- Del Estado "benefactor" a los Programas de Ajuste Estructural (PAE)
- La Gerencia Social (GS)
- Hacia un cambio de mentalidad
- Retomando la idea de capital social
- ONGs y Gerencia Social
Del Estado "benefactor" a los Programas de Ajuste Estructural (PAE)
En el tiempo del Estado benefactor la política social era responsabilidad exclusiva del Estado. Éste mediante sus ministerios y bajo un enfoque centralista diseñaba, financiaba, ejecutaba y evaluaba los proyectos y programas sociales, dentro de marcadas diferencias entre nuestros países en América latina y el Caribe.
Al entrar en crisis el Estado benefactor o interventor, las Instituciones Financieras Internacionales (IFIs) asumieron, por cuenta propia, diseñar e instrumentalizar las políticas y las estrategias en todos los órdenes de la vida social, económica, política e ideológica de nuestros pueblos. Impusieron, de este modo, una nueva concepción para la realización de las políticas sociales y la prestación de servicios sociales básicos. Esa nueva concepción tiene como características esenciales:
La centralidad empresarial privada
La toma de decisiones y la asignación de recursos por los equipos propios de las instituciones financieras instalados en cada país
La recuperación de costos
La asignación de subsidios a la demanda a través de diversos programas etarios y la entrega directa de dinero
La focalización de beneficiarios
La evaluación costo-beneficio en lugar de costo-impacto social.
Todo esto en el contexto de la imposición del modelo neoliberal, el crecimiento macro económico y la "inclusión social".
Contra todo lo que se diga, los propósitos centrales de este modelo son:
Regular los programas sociales según el orden mercantilista impuesto por las IFIs
Neutralizar la organización política de los más pobres
Generar una nueva clase media apolítica y desinformada
Orientar los programas sociales en función de los intereses de los inversionistas privados extranjeros
Esterilizar las demandas sociales por un orden más justo y redistributivo
Estigmatizar las protestas de grupos organizados por sus demandas
Ocultar las posibles fuentes de producción de demandas sociales
Evitar la toma de conciencia sobre necesidades sociales, a través de la ideologización de la población con programas educativos de diverso tipo.
En América latina, son los gobiernos que conforman la Alianza del Pacífico
(Perú, Chile, Colombia y México) los que de manera explícita y agresiva vienen ejecutando los preceptos neoliberales. Algunos, como Chile y México, desde la década de los 80", cuando aún no se había creado ese organismo.
Desde entonces, existe en estos mismos países una fuerte movilización ciudadana, social y política en torno a políticas sociales menos excluyentes y discriminatorias. Igual en Perú y en Colombia.
No obstante, sus gobiernos están empeñados en llevar hasta sus últimas consecuencias los Programas de Ajuste Estructural que traducen las exigencias del "Consenso de Washington" impuestas por FMI y el BM, a fines de los 80".
Esto, ha marcado la polarización de la sociedad y una mayor desigualdad económica y social entre pobres y ricos.
Paralelamente, esos gobiernos han impuesto, vía la represión y el terror, las exigencias del BM, del BID y de la USAID, para la modernización de la gestión pública y privada.
Esta modernización supone mecanismos mercantilistas para la organización y gestión de servicios sociales. Entre éstos:
Su regulación corporativa
La aplicación de tasas o precios públicos por la prestación de servicios
La contratación externa para la provisión de bienes y servicios
La transferencia del poder de compra a los consumidores a través de diversos programas asistencialistas como "Pensión 65", "Programa Juntos", "Beca 18", y otros, en el caso peruano. Igualmente, a través de la extensión de ofertas y oportunidades de consumo electrónico direccionado en poblaciones del área rural y urbano marginal.
En la administración pública la nueva orientación, que ya tiene en el Perú más de veinte años, impone la adopción de prácticas y técnicas provenientes del llamado "gerencialismo" con el objetivo de mejorar la eficiencia en el manejo de los recursos estatales:
Gestión por resultados de los programas y proyectos sociales
Control centralizado por las IFIs y el Ministerio de Economía
Mejoramiento de la calidad total en la gestión de políticas sociales.
Para este efecto, el BID, a través de su Instituto Interamericano para el Desarrollo Social INDES, con sede en Washington, elaboró la llamada "Caja de Herramientas de Gerencia Social". Esta reúne un conjunto de instrumentos para el diseño, ejecución y evaluación de proyectos y programas sociales. Son principalmente:
1. Análisis del entorno
2. Análisis de los involucrados
3. Construcción de escenarios
4. Planificación estratégica con Marco Lógico
5. Preparación de programas y proyectos
6. Seguimiento y evaluación
7. Manejo de conflictos
8. Promoción y facilitación de la participación
9. Diseño y coordinación de redes interinstitucionales
10. Diseño y gestión de la descentralización
La Gerencia Social (GS)
A pesar de la existencia de métodos e instrumentos de GS, aún subsiste el debate de si se trata de un modelo de gestión, una técnica de control, o una manera de formular y evaluar proyectos sociales.
Para la CEPAL, organismo perteneciente a la institucionalidad del orden mundial capitalista, que instrumentaliza la ONU, dice:
"La gerencia social puede ser entendida como el conjunto integrado de principios, prácticas y técnicas que permiten mediante su aplicación producir cambios significativos en al menos una condición de bienestar en la población, mediante el uso efectivo y racional de recursos".
"Los principios que orientan la GS son: el impacto, la equidad, la focalización, la articulación, la flexibilidad y la participación social".
Bernardo Kliksberg, uno de los divulgadores de la ideología neoliberal y del asistencialismo institucional con cargo a una mayor deuda externa, dice por su parte:
"La gerencia social eficiente tiene que ver con optimizar el rendimiento de los esfuerzos de los actores sociales en el enfrentamiento de los grandes déficits sociales de la región, y el mejoramiento del funcionamiento y resultados de la inversión en capital humano y capital social".
Como es fácil deducir, para las instituciones del orden mundial capitalista (financieros o de asistencia y cooperación) como para sus empleados y consuetudinarios divulgadores, lo que los gobiernos deben asegurar para sus políticas sociales, es mayor inversión proveniente de la llamada "ayuda" internacional y que ésta se gaste eficientemente en todo aquello que garantice la seguridad de la inversión privada extranjera en nuestros territorios y la expansión de sus "lucrativos" negocios.
Hacia un cambio de mentalidad
Desde que los españoles llegaron a interrumpir el proceso de nuestro desarrollo, el principio judeo-cristiano de la "caridad" se impuso como parte de nuestro colonialismo.
El ideario independentista no fue ajeno a ese principio.
Durante la República, nuestros advenedizos y obsecuentes gobernantes, cada a uno a su turno, se sumaron a la impronta de la "caridad", ahora impuesta como "ayuda" por EEUU, como país hegemónico.
Las políticas asistencialistas impuestas a nuestros pueblos los EEUU, desde la fundación de la Naciones Unidas y de su institucionalidad financiera (el FMI, el BM) y de la OEA y su aparato financiero, el BID, sólo han servido para empobrecer la tierra y arruinar la agricultura y ganadería; secar nuestros ríos y lagunas extinguiendo la pesca de numerosas especies; extraer nuestros principales recursos naturales forestales, marinos, mineros, petrolíferos, gasíferos, por los "socios inversionistas" del BM, del BID y de la USAID pertenecientes a los países "no prestatarios" (EEUU, Canadá, Inglaterra, Alemania, Francia, Italia, Japón, Corea del Sur, Israel, Nva. Zelanda, China). Como producto de las políticas y los programas sociales que impone la institucionalidad financiera internacional y que ejecutan sus "socios inversionistas" y los propios Estados, hemos aprendido y seguimos repitiendo que el desarrollo sólo es posible gracias a la inversión extranjera que impone sus condiciones y que debemos respetar en nombre de la Constitución y del Estado de derecho.
Existe el convencimiento de que la inversión extranjera genera riqueza, brinda oportunidades de empleo, y "erradica" la pobreza. Esta certeza ha permitido que más del 65% de nuestro territorio lo ocupen empresas extranjeras cuyas actividades de extracción y explotación de nuestros recursos se regulan por leyes internacionales que manejan la ONU (BM), la OEA (BID) y el Departamento de Estado de los EEUU (USAID). En el 99% de ese territorio invadido y neo-colonizado, están los más altos índices de pobreza extrema.
Cada una de estas instituciones tiene sus propios planes, programas y proyectos en función de los intereses de la seguridad norteamericana y de los negocios de sus "socios inversionistas".
Éstos, a su vez, ejecutan diversos proyectos de producción y asistencia agrícola, ganadera, forestal, alimentarios, de salud, educativos, de pequeñas y micro empresas, sin mayor continuidad y sostenibilidad una vez que acaba su "inversión".
El único efecto del que dan cuenta todos los programas y proyectos de los "inversionistas" extranjeros, socios del BM, del BID o de USAID, en nuestros países, es la alienación creciente de las poblaciones implicadas, la desculturización, la des-identificación y el desarraigo social que genera flujos migratorios masivos con el consiguiente abandono del campo y el superpoblamiento de las ciudades.
Superar la tara de la mendicidad, que supone que la "ayuda" externa de los organismos internacionales es una oportunidad para salir de la situación de miseria y exclusión, es responsabilidad de la Gerencia Social.
Ésta debe ser entendida como posibilidad para "empoderar" a los actores sociales implicados, de un sentido y significado político de la "ayuda" que reciben.
Esto equivale a otorgarles capacidad movilizadora a los proyectos de "responsabilidad social" que llevan a cabo los "inversionistas" extranjeros en nuestro territorio.
Deben servir para desarrollar "capital social" desde el convencimiento de que no sólo es importante lo que recibes, sino de quién lo recibes.
Esto, marca la necesaria e ineludible diferencia que hay que establecer entre la noción de "capital social" que pretenden las IFIs, y sus "socios inversionistas", orientado a lograr la adhesión y colaboración de los pobres para empobrecerlos más y la noción que propongo de que no existe posibilidad alguna de conciliar los intereses contrapuestos de los que vienen a llevarse nuestras riquezas y de los que nos quedamos sin recursos ni posibilidades futuras de vida y de crecimiento.
No es posible conciliar intereses entre quienes vienen a hacer "sustentables" sus empresas y quienes debemos asegurar la "sostenibilidad" de nuestros recursos para nuestras futuras generaciones.
Asumir este reto implica no sólo un desafío conceptual y metodológico para el tratamiento de los instrumentos y la metodología de la Gerencia Social, sino claridad política e ideológica.
Implica, igualmente, riesgos que un gerente, un trabajador social, un economista, un médico, un educador, un sociólogo, un administrador de empresa, debe asumir cuando opta por una ocupación laboral en las empresas depredadoras que operan en nuestro medio.
No es fácil asumir una tarea así de comprometedora, cuando está de por medio mi carrera, mi salario, mi status. Estas son, sin lugar a dudas, las variables que una situación de neocolonialismo y de servilismo, aceptada por nuestros gobernantes, ha permeabilizado, poniendo a nuestros profesionales a merced del canibalismo laboral de empresas y ONGs que viven para el mercantilismo del lucro.
Esta es una situación que no se puede eludir, pero sí contribuir a revertir desde una posición clara de trabajo social con sentido liberador y para la movilización social. Esto es, para generar institucionalidad alternativa.
No podemos sustraernos a la inversión privada, pero nada autoriza a ésta a depredar nuestros recursos, a enajenar a nuestros hombres y mujeres, a adiestrarnos a vivir con la amenaza permanente de que si nos oponemos al saqueo y la muerte por inanición y sed, somos terroristas.
La inversión extranjera no es una fatalidad que hay que aceptar. No es inmanente. Sirve para enfrentar nuestras carencias de capital monetario, de tecnología, de algunos insumos.
Pero la única posibilidad del desarrollo de nuestros pueblos, empieza donde termina la injerencia política e ideológica del capital. Por eso los países que marcan la avanzada del desarrollo independiente de sus economías y de sus pueblos, tratan de una manera diferente al capital extranjero.
Fijan su presencia desde una posición de autonomía y de preservación del entorno y del medio ambiente natural y social; establecen plazos que aseguren la sostenibilidad de los recursos y la transferencia tecnológica y el empoderamiento; exigen el pago conveniente de los impuestos y regalías implicados; enmarcan los diferendos o posibles litigios dentro de las leyes y el orden judicial nacional.
Entregar lo que es ejercicio propio de la soberanía de un pueblo a instituciones pseudo representativas, como la ONU, la OEA, la OMC, que sirven a los intereses de las grandes corporaciones internacionales y al imperio norteamericano, evidencia la decrepitud y decadencia de nuestros gobernantes.
Nuestra pertenencia a esas instituciones responde a las condiciones de sometimiento y de dictaduras militares en las que se encontraban nuestras sociedades al término de la Segunda Guerra Mundial cuando EEUU, como único vencedor de una contienda que alimentó con armas a uno y otro bando, se erigió como único gendarme del mundo.
Desde entonces, todo cuanto "piensan" y hacen nuestros gobernantes lo leen en los manuales del BM, del BID, de USAID, sobre políticas, estrategias, ayuda, negocios, crecimiento, gestión, gerencia, gobernabilidad, inclusión social, planificación, focalización, capital social, capital humano, participación, educación, salud, vivienda, producción, infraestructura, medio ambiente. TODO, absolutamente TODO, lo que necesitan para manipular al pueblo y permanecer como guardianes de un poder que no tienen ni pueden ejercer.
Bueno es recordar, en este sentido, que en los "Documentos de Santa Fé" que produce la Agencia Central de Inteligencia (CIA), se precisa claramente que lo que garantiza el orden mundial capitalista y la hegemonía norteamericana sobre los pueblos que constituyen su "patio trasero" en América latina y el Caribe, es el financiamiento y control de las instituciones fundamentales de un Estado: sus cuatro poderes (legislativo, ejecutivo, judicial y electoral) con todos sus órganos de administración y funcionamiento; sus fuerzas armadas, sus instituciones básicas (familia, escuela, universidad, iglesia), sus ONGs. Lo que en la jerga de esa agencia del terror y la muerte, se llama "el régimen permanente". Tal, en última instancia, el sentido y significado de la "ayuda" internacional. Desde esta perspectiva, la Gerencia Social, sirve para hacerla viable, eficaz y eficiente.
Retomando la idea de capital social
Entender la Gerencia Social como posibilidad para el desarrollo de capital social obliga a un replanteamiento conceptual y metodológico.
Desde la visión del inversionista extranjero que hace "negocios lucrativos" en nuestro medio, como desde el Estado paternal y asistencialista, la GS debe asegurar servicios orientados a suplir las carencias de las personas. Esta perspectiva privilegia la oferta, vale decir, el mercantilismo; no el mercado.
Al centrar la acción gerencial en sus carencias, se enfatiza los satisfactores que los sujetos no poseen buscando la reacción mecánica del adiestramiento como cuando se amaestra un perro o un elefante en un circo. Tras el bocado, éste responderá a la orden. Tras la "ayuda" todos los que la reciban estarán, no sólo dispuestos, sino que responderán negativamente frente a cualquier otra posibilidad que les signifique algún esfuerzo distinto de acción o de reflexión.
La inmediatez de los satisfactores a carencias sentidas inhabilita la condición humana, la inteligencia, las potencialidades, el conocimiento, la acción.
La GS orientada al desarrollo de capital social debe estar orientada a producir efectos en el pensar del actor social, en su mente, su entendimiento, su comprensión de la realidad y los problemas que vive cotidianamente.
Debe procurar, igualmente, impactos: cambios que el actor social pueda realizar consigo mismo, en su entorno inmediato, en su hábitat, en sus interacciones, gracias a un mejor entendimiento de su realidad y sus problemas.
Si el actor social no desarrolla una forma distinta de relacionarse consigo mismo, con sus pares, con su empleador, con su medio, la GS no está alcanzando el propósito de procurar capital social.
La medida de su logro está en el rol protagónico que el actor social asuma en sus interacciones para procurarse los satisfactores a sus necesidades; en la producción de los bienes y servicios pertinentes; en su capacidad y derecho a opinar y a elegir sobre la calidad de los satisfactores; en saber negociar la prestación de su fuerza de trabajo; en establecer los límites a una oferta impuesta que homogeniza carencias y distorsiona necesidades.
La racionalidad instrumental de la GS que imponen las instituciones financieras y sus "socios inversionistas" genera resistencias a la participación comprometida y movilizadora de los sujetos.
Busca la pasividad y el acomodamiento; la obediencia y el conformismo; la inercia antes que el movimiento.
Los sujetos tienden a obtener ventajas a costa de sus pares desvirtuando los vínculos de solidaridad y de ayuda mutua. El egoísmo y la competencia se sitúan por encima de la reciprocidad. El individualismo, por encima del colectivismo.
La GS como posibilidad generadora de capital social se opone a la de "capital humano", usualmente puesta de manifiesto por las instituciones financieras para referirse al hombre, como factor de producción, que genere rentabilidad. Esto es, productividad con el menor salario.
Una empresa es rentable cuanto mayor "capital humano" sobreexplotado tiene. Asegurar "capital humano" implica poner la fuerza de trabajo del hombre a la par del trabajo que puede hacer una maquina movida por una computadora. Dada su imposibilidad, lo que resta es la sobreexplotación de la fuerza de trabajo.
Tratándose de la GS como función de política social la noción de "capital humano", en tanto recurso productivo y rentable para beneficio ajeno, debe ser revisado.
A las IFIs y sus "socios inversionistas" les interesa el "capital social" como población del entorno de los proyectos, o de involucrados, a los que hay que inmovilizar a través del asistencialismo y/o de las actividades de responsabilidad social.
Lograr su adhesión al proyecto, su aceptación y colaboracionismo, es lo que le da sentido a sus políticas y estrategias. Así, la denominación de "beneficiario", "usuario" e incluso "cliente", es el que mejor se ajusta a este propósito.
ONGs y Gerencia Social
Las relaciones de las ONG con la institucionalidad del orden mundial capitalista no se limita a los beneficios que les reporta medrar de la "ayuda" externa proveniente del BM, del BID o de USAID, o de servir de soporte a la acción depredadora y enajenante de los "socios inversionistas" de estas instituciones y/o de sus subsidiarias.
Lo cuestionable es la influencia que ejercen con sus prácticas gerenciales sobre el pensamiento de las poblaciones implicadas en su acción, perennizando políticas de manipulación y de ideologización.
Las ONG realizan, antes que una adaptación o contextualización de los instrumentos y metodología de la GS, su aplicación mecánica y oportunista.
Esto no sólo ha provocado frustración y mayores niveles de descomposición social en el campo y en áreas urbano-marginales, sino un enorme despilfarro de recursos y capacidades y el enriquecimiento de sus promotores o socios fundadores.
En general, cuando se habla de ONGs se alude a tres o más personas que son las que constituyen su núcleo originario y directos beneficiarios de los financiamientos a los que acceden gracias a los contactos previamente establecidos con funcionarios de las instituciones anteriormente citadas que se encargan de "calificarlos".
Se trata de ex-funcionarios del Estado o de consultores o empleados de las instituciones financieras que deciden "independizarse" para "servir mejor" a la causa del desarrollo, los derechos humanos, el medio ambiente, la ciudadanía.
Huérfanos de formación y calificación para las funciones con las que crean sus ONG, sus promotores encuentran fácilmente el personal que se encargue de concretar sus tareas y objetivos.
La exigencia básica es fidelidad y obsecuencia. No importa cuán bien se haga el trabajo mientras se asegure mantener a las poblaciones implicadas en la inacción que supone el asistencialismo conservador y reaccionario.
Últimamente, el crecimiento y diversificación de las ONG ha cobrado un ímpetu inesperado gracias a la acción que desarrollan diferentes organismos vinculados al orden mundial de la sedición y el terror y que operan en nuestro medio bajo el paraguas de la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo, y a favor de los derechos humanos, la seguridad ciudadana, la protección del medio ambiente, la gestión de recursos, la asesoría y consultoría especializadas, la gobernabilidad, la reforma del Estado, la prevención de conflictos, la participación política y la educación cívica, la ciudadanía, la educación y capacitación.
Se habla incluso de la creación de consorcios y uniones entre universidades, mineras, bancos, ministerios, gobiernos regionales, municipios supermercados y ONGs, para atender los requerimientos de poblaciones vulnerables en la lucha contra el crimen organizado, la violencia callejera, la contaminación ambiental, la violencia de género, la prostitución infantil, el bullyng.
Cómo entender la GS en estos campos de acción, es tema que no les preocupa mayormente a los emprendedores generadores de ONGs en todo el país y en general en toda América latina y el Caribe. Tampoco parece importarles que detrás de los ensayos corporativistas, que se regulan por el lucro, se incuban los regímenes fascistas.
Aquí dejaré planteada la cuestión con el único señalamiento de que la GS no puede confundirse con las prescripciones legales desfasadas de la realidad y de la historia (no tan reciente) de la migración, la marginación, la desocupación, el abandono, el hacinamiento, el hambre, la violencia institucionalizada del Estado, el terror.
*Sociólogo y educador peruano. Consultor internacional de proyectos de desarrollo. Ejerce la docencia de postgrado en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos de Lima-Perú. Ha publicado, entre otros, libros y artículos sobre temas de gestión empresarial, fortalecimiento organizacional, reingeniería de procesos, formulación y evaluación de proyectos, planificación estratégica, gestión y gerencia social. Es post-doctorado en Filosofía, Política e Historia de las Ideas en América Latina por la Universidad del Zulia de Venezuela.
Autor:
Rubèn Ramos*