Bases teóricas metodológicas sobre la movilización comunitaria y la disminución de la reincidencia del delito

En el presente capítulo se abordan los referentes teóricos relacionados a la disminución de la reincidencia de los sancionados a trabajo correccional sin internamiento mediante la movilización comunitaria donde se tuvo en cuenta los fundamentos de autores nacionales e internacionales y se dio respuesta al primer objetivo específico. Sistematizar los fundamentos teóricos y metodológicos sobre la movilización comunitaria para la prevención de la reincidencia del delito.

¿Qué es una comunidad?

Para dar respuesta a la pregunta que inicia el inciso fue necesario comenzar por analizar si la categoría comunidad es enfocada desde las ciencias sociales ¿por qué? las profesoras cubanas Ariagnis Camellón y Dayana Olivera de la Universidad Central Marta Abreu de Las Villas, plantearon que el trabajo social no posee un sistema de categorías creado por la propia ciencia, lo que influye en que no exista coherencia en el planteamiento metodológico. Ambas manifestaron que "(…), sin embargo algo que resulta destacable por su relación con las ciencias sociales es su deber, como meta propuesta y su voluntad de buscar soluciones a los problemas más graves de la sociedad y los grupos vulnerables, desarrollando una conciencia crítica en los sujetos (comunidad, familia e individuo) capaz de lograr transformar las contradicciones para alcanzar el desarrollo social". (Camellón y Olivera, 2009 pp. 23).

Al considerarse la categoría comunidad dentro de las ciencias sociales sus interpretaciones pueden estar estrechamente relacionadas con aspectos étnicos, socio-psicológicos, políticos o religiosos lo que puede afectar de manera substancial los procesos de organización de nuevas comunidades o las metodologías que se puedan crear. Estos aspectos influyen en los nuevos sentidos de pertenencia de la población. Por eso, el término comunidad ha sido descrito como un concepto que tiene un alto nivel de uso pero un bajo nivel de significado. (Mann, 1995)

Las definiciones de comunidad en la literatura especializada enfatizan en los elementos: estructural, geográfico y funcional es decir, las relaciones sociales. Así, una de las definiciones más utilizada por diferentes autores que apunta a los elementos anteriores es la de Ander-Egg, según él: "La comunidad es una unidad social cuyos miembros participan de algún rasgo, interés, elemento o función común, con conciencia de pertenencia, situados en una determinada área geográfica en la cual la pluralidad de las personas interaccionan más intensamente entre sí que en otro contexto". (Ader- Egg, 1980 pp 87)

Por su parte, A. Aroche, vinculando los elementos funcionales y estructurales, definió a la comunidad "como un grupo de personas que viven en un área geográfica específica, cuyos miembros comparten determinadas actividades sociales, necesidades, objetivos e intereses. Desarrollan niveles de interacción, cooperación y ayuda mutua; tienen un rol activo de autogestión, iniciativas y autogobierno para la identificación y solución de sus problemas y forman parte de una organización social mayor" (Aroche, 2002: 2).

Argelia Fernández abordó el concepto de comunidad desde una concepción psicosocial pues introdujo en su definición unidades básicas de la personalidad como intereses, necesidades y percepción –en su función valorativa, así otras correspondientes a las relaciones interpersonales y el colectivo como parte de la conceptualización de grupo de la psicología social, también para concederle una concepción total (aunque no lo logró pues no concibió la esfera cognitiva) de la personalidad asumió la esfera afectiva –con los sentimientos ella expresó que comunidad es una "agrupación de personas que se perciben como unidad social, comparten un territorio, intereses, necesidades, interactuando entre sí y promoviendo acciones colectivas en favor del crecimiento personal y colectivo, manifestando sentimientos de pertenencia como expresión de su identidad comunitaria" (Fernández, 2006:15)

Desde una visión más bien estructural-psicológico-geográfico, Mitjans planteó que "Una comunidad es algo diverso, único, sus factores de desarrollo son todos los que la integran, el ser humano, las instituciones que este crea para vivir en sociedad, el medio psicológico que genera la comunidad, el espacio en que se ubica". Mitjans (2010 pp. 12)

Como se puede apreciar son tan diversas las definiciones que casi es imposible adherirse a una sin correr el riesgo de no ser totalmente adecuada para la movilización comunitaria; al respecto Rudolf Rezsohazy desde los años 80 del siglo XX dijo: "la palabra 'comunidad' está de moda" [indicando que] "un concepto de uso tan múltiple corre el riesgo de ser inutilizable. Por tanto, si queremos adoptarlo y emplearlo científicamente, tendremos que definirlo con rigor". (Rezsohazy, 1988:49). Este estudioso de comunidad planteó tres características que consideró fundamentales para definir con rigor a la comunidad; ellas son:

• "La comunidad se circunscribe en el espacio, en un territorio. Constituye un conjunto de personas que viven en un terreno geográfico determinado. La extensión puede variar. (…) En la mayor parte de los casos, coincide con una región o una concentración y comprende varias colectividades locales (aldeas, barrios, comunas).

• El conjunto de personas que viven en este territorio mantienen una relación múltiple y tienen entre ellas numerosos intereses comunes. Las relaciones pueden ser tanto de familiaridad, vecindad como de trabajo o de ocio. Los intereses comunes pueden referirse a la calidad de los servicios públicos, a las oportunidades de empleo o a la victoria del equipo de fútbol. (…) El tejido social que establece la comunidad no excluye en absoluto las discrepancias y los conflictos entre los miembros. Si hay intereses comunes, hay también otros que son divergentes.

• Los miembros están unidos a su comunidad. Se identifican con ella. Además, las personas del exterior les reconocen como pertenecientes a esta comunidad". (Rezsohazy, 1988:53).

Estas características fueron asumidas por muchos estudiosos de comunidad que siguieron a Rezsohazy, así la primera característica tiene relación con el componente geográfico que se ha citado en las definiciones anteriores; la segunda característica comprende categorías propias de la psicología social: tipos de relaciones, intereses, la estructura social de la comunidad; la tercera característica se debate entre el sentimiento de pertenencia y la visión que pueden tener los que son de afuera de la comunidad sobre la misma. A criterio de la autora de la investigación, las características recomendadas por Rezsohazy no satisfacen totalmente en los momentos actuales para una definición de comunidad que sirva de base teórica para la elaboración de la metodología de movilización comunitaria en el capítulo 3.

En el ámbito de los estudios jurídicos, según Carlos Villabella, a la comunidad se define de un modo particular. Es al municipio en su conjunto el que se toma como instancia comunitaria, teniendo en cuenta que este constituye "la unidad mínima como agrupamiento humano, estructura territorial y entidad político administrativa con trascendencia para el mundo jurídico público ya que a este criterio se acoge la mayoría de las legislaciones en el Derecho Comparado. Lógicamente, unidades de análisis de una dimensión inferior, que pudieran ser consideradas comunidades según los criterios que se vienen exponiendo quedan fuera, sin embargo, ello ocurre por necesidades propias de la disciplina jurídica". (Villabella, 1998:44)

Aunque la categoría disminución de la reincidencia en los sancionados a trabajo correccional sin internamiento pertenece a los estudios jurídicos, la definición de Villabella no es adecuada para la movilización comunitaria, pues se pretende que la comunidad sea de un radio de acción menor al municipio como pudiera ser una zona, una circunscripción, pero el municipio es mucho más extenso para lo que se pretende hacer. Pudiese instrumentarse la metodología en varias circunscripciones al mismo tiempo y el resultado se puede describir a este nivel, pero la instrumentación de la metodología no se adecúa.

La definición elaborada por el cubano Héctor Arias trata aspectos muy importantes de la comunidad, no antes mencionados por otros autores, tienen que ver con las personas que la integran como sujeto y personalidad. Cuando Arias asumió la categoría sujeto estaba planteando la necesidad de atender a la subjetividad y las características personológicas de hombres y mujeres que viven y/o trabajan en una misma comunidad, donde cada uno la puede percibir, representar, imaginar de forma diferente; incluso el carácter personológico es de suma importancia para conocer cuánto pueden hacer por sí mismos los sujetos sancionados a trabajo correccional sin internamiento. La propuesta de Arias dice: "La comunidad está conformada por un conjunto de personas que se integran en esta condición de sujeto y personalidad; su desarrollo y sus características como tales serán las que determinarán su participación y aporte a la vida comunitaria, y desde este punto de vista influyen o conforman las cualidades de la comunidad". (Arias, 1995:11).

A la definición de Arias, Aroche agregó que "la formación del hombre como sujeto y como personalidad está influenciada y determinada en gran medida por los elementos de la comunidad. Este proceso recíproco permite la creación de acciones y estrategias necesarias para la transformación de toda la comunidad". (Aroche, 2002:3).

La autora asume la definición de comunidad de (Arias, 1995:11) pues para movilizar a la comunidad es imprescindible comprender a las personas de una comunidad como sujeto y personalidad en un carácter activo de participación.

La comunidad, metodología para la movilización comunitaria

Existen muchas metodologías para el trabajo con las comunidades, en Cuba los organismos y universidades relacionadas a estos trabajos han propuesto las propias. Cada uno responde a la representación que tienen de la comunidad y por lo general lo que más se encuentra son proyecciones del trabajo comunitario de estas entidades hacia la comunidad, por lo que no constituyen metodologías de movilización comunitaria.

El profesor universitario brasileño Melo (2002) refiriéndose a esta tendencia manifestó que cuando el trabajo comunitario de la universidad se centra en acciones de servicios, difusión de la cultura y promoción de eventos –cursos, entrenamientos, talleres, etc.- se caracteriza por ser eventista-inorgánica, y solo se trata a los miembros de la comunidad como sujetos pasivo del activismo universitario.

Las tendencias de esa direccionalidad, o sea, de los organismos –Ministerio de Salud Pública, Ministerio de Cultura, Ministerio de Educación, entre otros-, y las universidades se han definido de la forma siguiente por distintos autores:

• Científicas. Su finalidad es la generación y/u obtención de conocimientos nuevos sobre el trabajo comunitario, generalmente se encargan de esta tarea a personas con una formación universitaria. Las metodologías que se obtengan tienen carácter de modelo para otras ubicadas en la misma provincia o fuera de esta. (Arias, 1995). Este tipo de creación de metodología trata igual un problema de salud que una situación medio ambiental, además no pretende hallar la diferencia de las comunidades sino un modelo de comunidad.

• Aplicados o de prestación de servicios científico-técnicos. La intención es la introducción de resultados científicos en la comunidad. Estos resultados en calidad de conocimientos, metodologías o tecnologías constituyen soluciones o modificaciones a determinados problemas de la comunidad (Arias, 1995). Sucede que la comunidad no los ve como propios y relacionados a sus problemáticas, pueden tener una etapa de entusiasmo y fenecer con la implantación de la cotidianidad.

• Intervención comunitaria. La intervención comunitaria se desarrolla con vistas a promover el desarrollo individual y colectivo de las comunidades. En este caso los organismos y universidad generan metodologías de intervención y "ve a la comunidad como grupo minoritario y débil, dicha visión priva a la comunidad de poder", expresó M. Montero (1994 pp.53) criticando esta proyección.

La intervención significa "acción o efecto de intervenir algo" señaló Aroche (2002 p.4), o sea, tomar parte el organismo o la universidad en un asunto para interponer o introducir su autoridad en la comunidad. La intervención es legítima, según A. Sánchez (1991), cuando responde a los intereses, deseos, motivaciones y necesidades de la comunidad, con sus valores y capacidades potenciales, de no cumplirse esta condición no debe considerarse una intervención comunitaria. Aunque se vea de esa forma, la intervención es injerencista y los miembros de la comunidad generalmente no sienten propios los cambios que se pretenden hacer por otros. Muchas intervenciones antes de recoger los resultados han muerto en el camino.

• Investigación acción. Término introducido por el psicólogo alemán Kurt Lewin (1890 –1947), tuvo en sus inicios el propósito de combinar la investigación experimental clásica con los problemas sociales. Stephen Kemmis y colaboradores (citados por Aroche, Figueroa y González, 2003) en Australia, conciben la investigación acción en espiral y comprende la planeación, la acción y reflexión con la participación de la comunidad. Aunque esta idea no es desacertada, muchas veces lo que se hace en la práctica es introducir en la comunidad un plan de acciones. Si la comunidad no tiene participación activa en todas las etapas y momentos de la investigación, esta puede ver el problema como un acto de entusiasmo o intervención de los organismos o la universidad en sus asuntos.

• Proyectos de ayuda comunitaria. Según Aroche (2014 p 21) la ayuda como acción o efecto de ayudar a personas, lejos de estimular la participación de la comunidad para la transformación social, lo que incitan es la pasividad, la contemplación y la inactividad de los miembros de la comunidad pues dichos proyectos son asistenciales. "La trascendencia formativa de los tipos de proyectos asistenciales para la comunidad es pobre; por lo general los asistenciales ignoran las potencialidades de las personas que viven en la comunidad para resolver sus problemas, y le es más fácil buscar la solución de forma externa con lo que no compromete e implica de manera consciente a sus habitantes, quedando estos como espectadores de sus problemas. Al sistematizar este tipo de proyección en las comunidades, la universidad se comporta de forma paternalista y la comunidad pasiva ante sus problemas". (Aroche, 2014 p 21)

En los últimos tiempos del siglo pasado e inicio del siglo XXI se han propuesto metodologías para el trabajo con las comunidades unas se centran en la movilización comunitaria para la promoción de la salud (Pancer y Nelson, 1999), otras en métodos de participación de los miembros de la comunidad (Fracasso, 2000; Aroche, Figueroa y González, 2003), autodesarrollo (Alonso, Pérez, Rivero, Romero y Riera, 2004) y el aprendizaje en movimiento (Elsegood, Ávila, Garaño y Harguinteguy, 2014).

La movilización comunitaria surgió en los medios de salud con vistas a transformar comportamientos saludables en los años 90 del siglo XX, centrada su metodología en tres componentes: comunicacional, educativo y organizativo. (Pancer y Nelson, 1999).

La autora define la movilización comunitaria como el proceso a través del cual las personas que comparten una situación problemática son apoyadas para que se organicen y busquen soluciones colectivas a sus necesidades. Enfatiza en la organización del grupo para el diagnóstico de sus necesidades y sus capacidades y para la decisión y ejecución de acciones colectivas que conlleven a la satisfacción de las mismas.

El concepto de movilización de la comunidad está fuertemente unido al de participación, lo cual implica apropiación, empoderamiento y construcción de una identidad conjunta desde la identidad individual. Según este concepto, no puede alcanzarse resultados sostenibles ni la autonomía sin la participación protagónica de la comunidad. A la vez, los conceptos de sostenibilidad y autonomía están asociados al concepto de resiliencia, entendido como "la capacidad que permite a una persona, grupo o comunidad, minimizar o sobreponerse a los efectos nocivos de la adversidad. La resiliencia puede transformar o fortalecer la vida de las personas". (Bartle, 2010 p 31)

Derivado de las ciencias naturales, el concepto de resiliencia, describe la capacidad de un material o producto para recuperar su forma original después de haber sido alargado o ensanchado. En el campo social éste se refiere a la capacidad del individuo para "recuperarse" tras experiencias difíciles o traumáticas. La resiliencia se expresa mediante ciertas características individuales pero también a través de ciertos factores de protección o capacidades que provienen de la familia o de la comunidad para actuar constructivamente en circunstancias difíciles. (Kotliarenco, Cáceres y Álvarez, 1996).

La resiliencia aplicado a comunidades, se refiere a su capacidad para mantener la cohesión de sus redes de relaciones sobreponiéndose a situaciones de afectación colectiva en función de la continuación de proyectos comunes. Las comunidades con mayores grados de organización y de identidad cultural propia, tienen mayores posibilidades de hacerlo por la existencia de fuertes lazos de solidaridad y cooperación. (Kotliarenco, Cáceres y Álvarez, 1996).

La movilización de la comunidad busca la construcción del sentido de comunidad para conseguir que las personas entren en un proceso activo de trabajo colectivo.

Según ACNUR (2009) algunas experiencias en Colombia de organización y movilización de comunidades afectadas por el conflicto armado, parten de iniciativas de los mismos grupos de desplazados que van constituyéndose en comunidades que se auto-cuidan y empiezan a crear condiciones básicas para la reconstrucción de su tejido social y su estabilidad económica. De esta forma se recupera la capacidad de construir proyectos de vida.

La autora considera que la movilización de la comunidad permite a los habitantes definir, representar y resolver sus propios intereses y preocupaciones, así como reconocer y respetar los diferentes vínculos comunitarios. Las comunidades son a menudo extremadamente ingeniosas y contienen una riqueza de recursos humanos, estructuras y redes para enfrentar diversos problemas y circunstancias. Y su movilización ayuda a evitar el peligro de la imposición de soluciones externas e inapropiadas.

Reina Fleita (2010) señaló que en Cuba, la movilización de la comunidad considera a los individuos responsables activos en la identificación y respuesta a los problemas y circunstancias que enfrentan. Este hecho evita la dependencia de la asistencia externa, así como la apatía y desmotivación que la misma dependencia genera.

Una particularidad de la movilización comunitaria refirió Fleita (2010) es el diálogo que debe existir entre los miembros de la comunidad y de estos con los agentes externos, de manera que todos estén al tanto de obligaciones y limitaciones que pudieran existir y, así evitar expectativas irreales. El diálogo permanente asegura que todas las partes de la comunidad tengan el mismo acceso a los recursos y/o informaciones.

Alonso, Pérez, Rivero, Romero y Riera expresaron que la movilización y el protagonismo supone la participación y cooperación comunitaria, lo cual deben ser entendidas desde lo interno de la comunidad "pues el asunto no se resuelve con charlas adoctrinadoras desde valores desconocedores de la complejidad que en estos años ha adquirido para muchos la solución de los problemas vitales de su supervivencia cotidiana". (2004, pág. 39)

Los autores (Pancer y Nelson, 1999), (Fracasso, 2000; Aroche, Figueroa y González, 2003), (Alonso, Pérez, Rivero, Romero y Riera, 2004) y (Elsegood, Ávila, Garaño y Harguinteguy, 2014) plantearon como ventajas de la movilización comunitaria:

• Es accesible y efectiva en cuanto a su costo.

• La comunidad logra un abordaje del problema de manera colectiva.

• Las personas (incluyendo a aquellos que hayan sido identificados como vulnerables) son altamente imaginativas.

• La comunidad define sus propias necesidades y objetivos, y puede generar dinámicas organizativas para crear un clima de seguridad y producción de recursos materiales y espirituales.

• La planificación y toma de decisiones es responsabilidad de la comunidad y ocurre en diferentes niveles y no por imposición de un agente externo.

• Los intereses generales de la comunidad tienen mayor prioridad que los individuales; exceptuando casos de atención a algunas personas que requieren atención prioritaria como pueden ser enfermos o sancionados.

• La participación de todos los integrantes de la comunidad es importante para el desarrollo de la movilización.

• El sentido de pertenencia de cada uno de los miembros de la comunidad ayuda a asegurar que los programas reflejen su cultura y valores, así como asegurar la sostenibilidad de los mismos.

• La estrategia de movilización de la comunidad permite unidad del grupo, mayor nivel de incidencia para la exigencia de sus derechos, mayor nivel de responsabilidad social, de participación y por lo tanto reduce el riesgo de discriminación o parcialidad en las decisiones.

Aunque en muchos casos las comunidades se organizan a partir de experiencias previas de algunos de sus miembros en procesos de gestión para la solución de necesidades, sin intervención de agentes externos; en muchos otros (como puede ser el caso de las comunidades que tengan sancionados), principalmente en aquellos en que la cotidianidad y la carencia de diálogo bloquean la autonomía, la movilización de la comunidad requiere la presencia de un agente externo que incida en el proceso. En este caso, dicho agente deberá encargarse de:

• Dinamizar con la comunidad la construcción de procesos de organización, clarificando ideas, necesidades, capacidades, objetivos y maneras de conseguirlos, partiendo del reconocimiento, la valoración y el aprovechamiento de los procesos existentes.

• Promover estructuras democráticas y liderazgos suficientemente representativos que generen procesos de restitución de confianza, dimensionando adecuadamente los existentes.

• Proporcionar conocimientos e información para proponer soluciones que garanticen el cumplimiento y la vigencia de sus derechos y el cumplimiento de los principios rectores de los desplazamientos internos en el marco de la protección y atención como desplazados internos así como en la búsqueda de soluciones al desplazamiento dentro de iniciativas de paz.

• Generar e influir en la consecución de los recursos y ayudas para los retos que se plantee la propia comunidad.

Con la movilización de la comunidad se busca que los grupos recreen, en la medida de lo posible, formas organizativas previas para facilitar el restablecimiento de redes, formas de liderazgo y estructuras de apoyo, como una manera de reforzar el sentido, la seguridad y continuidad de la misma.

Es muy importante observar si el tipo de estructuras sociales y patrones de liderazgo propios, son efectivos para responder a las necesidades de toda la población, evitando el restablecimiento de estructuras de liderazgo que no sean representativas o que se fundamenten en objetivos o intereses distintos a los intereses de la comunidad.

Este tipo de situaciones se presentan cuando hay individuos que se proclaman a sí mismos como líderes o donde la población es controlada o coaccionada por una minoría. Los facilitadores deben ser extremadamente sensibles a este tipo de situaciones y saber cómo responder a las mismas.

Las prácticas de liderazgo que reflejen intereses individuales (políticos, étnicos, de género) deberán ser reemplazadas o complementadas con estructuras nuevas o similares que, aunque sean menos familiares para la población, pueden resultar más efectivas. Este es un procedimiento difícil de poner en práctica, que exige compromiso y capacidad de liderazgo del agente externo.

Varias investigaciones han revelado que, en lo relativo a la afectación psicosocial, una proporción considerable de la población puede ser atendida a través de intervenciones dirigidas a la comunidad. La experiencia ha demostrado que resultan muy apropiadas las intervenciones enfocadas hacia sistemas integrados que se sustentan en las relaciones de grupo para restituir condiciones y ambientes adecuados que permitan el desarrollo de la reinserción de los sancionados a medidas alternativas a la privación de libertad. (Bartle, 2010 p 31)

La tarea de movilización de una comunidad puede ser en ocasiones extremadamente difícil. En cambio puede proporcionar oportunidades para la formación de nuevas comunidades y relaciones sociales. En todas las circunstancias es importante tener en cuenta las valoraciones que las personas afectadas hacen sobre su propia situación, los cambios que se han producido a nivel personal, familiar y comunitario para comprender y proponer las formas más adecuadas de movilización y organización comunitaria.

La movilización comunitaria contribuirá a que los sancionados generalmente no tengan que empezar desde cero en los lugares donde residen, tras haber recibido una sentencia de un Tribunal Popular disponiendo el cumplimiento de una medida alternativa a la privación de libertad, debido a la desconfianza que provoca en la comunidad haber sido comisor de un hecho delictivo son objeto de rechazo y desprecio, obligándolos habitualmente a formar parte de grupos informales donde son propensos a reincidir en hechos delictivos.

La movilización y organización de la comunidad permite a los sancionados definir, representar y resolver sus propios intereses y preocupaciones, así como reconocer y respetar los diferentes vínculos comunitarios tanto en lo religioso, lo cultural y lo organizativo.

Las comunidades que tienen sancionados deben identificar y conocer los programas dirigidos hacia los mismos para contribuir a su desarrollo y a mejorar la relevancia y sostenibilidad de ellos. El éxito de cualquier programa estará directamente relacionado con la apropiación que haga de él la comunidad, para lo cual es indispensable reconocer a los sancionados como sujetos con deberes y garantías.

Desde la idea de movilizar a la comunidad se considera a los individuos como responsables activos en la identificación y respuesta a los problemas y circunstancias que enfrentan. Este hecho es vital para evitar la dependencia de la asistencia externa, así como la apatía y desmotivación que la misma dependencia genera. (Fleita, 2010)

La prevención en la comunidad

Etimológicamente la palabra prevención proviene del latín "preventione" que significa la acción o efecto de prevenir, disponer, organizar y prever para evitar un peligro. Vázquez (2005) señaló que los pioneros en hacer estudios desde la psicología social sobre la prevención fueron Linderman, Erich y Caplan y se concibió como un proceso que se elabora de forma consciente desde la política social, y su desarrollo exige el compromiso del accionar transformador sobre la realidad.

Caplan (citado por Vázquez, 2005) introdujo en la década del 60 del siglo XX, una clasificación a partir del momento en que se instrumenten las acciones preventivas, antes, durante o después del problema y las distingue en prevención primaria, secundaria y terciaria. La prevención secundaria trata de conocer el problema para poder intervenir en las primeras fases para evitar que se desarrolle y para esto, se trata de establecer oportunidades, su objetivo sería reducir el impacto en tiempo y afectación. (Vázquez, 2005).

Un colectivo de autores en trabajo social en Cuba manifestó que la caracterización de la prevención social en su orientación resulta muy difícil, pues supone un profundo conocimiento de los procesos sociales de desarrollo, de su dirección y planificación en todos los campos y esferas de la vida social. De ahí, que la misma se clasifique en general y especial (Colectivo de autores, 2007)

La prevención social general está dirigida, ante todo, contra las causas de la desviación de la conducta en cuanto fenómeno social. Se encuentra vinculada del modo más estrecho con los procesos regulares del desarrollo social. Lo específico consiste en dar también a esos procesos y a su dirección y planificación, una orientación consciente contra los delitos y sus causas, para lo cual, se plantea el perfeccionamiento y la planificación única del desarrollo económico, social y cultural.

La prevención social especial entre tanto, está encaminada en primer término, a la prevención de hechos concretos y determinados y a la prevención de las formas de conductas ilícitas que le anteceden directamente, tanto mediante el ejercicio de influencia sobre las causas y condiciones reconocidas de la acción previsible, como también mediante la evitación de un hecho planeado o de su consumación. Esta prevención realiza su aporte a la reducción del delito, mediante la intervención concreta, directa o más o menos inmediata, limitada en el tiempo y en el espacio sobre las causas y condiciones de determinados delitos, teniendo presente particularidades específicas de los mismos, así como particularidades individuales modificadas por aspectos sociodemográficos territoriales y típicos de las distintas esferas.

La prevención penetra cada vez más en lo trascendente; adquiere un carácter social cada vez mayor y evidente, por lo que aumenta la responsabilidad de la sociedad por el estado del orden público, de las formas de vida colectiva del hombre, las que son eslabones intermedios esenciales entre los individuos y la sociedad, y puntos, en que las normas morales y jurídicas se materializan en la acción. La efectividad de la prevención social depende del nivel del modo de vida y del procedimiento de las formas de pensar y comportarse en los colectivos sociales (como en los colectivos de trabajo, estudio, lugar de residencia, grupos de amistades y en la familia), es decir, de la conducta.

Norma Vasallo (2008) dijo que los conceptos de conducta desviada y de prevención social se complementan mutuamente en una profunda interrelación dialéctica, criticó a las personas que tienden a prestar más atención a la conducta desviada que a la evitación de la misma, mediante la aplicación de una serie de medidas tendentes a eliminar o disminuir en lo posible, las causas de su aparición.

Por ello, la prevención social se debe analizar a partir de tres niveles, donde el primero sería el trabajo encaminado a la formación de un sistema de orientación valorativa que garantice la asimilación e interiorización de las normas y principios planteados por el sistema de regulación de la conducta social aprobado; el segundo sería el tratamiento dado a aquellas personas en cuyo entorno están presentes los factores de riesgo, y por ende, requieren de una atención priorizada, lo que no quiere decir que la existencia de estos factores conduzca inevitablemente a la conducta desviada como tal, y el tercer nivel actuaría cuando aparecen ya las manifestaciones indeseadas por la sociedad, las que constituyen violaciones flagrantes de las leyes sociales, e implican la aplicación de medidas coercitivas (Colectivo de autores, 2007)

Fue a partir del triunfo de la Revolución Cubana que se crearon los mecanismos institucionales dirigidos a atender la problemática social y se asignaron tareas a las organizaciones de masas a fin de dar respuesta rápida y masiva a las situaciones más urgentes, poniendo en vigor el 27 de febrero de 1959, la Ley 111 que creaba el Ministerio de Bienestar Social que tendría a su cargo el estudio, atención y orientación de esta actividad, posteriormente al desintegrarse pasa a ser atendida por los órganos del Poder Local a través del Departamento de Servicio Social. En 1967 se constituyeron las Comisiones de Prevención de la Delincuencia de Menores y en ese propio año se funde con la de Prevención Social en una sola comisión dirigida por el Partido Comunista de Cuba.

Se promulga el 29 de agosto de 1986 el Decreto Ley 95 creando las Comisiones de Prevención y Atención Social, que estableció las bases y la organización actual que enmarca una política gubernamental en materia de prevención, siendo esta una labor de extraordinaria importancia en la que debe participar de forma organizada toda la sociedad a fin de eliminar paulatinamente las causas y condiciones que generan la conducta antisocial y la actividad delictiva.

Estas comisiones de Prevención y Atención Social tuvieron sus estructuras a nivel de nación, provincia y municipio, las cuales poseen sus propias estructuras y funciones de acuerdo a las características propias del territorio.

En Cuba la Comisión Nacional de Prevención y Atención Social es la instancia que se encarga de controlar la ejecución y el cumplimiento de las políticas y estrategias que en materia de prevención orienta el Partido Comunista de Cuba y fundamentadas en ellas se proponen los órganos, organismos e instituciones del Estado y las organizaciones de masas y sociales que la integran. "Los niveles de la prevención desde la perspectiva del Trabajo Social o la Psicología Social, por citar un ejemplo, pasan por el nivel societal, el comunitario, el grupal y el individual" (Domínguez, 2012 p.25)

El primero se remite a procesos y fenómenos macrosociales, a toda la sociedad como contexto global, como organización social mayor. El segundo constituye un nivel intermedio entre lo grupal y lo macrosocial, se refiere a las relaciones sociales que constituyen una red social más próxima a la persona, al interior de la cual los procesos psicosociales influyen directamente. El nivel individual constituye un sistema estable de contenidos y funciones psicológicas que caracterizan la expresión integral del individuo. Se coincide con Marisol Sóñora y A. Vázquez (2000) cuando plantearon que en el momento de trazar la estrategia de prevención social, la cual incluye entre otros factores la prevención del delito, se debe tener en cuenta no sólo al individuo sino a éste en su interacción con la familia, el grupo donde se desenvuelve, la comunidad, entre otros.

Con acierto, Vera (2003) manifestó que el nexo existente entre la prevención social y la prevención del delito no es desconocido por la Criminología, ciencia que distingue un nivel de prevención social general y uno de prevención criminológica especial. A la primera se le atribuye un carácter indirecto al abarcar las directrices de la sociedad en materia de difusión de la educación y la cultura, para elevar el bienestar material y espiritual de las personas. La segunda abarcaría la actividad de aquellos organismos que enfrentan directamente la actividad delictiva, como son los tribunales, la fiscalía, y la policía, entre otros.

En Cuba, un considerable por ciento de la actividad de prevención, tanto la general como la referida al delito y las conductas antisociales, se realiza a través de los medios de comunicación y la televisión en particular (prevención primaria). Existen espacios en la televisión específicamente dedicados a esta tarea, donde se afianzan valores como el de la solidaridad, el respeto a la propiedad social y particular, el sentido de justicia y el amor al trabajo y también se tratan la comisión de delitos y las conductas antisociales desde la perspectiva de la reacción social que éstas generan y las consecuencias que ocasionan tanto sociales como legales, para los infractores de la ley.

Concluyendo, la autora considera que la esencia del proyecto social cubano consiste en la existencia de oportunidades para la preparación, superación y desarrollo del potencial humano que interviene en la labor preventiva, conjuntamente con la participación de la población en transformación de su entorno social son algunos de los elementos claves que posibilitan la continuidad del trabajo social preventivo cubano.

Las sanciones alternativas a la privación de libertad

La política social y criminal del Estado cubano y el sistema de prevención se desarrollan en la actualidad bajo el impacto de múltiples cambios operados a escala internacional, que trascendiendo las fronteras nacionales y repercuten en determinada medida en todos los Estados. Cuba ha reaccionado a ello con la adopción de una serie de medidas que han propiciado la reactivación económica del país y han provocado también cambios a nivel macrosocial, comunitario y familiar. Los Proyectos Sociales se han instituido como una oportunidad social (Vázquez Penelas, 2003)

En Cuba, como en el resto del mundo, se presenta la discusión sobre la modificación del sistema de penas y la procedencia o no de su flexibilización con relación a la privativa de libertad, siendo opinión reiterada que el abuso indiscriminado y la intromisión de otros factores que influyen en la imposición de este tipo de sanción, ha hecho que la misma fracase en materia de prevención general y que ello atenta profundamente contra uno de los requisitos garantizadores de los fines de la sanción.

Frente a tal situación la reacción de la doctrina y del derecho comparado en materia de justicia penal y del control de la ejecución de la pena, han venido haciendo eco de la formación e implementación de programas de legislación y orientación que contemplen no sólo una amplitud de la gama de sanciones y medidas alternativa a la privación de libertad, enfiladas y establecidas sobre la base de alcanzar metas político-criminales-social diferentes (Domínguez, 2012 p.25)

Domínguez (2012) enfatizó que además, se deben cumplir y ejecutar dichas sanciones y medidas en función a intereses que estén a la altura de lo social, teniendo las finalidades fundamentales la atención directa del sancionado con penas sin internamiento, las que por su naturaleza no tienden a afectar negativamente la correcta socialización del infractor, dado que no sustrae al individuo de la comunidad en que se desenvuelve y de los factores de prevención instituidos en ella, sujetos interventores que poseen ante todo un preferente derecho de rehabilitación por su propia razón de ser.

Cuba ha logrado estar a la vanguardia de los países que en el mundo se ocupan de darle cumplimiento efectivo a las Reglas mínimas de Naciones Unidas sobre las medidas no privativas de la libertad, conocidas por Reglas de Tokio de 1990, las cuales promueven la aplicación de sanciones no privativas de libertad, y fomentan una mayor participación de la comunidad en la gestión de la justicia penal.

Es opinión de la autora que las Reglas Mínimas de la Naciones Unidas sobre las medidas no privativas de la libertad, constituyen un material valioso, pese al tiempo se mantienen como una eficaz herramienta para potenciar la aplicación de sanciones o medidas no privativas de libertad, así como las garantías indispensables para las personas a quienes se les imponen. Además, de ofrecer un método que permite uniformar y dignificar la manera de ejercer el control y la asistencia a estos condenados; sin embargo, muchos Estados aún deben avanzar en la reglamentación de las mismas en sus legislaciones nacionales y en su cumplimiento, toda vez que tal y como se aprecia de las experiencias internacionales sobre el control de estas instituciones jurídico-penales, aún no existe, a nivel global, uniformidad ni estricto apego a los postulados de estas Reglas.

El Código Penal Cubano, Ley No. 62 en los artículos 33 y 34 establece que "el Tribunal informará a la policía la sanción, para que ésta coordine con las organizaciones de masas y sociales del centro de trabajo las formas adecuadas de ejecución de la pena de trabajo correccional sin internamiento y con las organizaciones sociales y de masas del lugar de residencia de los sancionados a limitación de libertad, encargándole a la policía la obligación de informar al Tribunal el incumplimiento de las obligaciones impuestas al sancionado" (Cuba. Ministerio de Justicia, 1988 p. 23). De esta forma se implementa en el territorio cubano lo estipulado en las Reglas Mínimas de las Naciones Unidad, rectorado todo el proceso de implementación de la medida por la figura del juez de ejecución.

La figura del Juez Encargado del Control de la Ejecución surge entonces, para integrar la vigilancia y atención (ambas equilibradas) sobre las personas que cumplen sanciones penales o medidas de seguridad predelictivas que no conllevan internamiento o que han sido objeto de beneficios de excarcelación. En tal virtud, la Instrucción No. 201 del Consejo de Gobierno del Tribunal Supremo Popular, encarga a estos jueces la labor de coordinar y controlar en la demarcación territorial correspondiente, el debido cumplimiento de estos institutos. (Cuba. Ministerio de Justicia, 2010)

Dentro de esta propia tendencia reformadora es el juez de ejecución el que lleva a cabo la reinserción del sancionado sin internamiento a la comunidad y realiza esta labor de forma integral y coordinada con asistentes judiciales, la policía nacional revolucionaria, las direcciones territoriales de trabajo, las estructuras que tienen a su cargo la actividad de prevención y atención social, los trabajadores sociales, y los representantes de las organizaciones sociales y de masas del país, quienes intervienen en esta labor en correspondencia con sus misiones y contenidos propios, y a esos efectos coordinarán, se asesorarán e intercambiarán informaciones con los jueces y asistentes judiciales del correspondiente tribunal municipal popular, aprovechando especialmente el marco propicio de las estructuras que tienen a su cargo la tarea de prevención y atención social. Pero no se da una adecuada participación a la comunidad y a la familia en el proceso socializador del sancionado, reservando este derecho solamente a las instituciones oficiales.

Las conclusiones que se pueden extraer del análisis realizado en el capítulo son: