durkheim y los análisis clásicos referidos a la influencia del proceso de socialización en la generación de conductas criminales entre los jóvenes. La ampliación del concepto de anomia permitió extender su alcance y aplicabilidad, empleándolo en diversas situaciones como el crimen, la delincuencia, los desordenes mentales, el alcoholismo, etc. Asimismo, distanciándose de la visión biologicista para definir la conducta desviada, Merton postulará que las estructuras sociales (normas, valores) ejercen una presión definida sobre ciertas personas en la sociedad, induciéndolas a una conducta de rebeldía antes que de conformidad. Así, la anomia para Merton se expresaría en el "desequilibrio entre las metas culturales y las normas institucionales de cada sociedad" (Merton, R. 1967: 67).

Definida a partir de su relación con el orden social, la conducta desviada sería producto de diferencias pautadas en el acceso a metas de éxito mediante el uso de medios institucionales legítimos. Sin embargo, para otros autores como Dubin y Cloward la anomia no necesariamente sería disfuncional a la sociedad y los accesos a medios ilegítimos también jugarían un papel importante en la distribución de las adaptaciones desviadas (toxicomanía como fuente del fracaso y emergencia de conductas delictivas, por ejemplo)[35].

Sin embargo, el estructuralismo post-durkeimniano y la corriente parsoniana permitieron la aparición de propuestas innovadoras para la época, particularmente en la etapa tardía de Parsons, cuando propone su teoría del Sistema Social (1950). La guerra fría, la bipolaridad del mundo entre países socialistas y capitalistas y la emergencia del Walfare State surgieron como parte del contexto de la teorización. Así, los diversos cambios que experimentaron las sociedades occidentales de mediados del siglo anterior, dieron pié a la emergencia de un extenso background de elementos conceptuales y perspectivas de análisis para los problemas sociales vinculados a la criminalidad juvenil.

Estas aproximaciones de la sociología y la ciencia política al fenómeno de la delincuencia juvenil, particularmente en la etapa comprendida entre la Primera Guerra Mundial hasta los inicios de la Guerra Fría, se convirtieron en los principales soportes conceptuales modernos para entender cómo se (re)produce la delincuencia juvenil en la sociedad capitalista, cuáles son sus causas y las maneras de abordarla. Sin embargo, con el afán de aplicar el principio de la economía del lenguaje, profundizaremos respecto de aquellas proposiciones teóricas que resultan pertinentes para nuestra investigación, en el entendido de que las dinámicas del fenómeno de la delincuencia juvenil -a partir del ocaso de la guerra fría- se han venido transformando notoriamente. Basta, por lo pronto, que hallamos dado cuenta de los principales elementos que nos permitieron comprender de qué manera el fenómeno de la delincuencia juvenil se fue visibilizado hasta la primera mitad del siglo XX como problema científico y político obteniendo, de esa manera, la primera codificación semántica que origina su comprensión histórica y social.

2.2 Las contradicciones del neoliberalismo y las políticas de antidelincuencia juvenil

Luego que la Guerra Fría entrara en retirada y el Estado keynesiano[36]comenzara su debilitamiento tras la propagación de las políticas neoliberales, la pobreza, la miseria y la exclusión social cambiaron progresivamente su morfología. De una pobreza de carácter eminentemente rural, "se fueron acumulando en las periferias urbanas millones de pobres y excluidos a los que no se les dio más espacio social que el de la miseria, la informalidad o el crimen" (Wacquant, Loic. 2001:17). Con el modelo neoliberal, el concepto de libertad trascendió lo meramente económico y resurgió como concepto rector de la "sociedad postcapitalista" (Drucker, P. 1993:238), con algunos matices y adecuaciones en relación con el modelo clásico. Así, con la emergencia de la ideología y políticas neoliberales se observan dos caras de una misma moneda: Por un lado, importantes avances en materia macroeconómica, tecnológica y material y, por otro, fuertes desigualdades sociales y quiebres paradigmáticos de las estructuras tradicionales que soportaban la vida en comunidad, con un progresivo despotenciamiento de las estructuras de bienestar y protección social que dieron por resultado la aparición de la nueva y masiva pobreza urbana.

Así, los conceptos de "pobreza" y "exclusión social" adquirieron nuevas connotaciones a medida que fueron refiriéndose a los cambios que experimentaba la sociedad de los "post" (postindustrial, postcapitalista, postmoderna). Según las investigaciones que han sido realizadas en este ámbito, la pobreza urbana ha resultado ser mucho más dañina que la que tradicionalmente se asentaba en los espacios rurales, por muchas razones. Una de ellas es que la monetización de las relaciones sociales excluye en mayor medida a quienes no disponen de los recursos suficientes para acceder a la sociedad del consumo. La vulnerabilidad social suele ser mucho mayor para los jóvenes, porque son más débiles los lazos de interrelación social y la fragilidad de las estructuras en las que se basa la nueva marginalidad urbana obliga a recurrir, muchas veces, al ejercicio de actividades informales como la droga, la prostitución y la delincuencia, las cuales –como hemos dicho- están generalmente vinculadas a elevados niveles de violencia colateral.

En este contexto, surgen fuertes críticas a la conformación de un mundo dividido bipolarmente (sociedades capitalistas y socialistas) y, por otro lado, incesantes búsquedas científicas y políticas que trasuntaron en la transformación de la sociedad capitalista y el nacimiento del modelo neoliberal. El neoliberalismo, entendido como una reencarnación de las ideas clásicas de libertad individual, libre mercado y Estado mínimo, se convirtió en una corriente de pensamiento que, desde el liderazgo de los Estados Unidos, saltó al mundo gracias a los aportes de la Escuela de Chicago y de exponentes como Milton Friedman y Friedrich Hayek. La corriente neoliberal se erigió como propuesta de un nuevo modelo de sociedad que, para el caso de América Latina, resultó ser altamente contradictorio en relación con la esencia de los regímenes políticos que implementaron estas ideas (gobiernos militares, autoritarios y dictatoriales) y por las perversas consecuencias que este modelo desató en materia de derechos humanos, desigual distribución de la riqueza, precarización del empleo, debilitamiento de las redes de protección social deterioro ambiental, criminalidad y exclusión social.

A partir de los años sesenta y principios de los setenta, el fenómeno de la delincuencia juvenil ya se encontraba ampliamente reconocido como problemática social, aunque las estrategias y cuerpos jurídicos difícilmente pudieron desligarse de aquellos aspectos de asistencia y protección social que caracterizaban al modelo keynesiano de planificación centralizada. Acorde con la visión postmarxista de la época, desde la criminología radical o crítica, la delincuencia juvenil fue definida como una violación a los derechos humanos estatuidos políticamente y su solución como problemática pública no sólo supuso esclarecer la etiología la criminalidad juvenil sino, principalmente, pasaba por reformar las bases del orden establecido. En definitiva, la delincuencia juvenil pasó a constituirse en una cuestión social con diferentes dimensiones analíticas, aristas e incógnitas[37]

Decíamos que la criminología como fuente de análisis empírico y reflexión teórica adquirió una postura crítica que, en un comienzo, procuró explicar y justificar al delincuente como producto de las relaciones sociales, situando al criminal como víctima del proceso de rotulación y castigo que opera al servicio de los intereses del régimen establecido, cuestionando la naturaleza de las leyes y valores como propios de ese régimen (Vásquez, C. 2003:102). Aquí destacan los aportes anglosajones de la Escuela de Criminología de Berkeley y de autores como Ian Tylor, Paul Walton y Jock Young quienes, en la publicación denominada La Nueva Criminología (1975), abogaron por una criminología materialista y normativamente comprometida por la supresión de las desigualdades sociales.