Representación y participación social: la "participación ciudadana" y su virtualidad para la construcción de espacios públicos

Para que la sociedad se autogobierne se requiere de un Estado democrático. La esfera de satisfacción de necesidades públicas constituye una dimensión de la institucionalidad pública.

Problemas en la Representación y la participación social: las asimetrías en la representación son fuente de iniquidades en las tareas distributivas del Estado; la democratización de las instituciones clásicas de representación deben ser impulsada desde la sociedad como complementada por ella; recuperación de las funciones políticas de la sociedad.

El problema específico refiere a cómo potenciar las formas de auto-representación o representación social. El marco de análisis es la participación ciudadana y su virtualidad para la construcción de espacios públicos.

Los sectores marginados se han erigido en la historia política contemporánea en actores clave en la lucha por la ampliación de las capacidades de organización política y social. Pero el énfasis sigue estando en la obtención desde la base social de espacios crecientes de libertad colectiva y un rol determinante en la vida social.

El movimiento (social) a favor del fortalecimiento de la esfera pública no supone necesariamente una relación expresa y menos directa con el Estado. Y ello en un doble sentido: porque da cuenta que de los esfuerzos por producir bienes públicos desde la propia sociedad; y porque opera a favor del ejercicio de una función de crítica y control que la sociedad ejerce sobre el Estado.

La teoría de los movimientos sociales muestra como ellos pueden influir en la sociedad civil y determinar el curso de la sociedad política sin penetrarla e incluso desarrollando una política de puro oposición.

Una nueva expresión que se perfila desde fines de la década de los sesenta: la noción de participación ciudadana: refiere a la participación política, abstrae tanto la participación mediada por partidos políticos como la que el ciudadano ejerce cuando elige a las autoridades políticas. Expresa la intervención directa de los agentes sociales en actividades públicas.

Tras las estrategias gubernamentales tendientes a crear condiciones para que la sociedad ejerza una incidencia directa sobre el Estado suelen ser afectados tres campos: el campo correspondiente a la formación de políticas publicas a través de facilitar la intervención de intereses particulares en su elaboración; el campo relativo a la acción legislativa permitiendo su ejercicio directo a través de la iniciativa y el referéndum, así como indirecto por medio de la revocación del mandato de autoridades electas; y en la prestación de servicios públicos, a través de su transferencia a la sociedad civil.

Son los años ochenta los que inauguran una apelación a la participación ciudadana como instrumento para la profundización de la democracia.

La implantación de un modelo de economía abierta donde el Estado tenga un papel mínimo se mezcla, así, en una difícil tensión con la necesidad de restitución y sobre todo, de transformación de los regimenes democráticos. En la reforma política se intenta vincular al perfeccionamiento de los mecanismos de representación política, dirigiéndolos a la inclusión de nuevos actores.

A la par del desarrollo de significativos procesos de privatización y desregulación, la década de los 80 experimenta un singular auge de los procedes de descentralización, los que junto con las aperturas democráticas impulsan modificaciones en los regimenes normativos, especialmente del nivel municipal. Modificación a los regimenes electorales, adquieren respaldo jurídico una serie de modalidades de participación ciudadana. En el campo municipal no sólo las formas clásicas de participación directa tienden a ser reforzadas, sino que ellas se amplían para abarcar la consulta popular o el referéndum, incluso con iniciativa popular y carácter vinculante en algunos casos.

En la década de los 80 los esfuerzos se orientan tanto a fortalecer los mecanismo de la democracia directa como a introducir un pluralismo integrativo. El aparato estatal cede espacios de autoridad para dar cabida a la inclusión de nuevos sujetos en los procesos de formación de política. El rasgo integrativo que plasmado en que los sujetos convocados no retienen su propia autonomía política, sino que trasladan su autoridad social a las instancias de representación política ya constituidas, deviniendo su participación en ellas más en colaboración funcional que en representación de intereses para incrementar los espacios de su influencia. Los sujetos de la participación son construidos desde el Estado. Los ámbitos y las modalidades de la participación también son prefigurados desde el Estado.