Las reformas estructurales y el Plan de Convertibilidad durante la década de los noventa

Partes: 1, 2

Descriptores Temáticos: convertibilidad, crecimiento económico, distribución del ingreso, mercado de trabajo, desarrollo industrial, finanzas públicas, deuda externa, privatización

1. Introducción

Las crisis hiperinflacionarias de 1989 y 1990 constituyen un momento clave en el proceso abierto por la dictadura militar porque en esos años, a través de la quiebra del Estado que garantiza ese funcionamiento económico y social específico, se pone de manifiesto los límites que enfrenta la valorización financiera. Estructuralmente, el colapso estatal se genera por la imposibilidad de mantener las notables y crecientes transferencias hacia los sectores dominantes cuando sus ingresos están vinculados, principalmente, a una masa salarial decreciente. En otras palabras, no puede seguir pagando los intereses de la deuda externa y subsidiando los programas de capitalización de la deuda externa y, al mismo tiempo, continuar con los subsidios implícitos de los regímenes de promoción industrial, mantener los sobreprecios a los proveedores estatales y enfrentar los intereses de la deuda interna.

Sin embargo, cuando las fracciones dominantes logran conciliar sus intereses, esgrimen la caracterización que la crisis de esos años expresa el colapso definitivo del Estado generado por el proceso de sustitución de importaciones y, específicamente, de la variante "distribucionista" del mismo. Al excluir la vigencia de la valorización financiera como un nuevo patrón de acumulación de capital y de un nuevo tipo de Estado que lo hace posible, los sectores dominantes instalan socialmente que este colapso es una versión ampliada de las típicas crisis de la industrialización sustitutiva a raíz de la pugna distributiva entre el capital y el trabajo, que en este caso, por su nivel de exacerbación, termina por arrasar la organización y las finanzas del sector público. Se trata entonces de redefinir el "excesivo intervencionismo estatal" que trae aparejado una "inmensa ineficiencia en el sistema económico" mediante la privatizaciòn de empresas estatales y la desregulación de la economía, dentro de la cual la desestructuración del mercado de trabajo tiene un papel central.

Esta visión tergiversada, e interesada, de la crisis estatal es asumida y difundida por el sistema político e, incluso, por analistas que se comportan como intelectuales orgánicos del bloque de poder dominante (3). Parece poco discutible, que esta caracterización de la crisis, al operar en el marco de la profunda derrota que le inflinge la dictadura militar a los sectores populares, se convierte en hegemónica y genera la adhesión social necesaria para llevar a cabo un profundo replanteo de la estructura y áreas de influencia del Estado, acorde a las concepciones establecidas en el Consenso de Washington (4-5).

Por otra parte, a partir de abril de 1991, los sectores dominante y el sistema político sostienen que el Plan de Convertibilidad está conformado tanto por el nuevo esquema cambiario y monetario como por las reformas estructurales cuando, en realidad, se trata de dos políticas económicas que no se suponen entre sí, al menos desde el punto de vista del funcionamiento económico. La instauración de un planteo de conversión con una tasa de cambio fija es una política destinada a estabilizar el nivel de precios –detener el proceso inflacionario– mediante la recuperación del papel de la moneda local. En cambio, la desregulación de la economía local y, especialmente, la reforma del Estado responde, fundamentalmente, a la intención de satisfacer los diferentes intereses de las distintas fracciones que integran a los sectores dominantes. Es indudable que la incorporación de la reestructuración de la economía como parte de la política antiinflacionaria tiende a obscurecer el carácter de las políticas de largo plazo6, pero también es poco discutible que, al mismo tiempo, es una severa advertencia –a propios y ajenos– de que no hay posibilidad alguna de detener la crisis económica y social sin respetar el conjunto de las políticas que conforman el Plan de Convertibilidad. Tanto es así que la política antiinflacionaria solo cobra forma una vez que se ponen en marcha las políticas reestructuradoras de largo y, en ese contexto, se comienza la negociación del Plan Brady que dará lugar a un nuevo ciclo de endeudamiento externo y fuga de capitales locales al exterior, indiscriminado e inédito.

2. Crecimiento económico y distribución del ingreso durante el régimen convertible

En el marco de la desregulación económica, de la reforma del Estado en general y de la privatización de las empresas estatales en particular, la instauración del régimen de Convertibilidad obtiene resultados contundentes en términos de la estabilización del nivel de precios7. La salida de la crisis es inmediata al interrumpirse bruscamente la inflación y expandirse rápidamente el PBI, sobre la base de una igualmente importante expansión del consumo interno impulsado por la recomposición del crédito y de un incremento de la participación de los asalariados en el ingreso (Cuadro N° 1) Si bien, el consumo interno es el motor principal del crecimiento es relevante reparar que, al mismo tiempo, se registra una reactivación significativa de la inversión, la cual –acorde con la apertura externa en el mercado de bienes– es especialmente importante en términos de la incorporación de maquinaria y equipo importado. De esta manera, se pone en marcha la "etapa de oro" de la Convertibilidad (1991-1994), cuyo éxito inicial consolida socialmente la creencia impulsada por los sectores dominantes acerca de pernicioso papel que cumple ese "Estado distribucionista", supuestamente vigente durante las décadas anteriores.

Cuadro N°1 Evolución del PBI, la distribución del ingreso, de la inversión y de las ventas de las 200 firmas de mayor facturación, 1991-2001 (número índices y porcentajes)

Sin embargo, el análisis de todo el período de la Convertibilidad permite comprobar que sus resultados en términos del crecimiento económico –la tasa anual de crecimiento alcanza a 2,7% anual entre 1991 y el 2001– y negativos en términos de la participación de los asalariados y la Inversión Bruta Interna Fija en el valor agregado (las respectivas tasas anuales alcanzan a – 2,7% y –0,1% en el mencionado período)8.

No se trata, únicamente, de la influencia que ejerce el pésimo comportamiento de estas variables durante la etapa en que este régimen económico entra en su crisis definitiva (1998- 2001), sino de una desaceleración o reversión sistemática –según la variable que se considere– a partir de los primeros años de su vigencia. En realidad, como lo destacaron varios autores9, la acentuada expansión de la etapa inicial está fuertemente influida por la notable profundidad que asume la crisis hiperinflacionaria anterior. De hecho, si se comparan los primeros años de la

Convertibilidad con 1990 –donde se ubica el epicentro de la crisis– la recomposición de todas las variables consideradas es mucho más acentuada que la del período 1991-1994 (10). Por lo tanto, a medida que disminuye la capacidad ociosa, se pone de manifiesto la incapacidad de la Convertibilidad y las reformas de largo plazo para instaurar un proceso económico que sea sustentable en el tiempo, no solo en términos de la distribución del ingreso sino, incluso, del crecimiento económico.

La falta de sustentabilidad del proceso económico impulsado por la Convertibilidad es, indudablemente, una comprobación relevante. No obstante, desde el punto de vista macroeconómico y estructural, hay otro fenómeno igualmente trascendente que es insoslayable de tener en cuenta: la creciente concentración y centralización económica que se despliega en la economía argentina durante esta etapa. La comparación entre la evolución del PBI a precios corrientes y el monto de las ventas realizadas por las 200 firmas de mayor facturación, permite aprehender algunas de las características que asume dicho fenómeno durante el período de la Convertibilidad, en tanto allí convergen las distintas fracciones empresarias que conforman los sectores dominantes de la Argentina (Cuadro N° 1).

La comparación de ambas variables da resultados inequívocos acerca de la profundidad que asume la concentración y centralización económica durante la década en que rige la Convertibilidad, ya que las ventas de las grandes firmas evolucionan a una tasa anual acumulativa notablemente más elevada que la del PBI a precios corrientes –al 8,4% contra el 4,9% anual–, lo cual indica un incremento significativo en la incidencia que las grandes firmas oligopólicas tienen sobre el proceso económico en su conjunto.

Esta tendencia vigente durante el período considerado es el resultado de diversas alternativas. Entre 1991 y 1993, es el PBI a precios corrientes el que evoluciona a tasas algo superiores a la que exhiben las ventas de las grandes firmas de la economía argentina, debido a la generalizada recomposición del consumo e, incluso, de los ingresos de los asalariados que en 1992 se registran su valor relativo más elevado durante el período considerado. Por otra parte, ese incremento del consumo actúa en una economía que exhibe una capacidad ociosa notablemente elevada notable y, por lo tanto, con la capacidad de crecer a tasas elevadas hasta recuperar los niveles previos a las crisis hiperinflacionarias. Tan importante como los factores mencionados, es que los cambios estructurales que acompañan al régimen de convertibilidad, como las privatizaciones y la apertura del mercado local a los productos importados, se están llevando a cabo y sus efectos no se expresan aun con toda la intensidad que adquieren posteriormente.

Durante estos años, luego del enfrentamiento entre las fracciones dominantes que dieron lugar a la crisis hiperinflacionaria, se conforma una "comunidad de negocios" basada en la privatización de las empresas estatales donde convergen los grupos económicos locales, las nuevas firmas extranjeras y los acreedores externos.

A partir de 1994, la situación se revierte drásticamente y las ventas de las grandes firmas evolucionan a tasas significativamente superiores al PBI a precios corrientes –en ese año las empresas de cúpula empresaria se expanden al 18,7% mientras que el PBI lo hace al 8,9% anual acumulativo–, patrón de comportamiento que se mantiene hasta 1998 (11). La trayectoria seguida por ambas variables durante esos años indica que, al operar plenamente los cambios estructurales que se ponen en marcha durante las crisis anteriores, los sectores dominantes se independizan del ciclo y crecen a una tasa muy superior al de la economía en su conjunto. Así ocurre durante la "crisis del Tequila" –cuando el valor agregado de la economía en su conjunto se estanca, mientras que las ventas de las empresas líderes se expanden al 8,3% anual–, debido a que durante esa crisis financiera la retracción del consumo es acompañada por un crecimiento muy acentuado de las exportaciones y en las cuales, como se verá posteriormente, la incidencia de las grandes firmas es decisiva (12).

De esta manera, la trayectoria de estas variables señala, inequívocamente, que el nuevo funcionamiento económico basado en las privatizaciones, la apertura importadora, la reestructuración del Estado y la desregulación económica potencia la expansión de los sectores dominantes, disciplinando y alineando al conjunto social detrás de ese objetivo. En términos del largo plazo, se pone manifiesto que las reformas que hacen viable el funcionamiento de la Caja de Conversión les permite a los sectores dominantes retomar la autonomía del ciclo económico que ostentan durante la década anterior y pierden a raíz de las crisis hiperinflacionarias de 1989 y 1990. Por esta razón, es que el conjunto social transita un proceso, y lo percibe como tal, donde la recuperación del ciclo son más atenuadas y las crisis significativamente más profundas que lo que indican las estadísticas oficiales que consideran el ciclo promedio.

Considerando ambas décadas, se puede comprobar que durante la valorización financiera los sectores dominantes logran modificar, a costa de la situación de los sectores populares, su situación durante la vigencia de la sustitución de importaciones, ya que durante esas décadas el monto de sus ventas responde a las alternativas del PBI, aun cuando son más elevadas en el auge del ciclo y menos pronunciadas en la crisis (13).

Durante esta etapa, tal como se verá con mayor detalle mas adelante, se despliega la disolución de la "comunidad de negocios" conformada en los años anteriores entre las fracciones centrales del bloque social dominante. Los grupos económicos locales le transfieren sus participaciones accionarias en los consorcios que controlan las empresas privatizadas e, incluso, el conjunto de sus empresas controladas y vinculadas. De esta manera, cobra forma durante esos años un avance inédito en el grado de extranjerización de la economía argentina que revierte y supera la repatriación de capitales foráneos radicados en la actividad industrial de la década anterior. Estas transferencias de capital devienen como un factor adicional que agudiza el funcionamiento de la valorización financiera, dando lugar a una fuga de capitales que, incluso, supera a la vigente durante la dictadura militar.

Finalmente, a partir de 1998 se producen substanciales modificaciones en el contexto internacional que dificultan crecientemente acceder a nuevo financiamiento externo. En efecto, se inicia en esa época una recesión internacional que trae aparejada una restricción financiera para América Latina la que se complementa con una disminución del precio internacional de los productos exportados. Comienza entonces la crisis terminal del régimen de Convertibilidad con un nuevo enfrentamiento entre las fracciones dominantes y, por primera vez desde la dictadura militar, el comienzo de un reagrupamiento político de los sectores populares.

Entre 1998 y el 2001, la relación entre las ventas de las grandes firmas y el PBI a precios corrientes se altera nuevamente, retomando el comportamiento típico de la sustitución de importaciones pero con diferenciales a favor de las ventas mucho más acentuadas. En ese contexto, la pugna del capital extranjero y los acreedores externos –incluidos los organismos internacionales de crédito– con los grupos económicos locales da lugar a la emergencia de proyectos alternativos que impulsan la dolarización, por parte de los primeros, y la devaluación,

esgrimida por las fracciones dominantes locales, mientras los sectores populares comienzan a converger detrás de reivindicaciones centradas en la redistribución del ingreso (14).

3. La desindustrialización y la disolución del mercado de trabajo

La rápida desaceleración y la posterior crisis de la Convertibilidad en términos de crecimiento económico, es el resultado de comportamientos disímiles entre los grandes sectores de la actividad económica. En términos generales, a lo largo del período la prestación de servicios en general y aquellos privatizados en particular tienen una trayectoria que evoluciona por encima del promedio, mientras que por el contrario, la producción de bienes en general y los industriales en particular lo hacen claramente por debajo del mismo (15). Esta dicotomía sectorial, no llama la atención porque está relacionada directamente con el impacto de la apertura externa que afecta a los bienes transables –que, en general, es el caso de los bienes industriales– y no a los que por su naturaleza –como es el caso de gran parte de los servicios, especialmente de aquellos que son privatizados– o por los regímenes especiales de protección –como es el caso de la industria automotriz– tienen una baja exposición a la competencia extranjera.

En este contexto, un análisis más pormenorizado de la evolución de la actividad industrial durante estos años, permite profundizar sus características. Al respecto, las evidencias que se exponen en el Cuadro N° 2 señalan que el nivel de producción sectorial evoluciona por encima del PBI entre 1991-1994 y por debajo de este último de allí en adelante e, incluso, más que duplicando la retracción promedio de la economía durante la crisis terminal del régimen convertible.

Cuadro N° 2 Indicadores de la evolución industrial, 1991-2001 (Indice 1993=100,0)

La acentuada expansión de la producción industrial durante la "etapa de oro" de la Convertibilidad parece ser el resultado de una rápida recuperación de la profunda retracción que registra durante el momento álgido de la crisis, impulsada por el incremento del consumo y porque la competencia importada derivada de la apertura económica es relativamente incipiente. Durante esta etapa, el propio sector industrial contribuye a la expansión del consumo popular ya que se incrementa el salario real aunque el mismo evoluciona por debajo de la productividad y se incrementa la expulsión de mano de obra. De allí en más, no sólo se desacelera el incremento de la producción que termina en una profunda crisis, sino que se deterioran todos los demás indicadores, salvo el nivel de productividad, especialmente en relación con las horas trabajadas y el salario real promedio de esta actividad (16).

Es decir, los trabajadores absorben buena parte de la crisis industrial –que se expresa mediante la relación entre una productividad creciente y un salario real decreciente– en un proceso de creciente polarización y concentración sectorial alrededor de las grandes firmas oligopólicas, mientras que otras pequeñas, medianas e, incluso algunas de las grandes firmas son expulsadas de sus respectivas actividades, a medida que se expanden los efectos sesgados de la apertura económica y de las asimetrias en el costo del financiamiento. Esta reestructuración sectorial da lugar a una creciente expulsión de mano de obra, operando los desocupados como un "ejército industrial de reserva" que, a su vez, genera las condiciones para acentuar la disminución del salario real e incrementar la intensidad del trabajo de quienes permanecen ocupados en la producción industrial.

En otras palabras, durante este período se consolidan las tendencias, hacia la desindustrialización y reestructuración sectorial que se ponen en marcha a partir de la dictadura militar, provocando el tránsito de una economía industrial a otra que puede considerarse como financiera, agropecuaria y de servicios. Es pertinente, entonces, efectuar una breve revisión de esas transformaciones estructurales que se suceden durante las últimas décadas.

En términos del comportamiento industrial de largo plazo, el proceso de desindustrialización no es un fenómeno peculiar de la década de los años 90 sino un proceso que abarca casi tres décadas, ya que durante ese período se registra una pérdida de incidencia del valor agregado industrial en el generado por el conjunto de la economía. Tal como se verifica a través de la comparación de los resultados de los tres últimos Censos Industriales (Cuadro N° 3), esta desindustrialización está estrechamente vinculada a una reestructuración regresiva de largo plazo, durante la cual disminuyen un 15% el número de establecimientos y se expulsa la cuarta parte de la mano de obra sectorial, alcanzando su mayor intensidad en términos de lo que se puede considerar la gran industrial local (los establecimientos con más de 100 ocupados). A pesar de que el último Censo Industrial se realiza a comienzos de la década y considera un año de reactivación industrial, hay que remontarse casi 50 años atrás para encontrar una cantidad de establecimientos y una ocupación industrial más o menos similar. En efecto, la revisión de los Censos Industriales indica que en 1946 el país contaba con 85 mil establecimientos industriales que ocupaban 1,1 millones de personas pero con la diferencia que en ese momento la población económicamente activa ronda los 6 millones de personas mientras que en 1993 es prácticamente el doble.

Además de la redistribución del ingreso industrial en contra de los trabajadores y la concentración sectorial (17), durante la década de los años noventa se instala la desintegración de la producción local. Si bien, durante la década anterior surgen expresiones de este tipo –como el caso del parque industrial de Tierra del Fuego, que consiste en la creciente importancia del "armado" de productos sobre la base a insumos y partes importadas– la desintegración de la producción local es un fenómeno que se expande durante el régimen de Convertibilidad debido a la apertura irrestricta a la importación de bienes. Este proceso se hace palpable cuando se verifica que el coeficiente de integración nacional de la industria local (valor agregado/valor de producción) pasó del 42% al 34% entre 1973 y 1994 (18).

Cuadro N° 3 Evolución intercensal de las plantas fabriles y la ocupación industrial, 1973-1993 (valores absolutos y porcentajes)

Finalmente, ahora sí como tendencia vigente en los 20 años que median entre los años extremos, se despliega una marcada reducción del espectro productivo. La información disponible al respecto, indica que durante las últimas décadas adquieren una creciente importancia dentro de la producción industrial las actividades que se sustentan sobre la base de ventajas comparativas naturales (como la producción de alimentos y bebidas y, en menor medida, la refinación de petróleo y la industria petroquímica), la producción siderúrgica y la industria automotriz, cuyo notable crecimiento estuvo directamente asociado al régimen de promoción y protección con el que fue favorecida. Todas estas actividades, que con sus más o sus menos son oligopólicas,congregan, en conjunto, el 65% de la producción industrial de nuestro país y el 75% de las exportaciones sectoriales.

La contrapartida de la consolidación de los sectores dominantes luego de las crisis hiperinflacionarias de 1989 y 1990, es una inédita crisis en el mercado de trabajo que avanza aún en las etapas de mayor crecimiento económico pero cuya regresividad se profundiza cualitativamente a medida que se desacelera la actividad económica. Una somera revisión de la evolución de los principales indicadores permite constatar la notable profundización de la "revancha clasista" que años antes puso en marcha la dictadura militar en el país. Junto a una reducción del salario real promedio, el desempleo, el subempleo, la pobreza y la indigencia registran niveles inéditos que refuerza el efecto disciplinador de las hiperinflaciones anteriores Cuadro N° 4).

Como tendencia de largo plazo, se puede apreciar que durante la vigencia de la Convertibilidad se remueven drásticamente los factores económicos e institucionales que limitan un mayor avance aún del capital sobre el trabajo, desencadenándose un proceso en el cual la expulsión de mano de obra, y la consecuente desocupación y subocupación, opera en el sentido clásico del ejército industrial de reserva (19) y además como masa marginal (20), e incluso como población excedente sin posibilidad alguna de reinsertarse tanto en el mercado de trabajo formal – vinculado al funcionamiento del capital predominante o a los sectores más débiles del empresariado–, o informal.

Cuadro N° 4 Evolución del PBI, los principales indicadores del mercado laboral, la población que se encuentra por debajo de las líneas de pobreza e indigencia(1), y el salario medio, 1991-2001 (índice 1991=100 y porcentajes)

n términos estructurales, no cabe la menor duda que este nuevo avance del capital sobre el trabajo está directamente vinculado con el proceso de desindustrialización inducido a partir de la apertura externa asimétrica del mercado de bienes. Tampoco, que influye en el mismo la acentuada expulsión de trabajadores de los servicios públicos privatizados que se lleva a cabo con endeudamiento externo estatal, ya sea mediante el "retiro voluntario", jubilaciones anticipadas o la expulsión lisa y llana de los mismos (21).

En realidad, desde la dictadura militar en adelante se constata una creciente heterogenidad de la clase trabajadora que está estrechamente vinculada a la profunda reestructuración industrial de las últimas décadas. Así, los regímenes de promoción industrial aplicados durante las décadas anteriores (que subsidiaban predominantemente a las grandes firmas oligopólicas y no al trabajo) produjeron una doble fractura en la clase trabajadora industrial. Por un lado, surge un nuevo estrato de trabajadores industriales que está constituido por los nuevos operarios que ocupan las plantas manufactureras radicadas en las regiones promocionadas. Los mismos tienen un escaso grado de sindicalización y perciben, para igual calificación, salarios más reducidos que los trabajadores de los centros industriales tradicionales. Por otra parte, como en buena medida las nuevas plantas industriales son el resultado del traslado de los establecimientos que estaban radicados en las zonas tradicionales (Gran Bs. As., Rosario o Córdoba), estas políticas tienden a consolidar el proceso de desocupación y marginalidad social en los lugares de origen porque, si bien se trasladan las plantas industriales, no ocurre lo mismo con los trabajadores que hasta ese momento estaban ocupados por los mismos. Por lo tanto, de ese proceso surge otro estrato dentro de la clase trabajadora que son los desocupados, los cuales mantienen obvias diferencias con los anteriores, tanto como las que ambos –desocupados y nuevo proletariado industrial– mantienen con los trabajadores industriales tradicionales.

Es indudable que esta situación se agrava durante los años 90, en consonancia a una profundización del proceso de desindustrialización y la privatización de las empresas estatales, deviniendo los trabajadores desocupados en uno de los estratos más dinámicos en las luchas sociales que se despliegan durante los últimos años de la Convertibilidad. Todos los estratos mencionados anteriormente forman parte de la clase trabajadora. En el marco de consolidada heterogeneidad de los trabajadores no sólo se vuelve más dificultosa la convergencia sobre reivindicaciones comunes sino que, incluso, se comienzan a esbozar contradicciones entre ellos (22). Si bien, el factor estructural fundamental en la generación del desempleo es la desindustrialización, su notable incremento durante la vigencia de la Convertibilidad se facilita e incentiva a partir de la denominada "desregulación del mercado de trabajo" que impulsan los organismos financieros internacionales y la fracción dominante local. Si bien, la misma forma parte del vasto proceso de destrucción de las funciones básicas y estratégicas del Estado que se implementa durante estos años, es en este campo donde esa política alcanza su mayor profundidad por la organicidad que detenta para la consolidación del proyecto dominante (23).

Desde este punto de vista, durante la vigencia del régimen de Convertibilidad se despliega una política sistemática, pero con idas y vueltas en función de los diferentes conflictos sociales resultantes, orientada a remover la normativa que modelaban el mercado de trabajo (24). Es así como a lo largo de esta década se replantean, mediante decretos del Poder Ejecutivo, las normas sobre la determinación salarial (se elimina la indexación salarial, se descentraliza la negociación colectiva y se vinculan las variaciones salariales a la evolución de la productividad); se limita el derecho de huelga; se altera el régimen de vacaciones; se privatiza el sistema de prevención de accidentes de trabajo; se ponen en vigencia diversas formas de contratos temporarios que disminuyen el costo para los empresarios (los denominados "contratos basura"); se reducen los aportes patronales a la seguridad social y las asignaciones familiares; disminuyen las indemnizaciones por despido; etcétera (25). Todas estas políticas consolidan una notable precariedad en el mercado de trabajo y un salto cualitativo en las condiciones de explotación de la mano de obra que es generalizado pero reconoce como epicentro a las grandes empresas oligopólicas, sustento de los sectores dominantes en la Argentina (26).

El rumbo adoptado por el sindicalismo parece haber sido definitorio en la disolución del mercado de trabajo y el consecuente avance del capital sobre el trabajo. No se trata, únicamente, de un proceso de adaptación a las nuevas circunstancias y relaciones de fuerzas imperantes durante la salida de la crisis hiperinflacionarias de 1989 y 1990 (27), sino en la inscripción plena de la estructura sindical como una pieza clave del transformismo argentino, que trae aparejada una modificación substancial de su funcionamiento tradicional, aún de aquella variante burocrática y negociadora que es duramente criticada por J. W. Cooke durante las décadas precedentes. De allí que durante la década de los años 90 surge una nueva central sindical combativa y alternativa a la CGT: la Central de los Trabajadores Argentinos (CTA) (28).

La primera expresión general de la integración del sindicalismo al poder establecido consiste en asumir y difundir entre los trabajadores que ante las nuevas circunstancias, la defensa del salario no es más la principal reivindicación de los trabajadores sino la defensa de los puestos trabajos, dado el sistemático incremento de la desocupación desde el inicio mismo de la Convertibilidad. Esta concesión es seguida por otra, que consiste en adoptar en los hechos la visión de los sectores acerca de los factores que impulsan el desempleo, asumiendo que la misma se origina en la "rigidez" del mercado de trabajo (altos salarios, aportes patronales elevados, alta indemnización por despidos, etcétera), lo cual indica que la denominada "flexibilización" laboral es el camino aconsejable para solucionarla (29).

Si bien, ambas líneas de acción podrían interpretarse como un error en la estrategia sindical de esos años, las dudas se disipan cuando se percibe que, al mismo tiempo, la estructura sindical se consolida mediante la participación en las nuevas actividades económicas que surgen de la desestructuración estatal que da lugar al predominio del denominado "sindicalismo empresario". No se trata, solamente, del fortalecimiento desigual de las obras sociales como fuente de financiamiento sino de la inserción del sindicalismo en la administración de fondos de pensión (AFJP), la administración de la participación accionaria de los trabajadores de las empresas privatizadas e, incluso, de la adquisición y/o participación en los servicios públicos privatizados. De esta manera, la integración (cooptación) de las conducciones sindicales por parte del bipartidismo hace que el sindicalismo deje de defender los intereses de los trabajadores y se integre al bloque de poder pero reteniendo el control de la estructura sindical, haciendo posible la reformulación del mercado de trabajo y sometiendo a los trabajadores a condiciones de explotación desconocidas, al menos desde los primeros gobiernos peronistas en adelante.

4. Las finanzas públicas y el endeudamiento externo

La reestructuración del mercado de trabajo tiene un profundo impacto negativo en las finanzas públicas debido tanto a las notables reducciones en diversos aportes patronales como a la privatización del sistema jubilatorio, y su consiguiente transferencia a las AFJP. Por un lado, las presiones para privatizar el sistema previsional comienzan en 1991 con un proyecto del Banco Mundial que replica el modelo chileno. La Ley se aprueba en 1994 y contempla la posibilidad restringida para optar por permanecer en el sistema de reparto estatal, lo cual determina que estos sean claramente minoritarios y el Estado deje de percibir una masa ingente de recursos. Por otro lado, las contribuciones patronales a la seguridad social disminuyen significativamente durante el período analizado mediante el acceso de una cantidad creciente de actividades económicas y de regiones a esta transferencia estatal. Las estimaciones realizadas al respecto, indican que dicha reducción compromete, en promedio, el 40% del monto de las mismas, a lo cual se le adiciona la disminución del 1% en los aportes patronales al sistema de obras sociales (30).

Es harto conocido que los argumentos que justificaron la necesidad de esta transferencia de ingresos genuinos del sector público a las fracciones dominantes locales mediante la reducción de los aportes patronales, radican tanto, en la necesidad de generar empleo, en un contexto de un sistemático incremento del desempleo, como en la idea de paliar el atraso cambiario que trae aparejado el régimen convertible con tasa de cambio fija (devaluación fiscal), especialmente para los sectores productores de "bienes transables", es decir los más expuestos a la competencia extranjera a raíz de la apertura económica vigente durante estos años.

No obstante, las alternativas económicas del período desmienten la existencia de alguno de esos procesos. En primer término, este enorme sacrificio fiscal no resulta en alteración alguna el ritmo de expulsión de mano de obra ni en una disminución del trabajo "en negro", sino que por el contrario la desocupación alcanza niveles impensables pocos años antes y se incrementa la proporción de asalariados no registrados (31). En segundo lugar, si bien no se trata de una transferencia de ingresos genuinos estatales que se realiza en forma indiscriminada hacia el capital en general, su sesgo principal no está vinculado al "grado de transabilidad" de los bienes producidos por las empresas privadas sino a su tamaño relativo, porque las principales evasoras de las cargas sociales son las pequeñas y medianas empresas, mientras no ocurre lo mismo en las grandes firmas oligopólicas (32). De allí que no se trate de una transferencia de recursos indiscriminada hacia el empresariado en su conjunto ni dirigida a los productores de "bienes transables", sino circunscripta a las grandes empresas oligopólicas que son la base económica de la fracción dominante local y que de esta manera incrementan sus rentabilidades relativas. En este sentido, el caso paradigmático está constituido por los consorcios que toman a su cargo la prestación de los servicios públicos que reciben este beneficio y no cumplen con la cláusula de "neutralidad tributaria" que forma parte de los compromisos asumidos contractualmente con el Estado y por el cual toda variación (incremento o decremento) impositiva debía ser trasladada a las tarifas. Las evidencias disponibles indican que si bien todo los incrementos impositivos se trasladaron a las tarifas, con la disminución de los mismos ocurre lo contrario (33).

Estas transferencias de los recursos fiscales al capital concentrado local asumen una importancia decisiva en el resultado financiero del sector público. Tal como se verifica en el Cuadro N° 5, la información disponible indica que entre 1994 y 2000, los recursos transferidos a las fracciones dominantes locales mediante la reducción de los aportes patronales alcanzan a 16.057 millones de pesos, que sumandos a las restantes reducciones vinculadas al mercado de trabajo –como los aportes al sistema de obras sociales– totalizan 29.960 millones de pesos (34). Los mismos, junto a los aportes jubilatorios transferidos por el Estado a las AFJP, totalizan 52.332 millones de pesos.

La magnitud descomunal que tienen estas transferencias estatales al capital oligopólico se aprecia cuando se las compara con los ingresos percibidos por el Estado a raíz del cambio estructural más relevante del siglo pasado: la privatización de las empresas estatales. De acuerdo a las estimaciones realizadas por el Ministerio de Economía, los ingresos por ese concepto ascendieron a 7.457 millones de pesos del 2000 entre 1994 – 2000 y a 26.810 millones de pesos del 2000 entre 1991-2000 (35), lo cual permite concluir que las transferencias estatales al capital oligopólico mencionadas precedentemente, representan el 602% del monto percibido por la privatización de empresas públicas entre 1994-2000 y el 95% más elevados que los ingresos fiscales por ese mismo concepto entre 1991-2000. No obstante su significación, estos resultados son equívocos ya que ponen de relieve la notable importancia de estas transferencias pero, al mismo tiempo, expresan la no menos relevante subvaluación de los activos públicos que se privatizaron durante estos mismos años.

De allí que sea apropiado confrontarlas con el gasto estatal más dinámico de ese período: el pago de los servicios de la deuda externa. Si se considera la información oficial sobre los servicios de la deuda externa consolidada (deuda de la Nación, las provincias y municipalidades) que ascienden a 54.446 millones de pesos de 2000, entre 1994-2000, se constata que los recursos transferidos al capital oligopólico son prácticamente equivalentes a los servicios de la deuda externa consolidada durante ese mismo período –representan el 96% de los mismos–. Cabe destacar que, especialmente a partir de 1998, las propias AFJP –controladas mayoritariamente por la banca nacional y extranjera– perciben una parte significativa de esos servicios de la deuda en tanto son los principales compradores de los bonos y títulos estatales.

Cuadro N° 5 Impacto de los ingresos por privatización de las empresas públicas, las rebajas de aportes al capital y la transferencia de los aportes jubilatorios a las AFJP, 1994-2000 (millones de pesos del año 2000)

De esta manera, así como los acreedores externos perciben una porción creciente del gasto estatal, las fracciones dominantes locales en el peor de los casos reciben una transferencia de recursos estatales equivalente al de los anteriores. Una forma alternativa de apreciar este mismo fenómeno es confrontar el déficit financiero del sector público efectivamente registrado con el que se hubiera constatado si el Estado hubiera percibido esos ingresos transferidos al capital oligopólico local (Cuadro N° 5). En ese caso, dicha desequilibrio hubiera pasado de 54.615 millones de pesos a 2.283 millones de pesos, es decir de un déficit del 2,8 % al 0,5% del PBI. En conjunto, estas evidencias indican una modificación substancial del comportamiento estatal en relación con la década anterior, acorde a la nueva relación de fuerzas tanto entre el capital y el trabajo como entre las distintas fracciones sociales que conviven dentro de los sectores dominantes en la Argentina. En términos de las finanzas estatales, se despliega un replanteo de la política vigente durante la década anterior que jerarquizaba a la fracción dominante local (grupos económicos locales y conglomerados extranjeros) como la principal receptora de las transferencias de los recursos estatales (promoción industrial, estatización de la deuda externa, sobreprecios en las compras estatales, etcétera). Así como la evolución declinante del salario promedio, el incremento de la desocupación y la disolución del mercado de trabajo son contundentes en señalar un substancial incremento en el grado de explotación de los trabajadores, los cambios fundamentales en el comportamiento de las cuentas públicas durante la vigencia de la Convertibilidad, indican una recomposición clara de la situación de los acreedores externos – coherente, por otra parte, con la firma del Plan Brady– que es acompañada por una transferencia de recursos equivalente hacia la fracción dominante local que se concreta mediante la pérdida de importantes ingresos genuinos que percibe, hasta ese momento, el Estado. De esta manera, se puede percibir la falacia del planteo de los sectores dominantes acerca de que la causa del endeudamiento estatal radica en el exorbitante déficit de las cuentas públicas que genera el despilfarro y la ineficiencia estatal, lo cual genera la necesidad de incrementar crecientemente ese endeudamiento para poder afrontar la amortización y el pago de los intereses adeudados por el Estado (36). En realidad, el endeudamiento estatal de la época es una consecuencia de las transferencias de ingresos genuinos a la fracción dominante local, impulsada por los propios acreedores externos y los organismos internacionales de crédito – como medio para aumentar el endeudamiento externo y su consecuente rentabilidad– así como por la fracción dominante local –para percibir esos ingentes ingresos extraordinarios y asegurarse la posibilidad de disponer de divisas necesarias para remitir excedente apropiado internamente al exterior–, asegurándose, además, ambas fracciones dominantes por medio de este endeudamiento el establecimientos de las reservas de divisas que le dan sustento al régimen convertible.

En otras palabras, se trata de un proceso inverso al proclamado por la ortodoxia neoliberal. Como es necesario obtener las divisas que garanticen la acumulación ampliada del capital de ambas fracciones dominantes, en su forma financiera, es imprescindible forzar el endeudamiento externo del sector público sin alterar el severo ajuste del gasto estatal y neutralizando los ingresos extraordinarios que provienen de la transferencia de sus activos fijos a los propios sectores dominantes. Esa es la función que cumplen la transferencia del sistema jubilatorio y la disminución de los gravámenes a la fracción dominante local (disminución de las cargas patronales, obras sociales, etcétera), que además tienen la "virtud" de restablecer el equilibrio –o aminorar los sesgos– entre las distintas fracciones dominantes en términos del excedente redistribuido a partir del Estado. Así como los acreedores externos concentran una porción creciente del ingreso –o del gasto– estatal por las amortizaciones y los intereses de la deuda externa estatal, las fracciones dominantes locales perciben transferencias equivalentes que se originan en esa pérdida de ingresos genuinos y en las cuales también participa la banca transnacional. Esquema que, como se verá posteriormente, se reproduce en el cambio estructural más relevante del siglo XX: la privatización de las empresas estatales.

Desde esta perspectiva, el núcleo central del comportamiento macroeconómico durante la convertibilidad no se encuentra ya en las finanzas públicas, no porque sean irrelevantes sino porque devienen en una variable dependiente de los fenómenos que se expresan en el sector externo. Dado que esta dependencia de la problemática fiscal respecto al comportamiento de las variables que ponen de manifiesto el tipo de inserción externa de la economía local, requiere una validación empírica, en el Cuadro N° 6 se exponen los resultados de la Balanza de Pagos del sector público y del sector privado entre 1992 y 2001, desagregando los principales movimientos en la cuenta corriente y en la de capital que exhiben cada uno de ellos.

El análisis de la composición del saldo de la Balanza de Pagos durante el período mencionado permite constatar que, efectivamente, el Estado es el único sector que tiene un saldo significativo y positivo mientras que, por el contrario, el del sector privado es claramente negativo. Sin embargo, el saldo positivo estatal no sólo cubre el déficit privado sino que es el origen exclusivo de la constitución de la reserva de divisas que sostienen la Convertibilidad.

Por otra parte, la composición de los movimientos de las cuentas estatales indica que ese saldo positivo es el resultado de un endeudamiento que prácticamente duplica el pago de los intereses devengados. Por lo tanto, se trata de un proceso en que el endeudamiento externo estatal no depende exclusivamente del pago de los intereses adeudados –porque en ese caso ambos tendrían que tener una magnitud equivalente– sino que, además, está en función del déficit externo del sector privado y de la constitución de las reservas que sostengan el régimen convertible.

Los movimientos de las cuentas externas del sector privado son más complejos pero igualmente trascendentes. La cuenta corriente es acentuadamente deficitaria como resultado del comportamiento de todos los movimientos que la componen y, especialmente, por los servicios reales y otras transferencias (37), y luego por los pagos devengados por el endeudamiento externo de las grandes firmas oligopólicas. Aún cuando la balanza comercial exhibe un leve superávit, el mismo es resultado del signo fuertemente positivo durante los dos últimos años de la crisis que neutraliza el carácter estructural del déficit durante la Convertibilidad. En realidad, ese carácter estructuralmente negativo de la Balanza comercial, así como la fuerte injerencia de los productos primarios en las exportaciones, revelan la inviabilidad estructural de ese régimen por su acentuada dependencia del endeudamiento externo para su sobrevivencia (38).

Cuadro N° 6 Balanza de pagos del sector público y del sector privado según principales cuentas y movimientos, 1992-2001 (millones de dólares).

Por otra parte, la cuenta capital del sector privado es fuertemente positiva pero insuficiente para compensar el déficit de la cuenta corriente. Los dos principales ingresos en esta cuenta de la Balanza de Pagos provienen de la deuda externa del capital oligopólico y de los flujos de inversión extranjera. Estos últimos, a su vez, están compuestos por la Inversión Extranjera Directa y las inversiones de cartera. Cabe señalar, que la Inversión Extranjera Directa, además de incorporar la entrada de capital para adquirir las empresas privatizadas, abarca tanto la entrada de capital extranjero propiamente dicho como la repatriación de excedente por parte de empresas locales. Asimismo, es de destacar que el principal componente de las inversiones de cartera se origina en la privatización y posterior venta de YPF a Repsol.

Así, como la deuda externa y la inversión extranjera son los principales ingresos del sector privado, la fuga de capitales locales al exterior constituye su principal transferencia de recursos fuera de las fronteras nacionales. En realidad, se trata de la transferencia de recursos al exterior más relevante de toda la Balanza de Pagos e, incluso, superior al endeudamiento neto del sector público y un 30% más elevado que el monto de los recursos totales transferidos a los acreedores externos por el sector público y el sector privado en conceptos de los intereses devengados por el endeudamiento externo.

En síntesis, las evidencias empíricas demuestran que las transferencias de ingresos genuinos estatales a las fracciones dominantes locales, que son crecientes a lo largo del tiempo, pone en marcha un proceso de endeudamiento externo que supera largamente los servicios derivados del mismo porque tiene como objetivo cubrir el déficit del sector privado y la constitución de reservas.

Sin embargo, siendo esta una explicación plausible acerca de la reestructuración de las cuentas fiscales que se pone en marcha durante el período analizado e, incluso, una explicación congruente de las funciones estatales como sustento de la acumulación del capital los sectores dominantes, no alcanza para explicar los factores que determinan el propio comportamiento económico de las fracciones del capital que definen el rumbo del proceso económico. En otras palabras, es insuficiente para explicar las modalidades específicas que adopta durante esta etapa la valorización financiera, generando una fuga de capitales locales al exterior que no reconoce antecedentes, ni siquiera durante la dictadura militar.

Partes: 1, 2

Página siguiente