Ciudadanos o intrusos: la opinión pública española ante los inmigrantes

Este artículo aborda el tema de la inmigración como un elemento más de diferenciación en el seno de una sociedad que se reclama plural y con identidades diversas. Se indaga cómo se modula la diferencia inmigrantes-autóctonos en la opinión pública española y en qué medida las actitudes y en general los discursos hacia los extranjeros favorecen o dificultan la convivencia.

Presentación

En la configuración de la España actual existen múltiples elementos de diversidad que reclaman el derecho a la diferencia y a la pluralidad de identidades sociales, culturales, religiosas, de orientación sexual, etc. El país de nacimiento –ser nativo o inmigrante- constituye una de esas diferencias que, sin ser de las más importantes, ha sido objeto en los últimos años de una creciente polémica en paralelo con el aumento del flujo de extranjeros, que suman ya 3,5 millones según el avance del Padrón de Habitantes de 1 de enero de 2005 (8% de la población).

En este artículo nos proponemos ofrecer algunos elementos para llegar a comprender cómo se modula esa diferencia en la opinión pública española y en qué medida las actitudes, opiniones y, en general, los discursos hacia los extranjeros favorecen o dificultan la convivencia intercultural.

La vía más habitual para conocer las opiniones y actitudes de los españoles hacia los inmigrantes son las encuestas por muestreo que han sido aplicadas por el CIS desde 1993 hasta 2004 y por el CIRES entre 1991 y 2000, así como varios eurobarómetros sobre racismo y xenofobia encargados por el Parlamento Europeo y otros sondeos puntuales promovidos por diversas instituciones. De sobra son conocidas las ventajas de este tipo de encuestas que permiten conocer la distribución y evolución temporal de las opiniones y actitudes, y el grado de correlación entre las variables. Sin embargo, en la medida que parten de cuestionarios precodificados, tienden a homogeneizar la percepción que se tiene sobre los inmigrantes, anulando el sentido contextual de las respuestas, que puede ser muy diverso. El riesgo que se corre es adoptar un enfoque etnocéntrico, dando por supuesto que "los españoles" forman un conjunto homogéneo frente a "los extranjeros", considerados también en bloque.

El complemento necesario de las encuestas de opinión son las exploraciones de campo y los estudios cualitativos que permiten abrirse a la complejidad de las prácticas y los discursos sociales tanto de inmigrantes como de autóctonos. En este sentido, Colectivo Ioé ha realizado diversas investigaciones en las que hemos podido comprobar que las posiciones adoptadas frente a los inmigrantes no se pueden entender aisladamente del mapa de identificaciones y diferencias preexistentes entre los nativos. La conclusión a la que llegamos fue que no existe un referente único ni unívoco de los discursos que aluden a "lo extranjero" sino un complejo plural, inestable y descentrado de significados que remiten a la posición social de los sujetos, a la historia del estado-nación y a las luchas políticas y partidarias del presente.

La formación de la opinión pública en torno a los extranjeros se nutre de varios ingredientes. En primer lugar, la experiencia directa de una relación personal con inmigrantes y, en segundo lugar, las imágenes que se trasmiten de ellos a través de los medios de comunicación, en especial la televisión y los periódicos de ámbito estatal.

Desde la ideología liberal se aduce que no hay manipulación donde existe libertad de mercado o pluralismo político, ámbitos en los que todos pueden concurrir; sin embargo, tanto la publicidad como los medios masivos de comunicación se ejercen en la práctica a partir de una asimetría fundamental entre unos emisores activos y poderosos, y unos receptores pasivos y atomizados. En nuestro caso, el tema de la inmigración ha sido frecuentemente utilizado por los líderes políticos conservadores como arma electoral (vinculación de la inmigración con las mafias y la delincuencia, insistencia en el "efecto llamada", etc.), lo que probablemente está en el origen de un incremento de la xenofobia. Asimismo, sucesos como la persecución de inmigrantes en El Ejido (2000) o el accidente de ecuatorianos en Lorca (2001) suscitaron intensos debates mediáticos y académicos que también influyeron en la opinión pública.

En primer lugar haremos un balance de las encuestas de opinión sobre inmigrantes, tratando de completar los trabajos ya presentados por varios autores en el Nº 98 de Papeles de Economía. En segundo lugar, recogeremos algunos elementos del debate político y académico en torno a la inmigración y su repercusión en la opinión pública.

Por último, ofreceremos un análisis cualitativo del fenómeno de la discriminación de inmigrantes, a partir de los estudios realizados por Colectivo Ioé.

1. Las encuestas de opinión sobre los inmigrantes

Un primer asunto de interés es saber si el incremento de inmigrantes en los últimos años es percibido o no como un problema importante para la sociedad española. Si repasamos los Barómetros del CIS desde el año 2000 (ver Tabla 1), podemos observar que, a juicio de los entrevistados y de modo mayoritario, "los problemas principales que existen en España" son el paro y el terrorismo (ETA): dos de cada tres personas consideran de modo constante que el paro es el primero problema, reduciéndose algo en 2004; el terrorismo, señalado como el primer problema en 2000 (para el 80,9%), ha ido reduciendo drásticamente su importancia en los tres años siguientes hasta llegar al 43%, volviendo a repuntar en 2004 (atentado de Atocha del 11 de marzo de ese año). Podemos entender que el paro es un problema crónico de nuestro sistema productivo, que en las etapas de crisis afecta a muchas personas y en las de bonanza económica constituye un fantasma o amenaza permanente, sobre todo para quienes tienen empleos de duración temporal (31% de los asalariados). Por su parte, el terrorismo estaría sometido a intensas oscilaciones dependiendo de los acontecimientos ocasionales o de las campañas mediáticas y políticas. El tercero y cuarto temas señalados en el año 2000 fueron las drogas y problemas económicos, a mucha distancia de los dos anteriores: las drogas han ido reduciendo su importancia (del 16% al 10%) mientras los ‘problemas económicos’ se han mantenido en torno al 12%.

A continuación se sitúan otros tres temas que son los que han experimentado un incremento más notable, partiendo de posiciones minoritarias. El caso de la vivienda es el más llamativo ya que ha multiplicado su importancia por seis; la inseguridad ciudadana y la inmigración se han duplicado en estos cinco años. En síntesis, la inmigración es un problema percibido por la opinión pública con una importancia secundaria, si bien ha experimentado un incremento constante en los últimos años junto con la vivienda y la inseguridad ciudadana pero siempre alejado de la gran importancia concedida al paro o al terrorismo.

Por otro lado, si se atiende a los problemas "que afectan personalmente" a los entrevistados, casi todos los temas aludidos descienden en importancia hasta la mitad o más, entre ellos el de la inmigración (del 18,8% en 2004 al 7,7%) junto al paro, el terrorismo y las drogas. En particular, si observamos los dos temas que hemos adjuntado a la inmigración y la inseguridad (el racismo y la violencia de género) se verifica que ambos han sido mayoritariamente inducidos como problemas sociales a partir de los medios de comunicación y que no se sienten como problemas propios: los ‘machistas’ y "racistas’ son siempre los demás. Por el contrario, la vivienda y los problemas económicos incrementan la importancia, esto es, se sienten más reales y cercanos para los ciudadanos, junto con otros problemas como las pensiones y la sanidad. Desde este punto de vista, los problemas más sentidos son el paro, la vivienda y problemas económicos; la inmigración (7,7%) no sería un problema que afecte de modo directo a la vida cotidiana o que preocupe especialmente a los entrevistados. Es más, en 2004 desciende del 5º al 6º puesto en el ranking de los problemas señalados que afectan a "España" o al "entrevistado". Y esto es así en un quinquenio en el que se ha producido el mayor incremento de extranjeros en España y una actividad legislativa frenética referida a la inmigración: ley 4/2000, ley 8/2000, ley 2003 y los correspondientes reglamentos y procesos de regularización (el último a partir del 7 de febrero del 2005).

En segundo lugar, podemos analizar las encuestas de opinión de la última década sobre los inmigrantes con el fin de construir algunas tipologías básicas. La Tabla 2 recoge la actitud general de los españoles ante la entrada de trabajadores inmigrantes en España. Se puede observar que las dos opiniones extremas (permitir la entrada a todos; prohibir la entrada a todos) han ido perdiendo puntos a favor de la posición central: permitir la entrada sólo a aquellos que tengan un contrato de trabajo. Esta posición se ha constituido como la políticamente correcta, defendida por los diversos gobiernos pero en la práctica inviable dado que, excepto el exiguo número de contratos en origen y para trabajos de temporada (el denominado cupo anual), la inmensa mayoría de contratos se ha realizado una vez que los trabajadores se encontraban en España y habían pasado un tiempo más o menos largo sin la documentación en regla. La opinión intermedia recogida en las encuestas no compromete a nada ni a nadie dado que se entra a formar parte de la inmensa mayoría. Aunque no es una respuesta intolerante, denota una posición defensiva, de sospecha o resquemor: ‘sí, pero…’. Por el contrario, situarse en una de las posiciones extremas significa afirmarse en una diferencia con menor respaldo social.

Si nos fijamos en la percepción que los entrevistados tienen del número de inmigrantes, el 20,6% de quienes perciben que son ‘pocos’ adoptan la posición de permitir la entrada de todos los trabajadores sin obstáculo ninguno mientras que de quienes perciben que son ‘demasiados’ sólo el 2,6% apoya la apertura plena. El número de inmigrantes es el mismo para ambas posiciones pero la valoración que se hace difiere sustancialmente. Del mismo modo, quienes consideran que la inmigración es ‘positiva’ en España están más dispuestos a permitir la entrada de todos que quienes la valoran negativamente. También se observa una correlación similar entre quienes se han relacionado directamente con inmigrantes y los que no; los primeros se muestran más proclives a permitir la entrada a todos que los segundos. Las diferentes opiniones de los entrevistados vienen determinadas, también, por factores como el nivel de estudios, el estatus socioeconómico o el posicionamiento en la escala de ideología política. Quienes apoyan la entrada de inmigrantes se caracterizan por tener en mayor grado estudios universitarios, autoposicionarse en posiciones de izquierda o identificarse como clase alta y media/alta ; por el contrario, quienes defienden el cierre de fronteras se sitúan en mayor proporción en nivel de estudios primarios y obreros no cualificados. Según estos resultados, las posiciones contrarias a la inmigración las mantienen quienes ven en la misma menos ventajas y, por tanto, no valoran la convivencia multiétnica y multicultural resultante; éstos serían los más incultos y los que cuentan con menos recursos. Nos podemos preguntar hasta qué punto esto depende, al menos en parte, del método de encuesta ya que quienes tienen mayor nivel educativo saben sortear mejor las preguntas comprometidas para responder con ‘corrección política’ mientras los otros se ven atrapados en sus propios prejuicios. O quizás los sectores menos cualificados y con menos renta ven más a los inmigrantes como competidores suyos mientras las clases acomodadas los ven como subalternos y mano de obra barata.

Posición de España entre los países de la Unión Europea

En 1988 se realizó la primera encuesta europea sobre la actitud de los ciudadanos de la Comunidad Europea ante los problemas de racismo, intolerancia y xenofobia que dio lugar al informe sobre Racismo, xenofobia e intolerancia. Derechos humanos e inmigración en la C.E..

El estudio respondía a la preocupación mostrada por el Parlamento Europeo en 1985 sobre el avance del fascismo y el racismo en Europa. El resultado más llamativo fue la diferencia de actitudes ante las minorías étnicas entre los países de la Europa del Sur (Portugal, España, Grecia y, en menor medida, Italia) e Irlanda, por una parte, y los demás países del centro y norte de la Comunidad Europea, por otra; esto es, entre países con tradición de emigración y países con un presencia notable de inmigrantes.

A partir de entonces el Parlamento Europeo propuso realizar periódicamente encuestas europeas sobre racismo y xenofobia en el marco general de los eurobarómetros y se incluyeron preguntas relativas a la inmigración en los correspondientes a 1991 (Eurobarómetro 35), 1992 (E. 37), 1993 (E. 39) y 1995 (E. 42). El Eurobarómetro 47.1 (1997) es específico sobre racismo y xenofobia y corresponde al Año Europeo contra el Racismo. Los resultados del mismo produjeron inquietud por la presencia de actitudes negativas ante la inmigración en la mayoría de los países. El año 2000 se aplicó otro sondeo específico sobre actitudes ante las minorías étnicas (Eurobarómetro 53) cuyo informe lo redactó la empresa SORA en 2001. El resultado general del mismo fue una actitud algo más favorable hacia las minorías étnicas pero con notables variaciones por países.

El Informe SORA cuantifica las actitudes de cada uno de los países europeos ante los ‘otros’ (inmigrantes y minorías) agrupando las 31 variables consideradas, después de aplicar un análisis factorial, en siete dimensiones básicas (o latentes): 1) culpar a las minorías; 2) apoyar políticas de mejora de la coexistencia social; 3) aceptación restrictiva de inmigrantes; 4) molestia; 5) optimismo cultural; 6) condiciones de repatriación; y 7) asimilación cultural. Estos factores se cruzaron con variables sociodemográficas consideradas relevantes en la elaboración de tipologías (sexo, edad, estudios, ideología política y pertenencia grupal). De las respuestas dadas a las diferentes preguntas que componen las dimensiones seleccionadas para el análisis de conglomerados se obtuvo la clasificación en cuatro tipos de actitud ante las minorías étnicas: intolerante, ambivalente, pasivamente tolerante y activamente tolerante, y la distribución de actitudes en cada uno de los países respecto a los cuatro tipos. El tipo correspondiente a los intolerantes presenta las siguientes características:

. fuertes actitudes negativas hacia las minorías étnicas (refugiados, inmigrantes establecidos);
. les molestan las personas pertenecientes a las minorías;
. las minorías no tendrían ningún efecto positivo en la sociedad de acogida;
. defienden la asimilación cultural;
. apoyan la repatriación de inmigrantes y una aceptación muy restrictiva de los mismos;
. presentan un bajo nivel de estudios;
. son menos optimistas que la media europea en relación al futuro.

El tipo de los activamente tolerantes se sitúa en las antípodas del anterior y las posiciones intermedias (ambivalentes y pasivamente tolerantes) entre los dos polos. Grecia aparece como el país más xenófobo, siendo el único que presenta un índice general negativo, con el mayor porcentaje de intolerantes (27%) y el menor de activamente tolerantes (7%). Suecia es el país con mayor grado de tolerancia, Finlandia el segundo y España ocupa el tercer lugar, con el menor porcentaje de intolerantes (4%) pero también con la mayor proporción de pasivamente tolerantes (61%). En la Tabla 3 pueden verse los países que más destacan en cada una de las tipologías elaboradas en el Informe SORA.

Para el conjunto de países y para las siete dimensiones consideradas no se aprecian diferencias de interés en función del sexo o de la afiliación a grupos de minorías o mayorías en cada país, pero sí en relación con la edad, el nivel educativo o la ideología política. Así, se incrementan las actitudes negativas entre quienes tienen más edad y las positivas entre quienes tienen mayor nivel educativo y quienes se autoidentifican con ideologías políticas de izquierda (lo mismo que ocurría con las encuestas aplicadas en España). Puede sorprender, no obstante, la actitud negativa hacia las minorías de quienes se declaran pertenecientes a una minoría étnica, lo que se suele atribuir al temor de perder su posición social a causa de la llegada de nuevas minorías.

Algo similar al rechazo manifestado por quienes tienen menor nivel social (parados, beneficiarios de prestaciones sociales, etc.) que temen tener que compartir los recursos sociales escasos con los nuevos competidores inmigrantes. Estos y otros factores complejizan la lectura de los resultados en los diversos países. Así, en el caso de España nos podemos preguntar si la población en general es tan tolerante como refleja el Eurobarómetro 53. Un contraste con los resultados de las encuestas y Barómetros del CIS puede matizar algunos puntos.

Tipología de actitudes ante la inmigración en España (1996-2004)

Utilizando una metodología similar a la del informe SORA-2001, María Ángeles Cea ha elaborado para España una tipología de actitudes ante la inmigración a partir de la encuesta del CIS de 1996 y los barómetros posteriores. Establece primeramente, como resultado del análisis factorial, diez dimensiones básicas1 y nueve variables sociodemográficas relevantes (género, edad, estudios, ideología política, ocupación laboral, ingresos, clases social subjetiva, religiosidad y tamaño del municipio) para obtener una tipología matizada de actitudes tolerantes, ambivalentes y reacias ante la inmigración (ver Tabla 4)1.

En el punto de partida temporal (1996) e incluso en el 2000, fecha coincidente con la aplicación del Eurobarómetro 35, la situación aparece claramente inclinada hacia la tolerancia, a pesar de observarse un ligero descenso del grupo de ambivalentes en favor de los reacios ante la inmigración. Es la situación optimista del año 2000 que permite situar a España en el tercer puesto de países más tolerantes de la UE. Inmediatamente después, la situación migratoria en España, con el incremento de residentes y la intensa actividad normativa, se convierte en tema de bombardeo sobre la opinión pública con el efecto de nuevos posicionamientos: un sector muy grande del grupo de ambivalentes (20 de 49) y algunos de los tolerantes se incorporan al sector de los reacios y el resultado final es alarmante: en los últimos cuatro años el grupo de reacios se ha triplicado. A esta situación hace referencia gráfica el título del trabajo de Cea, ‘La activación de la xenofobia en España’. Los reacios han pasado de ser uno de cada 10 en el año 2000 a uno de cada tres en el 2004, superando al de los ambivalentes y situándose próximos (a sólo 7 puntos) de los tolerantes. La imagen de la España tolerante en 2000 en comparación con la UE se ha derrumbado como un castillo de naipes.

Las características básicas del grupo de reacios o contrarios a la inmigración, según el análisis de los estudios del CIS, son las siguientes2:

Se declaran muy contrarios a la concesión de derechos sociales y de ciudadanía a los inmigrantes.
Les suscita bastante inquietud la posibilidad de convivir con inmigrantes, hacia los cuales apenas sienten simpatía.
Son los más contrarios a aminorar la política inmigratoria, al responder de forma negativa a sus ocho indicadores. Su valoración de la inmigración es negativa, al igual que la supresión de las fronteras entre los países integrantes de la U.E. No son partidarios de acoger a refugiados políticos ni de regularizar a inmigrantes ilegales. Opinan que las autoridades españolas, hasta el momento, apenas han controlado la estancia ilegal de extranjeros. Creen que las leyes de inmigración son demasiado tolerantes. Son partidarios de prohibir la entrada de trabajadores inmigrantes y consideran que ya son demasiadas los extranjeros que viven en España.
Son los que más comparten la imagen tópica negativa de la inmigración (bajan salarios, quitan trabajo e incrementan la delincuencia).
Rechazan que en España exista discriminación étnica hacia los inmigrantes. En su opinión, las condiciones de vida de los inmigrantes son muy buenas o buenas; no encuentran mayores dificultades que los demás ciudadanos en su vida diaria; no desempeñan trabajos que los españoles no quieren hacer; y, consecuentemente, no son partidarios de la ampliación de sus derechos.
Son los únicos que conceden una valoración positiva a los partidos de ideología racista o xenófoba.
Los que menos aceptan la presencia de inmigrantes extracomunitarios en nuestro país (no mantienen relaciones de amistad con ellos; defienden la restricción del cupo anual de para la entrada de inmigrantes; y creen que su número aumentará mucho en los próximos años).
No conceden mucha importancia a los actos de violencia contra los inmigrantes.
Temen el asentamiento de los inmigrantes en nuestro país. En especial a partir del barómetro de 2000, aunque son superados aquí por los ambivalentes.
Predominan los varones, especialmente en la Encuesta de 1996. En los barómetros de 2000 y 2001 la presencia masculina decrece, pero sigue siendo mayoritaria. En 2002, la proporción de mujeres supera por primera vez a la de los varones.
El perfil demográfico se caracteriza, además, por una mayor representación de personas en edad adulta; con un nivel de estudios medios; de ideología política de derechas (más al extremo en los estudios de 1996 y 2000 que en las posteriores); su ocupación laboral es de nivel intermedio (profesionales medios y trabajadores cualificados); se consideran de clase social media, con un nivel de ingresos declarado inferior a la media de los encuestados; dominan los católicos practicantes y los residentes en municipios rurales y/o semi-urbanos.

Respecto al futuro, nuestra última referencia es el barómetro del CIS de diciembre 2004 (estudio 2565). Si recogemos la pregunta 10 sobre las leyes que regulan la entrada y permanencia de extranjeros en España, dos de cada tres personas consideran que las leyes son tolerantes o muy tolerantes (demasiado, 23,5; más bien tolerantes, 31,8) frente al 14,4% que opinan que son duras. Según esto, la mayoría social estaría pidiendo un endurecimiento de las leyes. Sólo uno de cada diez (12,1%) piensa que son correctas. Si nos aproximamos a la calificación del trato que se da a los inmigrantes o de otras etnias en España (preguntas 14 y 15), más de la mitad (2,3 y 52,7% respectivamente), lo califican de negativo (con desconfianza, agresividad o desprecio), mientras que solamente uno de cada diez piensa que ‘igual que si fueran españoles’ (9,7 y 10,2%). Este indicador experimenta una variación respecto a años anteriores. Descienden los grupos extremos de quienes piensan que se les trata ‘igual que si fueran españoles’ (-5 puntos) o de modo negativo (-6 puntos) y aumentan los que opinan que se les trata ‘con indiferencia’ o simplemente ‘con amabilidad’. Esto es, aumentan las respuestas intermedias, que no comprometen a nadie.

Llegados a este punto, nos encontramos con una opinión pública que tiende a combinar indicadores centristas (indiferenciados) y otros negativos. Lo que coincide con un período de crecimiento económico y mejora de las expectativas de empleo (aunque precario en muchos casos). Además. en el campo normativo, España a traspuesto en 2004 a su normativa dos Directivas comunitarias de obligado cumplimiento sobre igualdad de trato3 .Por tanto, el incremento del rechazo a la inmigración no obedece al efecto de ninguna crisis económica o a la introducción de cambios legislativos sino, mas bien, a la movilización "desde arriba" de fantasmas y temores en relación a la inmigración, como veremos a continuación.

2. La inmigración en el debate político y académico

En el año 2004 casi dos de cada tres españoles declaraba haber tenido ‘alguna relación o trato’ con inmigrantes (pregunta 16, estudio del CIS Nº 2565), si bien las formas específicas de relación alcanzaban a porcentajes todavía bastante pequeños: relación familiar (7,2%), de amistad (30,1%), de trabajo (30,6%), de vecindad (28,4%) u otra (8,7%). Nos encontramos, pues, lejos de la situación de 1989, cuando la mayoría de los españoles no tenía trato personal directo con los inmigrantes, pero sin que todavía la proximidad se haya convertido en la situación más habitual para la mayoría. La principal fuente de información y formación de las opiniones y actitudes hacia los inmigrantes proviene, por tanto, de los medios de comunicación de masas que, a su vez, la recogen de las instancias y portavoces políticos, de las declaraciones de expertos y de la propia labor de los medios como creadores de opinión.

Intervenciones partidistas de medios de comunicación e instancias políticas

Si bien es cierto que diversas instituciones, y a veces los propios medios de comunicación, han tratado de evitar un trato prejuicioso de las minorías y de los inmigrantes4, en otros casos se ha insistido en declaraciones que trataban de relacionar, por ejemplo, inmigración y delincuencia, tal como ocurrió en marzo de 2002 cuando el entonces Ministro del Interior, Mariano Rajoy, declaró en una comparencia en el Senado que ‘nueve de cada diez nuevos reclusos preventivos en las cárceles españolas son extranjeros’. Con esta declaración, recogida también por el anterior Presidente del Gobierno, se quería explicar que el aumento en la tasa de delincuencia en 2001 y primeros meses de 2002 se debía al mayor incremento de la inmigración. Meses más tarde, en junio, el mismo ministro del interior declaró que el 90,3% de los nuevos ingresos de presos preventivos durante el mes de mayo habían sido extranjeros. Los datos fueron que de los 176 nuevos preventivos de mayo, 159 eran extranjeros y 17 españoles y citó como potenciales presos preventivos a los inmigrantes irregulares, dado que por su situación viven en la marginalidad y de ésta a la delincuencia el paso es muy corto. El argumento central del gobierno de entonces fue que dar a conocer estas cifras no era crear alarma social sino informar sobre la situación real. La reacción fue intensa por parte de algunos medios de comunicación, como El País, y de ONGS, sindicatos, etc.. En suma, se argumentaba intentando separar a los inmigrantes irregulares de los legales (exculpando a estos últimos) y, al referirse a los irregulares, se separaba a quienes realmente delinquían de quienes estaban presos precisamente por la falta de papeles. Si se sigue la prensa del primer semestre de 2002, el baile de cifras e interpretaciones es abrumador; casi imposible de digerir por un lector medio. También aparecen explicaciones más serenas a las que se ofrece menos espacio de divulgación. Es el caso de una carta al director en el periódico EL País del 17 de julio, firmada por Isabel Corella, conocedora de Instituciones Penitenciarias, que ofrece la siguiente explicación: en el mes de mayo entraron en prisión 2000 preventivos españoles y salieron 1983, siendo el incremento al final de mayo de 17; en cuanto a los extranjeros, entran 1000 y salen 841, siendo el aumento de 159 preventivos.

Son las mismas cifras que las ofrecidas por el Ministro del Interior pero lo relevante aquí ya no son los 17 y 159 leídos por el Ministro (o sea, que el 90,34% de los nuevos ingresos era de extranjeros), sino los dos mil españoles frente a los mil extranjeros. La proporción en esta lectura se invierte y los españoles son el doble que los extranjeros. Esto sin tener en cuenta, como recuerda la autora de la carta citada, que los jueces tienden más a encarcelar de forma preventiva a los extranjeros y, también, que son más reacios a concederles la libertad provisional dado el presumible riesgo de eludir a la justicia que suponen los casos en que se carece de domicilio regular. La carta al director se publicó, pero nos podemos preguntar qué proporción de lectores, que leyeron las declaraciones del Ministro del Interior en primera página y le escucharon en televisión, leería posteriormente la carta aclaratoria de aquellas cifras.

En este contexto de polémica y atribución gubernamental del aumento de la delincuencia a la inmigración, se realiza el barómetro de junio de 2002 preguntando por la relación entre inmigración y seguridad ciudadana. El resultado es que el 59% de los entrevistados relaciona ambos elementos, tal como expone la Tabla siguiente, y supera en 16 puntos al resultado obtenido en 1991 ante la misma pregunta. Este notable aumento procede, sobre todo, de la decantación del ‘no sabe/no contesta’ hacia el acuerdo en la citada relación y del ligero descenso de quienes veían poca relación entre inmigración e inseguridad ciudadana.

El cambio de opinión entre 1991 y 2002 no es ajeno al debate mediático sobre el tema en los meses precedentes al barómetro de 2002, como lo demuestra el hecho de que apenas se habían detectado diferencias de opinión al respecto hasta el año 2000. En efecto, en junio de 1996 y en febrero de 2000 una pregunta de los barómetros respectivos indagó directamente sobre la relación entre aumento de la inmigración e incremento de la delincuencia, situando el escenario en la presencia de trabajadores extranjeros procedentes de países menos desarrollados. El 51% de los entrevistados en febrero de 2000 y el 49% en junio de 1996 mostraron su acuerdo en dicha relación, mientras que el 37 y el 35% respectivamente mostraron su desacuerdo. Por su lado, el 14 y el 13% se mostraron sin opinión. En el lapso de estos cuatro años la opinión de los entrevistados se mantuvo bastante estable; hubo nueve puntos menos de acuerdo en la relación entre inmigración y delincuencia que la mostrada en el año 2002 entre inmigración e inseguridad ciudadana; por el contrario, los sectores en desacuerdo y sin opinión tuvieron mayor presencia. La responsabilidad en el endurecimiento de las opiniones sobre la imagen negativa de la inmigración puede estar muy repartida pero sus efectos han calado en amplios sectores sociales.

Dualidad en las posiciones de los expertos

Por su parte, el recurso a expertos para determinar una posición en momentos de perplejidad social o, al menos, para clarificarla se basa en la confianza de que el ‘saber’ sobre lo social estaría en el ámbito de lo científicamente neutro, esto es, al margen de posiciones e intereses particulares. ¿Pero qué ocurre cuando ante un mismo ‘hecho social’ relacionado con la convivencia entre grupos las interpretaciones se encuentran también polarizadas? Terrén (2003) ha enfrentado dos análisis de expertos ante los disturbios producidos en El Ejido en febrero de 2000. Y lo hace en la presunción de que las dos narrativas que producen pueden considerarse representativas del discurso de la sociedad civil española ante el conflicto racial; además de ser, por supuesto, ilustraciones de esfuerzos interpretativos del colectivo de expertos que sintonizan con aquellas. Como referente de cada discurso se toma, por un lado, el trabajo de Azurmendi (2001) y, por otro, el de Martínez Veiga (2001), denominándolos discurso exculpatorio y culpatorio, respectivamente, por su diferente construcción evaluativa de la población mayoritaria ante los sucesos referidos. El Cuadro siguiente ofrece el esquema comparativo de ambos análisis5:

El autor no se propone analizar el fenómeno social como tal, sino los discursos que suscitó su interpretación. Así para el discurso exculpatorio el eje principal es la figura del agricultor esforzado, que no alude a razas ni ideologías, sino al tesón y superación individual; la discriminación de que pueden ser objeto se dirigen a quienes no hacen lo suficiente para superarse. Esta posición sintoniza con la imagen de organizaciones agrarias de propietarios como la COAG y ASAJA para quienes son gente sana y sencilla de campo los verdaderos protagonistas del milagro almeriense. Desde esta posición se exculpa a los agricultores de la acusación de racismo en sus prácticas de contratación a inmigrantes. Por su lado, el discurso culpatorio sintoniza con bastantes ONGs y sindicatos de clase que han denunciado el carácter racista de esas prácticas de contratación, así como de la segregación residencial, que se basarían en una correlación entre grupos sólo sostenible a partir de presupuestos racistas.

Ambos discursos reconocen que el conflicto económico está en la base de su interpretación pero lo hacen de manera diferente. Para el primero hay que entenderlo en clave culturalista y para el segundo en clave materialista, esto es, para el discurso exculpatorio existe una diferencia en la cultura del trabajo que imposibilitaría la integración entre propietarios e inmigrantes. Para unos, el trabajo constituye su sociabilidad (‘hechos a sí mismos desde y para el trabajo’) y no entienden la ausencia de esta centralidad en la identidad de los trabajadores africanos, por cuanto su cultura se considera más próxima al ocio y a entender el trabajo sólo como medio para adquirir el sustento diario. Los propietarios no entenderían a qué vienen trabajadores sin amor al trabajo y sin una clara disposición para repetir el ciclo que ellos recorrieron (de autoexploración) antes de ser prósperos propietarios. Por su parte, el discurso culpatorio mantiene la existencia de una relación funcional entre racismo y explotación económica que, en definitiva, hace depender la selección en la contratación de los rasgos racializados: a ciertos individuos se los asocia con el carácter conflictivo por cierto prejuicio racista, aunque éste se expresa en una versión culturalista al decir que la cultura magrebí impide la adaptación a la sociedad española. En suma, para este discurso el milagro de la agricultura almeriense no sería el resultado del esfuerzo de los antepasados de los actuales propietarios (sólo el 5% de los habitantes de El Ejido ha nacido allí), sino la historia del éxito de la presencia continuada de mano de obra barata.

Se trata de dos interpretaciones enfrentadas, que no pueden ser explicadas sólo desde el ámbito académico. Para el discurso exculpatorio, la satanización de la población autóctona habría sido resultado de la beatería antirracista y de la deformación de algunos medios de comunicación; el racismo no habría existido antes en El Ejido, sino sólo después de los acontecimientos de febrero. Sin embargo para el discurso culpatorio, el racismo era algo ya latente en la organización social y, sobre todo, una variable explicativa fundamental de la manifiesta segmentación étnica del mercado de trabajo y de la segregación residencial. Con todo, por encima de ambas interpretación subyace una misma meta social, la integración, pero de nuevo sometida a visiones contrapuestas. Para el primer discurso, partiendo de la premisa de la disposición del autóctono a facilitar la integración del inmigrante, ésta recae íntegramente sobre cómo se comporte el inmigrante y, en particular, sobre su capacidad para modificar su estilo de vida haciéndolo converger con el del autóctono. En cambio, la integración social sólo será factible, en términos del discurso culpatorio, si se supera la fractura social que deriva a la exclusión social de determinados grupos de inmigrantes, sólo reconocidos por los empleadores como mercancía trabajo y por la administración como destinatarios de una política de inmigración fallida.

Según Terrén, esta contraposición de discursos reproduce la ironía que subyace a la producción de la solidaridad: el hecho de que, debido al carácter estructuralmente binario de su simbología, dichas narrativas albergan una tensión inherente entre inclusión y exclusión. Esto es, no parecen ser capaces de representar la virtud y generar lealtad si no es representando también lo que se considera anti-civil y amenazante para la comunidad originaria. Aparecen así dos versiones de la solidaridad social: la que lo hace a través del sentimiento del miedo, que exonera al habitante autóctono de responsabilidad y lo constituye bajo la figura del héroe victimado; y que lo hace a través del sentimiento del odio, que culpabiliza al autóctono y victimiza al recién llegado.

Ambos elementos, el miedo y el odio constituyen una tensa relación de implicación entre la solidaridad social que alimentan y la clasificación social sobre la que se basan.

3. La discriminación de los inmigrantes como ejercicio de poder

Diversas investigaciones han explorado los discursos de los nativos hacia los inmigrantes desde un punto de vista cualitativo y conceptual. En especial, se ha estudiado el fenómeno de la xenofobia pero también las actitudes igualitarias que plantean un trato igualitario desde el reconocimiento de la diversidad cultural. A continuación recogemos algunos resultados de estos análisis.

En La reflexión que se viene realizando en Europa en torno al rechazo a los inmigrantes se suele englobar bajo el concepto de "racismo". Sin embargo, esta palabra no se utiliza en su acepción estricta6 sino en un sentido más amplio -equivalente a xenofobia-, y sirve para designar un conjunto de comportamientos discriminatorios que no siempre tienen un referente físico-biológico. De hecho, varios autores sostienen que hoy predomina un "nuevo racismo" que no habla de razas sino de culturas y que, bajo el pretexto de defender la diversidad cultural, predica la separación entre ellas (cada uno en su país) o bien la segregación en guetos de los diferentes7. En este caso "los otros" son ciertos colectivos a los que se atribuyen determinadas características (de nacionalidad, etnia, cultura, género, etc.) que permiten configurarlos, no sólo como diferentes, sino como inferiores en algún sentido.

El objetivo preferente de ese racismo sin razas es precisamente la inmigración. Sin embargo, ésta es un objeto ilusorio del racismo pues éste, a su vez, incluye a varios colectivos autóctonos, como las minorías étnicas con problemas de integración social o los descendientes de inmigrantes nacidos en España, y deja fuera a una gran parte de los extranjeros, como los procedentes de países más desarrollados que España o los profesionales de alto nivel procedentes de cualquier país que trabajan en empresas multinacionales, los que pertenecen al cuerpo diplomático, etc. En las páginas que siguen utilizamos la categoría de discriminación, entendiendo por tal cualquier postergación, segregación o minusvaloración que un grupo ejerce sobre otro cuando tal proceso excluyente viene asociado a una diferencia entre ambos colectivos. Las personas particulares son discriminadas, al margen de sus valores y comportamientos individuales, por su adscripción a tales grupos marcados por esa diferencia.

La discriminación tiene lugar entre dos polos asimétricos: el grupo discriminante -activo, dominante- y el grupo discriminado -pasivo, dominado-. Implica, por tanto, una práctica de poder que produce un estatus de inferioridad en las víctimas de la discriminación. Cuando la relación entre las partes se produce en pie de igualdad, no de dominación, cabe hablar de confrontación o competitividad, no de exclusión de un grupo sobre otro8.

Las diferencias entre las personas, en principio, no son las que producen desigualdad sino los mecanismos de exclusión asociados a esas diferencias. En nuestro caso a las diferencias de nacionalidad (que crean la distinción autóctono/extranjero) se suelen superponer las diferencias de clase, pertenencia étnica, diversidad cultural, género, fenotipo, etc. En cuanto inmigrantes del Tercer Mundo padecen y/o se enfrentan a las barreras jurídicas de la política de inmigración española y a los prejuicios ideológicos de la opinión pública con respecto a las personas de otras etnias, culturas y procedencias; y en cuanto trabajadores se ubican mayoritariamente en empleos precarios y marginales Si aplicamos este planteamiento al caso de los inmigrantes, podemos establecer el siguiente cuadro:

La discriminación de los "inmigrantes" supone, en primer lugar, resaltar lo "diferente" de dicho colectivo en relación al polo discriminante (los autóctonos); de ahí que pueda ser una trampa el simple hecho de categorizar a ese colectivo por algunos rasgos diferenciadores que, en ocasiones, son meramente circunstanciales (haber nacido en otra parte, no tener en regla un expediente administrativo, confesar otra religión) o, simplemente fenotípicos: ser moreno, tener los ojos rasgados, etc. Los discursos alternativos, en cambio, relativizan las diferencias y resaltan lo que de común tienen todas las personas, como base para una convivencia pacífica y un intercambio enriquecedor. No se trata ya de la mera lógica binaria inclusión-exclusión, sino del reconocimiento y aceptación de las diferencias, que producen múltiples diversidades, a la vez que de la proclamación de la igualdad en derechos para todos los portadores de las mismas.

Las nuevas formas de racismo están ya lejos del racismo biológico pero eso no obsta para que subrayen las diferencias que presentan los extranjeros y las carguen de profundidad, como si demarcaran en dichas personas una naturaleza diferente cuya convivencia con los españoles estaría llena de riesgos. En consecuencia, los inmigrantes son calificados como intrusos cuando pretenden convivir con los españoles en pie de igualdad (en derechos laborales, sociales o políticos). Asimismo, desde este punto de vista la cohesión social de la cultura autóctona se encontraría amenazada por la penetración incontrolada de esos "nuevos bárbaros" que entran en España ilegalmente y no respetan "nuestras" costumbres. No debemos olvidar que la primera discriminación de los inmigrantes es institucional, esto es, se fundamenta en el principio de la soberanía del estado-nación que tiene poder para controlar las fronteras (sólo deben entrar los imprescindibles) y para adoptar aquellas políticas de inserción que sean más eficaces para asegurar su integración en las pautas y normas vigentes. En estas condiciones, la presencia de inmigrantes puede ser valorada positivamente siempre que adopten una posición subordinada en lo político (derechos limitados en relación a los autóctonos) y un papel complementario en lo laboral (por ejemplo, en oficios precarios donde es escasa la oferta de mano obra, como empleados de hogar internos, temporeros del campo, peones de la construcción, etc.).

Aunque cualquier diferencia entre colectivos puede desencadenar un proceso discriminatorio, en el caso de la inmigración concurren básicamente las cinco categorías siguientes: nacionalidad, cultura, fenotipo, género y posición económica9: En principio, sin embargo, las anteriores diferencias no tienen por qué conllevar discriminación; es más, pueden ser fuente de un intercambio enriquecedor (por ejemplo, evidentemente, entre los sexos pero también entre las naciones, las culturas y las diversas posiciones económicas) o bien, simplemente, ser aceptadas como asuntos irrelevantes para la convivencia y el mutuo reconocimiento (caso del color de la piel o los rasgos faciales).

La cuestión es por qué tales diferencias dan lugar en algunas circunstancias a procesos discriminatorios, es decir, son vividas en confrontación y desde una relación de poder entre las partes. Nuestra respuesta a esta cuestión consiste en invertir la dirección de tales procesos, esto es, no son las diferencias las que están en el origen de la discriminación sino, más bien, al revés: las relaciones preexistentes de poder y desigualdad son las que desencadenan un clima de confrontación que utiliza las diferencias como excusa o coartada para ejercer el dominio. Tales desigualdades, a su vez, se suelen mover en un doble plano, material y/o simbólico, que se refuerzan mutuamente y dan lugar a las actitudes y prácticas discriminatorias (directas o indirectas). Por ejemplo, la discriminación sexual se intenta justificar desde la ideología del patriarcado, la discriminación del extranjero/inmigrante desde el nacionalismo (ideología de la preferencia nacional), la discriminación cultural desde una supuesta superioridad de la "modernidad" occidental (eurocentrismo), la discriminación étnica desde un supuesto racismo biológico (primacía de la raza blanca) y la discriminación laboral desde el liberalismo económico (ideología del libre mercado).

Las cinco diferencias apuntadas, con frecuencia combinadas entre sí, suelen estar presentes en la discriminación que padecen los hombres y las mujeres inmigrantes. Si se resaltan y contraponen esas diferencias, se construyen rápidamente discursos racistas; pero si esas mismas diferencias se relativizan y dan lugar a un intercambio mutuamente enriquecedor, se construyen también discursos universalistas y solidarios. Hemos detectado, de este modo, un amplio abanico de discursos sobre los inmigrantes, basados en tres grandes lógicas analíticamente diferentes pero que en la práctica pueden actuar combinadas entre sí.

a) Lógica nacionalista

Diversas posiciones discursivas comparten en su simbología un supuesto común: la naturalización del estado-nación.

Éste aparece como una realidad esencial (dato incuestionable, no modificable) que adscribe a las poblaciones a un estatus de ciudadanía, determinado por su lugar de nacimiento. El estado (que otorga la ciudadanía) no es una construcción social e históricamente condicionada, sino la expresión de una realidad "esencial" (la nación /nacionalidad) y el ente encargado de defender a este cuerpo social. Lo normal es que cada población resida en su espacio estatal-nacional; las migraciones internacionales introducen una anomalía en este orden. Este discurso no alude a posibles diferencias raciales, étnicas o culturales; en principio es compatible con una postura "anti-racista", siempre que se mantenga el principio de que la prioridad en el acceso a los recursos corresponde a los nacionales.

Este tipo de consideraciones tiende, por su propia lógica, a delimitar el campo de "lo extranjero" al de los inmigrantes pobres, que aparecen mucho más como consumidores de recursos de la sociedad autóctona que como productores de riqueza. Dentro de la ideología nacionalista surgen dos posturas diferenciadas, en función del estatus social: .

Los "nacionalistas progresistas" no ven peligrar su situación por la presencia de inmigrantes, por tanto, proponen acogerlos y darles derechos, siempre subordinados a la situación económica del país.
. Los "nacionalistas proteccionistas" se encuentran en situación de subordinación y, en algunos casos, de precariedad, lo que les lleva a producir un reclamo urgente de protección que excluye a los inmigrantes extranjeros y reduce el campo para el despliegue de discursos solidarios o tolerantes.

b) Lógica culturalista.

Otra gama de posiciones ideológicas respecto a los extranjeros se articula en torno al argumento de la diferencia cultural. El discurso se construye a partir de dos supuestos básicos: en primer lugar, las culturas son universos cerrados, inmodificables en sus rasgos fundamentales (supuesto esencialista); en segundo lugar, existen culturas mutuamente incompatibles, que en ningún caso pueden coexistir pacíficamente; esta incompatibilidad es atribuida habitualmente a las limitaciones de ciertas culturas definidas como "cerradas", lo que las convierte en inferiores o atrasadas (supuesto de jerarquización). Dentro de la ideología de rechazo culturalista distinguimos tres discursos principales, vinculados a tres tipos de situación social: .

El etnocentrismo localista basa su identidad en los vínculos con la tradición, los lazos de sangre (sea el parentesco real o la nación concebida como familia) y en los vínculos con la tierra. Fuera del círculo de los propios todo es un peligro en potencia; los de fuera sólo pueden ser aceptados en la medida en que se asimilen, en tanto no lo hagan hay que sospechar de ellos y no otorgarles derechos "excesivos"; si viven entre nosotros que sea siempre como minoría subordinada. Los extranjeros que son caracterizados como culturalmente incompatibles se enfrentan al rechazo abierto a su presencia (que no se les deje entrar, que se creen puestos de trabajo en sus países) o bien a la perspectiva de una "integración" subordinada, caracterizada por la asimilación cultural y la negación del pleno derecho de ciudadanía.
El racismo obrero es el discurso desplegado principalmente por una parte de las clases subordinadas que construyen su identidad en torno a la "normalidad". Para éste las distancias de clase tienen menos importancia que las existentes entre la mayoría normalizada y los grupos "asociales". La etnia gitana aparece como paradigma de anormalidad y desviación, y ofrece el molde sobre el que se articula el discurso referido a extranjeros de otras culturas; el trabajador responsable, moderado e integrado constituye el estereotipo opuesto. Desde estos presupuestos la diferencia cultural no tiene legitimidad alguna. Los "diferentes" no pueden reclamar la vigencia de sus propias normas pues la convivencia social depende de que todos acatemos la misma ley (cuyo origen y representatividad no se pone en cuestión); la multiplicidad debe regularse por lo uno, que coincide con aquello con lo cual nos identificamos; la identificación entre normalidad y racionalidad convierte la diferencia en anomalía. La minoría es un peligro siempre en acecho, que intenta imponerse a poco que encuentre situaciones favorables para ello. De aquí que la convivencia entre culturas "opuestas" se presente como indeseable; lo que debe procurarse es la disolución del elemento anómalo (dispersándolo entre gente "normal", preferiblemente entre las clases prósperas) o su aislamiento ("que los lleven a la reserva igual que los indios"), para proteger a la mayoría.
El cosmopolitismo etnocéntrico es el discurso racista de las capas sociales ilustradas; el cosmopolitismo sostiene que las diferencias fundamentales no se establecen entre ciudadanos de uno u otro país, sino entre grupos con distinto grado de civilización; en sus antípodas se sitúan quienes, próximos al estado salvaje, ignoran las normas mínimas de convivencia.

Este corte atraviesa a todos los espacios nacionales; el discurso cosmopolita se identifica con las clases "cultas" de cualquier procedencia (embajadores, profesionales extranjeros o gitanos ricos) y desprecia a las clases inferiores (autóctonas o inmigradas), estableciendo un "racismo de clase", basado en argumentos culturalistas. Se afirma que existen universos culturales separados y jerarquizados. Las culturas que ponen el énfasis en el individualismo son definidas como "abiertas" y consideradas superiores. La diversidad de culturas no representa una pluralidad de opciones con igual entidad, sino una estructura jerárquica en la escala modernización-atraso. Por tanto, los planteamientos interculturalistas no tienen cabida: cuando coexisten distintas culturas, la superior (la propia) ha de imponerse a la inferior (la ajena). Así, la defensa de la modernidad desemboca en una postura etnocéntrica: las culturas presentadas como irracionales, fanáticas, no igualitarias, en suma peligrosas para la modernidad, han de ser controladas y/o segregadas; su discriminación es un acto de autodefensa plenamente justificado.

c) Lógica igualitaria

La tercera lógica discursiva parte de un igualitarismo que impugna los criterios de discriminación nacional o cultural, pues parte de la igualdad básica de los seres humanos. La lógica de los derechos humanos ha de ser universal sin detenerse en las fronteras estatales. Este postulado genérico admite distintas modulaciones, que generan discursos diferenciados respecto a lo extranjero, que van desde la igualdad de oportunidades en un mundo económicamente abierto hasta la crítica frontal al ordenamiento social:

. El universalismo individualista afirma que el éxito o fracaso en la vida depende de los propios méritos, siempre que exista igualdad de oportunidades para todos. Por tanto, el control de fronteras no es justificable dado que limita el juego de la competencia sólo a los ciudadanos de un estado. Estamos en un mundo económicamente unificado, en el que cada persona ha de hacer valer sus capacidades. Los inmigrantes son individuos que merecen su oportunidad, independientemente de la tasa de paro que exista en el país de destino.
. El igualitarismo paternalista parte de unos valores que no se ajustan a los límites circunscritos por el orden institucional dominante. Antes que las leyes, las fronteras o la competencia debe prevalecer la solidaridad entre humanos, miembros de una fraternidad universal, sea desde una concepción cristiana ("todos hijos del mismo padre") o genéricamente humanista. Por tanto, la relación con los extranjeros debe establecerse en pie de igualdad, superando los particularismos egoístas. La actitud solidaria que presenta esta posición no se encuentra exenta de cierto paternalismo, en la medida en que se privilegia el planteamiento de solidaridad con los pobres y oprimidos, desde sectores que no son pobres ni se sienten oprimidos. Esta circunstancia tiende a incluir al inmigrante en el campo más amplio de la marginación, objeto de protección y ayuda, pero no aparece como ciudadano con plena capacidad para ser titular de derechos y autoorganizar su vida. Desde esta perspectiva el criterio principal para determinar prioridades no debe ser la nacionalidad sino el grado de necesidad social.
. El discurso de la solidaridad anticapitalista sostiene que estamos en un sistema mundial hegemonizado por los intereses de las empresas y gobiernos del Norte: éstos impulsan los nacionalismos, la separación y conflictos entre culturas, y sostienen a los gobiernos más retrógrados en el Sur para garantizar sus privilegios y el mantenimiento de un orden injusto.

Este conjunto de factores genera pobreza y, consecuentemente, movimientos migratorios masivos. Por tanto, si el sistema funciona a escala mundial, el análisis en términos nacionales no es válido, sólo debe de haber ciudadanos del mundo, sujetos de derechos por el sólo hecho de haber nacido; en esa lógica tampoco el argumento del paro español es excusa para rechazar a los inmigrantes, pues las desigualdades mundiales son muchos más importantes. Además, la convivencia desde principios democráticos exige el respeto a la diversidad cultural, junto con la condena de las desigualdades económicas.

En el Cuadro anterior podemos agrupar los principales discursos detectados en la población española en tres posiciones o modos de articular las diferencias básicas entre inmigrantes y población mayoritaria: complementariedad (primacía de la inclusión: convivencia), confrontación (primacía de la exclusión: discriminación) y ambivalencia (co-existencia). Estas posiciones parecen remitir externamente a la tipología de actitudes de los españoles ante la inmigración elaboradas con los datos de opinión de los barómetros del CIS (tolerantes, reacios, ambivalentes), donde se cuantificaba cada una de ellas y se observaba su recorrido desde 1996 a 2004. Sin embargo en éstas se observaba siempre una correlación entre posiciones positivas y mayor nivel de estudios, elevado estatus social y valoración de la cultura moderna-occidental.

En cambio, a partir del análisis cualitativo, no se puede determinar un objeto fijo ni unívoco de la xenofobia: si se comienza señalando a los extranjeros (no españoles), se desliza rápidamente hacia criterios de clase (los inmigrantes ‘pobres’) o étnicos (donde se incluyen, todavía con más fuerza, los gitanos españoles) y culturales (grupos atrasados o no civilizados según el criterio de la cultura urbana occidental). Buscando un denominador común de las distintas representaciones xenófobas podemos decir que hacen referencia a gente inferior, no incluyendo a aquellos extranjeros que se sitúan en las propias coordenadas. En el discurso popular español la distinción inmigrante/extranjero refleja esta dualidad. Por tanto las motivaciones en que se fundamenta el rechazo no son consecuentemente racistas (cuando se acepta a no-blancos, como jeques árabes en la Costa del Sol, inversores japoneses o estudiantes afro-americanos) ni xenófobas (cuando el rechazo se refiere sólo a ciertos extranjeros). Más bien, los argumentos nacionales y étnicos se combinan con los de clase para articular un campo de rechazo de geometría variable. La articulación de ‘lo extranjero’ se construye socialmente en un proceso continuo, en estrecha interdependencia con el resto de relaciones sociales. No hay lógica pura (la binaria ya aludida, por ejemplo). Por eso, lo que Guillaumin10 denomina ‘racismo popular’ no funciona en términos de causalidad sino de forma sincrética, mezclando distintos niveles en una nueva construcción.

En todo caso, los discursos de rechazo/discriminación hacia ‘los extranjeros’, sea cual sea la lógica desde la que se desplieguen, no pueden ser etiquetados como pre o anti-modernos (excepto en el caso del etnocentrismo localista). Por el contrario, la superioridad de los nacionales se funda en la legalidad del estado-nación, institución referente de la modernidad; así mismo, la discriminación de las culturas ‘inferiores’ se fundamenta en el discurso del cosmopolitismo (etnocentrismo modernizador), que se ha constituido en paradigma exclusivo de la racionalidad y el progreso. Dentro de estos marcos, las actitudes de apertura y solidaridad encuentran unos límites precisos, dado que toda postura ‘anti-racista’ tiende a quedar inscrita dentro del orden social de la exclusión, en el que coexisten sexismo, racismo, hegemonía de la racionalidad occidental y explotación económica. Lo que Aníbal Quijano ha descrito como colonialidad del poder11. Por eso, si se dan por buenos aquellos elementos centrales de la modernización capitalista a partir de los cuales se generan las condiciones de rechazo y discriminación, de poco valdrá la denuncia, por más apasionada que sea, del racismo y la xenofobia de ciertos grupos extremos. Sólo se habrá incidido en el epifenómeno del problema.

En nuestra opinión, éste es el principal reto para abordar en profundidad los discursos y practicas antidiscriminatorias.

4. Algunas conclusiones

De modo resumido se recogen algunos puntos sobresalientes en la exposición de este trabajo: 1. La inmigración extranjera en España es una oportunidad para repensar las relaciones entre grupos sociales, no sólo las de inmigrantes y autóctonos sino, también, las que afectan a las Comunidades autónomas entre sí, a la presencia de minorías étnicas o a las diferencias de posición socioeconómica y cultural, etc. En el plano internacional, de forma todavía más evidente, la inmigración cuestiona las bases de las relaciones Norte-Sur en un mundo globalizado.

2. La inmigración no ha sido en los últimos cinco años un problema central o mayoritario para la opinión pública española, lugar que han acaparado el paro y el terrorismo. Sin embargo, junto a la vivienda y la inseguridad ciudadana ha sido uno de los temas con mayor incremento relativo, al tiempo que han perdido peso las drogas y, en menor medida, los problemas económicos. Cuando se pregunta sobre los problemas que más afectan personalmente a los entrevistados, son el paro (1 de cada 3) y la vivienda (1 de cada 5) los que sobresalen sobre el resto; la inmigración apenas afecta en este sentido al 7%.

3. A lo largo de la última década los resultados de encuesta sobre las actitudes de los españoles hacia los inmigrantes han tendido a adoptar posiciones centrales, perdiendo puntos las posturas más extremas. Una evolución que se ha visto modulada al ritmo de la política de extranjería que persigue la inmigración irregular y apoya la integración de los ya residentes.

Estos principios los apoyan sobre todos los más jóvenes, los sectores con mayor formación y elevado estatus social, en zonas urbanas. Por el contrario, los sectores menos cultos y con menor estatus se manifiestan más negativamente ante la inmigración y su integración social.

No se ha podido determinar si estas correlaciones se deben a actitudes de compromiso con la realidad o a manifestaciones adecuadas a preguntas comprometidas, para las que tendrían mejor salida los sectores más cultos.

4. La posición de España entre los países de la U.E. respecto al racismo y la xenofobia es particularmente positiva en el Eurobarómetro del año 2000. España se situaba entonces en el tercer puesto, después de Suecia y Finlandia, como país con mayor proporción de ciudadanos tolerantes y menor de intolerantes.

5. Por su parte, los resultados de los barómetros del CIS presentan una situación menos halagüeña, sobre todo como tendencia. Desde el año 2000 el grupo de tolerantes se ha mantenido, con ligeros descensos en los últimos años, mientras que el de los reacios se ha triplicado a costa de los ambivalentes o indefinidos. En 2004 España aparece dividida en tres sectores con peso similar. Pero la tendencia parece indicar que el de reacios a la inmigración puede seguir aumentando hasta sobreponerse al resto.

6. Hemos explorado algunas de las causas del incremento de la intolerancia en los últimos años y, además del aumento acelerado de inmigrantes sin papeles, hemos apreciado una importante influencia del discurso del Partido Popular, sobre todo en su segunda legislatura (2000-2004), al insistir en los medios de comunicación en la relación entre inmigración y delincuencia, pese a las réplicas en tono menor planteadas por otros interlocutores sociales.

7. A partir de análisis más cualitativos, hemos observado que la discriminación de los inmigrantes no es homogénea sino que responde, al menos, a tres lógicas diferentes nacionalista, culturalista y de los derechos sociales. Diversas combinaciones de estas lógicas dan lugar a múltiples discursos o posiciones entre (todos) los sectores sociales. En particular, la intransigencia ante la inmigración no es una cuestión premoderna, dado que entre sus ejes centrales encontramos instituciones como el estado-nación (articulación de bloques políticos internamente cohesionados y externamente rivales) o el paradigma de racionalidad occidental como clave universal o superior de progreso. La dificultad de fundamentar una convivencia multicultural y multiétnica no se limita a erradicar las posturas extremas de racismo y xenofobia sino que es preciso repensar los ejes constitutivos del actual modelo de capitalismo neoliberal y políticamente jerarquizado.

Notas

1. Dimensiones básicas:

1. Derechos sociales (educación pública, vivienda digna, asistencia sanitaria, práctica de la religión, trabajo en igualdad, constituir asociaciones, traer la familia, cobrar el paso, mantener las costumbres);

2. Derechos de ciudadanía (voto en municipales, voto elecciones generales, afiliarse a partidos, obtener nacionalidad);

3. Sociabilidad con marroquíes (tener como vecino, compañero de trabajo, casar, colegio, simpatía);

4. Política migratoria (valoración migración, supresión fronteras, refugiados, control migración, regularización, leyes, facilitar entrada, número inmigrantes);

5. Imagen tópica negativa (bajan salarios, quitan puestos de trabajo, aumentan delincuencia); 6. Discriminación étnica (condiciones de vida; dificultades de inmigrantes; trabajo no cualificado, ampliación derechos);

7. Postura ante partidos racistas (aceptación partidos; auge partidos racistas);

8. Aceptación del inmigrante (amistad; aumentará número; cupo inmigrantes);

9. Violencia contra inmigrantes (agresiones); y

10. Temor al asentamiento de inmigrantes (intención de quedarse, trato con desconfianza).

2. Ver, CEA, 2004, págs. 39-41.

3. Directiva 2000/43/CE del Consejo, relativa a la aplicación del principio de igualdad de trato de las personas independientemente de su origen racial o étnico, y Directiva 2000/78/CE del Consejo, relativa al establecimiento de un marco general para la igualdad de trato en el empleo y la ocupación.

4. Ver las propuestas al respecto planteadas por SOS Racismo o la Federación Acoge.

5. Se recogen en este apartado las aportaciones de E. Terrén (2003), a quien remitimos para ampliar la reflexión.

6. La definición literal de "racismo" remite a un fundamento biológico que incluye los siguientes puntos: 1) existen razas humanas diferentes; 2) las diferencias genético-raciales determinan características socioculturales; y 3) estas diferencias socioculturales están organizadas jerárquicamente.

7. Ver BAKER, M., The New Racism, Junction Books, London, 1981; GALLISSOT, R., Misère de l’antirazisme, Éditions de l’Arcantère, Paris, 1985; y TAGUIEFF, R., La force du préjugué, Paris, 1987 8 Cabe también una discriminación positiva, de la que no tratamos aquí, en la que se produce justamente lo contrario: un trato más favorable a determinados colectivos en base a una diferencia que les perjudica en relación al resto de la población.

9. GREGORIO, C., Migración femenina. Su impacto en las relaciones de género. Narcea, Madrid, 1998, pág. 263.

10. GUILLAUMIN, C. (, "La ‘diffeérence’ culturelle", en WIEVIORKA, M. (dir), , pág. 149-151.

11. QUIJANO, A., "El fantasma del desarrollo en América Latina", en ACOSTA, A. (Comp.), El desarrollo en la globalización, ILDIS y Ed. Nueva Sociedad, Quito, 2000.

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