El índice de libertad económica en el campo mexicano (página 6)

Cuadro 4.5 Variación del ILE de la Carga impositiva del gobierno

La variable tasa impositiva máxima sobre los ingresos personales mejoró su índice avanzando diez décimas en 11 años. Antes de 1994 llegó a aplicarse el 55% de ISR a los salarios más altos. Hoy es del 29% y se prevé un estancamiento prolongado.

Con relación a la Tasa marginal máxima corporativa empezó con un buen nivel en 1994 ya que su ILE era de 2.5. En 1998 el congreso decretó que las empresas asentadas en las áreas rurales tendrían una exención del 50% de los impuestos. Este decreto se hizo con la finalidad de crear incentivos para que no cerraran las empresas agropecuarias y para que se capitalizaran mejor. Es un decreto de alcances limitados ya que no es del conocimiento generalizado de la población. Tampoco se ha usado para promover una fuerte inversión fresca en el campo. Es posible que si los inversionistas extranjeros supieran que fundar una empresa en el campo puede favorecerles al pagar la mitad de impuestos, se crearía una extraordinaria motivación para invertir. Pero los inversionistas extranjeros la ignoran o tal vez piensan en la incertidumbre en cuanto a la estabilidad de la prerrogativa.

El efecto de las tasas impositivas a las empresas es similar a la de los individuos. Si una empresa siente que el gobierno le cobra mucho, tratará de transferir la tasa como un costo de producción para recuperarlo cuando realice la venta. Pero si por efectos de competitividad la empresa detecta que no obtiene el beneficio deseado quizás busque otras latitudes y abandone al país. En consecuencia, el empleo se reducirá, la masa impositiva bajará y la economía tenderá a sufrir parálisis. Por otro lado, si los impuestos son mínimos o nulos, se generará un gran incentivo para abrir nuevas empresas.

Queda para discusión si a un país le favorece el hecho de que las nuevas empresas estén exentas del pago de impuesto sobre ganancias. Ya hay países que establecen 10 años de exención de impuestos.

El autor de esta investigación no tiene duda de que la mejor política que un gobierno puede aplicar es la de eliminar los impuestos a todas las empresas, sean viejas o nuevas. La experiencia de aquellos países que han disfrutado de altas tasas de desarrollo indica que les ha favorecido la política de reducción de impuestos a las ganancias de las empresas. Véase el caso de Hong Kong, Singapur e Irlanda. En contraparte, aquellas economías con altas tasas impositivas, como Suecia, han tenido que cambiar sus políticas. En los años 2004 y 2005 el ILE del campo mexicano ha alcanzado su mejor valor, sin que ello signifique que ya tenga la política ideal. Esta variable tuvo un avance de quince décimas en once años. Véase el cuadro 4.5.

En cuanto a la variable "Cambio anual en el gasto gubernamental como porcentaje del PIB"

Esta variable mide la actitud o la intención general del Estado para incrementar o reducir su intervención en la economía. Si de un año a otro incrementa su gasto, quiere decir que su política de intervención va en aumento. Al incrementar su gasto, provoca una reducción del margen de acción de los agentes privados. Por el contrario, si un Estado reduce su gasto, ampliará el margen de acción a los agentes privados (ceteris paribus).

Esta variable empezó con la peor calificación (cinco) dado que hasta el año 2002 se había observado crecimientos constantes en el gasto de gobierno hacia el sector agropecuario, este gasto aumentaba en más del 4% anual. Pero a partir de 2003 el gasto del gobierno cambió de signo y empezó a decrecer de manera importante. Por tal motivo, ha sido bien calificada con valor de uno. Su avance, en el período considerado ha sido de 4 puntos. Con esta tasa de variación del ILE, esta variable se considera líder en el cambio de la economía de México. Sin embargo, el gasto agropecuario del gobierno aún es alto.

En resumen. Si las tasas impositivas máximas son altas, esto producirá un desincentivo para que la gente contrate a otros, pues implica que el precio de la mano de obra se encarece. El hecho de que contablemente el impuesto lo pague el trabajador, no quiere decir que al empresario no le preocupe, pues repercute en que tiene que ofrecer mayor sueldo para tener los trabajadores que desea.

Si la tasa impositiva es baja, se generarán incentivos para que los empresarios elaboren más proyectos y contraten más gente. Es decir, se incrementaría el nivel de libertad económica para los empresarios y para los trabajadores que pueden escoger un puesto de trabajo en un universo mayor de empresarios.

Para los impuestos corporativos sucede algo semejante, ya que si los impuestos son altos, el número de inversionistas se reduce pues piensan que están trabajando para la burocracia gobernante. Si los impuestos son bajos habrá un mayor número de personas que se decidan a emprender nuevos negocios, es decir, se incrementará la libertad económica de las personas.

El factor referente a la "carga impositiva del gobierno" ha logrado un avance de 2.1 décimas al pasar de 3.8 a 1.7

4.3 ILE DE LA INTERVENCIÓN DEL GOBIERNO EN LA ECONOMÍA

Cuadro 4.6 ILE de la intervención del gobierno en la economía

Normalmente los gobiernos viven de los impuestos que paga el sector privado. Son los impuestos que se aplican a quienes trabajan por un salario, a los que compran casas, automóviles, a los que poseen terrenos o edificios, a los que importan o exportan mercancías y servicios y a los que hacen compras simples en las tiendas de autoservicio.

Esta masa de recursos que ingresa el gobierno se reparte en obra pública (carreteras, presas, cárceles) y otra parte es para pagar los gastos del personal que administra esos recursos. La cantidad que ingresa al Estado se puede comparar con el valor del Producto Interno Bruto. La peor calificación que asigna la Heritage Foundation es cuando el gobierno gasta el 40% del PIB. Le asigna la peor calificación porque la HF considera que el gobierno reduce la libertad del sector privado para decidir libre y soberanamente sobre ese 40%.

Mientras más bajo es el porcentaje que el gobierno extrae del PIB, la calificación es mejor. En estricto sentido, un país tendría calificación de uno si el gobierno no extrajera nada del PIB, pero esto no es posible pues no se ha encontrado la manera de que un gobierno sobreviva sin gastar parte del PIB. Por tal razón la HF asigna una calificación de uno si el gobierno gasta hasta el 10% del PIB.

En el caso mexicano ocurre un fenómeno interesante. El gasto de gobierno es mayor que los ingresos recibidos a manera de impuestos. Ha habido años en que los ingresos provenientes de impuestos representan tan sólo el 23% del gasto del gobierno. Esta aparente paradoja se explica porque el gobierno mexicano ha hecho uso de otras fuentes ilegítimas para obtener ingresos. Por ejemplo, se ha arrogado el derecho de ser el único facultado para extraer petróleo, procesarlo y venderlo al extranjero.

En ocasiones el ingreso proveniente del petróleo representa el 25% del gasto de gobierno. Otra fuente injusta de ingresos del Estado desde un punto de vista generacional lo constituyen los empréstitos al extranjero o a nacionales (CETES, PAGAFES, u otros instrumentos de deuda). Los gobiernos contratan deuda para pagarse a 20 o 30 años. Cuando llega el momento de pagar, los funcionarios que contrataron la deuda posiblemente ya no vivan y las nuevas generaciones tendrán que soportar toda la carga de esos compromisos.

La cuarta fuente de ingresos ilegítimos que tiene el Estado se refiere a la emisión monetaria. En efecto, dado que el Estado es el administrador de la moneda, le basta poner a funcionar la máquina impresora de billetes para obtener recursos. Todavía hace dos décadas se podía ver que cada quincena los trabajadores de gobierno recibían los billetes nuevos que el gobierno ponía a circular en la economía.

Aunque en 1994 fue el último año en que la máquina de hacer billetes trabajó intensamente (provocando la crisis del 94), su ritmo se ha reducido considerablemente hasta este momento. Hoy en día el señoreaje (impresión de billetes) significa menos del 10%, lo cual es muy alto todavía, pero menos que en esos tiempos donde la masa monetaria se duplicaba antes de transcurrir un año (1982). La fuente externa (empréstitos) también se ha reducido considerablemente a partir del año 2000. Pero todavía queda el petróleo como una fuente importante de ingresos.

Por tal razón, en general, el gasto del gobierno es alto respecto al Producto Interno Bruto. En particular, en el campo mexicano se puede observar un alto grado de distorsión. En efecto, si consideramos los ingresos que el gobierno obtiene por el pago de impuestos derivados de la actividad del sector rural son insignificantes. En una economía sana esa cantidad insignificante se repartiría en el consumo del personal de gobierno y lo que regresa al sector rural a manera de obra pública.

Sin embargo, si se compara el gasto que el gobierno realiza en el sector rural, resulta que en algunos años el gobierno dirige recursos equivalentes al 70% del PIB agropecuario (1993), pero en otros años el gasto aplicado equivale al 316% (2002) del PIB agropecuario. Si se compara con el 5% que aporta el campo mexicano resulta desproporcionado.

La razón por la que se otorga calificación baja (cercana a 5) cuanto más alto sea el consumo del gobierno, se debe a que afecta la libertad económica de los individuos. Por ejemplo, si el gobierno consume recursos para hacer una presa, está eliminando la oportunidad de que un empresario o un grupo de empresarios del campo exprese su iniciativa para hacer esa presa. Si el Estado regala fertilizantes a los productores, reduce la libertad de aquellos agentes que desearían dedicarse al comercio de fertilizantes.

Si el gobierno regala leche importada de Suiza a los niños del campo, esto tendrá efectos contractivos sobre los proyectos de la industria lechera.

Queda para el análisis y discusión si existe una manera en la que el dinero estatal, es decir, los impuestos puedan tener un efecto virtuoso para incrementar la libertad económica de los agentes privados del campo mexicano. Al menos se tiene la experiencia del gobierno de Hong Kong donde los ingresos fiscales, en lugar de gastarlos en obra pública, una parte importante se colocan en la banca privada para que los particulares dispongan y realicen sus proyectos de negocios personales.

Parece ser por tanto, que la respuesta se encuentra en el manejo del crédito. Esto no quiere decir que el Estado actúe como banca para ofrecer créditos a los productores de trigo, maíz o frijol, sino que ese crédito se puede brindar a agentes que puedan hacer banca en el campo mexicano. Se ha demostrado que los campesinos también pueden convertirse en banqueros. Empero, se tiene que estudiar profundamente si esta intervención del Estado no genera distorsiones. Para ello, se tiene que ver si la falta de crédito en el campo mexicano se debe a problemas de orden estructural.

Es probable que la figura de tenencia de la tierra tenga responsabilidad en la falta de crédito. Los campesinos laboran en tierras ejidales que no son propiedad privada, por lo tanto, no pueden usarlas para garantizar los préstamos. Es posible que si en el campo mexicano la gente pudiera usar su patrimonio para garantizar los créditos y la gente tuviera la cultura del pago, no se necesitara el dinero del Estado para desarrollar a una región.

Por ahora, la calificación es desfavorable en esta variable y no registra variación en todo el período estudiado.

En cuanto a las empresas propiedad del gobierno hay que considerar que el período estudiado está inmerso en el proceso de privatización iniciado en 1982 por el gobierno de Miguel de la Madrid. El gobierno era propietario de 2,340 empresas, desde extractoras de petróleo hasta cabarets.

Algunas empresas las había adquirido mediante nacionalizaciones, es decir, estaban en manos extranjeras y el Estado las absorbió por nacionalización o expropiación: Petróleos de México (PEMEX), Ferrocarriles Nacionales de México (FCNM), Comisión Federal de Electricidad (CFE), Teléfonos de México (TELMEX), Banco Nacional de México (Banamex), Banco de Comercio (Bancomer), otras las había formado bajo la creencia de que en manos del gobierno tendrían efectos virtuosos para el desarrollo del país: Fertilizantes de México (FERTIMEX), Comisión Nacional de Subsistencias Populares (CONASUPO), Siderúrgica Lázaro Cárdenas S. A. (SICARTSA), TEPEPAN (distribuidora de productos del mar). Otras más tienen su origen en la intención de salvarlas de la bancarrota con el fin de preservar los empleos: Bicicletas de México (BICIMEX), Ayotla Textil.

Todas estas empresas han aportado algo al desarrollo del país, pero financieramente han representado un fracaso. La mayoría de ellas estuvieron casi siempre en números rojos y muchas de ellas sobrevivieron gracias a los subsidios del Estado.

Con el presidente Carlos Salinas de Gortari (1988-1994) se da un gran impulso a la desestatización y muchas empresas se venden al sector privado y otras se eliminan.

Hoy en día, el Estado posee menos de 10 empresas, algunas de ellas son: PEMEX, CFE, UNAM, IMSS, ISSSTE, BANCO OBRERO, BANOBRAS, FIRA y NAFIN. Aunque son pocas, generan distorsiones por su importancia en la economía.

En relación al campo mexicano, el Estado ya no posee empresas importantes y por eso ha obtenido un buen índice.

La razón por la que la HF otorga mejor calificación cuantas menos empresas tenga un gobierno, se debe a que la posesión de empresas de parte del gobierno disminuye la posibilidad de que el sector privado penetre en esos renglones económicos. Las empresas manejadas por el Estado son administradas por personas que no tienen una relación de propiedad, usan fondos públicos y observan un comportamiento diferente al del empresario privado. Al no ser propietarios, juegan el papel del burócrata que está más preocupado por su salario que por la empresa. Es decir, el nivel de riesgo que asume un propietario y un burócrata del Estado es diferente. Esta diferencia de riesgo se reflejará en el funcionamiento de la empresa.

En general la empresa administrada por el funcionario de gobierno tiende a funcionar con más deficiencias que la empresa privada. La empresa del Estado no se preocupa de las ganancias y pérdidas pues tiene la garantía de los subsidios del Estado. Esto implica que la empresa estatal va a estar consumiendo recursos de otros lados sin preocuparse por el mercado.

es decir, las empresas del gobierno generan transferencias en perjuicio de terceros. No ocurre así con las empresas privadas ya que estas están obligadas a satisfacer al cliente a fin de que reciban el pago. Además, tienen que competir contra otras empresas por lo que se ven obligadas a dar el mejor producto posible y con precios competitivos. Por tal motivo se califica mejor si el Estado no posee empresas.

El ILE alcanza calificación regular en este renglón ya que las empresas grandes que poseía el Estado fueron privatizadas. Le quedan algunas de tamaño mediano que significan poco en el PIB agropecuario. Es posible que pronto desaparezcan o se cedan a organismos no gubernamentales como a asociaciones de productores. Algunas de ellas han quedado prácticamente en manos del antiguo empleado de gobierno.

Existe una gran cantidad de empresas pequeñas (pasteurizadoras, invernaderos, acuacultura) que nacieron como proyectos productivos para aprovechar un recurso natural y para crear trabajos fijos en el campo. El gobierno puso el capital para comprar el terreno (aunque también se usaron tierras federales). Estas empresas no se desarrollaron como se esperaba, pero siguen sobreviviendo sin tener definida la propiedad. Algunas han quedado en manos del empleado de gobierno (el administrador), otras han desaparecido.

En el campo funcionan muchas escuelas públicas que también deben ser consideradas como empresas del Estado, pues reducen la libertad de otros agentes que quisieran entrar al negocio de la educación, y las escuelas burocráticas del Estado tienen un efecto negativo para la formación de las nuevas generaciones. Sobreviven gracias a los presupuestos gubernamentales y eso empeora el valor del índice. También hay centros de salud que viven al 100% de los subsidios del Estado. El manejo del agua está en manos del sector público y no se ha encontrado la fórmula adecuada para pasarla al sector privado.

En cuanto a la participación de los ingresos gubernamentales en las empresas estatales y en las propiedades del gobierno, es decir, en la política de subsidios, se puede decir que las pocas empresas del gobierno en el sector agropecuario, no han sido capaces de sobrevivir con sus propios recursos, ya que han tenido que seguir participando por los ingresos gubernamentales de manera importante. Estos ingresos gubernamentales sirven para cubrir los sueldos y salarios del personal empleado en ellas.

El problema de que el Estado posea empresas sería menos grave si únicamente hubiera puesto el capital semilla y después las dejara para que aprendieran a sobrevivir en un mercado competitivo. En tal caso, es posible que los empleados se preocuparan por lograr ganancias para sostener al menos sus sueldos, y con un poco de suerte hasta podrían darse cuenta que podrían incrementar de manera importante sus ingresos si fueran capaces de crecer, desarrollarse y competir contra otras empresas privadas. Pero si en lugar de ello, el gobierno les otorga subsidios para garantizar los sueldos de todos los empleados o la compra de materia prima, entonces será una empresa que estará depredando los recursos de la sociedad.

Algo que se podría hacer consistiría en reducir gradualmente los subsidios, de tal suerte que las empresas estatales se preocuparan por buscar sus propios mercados y que trabajaran con criterio empresarial. Aunque hay que señalar que es difícil que este tipo de empresas adquieran visión de empresa ya que no fueron creadas bajo esa filosofía. Además, los directivos cambian conforme cambia el presidente municipal, el gobernante o presidente de la República.

Esta movilidad impide que los directores desarrollen su visión empresarial. En tal caso, lo mejor es transferirlas al sector privado. Se pueden vender a los mismos trabajadores, a los directivos o a cualquier otro agente que asuma los riesgos y responsabilidades necesarias. En lo sucesivo, se debe evitar la creación de empresas donde el capital sea estatal.

En resumen, esta variable ha sido calificada con cinco por las malas políticas que se han aplicado a las empresas del Estado. En los diez años, no ha habido variación significativa ya que la evaluación se hace considerando el porcentaje de participación del gobierno respecto a las utilidades de las empresas. Pero si las utilidades de las empresas son cero o negativas, cualquier aportación del Estado representa un alto porcentaje.

Producción económica generada por el gobierno. No es buena señal que la producción económica del gobierno sea significativa dentro del Producto Interno Bruto. De hecho, en una economía de mercado la contribución del gobierno al Producto Interno Bruto debe ser de cero. Si éste es el caso, la calificación que recibe esta variable es muy buena. Pero si el gobierno es el principal contribuyente al PIB la calificación que recibirá no es buena. Es cierto que las empresas agropecuarias del gobierno no representan una parte significativa del PIB agropecuario, pero hay que considerar que en el campo mexicano están asentadas empresas del Estado que controlan el agua, la electricidad y, el petróleo. Considerando la aportación de estas empresas al PIB agropecuario, significan más del 10% y por eso este índice ha mantenido una calificación de cinco. En el período considerado no tuvo variación.

Cuadro 4.7 Variación del ILE de la intervención del gobierno en la economía

A pesar de que en México se han logrado avances muy importantes para reducir la intervención del gobierno en la economía, no se registran en esta tabla pues esos avances se dieron principalmente antes de 1994. Desde entonces los cambios no han sido significativos. Por tal motivo el índice ha permanecido constante.

4.4 ILE DE LA POLÍTICA MONETARIA

Cuadro 4.8 ILE de la Política monetaria

La política monetaria que priva en un país es clave para la economía. Sin embargo, es muy difícil comprender los fenómenos monetarios y por ello se producen graves y frecuentes errores. Aún hoy en día se conservan muchos mitos alrededor de la moneda. Uno de esos mitos tiene que ver con el papel del gobierno en la administración del stock monetario, es decir, se acepta sin discusión que el Estado debe estar al cuidado de la producción o restauración del dinero en la economía. Al dejar en manos del gobierno la máquina de hacer billetes, los funcionarios no ven la razón de por qué no deben producir más billetes que los que salen de circulación por desgaste. Encuentran en la imprenta una mina inagotable para financiar sus proyectos, subsidiar instituciones, regalar dinero a los ancianos o pagar los sueldos de la burocracia.

Cuando estos funcionarios gubernamentales observan el incremento de precios, pareciera ser que no se dan cuenta que ellos mismos lo provocan al prender la máquina de hacer billetes. Consideran que el gobierno debe emitir más dinero cuando la economía crece. Si el crecimiento económico es de 10% creen que la masa monetaria debe crecer 10%. Este es un error de origen keynesiano. Hay gobiernos que determinan el crecimiento de su circulante en función de las inversiones que llegan al país. Si, por ejemplo, la tasa de cambio está de un dólar por diez pesos, y si llegan inversionistas con mil dólares en el bolsillo, entonces el gobierno imprime nuevos billetes por el equivalente a mil dólares, es decir, 10 mil pesos mexicanos. Este es otro error de política monetaria.

Incluso, se ha emitido dinero en razón a los empréstitos. Si el gobierno contrata deuda por mil dólares en el extranjero a fin de colocarlas en sus reservas internacionales, considera justo que pueda inyectar a la economía 10 mil pesos en nuevos billetes frescos. Es otro error de política monetaria.

México ha vivido procesos inflacionarios con tasa de 169% como en el período del presidente López Portillo, luego, con el presidente Salinas de Gortari se controló el proceso inflacionario, pero en 1994 por circunstancias especiales, se usó el recurso de señoreaje con lo que repuntó la inflación. Paulatinamente se ha estado controlando la oferta monetaria para alcanzar el nivel de un dígito. A pesar de que a partir del año 2000 México ha estado viviendo su mejor etapa en cuanto a política monetaria, aún no alcanza la mejor calificación de uno, pues tendría que tener una inflación inferior al 3%.

Uno de los avances notables que se han logrado en materia de política monetaria se refiere a la autonomía del Banco de México. De esta forma se pretende que el Banco de México no siga siendo la fuente inagotable de recursos del Estado como lo ha sido en otros tiempos. Antes, bastaba que el Estado firmara un pagaré para que la Banca Central le prestara lo que el gobierno deseara. Antes de pagar este pagaré, el gobierno podía volver a pedir dinero y la Banca Central sólo tenía que poner en marcha la imprenta para resolver las necesidades de "demanda de dinero" del gobierno. Esta historia se repetía sin límite.

El gobierno, en lugar de pagar con los ingresos fiscales, le bastaba reestructurar su deuda y seguir pidiendo dinero. Es así como la deuda interna se transformaba en una bola de nieve con radio creciente ad infinitum. Por estas políticas, la moneda perdió tanto valor que en 1994 se le tuvo que quitar tres ceros.

A pesar de la autonomía al Banco de México y que ha mejorado sustancialmente la administración de la moneda, no debe olvidarse que el poder del Estado sigue influyendo de manera importante y que no hay garantía para que los próximos gobiernos tengan el talento de inducir una mejor administración del dinero. Algo que se podría hacer para prevenir errores monetarios tiene que ver con la eliminación de los certificados de la tesorería (CETES) y de otros instrumentos financieros.

En realidad, sería muy sano para una economía que los gobiernos no tengan la prerrogativa de endeudarse. O bien, establecer la prohibición de que las deudas se transfieran a los gobiernos sucesores. De esta manera, si un gobierno pide prestado, rigurosamente tendría que pagar con los ingresos futuros provenientes de impuestos. Aún así, no hay garantía de que los gobiernos asuman la responsabilidad de saldar deudas y por tal motivo, lo mejor es evitar que los gobiernos disfruten del derecho de endeudarse, lo que implica eliminar todo tipo de papel de deuda gubernamental.

Los gobiernos con poca visión y responsabilidad emiten dinero sin saber que generan un mecanismo que transfiere el poder adquisitivo de una parte de la población a otra. En efecto, al imprimir un nuevo billete adquiere un valor que no tenía cuando era un pedazo de papel en blanco. Ese nuevo billete, en manos de un parroquiano, genera un incremento de demanda. Ese incremento de demanda empuja los precios hacia arriba de tal suerte que el trabajador que tenga salario fijo ya no podrá comprar lo mismo que ayer: alguien le robó su poder adquisitivo.

Lo que ocurre es que el poder adquisitivo que gana el nuevo billete es la suma del poder adquisitivo que pierden miles de personas. La forma de evitar este robo furtivo consiste en transferir la administración de la moneda a un agente privado, cuya única tarea sea la de conservar la cantidad de dinero en la economía. En otras palabras, este agente debe recoger los billetes deteriorados, quemarlos y reponerlos por nuevos billetes. O bien, recoger un billete de cien pesos, destruirlo y emitir cien billetes de un peso. De esta manera no estaría aumentando el stock monetario.

Un tema que vale la pena investigar se refiere al comportamiento de los precios ante un escenario de stock monetario fijo.

El autor de esta investigación sostiene la conjetura de que el precio de un bien específico puede alterarse, pero en promedio, la variación de precios es nula. En condiciones de Stock monetario fijo, el precio de un bien puede crecer por efecto de un incremento en la demanda o por escasez, pero no por efecto de señoreaje. Ahora bien, que el precio de un bien se altere, no debe considerarse como si fuera un problema, una enfermedad o algo inadmisible. Simplemente constituyen señales para que los agentes económicos tomen decisiones más eficientes.

La variación de un precio significa una señal que los oferentes deben analizar para actuar en concordancia. Si el precio del frijol crece, el productor debe investigar si se debe a la escasez o porque las preferencias cambiaron y la gente quiere comer más frijol y por eso se incrementa la demanda. De cualquier manera, los productores, al ver la señal de precios, serán inducidos a aumentar la producción y con ello se cubrirá la necesidad de los consumidores. En condiciones de señoreaje, los productores verán que los precios crecen y serán inducidos a aumentar la producción, pero ese incremento de precios no se deberá al incremento de la demanda y, por lo tanto, los productores no podrán vender toda su producción, los inventarios crecerán, se despedirá a la gente y se generaliza una crisis económica.

También podría ocurrir que los precios de un país crecieran por efecto de una demanda internacional creciente. En este caso, ese crecimiento de precios es completamente sano y no hay nada de que preocuparse. Los productores incrementarán su oferta de bienes exportables y los precios alcanzarán nuevos valores de equilibrio.

En condiciones de stock monetario fijo, los movimientos de los precios son verdaderas señales para los productores y consumidores. Ningún gobierno puede mejorar estas señales y cualquier intento de modificarlas termina por crear problemas a la economía.

Si un gobierno quiere conservar el derecho de administrar la moneda, existe una alternativa poco explorada hasta hoy. Se puede sustituir la tarea de recoger impuestos, que es una tarea costosa, por el buen uso de señoraje. En efecto, dado que el señoreaje transfiere recursos de una población a otra, entonces se puede utilizar como si fuera un mecanismo fiscal para extraer recursos de la sociedad y dirigirlos al gobierno. Se podría eliminar cualquier otro tipo de impuestos y únicamente usar este mecanismo. En esta forma, el gobierno dejaría de gastar recursos para recabar impuestos.

Para poder aplicar esta propuesta se requiere que el Estado defina claramente sus funciones. Si el Estado se define como una entidad encargada de promover y vigilar que funcione el sistema de mercado, entonces se puede aplicar el sistema de señoreaje en sustitución de los impuestos tradicionales y usarlos para los gastos de gobierno. No hay de que preocuparse si los gastos de gobierno son mínimos. Cierto que con este sistema se generaría cierta inflación, es el pago por mantener a un gobierno, pero no pasaría del 3%, si el gobierno únicamente se dedica a sus funciones sustanciales.

Finalmente, si la incertidumbre monetaria es elevada, es decir, si no se tiene confianza en que los nuevos gobiernos tengan una buena administración de la moneda, será más conveniente promover la unión monetaria con una economía más estable que la mexicana. No hay que buscar demasiado para darse cuenta que esa economía es la norteamericana. Aún cuando los Estados Unidos no poseen la política monetaria perfecta, por ahora es más confiable que la mexicana ya que está determinada por el Fondo de la Reserva Federal que es un organismo más o menos independiente del Estado.

Quiere decir que México tendría que dar curso legal al dólar para que se use como si fuera moneda nacional. Serviría para pagar impuestos, pagar deudas, o para ahorrar. Con el fin de evitar procesos traumáticos, no tendría que sacarse de circulación a corto plazo a la moneda nacional. De hecho, se dejaría que circularan libremente las dos monedas. A lo que tendría que renunciar el gobierno mexicano es a seguir produciendo moneda mexicana.

Quiere decir que se tendría que destruir la imprenta que produce billetes nacionales. Los billetes mexicanos empezarían a deteriorarse y gradualmente a desaparecer. Si es posible, se puede llegar a un acuerdo con Estados Unidos para que imprima dólares que sustituyan a los billetes viejos de México. El proceso de sustitución de esta manera podría durar entre cinco y diez años. De cualquier forma y mientras no se logre la sustitución total de moneda, la tasa de cambio debe quedar definida completamente en el mercado.

Cuadro 4.9 Variación del ILE de la política monetaria

Por ahora el avance de treinta décimas del ILE referente a la política monetaria marca una de las mejores notas para el gobierno de México

4.5 ILE DE LOS FLUJOS DE CAPITAL E INVERSIÓN EXTRANJERA

Cuadro 4.10 ILE de los flujos de capital e inversión extranjera

Aún hoy en día hay gobiernos que mantienen rechazo a la inversión extranjera. Aunque también hay otros que abren completamente sus puertas a los inversionistas foráneos. Los gobiernos que se oponen a la inversión extranjera creen que ella elimina los derechos sociales y entrega los recursos naturales al capital transnacional.

Piensan que la inversión extranjera daña la soberanía de un país porque sólo busca hacer ganancias para luego guardarlas en algún banco suizo. Consideran que las riquezas naturales (petróleo, gas, plata, agua) deberían ser aprovechadas sólo por los nacionales. Tal es el pensamiento que sirve de base para poner obstáculos a la entrada de capitales.

El temor a perder soberanía se refiere al hecho de que los inversionistas no ven con buenos ojos la inestabilidad política de un país. Verse afectados por las marchas, manifestaciones, huelgas, luchas entre los grupos que quieren el poder, les induce a restringir sus inversiones y en el peor de los casos, cerrar sus negocios e irse a otras latitudes. Es cierto que a los inversores extranjeros no les gusta que las autoridades políticas les impongan normas, reglamentaciones, impuestos, aranceles o determinen el salario que deben pagar a sus trabajadores. Ven con mucho temor los procesos de cambio de gobernantes pues no están seguros si arribará al poder un gobierno que pretenda confiscar sus bienes o si será alguien que promueva y proteja los negocios. Pero estos temores no son exclusivos de los inversionistas extranjeros, pues ya se ve que hasta los inversores mexicanos han preferido abandonar el país.

El problema no se encuentra en los inversionistas nacionales o extranjeros sino en el orden inadecuado de un país que no alcanza a definir lo que quiere. Es cierto que los inversionistas extranjeros son reacios a obedecer las normas, reglamentaciones o caprichos impuestos por la autoridad. Pero es preciso comprender que el mundo de los negocios no es fácil, y que complicarles la vida con asuntos más allá del mercado equivale no solo a dañarlos innecesariamente, sino a afectar a todos porque se reduce la inversión, las fuentes de empleo y el consumo.

Cierto es que los inversionistas extranjeros llegan con el objetivo de hacer ganancias. Pero esto no es un pecado como ya lo explicó Adam Smith hace doscientos años. Cada vez que un inversionista gana un peso, significa que tuvo que satisfacer el gusto, la necesidad o el capricho de un cliente. Es decir, en cada operación, tanto el inversionista como el cliente ganan. Ambos mejoran su posición económica, ambos se benefician. Luego, mientras más gane el inversionista, más gana la sociedad.

Normalmente, el inversionista usa sus ganancias para aumentar su industria. Si en el país hay buenas condiciones de inversión, allí seguirá colocando sus inversiones, si no es así, el inversionista buscará colocar su dinero donde tenga mayor rentabilidad. Si el inversor no desea abrir nuevos negocios, buscará colocar sus ganancias en un banco. Si los bancos nacionales no generan la confianza que requiere el inversor, entonces éste colocará su dinero en otro banco, quizás en un banco suizo.

Constituye un error de pensamiento creer que el dinero que llega a un banco queda dormido en las cajas de seguridad de la institución. En realidad, estos dineros se prestarán a otros hombres de negocios que han encontrado nuevas oportunidades. Sea que el inversionista reinvierta sus ganancias en el país, sea que los guarde en un banco internacional o que establezca nuevas industrias en otros países, es decir, hay que percatarse que son decisiones que benefician a la gente. Y el beneficio será mayor cuanto mientras mayor sea la apertura de los mercados. Pues si el inversionista decide producir zapatos en algún lugar de África, seguramente es porque allí saldrán más baratos y se podrán exportar a todo el mundo, incluyendo a México.

Se necesita comprender que sólo los hombres de negocios llegan a desarrollar su visión para detectar dónde se puede producir de la manera más eficiente. Es decir, los hombres de negocios conforman una máquina ideológica muy importante que debe preservarse y protegerse a fin de de que den el mejor resultado en beneficio de la sociedad. Si un gobierno, un funcionario o burócrata daña a esta maquinaria, quien más saldrá perjudicado no será el empresario, sino los consumidores y la sociedad en conjunto.

Bajo la idea de que las riquezas naturales del país no deben ser aprovechadas por los extranjeros, se han creado instituciones, como PEMEX, Comisión Nacional del Agua (CNA), CFE, Instituto Nacional de investigaciones Nucleares (ININ), para que sólo los mexicanos puedan usufructuarlas. Sin embargo, Juan Pérez, que es mexicano, no tiene derecho a poseer un pozo petrolero, tampoco puede construir una presa, aunque tenga recursos monetarios propios para generar electricidad y venderla a sus vecinos, no puede perforar un pozo para extraer agua y venderla en la colonia a menos que satisfaga una serie de requisitos burocráticos (solicitar permiso, solicitar registro en el Registro de Propiedad de Derechos de Agua) y sujetarse a las cantidades, horarios y precios que dicte la autoridad.

Es decir, en la práctica la restricción para que los recursos naturales queden en manos de los mexicanos se convirtió en el derecho para que la burocracia gobernante sean los cuasi-dueños. El resultado final de la política de exclusividad para los mexicanos generó industrias atrasadas, ineficientes, burocratizadas y caras. La industria nuclear quedó totalmente estancada y el manejo burocrático del agua amenaza con la creación de un problema de escasez en los próximos años.

Por otro lado, no existen experiencias exitosas de países que hayan cerrado sus economías a la inversión extranjera y se hayan hecho más prósperos. Incluso los Estados Unidos, cuando cerraron sus puertas a los automóviles japoneses, perdieron competitividad con marcas nacionales de vehículos grandes, pesados, ineficientes y caros. Sólo hasta que volvió a abrir sus mercados pudo forzar a las marcas nacionales para hacer mejores carros o cerrar ante mejores marcas.

La idea de proteger los mercados nacionales contra la competencia extranjera carece de sustento y es la vía más directa para crear industrias obsoletas.

Finalmente, no tiene sustento creer que limitar la libertad de los extranjeros para que inviertan en el país puede incrementar la libertad económica de los nacionales. Es una idea peligrosa porque puede generar conflictos de orden internacional.

Código de Inversión Extranjera. Esta variable evaluó la actitud que reflejan las leyes mexicanas hacia la inversión extranjera. Cualquier inversionista desea saber cómo se le va a tratar cuando llega a un país. Quiere saber si las leyes le van a proteger o si estará a expensas de la delincuencia.

Hay países que tienen una actitud definida hacia los inversionistas extranjeros. Por ejemplo Corea del Norte especifica en sus leyes que no se acepta ningún tipo de inversión extranjera. Tienen un código claro pero adverso al capital foráneo; Hong Kong tiene leyes que hablan del completo respeto a las inversiones extranjeras garantizando que no se les confiscará en modo alguno. Otros países no especifican su política hacia las inversiones foráneas. La no existencia de leyes de inversión extranjera no quiere decir que estén prohibidas. En este caso el inversionista puede sentir una elevada incertidumbre y hacerle pensar dos veces antes de invertir su capital.

Aunque se da por hecho que las leyes son de aplicación generalizada para toda la economía, es importante ver y saber que el sector rural posee sus propias particularidades que se reflejan en una diferenciación notable con respecto al resto de los sectores. Por tanto, para determinar la existencia o no de códigos de inversión extranjera es necesario revisar lo que al respecto contiene la Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley de inversión extranjera que posee México desde la década de los setentas del siglo pasado, y las leyes que rigen cada estado de la República.

Generalmente, el inversionista extranjero quiere saber si puede comprar tierras en México; si puede sembrar lo que desee sin que se lo impida la autoridad; si puede contratar trabajadores mexicanos o extranjeros y si puede repatriar sus ganancias.

México en general y el campo mexicano en particular, han obtenido una calificación baja en este renglón dado que constitucionalmente (véase los anexos), han existido más de diez renglones vetados a la inversión extranjera. Sólo hasta las últimas reformas de 2003 han podido abrirse algunos sectores, como la generación de energía eléctrica, aunque con supervisión y control del Estado, toda la electricidad que generen los particulares la deben vender obligatoriamente a la Comisión de Luz y Fuerza, quien será la encargada de distribuirla.

El hecho de no ver chinos sembrando arroz, hindúes sembrando trigo, rusos sembrando soya señala que nuestros códigos no son muy favorables a la inversión extranjera.

La variación de diez décimas a lo largo de todo el período, empezando con calificación de cinco y terminando con cuatro, indica que hay mucho que hacer en este renglón.