Privatizaciones, rentas de privilegio, subordinación estatal y acumulación del capital en la argentina contemporánea (página 2)

¿Por qué enfatizar este aspecto del impacto de la política económica de la dictadura militar? Debido a que es sobre el legado estructural que supusieron la derrota del campo popular y la reconfiguración en el interior de la clase dominante, que se irá asentando una nueva dinámica de comportamiento social y económico –íntimamente relacionada con el papel del sector público– que, hacia finales de la década de los años ochenta, desembocaría en la llamada "quiebra del Estado". Más aún cuando fue dicha crisis del sector público (cuya expresión sintomática se manifiesta, indudablemente, en el estallido hiperinflacionario de 1989) la que, finalmente, allanaría el camino de las transformaciones estructurales implementadas en los años noventa, dentro de las cuales las privatizaciones ocuparían un papel decisivo. Por ello es que vale la pena analizar con cierto detenimiento aquellos aspectos que caracterizaron al desempeño de los sectores dominantes durante los años ochenta y que, en su articulación con el rol del Estado, dieron lugar a la debacle económico-social que aún hoy padece la sociedad argentina –en rigor, los sectores populares–.

Como resultado de la política económica del período 1976-1983 emergen, en medio de un proceso de desindustrialización y de creciente financiarización de la economía argentina, un reducido número de grupos económicos, empresas extranjeras y bancos acreedores, que tienden a concentrar una porción creciente del ingreso nacional. Ello supuso, además del desplazamiento de la actividad industrial y su reemplazo por la valorización financiera del capital como eje ordenador —y de mayor tasa de retorno— de la economía argentina, el afianzamiento –y concentración, en manos de un conjunto acotado de grandes agentes económicos– de un poder de veto decisivo en el campo de las políticas económicas, que tendería a condicionar sobremanera el rumbo del proceso económico, político y social del país hasta la actualidad.

Más específicamente, lo que comienza a manifestarse en 1983 con la reconquista de la democracia, una vez consumada la desarticulación del bloque urbano-industrial sobre el que se asentara el modelo de sustitución de importaciones –así como las alianzas político-sociales que daban sustento a tal patrón de acumulación capitalista–, es la centralidad del Estado como instrumento de apropiación y reasignación del excedente por parte de las fracciones más concentradas del poder económico. En rigor, se trata de la emergencia de un nuevo Estado; proceso caracterizado por el hecho de que el endeudamiento externo y la estatización de la deuda externa privada, la reforma financiera y la licuación de la deuda interna, los regímenes de promoción industrial –que facilitaron al capital concentrado la instalación de nuevas plantas fabriles con cuantiosos subsidios estatales–, y los abultados sobreprecios pagados por el Estado y las empresas públicas a sus proveedores, constituyen los principales mecanismos a través de los cuales este reducido núcleo de empresas oligopólicas tendió a consolidar su poderío económico y a condicionar de allí en más el desarrollo económico y social de la Argentina en su conjunto, así como a reducir de manera sustancial y creciente los grados de "autonomía relativa" del sistema político.

No obstante, más allá de esta creciente concentración de poder económico, el proceso de reestructuración económica y social propiciado por la dictadura –que encuentra, en el otro extremo del arco social, a un sector asalariado que pasa a exhibir la más baja participación en el ingreso de los últimos cuarenta años de historia argentina– no estaría exento de contradicciones entre los propios sectores beneficiados. Ello es lo que comienza a tornarse evidente en abril de 1988, pocos meses antes del lanzamiento del "Plan Primavera", en la medida en que los ingresos de este nuevo Estado no resultan suficientes para garantizar las crecientes transferencias de recursos desde el fisco hacia los grupos económicos, y para cumplir, al mismo tiempo, con el pago de los intereses de la deuda a los acreedores externos. A los efectos de comprender en toda su intensidad este proceso, cabe destacar que entre 1981 y 1989, se remitieron al exterior, en concepto de intereses de la deuda externa, aproximadamente 27.000 millones de dólares (monto que representa el 4,3% del PBI global de ese período), mientras que el capital concentrado interno (es decir, los principales grupos económicos locales y extranjeros del país) fue beneficiario de transferencias cuya magnitud superó los 67.000 millones de dólares (equivalentes a casi el 10% del PBI total), es decir, más del doble de lo obtenido por la banca acreedora. Todo ello fue posible gracias a la implementación de diversas medidas de política que determinaron una drástica contracción en la participación de los asalariados en el ingreso nacional: los trabajadores dejaron de percibir una cifra (cercana a los 80.000 millones de dólares) equivalente al 12,6% del PBI del período5.

Entre las transferencias al capital concentrado interno se computan: los subsidios al sector financiero por la quiebra de distintas entidades; el costo fiscal de los diversos regímenes de promoción industrial; los subsidios a las exportaciones industriales; la licuación de la deuda interna que pusiera en marcha en 1982 el Dr. Cavallo, durante su gestión al frente del Banco Central de la República Argentina; la estatización de la deuda externa privada mediante la instrumentación de los seguros de cambio; y los subsidios implícitos en los primeros regímenes de capitalización de deuda externa, instrumentados a partir de 1985. No puede dejar de remarcarse, a ese respecto, el hecho de que los montos consignados conforman una estimación de mínima, al no contemplar uno de los principales mecanismos por medio de los cuales se canalizaron recursos fiscales hacia las fracciones más concentradas del capital local, a saber: los sobreprecios en las compras del Estado y sus empresas, mecanismo de

5. Esa disminución de los asalariados en el producto bruto interno surge de comparar la participación promedio de este sector social en el ingreso nacional en el período 1970-1975 con respecto a la correspondiente a la etapa 1981-1989. Al respecto, véase Basualdo, E.: Acerca de la naturaleza de la deuda externa y la definición de una estrategia política, FLACSO/Universidad Nacional de Quilmes/Página 12, 2000.

transferencia de recursos públicos hacia el poder económico local que se consolida durante la última dictadura militar y se mantiene durante todo el gobierno de la Unión Cívica Radical. Dentro de las grandes compañías beneficiadas por los cuantiosos sobreprecios pagados por el Estado y sus empresas al adquirir bienes y servicios se encontraban, principalmente, las firmas controladas por los grupos económicos nacionales más importantes del país como, por ejemplo, Astra, Macri, Pérez Companc y Soldati, o aquellas vinculadas a algunos conglomerados extranjeros, como es el caso del holding Techint, miembros prominentes de lo que daría en llamarse la "patria contratista". La alusión a estos grupos empresarios no es casual, ya que, como se analiza posteriormente, fueron los principales beneficiarios del proceso de privatización encarado bajo la gestión gubernamental del Dr. Menem. Además, por el hecho de que algunas de las empresas de estos conglomerados empresarios, proveedoras del Estado y/o de las empresas públicas, serían, en una proporción no despreciable, responsables del creciente desfinanciamiento que aquejaría a las firmas de servicios públicos durante la década de los ochenta, deterioro que sería utilizado por el establishment —es decir, por estos mismos capitales y/o por sus cuadros de intelectuales orgánicos— como uno de los argumentos centrales en favor de su privatización. De lo anterior se desprende que la situación de los acreedores externos a fines del decenio de los ochenta era paradojal: es indudable que a través de los organismos internacionales de crédito determinaban las características globales que debía asumir la política económica, pero sus condiciones específicas (es decir, la forma en que las distintas medidas "recomendadas" eran procesadas –en un proceso de realimentación conjunta– y, finalmente, puestas en práctica a nivel doméstico) estaban definidas por el capital concentrado interno a través del Estado. Sin duda, esto último fue lo que trajo como consecuencia que los acreedores externos fuesen relativamente "marginados" de la acentuada redistribución del excedente registrada en los años ochenta.

De allí que, si con la interrupción de los pagos al exterior que se produce en 1988 —lo que supuso anteponer, una vez más, los intereses del capital concentrado interno a los de los acreedores externos— se inició el proceso que desembocaría en la explosión hiperinflacionaria del segundo trimestre de 1989, no resulte llamativo que el ataque especulativo contra la moneda local (la "corrida cambiaria" iniciada los primeros días del mes de febrero de ese año) fuera desencadenado por algunos de los bancos extranjeros radicados en el país6. Es por este motivo que suele atribuirse la responsabilidad de la hiperinflación a la banca acreedora extranjera. Pero este tipo de interpretaciones, donde la coyuntura –el llamado "golpe de mercado"– tiende a ocupar el centro de la escena socio-económica, resulta insuficiente o parcial. En realidad, bajo la perspectiva expuesta precedentemente, la crisis hiperinflacionaria de 1989 reconoce sus raíces en el patrón de acumulación capitalista y la

6. Lozano, C., Feletti, R.: "La economía del menemismo. Cambio estructural, crisis recurrentes y destino incierto" en AA. VV.: El Menemato, Ediciones Letra Buena, 1991.

profunda reestructuración social resultantes de la política económica implementada bajo el gobierno militar. Es durante dicho período cuando, dada la ausencia de medidas que enfrentaran radicalmente, durante la década de los ochenta, a los sectores favorecidos por la dictadura militar, se sientan las bases de una oposición de intereses cuya precariedad estructural se pondría de manifiesto, con toda elocuencia, en el desenlace hiperinflacionario del período 1989-1990.

Si bien no se pretende reconstruir minusiosamente los procesos sociales, económicos y políticos que culminaron en los estallidos hiperinflacionarios de fines de los ochenta y principios de los noventa, resulta importante enfatizar el hecho de que en la raíz de dicha crisis se encuentra la puja distributiva por la apropiación del excedente entre, por un lado, los conglomerados nacionales y extranjeros que operan en el país y, por el otro, los acreedores externos, dado que en la Argentina, los sectores dominantes han difundido, y el sistema político y buena parte de la "comunidad académica" han convalidado, la idea que atribuye la responsabilidad de la crisis al supuesto Estado de Bienestar que, con sus variantes, habría estado vigente desde 1945, y no a los actores sociales que determinaron su comportamiento (es decir, al Estado y no al nuevo tipo de Estado que se había conformado desde mediados de los años setenta)7.

Naturalmente, en estas condiciones, percibir la crisis como el fin del Estado populista supone una clara maniobra ideológica destinada a legitimar la reestructuración que impulsaron las fracciones sociales dominantes en la década de los noventa. En otras palabras, el tipo de lectura que se logró imponer sobre las causas de la crisis es lo que determinó las formas en que se buscó salir de la misma. Así, si el Estado era el responsable prácticamente exclusivo de todos los problemas que aquejaban a la Argentina a fines de los ochenta (inflación elevada, déficit fiscal, alto endeudamiento externo, deficiente prestación de servicios y provisión de bienes, etc.), era obvio que la resolución de los mismos pasaba, siempre desde la óptica de los sectores de poder y sus cuadros orgánicos, por la "Reforma del Estado".

· La importancia estratégica del programa privatizador

En el caso de los acreedores externos, las privatizaciones permitirían restablecer el pago de los servicios de la deuda externa –además de permitir el pago del capital, y de los intereses "caídos" en el período 1988-1990–, mediante la instrumentación del mecanismo de

7. En términos generales, quienes adscriben a esta lectura de la realidad argentina coinciden en que los –a su juicio– "grandes problemas" de la economía argentina (estancamiento secular e inflación) se iniciaron con el primer gobierno de Perón y se extendieron prácticamente sin interrupciones hasta fines de los ochenta (cuando se empezaron a implementar "en serio" las reformas estructurales "necesarias"). Sin embargo, a juzgar por las evidencias disponibles, ello supone una interpretación harto antojadiza y falaz de los procesos históricos, ya que cualquiera sea la variable que se tome en consideración (PBI global e industrial, ocupación y salarios, precios internos, endeudamiento externo, distribución del ingreso, etc.), se constata que los orígenes del "atraso argentino" al que aluden los defensores domésticos del neoliberalismo deben situarse a partir del período que se abre en el país con el golpe de Estado de marzo de 1976 –sin olvidar el "Rodrigazo" previo– y el nuevo régimen de acumulación del capital que instaura la dictadura.

capitalización de los títulos de la deuda en la transferencia de los activos estatales. En el caso de los grupos económicos locales y de los conglomerados extranjeros radicados en el país, suponía, si llegaban a participar en los consorcios adjudicatarios de las empresas públicas, la apertura de nuevos mercados y áreas de actividad con un reducido –o, como se pudo comprobar luego, inexistente– riesgo empresarial, en la medida en que se trataba de la transferencia o la concesión de activos a ser explotados en el marco de reservas legales de mercado en sectores monopólicos u oligopólicos, con ganancias extraordinarias garantizadas por los propios marcos regulatorios.

De esta manera, en la medida en que, mediante la privatización de empresas estatales, se pudiera hacer converger los intereses de los acreedores externos y del capital concentrado radicado en el país, el círculo vicioso –y explosivo (para la mayoría de la sociedad argentina)– al que había conducido la pugna por el excedente entre los distintos componentes del "gran capital" durante los ochenta, podría devenir en un círculo "virtuoso" de asociación y convergencia, al margen –como era previsible, y luego se constataría– de las necesidades de los sectores populares.

En realidad, el programa de privatizaciones constituiría una prenda de paz por "partida doble". Por un lado, permitiría saldar de forma "superadora" el conflicto existente entre las fracciones predominantes del capital (interno y externo). Por otro, como consecuencia de lo anterior, permitiría al gobierno del Dr. Menem contar con un sólido apoyo político, sobre el cual sustentaría su consolidación en el poder8. En otras palabras, las privatizaciones darían lugar a una conciliación tanto entre actores internos y externos como entre éstos (tomados conjuntamente) y la nueva administración gubernamental. Esta convergencia de intereses constituiría el trasfondo socio-político –o, en otros términos, la condición de posibilidad desde un punto de vista "extra-económico"– del vasto programa de reformas estructurales instrumentado por la Administración Menem, así como de la estabilización general de precios y el crecimiento económico posteriores a la implementación del Plan de Convertibilidad9. Los primeros intentos de privatización en la Argentina que, en realidad, no superaron el plano discursivo, se remontan a los planes económicos de la última dictadura militar: durante la gestión de Martínez de Hoz se planteó la necesidad de privatizar algunas empresas públicas. Sin embargo, en ese período no sólo no se privatizó ninguna compañía estatal sino

8. Analizando la estrategia del gobierno justicialista durante sus primeros años en el poder, Gerchunoff señala que "la sed de reputación frente a la comunidad de negocios,… impulsaban y aceleraban su acción privatizadora" (Gerchunoff, P. (edit.): Las Privatizaciones en la Argentina. Primera Etapa, Instituto Torcuato Di Tella, 1992). En realidad, tal actitud gubernamental –y, consiguientemente, del poder económico local– desempeñó –y continúa desempeñando– un papel protagónico en procura de los necesarios apoyos político-institucionalescorporativos que viabilizan (cuando no sustentan) las políticas públicas. Ello ha trascendido la "acción privatizadora" de la Administración Menem para involucrar, cuando menos, la posterior relación del gobierno de la Alianza con las empresas prestadoras de los servicios privatizados y, como tal, con parte sustantiva del actual poder económico en la Argentina.

9. Véase, al respecto, Nochteff, H.: "La política económica en la Argentina de los noventa. Una mirada de conjunto", en Revista Epoca, Año 1, Nro. 1, 1999; y, del mismo autor, "La experiencia argentina: ¿desarrollo o sucesión de burbujas?", en Revista de la Cepal, Nro. 59, 1996.

que, por el contrario, al concluir el proceso militar, el Estado había tenido que absorber (a través del Banco Central) un número importante de firmas privadas que habían quebrado con la profunda crisis iniciada en 1981.

En realidad, fue durante el gobierno radical –más precisamente, cuando Rodolfo Terragno toma a su cargo el Ministerio de Obras Públicas– cuando se manifestaron los primeros ensayos de privatizar algunas de las principales empresas públicas (en particular, Aerolíneas Argentinas y ENTel). Tales proyectos fueron bloqueados por la actitud parlamentaria de los legisladores del justicialismo que cuestionaron las privatizaciones propuestas, contando con un fuerte apoyo de los sindicatos y de los proveedores del Estado (la llamada "patria contratista", que, posteriormente, pasarían a integrar los consorcios adjudicatarios de los distintos procesos de privatización).

Sin embargo, a poco de asumir la administración menemista, a mediados de 1989 (en plena crisis hiperinflacionaria), ese mismo partido elevó al Congreso y logró la aprobación legislativa –prácticamente, sin oposición alguna (dado el "pacto de transición" establecido entre Menem y el renunciante Alfonsín)– de un muy ambicioso programa de privatizaciones, mucho más radical, difundido y acelerado que el que había cuestionado poco tiempo antes. A partir de allí, con la sanción de la ley de Reforma del Estado en agosto de 1989, a partir de la cual quedaron sujetas a privatización las principales empresas de propiedad estatal, se inicia una nueva fase en cuanto al papel del sector público en la Argentina, con la emergencia de nuevos mercados para la actividad privada y de nuevas áreas privilegiadas con rentas extraordinarias y reservas de mercado promovidas y protegidas por el accionar –y/o la inacción– del Estado. Esto quiere decir que, replicando lo sucedido durante los años ochenta con la estatización de la deuda externa privada, las compras de bienes y servicios por parte del Estado, y la promoción industrial, nuevamente las políticas públicas generaron mecanismos de transferencias de recursos desde el conjunto de la sociedad (en especial, desde los sectores de menores ingresos y las fracciones menos concentradas del empresariado) hacia la elite económica doméstica, y de consolidación de áreas beneficiadas con ganancias extraordinarias. De allí que, en última instancia, la ley de Reforma del Estado y, fundamentalmente, el proceso de privatizaciones deban entenderse como la generación de un nuevo mercado para el sector privado (en rigor, para el capital concentrado interno), privilegiado respecto a las restantes áreas de la economía, o, en otras palabras, como una "vuelta de tuerca" más (sin duda, la más profunda, dado su significado económico, político y social que trasciende la Administración Menem) en el proceso de desguace del Estado y la sociedad que la clase dominante ha venido aplicando en la Argentina durante las últimas décadas.

· La primacía del "tiempo político" y la premura privatizadora

En este sentido, si en algo se destaca el programa de privatizaciones desarrollado en la Argentina durante el gobierno menemista respecto a otras experiencias internacionales relativamente contemporáneas, es en la celeridad y en lo abarcativo de sus realizaciones. La mayor parte de las privatizaciones se llevó a cabo en el breve lapso comprendido entre 1990 y 1994. Con la excepción de las transformaciones estructurales experimentadas por los países del ex-bloque socialista, difícilmente pueda encontrarse, en el nivel internacional, otra experiencia privatizadora tan acelerada: en muy pocos años se transfirieron al sector privado, entre otros activos estatales, una porción mayoritaria de la empresa petrolífera estatal (la empresa más grande del país en términos de facturación y una de las líderes en materia de exportaciones); los ferrocarriles (tanto de carga como de pasajeros); la compañía estatal encargada de la prestación de los servicios de transporte y distribución de gas natural; las principales firmas estatales de generación, transmisión y distribución de energía eléctrica; la Empresa Nacional de Telecomunicaciones; Aerolíneas Argentinas; los astilleros y las firmas siderúrgicas y petroquímicas de propiedad estatal; la administración de los sistemas portuarios; canales de radio y TV, etc.10.

¿Por qué una privatización tan abarcativa y acelerada? En primer lugar, cabe destacar que, por lo que históricamente significó el justicialismo en la Argentina, la única forma de consolidar el programa económico –y al menemismo en el poder– era obteniendo el apoyo simultáneo de los grandes grupos locales (nacionales y extranjeros) y de los acreedores externos11. Nada mejor para lograr un cambio radical de la imagen del peronismo que entregar parte sustantiva del Estado o, más precisamente, su porción más rica –por las potencialidades que ofrecía–, como eran las empresas públicas.

Ello sólo se pudo conseguir con un programa de privatizaciones como el que se desarrolló: con múltiples deficiencias en lo estrictamente económico (subvaluación de activos, despreocupación por difundir la propiedad, por la formulación de marcos regulatorios, etc.), pero muy exitoso en lo político, en términos de la consecución de los objetivos perseguidos. El mismo contribuyó de manera decisiva a afianzar la confianza de la "comunidad de negocios"12, así como a rearticular al bloque dominante, favoreciendo, de manera adicional, la contención de la inflación, el ingreso de capitales, el crecimiento del consumo doméstico, la renegociación de la deuda externa y, fundamentalmente, la consolidación de nuevas bases y condiciones refundacionales del desenvolvimiento económico y social del país.

Como se puede apreciar en el Cuadro Nro. 1, el acelerado y difundido programa de privatizaciones que tuvo lugar entre 1990 y 1994 le reportó al Estado argentino una cifra cercana a los 18.000 millones de dólares, considerando el monto percibido en efectivo, los pasivos de las firmas transferidos al sector privado (la mayoría del –considerable–

10. A este respecto, consultar el Cuadro Anexo que se presenta al final del trabajo.

11. Si algo había puesto en evidencia la crisis hiperinflacionaria que forzó la renuncia anticipada del Dr. Alfonsín era que cualquier plan económico que se implementara no podía dejar de favorecer, a un mismo tiempo, a las distintas fracciones dominantes en pugna.

12. No parece casual, considerando este antecedente, que las dos primeras privatizaciones de envergadura llevadas a cabo por el nuevo gobierno involucraran a las mismas empresas (ENTel y Aerolíneas Argentinas) que no había podido privatizar el radicalismo. Ello tendería no sólo a evacuar dudas respecto del alineamiento ideológico y el sustento social del gobierno de Menem sino también, en el terreno político, a demostrar una mayor "convicción" y, sobre todo, "capacidad de ejecución", en contraste con el fracaso de la administración gubernamental precedente.

endeudamiento de las empresas públicas fue absorbido por el Estado) y el valor de mercado de los bonos de la deuda pública –externa e interna– rescatados en la transferencia (de considerar el valor nominal de los títulos de la deuda el monto asciende a 25.500 millones de dólares)13. De la información presentada se desprende que alrededor de 6.000 millones (aproximadamente la tercera parte) de lo recaudado fueron producto de la capitalización de títulos de la deuda pública que corresponden a una deuda de alrededor de 14.000 millones, en términos del valor nominal de los títulos capitalizados.

Con respecto a los pasivos transferidos al Estado, debe mencionarse que los mismos incluyen tanto a las deudas contraídas por las empresas públicas antes de iniciarse el proceso de privatización, como el endeudamiento que se generó durante el mismo que, a juzgar por algunas evidencias parciales como la de ENTel, fue más que significativo. En relación con esto último, cabe resaltar el hecho de que durante la intervención de María Julia Alsogaray en el período previo a la privatización de la telefónica estatal, la deuda de la empresa se incrementó un 122%, llegando a más de 2.000 millones de dólares. En ese sentido, el Pliego de Bases y Condiciones para la privatización estableció que la compañía sería transferida sin pasivos al sector privado, asumiendo el Estado argentino –a través de la llamada "ENTel residual" – la deuda, tanto externa como interna, de la empresa. Esta última rondaba los 500 millones de dólares y se debía, en su mayoría, a deudas contraídas por la compañía estatal con sus principales contratistas, entre los que se encontraban Siemens, Pecom-Nec –del grupo local Pérez Companc– y Telettra e Italtel –vinculadas al conglomerado extranjero Techint– (posteriormente, los dos últimos grupos económicos formarían parte de los dos consorcios adjudicatarios de las dos empresas monopólicas en que se subdividió la telefónica estatal).

13. Si bien el grueso de las privatizaciones se implementaron en el período mencionado, cabe destacar que con posterioridad a 1994, se transfirieron al sector privado, entre otros activos, las tenencias accionarias del Estado en YPF, la empresa estatal de correo y telégrafos, y las principales estaciones aeroportuarias del país.

· La centralidad de las privatizaciones en la conformación de la "comunidad de negocios"

Es indudable que la elevada capitalización de bonos de la deuda externa que caracterizó al programa privatizador, refleja el reconocimiento, por parte del gobierno menemista, de que cualquier "Reforma del Estado" que se implementara no podía ser llevada a cabo sin incorporar a uno de los integrantes centrales del bloque de poder económico (los acreedores externos –los "perdedores" de los años ochenta–). Sin embargo, y en razón de los objetivos políticos perseguidos, tampoco podía quedar excluida la otra fracción dominante (los grupos económicos –los "ganadores" de los ochenta–).

De allí que no resulte casual que en prácticamente la totalidad de los consorcios adjudicatarios de las distintas empresas públicas transferidas al sector privado se verifique una suerte de "triple alianza", que, en la generalidad de los casos, incluyó a: los más importantes grupos económicos locales, que aportaron capacidad gerencial, administrativa y, fundamentalmente, de lobbying doméstico, así como su conocimiento de la infraestructura nacional (derivado del hecho de que constituían el núcleo central de la denominada "patria contratista"); un número considerable de bancos extranjeros y/o locales (la mayoría de los cuales se encontraba entre los principales acreedores del país) que aportaron buena parte de los títulos de la deuda pública argentina –externa y/o interna– que serían capitalizados; y ciertas empresas transnacionales, que aportaron capacidad y experiencia tecnológica y de gestión (se trata, por lo general, de operadoras internacionales de los servicios públicos privatizados)14.

Así, por ejemplo, en el consorcio controlante de una de las empresas que en que se subdividió ENTel (Telefónica de Argentina) se encontraban presentes un operador internacional –Telefónica de España–, numerosos bancos extranjeros –el Citibank, el Manufacturers Hanover, el Bank of New York, el Banco Central de España, el Banco Hispanoamericano, etc.–, y tres de los principales grupos económicos del país –Soldati, Pérez Companc y Techint (los dos últimos se contaban entre los principales proveedores de la empresa estatal)–; mientras que en el otro (Telecom Argentina) coexistían las operadoras internacionales Stet Societá Finanziaria y France Cable et Rario, el banco J. P. Morgan, y el grupo local Pérez Companc.

Este impulso a la convergencia de intereses entre las distintas fracciones del bloque de poder que se promovió con la política de privatizaciones (la mayoría de los pliegos de concesión reconocía –implícita o explícitamente– que, para poder participar de los distintos

14. Con respecto a la forma en que la política privatizadora impulsó la convergencia de intereses entre el establishment nacional e internacional, consultar Azpiazu, D.: Elite empresaria en la Argentina. Terciarización, centralización del capital, privatización y beneficios extraordinarios, Documento de Trabajo Nro. 2 del Proyecto "Privatización y Regulación en la Economía Argentina", FLACSO/Secyt/Conicet, 1996; Azpiazu, D., Basualdo, E.: "Las privatizaciones en la Argentina. Concentración del poder económico e imperfecciones de mercado", en Revista Enoikos, Año III, Nro. 8, 1995; y Basualdo, E.: Concentración y centralización del capital en la Argentina durante la década de los noventa. Una aproximación a través de la reestructuración económica y el comportamiento de los grupos económicos y los capitales extranjeros, FLACSO/Universidad Nacional de Quilmes/IDEP, 2000.

procesos de transferencia, los consorcios debían estar integrados por los tres tipos de actores económicos mencionados) también se verifica en el caso de la venta de Aerolínas Argentinas. En este caso, el grupo adjudicatario original estaba constituido por la española Iberia (que era la prestadora internacional del servicio), numerosos bancos extranjeros, y un importante conglomerado económico de capital nacional (Pescarmona)15.

Similares consideraciones se desprenden del análisis de lo acontecido en la privatización de Gas del Estado. A simple título ilustrativo, pueden mencionarse los casos de la Transportadora de Gas del Sur, en cuyo consorcio controlante participaron, entre otros, la norteamericana Enron Pipeline (operadora técnica del servicio), el grupo local Pérez Companc, y una subsidiaria local del Citibank. Asimismo, en el caso de Metrogás (que presta el servicio de distribución en la Ciudad de Buenos Aires y los principales partidos del conurbano bonaerense) también se constata la existencia de una asociación entre operadores internacionales del servicio (en este caso, British Gas International), firmas pertenecientes a grandes conglomerados empresarios (Pérez Companc y Astra –antes de su transferencia a la española Repsol–), y agentes financieros (Argentine Private Development).

Por último, del análisis de la estructura accionaria de Aguas Argentinas (empresa que sucedió a Obras Sanitarias de la Nación en la prestación de los servicios de agua potable y desagües cloacales en el ámbito metropolitano) se puede constatar, nuevamente, la "triple alianza". Con relación a las empresas foráneas, interesa resaltar que la francesa Suez Lyonnaise des Eaux-Dumez es la operadora técnica del servicio, mientras que las restantes también son prestatarias del servicio en sus respectivos países de origen (tales los casos de la española Sociedad General de Aguas de Barcelona, la francesa Compagnie Generale des Eaux y la inglesa Anglian Water Plc.). Asimismo, vale destacar, en el consorcio original, la presencia de dos firmas pertenecientes a sendos conglomerados empresarios de origen nacional (Sociedad Comercial del Plata del grupo económico Soldati, y Meller del grupo homónimo), y de una vinculada al sector financiero (Banco de Galicia y Buenos Aires).

En definitiva, lo anterior sugiere que la importancia estratégica de las privatizaciones no sólo se expresó en la transferencia, a un conjunto sumamente reducido de grandes agentes económicos, de las principales compañías estatales y, por esa vía, de un ostensible poder de mercado en sectores sumamente estratégicos, sino también, y fundamentalmente, en que permitió articular intereses que, hasta ese momento, se encontraban enfrentados en ciertos temas cruciales. En ese sentido, como producto de la forma en que se encararon las privatizaciones cobró entidad una forma de propiedad hasta ese momento escasamente difundida en la economía argentina (las asociaciones de capital entre empresas extranjeras y grupos locales) que impulsó la conformación de una "comunidad de negocios" entre los actores más poderosos de la economía interna y los acreedores externos; la cual pasó a adquirir una notable capacidad para influir tanto sobre el sistema político como sobre el rumbo de la economía en su conjunto.

15. Replicando lo sucedido en la mayoría de las privatizaciones, a poco tiempo de efectivizada la venta de Aerolíneas Argentinas, tanto el grupo Pescarmona como los distintos bancos extranjeros vendieron sus respectivas participaciones accionarias. Para un tratamiento detenido de este proceso, consultar Thwaites Rey, M.: Alas rotas. La política de privatización y quiebra de Aerolíneas Argentinas, TEMAS, 2001.

Las privatizaciones y la profundización de la concentración del capital

Esto último se encuentra estrechamente relacionado con otro de los rasgos distintivos de la política privatizadora encarada en el país durante la década de los noventa, a saber: la absoluta despreocupación por difundir la propiedad del capital de las firmas transferidas. Respecto a otros ejemplos internacionales, la experiencia argentina revela una muy escasa o nula preocupación oficial por la difusión de la propiedad a través del mercado de capitales o, incluso, la entrega gratuita de acciones u ofertas preferenciales para los usuarios de los distintos servicios16. Por el contrario, en la generalidad de los casos, se fijaron patrimonios mínimos – muy elevados– para poder participar de las licitaciones y concursos o, en su defecto, tales montos patrimoniales constituían una de las variables principales a considerar al momento de la precalificación y/o adjudicación. En otras palabras, la capacidad patrimonial de los potenciales interesados se convirtió, de hecho, en la principal barrera al ingreso en este "mercado" privilegiado de las privatizaciones de empresas estatales.

En ese contexto, era inevitable que la consecución del programa operara, como efectivamente ocurrió, como disparador de la profundización del proceso de concentración y centralización del capital en la Argentina. En la mayoría de los procesos concluídos en el país, el propio llamado a licitación favoreció la presencia de pocos oferentes; lo que se reforzó, en la generalidad de los casos, por la coordinación y la capacidad de lobbying empresario en torno de sus respectivas ofertas. Esto llevó, por un lado, a una acentuada concentración de la propiedad de las empresas y de las áreas "desestatizadas" en un muy reducido número de grandes agentes económicos. Y, por otro, a la sobrevivencia y el reforzamiento de monopolios u oligopolios legales, con la consiguiente consolidación de mercados protegidos, en condiciones regulatorias que aseguran bajos o nulos riesgos empresarios y amplios márgenes de libertad para la fijación de tarifas derivados, en lo sustantivo, de la funcionalidad de las respectivas normativas sectoriales en relación con los intereses de las firmas prestatarias (y, obviamente, de sus propietarios).

La dinámica asumida por el proceso privatizador trajo aparejada la consolidación estructural de un conjunto reducido de conglomerados empresarios, los cuales pasaron a

16. El ejemplo que ofrece la experiencia británica es claramente ilustrativo. En las privatizaciones realizadas en la década de los ochenta durante el gobierno de Thatcher, la fragmentación de la propiedad de las empresas privatizadas aparece como un elemento constitutivo esencial de la estrategia política de legitimación de las transformaciones encaradas por el Partido Conservador. En efecto, "en las privatizaciones… de British Telecom y British Gas se intentó deliberadamente democratizar la propiedad…. Por ejemplo en el caso de la emisión de acciones de British Gas, el 16,6 % de las familias que tienen una conexión de gas (a propósito, la vasta mayoría) también tiene una participación accionaria en British Gas. Con su emisión lanzada en noviembre de 1984 British Telecom atrajo dos millones de inversionistas, de los cuales alrededor de la mitad nunca había comprado acciones antes…. Según una encuesta realizada por encargo de la Bolsa de Valores y el Tesoro, el número de accionistas del Reino Unido ha aumentado de tres millones en 1979 a 8,5 millones, que representan casi el 20% de la población adulta" (Walters, A.: "La Privatización en el Reino Unido", en AA. VV.: Privatización. Experiencias mundiales, Ediciones Cronista Comercial, 1988).

controlar empresas que operan en sectores que poseen una clara importancia estratégica en tanto, por ejemplo, definen la competitividad de una amplia gama de actividades económicas, y la distribución del ingreso (se trata, en su gran mayoría, de los mismos actores que, como fuera mencionado, fueron beneficiados, bajo diversas modalidades, por los ingentes recursos transferidos desde el Estado hacia el capital concentrado durante la dictadura militar y el gobierno radical). Como queda reflejado en el Cuadro Nro. 2, tales actores cubrieron prácticamente la totalidad de los sectores públicos privatizados, lo cual les brindó la posibilidad de insertarse en aquellas áreas decisivas –sino determinantes– en la definición de la estructura de precios y rentabilidades relativas de la economía argentina en los noventa.

En relación con lo anterior, cabe destacar los casos de los grupos económicos Astra, Pérez Companc, Soldati y Techint que, a partir de la privatización de YPF, Gas del Estado, Segba, Agua y Energía e Hidronor, se consolidaron como los principales actores del conjunto del mercado energético nacional. Ello se aprecia en que estos ex contratistas del Estado se adjudicaron las principales áreas petroleras transferidas al sector privado en el marco de la desestatización de YPF, al tiempo que participaron en la propiedad de algunas de las empresas que tomaron a su cargo la prestación de los servicios de generación y/o transporte y/o distribución de gas natural y energía eléctrica.

Este significativo poder de mercado sobre el conjunto del sector energético local que lograron estos grupos empresarios a partir de las privatizaciones se ve potenciado si se considera que son, simultáneamente, grandes usuarios industriales para los que el petróleo, el gas natural y la electricidad constituyen sus principales insumos energéticos (es el caso de Astra en la elaboración de bienes derivados del petróleo, de Pérez Companc en la producción petroquímica, de Soldati en la fabricación de fertilizantes y distintos agroquímicos, y de

Techint en la industria siderúrgica). Por otra parte, todos de ellos son importantes productores de gas natural y petróleo, mientras que en algunos casos son fabricantes de equipos y materiales para la actividad (como el conglomerado extranjero Techint, que controla la producción local de tubos sin costura, material utilizado fundamentalmente para el transporte de gas y petróleo).

En definitiva, el caso de la privatización del –sumamente estratégico– mercado energético local pone claramente en evidencia cómo desde el aparato estatal se buscó favorecer a un conjunto muy reducido de grandes conglomerados empresarios al transferirles no sólo un alto grado de determinación sobre la evolución del sector y, por ende, de numerosas actividades (en especial, las vinculadas a la elaboración de bienes manufactureros), sino, incluso, espacios de apropiación de renta de recursos de carácter no renovable (como en el caso petrolero). Esto último no ocurrió en el resto de los países latinoamericanos: Chile, por ejemplo, mantuvo la propiedad estatal de CODELCO (la empresa productora de cobre que, a su vez, constituye uno de sus principales bienes de exportación), mientras que México hizo lo propio con PEMEX (la productora de hidrocarburos, de la cual obtiene una parte considerable de sus ingresos externos).

El hecho de que los mismos actores participen en los distintos eslabones de la cadena energética no sólo redujo, en gran medida, las posibilidades de garantizar un funcionamiento medianamente competitivo del sector (uno de los principales objetivos por los que se promovió y justificó la privatización de Gas del Estado, YPF y las empresas eléctricas nacionales), sino que también elevó considerablemente el riesgo de que tales actores instrumenten distintos tipos de prácticas discriminatorias (subsidios cruzados, precios de transferencia, etc.), con efectos negativos sobre el funcionamiento de otros mercados, en especial, aquellos industriales energo-intensivos.

Otro ejemplo de la forma en que las privatizaciones contribuyeron a profundizar la concentración y centralización del capital en la Argentina lo constituye la transferencia de la estatal Somisa al sector privado. La única limitación impuesta en los pliegos de la venta de esta empresa estatal era la de imposibilitar la participación de dos firmas siderúrgicas locales en un mismo consorcio. Mediante dicho requisito se procuraba evitar que, como producto de la privatización, pudiera consolidarse un duopolio (Acíndar y Techint) con un control prácticamente excluyente del mercado local. En un primer momento, tal requisito fue satisfecho, ya que en el consorcio adjudicatario controlado por el conglomerado extranjero Techint (a través de una firma de su propiedad, Propulsora Siderúrgica), no participó ninguna empresa del grupo Acíndar.

Sin embargo, pocos meses después de concretada la privatización, Acíndar adquirió las tenencias accionarias –minoritarias– que se encontraban en poder de un banco de capitales ingleses (el Chartered West LB Limited) y, como consecuencia, se desvirtuaron por completo las condiciones impuestas originalmente. En forma contemporánea a esa asociación entre Techint y Acíndar en Aceros Paraná (la firma privada que continuó a Somisa), esta última discontinuó la fabricación de productos no planos (se trata de la elaboración de, por ejemplo, distintos tipos de alambres, diversos insumos para la industria de la construcción, etc.), actividad en la que, precisamente, Acíndar ejercía –y aún hoy lo sigue haciendo– un control decisivo del mercado17. Así, como producto de la privatización de Somisa, se tendieron a consolidar dos monopolios: uno, controlado por Techint, en el segmento de los productos planos (así como, fundamentalmente, en la fabricación de tubos de acero sin costura), y otro en el de los no planos (liderado por el grupo Acíndar)18.

Similares consideraciones se desprenden del análisis del proceso de venta de las participaciones accionarias que el Estado argentino tenía en las principales empresas integrantes del Polo Petroquímico Bahía Blanca. En este caso, los beneficiarios centrales del proceso desestatizador fueron el grupo local Garovaglio y Zorraquín (a través de Ipako) y el conglomerado extranjero Richard (en ese momento, controlante de la firma Indupa). Se trata, en ambos casos, de actores económicos que ya detentaban un elevado poder de mercado en el ámbito del complejo petroquímico, asociado, en buena medida, al hecho de que habían sido los principales favorecidos por la política de promoción industrial hacia el sector que se había aplicado durante la dictadura militar y el gobierno alfonsinista.

Difícilmente los procesos mencionados –a simple título ilustrativo– puedan deberse, tal como suelen afirmar los defensores de las políticas neoconservadoras de los años noventa, a los supuestos "errores de diseño" y/o "deficiencias regulatorias" que habrían caracterizado al proceso privatizador, sino a una explícita decisión política de favorecer a determinados intereses económico-sociales, en el marco de la "sed de reputación" del gobierno justicialista19. Ello se visualiza en el hecho de que las empresas públicas fueron transferidas, en la generalidad de los casos, a ciertos grupos económicos que, antes de que se pusiera en práctica el proceso privatizador, ya detentaban ostensibles posiciones dominantes en los respectivos sectores. Es el caso de, por ejemplo, Techint en la actividad petrolera, la gasífera, la eléctrica, la telefónica y la siderúrgica; Pérez Companc en todo el mercado energético y en el de telefonía; y Astra y Soldati en el ámbito energético.

17. Con posterioridad a este proceso, a fines de 1993, Acíndar se desprendió de su participación accionaria en Aceros Paraná a favor de Techint, que fusionó a la empresa con otras firmas pertenecientes al grupo que actuaban en el sector siderúrgico, a partir de lo cual se formó Siderar que, desde entonces, se transformó en la principal productora de acero del país y una de las líderes en materia de exportaciones.

18. Para un análisis de las principales características e impactos resultantes de la privatización de Somisa, ver Azpiazu, D., Basualdo, E.: La siderurgia argentina en el contexto del ajuste, las privatizaciones y el Mercosur, IDEP/ATE, 1995; y Lozano C.: La privatización de Somisa. ¿Consolidación del oligopolio privado en la producción siderúrgica?, IDEP/ATE, 1995.

19. En este sentido, véase Azpiazu, D.: "Las privatizaciones en la Argentina. ¿Precariedad regulatoria o regulación funcional a los privilegios empresarios?", en Revista Ciclos en la historia, la economía y la sociedad, Nro. 21, 2001; y Azpiazu, D., Schorr, M.: "Las privatizaciones en la Argentina: desnaturalización de la regulación pública y ganancias extraordinarias", ponencia presentada en el Primer Congreso de la Asociación Argentina de Estudios de Administración Pública, Rosario, Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la UNR, 30/8 al 1/9 de 2001.

Así, es posible concluir que las privatizaciones constituyeron un verdadero "traje a medida" de los mismos actores económicos que se habían consolidado estructuralmente al amparo de las diversas políticas de desguace del aparato estatal (y, por lo tanto, del conjunto de la sociedad argentina) que se habían venido aplicando en el país desde mediados de la década de los años setenta.

En relación con lo anterior, las modalidades de los diversos procesos de privatización – exigencias patrimoniales mínimas, requisitos técnicos, celeridad, importancia del poder de lobbying doméstico, etc.– facilitaron e incluso indujeron el despliegue de distintos tipos de estrategias por parte de los principales conglomerados locales, inscriptas en una creciente polarización del poder económico. Al respecto, pueden identificarse tres lógicas de comportamiento (no necesariamente excluyentes entre sí):

Ø los grupos económicos que a través de alguna/s de su/s firma/s controlada/s adquirieron empresas públicas o tenencias accionarias del Estado en compañías que operan en el mismo sector de actividad en el cual estaban insertos (estrategia de concentración). Tal el caso, por ejemplo, del grupo Indupa y su participación en Petropol e Induclor; del grupo Garovaglio y Zorraquín, que a partir de Ipako adquirió Polisur; o del conglomerado Techint, que se adjudicó la mayoría accionaria de SOMISA. Idéntico fenómeno se manifiesta en la privatización de áreas de explotación petrolífera que, en su mayoría, pasaron a manos de las principales empresas del sector (Pérez Companc, Astra, Techint, y la Cía. Gral. de Combustibles del grupo Soldati);

Ø los conglomerados empresarios que adquirieron u obtuvieron la concesión de empresas o servicios públicos para lograr, directa o indirectamente, un mayor grado de integración vertical u horizontal de sus actividades, al ingresar a mercados desde los cuales se proveen de un insumo clave –"aguas arriba" y/o "aguas abajo"– para sus principales producciones (estrategia de integración). Los ejemplos son muchos y muy diversos: las siderúrgicas de Techint y Acíndar que lograron integrar la producción y distribución de energía eléctrica y gas, insumos fundamentales de su producción; las principales empresas aceiteras (Bunge y Born, Cía. Continental, La Plata Cereal, La Necochea Quequén, Aceitera General Deheza, etc.) en lo atinente a ferrocarriles e instalaciones portuarias; el principal oligopolio cementero (Loma Negra) en el transporte ferroviario de carga; las proveedoras de ENTel en la privatización de dicha empresa (los grupos Pérez Companc y Techint); las empresas petroleras que pasaron a controlar refinerías, destilerías, oleoductos, instalaciones portuarias, flota petrolera, etc.; y

Ø los grupos económicos que tuvieron una activa y difundida presencia en los distintos procesos de privatización o, en otros términos, que priorizaron una estrategia de diversificación de sus actividades hacia diferentes servicios privatizados poco –o nada– vinculados entre sí por relaciones tecno-productivas y/o de carácter comercial (estrategia de conglomeración). Basta con señalar, en este sentido, al grupo Pérez Companc (generación, transmisión y distribución de energía eléctrica, transporte y distribución de gas, explotación de petróleo en áreas centrales y secundarias que eran propiedad de YPF, refinerías y destilerías, telecomunicaciones, etc.), al grupo Techint (generación y distribución de energía eléctrica, explotación petrolífera, transporte de gas, ferrocarriles, telecomunicaciones, rutas nacionales, industria siderúrgica, etc.), o al grupo Soldati (generación y transmisión de energía eléctrica, transporte y distribución de gas natural, explotación petrolífera –áreas centrales y secundarias– y destilerías, ferrocarriles, telecomunicaciones, aguas y servicios cloacales, etc.). Sin duda, el caso más ilustrativo de este tipo de estrategia lo constituye el CEI Citicorp Holdings (un fondo de inversiones en el que participaban, entre otros, el Citibank y el grupo local República –propiedad de Raúl Moneta–), que ingresó al mercado gasífero –en los segmentos de transporte y distribución–, al de energía eléctrica –generación y distribución–, al telefónico –fue uno de los accionistas más importantes del consorcio controlante de Telefónica de Argentina–, y al siderúrgico –resultó adjudicatario de Altos Hornos Zapla–.

Indudablemente, estas distintas estrategias empresarias frente al programa de privatizaciones indican que la creciente oligopolización y conglomeración de la economía argentina, la polarización del poder económico en un núcleo reducido de conglomerados empresarios, y la consolidación y preservación de reservas de mercado con rentas de privilegio emergen como algunos de los principales impactos de las formas de desarrollo de dicho programa.

Con respecto al carácter propulsor de las privatizaciones en términos de la concentración de los mercados, cabe destacar que el mismo se puede verificar en tres niveles diferentes, aunque claramente articulados entre sí. En primer lugar, a nivel de las empresas privatizadas se observa un acentuado grado de concentración de la propiedad en manos de un número muy reducido de accionistas. En efecto, en casi todas las privatizaciones, las tenencias accionarias se concentraron, a lo sumo, en tres o cuatro firmas o grupos que conforman los consorcios adjudicatarios. En otras palabras, fueron unos pocos actores económicos los que pudieron ingresar al "negocio" de las privatizaciones; fenómeno que, sin duda, se encuentra estrechamente ligado al objetivo central por el cual se implementó la política privatizadora (dirimir una fuerte disputa en el interior de los sectores dominantes y, por esa vía, conformar una "comunidad de negocios" que sirviera de sustento –no sólo económico– al programa neoconservador del menemismo).

En segundo lugar, a nivel del proceso en sí, es posible constatar que, con la excepción de algunas áreas y empresas –marginales, en cuanto a su importancia económica–, prácticamente no existen casos de empresas privatizadas en cuyos respectivos consorcios adjudicatarios no se encuentre alguno de los principales conglomerados empresarios que desarrollan actividades en el país. De esta manera, la capacidad patrimonial –y de lobbying– de los potenciales interesados devino la principal "barrera al ingreso" al "mercado" privatizador. En otros términos, los adjudicatarios de las privatizaciones ya tenían "nombre y apellido" antes de efectivizarse la transferencia de las empresas públicas.

En relación con esto último, vale la pena recordar lo sucedido con la venta de ENTel. Originalmente, un consorcio encabezado por Telefónica de España se había adjudicado la región Sur del país, mientras que otro liderado por la estadounidense Bell Atlantic y el Manufacturers Hanover (uno de los principales bancos extranjeros acreedores de la deuda pública argentina) resultó ganador de la zona norte. Sin embargo, este consorcio no pudo reunir a tiempo los bonos de la deuda externa que debía entregar al Estado argentino (en esta privatización resultaría adjudicatario aquel consorcio que ofertara la mayor cantidad de títulos de la deuda). Por este motivo, el gobierno resolvió que sería el consorcio liderado por Stet de Italia y France Telecom el adjudicatario de la región Norte. Si bien es probable que el consorcio encabezado por la Bell no haya podido conseguir los títulos de la deuda externa necesarios (aunque, de todas maneras, esto último es más que dudoso, ya que uno de los accionistas centrales de dicho consorcio era un importante acreedor de la Argentina), y que ello motivara que finalmente no se le haya adjudicado la región Norte, es posible plantear otra interpretación.

Si se analiza la conformación de los consorcios que resultaron seleccionados para competir en la privatización de ENTel, se observa que tanto en el liderado por Telefónica de España como en el encabezado por Stet de Italia y France Telecom, había importantes grupos económicos (Pérez Companc, Soldati y Techint), mientras que en el liderado por la Bell aparecen dos grupos menores (Welbers Insúa y Bracht), de muy escasa relevancia y significación económica si se los compara con los primeros. De esta forma, puede pensarse que, si bien la posesión de títulos de la deuda argentina era una condición necesaria para ganar el proceso privatizador, la presencia o no de importantes grupos económicos en el interior de los consorcios resulta fundamental para comprender cuáles fueron, en última instancia, los criterios rectores utilizados por parte del gobierno argentino para seleccionar a los ganadores.

En otras palabras, resultaría ganador aquel consorcio que presentara la mayor cantidad de títulos de la deuda argentina, siempre y cuando alguno de sus miembros fuera uno de los principales grupos económicos del país. Sin duda, esta perspectiva arroja luz sobre la significativa influencia de estos capitales y el alto grado de subrogación del Estado o, desde otra perspectiva, refleja la necesidad que tuvo el capital extranjero –sea financiero o productivo– de asociarse a la elite económica local como forma de participar exitosamente – como una suerte de barrera a la entrada– en la "reforma" del Estado argentino, así como también una creciente y marcada subsunción del aparato estatal a los intereses de ambos. En suma, puede afirmarse que la presencia de un grupo económico de relevancia en el interior de los consorcios constituyó una suerte de condición suficiente y, fundamentalmente, necesaria para resultar adjudicatario de las distintas licitaciones. De allí que no pueda atribuirse a la casualidad –sino, más bien, a la causalidad– que los mismos nombres se hayan repetido en prácticamente la totalidad de las privatizaciones.

En tercer lugar, y a nivel de la estructura de los mercados, a pesar de la transferencia de monopolios públicos al sector privado, no se modificó la dinámica de funcionamiento de los diversos mercados involucrados. En efecto, no obstante la segmentación realizada en gran parte de los mismos (energía eléctrica, gas natural, etc.), y a pesar de que uno de los argumentos centrales en pos de la privatización de empresas estatales era que ello traería aparejado un mayor nivel de competencia, dichos mercados siguieron caracterizándose por una estructura fuertemente concentrada (de tipo monopólica o, a lo sumo, oligopólica).

De esta manera, no sólo se consolidaron estructuras altamente concentradas en aquellos mercados de servicios públicos que fueron transferidos al sector privado, sino que, adicionalmente, se elevaron sustancialmente las posibilidades de que los actores que controlan tales empresas desplieguen distintos tipos de prácticas predatorias que afecten de manera negativa la competitividad de distintos sectores (en especial, de aquellas ramas industriales donde operan firmas no vinculadas societariamente a los miembros de los consorcios adjudicatarios de las empresas privatizadas) y, fundamentalmente, a los usuarios. Más aún si se considera, por un lado, la significativa "debilidad" que, en materia de regulación de las empresas privatizadas, han mostrado los distintos organismos de contralor existentes y, por otro, el hecho de que los mismos actores que ingresaron a las privatizaciones participan –y, en muchos casos, controlan– aquellas empresas que cuentan a los servicios privatizados entre sus principales insumos productivos. Sin duda, esta constituye una de las principales "debilidades" y/o "errores de diseño" de la política privatizadora, claro que plenamente funcional, como el resto de las "fallas de origen", a los pocos –pero muy (cada vez más) poderosos– actores que lograron participar del "negocio" de las privatizaciones.

La profundización del proceso de concentración del capital asociado a la transferencia de empresas públicas al sector privado refleja, asimismo, la consolidación de una tendencia que se remonta a mediados de la década de los setenta: la asociación entre los grandes grupos económicos locales con firmas de capital extranjero. En efecto, como fuera mencionado, prácticamente no existieron ejemplos de empresas o unidades de negocios privatizadas que no hayan sido adjudicadas a consorcios patrocinados por grupos económicos locales y empresas o conglomerados de capital extranjero. Así, lo que en el pasado había sido casi una excepción (Pecom Nec, en la segunda mitad de los setenta), pasó a ser, en los años noventa, una de las principales formas de radicación de las empresas extranjeras en la Argentina. Desde la perspectiva del capital extranjero, y a diferencia de los patrones de comportamiento predominantes durante la sustitución de importaciones –instalación de subsidiarias con control accionario excluyente o claramente mayoritario–, la asociación con los grandes grupos locales supone un reconocimiento tácito del poder doméstico de estos últimos, y de la necesaria recurrencia a su capacidad de lobbying para superar las "barreras a la entrada" en estos nuevos – y privilegiados– mercados20.

En síntesis, la escasa preocupación oficial por difundir la propiedad de las empresas privatizadas devino en efectos agregados de concentración de capital que, a su vez, atentaron

20. Cabe destacar que, a diferencia de lo que ocurrió en otros países, en el caso argentino, los contratos de concesión no establecían como requisito la participación de empresas nacionales en los consorcios adjudicatarios. De ello se infiere que una de las principales variables –sino la de mayor significación– para explicar los motivos por los cuales en prácticamente la totalidad de las empresas privatizadas participó alguno de los grupos económicos más importantes del país remite al notable poder de lobbying de estos actores y, en estrecha relación con ello, a una férrea articulación de intereses entre el capital concentrado interno y la clase política.

contra el propio desenvolvimiento "competitivo" de los mercados privatizados y de un número considerable de sectores de actividad. En ese sentido, es importante remarcar que el Estado no sólo se desprendió de activos sino que, fundamentalmente, transfirió al capital concentrado interno un decisivo poder regulatorio sobre la estructura de precios y rentabilidades relativas de la economía argentina. Esto último es particularmente importante de destacar, por cuanto la capacidad de control sobre la estructura de precios y rentabilidades relativas, a través del manejo de las tarifas de los servicios públicos, había sido uno de los principales instrumentos de política económica con que había contado el Estado argentino durante largas décadas.

· Principales singularidades del programa privatizador

Ahora bien, al margen de profundizar la concentración económica y de jugar un papel determinante en la consolidación estructural del bloque de poder económico que había surgido durante la última dictadura militar, las privatizaciones menemistas tuvieron ciertos rasgos distintivos que vale la pena resaltar. Al respecto, cabría referirse, en primer lugar, a la discontinuidad en cuanto a la metodología y a las modalidades de los distintos procesos de privatización. En una primera etapa, antes de la sanción del Plan de Convertibilidad en marzo de 1991, y hasta el momento en que Domingo Cavallo, al frente de la cartera económica, absorbiera el Ministerio de Obras Públicas, sus rasgos centrales fueron:

Ø la no segmentación y/o subdivisión de las empresas a privatizar en varias unidades de negocios, las ventas o concesiones globales (tales los casos de Aerolíneas Argentinas y ENTel);

Ø se ignoró –no en forma casual, atento a la priorización que se le otorgó al "tiempo político"– la importancia de formular marcos regulatorios o algún tipo de regulación antes de efectivizarse las enajenaciones (sin duda, los casos emblemáticos son los de Aerolíneas Argentinas –en el que la ausencia de regulación fue total, lo cual permite explicar porqué se produjo el vaciamiento de una firma que, hasta antes de ser privatizada, había registrado un buen desempeño económico–, el de las concesiones de las rutas nacionales –en este ámbito, por ejemplo, recién después de diez años de haberse efectivizado la transferencia se creó un órgano estatal de control–, y el de ENTel –donde, a título ilustrativo, el Ente regulador se creó con posterioridad al traspaso de la firma al sector privado–);

Ø las principales cláusulas normativas, cuando las hubo, fueron implementadas por la vía de decretos de "necesidad y urgencia", lo cual abrió las puertas para la sistemática renegociación de las mismas (en la generalidad de los casos, en beneficio de las firmas prestatarias); y Ø se jerarquizó la posibilidad de capitalizar títulos de la deuda externa como forma de pago por sobre, incluso, el pago en efectivo (el caso paradigmático dentro de esta etapa lo constituye la privatización de ENTel, operación en la que se capitalizó deuda externa por un monto de alrededor de 5.000 millones de dólares –más de la tercera parte del total de deuda capitalizado en todo el proceso de privatizaciones–).

Esto último no es casual. Tiene que ver con el desarrollo de una estrategia política que no sólo buscó integrar al núcleo hegemónico de la economía argentina a la fracción del bloque dominante "excluida" durante buena parte de la década de los ochenta, sino que también permitió que la Argentina ingresara, en 1992, al primer "megacanje" de deuda de los años noventa (el llamado Plan Brady).

El hecho de que se hayan capitalizado títulos de la deuda externa por un monto cercano a los 14 mil millones de dólares revistió particular importancia para los acreedores externos. En primer lugar, porque permitió, en el marco de la moratoria de hecho de fines de los ochenta, que el gobierno argentino redujera su endeudamiento. En segundo lugar, porque los bonos de la deuda externa argentina utilizados en el proceso privatizador fueron tomados a valor nominal (cuando, en ese momento, su cotización de mercado no superaba el 15% de su valor), lo cual supuso una considerable revalorización de los mismos. En tercer lugar, porque gracias a su participación en el programa privatizador, esta fracción del establishment económico logró acceder, en asociación con los grupos económicos locales, a uno de los "negocios" más importantes –y, por lejos, de los más rentables– del último cuarto de siglo en la Argentina. En otras palabras, como producto de su participación en la enajenación de las principales empresas del Estado argentino, los acreedores externos lograron canjear un volumen considerable de títulos "desvalorizados" por activos con una muy elevada rentabilidad (de las más altas a nivel interno e, incluso, en el plano internacional). En la segunda etapa, en la que Domingo Cavallo concentraba el poder casi excluyente en el manejo del programa privatizador, las características fueron otras (aunque los objetivos estratégicos perseguidos continuaron inalterados):

Ø las empresas estatales fueron segmentadas en diversas unidades de negocios antes de su transferencia al sector privado, tanto en términos de desintegración vertical y/u horizontal (es el caso de Gas del Estado y Segba, que fueron subdivididas en diversas firmas vinculadas a la prestación de distintos servicios –generación, transporte y distribución– que, hasta ese momento, brindaban las empresas estatales en forma monopólica), como de la venta de una proporción mayoritaria –pero no total– del capital de las mismas, o de la oferta pública de acciones (así, por ejemplo, en el caso de Gas del Estado, el gobierno nacional se quedó con el 30% de las acciones y, posteriormente, una vez que la empresa se capitalizara en manos privadas, se vendieron tales acciones; por su parte, en el caso de YPF, el proceso se estructuró a partir de la oferta pública de acciones);

Ø se priorizó, de forma casi excluyente, el pago en efectivo (en las privatizaciones petroleras, por caso, no se aceptaron titulos de la deuda externa), lo cual estaba estrechamente relacionado con la necesidad del gobierno de resolver los problemas fiscales del momento; Ø la tercera característica tiene que ver con que se empieza a prestar atención –aunque con limitaciones e insuficiencias manifiestas– a la necesidad de crear marcos regulatorios y entes de control antes de transferir las empresas (tales los casos de los marcos normativos de los sectores gasífero y eléctrico, así como de los respectivos organismos de control –el ENARGAS y el ENRE– que, no obstante, en la práctica se terminaron de conformar con posterioridad a la transferencia de las empresas)21; y

Ø por último, en el ámbito gasífero y eléctrico, la venta y la determinación de algunos lineamientos regulatorios se apoyaron en leyes del Congreso Nacional (a este respecto, cabe introducir dos observaciones: en primer lugar, que la ley marco de la privatización de Gas del Estado fue aprobada mediante un ardid parlamentario ilegal, al brindar mayoría en la Honorable Cámara de Diputados el voto del recordado "diputrucho"; en segundo lugar, que muchas disposiciones normativas presentes en las leyes gasífera y eléctrica –en especial, las vinculadas con la regulación de las tarifas y de la estructura de propiedad del capital de las firmas– sufrieron considerables modificaciones, que favorecieron a los propietarios de las empresas prestatarias, a partir de la sanción de sus respectivos decretos reglamentarios –es decir, fueron modificadas, en sus aspectos más relevantes, por normas de inferior rango jurídico–).

En definitiva, con independencia de las diferencias y/o discontinuidades existentes entre las dos etapas en que puede dividirse el programa de privatizaciones instrumentado durante el gobierno del Dr. Menem, puede reconocerse un claro denominador común: el predominio de una lógica cortoplacista que terminó atentando contra lo que puede considerarse como un "buen diseño privatizador" (creación previa de los marcos y mecanismos regulatorios, instauración de agencias reguladoras con anterioridad al traspaso de los activos al sector privado, reestructuración de las firmas a privatizar, reordenamiento de los respectivos mercados, etc.), pero que, a la luz de lo ocurrido una vez iniciada la operatoria privada, resultó plenamente funcional al capital concentrado interno, que experimentó una notable expansión económica y se apropió de una cuantiosa masa de beneficios. Así, por ejemplo, mientras que en el primer período se dio prioridad a la capitalización de títulos de la deuda (lo cual fue decisivo para articular a los distintos integrantes del bloque de poder económico y para reestructurar los pasivos externos del país), en el segundo, una vez resuelto medianamente el frente con los acreedores externos a partir de la firma del Plan Brady, se empezaron a privilegiar los ingresos en efectivo (lo cual fue determinante para intentar equilibrar las cuentas del sector público).

21. Con respecto a las insuficiencias que, en materia de regulación, se manifestaron en esta segunda "fase privatizadora", cabe destacar lo acontecido en el caso de la transferencia al sector privado de la empresa estatal de correos y los principales aeropuertos del país. En los dos casos se registraron serias falencias regulatorias, que se expresan, a simple título ilustrativo, en el hecho de que, a poco de tomar a su cargo la operatoria de los servicios, los dos consorcios adjudicatarios (controlados, respectivamente, por los grupos locales Macri y Eurnekián) incurrieron en importantes incumplimientos contractuales (en especial, no pagaron los cánones que, por contrato, debían abonar al Estado nacional, al tiempo que no realizaron parte de las obras acordadas en los pliegos de concesión), no obstante lo cual, no fueron sancionados por el gobierno. Ello no sólo refleja la incapacidad estatal –o, más concretamente, la falta de voluntad política– para hacer cumplir los contratos firmados, sino también un denominador común a muchas privatizaciones, a saber: que para resultar adjudicatarios de los distintos procesos licitatorios, los consorcios se comprometieron a cumplir ciertas obligaciones (por ejemplo, en materia de inversión, de pago de canon, etc.) que luego, una vez que ganaron el proceso licitatorio, fueron renegociados siempre en su favor. En relación con lo anterior, un muy claro ejemplo de la connivencia estatal para con estas empresas se manifiesta en el hecho de que la empresa Correo Argentino computó a cuenta del plan de inversiones pre-acordado (que, junto con el canon, constituyó uno de los puntos centrales que definió la adjudicación en su favor) las indemnizaciones pagadas para cubrir la política de retiros "voluntarios" que implementó a poco de tomar a su cargo la prestación del servicio.

· Los impactos de las privatizaciones sobre la formación de capital, el déficit fiscal y los desequilibrios externos

En relación con lo anterior, cabe recordar que uno de los argumentos centrales esgrimidos por los sectores dominantes y la clase política para promover y poner en práctica la privatización de empresas públicas era que, gracias a la misma, la economía argentina podría revertir tres de las restricciones centrales que la caracterizaron durante la década de los ochenta que, a juicio de estos actores, eran una clara expresión de la crisis del Estado "benefactor": un fuerte desequilibrio fiscal, la denominada brecha externa, y un profundo déficit en materia de formación de capital. Ello invita a reflexionar someramente en torno de algunos de los principales efectos macroeconómicos de las privatizaciones, como es el caso del impacto fiscal de dicho programa, de sus efectos sobre el sector externo, y sobre la inversión.

El desarrollo del programa desestatizador tuvo su principal impacto fiscal –por única vez– en los ingresos en efectivo que percibió el Estado por la transferencia de empresas, de tenencias accionarias o de determinadas concesiones. Se incorporó, asimismo, un nuevo rubro derivado de los futuros recursos tributarios originados en el pago de impuestos –esencialmente, sobre las ganancias– por parte de los consorcios adjudicatarios de las firmas privatizadas. En contraposición, el Estado dejó de percibir diversos impuestos internos de asignación específica –como el correspondiente a la seguridad social– que gravaban las tarifas de diversos servicios públicos. En la generalidad de los casos, tales "sobreprecios" fueron absorbidos por el ajuste tarifario que acompañó a las privatizaciones y, por ende, fueron transferidos a los adjudicatarios como parte de las nuevas tarifas.

Desde el punto de vista de los egresos fiscales, el Estado se ha visto beneficiado por la supresión de la incidencia de los déficits operativos de buena parte de las firmas transferidas – en muchos casos, generados en el período previo a la concreción de las privatizaciones–, así como también por la eliminación de los servicios de la deuda externa capitalizada en las privatizaciones. En sentido opuesto, dado que el Estado se hizo cargo de una parte importante del endeudamiento de las empresas que vendió (alrededor de 20 mil millones de dólares)22, ello supuso posteriores egresos fiscales en concepto de amortizaciones y servicios.

22. De la información que consta en el Cuadro Nro. 1 se desprende que, como producto de las privatizaciones, el gobierno nacional pudo recuperar títulos de la deuda externa por un monto equivalente a los 14.000 millones de dólares, de lo cual se desprende un efecto neto negativo cercano a los 6.000 millones de dólares (ello surge de la diferencia entre los pasivos de las empresas estatales absorbidos y los bonos de la deuda recuperados) Esto es importante de tener en cuenta por cuanto uno de los argumentos centrales que se empleó para impulsar y convalidar el programa privatizador fue la posibilidad de reducir la carga de la deuda pública sobre las cuentas fiscales.

De las consideraciones precedentes se infiere que, si bien es posible realizar ciertas aproximaciones en algunos ejemplos concretos, muy difícilmente pueda estimarse con precisión el impacto fiscal global de las privatizaciones. De todas maneras, en el plano agregado puede afirmarse que, en el corto plazo, el generalizado proceso privatizador tuvo un efecto positivo sobre las cuentas fiscales. Sin embargo, agotado ese primer impacto derivado esencialmente de los ingresos en efectivo y de la supresión de los servicios de las deudas capitalizadas, las cuentas públicas se vieron crecientemente erosionadas por la incidencia de ciertos rubros –como los servicios de la deuda externa e interna absorbida por el Estado– que tendieron a (más que) compensar en el mediano y largo plazo ese primer impacto positivo23.

Más allá del efecto fiscal en términos de flujos de ingresos y egresos, cabe mencionar otros aspectos que –directa o indirectamente– están vinculados con tal impacto. Tal el caso de, por ejemplo, la valoración de los activos que fueron transferidos al sector privado donde, en general, el valor presente de las rentas futuras resultó significativamente superior a los respectivos precios de transferencia de las empresas. Como fuera mencionado, esta subvaluación de los activos públicos privatizados estuvo asociada a la celeridad de los procesos y a la despreocupación oficial por la reestructuración y el saneamiento tecno-productivo, económico y financiero de las empresas a privatizar. En otras palabras, se puede decir que –en general– tendió a sacrificarse el largo plazo para mantener la estabilidad, el equilibrio fiscal y el aumento del consumo en el corto plazo.

De todas maneras, al margen de la generalizada subvaluación de los activos estatales, los ingresos provenientes de las privatizaciones fueron un elemento clave para modificar la situación de las finanzas del sector público. En efecto, los recursos provenientes de las privatizaciones asumieron un papel central en el reordenamiento de las cuentas fiscales, muy particularmente en los inicios del Plan de Convertibilidad donde emergen como el sustento fundamental del necesario equilibrio fiscal que supone dicho programa económico. En este aspecto, la importancia de las privatizaciones queda de manifiesto en el hecho de que, una vez agotado el proceso desestatizador, el sector público volvió a registrar abultados y crecientes déficits "de caja".

En síntesis, en la medida en que estos ingresos extraordinarios no derivaron y/o coadyuvaron a sustentar transformaciones estructurales que llevaran a una mejora cierta y de largo plazo en las arcas fiscales, su impacto efectivo ha tendido a diluirse por la persistencia de ciertos desequilibrios estructurales (el pago de los intereses de la deuda externa, o el mantenimiento de diversas modalidades de subsidio al capital concentrado interno –por caso, ciertos regímenes de promoción y/o protección a algunos sectores de actividad, o la reducción

23. En la ecuación de ingresos/egresos del sector público asociada a las privatizaciones habría que computar, por un lado, los crecientes subsidios estatales a determinadas actividades (concesiones viales y ferrocarriles de pasajeros) y, por otro, la no percepción por parte del Estado de los cánones que, por contrato, debían abonar las empresas concesionarias de los corredores viales nacionales y de las líneas de transporte ferroviario de cargas. Obviamente, todo ello repercutió negativamente sobre las "arcas fiscales".

y/o la exención del pago de distintos tributos a los grandes agentes económicos–) e, incluso, por los costos implícitos en los propios procesos de privatización. La priorización de los problemas fiscales de corto plazo en detrimento, generalmente, de objetivos de mediano y largo plazo, denota hasta dónde la celeridad –no exenta de improvisaciones– con que ha sido encarado el programa de privatizaciones ha conspirado contra el logro de algunos de los – anunciados como– objetivos perseguidos por el mismo.

Con respecto al impacto de las privatizaciones sobre las cuentas externas, cabe destacar que, en el corto plazo, los ingresos de capitales derivados de los fondos que recibió el Estado en efectivo por la transferencia de sus empresas tuvieron un impacto positivo en la balanza de pagos. En el ejemplo argentino ello adquirió particular significación económica, a punto tal de asumir un papel decisivo en la reversión de una tendencia que se remontaba a más de una década atrás: las permanentes transferencias netas de capitales al exterior. Asimismo, este importante ingreso de capitales asociado a las privatizaciones jugó un papel determinante en el inicio de la Convertibilidad y en el importante crecimiento que se registró en los primeros años de la década de los noventa (bajo este esquema cambiario, el volumen de dinero circulante en la economía y, derivado de ello, el nivel de actividad interna dependen – positivamente– del saldo de la balanza de pagos).

En ese contexto es pertinente señalar que el principal efecto positivo de las privatizaciones –el ingreso de capitales–, se verificó exclusivamente durante el proceso de desestatización de las empresas públicas. A medida que las mismas fueron transferidas al sector privado, cobró forma otro efecto sobre la balanza de pagos que no es transitorio sino permanente, pero de signo contrario al original. Se trata de la remisión de utilidades y dividendos al exterior por parte de los consorcios que resultaron adjudicatarios de las empresas privatizadas; flujo de divisas que involucra también, como se analiza posteriormente, a los socios nacionales de tales consorcios.

Otro importante efecto de las privatizaciones sobre la balanza de pagos es aquel que surge de la supresión de los servicios correspondientes a los títulos de la deuda externa que fueron capitalizados como parte de pago por la propiedad o concesión de las empresas transferidas al sector privado. Sin embargo, esa disminución de la deuda externa fue más que compensada por el nuevo endeudamiento concretado durante el período por las firmas privadas, generándose un incremento neto de consideración del stock de deuda externa. En ese aumento neto del endeudamiento externo en el marco del propio programa de privatizaciones subyace otro fenómeno –no ajeno a dicho programa–. Se trata de cambios en su composición que denotan el comienzo de un nuevo ciclo de endeudamiento externo liderado por el sector privado, en general y, por aquellos grupos empresarios que resultaron adjudicatarios de las empresas privatizadas, en particular.

Ello ha estado asociado, en lo sustantivo, a tres factores: primero, al incremento sustancial en el patrimonio de tales empresas y/o grupos económicos; segundo, a que cuentan con una elevada rentabilidad garantizada normativamente (todo lo cual convierte a estos actores en acreedores ideales para la banca local e internacional); y tercero, a que recibieron, en la generalidad de los casos, empresas sin pasivos (esto úlimo sin mencionar que la mayoría de los conglomerados económicos que participaron activamente de las privatizaciones se encontraba saneado en lo que respecta a sus pasivos, dado que durante los años ochenta había transferido el grueso de su deuda –tanto externa como interna– al conjunto de la sociedad argentina mediante diversos mecanismos de "socialización").

De acuerdo con los objetivos del programa de privatizaciones, el estímulo a la formación de capital era uno de los principales fundamentos y uno de los resultados esperados del mismo. Ello reconoce dos grandes componentes: en primer término, la formación de capital que realizarían los consorcios adjudicatarios (en parte comprometida en los contratos de concesión originales) y, por otro lado, los supuestos "efectos multiplicadores" de la misma. En cuanto a lo primero, las estimaciones realizadas revelan un efecto moderado sobre la inversión agregada. De considerar la formación de capital que se derivaría de un muy amplio grupo de áreas privatizadas, la inversión agregada resultante equivaldría a poco más del 2% del PBI hasta mediados del decenio de los noventa, para luego estabilizarse en torno del 1,5% hasta fines de la década. Tales montos de inversión representarían apenas las dos terceras partes de la formación de capital realizada por las empresas públicas a principios de los años ochenta y poco más de la mitad de la correspondiente al trienio 1986-1988. En tal sentido, uno de los principales intelectuales orgánicos del capital concentrado, Juan José Llach, reconoce que durante la década pasada la inversión realizada por las firmas privatizadas no llegó a representar el 1% del PBI, muy por debajo de las previsiones originales24.

Aun cuando la inversión en las áreas privatizadas se ubicó en niveles inferiores a los valores promedio vigentes durante la mayor parte del decenio de los ochenta, dicha formación de capital supuso un ligero incremento respecto de los muy bajos niveles registrados en los años inmediatamente anteriores. Esto se asocia, por un lado, a la aguda y generalizada desinversión de las empresas públicas en los años previos y, por otro, a las necesidades de reacondicionamiento y mantenimiento de los servicios privatizados.

En tal sentido, a corto plazo, se verificó un moderado impacto positivo sobre la inversión agregada que, sin embargo, vio amortiguado su "efecto multiplicador" porque, por un lado, quedó circunscripto a un número muy reducido de sectores de actividad y, por otro, y fundamentalmente, por el alto componente de equipamiento adquirido en el exterior (prácticamente la totalidad de los bienes de capital utilizados por las empresas privatizadas es importada). Con respecto a esto último, debe tenerse presente, adicionalmente, que no hubo

24. Ver, a este respecto, Llach, J.: Otro siglo, otra Argentina, Editorial Ariel, 1997.

ningún tipo de política oficial tendiente a promover el desarrollo de proveedores locales por parte de las privatizadas (lo cual fue particularmente negativo para la industria nacional de maquinaria y equipos –en las que las pequeñas y medianas empresas tenían una importante gravitación agregada–).

Asimismo, el hecho de que el ingreso de capitales asociado a las privatizaciones se haya canalizado preponderantemente hacia la adquisición de activos ya existentes, es particularmente importante de destacar por cuanto determinó que no se registraran incrementos de significación en el stock de capital de los sectores privatizados (y de la economía argentina en su conjunto), ni en su capacidad de producción ni de generación de puestos de trabajo (como se analiza más adelante, las prestatarias privadas de servicios públicos fueron importantes expulsoras de mano de obra en el transcurso de los años noventa).

En definitiva, desde una perspectiva estructural, se puede concluir que las privatizaciones argentinas no sólo no contribuyeron a resolver ninguna de las "brechas macroeconómicas" características de la década de los ochenta sino que, por el contrario, las acentuaron –en algunos casos, considerablemente–. A este respecto, es indudable que, en términos de sus objetivos declamados, la política privatizadora ha sido un rotundo fracaso, aunque resultó plenamente exitosa en relación con su principal objetivo estratégico: la resolución de la aguda contraposición de intereses que existía en el interior de los sectores dominantes a fines de los años ochenta y, por esa vía, la consolidación del bloque de poder económico resultante del proyecto refundacional de la economía y la sociedad argentinas iniciado por la dictadura militar.