Representación y participación social: la "participación ciudadana" y su virtualidad para la construcción de espacios públicos (página 2)

El plano de la gestión de empresas y servicios públicos es también objeto de transformaciones. En Colombia, a partir del 1986 se instituye la participación de los usuarios en la administración de las empresas municipales. Pero es en el plano de la provisión de los servicios sociales donde comienzan a suscitarse las transformaciones más significativas en las relaciones Estado/sociedad.

La descentralización de los servicios sociales y la ampliación de su oferta por vía del vinculo entre financiamiento publico y logros así como por medio del estimulo a la provisión privada, crea el marco de un nuevo arreglo institucional para la provisión de servicios públicos que se perfila como dominante en la década siguiente.

La década de los noventa se caracteriza por dos tendencias: de una parte, se suscita un conjunto de reformas constitucionales que como el énfasis en los instrumentos de la democracia directa y da oportunidad a la participación ciudadana en la administración pública. De otra parte, se evidencia un claro refuerzo a la transferencia de los servicios sociales por parte del gobierno central. La autogestión social, que combina manejo descentralizado de los recursos y creación de cuerpos colegiados para su administración, se erige en el paradigma del nuevo arreglo institucional que hace de la cooperación social la vía para la provisión de los servicios públicos.

La tendencia que queda reforzada es, en primer termino, a la descentralización de los servicios sociales hacia las entidades territoriales, junto con un esfuerzo por estimular la competencia a nivel de la oferta, tanto por vía de mecanismos de financiamiento asociados en alguna medida a logros, como por medio de estimular también la provisión privada de los servicios. Los programas sociales se estructuran cada vez más con base en la cooperación sector público y sector privado e invocan a la sociedad civil organizada para su ejecución.

El signo de los años noventa es la reforma constitucional, teniendo como uno de los principales motivos el reforzamiento de la democracia. Las reformas recurrentes se orientan a la introducción de las figuras de la iniciativa popular en la formulación de las leyes y del referéndum en el nivel nacional, concebidos como derechos políticos de participación ciudadana. En definitiva, una clara tendencia, manifestada en todas las reformas constitucionales acaecidas en la década del noventa, apunta a la introducción de la iniciativa popular y del referéndum, entendidos como nuevos derechos políticos o como formas de participación ciudadana. Las reformas apuntan también al establecimiento de nuevos mecanismos de intervención ciudadana asociados a los procesos de descentralización; y con la participación ciudadana en la administración publica.

Es evidente que la apertura de opciones para la expresión directa de los ciudadanos amplia el espectro de sus oportunidades políticas y, en definitiva, los espacios de influencia de la sociedad sobre el Estado. Pero este tipo de soluciones constituye un severo riesgo para el fortalecimiento del espacio público.

Por medio de los instrumentos de la democracia directa puede ser clausurado el debate acerca de los instrumentos posibles para perfeccionar la representación social en la formación de la voluntad política. La razón, es que los mecanismos de la democracia directa tienen efectos duales: pueden servir para la protección como para la lesión de los derechos de las minorías, y en particular de los excluidos social y políticamente. Adicionalmente esos instrumentos de democracia constituyen la negación de la deliberación pública como fundamento de la participación política.

La participación directa supone, por definición, prescindir de mediaciones, abriendo por ello una oportunidad a la manifestación de la voluntad de los sectores que, en principio, carecen de organización y recursos de poder pero que tienen como único recurso su peso cuantitativo.

Sartori: el referéndum suple la democracia representativa, argumentando que una democracia donde el ciudadano vota sobre cuestiones por decidir (en vez de para elegir quienes deciden) supone una democracia de "suma nula" donde quien vence gana todo y quien es derrotado pierde todo, anulando las posibilidades de negociación y del intercambio.

La informática, en cambio solo estaría posibilitando que cada individuo exprese su voluntad en cuanto a las decisiones a adoptar, pero no así la deliberación entre los individuos para conformar una voluntad propiamente colectiva.

Pilares de la democracia representativa: los parlamentos y los partidos políticos.

El desarrollo práctico de la participación ciudadana ha estado centralmente asociado a la intervención de los ciudadanos en actividades públicas en tanto portadoras de intereses y, específicamente, al asunto de la intervención de las organizaciones de intereses en las decisiones estatales. El término participación administrativa se vincula con la tendencia a insertar la participación ciudadana en un ámbito específico del aparato del Estado: la administración pública.

El corporativismo supone sustituir el parlamento político por uno compuesto por grupos socioeconómicos.

En el seno del poder ejecutivo donde se producen las mayores transformaciones dando lugar del pluralismo integrativo.

Pueden distinguirse por lo menos otras dos vertientes de desarrollo de la participación ciudadana. Una que encuentra asideros en transformaciones institucionales del aparato del Estado, "el control comunitarios". Otra vertiente, se gesta desde la sociedad manteniendo una pretensión de autonomía respecto de aquel.

La vertiente de participación ciudadana surge asociada a su vez al proceso de interpenetración reciproca entre el Estado y la sociedad. Haberlas: transformación estructural de la esfera pública gestando una desprivatización de la esfera social como una mayor despublificación del Estado.

Frente a la visión de parlamentos debilitados y a la conciencia de partidos políticos cada vez mas burocratizados, la participación ciudadana se convierte así en una de las respuestas a la crisis de las bases sobre las cuales se sustenta formalmente la relación entre el Estado y la sociedad. La difuminación de las garantías que debe proveer al ciudadano la representación parlamentaria, dada la perdida de capacidad de los parlamentos para controlar al gobierno, así como la preeminencia que adquiere la burocracia estatal, marcan el signo de la crisis como crisis de representación.

Las asociaciones secundarias contribuyen a la igualdad política al posibilitar la representación de intereses que tienen una débil o ninguna influencia en la formulación o, al menos en la instrumentación de las políticas publicas.

La descentralización como ámbito de ejercicio de la participación. La intención de lograr un control sobre los objetos de acción más inmediatos conduce a un amplio movimiento para favorecer la circunscripción de la participación social exclusivamente en los mambitos descentralizados y, con ello, a desdeñar la representación social en la formulación de las políticas globales.

Problemas que han enfrentado la teoría y la práctica de la participación ciudadana. Uno, refiere a la desnaturalización de las prácticas participativas por parte de la burocracia estatal. Otro, alude al fracaso de las soluciones convencionales en suscitar un compromiso sostenido de cooperación voluntaria en los asuntos políticos.

La participación ciudadana, traducida como la intervención de grupos organizados en la vida política, puede afectar el sistema de representación de intereses a favor de un mayor pluralismo.

Democracia como el poder mayoritario de decisión de individuos soberanos; o desde la concepción neocorporativista, adecuado flujo de información entre la sociedad y el gobierno y en la coordinación de los asuntos sociales a través de la colaboración del Estado con asociaciones secundarias, representando los principales interés sociales institucionalmente construidos.

El principio de la igualdad política, que se expresa en la primacía de la representación territorial (un individuo, un voto), tiene como propósito neutralizar el peso que las desigualdades socioeconómicas tienen sobre la distribución del poder político.

Problema clave que cercena la esfera publica: las diferencias de recursos de poder e influencia emanadas de los desniveles socioeconómicos, que determinan que a pesar de la existencia de una igualdad política formal opere en los hechos una profunda desigualdad entre los actores sociales. Tanto el pluralismo corporativo como una macro-regulación descentralizada pueden producir un reforzamiento de las desigualdades políticas y por ende, sociales, transgrediendo con ello los contenidos normativos en los que se asienta la diferenciación entre el Estado y la sociedad bajo un marco democrático. Como no existe una distribución equitativa de los recursos del poder social, la probabilidad de expresión y defensa de cada uno de los intereses concernidos está en directa relación con su capacidad de gestar algún tipo de organización social que les represente. Como consecuencia de la libertad de organización de intereses particulares, en realidad son los grupos bien organizados los que obtienen influencia sobre la opinión pública y éxito en la divulgación de sus concepciones.

La teoría que sustenta la participación ciudadana en las decisiones públicas muestra así otra debilidad: coloca su énfasis en la eventual receptividad de los funcionarios, sin considerar que aunque se cuente con ella la participación ciudadana no puede desplegarse, establemente inserta en un contexto que detenta objetivos y genera incentivos incompatibles.

Principales fuentes de resistencia a la participación ciudadana: los ciudadanos son vistos como flatos de información y experiencia profesional y se asume que su intervención en las actividades administrativas produce retrasos, conflictos y costos en las operaciones.

La mera alusión a la condición de la deliberación pública supone contradecir, dos de los pilares sobre los cuales se sustenta el modelo burocrático: la jerarquía y la no discrecionalidad.

Participación ciudadana, racionalidad comunicativa y resolución de problemas constituyen los ejes de un triangulo indivisible.

La resistencia a la participación se plantea en primera instancia a los costos de oportunidad de la participación ciudadana para los sujetos sociales y las compensaciones que pueden ser establecidas a efectos de minimizar tales costos. Los individuos no necesariamente tienen incentivos para ejercer la participación social, más bien pueden tener razones para no participar.

La indivisibilidad de los bienes públicos conduciría a que la mayoría de los individuos se inhibiera de participar en su generación, a conciencia de que de todas maneras resultaran beneficiados por ellos. De allí que para estimular su participación se requieran incentivos selectivos y separadas que incluso pueden incluir incentivos materiales. Otra perspectiva enfatiza en la posibilidad de la cooperación voluntaria y en la importancia que revisten la comunidad y la confianza para promoverla.

Tomar parte en una actividad puede significar dejar de hacer otra, incluso para cooperar voluntariamente, es necesario que se tenga una probabilidad de que la participación genere los resultados que se espera. El contexto social amplio muestra ser clave en la construcción de esta probabilidad, y dentro de él, el contexto institucional. Otorgar incentivos a la participación implica un costo administrativo, y por ende, requiere de la movilización de recursos agénciales.

Autogestión social: descentralización de la adopción de las decisiones en las unidades productivas básicas junto con la inclusión de los públicos concernidos en la dirección de tales unidades.

Control de los consumidores: se trata de favorecer su incorporación en la administración de los servicios en un enfoque integrativo, sólo aplicable toda vez que no sea posible delegar directamente tales responsabilidades bajo un enfoque competitivo pero externo a las propias agencias gubernamentales.

El ciudadano como participante en política da paso al ciudadano como consumidor, y eventualmente, como co-administrador. Los survey de mercado sustituyen el dialogo y la deliberación publica.

La persona, como ciudadano, tiene derecho a protestar cuando aquellos derechos son violados, pero no tiene derecho a reivindicar nuevos espacios para expresar su autonomía. En el modelo libertario la función activa de la ciudadanía es conservadora, no creadora.

La Nueva Derecha desafía el paradigma de la ciudadanía social y el rol potencialmente igualitario que ella tendría, apelando a las disfunciones económicas y a los limitados efectos que sobre el bienestar habrían tenido las políticas sociales del denominado Estado de Bienestar.

La familia y la comunidad local proveerían el auto cuidado y autocontrol que demanda el cumplimiento de los deberes y obligaciones sociales. Con esto queda destacado que las condiciones sociales de la ciudadanía no sólo son de orden económico en términos de trabajo e ingreso, sino también culturales.

La participación en política, para esta concepción liberal-conservadora, sólo aparece como contrapartida a la disputa por el poder político cuyo ejercicio debe quedar circunscrito a los momentos en que se torna necesario limitar el poder. La familia es visualizada como la principal institución social de la que dependen la democracia y la modernidad, así como el autogobierno resulta el ideal a perseguir.

Se trata de promover el desplazamiento de la actividad ciudadana a la esfera del mercado, aunque en el marco del reconocimiento del carácter público de los recursos y de las necesidades. El autogobierno se expresa en el hogar público.

La Nueva Derecha está comprometida con la idea de que la vida política, al igual que la vida económica, es o debe ser una cuestión de libertad e iniciativa individual. La propuesta no sólo apunta al Estado mínimo y al derrocamiento de la política, sino al derrocamiento de la ciudadanía activa. El ciudadano deja de ser una entidad relevante, salvo para la elección de las autoridades, y es transmutado por el consumidor que controla el servicio, el miembro de un grupo que despliega su acción social sólo en el ámbito de una comunidad menor para ejercitar sus deberes de autocontrol y autocuidado y, en última instancia, el individuo guiado sólo por la defensa de sus derechos individuales.

El modelo hegemónico supone que el ciudadano adquiere influencia en arenas no políticas y, fundamentalmente, como participante administrativo con base en su experiencia. Las autoridades electas no sólo pierden espacios de influencia, sino de legitimidad social. El horizonte es, una sociedad donde la política pierde sentido, y con ella, la ciudadanía como identidad específica.

El pluralismo integrativo, que implica la colaboración de actores sociales en la formulación de políticas y en la prestación de servicios públicos, puede conducir a asentar las desigualdades políticas que son producto de las desigualdades económicas y sociales. La autorregulación social en una estructura de suyo desigual puede, devenir en profundización de las desigualdades, y en mayor exclusión y conflicto.

La participación política, desde la perspectiva institucional, indica una sociedad en la cual se dispone de los recursos para sostener los costos de la participación asó como de suficientes intereses vinculados a decisiones políticas que conduzcan a percibir los beneficios de la participación.

La ciudadanía esta sujeta a construcción con base en estructuras institucionales que la posibilitan. Una de las premisas centrales en este sentido es que los actores políticos actúan sobre el marco de identidades que son moldeadas por instituciones políticas y procesos.

Entre las estrategias para lograr la democracia esta la construcción de reglas e identidades, e incluyen además el desarrollo de capacidades para una apropiada acción política entre ciudadanos, grupos e instituciones.

La virtualidad de la noción de lo público radica en que expresa la preocupación de los individuos por los asuntos que les son comunes y su capacidad para influir en ellos.

La participación ciudadana enmarcada desde la perspectiva de la noción de lo público, expresa el reclamo a la libertad como a la igualdad de los sujetos sociales para tomar parte en acciones públicas, con base en una comprensión amplia de la política y del propio ámbito público como espacio de los ciudadanos.

En definitiva, lo que crecientemente queda asentado por distintas corrientes de pensamiento es que las funciones protectoras, mediadoras en los conflictos y redistributivas del Estado democrático no pueden ser asumidas por la sociedad y menos por el mercado. El problema concierne a que la estructura de la sociedad civil, en razón de las desigualdades económicas y sociales, no crea las condiciones para la igualdad de voto, la participación efectiva, una comprensión política adecuada y el control por igual de la agenda política, como al hecho de que la estructura del Estado democrático liberal, tal como opera, no genera una fuerza organizativa que pueda regular adecuadamente los centros de poder civil.

El proyecto democratizador apunta a la recuperación de la esfera de la sociedad y del Estado, como simultáneamente públicas y políticas. La reducción del poder del Estado no se traduce automáticamente en la ampliación del poder de la sociedad.

El proyecto liberal no sólo asume la separación entre el Estado y la sociedad, sino que plantea las relaciones entre ambos en términos de oposición. Su acción sobre él se manifiesta a centralmente a través del voto. La acción del Estado se vuelve cada vez mas privada, las decisiones importantes se toman en secreto.

La autonomía del Estado expresaría la posibilidad de influir en forma decisiva e independiente en la conformación y cambio de la sociedad, con base en objetivos propios. La Capacidad del Estado entendida como la posibilidad real de penetrar la sociedad civil y llevar a cabo sus objetivos a través de la instrumentación de políticas que abarcan el territorio concernido. Pero la autonomía y capacidad del Estado también depende de la propia autonomía adquirida, en los campos político y económico, por la sociedad civil. Esta es una condición básica para el despliegue de la autonomía del Estado respecto de los grupos de poder privado, en tanto es un requisito indispensable para que desde la sociedad civil pueda ejercerse una función de crítica y control sobre el Estado que suscite y movilice la representatividad del Estado.

Desde la década de los ochenta América Latina enfrenta el auge de un proyecto que supone mayores niveles de exclusión económica y desintegración social.

Los esquemas de participación ciudadana en los procesos de decisión y de formulación de políticas basados sólo en el despliegue de la representación funcional y en modelos integrativos, no ofrecen una respuesta convincente, puesto que no sólo pueden atentar contra el principio de la igualdad política y del pluralismo, sino que suponen lesionar el principio de la autonomía de la sociedad civil, que se revela central tanto para su fortalecimiento como para el desarrollo de una relación virtuosa con el Estado.

La respuesta de mayor auge, en el sentido de favorecer tanto las posibilidades de elección de los consumidores en contra de las elecciones políticas del ciudadano como de otorgar espacio a la participación social solo con base en la experiencia, limita al mismo tiempo la legitimidad de las autoridades políticas electas, supone afianzar la despolitización social y favorecer así el extrañamiento de lo político respecto de la sociedad. Esta última solución es precisamente la renuncia a la posibilidad de auto-organización de la sociedad. Su adopción no apunta a la ampliación de la esfera pública, significa más bien su difuminación. No compromete la construcción de ciudadanía, se traduce más bien en su anulación. No se interesa por la comunidad, se afirma solo en el individuo. Proclama como valor supremo la libertad, pero no proporciona instrumentos para realizarla. Predica el fortalecimiento de la sociedad civil pero deviene, en su debilidad.

Principios que se revelan claves para el desarrollo de la legitimidad democrática: la igualdad política, el pluralismo político y la deliberación, la solidaridad que da cuenta de modos de acción colectiva auto-organizados.

La ciudadanía no se agota en el reconocimiento de derechos, sino que esta sujeta a construcción con base en estructuras institucionales que la posibilitan.

Las desigualdades económicas y sociales constituyen las condiciones fundamentales a través de las cuales se viola la equidad.

La noción de igualdad política requiere la implantación no sólo de la igualdad política formal, sino de condiciones de aislamiento y una consideración efectiva. Las condiciones de aislamiento remiten a las garantías de que el proceso político no ha sido interferido por factores irrelevantes a él. La consideración efectiva remite a la necesidad de que las opiniones rivales más importantes puedan conseguir la consideración suficiente para que las personas tengan la oportunidad de decidir entre ellas.

El pluralismo es la creencia en el valor de la diversidad, remarca la aceptación del disenso, la oposición, la política de adversarios y la discusión. Quienes forman parte de la mayoría deben respetar los derechos de las minorías.

Para la deliberación se requiere de la interacción social; de la ausencia de relaciones de supra-subordinación entre los participantes, la única autoridad que debe poder mediar es la del mejor argumento; posibilidad de la discrecionalidad.

Desde la visión liberal la identidad de ciudadano solo se construye alrededor de la participación en las instituciones estatales, priva sobre cualquier otro tipo de identidad. Su resultado tiende a ser la negación del pluralismo, tanto como la afirmación de un modelo de ciudadanía culturalmente homogéneo, asentado solo en los valores de la democracia occidental.

Desde la perspectiva de la democracia radical, el bien común, interpretado como un imaginario social, constituirá, a la vez, una gramática de conducta que coincide con la lealtad a los principios ético-políticos de la democracia moderna: libertad e igualdad para todos. Actuar como ciudadano implica la exigencia de tratar a los otros como personas libres e iguales.

A juicio del autor la ciudadanía no se ejerce exclusivamente en relación con las instituciones político-estatales, sino que se ejercita y, sobre todo, se puede construir respecto de cualquier esfera donde los principios de la igualdad y de la libertad para todos sean desafiados.

Los movimiento sociales retan las necesidades, criterios y fundamentos de muchos ejes de dominación al proponer formas radicalizadas de democracia para incrementar la habilitación de mas personas en muchas esferas de la vida social, al proponer extensiones de los derechos humanos y otros conceptos de justicia para ampliar y profundizar el piso normativo en donde se basan los cambios sustantivos y de procedimiento,

La mayor virtualidad de las asociaciones voluntarias en un proyecto de construcción de ciudadanía estriba, en que pueden crear un espacio para el despliegue de nuevos valores, asociados al reconocimiento del otro y a la solidaridad.

El buen gobierno es el grado en que la vida social y política de una región se acerca al ideal de la comunidad cívica: compromiso cívico, es decir, participación activa en los asuntos públicos; igualdad política; solidaridad, confianza y tolerancia; estructuras sociales de cooperación.

Puede estimarse que las prácticas sociales fundadas en la solidaridad constituyen prácticas de construcción de ciudadanía en la medida en que contribuyen a desarrollar las condiciones éticas para la creación de un tejido asociacional crítico, comprometido con el fortalecimiento de la democracia. Las prácticas de solidaridad y el asociamiento crítico se revelan como bases sociales para la construcción de ciudadanía, y como condiciones de la participación ciudadana, enmarcada en la ampliación de la institucionalidad publica. El asociacionismo crítico provee del tejido social en torno al cual es posible construir instituciones de representación que posibiliten la participación política bajo los principios de la igualdad política, el respeto al pluralismo y la deliberación pública.

Tercer Sector remite a todo aquel tejido asociacional cuyas practicas sociales se funden en la solidaridad y que se traducen en la constitución de ámbitos públicos voluntarios de interrelación social, capaces de auto-organizarse para la satisfacción de necesidades colectivas. Incluye todo el conjunto de instituciones privadas de servicio público. El Tercer Sector y las prácticas sociales que involucran la producción de bienes públicos con base en la solidaridad, constituyen el cimiento social de la ampliación de la institucionalidad pública que da cabida a una pluralidad de instituciones de participación.

Postrimerías del siglo XX: la respuesta hegemónica supone la negación de la actuación legítima del Estado a favor de la sociedad, traduciéndose con esto el fortalecimiento de la sociedad mercantil.

Se invoca al ciudadano como participante administrativo para supuestamente obtener un mayor pluralismo político, pero lo que se obtiene es la desnaturalización de la participación ciudadana, que puede producirse cuando son mezcladas las funciones de instancias de representación social con funciones de administración de servicios públicos.

Premisas para la constitución de una institucionalidad de representación social:

• Relación regulativa en vez de constitutiva de la política: al suscitarse una relación constitutiva y no regulativa de la política, el potencial de la ciudadana como mecanismo de la publicidad tiene escasas probabilidades de actualización. La construcción de sujetos desde el Estado abre las oportunidades no solo para un favorecimiento expreso de categorías de intereses particulares, sino para la despolitización de los temas en la medida en que la dinámica y la direccionalidad de la participación ciudadana son determinadas desde un solo eje de la relación. Los sujetos sociales son prefigurados afectando su capacidad de influencia y control sobre los asuntos públicos.

• Interacción política racionalizada comunicativamente: llama la atención sobre la importancia de una esfera pública autónoma de deliberación sobre las políticas públicas, pero no se limita al ámbito social sino que presupone una interacción comunicativa con los actores publico-estatales. La recuperación de un modelo de formación de políticas que es discursivo, democrático y participativo tiene importantes consecuencias practicas, en tanto reivindica la competencia de los ciudadanos comunes y de los intereses concernidos para intervenir en la formación de la voluntad política y recupera su capacidad de hacer propuestas de políticas publicas.

• Pluralismo de la representación social y política

Autor:

Jorge Enrique Díaz Varela[1]

[1] Estudiante de Ciencias Políticas y Administrativas Escuela Superior de Administración Publica ESAP