7. Los actores
La Mesa inicia su trabajo presidida por el Ministro de Defensa. Por las Fuerzas Armadas, luego del veto a los Auditores Generales (oficiales abogados) por parte de los Abogados de Familiares, asisten miembros de los cuerpos de Generales y Almirantes de conocida confianza de sus respectivos Comandantes en Jefe. Por el Ejército, el General Juan Carlos Salgado; por la Marina, el Almirante Alex Waghorn (reemplazado posteriormente por el Amirante Felipe Howard); por la Fuerza Aérea, el General Ignacio Concha; y por Carabineros de Chile (policía uniformada), el General Roberto Ríos. Pérez Yoma convoca a lo que él llama "las fuerzas morales"; en primer lugar, las principales y más poderosas confesiones religiosas: por la Iglesia Católica, el Obispo Sergio Valech; por B’nai B’rith (comunidad judía), el Rabino León Cohen; por las iglesias protestantes, el obispo Neftalí Aravena; y por la Masonería, el Gran Maestre Jorge Carvajal. A ellos agrega los representantes del "mundo de las ciencias y el arte": los escritores Guillermo Blanco y Sol Serrano; el historiador Gonzalo Vial; el científico Claudio Teilteilboim y la psicóloga Elizabeth Lira.
Los Abogados son representados (con la exclusión de un grupo pro PC) por Jaime Castillo, José Zalaquet, Roberto Garretón y Pamela Pereira. Se designan dos coordinadores "administrativos": el abogado Gonzalo Sánchez y el psicólogo Jorge Manzi. Toda una "ingeniería política", pues cada uno de ellos tenía conexiones fáciles con los actores importantes que no podían o no querían estar en esta instancia. Vial y Serrano con los partidos políticos de derecha; Teilteilboim, con el PC; Pereira, con la izquierda y el centro del Partido Socialista. Carvajal, el propio Pérez y Cohen, con los empresarios; Castillo, con el Poder Judicial; Lira , Pereira y Garretón, con la Agrupación de Familiares y la Central Unitaria de Trabajadores; Valech, con el Cardenal Errázuriz y la Conferencia Episcopal de la poderosa Iglesia Católica; Carvajal, con el Partido Radical (socialdemócrata); los partidos con las organizaciones de clase media; y, por supuesto, cada militar con su jefe, los Altos Mandos y las "familias" de militares retirados. El Ministro se contactaba directamente o a través de sus Subsecretarios y Asesores, con los senadores, diputados y con el Gobierno en Pleno.Los grandes propietarios de Medios de Comunicación (el grupo Edwards y COPESA) eran abastecido y "alineados" por varios miembros de la mesa y por las estructuras gubernamentales. La operación se inició exitosa, Con la sóla excepción del PC, las Agrupaciones de Familiares de Detenidos y Ajusticiados y un grupo de abogados de Derechos Humanos, el resto de la sociedad con voz, expresó su beneplácito y sus deseos de éxito. Todos sobrentendían, por supuesto, que el gran ausente – y de alguna manera "moneda de cambio"- era Pinochet, y que su destino influiría para bien o para mal en el decurso del trabajo de los convidades por el Ministro de Defensa. Los actores externos, pendientes del Impaciente Inglés apresado en el barrio de Virginia Waters, en Londres, no dieron muestras pesquizables de actividad sobre la iniciativa.
El siguiente cuadro resume brevemente la situación:
Cuadro 2
Actores formales e informales de la "mesa de dialogo"
(21 de agosto de 1999)
Actor Formales Actores Informales
Miembros De La Mesa Mario Fernàndez Sergio Valech Leòn Cohen Neftalí Aravena Jorge Carvajal Roberto Garretòn Jaime Castillo Hèctor Salazar Pamela Pereira Gonzalo Vial Josè Zalaquet Guillermo Blanco Claudio Teilteilboim Sol Serrano Guillermo Blanco Elizabeth Lira Coordinadores: Gonzalo Sànchez (abogado) y Jorge Manzi (psicòlogo) | Partidos políticos: Derecha (UDI y RN);Concertación (PDC, PS, PPD, PRSD) Extraparlamentario (PC) Fuerzas sociales:trabajadores, empresarios capas medias Fuerzas Armadas:Ejército, Marina y Fuerza Aérea Carabineros de Chile Agrupaciones de Familiares Presidente-Ministros, Intendentes, otros Universidades Poder Judicial Medios de Comunicación Diarios y Revistas Radios de alta sintonía noticiosa Canales de Televisión Iglesia Católica Otras iglesias cristianas, comunidad judía Masonería Otros |
El Presidente de la República convocó el martes 14 de junio a todo el espectro nacional para dar a conocer lo que fue llamado el más "importante consenso" desde el "Acuerdo Nacional" que dio inicio al Plebiscito que perdió Pinochet. Los Comandantes en Jefe y el Director de Carabineros, el Director de Investigaciones, parlamentarios de la Cámara de Diputados y el Senado, encabezados por sus presidentes, todos los partidos políticos (no asiste el PC), el ex candidato Presidencial de la "Alianza por Chile", Joaquín Lavín, todos los Ministros y Subsecretarios, el ex Ministro Pérez Yoma, los miembros de la Mesa, las iglesias y otras fuerzas "morales", representantes de las artes, la cultura, etc. "Hoy estamos dando un gran paso en el camino de nuestra reconciliación como Nación", empezó Lagos.. Luego de revisar los contenidos del acuerdo, precisando que no era una ley de "punto final" ni una lectura monolítica de la historia, culminó agradeciendo la generosidad de los participantes y las instituciones que representaban, declarándose seguro de que esa misma generosidad se expresaría en "los poderes del Estado, que vamos a ser capaces de estar a la altura de esta enseñanza de grandeza que ustedes nos han dado" (SEGPRES, 14 de junio de 2.000).
Los medios de comunicación destacaron el papel central jugado en el acuerdo por dos actores que no estaban en la Mesa: el Presidente Lagos y el General Izurieta. (El Mercurio, La Tercera y La Nación dominicales, 25 de junio de 2.000). Se dan a conocer diversos detalles que confirman las relaciones extramurales de sus miembros con los actores más representativos de la sociedad. De inmediato, sin esperar el proyecto de Ley , las Instituciones de la Defensa y Carabineros de Chile dispusieron las medidas internas para recibir la información de la Iglesia y disponerse a recabar los datos entre sus contingentes en activo y en pasivo. Los miembros representantes uniformados de la mesa se reunieron por separado con los oficiales en retiro. Trasciende que el General Salgado tuvo una larga reunión con los Generales ® del Ejército, que aparecen como más comprometidos que el resto de las ramas y que, al final de ella, habrían expresado su disposición a sumarse al acuerdo . (El Mercurio,24 de junio de 2.000 y La Segunda, 23 de junio de 2.000) .
Un documento que demoró diez meses en redactarse, que requirió tal cantidad de consultas, presiones y movimientos políticos de todo tipo, debe, a nuestro juicio, ser conocido en su texto literal, dejando las interpretaciones para las conclusiones finales. Por eso la transcribimos fielmente a continuación:
Declaracion de la mesa de dialogo sobre derechos humanos santiago, 13 de junio de 2000
La Mesa de Diálogo fue convocada por el Supremo Gobierno porque subsiste entre los chilenos un desencuentro que dificulta que el país avance unido hacia el futuro.
Chile sufrió, a partir de la década de los 60, una espiral de violencia política, que los actores de entonces provocaron o no supieron evitar. Fue particularmente serio que algunos de ellos hayan propiciado la violencia como método de acción política. Este grave conflicto social y político culminó con los hechos del 11 de septiembre de 1973, sobre los cuales los chilenos sostienen, legítimamente, distintas opiniones.
Sin embargo, hay otros hechos sobre los cuales no cabe otra actitud legítima que el rechazo y la condena, así como la firme decisión de no permitir que se repitan. Nos referimos a las graves violaciones a los derechos humanos, en que incurrieron agentes de organizaciones del Estado durante el gobierno militar. Nos referimos también a la violencia política cometida por algunos opositores al régimen militar .
En especial nos preocupa hondamente la tragedia, aún no resuelta, de los detenidos desaparecidos. Es imperativo y urgente contribuir a superar este problema. Ello requiere de parte de todos un espíritu de grandeza moral que nos permita concordar medidas efectivas para ese fin.
Con miras a propiciar dicho espíritu y, en general, de avanzar hacia un reencuentro nacional, representantes de las FFAA y Carabineros, abogados de derechos humanos, autoridades de entidades éticas y personeros de la sociedad civil, han trabajado por largo tiempo en esta instancia de diálogo, reconstruyendo espacios de confianza sobre la base de la tolerancia y la franqueza.
Debemos comenzar por explicitar las lecciones morales que se desprenden de nuestra historia reciente:
El país necesita hacer todo lo humanamente posible para que nunca más se recurra a la violencia política o se violen los derechos de las personas en nuestra patria.
Reafirmamos que es condición del estado de derecho que el ejercicio legítimo de la fuerza quede entregado exclusivamente a los órganos competentes en un sistema democrático, como también el rechazo absoluto de la violencia como método de acción política. Se hace indispensable desterrar y rechazar, de manera categórica, cualquier forma de acceso al poder por vías distintas de las democráticas.
Aseveramos, asimismo, que la defensa del estado de derecho y en particular el respeto de los derechos fundamentales de todos los habitantes de la República, en todo tiempo y circunstancia, es sustento ético de las instituciones de la Nación.
Es necesario formar y educar a nuestras generaciones futuras en el debido respeto de los derechos de las personas. Para ello, se deben incorporar o reforzar, en todos los ámbitos de la enseñanza nacional, los contenidos del Derecho Internacional de los Derechos Humanos y del Derecho Internacional Humanitario.
La solución del problema de los detenidos desaparecidos requiere de la ubicación de sus restos mortales, cuando ello sea posible, o que se establezca, en todo caso, su destino. Si conseguimos ese objetivo habremos cumplido con el deber de dar paz de espíritu – en alguna medida- a sus familiares. Sin embargo, la necesidad de conocer el paradero de los detenidos desaparecidos trasciende ese deber; también tiene como propósito que el país tome conciencia, de manera concreta, de aquello que no debe repetirse.
10. Contenidos principales de un compromiso para ser asumido por el pais entero
Con el fin de superar los problemas del pasado y avanzar hacia el reencuentro de todos los chilenos, llamamos a realizar un gran esfuerzo nacional que comprometa muy activamente a las más altas autoridades del país, a las instituciones civiles, militares, religiosas y éticas, así como a la comunidad nacional en su conjunto, en la tarea de encontrar los restos de los detenidos desaparecidos o, cuando ello no sea posible, obtener al menos la información que permita clarificar su destino.
Condiciones generales sobre la información
Con el objeto de obtener información útil y conducente para establecer el paradero y destino de los detenidos desaparecidos, proponemos que se dicten disposiciones legales que establezcan el secreto profesional en los términos que se señalan más adelante.
La Mesa de Diálogo declara que quien oculte la información que pueda tener sobre el paradero o suerte de los detenidos desaparecidos incurre en una conducta moralmente condenable y antipatriótica, sin perjuicio de que ella puede ser constitutiva, de acuerdo a la legislación vigente, de los delitos de perjurio, falso testimonio u obstrucción a la justicia. Igualmente, quienes entreguen información falsa o tendenciosa, pueden incurrir en los delitos de calumnia o denuncia calumniosa.
Respecto de las Fuerzas Armadas y Carabineros de Chile:
Las instituciones de las Fuerzas Armadas y Carabineros se comprometen solemnemente a desarrollar, en un plazo de seis meses, desde que entre en vigencia la legislación que proponemos, los máximos esfuerzos posible para obtener información útil para encontrar los restos de los detenidos desaparecidos o establecer su destino. La información que por esta vía obtengan, será entregada al Presidente de la República.
Las personas que reciban o recaben esta información estarán amparados por el secreto profesional, conforme al cual no estarán legalmente obligados a señalar su fuente, quedando de este modo en reserva la identidad del informante. Quienes violen este secreto profesional deberán ser sancionados de acuerdo a la legislación vigente.
La Mesa de Diálogo acoge la afirmación de los mandos de las Fuerzas Armadas y Carabineros, en el sentido de que sus respectivas instituciones no cuentan actualmente con esa información, pero están dispuestas a colaborar en su obtención.
Respecto de las instituciones religiosas y éticas presentes en esta Mesa de Diálogo:
Las autoridades de instituciones religiosas y éticas presentes en la Mesa de Diálogo, se comprometen a colaborar en esta tarea en el mismo plazo establecido. Asimismo, promoverán mecanismos para que sus respectivas instituciones puedan recibir información útil y conducente, que se quiera hacer llegar por esa vía, para lo cual gozarán igualmente de la facultad legal de no revelar sus fuentes de información. La ley deberá establecer las categorías de personas que detentarán las prerrogativas del secreto. Los antecedentes que por esta vía se obtengan, serán entregados al Presidente de la República.
Respecto de los poderes del Estado, se solicita lo siguiente:
Al Poder Ejecutivo:
Que proponga, en el más breve plazo posible al Congreso Nacional y con la urgencia del caso, las modificaciones legales necesarias con el objeto de establecer el secreto profesional para quienes reciban o recaben información sobre el paradero de los detenidos desaparecidos.
Que disponga de los recursos materiales y humanos que requieran las diferentes instancias y organismos que estén llamados a participar en este Esfuerzo Nacional.
Que solicite a la Excelentísima Corte Suprema la designación de los Ministros en Visita que correspondan, una vez recibida la información pertinente.
Al Congreso Nacional:
Que otorgue la máxima prioridad al proyecto de ley que proponga el Presidente de la República en orden a establecer el secreto profesional.
A la Corte Suprema de Justicia:
Que designe Ministros en Visita a fin de que se aboquen y otorguen especial atención a las causas que, con motivo de la información remitida por el Presidente de la República, sea necesario instruir para los fines de aclarar el paradero de los detenidos desaparecidos. En aquellos casos en que la nueva información corresponda a procesos que se encuentran en actual tramitación, ésta deberá remitirse al tribunal correspondiente.
Que instruya a los Ministros en Visita para que las causas sean tramitadas con la mayor expedición posible, especialmente en lo referente a la localización, exhumación, identificación, establecimiento de la data y causas de la muerte, así como la entrega de los restos a sus familiares, todo ello de acuerdo con la legislación vigente.
Solicitamos al señor Presidente de la República, como máxima autoridad de la Nación, que una vez finalizada la vigencia de las medidas propuestas, evalúe los resultados del conjunto de estos esfuerzos y, si lo estima necesario, las prorrogue por otros seis meses.
Le solicitamos asimismo, que luego de esa evaluación y si lo estima necesario, impulse medidas complementarias para conseguir los objetivos propuestos. Con ese fin, la Mesa de Diálogo pone a su disposición el conjunto de sus estudios y debates sobre medidas analizadas, aunque no acordadas, que pudiere considerar viables.
Con esta declaración se pretende asumir nuestro pasado. Comprendemos que es injusto traspasar a los jóvenes los conflictos y divisiones que han dañado al país.
El espíritu que nos anima es legar a las nuevas generaciones de chilenos una cultura de convivencia basada en la libertad, la verdad, la tolerancia y el respeto.
La Mesa de Diálogo estima que, sobre estas premisas se pueden crear las condiciones que efectivamente contribuyan a la unidad nacional ya profundizar las bases de la convivencia entre todos los chilenos.
12. La ley micro-ondas (Ley del Secreto Profesional)
El 16 de junio en la mañana, fue llamado al Palacio de la Moneda el Presidente de la Cámara de Diputados, Víctor Barrueto (PPD), a un encuentro de coordinación con el Ministro Secretario General de la Presidencia, Alvaro García. El encargado de señalar públicamente la propuesta presidencial fue el Ministro del Interior, José Miguel Insulza, quien precisó que la iniciativa legal se limitaría a modificar el artículo 201 del Código de Procedimiento Penal, que se refiere a quienes están excluidos de declarar en los procesos por ser depositarios de secreto profesional, y que se buscaría establecer dicho secreto "para los integrantes de las Fuerzas Armadas y organizaciones morales que puedan recabar información conducente a esclarecer el paradero de personas detenidas desaparecidas"(El Mercurio, 17 de junio de 2000, pág. C-1), por un plazo definido de seis meses. El propio Insulza se reunía a mediodía con el senador de Renovación Nacional, Sergio Diez, quien aseguró que la derecha no presentaría indicaciones al proyecto del Ejecutivo; "lo garantizo absolutamente, no sólo por mi partido, sino que por la Alianza por Chile, ya que lo hemos discutido y acordado". El proyecto había salido el día anterior a las manos del Presidente de la UDI, Pablo Longueira, y el Presidente de Renovación Nacional, Alberto Cardemil. Esa tarde, desfilaron por La Moneda los miembros civiles de la Mesa, con quienes se consultó letra a letra la iniciativa legal (La Nación Semanal, domingo 25 de junio de 2000).
A las 19 horas del 19 de junio, el Ministro Secretario General del Presidencia –en representación de Lagos- se reunía esta vez con la Mesa de la Cámara de Diputados y los representantes de los diversos comités legislativos y Jefes de Bancadas de los partidos. En la reunión, según informara el Diputado Víctor Barrueto, Presidente de la Cámara Baja (La Nación, 20 de junio de 2000, pág.2) se habría acordado discutir el proyecto del Ejecutivo con carácter de "suma urgencia" (máximo de tres días). "Mi idea es que lo saquemos adelante en 48 horas, personalmente descarto la vía de los diez días".
Al día siguiente, a las 8.30 A.M. el texto ingresaba a la Cámara de Diputados, donde empezó a ser discutido por las Comisiones unidas de Constitución, Legislación y Justicia, y de Derechos Humanos. A las 24 horas, en la mañana del día posterior, el Pleno de la Cámara – luego de despejar las tribunas por incidentes provocados por la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos- aprobaba el proyecto, el que pasaba esa misma tarde al Senado, a sus Comisiones unidas de Constitución de Legislación y Justicia y de Derechos Humanos. (La Segunda, 21 de junio de 2000. pág. 35) Y a las cuarenta y tres horas de haber ingresado – mediando nuevos incidentes en la Cámara Alta y la abstención de cuatro diputados y un senador- el proyecto se encontraba aprobado (La Tercera, El Mercurio, La Nación, 22 de junio de 2.000)
El 23 de junio , el Presidente del Tribunal Constitucional, Osvaldo Faúndez dio a conocer el acuerdo de esta última instancia en el proceso de decisiones legales chileno, señalando que "las normas del artículo único del proyecto no son contrarias a la Constitución Política de la República" y, por lo tanto, correspondía su publicación en el Diario Oficial para pasar a ser Ley de la República. (El Mercurio, La Nación y La Tercera, 24 de junio de 1999).
El texto de la Ley, publicada en el Diario Oficial el 1° de julio , es el siguiente:
Artículo único.- Los pastores, sacerdotes o ministros de culto) de iglesias. confesiones o instituciones religiosas que gocen de personalidad jurídica. los miembros de la Gran Logia de Chile y de la B’nai B’rith de Chile y los integrantes de las Fuerzas Armadas y Carabineros de Chile que dichas instituciones determinen, estarán obligados a mantener reserva únicamente respecto del nombre y los datos que sirvan para identificar a quienes les proporcionen o confíen información útil y conducente para establecer el paradero y destino de los detenidos-desaparecidos a que hace referencia el artículo 6° de la Ley N° 19.123.
La determinación de las personas a que alude el inciso anterior, será reservada y deberá contenerse en un registro que deberán llevar las instituciones mencionadas. a cargo de un ministro de fe designado para tal efecto.
La comunicación. divulgación o revelación del nombre o datos de quienes hayan proporcionado la información a que hace referencia el inciso primero, será sancionada con las penas señaladas en el artículo) 247 del C6digo Penal, según sea el caso.
El deber de reserva que contempla esta disposición será exigible a las personas señaladas en el inciso 1°, aun cuando hubiesen perdido las calidades que allí se señalan. Dichas personas se entenderán comprendidas en el N° 2 del artículo 201 del Código de Procedimiento Penal.
Lo previsto en esta norma sólo será aplicable respecto de la información que aquellos reciban dentro del plazo de seis meses contados desde la publicación de la presente ley.
La información que obtengan los organismos a que se refiere el inciso primero de esta ley, será entregada al Presidente de la República a más tardar al vencimiento del plazo de seis meses que establece el inciso quinto.
La información a que se refiere esta ley no le será aplicable al artículo II Bis de la Ley N° 18.575.
14. In nula ress: desafuero del dictador
Acto primero:la corte de apelaciones
Esta crónica de un fallo anunciado comienza el 12 de enero de 1998, cuando la Secretaria General del Partido Comunista, Gladys Marín, presenta la primera querella acusando a Pinochet de ser el responsable de la desaparición de su marido, el ingeniero dirigente de ese partido, Jorge Muñoz.
El 16 de enero de ese año, el Pleno de la Corte de Apelaciones de Santiago designa Ministro de Fuero al Juez Juan Guzmán Tapia, para investigar todas las querellas que se presenten en contra del ex Comandante en Jefe.
El 4 de agosto, el Juez Guzmán afirma que ha establecido la existencia de delitos, posiblemente homicidios calificados, perpetrados durante la "comisión de servicio" (Caravana de la Muerte) que comandó en 1973 el General ® Sergio Arellano Stark, donde se ejecutaron a 72 presos políticos.
El 16 de octubre de 1998, Augusto Pinochet es detenido en la London Clinic por una orden emanada del Juez español, Baltazar Garzón, acogida por el Ministerio del Interior británico.
El 8 de junio de 1999, el Ministro Guzmán somete a proceso al General ® Sergio Arellano Stark y a los oficiales ® Moren, Díaz y Espinoza, por la desaparición de 19 personas en las ciudades de Cauquenes, Copiapó, y Calama, atribuidas a la "Caravana de la Muerte",.
El 5 de julio de ese año la Quinta Sala de la Corte de Apelaciones, en fallo unánime, confirma la resolución de Guzmán.
El 27 de julio, la Segunda Sala de la Corte Suprema confirma el dictamen de la Corte de Apelaciones.
El 4 de octubre el Ministro Guzmán envía un exhorto a Londres para interrogar a Pinochet, quien se excusa por medio de una "carta rogatoria", por "encontrarse detenido por una jurisdicción extranjera"
El 2 de marzo de 2.000, los abogados querellantes presentan una solicitud de desafuero contra el Senador Vitalicio, un día antes del regreso de Pinochet a Chile, luego de 503 días de detención en Inglaterra.
El 6 de ese mes el Juez Guzmán eleva a la Corte de Apelaciones de Santiago los autos por el desafuero de Pinochet.
El 12 de marzo, el Presidente Lagos, que había asumido la Primera Magistratura el día anterior, negó que vaya a ejercer presión de ningún tipo sobre los tribunales, pues su papel es "asegurar que funcione el Estado de Derecho"…"hay que dejar actuar a los jueces", agregó.
El 26 de abril de 2.000, la Corte de Apelaciones rechaza por 14 votos contra 6 realizar exámenes médicos a Pinochet antes del inicio de los alegatos por el desafuero, o pre-juicio (antejuicio)
El 27 y 28 de abril se realizan los alegatos por el desafuero en dicha corte. Por el desafuero alegan los abogados querellantes Carmen Hertz, Alfonso Insunza, Eduardo Contreras, Hiram Villagra, Boris Paredes, Hugo Gutiérrez y Juan Bustos, y la Presidenta del Consejo de Estado, Clara Szczaranski. Por la defensa, el abogado Ricardo Rivadeneira.
El 2 de mayo la Corte vuelve a rechazar los exámenes médicos al General "como medida para mejor resolver" y entra a discutir el fondo del desafuero.
El 23 de mayo de 2.000, la Corte de Apelaciones de Santiago, por 13 votos contra 9, acoge el desafuero de Pinochet.
El 5 de junio la Corte da a conocer oficialmente el fallo que quita la inmunidad parlamentaria al Dictador.
Acto segundo: la corte suprema
El 9 de junio la defensa de Pinochet presenta la apelación ante la Corte Suprema y, aunque toca el tema de los exámenes, no realiza una petición formal de efectuarlos.
El 14 de julio trasciende que los Ministros de la Corte Suprema, en lo que se denomina "relación privada" (establecida por la costumbre, ya que la Ley 19.317 del 8 de agosto de 1984 estableció que a estas acciones debería tener acceso los abogados querellantes), interrogaron a la Relatora de la Corte, Gloria Ana Chévesich, durante la exposición previa a la vista de la causa, respecto a "la forma en que se produjo la delegación de funciones del entonces Comandante en Jefe del Ejército, General Augusto Pinochet, al General Sergio Arellano Stark " (El Mercurio, 14 de julio de 2.000). Los Ministros ya habían recibido el fallo de la Corte de Apelaciones y un resumen del proceso realizado por la alta funcionaria judicial. Los jueces habrían preguntado además sobre las diferencias en los testimonios de los oficiales implicados en los 19 casos de asesinatos de la "Caravana de la Muerte", en particular sobre el propio Arellano, el Brigadier Pero Espinoza (preso por el asesinato de Letelier), los Coroneles ® Sergio Arredondo, Pedro Espinoza Bravo, Marcelo Moren Brito y Patricio Díaz, y el Capitán Armando Fernández Lario (condenado por el asesinato de Letelier en EE.UU., y libre bajo protección al testigo).
El 11 de julio la defensa de Pinochet insiste en los exámenes médicos antes de los alegatos por el desafuero en la Corte Suprema.
El 19 de julio, en decisión unánime, los veinte Ministros de la Corte Suprema rechazan decretar los exámenes como trámite previo
El 20 y el 21 de julio se realizan los alegatos en la Corte Suprema. Por la defensa, Rivadeneira. Por los querellantes, Insunza, Contreras, Villagra, Paredes, Gutiérrez y Gustavo Horvitz.
El 25 de julio la Corte vuelve a rechazar los exámenes (11-9) como medida para mejor resolver.
A menos de 24 horas de la resolución de la Corte, los abogados Fabiola Letelier y Hugo Gutiérrez presentan la querella N° 154 contra Pinochet, por el fusilamiento del sacerdote español Juan Alsina, en 1973.
El 31 de julio el Presidente del Tribunal dice que el fallo se dará a conocer el día siguiente sólo si es "contundente". Su tesis no sería aprobada por sus colegas, pues se requería tiempo para escribir los acuerdos de mayoría y minoría, y porque los jueces podían cambiar su voto hasta el momento de firmar.
El 1° de agosto, la Corte Suprema, por 14 votos contra 6, resuelve desaforar al Senador Vitalicio. El fallo, mantenido en secreto mientras se redactaba (le correspondió hacerlo al Ministro Humberto Espejo Zúñiga) y era firmado por todos los Ministros, trasciende a los medios el 4 de agosto. Técnicamente la resolución queda "en acuerdo".
Siete días después, el 8 de agosto de 2.000, la Corte Suprema da a conocer su "sentencia de alzada",
El largo y fundado fallo concluía que "Por estas consideraciones y citas legales se confirma la sentencia en alzada de fecha cinco de junio dos mil, escrita a fojas 3635, y se resuelve, además, que no se hace lugar a la nulidad de lo obrado subsidiariamente solicitada en el recurso de apelación deducido en estos autos".
Pinochet había sido desaforado.
Acto tercero: reacciones
La situación procesal de Pinochet era clara para los letrados. El Abogado Eduardo Contreras (La Segunda, 1° de agosto de 2.000), con claridad meridiana, señala que el Juez Guzmán tendría que tomar tres decisiones:
- La oportunidad en que solicitará el Servicio Médico Legal la realización de los exámenes médicos que dispone el Código de Procedimiento Penal para los mayores de 70 años que son inculpados de un delito;
- El minuto en que tomará declaración indagatoria a Pinochet, fijada por la ley como requisito esencial (de debido proceso), antes de dictar cargos en contra de una persona; y
- El momento en que dictará el auto de procesamiento si llega a la convicción de que existen presunciones fundadas para atribuir responsabilidad penal a Pinochet en los delitos que actualmente se le imputan.
Había consenso en los abogados querellantes de la existencia de normas que permitirían a Pinochet cumplir un eventual confinamiento en un recinto militar a en alguna de sus numerosas residencias.
El problema era que el pinochetismo creía posible revertir la situación, a pesar de su contundencia. Veamos.
La Derecha política, desde antes del anunciado fallo, llamaba a conspirar. El senador de Renovación Nacional, Ignacio Pérez Walker, uno de los partidarios de que el propio Pinochet saliera a agitar públicamente su causa, lo decía sin ambajes: "El tiene el derecho a defenderse por otras vías a las legales. Lo mismo las Fuerzas Armadas, que incluso pueden ser deliberantes. (La Tercera, 31 de julio de 2.000).
Con un dejo de desilusión, el diario de la cadena Edwards, "La Segunda", debía reconocer el 1° de agosto que "Indiferente se ha tornado el caso Pinochet para los analistas e inversionistas extranjeros que tienen su mirada puesta en Chile. En Wall Street, los últimos acontecimientos que han afectado al senador vitalicio no han cambiado la percepción que se tiene de nuestra economía. Y citando voceras de las principales agencias de análisis económico norteamericano (Santander Investment, Morgan Stanley, ABN Munro, Compass Group) concluyen que es un factor "irrelevante " a la hora de tomar alguna decisión sobre Chile. (La Segunda, Crónica, 1° de agosto de 2.000)
Los Abogados querellantes, pocas horas antes de conocerse el fallo , a través de Hugo Gutiérrez (PC), declaraban : "No veo en la cárcel a Pinochet"…"por lo demás, yo me quedo conforme con que la Corte confirme su desafuero" (La Segunda, 31 de julio de 2.000).
El 1° de agosto , el General Patricio Ríos dijo en entrevista radial que en la Fuerza Aérea no pasará nada si se desafuera a Pinochet. La FACh, dijo "debe mantener siempre una línea, una dirección, sin importar lo que pase a su alrededor. Como institución del Estado debe mantener un solo accionar" . Agregó que estaban "ganando confianza" para que las personas puedan entregar la información requerida por los acuerdos de la Mesa de Diálogo.(La Segunda , 2 de agosto de 2.000)
Dos días después, trascendido el fallo ya, el Comandante en Jefe de la Fuerza Aérea, declaró que el (eventual) desafuero de Pinochet podría dificultar la entrega de información sobre detenidos desaparecidos, pero en muy cuidadas y crípticas palabras. A la venenosa pregunta ¿Esa desconfianza se daría porque habría alcances legales para aquellas personas que puedan aportar información, más allá de una relación sentimental con el senador Pinochet?, responde, imperativo: "No mezclemos las cosas. Aquí hay un tema político, hay un tema judicial y hay un temas de confianza que es la Mesa de Diálogo y nosotros nos comprometimos con el Presidente a intentar solucionar" (El Mercurio, 3 de agosto de 2.000). El intento de polémica lo inició ese mismo día la Abogada de Derechos Humanos y miembro de la Mesa, Pamela Pereira , quien calificó los dichos de "graves"( La Tercera, 4 de agosto de 2.000).
El 4 de agosto el Gobierno salió al paso de esas declaraciones. El Ministro del Interior, en inequívocas frases, declaró: "El clima de confianza en el país se genera cuando el Ejecutivo gobierna, el Congreso legisla y los tribunales hacen justicia. Y no hay más poderes del Estado que esos". (El Mercurio, 4 de agosto de 2.000) Y diferenciado con claridad a los dirigentes políticos de los mandos castrenses, señaló que "el Diputado Cardemil es un dirigente político y presidente de un partido y está en su derecho al plantear opiniones de carácter político que estime convenientes. En esta materia no existe restricción alguna. No es la misma situación de una autoridad pública" (El Mercurio, 4 de agosto de 2.000.
Al cierre de este informe (8 de agosto de 2.000), los partidos de Derecha, el Presidente de la Confederación de la Producción y el Comercio y otros dirigentes empresariales pinochetistas, los Senadores designados ligados al régimen militar, la "Familia Militar" del Ejército y los entes creados para el Dictador (Fundación Pinochet, Corporación 11 de septiembre, CEMA-Chile, etc.) arreemetían contra los jueces, acusaban al Gobierno de presionar al Poder Judicial y anunciaban acciones. En el decir del Jefe de la Bancada de Senadores de la UDI, "obviamente que vamos a reaccionar, no nos vamos a quedar mirando… se va a producir un desencadenamiento de hechos, circunstancias y climas que se darán dentro de la institucionalidad, pero que serán muy complicados para el país" (La Segunda, 7 de agosto de 2.000.
1.- Se ha cerrado el círculo virtuoso . Si los jueces siguen actuando en derecho – que es lo más probable – el Dictador será interrogado y sujeto a exámenes médicos . Los facultativos, según los especialistas que consultamos , podrán diagnosticar sus numerosos padeceres físicos y el deterioro mental producto de los anteriores , pero no podrán declararlo demente, patología claramente especificada en la Clasificación Internacional de Enfermedades , en su sección de salud mental, y sancionada por la práctica psiquiátrica y forense chilenas. El juicio por lo tanto, seguirá, pues en la ley vigente sólo los dementes (locos , psicóticos ) son declarados inhábiles . Los demás juicios que implican a Generales y otros oficiales, también continuarán su curso, hasta comprobar quiénes fueron los autores materiales e intelectuales de los crímenes, y sentenciarlos. En casi todos ellos, aparecerá de nuevo, establecida ya la verticalidad del mando, el ex Comandante en Jefe del Ejército ( en tal calidad o como Presidente de facto), Augusto Pinochet Ugarte.
2.- Los actores políticos principales buscarán en una primera etapa, precipitar una mayor confrontación. La derecha pinochetista intentará que el conjunto de la derecha presione a las Fuerzas Armadas y al empresario para que pasen de las declaraciones a las acciones , al límite de la institucionalidad y apuntando al golpismo, sobre el Gobierno de Lagos. Pero no lo lograrán, porque los intereses de los grupos y sectores hegemónicos de las clases dominantes, de las instituciones armadas y del liderazgo viable de Joaquín Lavín, optarán por la no confrontación y desestabilización del sistema político y el modelo de desarrollo de sociedad que éste sustenta. En las FF.AA., la Marina y la Fuerza Aérea –más la primera que la segunda – buscarán el rápido acuerdo con el Gobierno que les permita concretar sus planes de modernización , dejando al Ejército atrás, presionando todavía por un acuerdo político ( que se traduzca en Ley o en Amnistía Presidencial) que salve al Dictador. Los Grandes Grupos Económicos forzarán a las organizaciones empresariales a apoyar la política económica y la inserción global del gobierno, en la que ven más futuro que el incierto panorama de la ingobernabilidad. Los sectores "liberales" y otros no pinochetistas de Renovación Nacional, coincidirán con el grueso de la UDI de no embarcarse en una aventura rupturista por una causa tan poco cara al electorado como la defensa de los violadores de derechos humanos, que les podría traer derrotas irremontables en las elecciones municipales de octubre y en las parlamentarias del 2.002, poniendo en riesgo la opción de Lavín el 2.006.
3.- El Gobierno de Lagos, sea por voluntad presidencial o por decisión de persistir en su línea de "dejar actuar a los jueces" con autonomía, enfrentará la arremetida del pinochetismo, buscando conjurar las amenazas desestabilizadoras, especialmente las provenientes del Ejército. Es esperable que se aceleren los entornos que faciliten el acuerdo: alianza estratégica con Argentina y Brasil, medidas de confianza con la segunda, mayores misiones de paz de la ONU, acuerdos con EE.UU( visita este mes de la Secretaria de Estado, Madeleine Albraight), industria militar compartida y otras. La tendencia será el trato con el conjunto de las FF.AA. para decidir los niveles del Gasto en Defensa, de manera de empujar al Ejército a la racionalidad que ha impuesto el Alto Mando de la Marina. Dicha institución buscará negociar por separado su plan "Tridente". Lagos seguirá desafiando toda acción que aparezca a los ojos de la opinión pública como desacatos a la autoridad del Jefe de Estado.
4.- Es posible predecir que la moneda de cambio que la UDI ( con tibios apoyos del Alto Mando del Ejército) intente imponer al resto de la derecha, a las FF.AA., sea la oposición a todo tipo de Reformas Constitucionales desmilitarizadoras y al resto de las reformas que planteó al país el Presidente Lagos en su primer Mensaje Presidencial al Congreso, el 21 de mayo de 2.000.
5.- Se pasa de la "Política de los consensos" de la Concertación I y II ( Aylwin y Frei), a la política de las mayorías nucleadas en torno al liderazgo evidente del Presidente de la República. El Gobierno buscará un resultado favorable en las elecciones municipales, que sea la base firme para lograr cambios sustantivos en el Senado en 2.002. Los teatros de corto plazo se miran con los ojos del mediano plazo, apuntando también al 2.006. Las Agrupaciones de Familiares apoyarán la acción cdl Presidente, y el PC quedará sin discurso creíble si se opone.
6.- Varios puntos claves en un escenario tan enrarecido:
a)La posición del Partido Demócrata Cristiano; esto es, si sus sectores no derechistas impondrán la unidad del partido para ser parte protagónica de la Concertación en torno a la política del Presidente, o si los sectores más derechistas (los "colorines", el Alcalde de Santiago, Jaime Ravinet y otros menores) logran perfilar un "camino propio" cada vez menos unitario.
b)Las decisiones del Alto Mando del Ejército, tironeado fuertemente por el pinochetismo (la "Familia", los empresarios cercanos al Dictador, los senadores designados de uniforme , el núcleo "duro" de la UDI, etc.) y seguramente alguna oficialidad no renovada, y por otro, por los mandos y oficiales más profesionales que miran hacia el futuro institucional, que en buena medida lo decide Lagos.
c)Las posibilidades que la situación económica nacional e internacional permitan al
Gobierno asumir los Gastos en Defensa que necesitan las instituciones , que puede ser la base de un acuerdo para todo el período de Lagos, sin perjudicar sus políticas sociales, decisivas en el desafío de construir mayorías.
Programa de investigacion fuerzas armas y sociedad Centro de investigaciones sociales Universidad arcis Analisis de coyuntura n°2
La mesa de dialogo y el desafuero de pinochet: ¿impunidad o justicia en chile? Carlos Gutiérrez Carlos Zarricueta Jean Becker Juan Domingo Silva Patricio Quiroga Antonio Cavalla Santiago, 8 de agosto de 2.000
Palabras claves: chile- ffaa- pinochet-verdad y justicia en derechos humanos
Autor:
Antonio Cavalla Rojas
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