El Desafuero de Pinochet

I. Introducción 2. Delaciones de la "Familia" y "Caravana de la Muerte".3. La Matanza de Corpus Christi: homicidios calificados4. El caso Tucapel: el Teniente General Gordon Rubio y la C.N.I.5. La Academia de Guerra Aérea: otro Miembro de la Junta de Pinochet.6. El proceso7. Los actores8. El texto9. Reflexiones fundamentales10. Contenidos principales de un compromiso para ser asumido por el pais entero11. Consideraciones Finales12. La ley micro-ondas (Ley del Secreto Profesional)13. Proyecto de ley: 14. In nula ress: desafuero del dictador15. Conclusiones

I. Introducción

Análisis de la coyuntura político militar que llevó al desafuero del ex Dictador chileno Augusto Pinochet y sus perspectivas. Cómo se genera el "cículo virtuoso contra la impunidad" en Chile.

Señalamos en nuestra primera entrega que los actores político- militares en estos primeros meses se moverían en tres escenarios distintos, pero inextricablemente ligados: la "Mesa de Diálogo", mecanismo político para poner de acuerdo en lo posible al Ejército y a los Abogados de Familiares de Detenidos Desaparecidos; el Poder Judicial, en el cual ocupaba un lugar medular y decisivo el pre-juicio de desafuero del Senador Vitalicio y ex Dictador, General ® Augusto Pinochet; y el Parlamento, donde se transformarían en iniciativas legales los probables acuerdos de la "Mesa" y se tratarían las Reformas Constitucionales para liberar a la dictadura inconclusa chilena de la tutela militar sobre el poder civil elegido soberanamente por el pueblo, la que está consagrada en la Carta Magna. En el corto tiempo que nos separa de la asunción a la Presidencia de la República de Ricardo Lagos Escobar, la Mesa de Diálogo llegó a un acuerdo, el Parlamento aprobó una ley propuesta por ella para encontrar los cuerpos de los desaparecidos, y el otrora intocable Capitán General, ha sido desaforado (esto es, le han quitado su inmunidad) como parlamentario, y ahora deberá seguir enfrentando a la justicia.

El legalismo histórico de la sociedad chilena lo graficaba Gabriel García Márquez señalando a un grupo de chilenos en el exilio que nuestro país era el único en el mundo donde se vendían y compraban las leyes en las calles. La arraigada costumbre cotidiana de hacer uso del entramado jurídico – o de crearlo, en el caso de las dictaduras- resulta, en efecto, un realismo mágico conosureño para los analistas que no conocen el país. Hasta las atrocidades cometidas por el régimen de Pinochet, con muy escasas operaciones encubiertas de inteligencia pura, tuvieron Decretos o Leyes de los órganos de facto encargados de la tarea legislativa. Junto a diarios, revistas y golosinas, efectivamente se venden, en gruesos volúmenes ordenados por numeración, fechas y temas, la imaginación de los abogados pinochetistas para dar marcos propios de un Poder Legislativo inexistente a la Dictadura del General.

Preámbulo necesario para entender el círculo virtuoso contra la impunidad que se ha afianzado en la coyuntura, y que marcará las relaciones político-militares en ésta y otras etapas. Explicación ineludible para nuestros largos y aburridos párrafos y anexos legales, que en otras latitudes resultarían un estorbo a la claridad interpretativa.

Los puntos del círculo están, a nuestro juicio, formados por la interacción de los siguientes hechos y pronunciamientos:

• El Presidente de la República – poder inconmensurablemente mayor que en los regímenes presidenciales anglosajones de todo tipo- declara. a pocas horas de asumir la Primera Magistratura, que será voluntad inquebrantable de su Gobierno respetar la autonomía del Poder Judicial. Tanto al grito popular (¡Juicio a Pinochet!) como al lloriqueo de los militares en retiro por los "vejámenes al Héroe nacional, salvador de la Patria de las garras del marxismo– leninismo", su respuesta fue inequívoca y reiterada: dejar actuar a los jueces. Algunos lo interpretaron como un "techo" de la acción de Lagos, cometiendo un error .
• Las Fuerzas Armadas están con sus planes de modernización pendientes (Nuevo Avión de Combate para la Fuerza Aérea, Plan "Tridente" y otros para la Marina, Plan Alcázar para el Ejército, con fuerte gasto en sistemas de armas de tecnología avanzada). Su viabilidad depende por entero del entendimiento que logren con el gobierno, toda vez que tienen claro que no hay fuerzas para salidas extraconstitucionales . Los empresarios se insertan en el proyecto laguista y la derecha política mira ya a la elección de uno de los suyos el 2.006. Y cuando pretendieron hacer el mínimo gesto de desobediencia saltándose su papel de subordinación al Jefe de Estado, el Presidente Lagos sí les puso un techo. No ha lugar, excúsense, sólo el debido canal, nada públicamente, ninguna presión a otros poderes.
• El Poder Judicial ha cambiado en diez años de Gobierno concertacionista. La inevitable ancianidad y las jubilaciones ofrecidas, disminuyeron drásticamente la presencia en los altos tribunales (las Cortes de Apelaciones y la Corte Suprema) de los jueces comprometidos por acción u omisión con el golpe militar de 1973 y el gobierno de Pinochet. Esta burocracia estatal de alta estimación pública en el pasado busca corporativamente modernizarse y recuperar credibilidad ante la ciudadanía. Sin presiones del poder armado, del Ejecutivo y del Congreso, las correrías de la derecha "dura" contra uno que otro Juez aparecen irrelevantes, y no hacen más que alentar las voluntades de hacer justicia. El supuesto "techo", pasa a ser un "piso", desde el cual se abren, en interminable abanico, los juicios contra los uniformados en retiro y en activo, incluido el desafuero a Pinochet.

Esta es nuestra hipótesis principal. Veamos, pues, cómo se comporta en la coyuntura.

1. La construccion del circulo virtuoso contra la impunidad

Secuestro permanente

El primer tramo del cerco lo construye el Juez Juan Guzmán Tapia, nombrado "Ministro Instructor" en las causas que implican como autor intelectual a Pinochet. El Juez establece la jurisprudencia de que en los casos de detenidos desaparecidos lo que ha ocurrido, en tanto no aparezcan los cuerpos, es un "secuestro permanente", por lo que no cabe aplicar la Ley de Amnistía de 1978 y, aunque se conozca a los culpables del desaparecimiento, no es posible amnistiarlos y por lo tanto deben seguir abierto los sumarios y continuar las indagaciones. El 12 de mayo del 2.000, la Sala Penal de la Corte Suprema, en el caso del desaparecimiento del militante socialista Félix Vargas Fernández, acoge el "recurso de Casación" ( esto es, de nulidad) sobre el fallo de la Corte Marcial que había cerrado el caso por considerarlo amnistiable. La más alta magistratura del Poder Judicial reiteraba tres pronunciamientos jurídicos fundamentales:

• Si no aparecen los cuerpos, lo que existe es una "detención ilegal arbitraria ambulatoria" que no cabe amnistar, que en derecho implicaba reconocer el "secuestro permanente " esgrimido por Guzmán; y
• La ley de Amnistía sólo puede aplicarse a personas, y no a hechos, por lo que es necesario seguir indagando "hasta agotar completa y exhaustivamente la investigación, con el objeto de determinar con exactitud el destino y paradero de Félix Vargas y la identidad de los responsables de los ilícitos" (El Mercurio y La Tercera, 13 de marzo de 2.000), que era lo que postulaba también el Ministro Instructor.
• El fallo de la Segunda Sala de la Corte Suprema del 20 de julio iba más lejos aún, pues ordenaba investigar al Juez Guzmán en el caso de un desaparecido cuyo cuerpo había sido encontrado en una fosa común en Cauquenes, y que había sido ejecutado los días posteriores al Golpe Militar (se trataba de Claudio Arturo Lavín, primo-hermano del candidato de la derecha a Presidente, Joaquín Lavín Infante). Dicho de otra manera, el encuentro de los cuerpos, según el poder judicial, no agota la investigación ni implica la aplicación de la amnistía, hasta que se sepa quiénes fueron los autores y en qué circunstancias. (Qué Pasa, 24 de julio)

2. Delaciones de la "Familia" y "Caravana de la Muerte".

El segundo cercado que empieza a construirse, es la aparición de reiteradas acusaciones de militares en retiro contra sus ex colegas, principalmente como manera de defenderse de los delitos que se les imputan. El caso más significativo en la coyuntura es el llamado de la "Caravana de la Muerte", (pues por él se tramitaba el desafuero a Pinochet) en el que se acusa al General ® Sergio Arellano Stark y su comitiva de haber cumplido instrucciones directas del Dictador para ajusticiar a los detenidos en diversas localidades del país (Cauquenes, La Serena, Copiapó, Antofagasta y Calama), a las que se trasladaba en un helicóptero del Ejército Tipo "Puma", después del 11 de septiembre de 1973, lo que concluyó con la muerte comprobada de 72 personas. Algunas de las declaraciones más comprometedoras son las siguientes:

-.el ex Comandante de la IV División del Ejército y ex Jefe Militar de la provincia de Valdivia, después del 11 de septiembre, General ® Héctor Bravo Muñoz, declara que Arellano firmó en su presencia la sentencia de muerte de trece militantes del Movimiento Revolucionario de Izquierda (MIR) y que en el caso de tres de ellos – que fueron fusilados- se hizo un simulacro de asalto a un Retén (pequeña unidad) de Carabineros de Castro, que nunca existió (La Tercera,10 de mayo de 2.000)

-.El General ® Joaquín Lagos, respondiendo a una larga entrevista de Arellano que lo inculpa de algunas de las muertes de la "Caravana", declara que éste "pretende influir a la justicia y convencer a la opinión pública de su inocencia de los crímenes cometidos a lo largo de Chile por personal a su mando".. "no debe olvidar que 72 vidas son demasiado" (La Tercera). El General Lagos, que fuera Comandante en Jefe de la I División del Ejército con sede en Antofagasta, agregó que el oficial "firmó sentencias de muerte desde que ingresó a la zona juridiccional" de esa unidad estratégica.( La Tercera, 10 de mayo de 2.000)

-.El Juez instructor realiza "careos" ( interrogatorios cruzados) entre Arellano, los Coroneles ® Sergio Arredondo y Marcelo Morén Brito y otros oficiales de menor graduación, donde se habrían producido acusaciones mutuas ( La Tercera, 17 y 20 de mayo de 2.000)

3. La Matanza de Corpus Christi: homicidios calificados

El 15 y 16 de junio de 1987, en cinco puntos distintos de la capital de Chile, se produjeron 12 muertes con armas de fuego de dirigentes desarmados supuestamente vinculados al Frente Patriótico "Manuel Rodríguez" (FPMR). Durante todos estos años el caso se mantuvo a cargo de la Justicia Militar, y lo más que se había logrado era que estuviera a cargo de un Juez civil. Pero el 1° de junio la Corte Suprema dirime una contienda de competencia y pasa el caso completamente al Sexto Juzgado del Crimen (civil), al cambiar el delito tipificado anteriormente como "violencia innecesaria con resultado de muerte", por "homicidio calificado". En el caso estaban implicados:

– Mayor ® Alvaro Corbalán Castilla

– Teniente Coronel ® de Carabineros Iván Quiroz Ruiz

– Teniente Coronel ® de Ejército Krauz Bauer Donoso

– Mayor ® de Ejército Rodrigo Pérez Martínez

– Teniente ® de Ejército Jorge Vargas Bories

– Oficial ® Ejército Iván Leopoldo Cifuentes Martínez

A todos ellos se les acusó de ser los autores materiales (directos) de los crímenes, y se encausó como cómplices a otros oficiales, suboficiales y detectives de Investigaciones (Policía civil), por el Ministro en Visita, Juez Milton Juica, quien establece además que todos ellos pertenecían a la Unidad Antiterrorista de la Central Nacional de Informaciones (CNI).

4. El caso Tucapel: el Teniente General Gordon Rubio y la C.N.I.

El 25 de febrero del presente año, la Corte de Apelaciones de Santiago confirma la sentencia de primera instancia de cadena perpetua del ex Jefe Operativo de la CNI y ex Jefe del "Cuartel Borgoño", sitio de torturas y desapariciones, por el asesinato del carpintero Juan Alegría Mundaca. El crimen -propio de de los más atroces de la historia negra de las policías políticas– se ejecutó para inculpar al modesto obrero de ser el asesino de Tucapel Jiménez, para lo cual, el parapsicólogo Osvaldo Pincetti Gac, alias "El Doctor Tormenta", lo habría puesto en trance hipnótico antes que Corvalán lo ultimara, y le habría ordenado escribir una carta póstuma donde se inculpaba del delito. Luego, el oficial procedió a asesinarlo por estrangulamiento, simulando que se había suicidado en una horca rudimentaria. Corvalán estaba vinculado ya a los asesinatos de la "Matanza de Corpus Christi" y a la de militantes del MIR (Operación "Vega Monumental", junto al "Bocaccio", Mayor de Ejército Carlos Herrera Jiménez), en la ciudad sureña de Concepción. En este delito estuvo ayudado por el Suboficial (r) de Carabineros, Armando Cabrera Aguilar, quien ya estaba condenado por el asesinato con torturas del transportista demócratacristiano Mario Fernández López, en 1984.

A comienzos de mayo, trasciede en varios medios informativos que el Ministro en Visita por el caso del sindicalista asesinado en 1982, por buscar la unidad de los trabajadores para defenderse de las políticas económicas de Pinochet, había encauzado como "encubridor" al Teniente General (r) Humberto Gordon Rubio, ex Director de la Central Nacional de Informaciones (CNI, sucesora de la DINA del General Manuel Contreras, preso en la Cárcel Militar de Puntapeuco por el asesinato de Letelier en Washington), y nada menos que ex miembro de la Junta de Gobierno , el "poder legislativo" de la Dictadura.( El Mercurio y La Tercera, 2 y 3 de mayo de 2.000)

El 4 de abril se empieza a abrir una caja de Pandora de graves repercusiones en el Ejército.

El Ministro en Visita, Sergio Muñoz Gajardo, somete a proceso al ex Director de Inteligencia del Ejército (DINE), General (r) Hernán Ramírez Rurange, en calidad – ni más, ni menos- de encubridor del asesinato del líder Tucapel Jiménez. Se supo que el alto oficial estaba detenido en el Regimiento de Telecomunicaciones y que era la cuarta vez que se le interrogaba. Estando a cargo de la Dirección de Inteligencia Nacional del Ejército (DINE) en 1991, había proporcionado personalmente pasajes para huir a Argentina al Mayor (r) de esa arma, Carlos Herrera Jiménez, inculpado de autor material del delito. Y cuando en 1993 se desempeñaba como Comandante de la II División y fungía de Juez Militar, había demorado el exhorto por el que la justicia chilena pedía a Argentina la extradición del mismo oficial oficial.(El Mercurio, La Tercera y La Segunda, 3 y 4 de abril de 2.000)

El 16 de junio el Ministro Muñoz somete a proceso al Mayor de Ejército Juan Silva Magnere, en servicio activo en la institución, por "obstrucción a la justicia". Se trataba de detener las constantes salidas de los reos en el proceso confinados en unidades militares, dejando claramente establecida su condición de reclusos. (La Segunda, 17 de junio de 2.000) Al día siguiente agrega a la lista de acusados de autores materiales el nombre del Mayor (r) Juan Carlos Arriagada, ex agente de la DINE (El Mercurio, 18 de junio de 2.000).

Poco después, el detenido General (r) Humberto Gordon Rubio, ex Director de la Central Nacional de Informaciones (C.N.I) y ex miembro de la Junta de Gobierno que suplantaba al Congreso, era careado con Corbalán por la Jueza Dobra Luksic, instructora de la investigación de otros dirigentes asesinados ese día. Trascendió que eran ya 12 los agentes de la CNI declarados reos por estar involucrados en estos crímenes, estableciendo la jueza que el grupo antiterrorista operó "con plena libertad para desplazarse en horas de toque de queda en varios vehículos, con armamento de alto poder de fuego" y con "nula reacción por parte de los entes competententes". El sucesor de Gordon Rubio en la CNI, General (r) Hugo Salas Wenzel, también se encontraba detenido como "encubridor de ilegítima privación de libertad seguida de homicidio " (El Mercurio, 11 de mayo de 2.000 y La Segunda, 4 de mayo de 2.000). El 17 de mayo, en una declaración ante el Juez Muñoz, deslindó toda responsabilidad frente al crimen ocurrido el 25 de febrero de 1982, e inculpó a la Dirección de Inteligencia del Ejército del hecho, señalando que uno de los autores materiales era el ex agente de la DINE, Suboficial (r)Manuel Contreras Donaire. Los demás eran el Suboficial (r) Miguel Letelier Verdugo, el Mayor (r) Carlos Herrera Jiménez y el Teniente (r) Raúl Descalsi. El Juez Milton Juica, Ministro en Visita, buscó y encontró documentos que acreditaban que la Unidad Antiterrorista dependía directamente de Pinochet (El Mercurio y La Nación, 16 de junio de 2.000). El 15 de junio fallece el General Gordon. A sus exequias asiste Pinochet. El 20 de junio, el abogado Fernando Uribe-Etxeverría, a cargo de la defensa del fallecido Gordon, entregó al Ministro en Visita Sergio Muñoz, los documentos que, a su juicio, excluyen la participación de la CNI e inculpan a la DINE, por expresa voluntad de su defendido antes de morir ( La Segunda, 20 de junio y El Mercurio, 21 de junio de 2.000).

El 10 de julio trasciende a la prensa la resolución del Magistrado del caso, en la que establece quiénes fueron los autores intelectuales, qué comando asesinó al sindicalista y cómo se intentaron encubrir los hechos posteriores. El párrafo, que inculpa a Inteligencia del Ejército y por lo tanto a su Comandante en Jefe, es el siguiente: "las personas indicadas… procedieron a enviar de hecho a un oficial de Ejército que se encontraba con destinación extrainstitucional a la CNI (pero que pertenecía) a la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINE), específicamente a su organización ejecutiva, el Cuerpo de Inteligencia del Ejército (CIE), actual Batallón de Inteligencia, lo que cumplió, a lo menos los meses de diciembre de 1981 y febrero de 1982, conformando con algunas personas que laboraban en dicha estructura un grupo especial, que con la información recopilada (…) como con aquella que obtuvieron y actualizaron por sus propios medios, se concertaron para privar en forma ilegítima de la libertad a Jiménez Alfaro y posteriormente darle muerte (…) En ese lugar (camino rural cerca de Santiago), obrando sobre seguro y premeditadamente, procedió a dispararle a Tucapel Jiménez en cinco oportunidades en la cabeza…" (La Segunda, 10 de julio de 2.000)

5. La Academia de Guerra Aérea: otro Miembro de la Junta de Pinochet.

La Jueza Raquel Lennanda, a cargo de la investigación de la desaparición y muerte de personas presas en la Academia de Guerra de la Fuerza Aérea de Chile (AGA), declara reos como autores al Comandante ® de Aviación Ramón Cáceres Jorquera ( apodado el "Comandante Matamala") y al ex Jefe del Servicio de Inteligencia de la Fuerza Aérea (SIFA), Coronel ® Edgardo Ceballos Jones. La Jueza establece en su relación que ambos eran las cabezas de un "Comando Conjunto" de las cuatro instituciones implicadas en el Golpe Militar, que operaba como organismo paralelo a la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), para desarticular al Partido Comunista y al Movimiento de Izquierda Revolucionario. La jueza investigaba inicialmente una desaparición y muerte, la del militante comunista Luis Baeza Cruces. El problema mayor lo constituía para la FACh que el Director de la AGA era, a la sazón de los hechos, el General Fernando Matthei, quien fuera posteriormente Comandante en Jefe de la institución y miembro – también – de la Junta de Gobierno.

La Mesa De Dialogo

¡Oh,incompetencia! Nunca mis sueños saben engendrar la apetecida fiera. Aparece el tigre, eso sí, pero disecado o endeble, o con impuras variaciones de forma, o de un tamaño inadmisible, o harto fugaz, o tirando a perro o a pájaro.

Jorge Luis Borges (El Hacedor. 1960)

El Contexto

La situación política chilena y las fuerzas internacionales que en ella actúan, se vieron fuertemente remecidas por la inesperada detención del Senador Vitalicio General (r) Augusto Pinochet Ugarte, ex Comandante del Ejército y Presidente de facto de la República de Chile, en la capital de Gran Bretaña, el 16 de octubre de 1998. Confinado primero en la London Clinic, pasando por una breve estadía en un Hospital Psiquiátrico y luego en una casa del barrio londinense de Virginia Waters, quien fuera el articulador del bloque hegemónico que gobernó el país durante el período dictatorial, formado por las transnacionales. el gran empresariado nacional antiguo y nuevo, los Altos Mandos de las Fuerzas Armadas y los políticos de la derecha militarista , desaparece abruptamente del escenario. Las primeras reacciones frente a la orden emanada del Ministerio del Interior del Gobierno laborista de Tony Blair, fueron automáticas. Sin medir lo que venía, aquellos que durante más de dos décadas se alinearon bajo la batuta del Capitán General, expresaron unánimemente su repudio a la acción legal desencadenada por el Juez español Baltazar Garzón y rasgaron vestiduras con estruendo, por el desacato al "Héroe Nacional" y por la "soberanía pisoteada". Pero luego de los frecuentes charters a Londres y de las manifestaciones de un pequeño grupo de señoras frente a las embajadas de España y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, los grupos económicos y sus mass media, las instituciones de la Defensa y los partidos de la Derecha tuvieron que convencerse que el patriarca estaría ausente un largo tiempo y había que hacer política sin la unanimidad que él generaba entre ellos y sin el temor que su influencia irradiaba hacia la sociedad, el Gobierno y la Concertación de Partidos por la Democracia, y los demás grandes y pequeños actores de la política nacional. Los gobiernos de Europa se apresuraron a apoyar la acción contra el General – ya condenado entre sus pueblos por sus crímenes de lesa humanidad como un nuevo "Hitler", más allá del dictador de las populares novelas latinoamericanas- y a aprestar sus propias acciones legales para impedir su retorno a Chile, considerado terreno seguro para la impunidad, con un Poder Judicial que fue obsecuente y venal con la tiranía y lo seguía siendo con el Tirano. Lo mismo hicieron las fuerzas políticas y sociales progresistas del mundo entero. El Gobierno norteamericano, paralogizado al comienzo por las crisis del Presidente William Clinton, no pudo permanecer impasible mucho tiempo. Ya nada fue igual que antes. Sana ironía del destino: el Dictador que tan curiosamente para ojo externo había perdido parte de su poder por un Plebiscito llamado por él mismo para perpetuarse, el que construyó casamatas legales y políticas inexpugnables para seguir dirigiendo el país desde la Comandancia en Jefe del Ejército y luego desde el protegido fuero del Senado de la República, por un error inexcusable, cambiaba el curso probable de la historia de la transición chilena. El azar, esa "diosa veleidosa" de la Guerra y de la Historia – en el decir de Karl von Clausewitz- obligaba a reconstruir colectivamente el libreto de la dictadura inconclusa. El Gran Escribano no estaba, y era un dato de todas las causas.

La razón principal de que tantas fuerzas disímiles hayan concluído apoyando el 21 de agosto de 1999 un "mecanismo" o "artefacto" político denominado la Mesa de Diálogo, es la detención en Inglaterra del "Paciente Inglés" y el juicio de extradición que por meses lo retuvo en ese país.

Las instituciones de la Defensa Nacional y el Orden Público, sin abandonar sus presiones para que el Gobierno lograra el regreso de su anciano líder, siguieron su propia dinámica. Los procesos de modernización continuaban su marcha, con tiempos y alcances distintos en el Ejército, la Marina y la Fuerza Aérea. Carabineros de Chile también quería aggiornarse para responder a la demanda ampliamente mayoritaria de "seguridad ciudadana". El entendimiento con el Gobierno era un requisito sine qua non. Se aprecia un Alto Mando de las fuerzas navales con gran autonomía para presentar sus propuestas estratégicas, sus proyectos de renovación tecnológica y de la Armada y con cada vez más figuración política del Almirante Jorge Patricio Arancibia, transformado en los hechos en vocero del sector castrense.

El Gobierno del Presidente Frei Ruiz- Tagle, afrontaba la crisis Pinochet en medio de una recesión económica de proporciones. Desde el punto de vista del ciudadano común, con la caída del alza de salarios, el encarecimiento del crédito, el incremento de la tasa de cesantía y la disminución de las exportaciones, con una fuerte contracción de la demanda, el país se veía mal y no se auguraba una salida pronta. Las tantas veces voceadas cifras eran decidoras. El PIB caía del 7.6 % en 1997, a 3.4 en 1998, para ser negativo (- 1.1%) en 1999. La Tasa de Inversión Anual como porcentaje del PIB disminuía de 11.5 a -1.4 y -3.5 % (1997,1998 y 1999,respectivamente).El desempleo, que se había mantenido en rangos aceptables en 1987 y 1998 (6.2 y 6.1 %), sube hasta superar el 12 % en 1999. Todavía pesaba en las mentes de los conductores oficialistas , las elecciones parlamentarias de diciembre de 1997, que habían sido un duro revés para el sistema político y para la coalición gobernante , la Concertación. Los resultados permitían constatar una creciente desafiliación de los chilenos a la política . Según datos del Servicio Electoral, un millón 500 mil ciudadanos con derecho a hacerlo, no estaban inscritos en los registros electorales, de los cuales 960 mil eran jóvenes. De los 8 millones de inscritos, se abstuvieron en ellas más de un millón 100 mil y votaron en blanco 300 mil. Los votos nulos ( que en su gran mayoría eran anulados con leyendas antipolíticos), bordearon el millón de ciudadanos, 10 puntos porcentuales más que hacía 6 años. Si se sumaban los no inscritos, los que se abstuvieron y los que votaron en blanco o anularon su voto, se llegaba a la suma de 3 millones 890 mil personas, que correspondían al 40.45% del universo electoral posible. Esta situación perjudicaba a todos los partidos, con la excepción de los comunistas, que subían apenas 40 mil votos y la UDI, con unos 4 mil votos más. La Concertación perdía 5 puntos porcentuales. La más perjudicada era la Democracia Cristiana, pues no sólo bajaba sobre 4 puntos, sino que era superada por el "eje progresista" PPD-PS. En la derecha, la UDI triunfaba ampliamente sobre Renovación Nacional, especialmente sobre el sector "liberal". Este partido subía 2.32% de los votos válidos, aumentando de 14 a 17 sus diputados y de 3 a 15 sus senadores.

La Concertación arrastraba una deuda pendiente – por vetos en el Senado- respecto a las violaciones a los Derechos Humanos durante la Dictadura, puestas al debate público desde la detención del General. Siguiendo con los avances e intentos fallidos de Aylwin, el Gobierno de Eduardo Frei Ruiz-Tagle, desde la campaña electoral de 1993, se había comprometido con "la verdad y la justicia" en materias de Derechos Humanos. En su primer mensaje al Congreso Pleno, el Presidente dijo textualmente, el 21 de mayo de 1994:

" La verdad y la justicia son condiciones centrales de la convivencia democrática. El Decreto Ley de Amnistía de 1978 ha sido un obstáculo para el esclarecimiento de los crímenes contra los Derechos Humanos. Reiteramos nuestra decisión de buscar un amplio consenso y convencimiento nacional que nos permita avanzar hacia el cumplimiento de los objetivos de verdad y justicia".

La justicia "en la medida de lo posible", que planteara el ex Presidente Aylwin, debía ser sobrepasada, y nadie dudaba – en el gobierno, en las FFAA y en las oposiciones de derecha y de izquierda- que el tema central y emblemático era el caso de los "detenidos desaparecidos". Luego de intentar unas reformas constitucionales y legales que incluían avances procedimentales para establecer el paradero de las cuerpos de los desaparecidos (los acuerdos Otero-Figueroa), de nuevo el Senado- con los votos de los "duros" de Renovación Nacional que desobedecieron las órdenes del Consejo General del Partido- fracasaron estrepitosa (y anunciadamente) en 1996. Sin medios de comunicación de masas atacado desde la derecha por prensa, radio y televisión por el "desastre" económico, acosado con denuncias cotidianas en temas de alta sensibilidad en la gente común como la salud, la delincuencia y las drogas, el gobierno veía fracasar su política de acercamiento hacia las Fuerzas Armadas por la prolongación de la prisión de Pinochet en Londres. Los que querían estar vigentes en 2.006 para un nuevo período, no sólo no lo lograrían, sino que parecían exponer a una derrota al candidato de la Concertación.

En el Poder Judicial, la renovación que señalamos al comienzo, traía cambios insospechados. Las decenas de querellas presentadas por los familiares de los desaparecidos, los ejecutados, los muertos en torturas, los ajusticiados, no sólo dejaban de ser enterrados en la Justicia Militar, sino que avanzaban con inusitada fuerza. Los Ministros civiles Instructores, en Visita, de Fuero y otras calidades investigativas, configuraban delito tras delito y empezaban a interrogar a los sospechosos de ser autores intelectuales y materiales, y a sus encubridores. ""Secuestro permanente" en vez de desaparición: "homicidio calificado" en vez de uso abusivo de la fuerza; no amnistiar "hechos" sino "personas condenadas", fueron algunas de las figuras jurídicas de preámbulo de lo que se llamara eufemísticamente el "desfile militar" por los Juzgados. Generales, Comandantes, y otros Oficiales, en su mayor parte del Ejército, iban y venían por los pasillos de las cortes, y algunos de ellos eran declarados reos . La burocracia judicial del Estado, otrora pilar del sentido común legalista del Chile ,quería recuperar su sitial, borrando su imagen de testaferro dictatorial.

En la derecha política, la popularidad en crecimiento del Alcalde de Las Condes, Joaquín Lavín, alentaba cada vez más la posibilidad de lograr la Presidencia de la República para uno de los suyos. Sabido es que el en el régimen presidencialista chileno ello implicaba la rearticulación del bloque dictatorial, pero legitimado por el voto popular. Las encuestas – tan caras a este sector político- señalaban una creciente apatía por la "causa" del Dictador y una reducción del pinochetismo a cerca del diez por ciento de las adhesiones. La "moneda de cambio" con el empresariado volvía a ser la histórica, esto es, el logro del premio mayor de la Rama Ejecutiva del Estado.

Los grupos económicos y las organizaciones empresariales (especialmente la Confederación de la Producción y el Comercio– CPC- y la Sociedad de Fomento Fabril-SOFOFA) reclamaban no tanto por la recesión, como por la imagen de inestabilidad que arrojaba el país para inversionistas y compradores externos. Su problema era la ingobernabilidad del modelo, más patente con la ausencia del Gran Gobernante y la falta de conducción gubernamental ante la crisis

El Gobierno de EEUU, empeñado en una campaña de dignificación de la Presidencia gravemente dañada por los juegos sexuales de William Clinton en la Oficina Oval de la Casa Blanca, difundidos profusamente y sin censura por largas semanas por Televisión, Radio y Prensa escrita, hace trascender la posibilidad de reactivar el juicio por el asesinato del ex Canciller de Allende, Orlando Letelier, en Washington, tipificado ahora como "el único acto de terrorismo en tierra norteamericana no llevado hasta el final". A los especialistas en América Latina del Departamento de Estado les empieza a preocupar que la crisis desatada por Pinochet se escape del dominio gubernamental. Y también que la imagen de impunidad que proyecta Chile no eternice al ex aliado en Europa, complicando de nuevo con un issue chileno la campaña de Gore y Bush por la Presidencia de los EE.UU. La CIA y voceros de la "comunidad de Inteligencia" dan a conocer lo que denominan la primera parte del comprometimiento norteamericano en Chile (durante los gobiernos de Frei Montalva y Allende), que seguirían con los documentos de la colaboración norteamericana en la represión en Chile, incluido al menos los casos de dos norteamericanos presos desaparecidos después del Golpe.

Todos ellos confluían en un punto: hay que romper la imagen de una oposición inflexible y divergente entre los partidarios de la justicia y las Fuerzas Armadas, como manera de hacer posible el retorno del Dictador y moligerar el comprometimiento del Gobierno, que pasa de defender "principios" a defender a la "persona" de Pinochet.

Por último, las Agrupaciones de Familiares y los Abogados de Derechos Humanos, acompañados decididamente por el Partido Comunista y desde lejos por la Iglesia Católica – que prefirió actuar desde el silencio público- siguieron con mayor audiencia nacional su incansable lucha por encontrar los cuerpos de sus deudos y por reclamar verdad y justicia. El "tema", otrora molesto para el Gobierno de Frei y para los medios, se transformó en un problema de debate cotidiano.

6. El proceso

SURGIMIENTO DE LA MESA DE DIALOGO

Entrevista al ex Ministro de Defensa y ex Embajador de Chile en Argentina, Edmundo Pérez Yoma

-¿Cómo surgió la idea de la mesa de diálogo?

"- En el intertanto que estuve como embajador en Buenos Aires tuve tiempo para pensar y vi que uno de nuestros problemas más dramáticos era que mientras no se hiciera un intento serio por encontrar los cuerpos de los detenidos desaparecidos, la reconciliación en Chile iba a ser difícil. Mil detenidos desaparecidos son muchos y son más que los desaparecidos que hay en la guerra del IRA o la ETA. Se trata de una cantidad muy importante, grande e injustificable.

Y lo que gatilla en mí la posibilidad de que una mesa podía funcionar fue cuando, a la salida de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, el Almirante Arancibia dijo que el país tenía que entender que las Fuerzas Armadas no tenían información al respecto, pero que quizás ellos estaban en las mejores condiciones de poder reconstituir la historia. Sus palabras dieron una luz de esperanza potente.

–Luego el Almirante dijo que sería bueno elaborar una comisión de hombres buenos y notables…

"- Y dijo que esa instancia podía recibir información.. Entidad en la que, según precisó, los Comandantes en Jefe estarían representados. Ahí vi que había ambiente.

Haciendo memoria de los acontecimientos que dieron vida a la Mesa, Pérez Yoma que " anteriormente, cuando ya había sido nombrado de nuevo Ministro de Defensa, pero estaba yendo y volviendo de Buenos Aires a buscar mis cosas, en uno de esos viajes me acompañó Luciano Fouilloux. Con él elaboramos una larga lista de cosas que teníamos que hacer y empezó a tomar cuerpo la idea de formar una mesa de trabajo". Y agrega: "Luciano es una persona muy importante en esto; en la conformación de la Mesa, en obtener apoyo, en los contactos iniciales, con las fuerzas morales, con la Iglesia Católica, la Iglesia Evangélica, la comunidad judía".

– En esta etapa, ¿el mayor nivel de relaciones la tuvo con Arancibia?

"- No; hubo varias conversaciones con los Comandantes en Jefe, individualmente y en conjunto."

El verano chileno de 1999 (enero y febrero) parece haber sido productivo en preocupaciones sobre las violaciones a los Derechos Humanos. Según trascendidos posteriores (Qué Pasa, 29 de mayo y 19 de junio de 199 y El Mercurio del 12 de junio de 2.000), por razones diversas se buscaban en lugares distantes en el escenario político, algunos avances sobre una situación que tenía entrampado al gobierno, a la oposición y a las Fuerzas Armadas .De un lado, el Presidente de la UDI convocaba a un grupo de expertos de su partido para prepararle una iniciativa legal que superara los problemas no resueltos, especialmente el de los detenidos desaparecidos, que fuera aprobado tanto por los "duros" del parlamento, representados por el PS, como por los militares más renuentes por su defensa del régimen militar, representados por el Ejército. Por parte del candidato del eje PS-PDD, Ricardo Lagos, existía también a lo menos un dirigente encargado de mantener relaciones sobre el tema, el actual Ministro Alvaro García (El Mercurio, 12 de junio de 2.000), mientras por el Gobierno llevaba el delicado asunto el Ministro del Interior, Raúl Troncoso y por la Iglesia Católica, el Arzobispo de Santiago , Cardenal Francisco Javier Errázuriz.

El 18 de marzo, el Presidente de la UDI reconoce la existencia de contactos informales entre la Iglesia, la Derecha y sectores oficialistas: " Todos hemos tenido conversaciones públicas y privadas con la Iglesia Católica" " Y ante la pregunta si ve posible un acuerdo en Derechos Humanos, responde: "Yo lo siento mucho más cercano, porque creo que se van creando climas y momentos para las cosas. Además, percibo que pueden darse momentos muy importantes" (La Tercera, 18 de marzo de 1999, pág. 2). No extraña entonces que el 21 de marzo el candidato de la oposición de derecha, Joaquín Lavín, declare que ha aceptado "acoger el planteamiento de Renovación Nacional" en materia de Derechos Humanos pero- según el diputado Alberto Cardemil- "pidió que se estudie la oportunidad y forma en que se van a realizar, para impedir una nueva fustración como ha ocurrido hasta ahora" .(El Mercurio, 21 de marzo de 1999, p. C-2)

Trascienden conversaciones informales entre representantes de la Marina y el Gobierno, por un lado, y entre el Ministro del Interior y la UDI, por otro, para hablar sobre el tema. Se escribe a la vez sobre el "acuerdo secreto entre Lagos y Lavín" para superar el problema antes de la recta final eleccionaria presidencial (Qué Pasa, 6 de marzo de 1999)

El 1 de marzo el presidente de la Corte Suprema, Juez Roberto Dávila, había declarado, en su discurso inaugural del Año Judicial" "Espero que la Cámara de los Lords, constituída en tribunal, va a resolver positivamente la situación jurídico-procesal que en ese país afecta al ex Presidente de la República y actual Senador Vitalicio, don Augusto Pinochet Ugarte" (La Tercera, 2 de marzo de 1999, pág. 2) . Las esperanzas de Dávila, compartidas por el Alto Mando del Ejército, se basaban en gestiones privadas del Vaticano ante Gran Bretaña (La Tercera, 18 de febrero de 1999) y una serie de cartas enviadas al gobierno inglés por influyentes políticos nortamericanos (Henry Kissinger, Jessie James, Presidente del Foreing Commitee del Senado, George Bush padre y otros.) (El Mercurio, 7 de marzo de 1999), que pudieran revertir el dictamen del Ministro del Interior del Gobierno de Blair, Jack Straw, que el nueve de diciembre del año anterior había resuelto dar curso nuevamente al proceso de extradición a España del General retenido en Virginia Waters. Pero el 24 de marzo de 1999, la comisión de Lords de la Ley, a través de su Presidente Lord Nicholas Browne-Williamson, dio a conocer su fallo que no reconocía la inmunidad diplomática de Pinochet y que estableció que el proceso de extradición debe seguir su curso, pero sobre delitos contemplados en la Convención Internacional contra la Tortura, firmada por Pinochet el 30 de septiembre de 1988, y sólo a partir de esa fecha. En los hechos, implicaba que el General seguiría en Londres un largo tiempo, salvo que en varios meses más (algunos juristas señalaron que podían ser dos años) el Ministro Straw se desdijera de las razones legales que esgrimió para dar curso al proceso, o aplicara razones "de clemencia" (humanitarias) ( El País, 2 de marzo de 1999; El Mercurio, La Tercera, 2 y 3 de marzo de 1999). Los acontecimientos se precipitaron posteriormente. La reunión del Consejo de Seguridad Nacional (COSENA) demostró la irritación militar (El Mercurio, 26 y 27 de marzo de 1999); la comparecencia del Canciller Insulza a una reunión de Jefes de Bancadas citada por el Presidente de la Cámara, diputado Carlos Montes, no logró acuerdo alguno con los partidos (La Tercera, 25 de marzo de 1999). Y si bien la muerte del Cardenal Raúl Silva Henríquez (9 de abril), con las manifestaciones de dolor popular por la pérdida del principal defensor de los Derechos Humanos durante el régimen militar, trajo unos días de calma , ya el 29 de abril el Ejército inicia un Seminario para la oficialidad y sub-oficialidad joven sobre "El rol del Ejército en el Gobierno Militar. Más de 1.200 uniformados escuchan decir al Coronel (Justicia) Hernán Novoa que "no hubo una política sistemática de violación a los Derechos Humanos" y que las FF.AA. " no pueden pedir perdón por comportamientos individuales" (La Tercera, 20 de abril de 1999).

Las primeras señales de una nueva disposición de los Altos Mandos de las Fuerzas Armadas, la conoció la opinión pública luego de la comparecencia a la Comisión de Derechos Humanos del Senado de los Auditores Generales de las tres instituciones de la Defensa y de Carabineros de Chile, el 9 de junio de 1999. El Contralmirante Armando Sánchez (Marina) y el General Pablo Canals (Fuerza Aérea), señalaron su disposición a cooperar en la búsqueda de información sobre los detenidos desaparecidos, acompañados en forma algo menos explícita por el General Juan Romero (Ejército) ( El Mercurio y La Tercera, 10 de junio de 1999). Según la revista Qué Pasa ( 19 de junio de 1999), el antecedente remoto estaba en los planteamientos del Almirante Jorge Arancibia, Comandante en Jefe de la Marina, quien, diagnosticando certeramente el ambiente de acercamiento civil-militar provocado por el acuerdo del Senador Vitalicio General ® Augusto Pinochet con el Presidente del Senado, Andrés Zaldívar , que suprimía el feriado legal del 11 de septiembre, así como un período de calma social y política en el país, había propuesto en privado a sus pares de las instituciones armadas, a personeros del Gobierno y de la Iglesia, la idea de crear una comisión de "hombres notables y buenos" que recibiera los datos sobre el desaparecimiento de opositores al régimen militar, sin miedo a posteriores acciones judiciales. El Almirante hace público esa idea en la misma comisión de la Cámara Alta el 16 de junio), y se reúne con los otros tres Comandantes en Jefe ese mismo día (El Mercurio, La Nación, La Tercera, 17 y 18 de junio).Por su parte, el Presidente de la Cámara de Diputados, Carlos Montes, reunía a un grupo de expertos sobre Derechos Humanos, también en forma privada, para conocer .- según las fuentes por encargo del Comando de Lagos- los límites aceptables a una propuesta de solución como las que circulaban confidencialmente en los círculos nombrados. (Qué Pasa del 19 de junio de 1999).

El lunes 21 de junio se produce el cambio de Gabinete realizado por el Presidente Frei Ruiz-Tagle. Asume como Ministro de Defensa el ex Ministro de esa misma cartera y ex Embajador en Argentina, Edmundo Pérez Yoma , el Canciller José Miguel Insulza asume la Secretaría General de la Presidencia y es reemplazado en la conducción de la Política Exterior por Juan Gabriel Valdés Soublette (El Mercurio, 22 de junio de 1999). Se señala que el traspaso de la Cancillería facilita un mayor comprometimiento del Gobierno para lograr el regreso de Pinochet y abre una nueva etapa de diálogo con las Fuerzas Armadas, toda vez que Pérez Yoma mantiene excelentes relaciones con sus mandos y les da la confianza de una adecuada representación del pensamiento institucional ante el Presidente. Además, la gestión como Embajador anota acuerdos comerciales, políticos y militares con Argentina, del todo trascendentes para las Fuerzas Armadas (El Mercurio, 27 de junio de 1999, La Nación, 24 de junio de 1999 y Qué Pasa,26 de junio de 1999).A los pocos días, se da cuenta de que ha sido llamado como Asesor del nuevo Ministro el ex Subsecretario de Guerra, Mario Fernández (El Mercurio, 27 de junio), quien había jugado un importante papel en los dos gobiernos de la Concertación actuando como nexo con las Fuerzas Armadas

El 13 de julio el Ministro de Defensa anuncia a sus asesores que el Presidente ha nombrado como Comandante en Jefe de la Fuerza Aérea al General Patricio Ríos Ponce, noticia que trasciende a la prensa al día siguiente (El Mercurio, 14 de julio de 1999 y Que Pasa, 17 de julio de 1999)

El sábado 20 de julio la Segunda Sala de la Corte de Apelaciones rechazó los recursos de amparo presentados por los cinco oficiales en retiro procesados por el caso conocido como "Caravana de la Muerte". La decisión significaba en derecho una aprobación de la interpretación de la Ley de Amnistía de 1978 propiciada por el Ministro de Fuero que acumula los casos contra Pinochet, Juez Juan Guzmán Tapia, que consideraba a los detenidos desaparecidos como "secuestros permanentes" mientras no aparezcan los cuerpos. (El Mercurio ,22 de julio de 1999). Esta situación habría sido el punto tratado en reuniones de los Comandantes en Jefe con el Ministro de Defensa, toda vez que en las últimas semanas habían pasado por los Tribunales catorce generales (la mayoría en retiro) y que habían cerca de 300 causas en estado de sumario (investigándose) (Qué Pasa, 31 de julio de 1999)

El 31 de julio, la revista Qué Pasa, hace trascender la realización de tres reuniones del Almirante Arancibia con el Ministro Pérez Yoma, para tratar su propuesta de comisión de "hombres buenos" . El medio, habitual vocero de los intereses del Ejército, agrega que " fuentes castrenses señalaron que la Armada no puede asumir esta posición en circunstancias que fue tan protagonista del golpe de Estado y de los "hechos posteriores" como el resto de las ramas de las Fuerzas Armadas. Los militares, además, observaron que el rol de mediador no correspondía a personalidades castrenses, lo que motivó el rápido desmentido de la Marina" (Qué Pasa, 31 de julio de 1999,p. 6)

El l5 de agosto el Ministro Pérez Yoma se reúne con los abogados vinculados a la Fundación de Ayuda Social de las Iglesias Cristianas (FASIC) – como Nelson Caucoto, Héctor Salazar y Pamela Pereira- donde se habrían logrado avances sustantivos en torno a una fórmula sobre los detenidos desaparecidos. (Que Pasa, 7 de agosto de 1999 y El Mercurio 6 de agosto de 1999). Un día antes se habían conocido las declaraciones del Comandante en Jefe del Ejército, que al ser requerido sobre "por qué no una mesa de diálogo sólo con las Fuerzas Armadas y los militares", había respondido: "Por la simple razón de que esa no es una mesa de diálogo. Porque existen personas que están buscando a sus familiares desaparecidos, que necesitan saber lo que pasó, y es muy loable que quieran saberlo. Pero qué puedo decirles yo a esas personas si el Ejército no posee información. Eso es algo que he repetido incansablemente." Y requerido respecto a si" no le gusta hablar de 'mesa de diálogo", señaló: " No es que no me guste ni que esté en contra, pero por forma de ser, por carácter, los militares tendemos a solucionar los problemas y no a medias. . Y creo que si realmente tenemos todos la voluntad de hacerlo, esto puede resultar" (Qué Pasa, 14 de agosto de 1999, pág. 21). Por esos días, tanto el Partido Comunista como la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, a través de sus voceras máximas Gladys Marín y Viviana Díaz, respectivamente, habían desechado su participación en una instancia con representantes de las Fuerzas Armadas. (El Mercurio, 18 de agosto de 1999) Según diversos trascendidos, los Abogados de los Familiares exigían sacar al "mundo político" para quitarle el sesgo de "negociación", y los militares exigían que estuvieran "todos los estamentos", incluídos los partidos de la ex Unidad Popular. ( Qué Pasa, 21 de agosto de 1999)

El sábado 21 de agosto, el Ministro Pérez Yoma instalaba la Mesa de Diálogo.