Segunda presidencia del Doctor Rafael Caldera (1994-1999)

Rafael Caldera asume por segunda vez la presidencia de la República para cubrir el período constitucional 1994-1999. Se constituía así en el octavo presidente electo desde que se inició la etapa democrática. El triunfo electoral de Caldera fue el resultado de un proceso de cambios en el sistema político venezolano, uno de cuyos aspectos más relevantes es la definitiva ruptura del bipartidismo, fenómeno que ya se había puesto de manifiesto en las elecciones de 1988. Sin embargo, es la primera vez desde la instauración de la democracia, que triunfa un candidato sin el apoyo de los partidos Acción Democrática o Copei.

Caldera, fundador del partido Social Cristiano Copei, candidato por este partido en cinco oportunidades y presidente de la república por esta misma organización en el período 1968-1973, ante la imposibilidad de obtener el respaldo de Copei para postularse nuevamente a la presidencia, acepta la oferta del Movimiento al Socialismo de lanzarlo como candidato a la Presidencia de la República. Además del MAS, la candidatura de Caldera es respaldada por el partido Convergencia Nacional, integrado por independientes y por ex-militantes de Copei leales a su fundador, así como por otras pequeñas agrupaciones políticas de las más diversas orientaciones y tendencias. La oferta electoral de Caldera se basa en una crítica severa al programa de ajustes adelantado por el gobierno de Carlos Andrés Pérez, distanciándose abiertamente del modelo económico "neoliberal". En la campaña se planteó la necesidad de adelantar un esquema que, sin desatender los principios del social-cristianismo, se orientara hacia la integración de la política social con los intereses económicos de la nación; se postuló la utilización de los recursos petroleros como factor capaz de impulsar el aparato productivo nacional y se propuso una política de apertura controlada a las inversiones extranjeras en la economía nacional. En las elecciones del 5 de diciembre Caldera obtuvo 1.710.722 votos; su más cercano contendor, el candidato de Acción Democrática, Claudio Fermín, se vio favorecido por 1.325.287 votos; Oswaldo Alvarez Paz, candidato de Copei logró 1.276.506 votos y Andrés Velásquez, de la Causa R, obtuvo 1.232.653 votos. La abstención fue del 40% del electorado.

El cerrado resultado de las elecciones para presidente también se expresó en la composición del Congreso de la República. Ninguna de las organizaciones que se presentó a los comicios de diciembre alcanzó una clara mayoría en el Poder Legislativo Nacional. Por primera vez, desde 1958, el Congreso estuvo conformado por cuatro bloques políticos. La cámara del Senado quedó integrada por 16 senadores de AD, 14 de Copei, 9 de la Causa R y 11 de la alianza MAS-Convergencia. En la cámara de diputados el reparto fue similar: 55 Diputados de AD, 51 de Copei, 39 de la Causa R y 44 del MAS y Convergencia, más un diputado por cociente obtenido por otras agrupaciones como URD, ORA, NGD y MEP.

Decisiones políticas y oferta gubernativa

Uno de los principales retos del presidente electo fue buscar la manera de llegar a acuerdos que le permitiesen armonizar las diferentes tendencias y aspiraciones políticas de sus adversarios, acometer la recuperación de la economía y atender la crisis política, luego de la inestabilidad y la incertidumbre generadas por los dos intentos de golpes de Estado, la salida de Pérez de la Presidencia y el corto gobierno de Ramón José Velásquez.

Una de las primeras iniciativas para alcanzar esos objetivos fue la de convocar a su residencia a los integrantes del Alto Mando Militar con el fin de informarles su resolución de removerlos de sus cargos, argumentando la necesidad de renovar y reorganizar las Fuerzas Armadas. La reacción del ministro de la Defensa, el vicealmirante Radamez Muñoz León, fue de abierta molestia. En su opinión, la decisión del Presidente electo contribuía a fracturar una institución que se encontraba al servicio de la Patria y no de los partidos políticos, de personalidades o de intereses económicos. No obstante, se impuso la determinación del Jefe del Ejecutivo sin que se produjeran mayores tensiones en el aparato militar. A pesar del malestar expresado por el alto oficial, la medida fue saludada como una posición que favorecía el regreso al lugar que le correspondía a las FFAA en el sistema democrático.

Otra polémica decisión del nuevo presidente fue la de propiciar el sobreseimiento de la causa a los procesados por las insurrecciones militares del 4 de febrero y del 27 de noviembre de 1992, luego de que se cubriesen los requisitos institucionales. Este anuncio lo hizo el 2 de febrero al concluir su discurso de toma de posesión en el Congreso de la República. Diez días más tarde, 23 de los militares golpistas fueron puestos en libertad; a finales de mes salían de su prisión otros 10 oficiales y el 26 de marzo era puesto en libertad Hugo Chávez Frías, jefe visible de la intentona del 4 de febrero. Todos fueron dados de baja, requisito expreso del gobierno para concederles la libertad. Al poco tiempo regresaban del Perú los oficiales comprometidos en el golpe del 27 de noviembre, quienes también se vieron beneficiados por la decisión del primer mandatario. Con estas medidas se intentaba regularizar la relación del Ejecutivo con las Fuerzas Armadas y se trataba de superar la crisis institucional producida como consecuencia de las intentonas del año 1992.

Pero igualmente era prioritario dar respuestas al nuevo cuadro político puesto de manifiesto, con los resultado de las elecciones de diciembre. La visible minoría parlamentaria de los partidos que habían promovido la candidatura de Caldera, exigía adelantar negociaciones que favorecieran, en un primer momento, la conformación de la directiva del Congreso de la República y a partir de allí el establecimiento de algún tipo de alianza más perdurable a fin de garantizar la aprobación de las medidas y leyes previstas en el programa gubernativo del nuevo presidente.

Las negociaciones dieron como resultado que un representante de Convergencia, cuarta fuerza política del Congreso, obtuviese la Presidencia del Senado y que AD, partido con mayor número de Diputados, se encargase de la Presidencia de esta cámara. Sin embargo, no tuvieron el mismo desenlace las disputas por las presidencias de las comisiones permanentes del Congreso, lo que dificultaba visiblemente el trabajo parlamentario. Finalmente, una declaración del presidente del partido Acción Democrática aclaraba el panorama. El principal partido de oposición manifestó su disposición a no obstaculizar la gestión del gobierno. Sin que ello constituyese la formalización de un pacto político, las medidas propuestas por los representantes de la alianza del gobierno MAS-Convergencia fueron aprobadas por los parlamentarios de AD.

La composición del poder ejecutivo del presidente Caldera estuvo integrado por independientes y militantes de las organizaciones que apoyaron su candidatura. Los Ministros del primer gabinete fueron los siguientes: Relaciones Interiores, Ramón Escovar Salom; Relaciones Exteriores, Miguel Angel Burelli Rivas; Hacienda, Julio Sosa Rodríguez; Defensa, Miguel Ángel Montero Revette; Fomento, Luis Carlos Palacios; Educación, Antonio Luis Cárdenas; Sanidad y Asistencia Social, Vicente Pérez Dávila; Agricultura y Cría, Ciro Añez Fonseca; Trabajo, Juan Nepomuceno Garrido; Transporte y Comunicaciones, Cesar Quintini Rosales; Justicia, Ruben Creixens; Energía y Minas, Erwin Arrieta; Ambiente, Roberto Pérez Lecuna; Desarrollo Urbano, Ciro Zaa Alvarez; Familia, Mercedes Pulido de Briceño; Cordiplan, Enzo del Búfalo; Secretaría de la Presidencia, Andrés Caldera; Juventud, Pilarica Iribarren de Romero; Educación Superior, Ciencia y Tecnología, Guido Arnal; Oficina Central de Información, Guillermo Álvarez Bajares. Creó dos nuevos ministerios, el de Reforma Económica, para el cual fue nombrado Asdrúbal Baptista y el de Asuntos Encomendados por el Presidente, el cual quedó a cargo de Pompeyo Márquez.

En su discurso de toma de posesión expuso los orígenes de la profunda crisis por la que atravesaba Venezuela. En su concepto, la situación de descomposición política y recesión económica en la cual se encontraba el país había tenido su inicio veinte años atrás como consecuencia del primer "boom" petrolero y la desorientación, desorden y descomposición moral que se habían manifestado en las más diversas instancias de la sociedad. Exponía el Presidente que la preocupación central de su gobierno sería resolver la crítica situación económica. Si bien la gravedad aconsejaba declarar un estado de emergencia, su disposición era atender los problemas por las vías normales, apartándose del populismo de épocas pasadas, pero también diferenciándose de las medidas neoliberales de épocas más recientes.

Anunciaba su propósito de enfrentar la emergencia económica como un "compromiso de solidaridad". Hacía un llamado a los distintos sectores del país a "deponer sus intereses egoístas" en función de la colectividad con una visión de largo plazo. En síntesis, se trataba de llegar a la modernización y la competitividad sin olvidar el compromiso de la solidaridad social. El proyecto inicial del gobierno aspiraba atender varias materias claves en el terreno económico: lucha contra la inflación; austeridad en el gasto público; apertura económica; estabilización macroeconómica; combate contra la corrupción; privatización transparente y una política tributaria integral.

Como medidas específicas anunció la eliminación del IVA (Impuesto al valor agregado) y su sustitución por otras fuentes de ingreso fiscal; su oposición al control de cambios y a cualquier esquema de maxidevaluación del bolívar; ofreció aumentar el salario mínimo y los beneficios por alimentación y transporte; darle prioridad a la reactivación de la agricultura, el turismo y la pequeña y mediana empresa. Finalmente, en el ámbito de lo económico expuso su voluntad de transformar el modelo petrolero de una economía rentista a una economía efectivamente productiva, así como su interés y apoyo a la política de descentralización.

Crisis política y derrumbe del sistema financiero

Dos conflictos de envergadura tuvo que sortear la administración Caldera en su primer año de gobierno: el enfrentamiento con el poder legislativo y el estrepitoso derrumbe del sistema financiero. Pese a lo anunciado en su discurso de toma de posesión, cuando todavía no se había cumplido el primer semestre de gobierno, el presidente Caldera en Consejo de Ministros del 27 de junio, suspendió las garantías contempladas en los artículos 60, 62, 64, 96, 99 y 101 de la Constitución vigente, las tres primeras referidas a la libertad y la seguridad individual del ciudadano, la inviolabilidad del hogar y el libre tránsito por el territorio nacional; las tres últimas relacionadas con los derechos económicos. El decreto declaraba, en la práctica, un "estado de emergencia". En cadena de radio y televisión esa misma noche anunció el establecimiento de un conjunto de medidas extraordinarias entre la cuales se encontraban el control de cambios y de precios como salidas impostergables frente a la severa inestabilidad del sistema financiero.

El Presidente, al justificar la radicalidad de las medidas, admite su disposición inicial a no declarar una situación de emergencia, pero en vista del inevitable derrumbe del sistema financiero, expone que era impostergable dar respuestas drásticas para evitar los movimientos especulativos que podrían llevar al bolívar a una situación irrecuperable. La decisión del Ejecutivo generó una grave crisis política con el poder Legislativo ya que éste, con los votos de AD, Copei y la Causa R, se opuso a la suspensión de garantías, restituyéndolas el 22 de julio, excepto la correspondiente al artículo 96 sobre libertad económica. Inmediatamente, el Ejecutivo procedió a una nueva suspensión de las mismas garantías y propuso una consulta popular para que fuese esa instancia la que resolviese si la medida contaba o no con el apoyo del país. Una encuesta nacional arrojaba un resultado favorable al Ejecutivo de un 90% de los consultados. Fueron los votos de AD, nuevamente, los que permitieron una salida institucional al conflicto entre el Ejecutivo y el Legislativo.

El origen cercano de la problemática fue el derrumbe del sistema financiero. Luego de la intervención del Banco Latino ocurrida en enero de 1994, interpretada por el Presidente en su toma de posesión como un "coletazo" de la crisis moral de los años precedentes, el derrumbe de la banca privada puso de manifiesto la magnitud de la crisis financiera que afectaba a la economía nacional.

La decisión del gobierno fue auxiliar con recursos extraordinarios del Fondo de Garantías de Depósitos y Protección Bancaria (FOGADE) a los bancos en problemas. El propósito era contribuir a su estabilización sin llegar a la medida de intervención y cierre. Esta medida no tuvo éxito. El 14 de junio fueron intervenidos los bancos Maracaibo, Barinas, Construcción, La Guaira, Amazonas, Confinanzas-Metropolitano y Fondo Fiveca. Para atender la crisis se creó el 29 de junio la Junta de Emergencia Financiera. No obstante, entre los meses de agosto y enero los bancos Venezuela, Consolidado, Andino, el grupo financiero Latinoamericana-Progreso, los bancos Federal, Principal, Italo Venezolano y el Profesional pasaron a manos del Estado.

Unos fueron cerrados, otros estatizados para luego venderlos a nuevos inversionistas, de forma tal que el Estado quedó en control del 60% de las instituciones financieras del país, en medio de una ola de denuncias en torno a las irregularidades en el manejo de los auxilios financieros otorgados a las entidades bancarias y como consecuencia de la huida al exterior de los banqueros responsables de la crisis.

El reordenamiento de la economía: La "Agenda Venezuela"

La crisis del sistema financiero determinó la salida del ministro Sosa Rodríguez de la cartera de Hacienda; inmediatamente se dio inicio a la reorganización del gabinete económico y a la reelaboración de la política económica para enfrentar la crisis. En sustitución de Sosa ingresó Luis Raúl Matos Azocar al despacho de Hacienda el 7 de febrero de 1995. Ante el fracaso del control de cambios y de varias medidas para superar la gravedad de la situación económica; el desequilibrio fiscal, la disminución de las reservas internacionales y el aumento de la inflación, el gobierno resolvió adelantar un nuevo programa económico, el cual fue presentado al país como la Agenda Venezuela.

Ingresaron al gabinete económico Freddy Rojas Parra como ministro de Fomento y en CORDIPLAN fue designado Teodoro Petkoff. Este último y Matos Azocar fueron los encargados de adelantar las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional. El 15 de abril de 1996 el presidente se dirigió a la nación acompañado del nuevo equipo económico con el propósito de informar los aspectos fundamentales de la Agenda Venezuela, los cuales habían recibido el visto bueno del Fondo Monetario Internacional.

Las medidas del plan de ajustes anunciadas por el presidente contemplaban: el aumento progresivo de los precios de la gasolina y el diesel; aumento del impuesto a las ventas del 12.5% al 16.5% para las ventas al mayor y del 22. 5% al 30% para los bienes suntuarios; aumento progresivo de los servicios públicos; liberación total del control de cambios vigente desde 1994; incremento de las tasas de interés; protección para la banca; ampliación y profundización del proceso de privatización; liberación del control de precios. A esta serie de medidas económicas se sumaban diferentes programas sociales cuyos objetivos eran mitigar el impacto del plan de ajustes entre los sectores de más bajos recursos; también se anunciaba la resolución del gobierno de atender el problema de las prestaciones sociales, el cual sería llevado a discusión en el Congreso luego de llegar a acuerdos entre el gobierno, los empresarios y los trabajadores.

El programa respondía a los lineamientos que permitirían finalmente cerrar el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional para la entrega de un préstamo por 1.400 millones de dólares, así como alcanzar una reorientación de la economía venezolana ajustada a las premisas fijadas por este organismo financiero. El 12 de junio de 1996 se firmaba el acuerdo entre el gobierno venezolano y el Fondo Monetario Internacional.

La ejecución del programa de ajustes generó controversias y conflictos de distinto signo. Uno de los conflictos de mayores repercusiones sociales y políticas fue la huelga convocada por la Federación Médica de Venezuela en diciembre de 1996. A las exigencias salariales promovidas por el gremio se sumaron una serie de denuncias relacionadas con el deterioro creciente en las condiciones del sistema de salud pública.

Duramente criticado por el gobierno -en palabras del Ministro Petkoff el conflicto fue calificado como una "guerra contra los pobres"- y sin el apoyo de la población, la huelga médica concluyó sin que los médicos vieran satisfechas sus exigencias. Tampoco se logró dar respuesta al tema más complejo de las condiciones en que se encontraba todo el sistema de salud pública en el país.

Simultáneamente, el episodio de la quiebra de la línea aérea Venezolana Internacional de Aviación, la cual había sido privatizada y sus acciones parcialmente adquiridas por IBERIA, también generó opiniones encontradas respecto a las ventajas y posibilidades reales de la política de privatizaciones adelantada por el gobierno. La situación de los empleados de la empresa y la crítica a los términos y condiciones de la negociación con los compradores de VIASA, ponía de manifiesto la necesidad de revisar con mayor detenimiento las modalidades y mecanismos más apropiados para llevar a cabo nuevas privatizaciones.

El balance del gobierno al cumplirse el primer año de la Agenda Venezuela era positivo. De acuerdo a los principales voceros del gabinete económico, con la ejecución del plan de ajustes se había estabilizado el tipo de cambios, era notable la recuperación del sistema financiero, la confianza generada por el programa había favorecido la inversión extranjera y los programas sociales se habían adelantado con regularidad.

No obstante, en los partidos de oposición las opiniones eran encontradas. Copei, Acción Democrática y la Causa R consideraban insatisfactorios los resultados de la Agenda. De acuerdo a los voceros de estas organizaciones la ejecución del plan había sido tardía; las medidas no habían logrado controlar la inflación y la superación del déficit fiscal no era resultado de un aumento en la productividad sino efecto de la devaluación, el endeudamiento y el incremento de los impuestos.

La apertura petrolera

También en el terreno económico la opinión se vio dividida respecto a la llamada "apertura petrolera" que determinó la orientación en la gestión de Petróleos de Venezuela (PDVSA). Al comenzar el gobierno de Caldera, Luis Giusti, presidente de PDVSA, presentó ante el gabinete el sentido y los alcances de lo que debía ser la reorientación en la política petrolera del Estado venezolano. Básicamente se trataba de convertir al petróleo en un agente económico activo propulsor directo del crecimiento económico, convertirlo en el motor de la economía nacional. La inspiración fundamental se sostenía sobre la valorización de las abundantes reservas de hidrocarburos y su conversión en riqueza para el país. El objetivo era promover un crecimiento gradual y sostenido del sector que no se limitara al aumento de la producción, de las exportaciones y de los ingresos del Estado, sino que estuviese acompañado del diseño de políticas y de la instrumentación de estrategias dirigidas a maximizar los efectos multiplicadores de la economía petrolera sobre la economía del país.

Desde esta orientación, uno de los aspectos cruciales de la apertura era incorporar nuevos capitales al negocio petrolero. Además de los proyectos aprobados en 1993 que contemplaban la asociación estratégica para el desarrollo de crudos pesados en la faja del Orinoco, el proyecto Cristóbal Colón para el desarrollo de las reservas de gas natural costa afuera en la península de Paria y la firma de convenios operativos para la reactivación de campos inactivos, se proponía la ejecución de actividades de exploración en áreas nuevas bajo la figura de ganancias compartidas. La iniciativa perseguía acelerar el esfuerzo exploratorio a fin de determinar la existencia y cantidad de las reservas estimadas sin comprometer al Estado venezolano en el riesgo exploratorio y garantizando su participación en el grueso de los beneficios que se desprendiesen de la explotación del nuevo hallazgo.

En resumen, tal como lo expresara Luis Giusti, la llamada "apertura" tenía como propósito consolidar la nacionalización petrolera al permitir que la industria petrolera venezolana se convirtiese en una potencia internacional en un ambiente de creciente competencia y de rápida evolución tecnológica, aprovechar las ventajas comparativas de Venezuela en el negocio petrolero, asegurar los mayores efectos multiplicadores sobre la economía nacional y lograr de manera definitiva la integración orgánica del petróleo a la sociedad venezolana.

La apertura generó fuertes polémicas. Su detractores, aferrados a la fuertemente arraigada concepción rentista de la industria petrolera, estimaban que su orientación era desnacionalizadora y que favorecía claramente a los inversionistas extranjeros en detrimento de los capitales nacionales; que se entregaba territorio a manos extranjeras; que el Estado perdía control sobre el negocio nacionalizado y que se reducía la regalía vulnerando así la soberanía del Estado venezolano. Todas estos reparos fueron respondidos en su momento por quienes dirigían la política petrolera del Estado; no obstante, las reservas frente al sentido y orientación de la apertura se mantuvieron y tomaron mayor fuerza en el último año de gobierno con la caída de los precios del petróleo y sus nocivos efectos sobre la economía venezolana

Conflictos laborales y ambiente pre-electoral

Desde mediados de 1997 el ambiente político se vio conmovido por diferentes conflictos laborales y por las discusiones internas en los partidos respecto al proceso electoral del año siguiente, debate que ocupó a las organizaciones hasta mediados de 1998. La prolongada huelga de los profesores de las Universidades mantuvo paralizada la educación superior por dos meses; el conflicto de los empleados del Metro de Caracas, la huelga de la CANTV, los paros de los trabajadores de los tribunales y las demandas salariales de los empleados del sector público, ocuparon la atención del gobierno y de la opinión. Mientras tanto, la Comisión Tripartita procuraba llegar a acuerdos para elaborar un nuevo estatuto laboral, el cual fue aprobado por el Congreso en julio de 1997, luego de un intenso debate. Semanas más tarde, la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV) convocaba un "Paro Cívico Nacional" para el día 6 de agosto con el objetivo de exigirle al sector empresarial que se pusiese al día con la nueva legislación nacional. El paro no tuvo mayor impacto.

Sumados al clima de discusión laboral, los enfrentamientos en los partidos para definir el tema de las candidaturas presidenciales afectaron la unidad interna de las más importantes organizaciones representadas en el Congreso.

En la Causa R el cisma se produjo como consecuencia del debate electoral. Ante la imposibilidad de llegar a acuerdos respecto al tema de la candidatura un sector fundó una nueva organización, Patria Para Todos (PPT), la cual formó parte de la coalición que apoyó la candidatura de Hugo Chávez Frías.

Igualmente, la dificultad para llegar a acuerdos en AD sobre quién debería ser el candidato presidencial determinó la salida de Claudio Fermín, quien se lanzó a la presidencia, mientras el partido resolvió respaldar la candidatura de Luis Alfaro Ucero.

En Copei, las disputas entre los sectores que apoyaban la candidatura de Irene Sáenz y quienes propiciaban una candidatura del partido, si bien no determinaron una nueva división de los social-cristianos, expresaban la crisis que afectaba a esta organización.

En el MAS, el proceso interno para elegir las nuevas autoridades del partido planteó la posibilidad de una división; finalmente el pleno nacional del partido decidió apoyar la candidatura de Hugo Chávez Frías. Teodoro Petkoff, uno de sus fundadores, así como otros antiguos militantes de la organización, renunciaron a ella en julio de 1998.

El último año de gobierno

Finalizando 1997 se planteó un nuevo conflicto entre el Ejecutivo y el Legislativo. En esta ocasión el motivo de la confrontación fue la denuncia que hicieron los representantes de Copei, Causa R y PPT ante el Congreso de la República sobre los efectos negativos de la operación de canje de los Bonos Brady por Bonos Globales adelantada por el ministro de Hacienda, Luis Raúl Matos Azocar. Planteaban que tal operación, además de promover un refinanciamiento innecesario y desventajoso, generaba pérdidas cercanas a los 600 millones de dólares. En consecuencia, solicitan un voto de censura contra el ministro Matos y su salida del gabinete. No obstante, hubo opiniones encontradas respecto a esta materia. Desde el gobierno se defendía la operación como beneficiosa para el país y expertos económicos manifestaban que en la negociación no se había perdido, pero tampoco se había ganado. El desenlace final del episodio culminó con nuevas denuncias contra Matos y su salida del ministerio de Hacienda.

En materia de privatización, en noviembre de 1997 concluyó la venta de SIDOR de manera exitosa; no tuvo la misma suerte el proceso de privatización de la empresa del aluminio.

La despartidización del organismo electoral, prevista en la nueva Ley del Sufragio, se lleva a efecto en febrero de 1998; es eliminado el Consejo Supremo Electoral y sustituido por el Consejo Nacional Electoral, integrado por independientes sin ningún compromiso ni vínculos directos con los partidos. En su cuarto mensaje al Congreso y frente a la caída de los precios del petróleo, el presidente Caldera anunció que no se modificarían los planes de inversión y se reduciría la producción petrolera. Ratificaba su disposición a que durante este último año se garantizaría la estabilidad institucional.

Como consecuencia de la crisis financiera mundial, la caída de los precios del petróleo, el déficit fiscal y la necesidad de nuevos ajustes en el presupuesto, el Ejecutivo presentó ante el Congreso para su aprobación un proyecto de ley habilitante que, nuevamente, dividió a la oposición. Finalmente con los votos de AD, Copei y Convergencia se aprobó la ley habilitante con el fin de resolver una serie de asuntos económicos: la aprobación del fondo de estabilización macroeconómica, un nuevo régimen de aduanas, el refinanciamiento de la deuda pública, el subsistema de paro forzoso y la liquidación del Instituto Venezolano del Seguro Social.

Por disposición del Consejo Nacional Electoral se resolvió separar las elecciones. El 8 de noviembre se eligieron los gobernadores, las Asambleas Legislativas de los estados y los representantes ante el Congreso Nacional; el 6 de diciembre se llevaron a cabo las elecciones presidenciales, en las cuales resultó electo Hugo Chávez Frías.

El 2 de enero de 1999 el presidente Caldera se dirigió por última vez a la nación: "Habríamos querido hacer mucho más de lo que hemos podido cumplir, pero las circunstancias no han sido favorables", fueron sus palabras iniciales. Destacó los esfuerzos realizados por preservar la paz en todos sus aspectos. En su opinión, la paz política había permitido que las diferencias pudiesen ser solventadas sin alterar el orden público; la paz laboral se había logrado como resultado los acuerdos tripartitos y del entendimiento entre empresarios y trabajadores para fundar las bases de un nuevo sistema de seguridad social y la paz social había sido el resultado del empeño puesto por el gobierno al atender el gasto social como una prioridad, a pesar de las dificultades y restricciones económicas que tuvo que afrontar.

Manifestó su confianza en la continuidad de la institucionalidad democrática para esta nueva etapa en la vida de Venezuela. Solamente en el respeto a la institucionalidad, clave del proceso que nos ha conducido hasta el presente, pueden realizarse los cambios que el país aspira.

Muerte del Doctor Rafael Caldera

El ex presidente de Venezuela Rafael Caldera, quien gobernó la nación durante los períodos 1969-1974 y 1994-1999, falleció en la madrugada del jueves 24 de Diciembre del 2009.

Medios locales informaron que el ex mandatario de 93 años sufrió durante largo tiempo de mal de Parkinson.

Muerte de Alicia Pietri de Caldera

EL UNIVERSAL

jueves 10 de febrero de 2011  01:32 PM

Caracas.- Alicia Pietri de Caldera (1923-2011), viuda del dos veces Presidente de la República, Rafael Caldera, será recordada por amigos y familiares como la mujer con un espíritu creador, luchadora incansable por los derechos de los infantes y con el ímpetu de querer convertir a Caracas y al país entero en un modelo humano de maravillas para todos los venezolanos. El exministro de relaciones Interiores durante el gobierno de Caldera, Asdrúbal Aguiar aseguró que "Alicia Pietri de Caldera o Alicia Mía, como solían llamarla en la intimidad sus hijos y nietos, nunca fue el mero complemento del hombre de Estado, que es hasta su muerte Rafael Caldera. Pude descubrirla como algo más esencial. Fue el tronco o la columna de los Caldera y de su mismo esposo, quien la amó profundamente hasta el final de su vida sembrando un ejemplo". "Sin halagar y sin vituperar al poder lo pone en su justo sitio – participó de él con distancia – para cuidar de lo que está más allá del mismo poder y permanece, la estabilidad y el ejemplo de la familia que funda. Es como si estuviese convencida, que efectivamente lo estaba, de que la tarea nacional comienza por la casa", expresó. Aseguró que Pietri de Caldera "amó profundamente y con devoción" a toda Venezuela. "Sembró el país de programas vacacionales para los niños de menores recursos y de parques de bolsillo a toda nuestra geografía". "Nos queda el dolor y la sensación de soledad por su partida, pero se fue dejando tras de sí su ejemplo de discreción, de gentileza, de civilidad y de hacer bien sin estridencias que alguna vez habremos de recuperar los venezolanos", manifestó Aguiar, quien también fue Secretario de la Presidencia y Gobernador de Caracas en el gobierno de Caldera. Mujer abnegada Como una dama valiosa, abnegada y distinguida, describió el ex ministro de Comunicación más joven del Gobierno de Caldera, Fernando Egaña, a Alicia Pietri de Caldera. "Valiosa porque dedicó gran parte de su vida a desarrollar una gran obra de servicio público tanto como Primera Dama de la República y todas las actividades que emprendió desde la Fundación del Niño como también en su condición de fundadora y presidenta del Museo de los Niños". "Abnegada porque se entregó siempre a su hogar, a su familia y a trabajar por los jóvenes y los niños de Venezuela sin pedir nada a cambio, una labor verdaderamente desinteresada fruto del amor y el cumplimiento del deber social y distinguida porque fue símbolo de sobriedad, educación y empeño por hacer las cosas bien hechas y en su justa medida", destacó Egaña.

Bibliografía

*Fundación Polar *El Universal

Autor y recopilador(Historiador Latinoamericano)

Post-Doctor Omar Gómez Castañeda,Senior,Ph.D

*Egresado del Programa Post-Doctoral en Gerencia en las Organizaciones en la URBE,Maracaibo,Estado Zulia,Venezuela(2008)

* Doctorado(Doctor of Arts)en Historía,distinción en Historía Antigüa y Medieval con el grado de Summa Cum Laude de Belford University,5715 Will Clayton Nº 1301,Humble,Texas,Estados Unidos de Norteamérica,el 15 de Agosto del 2008.

(2006-2008).(www.belforduniversity.net).

(www.belforduniversity.net/verification/).(Graduate ID:RV436403-PASSWORD:84505801).

Distinction

Ancient and Medieval History

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*Ex-Profesor Titular de la Cátedra de Venezuela Contemporánea en el IUTIRLA,Extensión Barquisimeto,Estado Lara,Venezuela.(2008).

*Creador y Administrador del Grupo de Historiadores en Facebook

(www.facebook.com)

*Donador de trabajos,ensayos,obras y revistas sobre historía,economía,filosofía y otros tópicos a la Biblioteca de la Academia Nacional de la Historía,Palacio de las Academias,Bolsa a San Francisco,Caracas,D.Capital,Venezuela.

Secretaría: +58 (212) 482.67.20 / 483.94.35 / 481.34.13 Fax: +58 (212) 482.67.20 / 483.94.35 Archivo: +58 (212) 482.38.49 / 483.11.18 Biblioteca: +58 (212) 482.38.49 ext. 221 Hemeroteca: +58 (212) 482.38.49 ext. 219 – 220 Investigaciones: +58 (212) 481.17.84 Publicaciones: +58 (212) 482.27.06

[email protected]

[email protected]

Obras,artículos,ensayos y trabajos del autor en materia histórica:

*Historía del Arrendamiento Financiero en

Venezuela y sus perspectivas,Caracas,1983,

Talleres Tipográficos "Impresos Milano",

C.A,Caracas.

(La obra puede ser consultada en las Bibliotecas del Instituto Universitario de Tecnología Industrial "Rodolfo Loero Arismendi(IUTIRLA),Extensión Barquisimeto,Estado Lara;de la Academia Nacional de Ciencias Económicas en Caracas;del Banco Central de Venezuela,Caracas y la Biblioteca de la Academia Nacional de la Historía,Caracas:

([email protected]).

* Los Templarios: Su influencia económica y financiera

*El legado económico dejado por el antigüo Egipto en nuestra actualidad en:

http://www.zonaeconomica.com/omar-gomez-castaneda/economia-egipto(2009).

* Biografía del Gran Almirante Cristóbal Colón – Monografias.com

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Enviado por Omar Gómez Castañeda. Partes: 1, 2 … se han prestado a numerosas disquisiciones y debates entre biógrafos e historiadores. … www.monografias.com

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