Privatizaciones, rentas de privilegio, subordinación estatal y acumulación del capital en la argentina contemporánea (página 4)

· La comparación internacional de las ganancias de las privatizadas

Otra forma de constatar el carácter de extraordinario y/o de privilegio de los beneficios obtenidos por las actuales prestatarias de servicios privatizados en la Argentina es a partir de su comparación a nivel internacional con empresas que prestan los mismos servicios y que, como tales, se desenvuelven en actividades que presentan similares –y, seguramente, mayores– niveles de riesgo empresario que los vigentes en el ámbito local. Si bien en este plano las posibilidades de realizar comparaciones enfrentan algunos problemas metodológicos irresolubles, cabe incorporar algunas de esas posibles comparaciones.

La primera de ellas remite a la consideración de las tasas de beneficio registradas por Aguas Argentinas en el transcurso de la década pasada que se ubicaron, en promedio, en torno del 23% del patrimonio neto y del 14% de sus ventas anuales. Ello en nada se asemeja a los niveles considerados aceptables o razonables en otros países para los niveles vigentes en otros países. Así, por ejemplo, en EE.UU. las tasas de beneficio (sobre patrimonio neto) obtenidas en los años noventa fluctuaron entre un mínimo del 6% y un máximo del 12,5%; en el Reino Unido, las evidencias disponibles indican que la tasa razonable para el sector se ubica entre el 6% y el 7%; mientras que en Francia se considera como tasa de retorno aceptable una que se ubique en el orden del 6%. Se trata, en todos los casos, de niveles de rentabilidad sobre patrimonio mucho más "justos" y "razonables" que los obtenidos por Aguas Argentinas.

Otro ejemplo comparativo donde también quedan claramente de manifiesto los muy elevados márgenes de rentabilidad de las empresas privatizadas que actúan en el ámbito local es el de las operadoras del servicio básico telefónico. En este caso, Telefónica de Argentina y Telecom Argentina internalizaron, a lo largo de la pasada década, muy elevadas tasas de

beneficio, significativamente superiores a las registradas durante el mismo período por las principales empresas del sector a nivel internacional: el margen de rentabilidad sobre ventas de ambas firmas casi triplica al registrado —en promedio— para el grupo de las diez operadoras de telecomunicaciones más importantes del mundo desde el punto de vista de su facturación. Más aún, la filial argentina de Telefónica de España obtuvo un márgen medio de beneficio sobre ventas que prácticamente duplicó al que obtuvo la casa matriz en su país de origen, mientras que en el caso de Telecom Argentina, tales diferencias fueron mucho más pronunciadas, por cuanto la tasa de rentabilidad promedio que obtuvo dicha empresa a nivel local fue más de tres veces superior a las que registraron en sus respectivos países de origen sus accionistas mayoritarios (France Telecom y Telecom Italia).

De la comparación del nivel de los márgenes de ganancia locales e internacionales cabe destacar no sólo que las rentabilidades de Telecom Argentina y Telefónica de Argentina han superado con holgura a las registradas internacionalmente sino que, además, las mismas no son ni "justas" ni "razonables", en los términos dispuestos por el propio marco regulatorio de la actividad. Al respecto, en el Pliego de Bases y Condiciones para la privatización de ENTel se señalaba que las tarifas serían ajustadas "a un nivel adecuado para proporcionar a un Operador eficiente una tasa de retorno razonable sobre los Activos Fijos sujetos a explotación". En este sentido, a menos que el resto de las operadoras internacionales sean muy ineficientes o que se conformen con márgenes de rentabilidad sustancialmente inferiores a los registrados en la Argentina, las tasas de beneficio locales estarían en franca contradicción con lo dispuesto normativamente, y no serían más que resultantes de tarifas que no son "justas", ni "razonables"44.

Un tercer ejemplo de que las tasas de ganancia obtenidas por las empresas privatizadas que actúan en el medio local son de tipo extraordinario y que no guardan ninguna relación con el riesgo empresario implícito lo constituye el caso de las transportistas de gas natural: entre 1993 y 1999, las dos transportistas que actúan en el país (la Transportadora de Gas del Norte y la Transportadora de Gas del Sur) registraron una tasa media de retorno sobre ventas cercana al 40%, cuando, en el plano internacional, un margen de rentabilidad "razonable" para una firma que presta este tipo de servicio se ubica entre el 10% y el 20% de su facturación.

Finalmente, cabe destacar el caso de YPF, que a partir de su privatización se constituyó como la empresa petrolera más rentable del mundo. En efecto, entre 1993 y 1998, mientras los márgenes de utilidad sobre ventas de las veinte mayores petroleras del mundo

44. De considerar los márgenes de rentabilidad no sobre las ventas sino sobre los activos sujetos a explotación (tal como lo preveía el Pliego original de la privatización, al establecer la garantía de una tasa de beneficio del 16%) se advierte la magnitud de las ganancias extraordinarias obtenidas por Telefónica de Argentina y Telecom Argentina. Según un estudio realizado por la American Chamber of Commerce ("Estudio de las tarifas telefónicas", Informe final (segunda versión), abril 1995, mimeo.): "… la tasa de retorno calculada para los ejercicios 90/91 (10 meses) y anuales 91/92, 92/93 y 93/94, en un 41,3%, 42,0%, 42,4% y 36,0% respectivamente (siempre en equivalente anual), ha superado largamente la previsión de garantía del 16% anual".

fluctuaron entre el 3% y el 6%, los de YPF lo hicieron entre el 10% y casi el 18%. En este sentido, y como simple ejercicio ilustrativo, de considerar como tasa de beneficio extraordinaria la diferencia existente entre los márgenes de utilidad obtenidos por YPF respecto a los correspondientes, en promedio, a las veinte petroleras de mayor facturación mundial, puede concluirse que las rentas de privilegio apropiadas por YPF ascendieron, para el período mencionado, a más de 2.500 millones de dólares45.

Así, cualquiera sea el criterio comparativo que se adopte para evaluar el grado de "razonabilidad" de los beneficios que han venido internalizando las empresas prestatarias de los servicios públicos privatizados se llega a una misma conclusión: se trata de beneficios extraordinarios y de privilegio que descansan, en última instancia, en tarifas que no se caracterizan, ni mucho menos, por su "justicia" y "razonabilidad" (en especial, las abonadas por los usuarios de menores ingresos). En tal sentido, vale la pena enfatizar que la correspondencia inversa que se verifica entre el –nulo– riesgo empresario que subyace a la operatoria de las firmas privatizadas y las –extraordinarias– tasas de rentabilidad internalizadas por las mismas encuentra como principal elemento explicativo al privilegiado entorno normativo y regulatorio –y/o de violación de la legislación vigente– que delimita el desenvolvimiento de este conjunto acotado de grandes empresas.

· Ganancias extraordinarias y recuperación de la inversión

La cuantiosa masa beneficios que internalizaron las firmas privatizadas durante los años noventa no sólo le permitió a estos actores registrar exorbitantes tasas de ganancia, sino que también le brindó a los propietarios de las mismas la posibilidad de recuperar los montos invertidos originalmente en un lapso de tiempo sumamente breve. Al respecto, y a simple título ilustrativo, cabe traer a colación lo acontecido con los consorcios adjudicatarios de las dos empresas en que se subdividió ENTel, y con las transportadoras y distribuidoras de gas natural.

Con respecto al primer caso, cabe destacar que entre 1991 y 1999 Telefónica de Argentina y Telecom Argentina acumularon, en conjunto, 5.590 millones de dólares en concepto de utilidades contables. Considerando que los respectivos consorcios controlantes eran titulares del 60% del paquete accionario de cada firma, el porcentaje equivalente de utilidades acumuladas (3.354 millones de dólares) más que triplica los 1.000 millones de dólares que supuso el desembolso realizado en 1990 para hacerse cargo de los activos de la ex-ENTel. Tal evolución les posibilitó a los consorcios adjudicatarios de Telefónica de Argentina (Cointel) y Telecom Argentina (Nortel), tomados conjuntamente, recuperar el monto de la inversión inicial en poco menos de cuatro años.

Similares conclusiones se desprenden de observar lo acontecido en el ámbito del sector gasífero. Cuando se analiza la evolución del volumen global de ganancias obtenido por

45. En relación con lo anterior, en el año 2000 Repsol registró en España un márgen de rentabilidad sobre ventas del 5,3%, mientras que en Argentina YPF obtuvo una tasa de ganancia (siempre sobre facturación) del 14,2%.

las dos empresas transportistas se constata que los consorcios propietarios de tales firmas pudieron recuperar el monto que habían abonado al Estado Nacional al momento de la transferencia de Gas del Estado al sector privado (equivalente a 566,4 millones de dólares) entre 1995 y 1996, es decir, a menos de cuatro años de haberse efectivizado la transferencia de la empresa estatal. Cuando se observa lo sucedido con las ocho distribuidoras analizadas se constata que, siempre tomadas en conjunto, en 1999 prácticamente habían logrado recuperar el monto inicial que habían desembolsado para resultar adjudicatarias de las distintas unidades de distribución en que se subdividió la empresa estatal antes de ser privatizada (en este caso, la inversión inicial total ascendió a 1.274,5 millones de dólares). Se trata, en ambos casos, de plazos de recuperación de la inversión original sumamente reducidos (téngase presente, en tal sentido, que las concesiones para prestar los servicios de transporte y distribución de gas se otorgaron por un lapso de 35 años con la posibilidad de ser prorrogadas por 10 años adicionales).

Se trata, en todos los casos, de plazos de recuperación de la inversión original sumamente reducidos, muy difíciles de encontrar en otras actividades económicas de carácter no especulativo. En tal sentido, vale la pena enfatizar que los ingentes volúmenes de ganancias de los que se apropiaron las prestatarias privadas de servicios públicos (así como las extraordinarias tasas de ganancia implícitas), se registraron en un contexto de manifiesta y perdurable estabilidad macroeconómica e institucional.

En definitiva, las principales modalidades que adoptó el proceso de privatizaciones implementado en el país durante el gobierno menemista tendieron a configurar y preservar ámbitos privilegiados de acumulación y reproducción del capital, caracterizados por un nulo riesgo empresario y, paradójicamente, ganancias extraordinarias (tanto a nivel local como internacional), que fueron internalizadas por un núcleo reducido –aunque muy poderoso e influyente desde un punto de vista económico y político– de grandes conglomerados empresarios de origen nacional y extranjero.

Ello ha estado estrechamente relacionado con las principales singularidades del entorno normativo en el que se ha inscripto el accionar de las empresas privatizadas. Al respecto, cabe destacar la fijación de elevados "precios base" de inicio de la operatoria privada; la dolarización de las tarifas como paso previo a su indexación en función de la evolución de precios ajenos a la economía doméstica y, por esa vía, la elusión de las disposiciones que, en tal sentido, emanan de la Ley de Convertibilidad (una maniobra elutoria –convalidada normativamente– de la que no goza prácticamente ninguno de los restantes precios de la economía argentina –en especial, los salarios–); la política empresaria de promover –y la estatal de convalidar– sistemáticas renegociaciones en las cláusulas contractuales; la singular forma con que se trasladaron a las tarifas las variaciones en los costos empresarios asociadas a cambios en las normas impositivas ("neutralidad tributaria"), etc..

Como era de esperar, la conjunción de todos estos fenómenos favoreció directamente a las firmas prestadoras (garantizándoles, a la par de aumentos de consideración en las tarifas, muy holgadas tasas de ganancia), y perjudicó en forma ostensible a los usuarios y consumidores de tales servicios públicos privatizados (en especial, los de menores consumos e ingresos). Lo anterior sugiere que la regulación pública de los servicios privatizados ha sido débil si se considera su significativa incapacidad –cuando no falta de voluntad– para promover distintas medidas tendientes a proteger a los usuarios y consumidores, mientras que reveló una gran fortaleza para garantizar y potenciar el elevado poder de mercado que adquirieron, así como los ingentes beneficios que internalizaron, las firmas que tomaron a su cargo la prestación de los diferentes servicios públicos transferidos al ámbito privado en el transcurso del decenio de los noventa (así como sus propietarios). Sin duda, ello constituye un claro indicador que en la década pasada se profundizó notablemente otro de los rasgos característicos de la economía y la sociedad argentinas post-dictadura: la creciente –y cada vez más evidente– subordinación estatal a los intereses del capital concentrado interno.

· Privatizaciones e inequidad distributiva

El vasto programa privatizador encarado durante la Administración Menem no sólo ha tenido los efectos hasta aquí analizados (concentración económica, fuerte distorsión en la estructura de precios y rentabilidades relativas de la economía argentina en detrimento de un conjunto importante de sectores de la producción, consolidación estructural de los principales grupos económicos, etc.), sino que también ha desempeñado un papel central en la explicación de ciertos aspectos distintivos de la economía argentina de los noventa: una inédita crisis del mercado laboral y un aumento considerable en la inequidad existente en materia de distribución del ingreso.

La contrapartida distributiva –y, en última instancia, la condición de posibilidad– del sobresaliente rendimiento microeconómico que registraron las empresas privatizadas durante la década de los noventa se manifiesta, por ejemplo, en el costo que asumieron los servicios públicos para los usuarios (en especial, los residenciales de menor poder adquisitivo).

En tal sentido, en el Gráfico Nro. 3 se observa que mientras en 1986 los hogares más pobres del Gran Buenos Aires (se trata del 20% de los hogares de menores ingresos de dicha región) destinaba un 9% de sus ingresos totales al pago de los principales servicios públicos, en 1996 gastaba más del 17%. Esta tendencia se verifica cualquiera sea el servicio que se considere, siendo particularmente intensa en el ámbito del transporte público (a mediados de los años ochenta el gasto en este rubro realizado por los hogares más pobres del conurbano bonaerense representaba menos del 4% de sus ingresos totales, mientras que hacia 1996 equivalía al 8%). Este considerable aumento (superior al 90%) registrado en la proporción del gasto en servicios básicos de los hogares más pobres del área metropolitana, lleva a preguntarse acerca de sus posibles factores explicativos. Al respecto, las evidencias disponibles indican que ello se debe, en gran medida, a la articulación de tres procesos.

En primer lugar, al aumento en la cobertura de los distintos servicios derivado de su transferencia al sector privado. El desfinanciamiento del sector público que se verificó a fines de los años ochenta impactó directamente sobre la operatoria de las empresas públicas bajo muy diversas modalidades (por ejemplo, induciendo una reducción en la expansión de los diferentes servicios prestados por las mismas, lo que afectó particularmente a los segmentos de la población de menores ingresos). De allí que en los contratos de casi todas las privatizaciones se fijaran ciertas obligaciones de extensión de las redes, con la finalidad de promover una eventual universalización de la cobertura de los servicios básicos.

Sin embargo, el aumento en la cantidad de hogares de bajos ingresos cubiertos no parece haber jugado un papel importante en la explicación del notable incremento registrado, antes y después de las privatizaciones, en el peso de los servicios públicos en el ingreso total de estas familias. Ello, por cuanto, en la generalidad de los casos, la extensión de la cobertura ha tendido a operar desde los hogares de mayores ingresos (aquellos que, desde la óptica privada, representan mejores –es decir, más rentables– oportunidades de negocios) hacia los de menores ingresos. En relación con esto último, puede mencionarse, a título ilustrativo, el caso de Aguas Argentinas que, con la connivencia del ente regulador (el ETOSS), incumplió una parte importante de las metas de expansión fijadas en el contrato original. Tales incumplimientos tuvieron un grave impacto sobre las poblaciones pobres del Gran Buenos Aires, lo cual se refleja en que no fue conectado a la red cloacal el 30% de los usuarios previstos en el contrato de concesión (aproximadamente 290 mil personas), mientras que no recibió agua potable cerca de un tercio de los indidivuos que por contrato debían recibirla (cerca de 490 mil usuarios).

Lo anterior sugiere que la mayor "propensión a gastar" en servicios básicos por parte de los hogares de menores ingresos se debe fundamentalmente a, por un lado, el considerable aumento de las tarifas que tuvo lugar como producto de las privatizaciones (lo cual incluye tanto los incrementos tarifarios realizados antes de efectivizarse la transferencia de las empresas públicas, como los realizados una vez que las mismas ya se encontraban en manos privadas) y, por otro, a la brusca contracción en los ingresos populares que se derivó de la aplicación de la política de ajuste neoconservador del menemismo. En otras palabras, el programa privatizador se caracterizó por presentar un marcado sesgo regresivo, que se refleja en que los sectores populares están destinando una proporción creciente de sus – cada vez más reducidos– ingresos para pagar los servicios públicos. Naturalmente, ese mayor gasto en servicios determina que estos sectores posterguen el consumo de ciertas mercancías sumamente esenciales para su subsistencia (alimentos, indumentaria, etc.). El estudio del impacto de las privatizaciones sobre la distribución del ingreso no sólo se vincula con el análisis de la evolución de las tarifas abonadas por los distintos tipos de usuarios, sino también con la forma en que se distribuyen los recursos entre los empresarios y los trabajadores en el interior de las prestatarias privadas de servicios públicos. Para ello, resulta sumamente ilustrativo analizar con cierto detenimiento lo acontecido dentro del grupo de las firmas más grandes de la Argentina.

Al respecto, en fecha reciente el INDEC publicó uno de sus habituales y valiosos relevamientos de información básica46, que aporta una amplia gama de estadísticas económicas referidas al desempeño y al perfil estructural de la elite empresaria del país (las 500 firmas más grandes). El mismo brinda suficientes elementos de juicio en torno al papel decisivo que han jugado las privatizaciones en la reconfiguración del capital concentrado interno y, fundamentalmente, a las asimetrías de comportamiento que se manifiestan en su interior. Así, el exhaustivo y riguroso trabajo realizado por el INDEC permite evaluar, por ejemplo, la importancia que ha pasado a asumir el subconjunto de compañías líderes vinculadas con la privatización de empresas públicas dentro de la cúpula empresaria local y, por ende, en la economía argentina en su conjunto.

Como se puede apreciar en el Cuadro Nro. 7, entre esas 500 grandes firmas, el INDEC identifica, en 1999, 84 vinculadas con los distintos procesos de privatizaciones desarrollados en el país (en 1995 eran 74). Se trata, más precisamente, del agrupamiento y la diferenciación de aquéllas emergentes de tales procesos (como las transportistas y distribuidoras de gas natural, las eléctricas, las telefónicas, las que se dedican a brindar el servicio de agua potable y desagües cloacales, etc.), así como de las que operan en áreas y/o mercados privatizados (como, por ejemplo, la explotación petrolera o las concesiones viales).

Si bien se trata de un número muy reducido de firmas, no resulta para nada despreciable su significación relativa en la mayor parte de las variables relevadas en el estudio

46. INDEC: Grandes empresas en la Argentina, 1999, 2001.

del INDEC: entre 1995 y 1999, aportaron, en promedio, cerca del 30% de la producción generada, de conjunto, por las 500 líderes, casi el 40% del valor agregado total, más de la mitad de las utilidades globales, el 17% de la ocupación y el 22% de la totalidad de los salarios pagados. Esos disímiles niveles de participación indican la presencia de diferencias sustantivas entre las privatizadas y el resto de las grandes firmas de la economía argentina en términos de los respectivos tamaños medios de las empresas, las productividades relativas, los niveles salariales, las tasas de rentabilidad, y la distribución del ingreso en el interior de las mismas.

En tal sentido, puede afirmarse que el segmento de las privatizadas ha pasado a ocupar un papel protagónico en el interior de la cúpula empresaria del país. No tanto, por ejemplo, en términos de su capacidad de generación de empleos47, pero sí, sin duda, por apropiarse de una porción mayoritaria del excedente económico acumulado por las principales firmas que actúan en el ámbito nacional (se trata, según los años del quinquenio analizado, de entre el 15% y el 17% de las empresas, que dieron cuenta de entre el 50% y casi el 70% de los beneficios globales de las 500 líderes).

47. En este sentido, cabe destacar que, en la generalidad de los casos, una vez que fueron transferidas al capital concentrado, las empresas prestatarias de servicios públicos continuaron con la política de reducción de las respectivas plantillas de personal que había encarado el Estado en el período pre-privatización. A simple título ilustrativo, el empleo en el sector telefónico declinó casi un 44% desde que se vendió ENTel hasta fines de la década pasada. Asimismo, desde el inicio de la gestión privada, en 1993, el personal ocupado en Aguas Argentinas se contrajo aproximadamente un 33%. Por último, en 1992, el último año de gestión pública de los servicios de transporte y distribución de gas natural, el empleo ascendió a algo más de 10.000 agentes, mientras que a fines del decenio la dotación agregada de personal correspondiente a las ocho distribuidoras y a las dos transportistas privadas que continuaron a Gas del Estado fue de menos de 5.000 individuos (supone una caída del 50%). Al respecto, véase Duarte, M.: "Los efectos de las privatizaciones sobre la ocupación en las empresas de servicios públicos", op. cit..

Lo anterior expresa, en consonancia con los análisis antecedentes, diferencias significativas en las tasas de ganancia, a favor de las empresas vinculadas con la política desestatizadora: cualquiera sea el indicador de rentabilidad que se considere, los márgenes de beneficios obtenidos por las privatizadas han superado con holgura al de las restantes grandes firmas del país. A título ilustrativo, en el caso de las privatizadas, las utilidades obtenidas, en promedio, entre 1995 y 1999, representan el 17,5% del valor de producción; tasa de beneficio que se contrae al 5,9% para el resto de las empresas de la cúpula. Asimismo, los márgenes de rentabilidad de las primeras explican el 31,6% del valor agregado, relación que para el resto de las líderes se limita a "apenas" el 16,5%. El carácter extraordinario de las utilidades internalizadas por las privatizadas, así como las profundas disparidades de performance que cabe reconocer en el interior de la cúpula empresaria local, también se expresan en que el volumen medio de ganancias de las vinculadas al proceso de privatizaciones fue 3,4 veces superior que el correspondiente al conjunto de la elite económica, y 6,3 veces más elevado que el que registraron las líderes no vinculadas con la transferencia de empresas y/o activos estatales al sector privado.

Como fuera analizado, ello se encuentra estrechamente ligado al privilegiado contexto normativo en que se desenvuelven las privatizadas, que no sólo le posibilitó internalizar ingentes masas y tasas de beneficio, sino también expandirse a un ritmo muy superior al que creció el resto de las líderes: entre 1995 y 1999, el valor agregado total generado por el primer subgrupo de firmas aumentó casi un 30%, mientras que el del segundo lo hizo en menos de un 13% (Cuadro Nro. 8). Dado que entre esos años el PBI global (a precios corrientes) se incrementó menos de un 10%, cabe inferir un incremento de consideración en el grado de concentración del conjunto de la economía argentina en torno a las empresas privatizadas. De los comentarios previos se desprende que, esencialmente como producto de la evolución de las tarifas (en especial, las abonadas por los usuarios residenciales de menores ingresos y las PyMeS), las empresas privatizadas se han apropiado de una proporción considerable del excedente económico generado en el país. Su impacto sobre la competitividad de numerosos sectores de actividad (en particular, aquéllos, con predominancia productiva de firmas de reducido tamaño relativo, vinculados a la elaboración de bienes transables) y la –regresiva– distribución del ingreso ha sido objeto de fuertes críticas desde los más diversos ámbitos económicos, políticos y sociales. Sin embargo, a esa suerte de exacción de recursos del conjunto de la sociedad, se le adiciona otro mecanismo complementario de apropiación de beneficios, donde también quedan reflejadas importantes diferencias respecto a las restantes empresas líderes del país. Se trata de las formas que adoptan las relaciones entre la productividad del trabajo y los salarios medios o, en otras palabras, la distribución de los recursos entre el capital y el trabajo.

La información proporcionada por el cuadro de referencia brinda elementos de juicio suficientes como para afirmar que el proceso de transferencia de recursos del trabajo al capital adquirió una mayor intensidad relativa en el caso de las empresas privatizadas que en el resto de las líderes: entre 1995 y 1999, la productividad laboral promedio del primer subgrupo de firmas (valor agregado por ocupado) se expandió casi un 22%, mientras que la del segundo se incrementó menos de un 16%. En el mismo período, el salario medio de los trabajadores empleados en las privatizadas aumentó más de un 7%, al tiempo que en las restantes empresas del panel creció cerca de un 5%.

Lo anterior sugiere que en las privatizadas se ha registrado una mucho más regresiva distribución del ingreso que en el resto de las grandes firmas o, en otros términos, que los empresarios se han apropiado de una proporción más grande del excedente generado por los trabajadores: siempre entre 1995 y 1999, la relación productividad/salario medio (un indicador de la distribución interna de recursos entre el capital y el trabajo) en las líderes vinculadas con las privatizaciones creció un 13%, porcentual que se ubicó en el 5% en el caso de las no relacionadas con dicha política pública. En ese marco, en apenas un quinquenio, la participación de los trabajadores de las empresas privatizadas en el valor agregado se redujo del 18,6% al 16,5%. En otras palabras, en apenas cinco años, los asalariados de las privatizadas han transferido al capital más de dos puntos adicionales (más del 11% de su participación) de su ya deteriorada incidencia en la distribución interna de los recursos; los que se suman a los transferidos en su condición de usuarios y consumidores de los distintos servicios públicos privatizados. A tal punto alcanzó el proceso mencionado que a fines de la década pasada, la participación de los trabajadores de las empresas privatizadas en el valor agregado generado, de conjunto, por estas compañías (16,5%) equivale a menos de la mitad de la –por cierto, reducida– incidencia que se verifica a nivel de las no relacionadas con el proceso privatizador. En suma, de la información elaborada por el INDEC se desprende el papel decisivo que tuvo la política de privatizaciones implementada en el país durante la década pasada en la consolidación de tres de los principales rasgos distintivos de la economía argentina del último cuarto de siglo: una marcada polarización de la cúpula empresaria, una creciente concentración económica, y una distribución del ingreso cada vez más regresiva.

En función de lo anterior, vale la pena introducir un breve comentario en torno de la "validez" –o, más específicamente, el sustento político e ideológico– de uno de los principales argumentos con los que se justificó el programa de reformas estructurales instrumentado en el país desde fines de los años ochenta. Por entonces, se señalaba que la conjunción de la apertura de la economía, con la desregulación de ciertas actividades y, fundamentalmente, la privatización de empresas públicas, traería aparejado un significativo crecimiento en la productividad de la economía argentina que no tardaría en "derramarse" hacia el conjunto de la sociedad, muy especialmente hacia los sectores de menores ingresos. Sin embargo, en el transcurso de la década de los años noventa lo que se ha consolidado, tanto a nivel de las empresas privatizadas como del conjunto de la economía, es un patrón de funcionamiento económico-social en el que los – importantes– incrementos registrados en la productividad de los trabajadores fueron "derramados" casi en forma exclusiva hacia las fracciones más concentradas del capital (bajo la forma de una cuantiosa masa de beneficios), mientras que las demandas de los sectores sociales más postergados por las políticas económicas implementadas a lo largo de la década fueron relegadas sistemáticamente a un segundo plano.

En definitiva, el acelerado proceso de privatizaciones encarado en la Argentina durante los años noventa no sólo tuvo un papel importante en la explicación del notable incremento que se registró en la cantidad de personas desocupadas (lo cual se vincula directamente con el "trabajo sucio" que realizó el gobierno nacional antes de transferir sus principales empresas al capital concentrado interno, y que, a la luz de la información disponible, continuó –y, en algunos sectores, a un ritmo sumamente acelerado– una vez que las mismas pasaron a estar bajo la órbita privada), sino que también constituye un factor clave para comprender los motivos por los cuales en el decenio pasado se registró un ostensible deterioro en las condiciones laborales de los asalariados en actividad (que, en el caso particular de las firmas privatizadas, se expresó bajo la forma de mayores niveles de explotación, fuertes aumentos en la productividad que no fueron transferidos a los salarios de los trabajadores –ni, como fuera analizado, a las tarifas abonadas por la mayoría de los usuarios– y, como resultado de todo ello, una acentuada regresividad en materia de distribución del ingreso).

· La importancia de la política privatizadora en la consolidación de la valorización financiera

El contenido e impacto que han tenido las privatizaciones resultan incomprensibles sino se los vincula con las profundas transformaciones que se registraron en el patrón de acumulación del capital en la Argentina durante las últimas décadas. Esto se debe a que, desde la dictadura militar en adelante, el modelo de la sustitución de importaciones es reemplazado por otro que está basado en la valorización financiera, en tanto el capital concentrado destina una parte creciente del excedente del que se apropia en el ámbito nacional a la adquisición de diversos activos financieros (títulos, bonos, depósitos, etc.) en el mercado interno e internacional. Este proceso se reproduce y consolida debido a que las tasas de interés, o la vinculación entre ellas, superan a la rentabilidad de las diversas actividades económicas (en especial, las industriales), y a que el acelerado crecimiento del endeudamiento externo posibilita la remisión de capital local al exterior al operar como una masa de excedente valorizable y/o liberar las utilidades para esos fines.

La valorización financiera como núcleo del proceso de acumulación del capital en el país irrumpe en 1979, cuando la Reforma Financiera que puso en marcha el gobierno militar en 1977, convergió con la apertura del mercado de bienes y de capitales y el establecimiento de una tasa de cambio decreciente en el tiempo (la "tablita" de Martinez de Hoz). Según los funcionarios de la dictadura, como resultado de estas políticas las tasas de interés internas tenderían a converger con las vigentes en el mercado internacional, igualación que nunca ocurrió porque la existencia del Estado como el mayor demandante de fondos en el mercado financiero local no permitió que descendieran las tasas de interés internas. De esta forma, se constituyeron las condiciones para que se desarrolle plenamente la valorización financiera por parte del capital concentrado interno y que, en consecuencia, los rasgos centrales de la economía argentina pasaran a ser el endeudamiento externo, la fuga de capitales locales al exterior, la concentración del ingreso y la desindustrialización.

Sin embargo, el discurso predominante a fines de los años ochenta afirmaba, implícitamente, que las reformas estructurales neoliberales darían por finalizado el predominio de la valorización financiera. Según se afirmaba, la desregulación económica, la liberalización comercial, la reforma del Estado y, especialmente, las privatizaciones crearían las condiciones suficientes para la incorporación de capital extranjero, la repatriación de los capitales locales fugados al exterior y la disminución de la deuda externa, mientras que la firma del Plan Brady permitiría nuevamente el acceso al endeudamiento externo (pero ahora destinado a financiar una creciente inversión en la producción de bienes). Supuestamente, se trataría de un "giro copernicano", en tanto el proceso económico volvería a centrarse en una dinámica productiva que sería competitiva internacionalmente debido a que, además de contar con una significativa disminución de los costos financieros, recibiría, vía una reducción de las tarifas, los incrementos de la productividad obtenidos por las prestatarias de los servicios públicos privatizados.

Como se observa en el Gráfico Nro. 6, durante la etapa álgida de las privatizaciones algunos contenidos del discurso dominante parecieron cumplirse, ya que entre 1990 y 1992 se verifica una estabilización en el endeudamiento externo y la repatriación de una parte del capital local fugado en la década anterior. El primer fenómeno se relaciona con que, como fuera mencionado, en la primera etapa de las privatizaciones se le dio prioridad a la capitalización de bonos de la deuda externa (lo que le permitió al Estado argentino reducir parte de sus pasivos con el exterior), mientras que el segundo se vincula con el hecho de que muchos grupos económicos repatriaron una parte importante de los recursos que habían fugado en los años ochenta con la finalidad de participar activamente del "negocio" de las privatizaciones.

Sin embargo, posteriormente, cuando comienza a declinar el proceso privatizador (hacia 1993 ya se había transferido al sector privado prácticamente la totalidad de las principales empresas de propiedad estatal), recrudece el endeudamiento externo y, sobre todo, con inusitada intensidad, la salida de capitales locales al exterior motorizada, nuevamente, por los principales conglomerados empresarios que actúan en el país. Tan es así que a pesar de sus disminuciones de los primeros años, ambas variables alcanzan un registro récord durante el decenio pasado, superiores –en dólares constantes– a los valores que registraron durante la dictadura militar. De tal magnitud fue dicho proceso que hacia fines de la década pasada la relación deuda externa/fuga de capitales era aproximadamente de 1 a 1 (en otros términos, por cada dólar que ingresó a la economía argentina vía endeudamiento externo, el capital concentrado interno fugó al exterior una cifra equivalente)48.

Por cierto, la falta de sustento del discurso dominante que pone de manifiesto el comportamiento de estas variables, termina de cobrar forma cuando se verifica que, además, en el transcurso de los años noventa, los importantes incrementos registrados en la productividad de las empresas prestatarias de servicios públicos no fueron transferidos a los precios (sobre todo, a los abonados por los usuarios residenciales de menor poder adquisitivo), sino que han contribuido a acrecentar la rentabilidad de las prestatarias; que no disminuyó el costo financiero (en especial, el correspondiente a las pequeñas y medianas empresas); y que la desindustrialización registró un salto considerable con el consiguiente impacto sobre la desocupación y la distribución –regresiva– del ingreso. En otras palabras, las reformas estructurales (de las cuales las privatizaciones constituyeron un pilar fundamental) no hicieron sino potenciar en forma significativa la valorización financiera que puso en marcha la dictadura militar.

Sin embargo, la incorporación de las privatizaciones a la lógica del patrón de acumulación del capital concentrado interno determinó que, a las modalidades adoptadas durante la década de los ochenta (fundamentalmente, el usufructo de los diferenciales existentes entre las tasas de interés vigentes en el mercado externo –en el cual se endeudaban estos actores– y en el interno –en el cual colocaban los fondos–) se le agregara una nueva forma de valorización financiera: las ganancias patrimoniales que realizaron los grupos económicos locales y algunos conglomerados extranjeros por la venta de buena parte de sus activos fijos, en especial, de sus "paquetes" accionarios en las empresas privatizadas. Al respecto, cabe recordar que los consorcios privados –constituidos en la mayoría de los casos por grupos económicos, conglomerados extranjeros, empresas y bancos transnacionales– se hicieron cargo de las empresas públicas pagando por ello precios subvaluados y con un alto componente en bonos de la deuda externa. Por otra parte, la transferencia de empresas monopólicas u oligopólicas con reservas legales de mercado fue acompañada por marcos regulatorios que no hicieron más que aumentar la capacidad de los nuevos consorcios para imponer sus intereses en la estructura de precios y ganancias relativas de la economía argentina, y en el funcionamiento de una amplia gama de sectores económicos, lo cual les garantizó una elevada y creciente rentabilidad que, en este caso, operó no sólo como una forma de acentuar la concentración del ingreso sino también como la manera de aumentar sus beneficios patrimoniales.

De esta manera, la conjunción de los dos factores mencionados (bajo precio inicial y creciente –y muy alta– rentabilidad) dio como resultado una notable y aceleradísima revaluación patrimonial en términos económicos (tanto para las firmas prestatarias como,

48. Para un tratamiento más detenido de estas cuestiones, ver Basualdo, E.: "Las privatizaciones en la valorización financiera de los grupos económicos", en Revista Enoikos, Año VIII, Nro. 17, 2000; y Basualdo, E., Kulfas, M.: "Fuga de capitales y endeudamiento externo en la Argentina", en Revista Realidad Económica, Nro. 173, 2000.

obviamente, para sus propietarios), que sólo podía efectivizarse en el mercado si se concretaba la enajenación de la correspondiente participación accionaria en el consorcio controlante de la empresa privatizada. Esto es lo que ocurre con particular intensidad en la segunda mitad del decenio de los noventa, cuando los grupos locales y algunos conglomerados extranjeros se lanzan a vender sus participaciones accionarias en los mencionados consorcios e incluso, en algunos casos, a transferir el conjunto de sus firmas controladas, remitiendo los cuantiosos recursos obtenidos al exterior, dando lugar a la etapa de mayor fuga de capitales locales al exterior de los últimos veinticinco años (ver, nuevamente, el Gráfico Nro. 6).

Ahora bien, la decisión de realizar las ganancias patrimoniales por parte de los vendedores se conjugó, naturalmente, con el interés de ciertos actores (en la generalidad de los casos, grandes operadores internacionales prestadores de un servicio específico) por comprar las participaciones accionarias enajenadas. En este caso, la adquisición de las mismas se relaciona con el hecho de que los compradores toman como referencia, a la hora de definir sus inversiones, las tasas de ganancia existentes a nivel internacional, siendo el argentino uno de los mercados de servicios públicos relativamente más rentables –y de menor riesgo empresario– del mundo.

En función de lo anterior, una revisión de la trayectoria seguida por los grupos económicos locales y algunos conglomerados extranjeros en el transcurso de la década pasada indica que durante los primeros años transformaron una parte de su capital financiero en capital fijo (proceso asociado a la repatriación del dinero fugado durante los ochenta –que se encontraba invertido mayoritariamente en colocaciones financieras de diverso tipo– con la finalidad de participar en los consorcios adjudicatarios de las distintas privatizaciones) y que, por el contrario, durante la segunda mitad, realizaron el movimiento inverso, lo cual culmina en una nueva oleada de salida de capitales del país (en sentido contrario y mucho más intensa que la verificada en la etapa inicial).

En tal sentido, el análisis de algunas de las transferencias de capital en las empresas privatizadas realizado en el Area de Economía y Tecnología de la FLACSO permite ilustrar la notable magnitud de las ganancias patrimoniales obtenidas por los grupos económicos locales y algunos conglomerados extranjeros, al tiempo que brinda importantes elementos de juicio respecto del papel que jugaron las privatizaciones en la profundización de la valorización financiera como núcleo en torno del cual se estructura el proceso de acumulación y reproducción del capital de los sectores dominantes de la Argentina.

Al respecto, en el Cuadro Nro. 9 queda reflejada la masa de ganancias patrimoniales (la diferencia entre el monto de la inversión inicial y el de la venta de la correspondiente participación accionaria) y de ganancias corrientes (la proporción de las utilidades netas de las empresas prestatarias que le correspondió a cada propietario en función de su participación accionaria en el consorcio controlante, hasta el momento en que se desprende de su propiedad) que internalizó un conjunto de conglomerados empresarios que tuvieron una activa participación en el proceso de privatización de Gas del Estado.

Así, por ejemplo, a mediados de 1998 el grupo económico local Pérez Companc se desprendió de su participación en Metrogas (los compradores fueron el conglomerado español Repsol y la inglesa British Gas) por 109 millones de dólares cuando su inversión inicial había sido de aproximadamente 52 millones de dólares. Estos montos, sumados a las ganancias corrientes derivadas de la participación del conglomerado en la propiedad de la firma, dieron como resultado un rendimiento anual de la inversión del orden del 28%.

Asimismo, cabe destacar el caso del grupo local Soldati, que en el transcurso de 1999 se desprendió de su participación en la distribuidora Gas Natural Ban a favor de la firma LG&E de Estados Unidos. En este caso, mientras que la inversión inicial del conglomerado había sido de algo más de 27 millones de dólares, lo recaudado por la transferencia ascendió a casi 74 millones de dólares. De considerar que, mientras formó parte del capital accionario de la distribuidora, Soldati había internalizado ganancias corrientes por aproximadamente 55 millones de dólares, se puede inferir que obtuvo un redimiento promedio anual de los montos invertidos originalmente del 35%.

Otro ejemplo similar lo brinda el conglomerado extranjero CEI Citicorp Holdings, que entre 1996 y 1997 vendió sus participaciones accionarias en las distribuidoras Camuzzi Gas del Sur y Camuzzi Gas Pampeana (a favor, en ambos casos, de las estadounidenses CNG International Corporation y Pacific Enterprises International) y en la Transportadora de Gas del Sur (los adquirentes fueron Maipú Inversora, controlada por el grupo Pérez Companc y la norteamericana Enron Pipeline). En este caso, los rendimientos anuales que el CEI Citicorp

Holdings obtuvo por su participación en las empresas mencionadas ascendieron al 21% en el caso de las dos distribuidoras, y al 85% en el de la transportista –magnitud, esta última, propia de actividades financieras en etapas de elevadísima incertidumbre económica y, cabe destacar, cuándo éstas tienen éxito–.

Por último, a mediados de 1997 y en mayo de 2000, el grupo local Macri se desprendió de su participación accionaria en las distribuidoras Cuyana y del Centro (los compradores fueron LG&E y la Societá Italiana per il gas), como producto de lo cual obtuvo una ganancia patrimonial cercana a los 170 millones de dólares que, sumadas a una masa acumulada de ganancias corrientes del orden de los 130 millones de dólares, le permitió obtener una tasa media de rendimiento anual de la inversión inicial del 20%.

Por otra parte, el análisis de algunas de las transferencias de capital que tuvieron lugar en el mercado telefónico local permite corroborar un proceso similar, e incluso más acentuado que lo verificado en el ámbito gasífero. En este sentido, en el Cuadro Nro. 10 se exponen las ganancias patrimoniales y las corrientes acumuladas de los cinco principales grupos/empresas que, habiendo formado parte de los consorcios adjudicatarios de la ex ENTel, vendieron sus respectivas participaciones accionarias en el transcurso de los años noventa.

Desde el punto de vista del rendimiento anual total, se destaca el caso de la Sociedad Comercial del Plata (una de las empresas centrales del grupo local Soldati), cuya inversión inicial en el consorcio controlante de Telefónica de Argentina se valorizó a una tasa anual acumulativa del 82%. El rendimiento obtenido por las otras empresas (entre 24% y 40% anual acumulativo) también constituye una valorización de capital extraordinariamente alta y veloz. Por otra parte, si se observan los montos absolutos de utilidades, se destacan las magnitudes correspondientes a, por ejemplo, el grupo Pérez Companc, que habiendo participado en los dos consorcios adjudicatarios de los activos de la ex ENTel obtuvo una ganancia de más de 1.200 millones de dólares.

Como fuera mencionado, el elevado rendimiento que se constata en las inversiones analizadas se explica, en parte, por el reducido valor al que fueron adquiridos los activos del Estado. Ahora bien, el hecho de que, por ejemplo, el grupo Soldati haya adquirido su participación en Telefónica de Argentina por aproximadamente 18 millones de dólares, desprendiéndose de la misma a un valor de 85 millones de dólares, o que el conglomerado extranjero Techint y el grupo local Pérez Companc hayan invertido originalmente alrededor de 43 y 79 millones de dólares, para obtener, respectivamente, 240 y 515 millones de dólares, al vender sus participaciones accionarias en Cointel (Telefónica de Argentina), o que el CEI Citicorp Holdings recibiera a cambio de la venta de su participación en la Transportadora de Gas del Sur un monto cuatro veces más elevado que el que había desembolsado al momento de la privatización de Gas del Estado, o que el grupo Macri obtuviera 323 millones de dólares por la venta de sus acciones en las distribuidoras Cuyana y del Centro cuando su inversión inicial había sido de 148 millones de dólares, no remite únicamente al bajo valor al que se adquirieron los activos de las ex ENTel y Gas del Estado al momento de su privatización. Al "efecto subvaluación" hay que añadirle las distintas condiciones que, desde el propio marco regulatorio de la actividad –y de sus posteriores, y recurrentes, modificaciones–, tendieron a incrementar significativamente las –extraordinarias– ganancias de estas empresas.

En definitiva, es indudable que todos los casos analizados conforman, tanto en el plano doméstico como en el internacional, una valorización del capital más que extraordinaria (sobre todo si se considera que se registraron en lapsos de tiempo sumamente breves, y en un contexto de ostensible estabilidad macroeconómica e institucional). En función de ello, resulta posible determinar más precisamente la naturaleza de los activos que fueron enajenados por el Estado argentino: se trató, más que de la venta de activos fijos específicos, de la transferencia, a precios subvaluados, de nichos de beneficios extraordinarios (promovidos y garantizados normativamente), a la vez que de un muy alto grado de determinación sobre la evolución del conjunto de la economía argentina.

La incorporación de las privatizaciones a la lógica de la valorización financiera no sólo constituye un proceso de la década pasada sino que ocupa un lugar central en la definición de las alternativas que barajan los distintos sectores de poder para salir de la actual crisis económica. En el marco de la creciente heterogeneidad en el establishment económico que se genera durante el último quinquenio de los noventa (derivado, en gran medida, de la salida de los grupos locales de la propiedad de buena parte de los consorcios controlantes de las empresas privatizadas), comienzan a perfilarse en su interior dos proyectos enfrentados, diferenciándose los intereses del capital local de los del transnacional. Se trata de una contraposición de intereses estrechamente ligada a las características estructurales de estas dos fracciones del bloque de poder económico: mientras que los grupos locales se encuentran muy asentados en colocaciones financieras (sobre todo, en el exterior), los capitales foráneos son propietarios de importantes activos fijos a nivel local49.

En ese marco, el proyecto vinculado a los capitales extranjeros –aliados, en esta "pelea", con el sector financiero (es decir, con los principales bancos del país)–, tiene como objetivo fundamental la dolarización de la economía, que se concibe como la "etapa final" de la Convertibilidad. La misma les garantizaría a estos actores el mantenimiento del valor en dólares de sus activos, que, según diversas estimaciones, superaría los 120 mil millones de dólares. El proyecto vinculado a los grupos locales y a algunos conglomerados extranjeros con una tradicional presencia en el país (fundamentalmente, el holding Techint) tiene como objetivo fundamental la devaluación de la moneda local y la instrumentación, por parte del Estado, de distintas modalidades de subsidios para su producción local (fuertemente asentada en las exportaciones).

De ponerse en práctica, esta última postura produciría efectos opuestos a la anterior. Por ejemplo, una devaluación de diez puntos implicaría, en dólares, dados los montos de inversión extranjera ya mencionados, que los capitales extranjeros perderían, aproximadamente, el equivalente a lo pagado por el conglomerado español Repsol en la compra de YPF (cerca de 13 mil millones de dólares). En el caso de los grupos económicos se produciría una ganancia por un monto similar, teniendo en cuenta que fugaron al exterior más de 120 mil millones de dólares.

Por otra parte, es insoslayable destacar que los grupos económicos, a pesar de los activos que vendieron y del fuerte peso que tienen los activos financieros en sus activos totales, continúan teniendo importantes inversiones productivas en el país, especialmente en sectores con ventajas comparativas naturales y con una importante "propensión exportadora" (como la agroindustria, la producción agropecuaria, la explotación de petróleo y gas, y la elaboración de algunos insumos intermedios de uso difundido). En consecuencia, con una devaluación no sólo obtendrían cuantiosas ganancias patrimoniales en términos de dólares sino que, adicionalmente, al ser fuertes exportadores, aumentarían en forma considerable la facturación y la rentabilidad de sus actividades internas. Ello sin mencionar que, gracias a la devaluación, podrían llegar a recomprar las participaciones accionarias y/o las empresas que vendieron al capital extranjero, a cambio de desembolsar por ello un monto de dinero muy inferior al que recibieron al momento de la venta de las mismas (internalizando, por esa vía, una nueva masa de beneficios extraordinarios).

49 Al respecto, consultar, entre otros, Arceo, E., Basualdo, E.: "Las tendencias a la centralización del capital y la concentración del ingreso en la economía argentina durante la década del noventa", en Revista Cuadernos del Sur, Nro. 29, 1999; y Basualdo, E.: Modelo de acumulación y sistema político en la Argentina. Notas sobre el transformismo argentino durante la valorización financiera, FLACSO/Universidad Nacional de Quilmes/IDEP, 2001; y, del mismo autor, Concentración y centralización del capital en la Argentina durante la década de los noventa. Una aproximación a través de la reestructuración económica y el comportamiento de los grupos económicos y los capitales extranjeros, op. cit..

A pesar de que se trata de proyectos claramente antagónicos, ambas propuestas presentan una "coincidencia básica", a saber: que la principal variable de ajuste sigan siendo los salarios de los trabajadores (y, por esa vía, una cada vez más acentuada distribución regresiva del ingreso). En efecto, la "salida devaluatoria" conllevaría una brusca y directa contracción en los ingresos de los asalariados (cuya magnitud estaría determinada por la intensidad que asuma la modificación del tipo de cambio), mientras que la "opción dolarizadora" tendría efectos similares (téngase presente, en tal sentido, que los partidarios de esta postura plantean como uno de los ejes centrales –sino el excluyente– de la política económica un ajuste recesivo de neto corte fiscalista asentado sobre la caída del empleo y los salarios del sector público –y, por "efecto demostración", del ámbito privado– y la "flexibilización" de las condiciones laborales)50/51.

En definitiva, de lo anterior se desprende el papel estratégico que ha tenido el programa privatizador aplicado en el país en el transcurso de los años noventa en la profundización de un régimen de acumulación y reproducción del capital centrado en torno de la valorización financiera y, de resultas de ello, en la consolidación de patrones de comportamiento empresario cada vez más ajenos a la inversión de riesgo, la incorporación de progreso técnico y la innovación.

Asimismo, de los análisis realizados surge claramente la importancia de las privatizaciones en relación con las dos etapas por las que atravesaron los sectores dominantes durante la década de los noventa: una primera, caracterizada por una fuerte articulación de intereses; y una segunda, en la que la relativa homogeneidad de la "comunidad de negocios" de los primeros años cede paso a un agudo enfrentamiento económico-social. Esto último merece ser tenido en cuenta porque, a juzgar por la experiencia argentina de los años ochenta, siempre que existieron intereses encontrados en el interior del bloque de poder económico se registraron profundas crisis económicas que impactaron con particular intensidad sobre los sectores populares.

50 Ello sin mencionar que, como producto de la dolarización, la Argentina se vería forzada a tener –como mínimo– el mismo nivel de productividad que la economía estadounidense (en la actualidad, con la excepción de unos pocos sectores, muy superior a la argentina), fenómeno de muy difícil realización en el cuadro actual de estancamiento económico, desindustrialización, desintegración productiva, y destrucción de cadenas de valor. En ese marco, y atento al carácter escasamente "schumpeteriano" de la elite económica local, es indudable que el necesario achicamiento de la "brecha productiva" que impondría la adopción de la "salida dolarizadora" se lograría primordialmente mediante la profundización de tres rasgos distintivos de los años noventa: una caída en la ocupación, un incremento en la tasa de explotación de los trabajadores en actividad, y, fundamentalmente, una contracción en las remuneraciones salariales.

51 Es en el marco de este "acuerdo básico" que se inscriben ciertas medidas implementadas por la Administración De la Rúa desde que asumió el poder: la sanción, a mediados de 2000, de la reforma laboral (que dio sustento legal a la precarización de hecho del mercado de trabajo); y la renegociación, en numerosos sectores de actividad, de los convenios laborales con la finalidad de promover un mayor deterioro salarial, avanzar aún más en la "flexibilización" de las condiciones de trabajo y, en lo sustantivo, revertir viejas conquistas laborales (todo ello a favor del efecto disciplinador que impone el "ejercito de reserva" existente).

· Síntesis y reflexiones finales

En el contexto de fines de la década de los ochenta, la llamada "quiebra del Estado" tendió a ser interpretada por gran parte de la sociedad argentina sobre la base de los argumentos difundidos por los sectores dominantes. Los sucesivos fracasos de los ajustes de corto plazo instrumentados en los ochenta —tanto los ortodoxos como los "heterodoxos"— fueron asociados a las características de las instituciones económicas y sociales del régimen sustitutivo de importaciones, esto es, al carácter cerrado de la economía (que limitaba la exposición de las industrias locales a la competencia extranjera), a la –supuestamente excesiva e ineficiente– regulación de los mercados por parte del Estado, al drenaje fiscal generado por las empresas públicas, y al "exceso de demanda" sobre las arcas fiscales por parte de diversos "grupos de interés".

En este sentido, resulta interesante destacar la tendencia –propiciada por el establishment doméstico y sus intelectuales orgánicos– a ubicar históricamente el derrumbe del patrón de la industrialización sustitutiva a fines del decenio de los ochenta, a partir de la "quiebra del Estado", como si se tratara del Estado desarrollado en los años cuarenta y cincuenta, y no de una nueva configuración social, específica, resultante de la dictadura militar. Bajo dicha perspectiva, sería a partir del año 1989, y no del año 1976, en el que comienza a "sincerarse" la economía argentina, al renunciar a sostener "artificialmente" una serie de actividades que se habían desarrollado y sobrevivido gracias a la protección del Estado.

En realidad, fue la propia gestión económica del gobierno radical la que, a partir de, aproximadamente, el año 1987, introdujo en la agenda pública –más allá de sus escasos "avances" en la materia– la necesidad de realizar un conjunto de reformas estructurales que recién se concretarían en la década siguiente. Se trataba, en lo sustantivo, del mismo tipo de transformaciones que había impulsado la última dictadura militar, y que, como en el caso de la privatización de empresas públicas, constituía una "asignatura pendiente" (a la luz de la experiencia histórica, la más importante) desde el punto de vista —y los intereses— de los sectores dominantes.

Más allá de que el deterioro socio-económico que caracterizó a los años ochenta hizo posible una creciente permeabilidad de la "opinión pública" con relación a las propuestas neoliberales (tal como se manifestara en la intención –que no llegó a concretarse– de privatizar ENTel y Aerolíneas Argentinas), la realidad demostró que haría falta una verdadera catástrofe social –la hiperinflación–, con efectos disciplinadores semejantes a los de una represión política, un conflicto bélico, o una elevada tasa de desocupación, para la construcción del "consenso" necesario para llevar adelante transformaciones de semejante envergadura.

En este sentido, en la medida en que dicho episodio hiperinflacionario era expresión de un conflicto en el que se enfrentaban los distintos sectores (internos y externos) beneficiados por la política económica de la dictadura militar, la privatización de empresas públicas desempeñó un papel crucial: primero, al resolver —a expensas, fundamentalmente, de los sectores populares— dicha confrontación de forma "superadora"; y, segundo, al profundizar y consolidar los principales rasgos estructurales que han tendido a condicionar el desenvolvimiento económico-social de la Argentina a partir del golpe de Estado de 1976.

La evaluación integral de la política privatizadora desarrollada en la Argentina durante la década de los noventa reconoce muy diversas facetas de análisis. Tanto por sus connotaciones sobre las distintas variables macroeconómicas, como en términos de su impacto en las relaciones económicas, políticas y sociales, el programa de privatizaciones ha traído aparejada una amplia gama de transformaciones de carácter estructural –muchas de las cuales son de muy difícil reversión–. La celeridad con la que se encaró la consecución del programa, sustentada en la priorización del "cortoplacismo" y de lo "político" por sobre lo "económico", permitió acceder a un cálido reconocimiento y un sólido apoyo por parte de la "comunidad de negocios", sentando algunas de las principales bases de sustento de un sistema social cada vez más excluyente y regresivo.

Ello contribuyó a fortalecer el poder relativo de los mismos agentes económicos que crecieron al amparo de diversas prebendas estatales como, por ejemplo, la promoción industrial, la estatización de la deuda externa privada, las compras de bienes y servicios del sector público, o el mantenimiento de reservas de mercado en medio de procesos de apertura, consolidando su poder de lobbying y acrecentando decisivamente su influencia sobre los precios relativos de la economía local y la distribución de la riqueza. Asimismo, las privatizaciones menemistas jugaron un papel decisivo en la consolidación de una patrón capitalista de acumulación que avanza en base a la valorización financiera, el endeudamiento externo, la desindustrialización ligada a la crisis de las pequeñas y medianas firmas, la concentración y centralización del capital, la desocupación y la distribución regresiva del ingreso.

Sobre la base de este "legado", cabe incorporar unos breves comentarios en relación con la política que ha venido implementando el gobierno de De la Rúa en relación con las empresas privatizadas. Al respecto, cabe recordar que la vigencia plena de la Ley de Convertibilidad y el objetivo de bajar las tarifas de los servicios públicos ocuparon un papel privilegiado en la plataforma electoral de la Alianza. Asimismo, uno de los pilares fundacionales de dicha coalición política ha sido la crítica sistemática a la escasa –o nula, en muchos casos– transparencia de las acciones de gobierno menemista, muy particularmente de aquellas vinculadas con las recurrentes renegociaciones con las empresas privatizadas. Sin embargo, todas las renegociaciones contractuales que encaró el gobierno de De la Rúa con la mayoría de las empresas privatizadas (tales los casos de aquéllas que se dedican a la transmisión y distribución de gas natural, a la provisión de agua y servicios cloacales, al transporte ferroviario, o a la explotación de los corredores viales) se inscribieron en la misma lógica que la vigente durante la gestión menemista, por cuanto no buscaron favorecer a los usuarios y consumidores (a partir de, por ejemplo, menores tarifas), sino que apuntaron, siempre con el pretexto de respetar los contratos originales y la "seguridad jurídica" –de las firmas prestatarias, y no de los usuarios y consumidores–, a preservar el contexto normativo de privilegio que le permitió a dichas empresas obtener durante toda la década de los noventa muy elevadas –para nada "justas" ni "razonables"– tasas de beneficio.

En tal sentido, cabe recordar que una de las principales propuestas electorales de la Alianza era diferenciarse del tratamiento que durante el gobierno de Menem se le había dado a las prestatarias de servicios públicos (opacas negociaciones caracterizadas por un alto grado de funcionalidad en relación con los intereses de las empresas, casi total ausencia de medidas tendientes a proteger a usuarios y consumidores, despreocupación oficial por las pérdidas de competitividad resultantes de los aumentos de las tarifas y, derivado de ello, de los costos empresarios, etc.).

Sin embargo, la extensión de los plazos de concesión y, sobre todo, los incrementos tarifarios permitidos a cambio de inversiones (muchas de ellas de carácter obligatorio en los propios contratos originales, lo cual supone un reconocimiento tácito del no cumplimiento de los mismos por parte de las empresas prestatarias), junto con una manifiesta "opacidad negociadora", emergen como los principales denominadores comunes de las renegociaciones contractuales encaradas por la actual administración gubernamental con buena parte de las compañías privatizadas.

Como resultado de tales acuerdos es de esperar que se acentúe aún más una estructura de precios y rentabilidades relativas de la economía local, como la que se configuró en el transcurso de los años noventa, que discrimina a los sectores productivos, al tiempo que se registre un aumento de consideración en los costos empresarios y, por esa vía, un deterioro todavía mayor en el grado de competitividad de numerosos actores económicos (en particular, aquéllos de menor tamaño relativo) y mayores presiones para reducir –aún más– los salarios de los trabajadores.

De ello se infiere que estas renegociaciones, lejos de contribuir a reactivar la economía y a generar puestos de trabajo (tal el argumento esgrimido por el gobierno para legitimar las negociaciones), tenderán a reproducir el entorno normativo de privilegio en el que se inscribió el accionar de las privatizadas durante la década pasada y, como resultado de ello, los beneficios extraordinarios que percibieron dichas empresas. En otros términos, a consolidar el "legado menemista" y, en un plano más general, la "revancha clasista" a la que ha venido asistiendo la sociedad argentina durante el último cuarto de siglo.

Diciembre de 2001

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Daniel Azpiazu y Martín Schorr

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