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Privatizaciones, rentas de privilegio, subordinación estatal y acumulación del capital en la argentina contemporánea

Partes: 1, 2, 3, 4

    Descriptores Temáticos: privatización, servicios públicos, acumulación del capital, inflación, precios, Argentina.

    Desde su perspectiva histórica, los años noventa constituyeron una etapa decisiva en relación con el desenvolvimiento económico y social de la Argentina. En el transcurso de la década la economía local atravesó un proceso de importantes transformaciones estructurales, en el que se retomaron y profundizaron gran parte de los objetivos estratégicos de la política refundacional impulsada por la dictadura militar que usurpó el poder en marzo de 1976 (en especial, aquellos vinculados al "disciplinamiento" de los sectores populares y de ciertas fracciones empresarias –las PyMEs–). Estas modificaciones trajeron aparejada la consolidación de las principales tendencias que se impusieron como aspectos distintivos del régimen de acumulación que se fue configurando en el país a partir de la segunda mitad de la década de los setenta (concentración económica, centralización del capital, predominio de la valorización financiera, distribución regresiva del ingreso y fragmentación social)1.

    Sin duda, uno de los ejes centrales del proceso mencionado fue la política de privatización de empresas públicas implementada bajo la Administración Menem. En este sentido, existen sobradas evidencias acerca de que el programa privatizador instrumentado bajo dicha Administración ha desempeñado un papel determinante en la profundización de un patrón de acumulación crecientemente concentrador en lo económico y excluyente en lo social. Las principales modalidades que adoptó dicho proceso tendieron a conformar –y preservar– ámbitos privilegiados de acumulación y reproducción del capital, caracterizados por un nulo riesgo empresario, y ganancias extraordinarias (de las más altas a nivel local e, incluso, en el plano internacional) que fueron internalizadas por un núcleo muy reducido – aunque sumamente poderoso en términos económicos, políticos y sociales– de grandes grupos empresarios de origen nacional y extranjero2.

    El objetivo de este trabajo es presentar una caracterización del proceso privatizador, haciendo especial hincapié no sólo en sus principales aspectos y sus impactos de mayor significación, sino también en su centralidad en la profundización de la política de desguace del Estado y la sociedad argentinas que los sectores dominantes han venido aplicando con particular intensidad desde mediados de los años setenta, así como de la "revancha clasista" resultante de la misma. Para ello, se ha escogido una estrategia de exposición que prioriza el análisis de diversos rasgos distintivos del programa desestatizador desarrollado en el país

    1. El concepto de concentración económica remite al peso relativo que tienen las mayores firmas de un sector de actividad en el conjunto de la producción del mismo. La centralización del capital, por su parte, se vincula con aquellos procesos por los cuales un núcleo determinado de empresas y/o conglomerados económicos acrecienta su control sobre los medios de producción que dispone una economía, a partir de la expansión de su presencia en uno o múltiples mercados sobre la base de una reasignación del stock de capital existente (compra de firmas, fusiones y/o asociaciones empresarias, quiebras, etc.). Asimismo, se entiende por valorización financiera a la colocación de excedente (por parte de las grandes firmas) en diversos activos financieros (títulos, bonos, depósitos, etc.) en el mercado interno e internacional, de forma de capitalizar las diferencias existentes entre las tasas de interés vigentes en el mercado local y a nivel internacional.

    2. Cabe destacar que ello no ha sido privativo de la gestión gubernamental del justicialismo, sino que el gobierno de la Alianza ha contribuido a convalidar o, incluso, fortalecer todo lo actuado en la materia durante el menemismo.

    durante los años noventa, enfatizando algunas de las peculiaridades que los mismos asumieron en los distintos sectores privatizados.

    · El contexto histórico del programa privatizador: del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976 a los estallidos hiperinflacionarios de 1989 y 1990

    A poco de asumir el gobierno, en el mes de julio de 1989, mediante la sanción de las leyes de Reforma del Estado y de Emergencia Económica, el Dr. Menem encaró una muy abarcativa y acelerada política de privatización de empresas públicas. Es evidente que una transformación de semejante envergadura (que se encuadró en un programa global de reformas estructurales de inspiración neoconservadora, que pivoteaba no sólo sobre la transferencia de las principales firmas estatales y de la privatización de áreas que tradicionalmente habían estado en manos del Estado, sino también sobre la desregulación de una amplia gama de mercados, la apertura –asimétrica– de la economía a las corrientes internacionales de bienes y capitales, y la "flexibilización" –en rigor, la precarización– de las condiciones laborales) no podía dejar de producir un impacto significativo en el perfil y la estructura de la economía argentina y en su posible sendero evolutivo. Antes de considerar estos efectos, cabe caracterizar muy someramente el contexto social, político y económico en el que se enmarcó dicho proceso3.

    Ello permitirá apreciar las numerosas "líneas de continuidad" que se perciben entre la política –no sólo económica– de la última dictadura militar y la instrumentada por el gobierno del Partido Justicialista en la década de los noventa y el de la Alianza. En especial, en lo que respecta al principal objetivo estratégico de dichas administraciones gubernamentales: el fortalecimiento ecónomico, político y social del bloque dominante que se conformó durante el período dictatorial y se afianzó en el transcurso de la gestión de gobierno del Dr. Alfonsín. Ello, en paralelo a la profundización de un modelo de acumulación capitalista cuyos denominadores comunes son la desindustrialización ligada a la crisis de las pequeñas y medianas empresas, la centralización del capital, la concentración de la producción y el ingreso, la desocupación y la precarización de las condiciones laborales de los trabajadores, y la exclusión de un número creciente de individuos.

    En abril de 1988, cuando el gobierno radical suspendió el pago de los servicios (y del capital) de la deuda externa pública, se puso de manifiesto la lucha de intereses que existía en el interior de los sectores de poder económico (los grupos económicos locales y los conglomerados extranjeros radicados en el país, por un lado, y los acreedores externos, por otro). Lo que se expresa en dicha moratoria (o default) es la imposibilidad del Estado

    3. Al respecto, consultar, entre otros, Abeles, M.: "El proceso de privatizaciones en la Argentina de los noventa: ¿reforma estructural o consolidación hegemónica?", en Revista Epoca, Año 1, Nro. 1, 1999; Azpiazu, D.: "El programa de privatizaciones. Desequilibrios macroeconómicos y concentración del poder económico", en Valle, H., Minsburg, N. (comps.): Argentina hoy: crisis del modelo, Ediciones Letra Buena, 1995; Azpiazu, D., Nochteff, H.: "La democracia condicionada. Quince años de economía", en Lejtman, R. (comp.): Quince años de democracia. Ensayos sobre la nueva república, Grupo Editorial Norma, 1998; Basualdo, E.: "El impacto económico y social de las privatizaciones", en Revista Realidad Económica, Nro. 123, 1994; y Verbitsky, H.: La educación presidencial. De la derrota del ’70 al desguace del Estado, Editora 12/Puntosur, 1990.

    argentino de seguir cumpliendo con el pago de los servicios de la deuda externa y, al mismo tiempo, continuar subsidiando al capital concentrado interno (entre otras formas, a partir de la estatización de la deuda externa del sector privado, la licuación de pasivos internos, la promoción industrial, o los sobreprecios en las compras del Estado) mediante una considerable exacción de ingresos a los sectores populares4.

    El origen de lo que, a partir de 1988, comienza a perfilarse como la fuente de la crisis hiperinflacionaria que se desataría un año después, y que pondría fin al primer gobierno de la restauración democrática, remite, en realidad, a la reestructuración social y económica impuesta por la última dictadura militar (1976-1983). En este sentido, cabe destacar que la profunda derrota experimentada por los sectores populares a partir del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976 dio lugar al desarrollo de un nuevo régimen de acumulación que no sólo supuso una redefinición radical –y, en muchos aspectos, de muy difícil reversión– de la relación entre el capital y el trabajo, sino también una considerable reestructuración dentro de la propia esfera del capital.

    En efecto, durante el período dictatorial los trabajadores sufrieron un importante deterioro en sus ingresos, en su situación laboral y, en un plano más general, en sus condiciones de vida. Asimismo, dentro del sector empresario, las pequeñas y medianas firmas, así como algunas de gran tamaño, resultaron afectadas por la orientación adoptada por la política económica de Martínez de Hoz, al tiempo que una parte importante de empresas oligopólicas (propiedad, en su mayoría, de grandes grupos económicos), acentuó su participación y control sobre distintos sectores de actividad (tanto por su fortalecimiento en aquellos mercados en los que ya participaban, como por su ingreso a nuevas áreas –la mayoría de las cuales resultó favorecida por diversas modalidades de promoción y/o resguardo por parte del Estado–).

    De allí en más estos capitales tienen la capacidad de definir el rumbo de la economía interna no sólo por ser propietarios de numerosas grandes empresas sino también por controlar conglomerados de firmas que actúan en los más diversos sectores económicos (industria, comercio, construcción, servicios, finanzas, etc.). Esto significa que los integrantes de la nueva cúpula tienen una estrategia empresarial que necesariamente toma en cuenta el conjunto de la economía argentina y no únicamente un sector de actividad (como es el caso de la estrategia de una firma individual, incluso de gran envergadura).

    En otras palabras, el proceso de reestructuración económico-social que tuvo lugar en el país durante el gobierno militar supuso un doble proceso de transferencia de ingresos:

    4. Estos procesos son analizados en detalle en Azpiazu, D.: "Programas de ajuste en la Argentina de los años ochenta: década perdida o decenio regresivo", ponencia presentada en el seminario "Ajuste económico, sindicalismo y transición política en los años ochenta", organizado por el Memorial de América Latina, San Pablo, 1991; Azpiazu, D., Basualdo, E.: Cara y contracara de los grupos económicos. Estado y promoción industrial en la Argentina, Cántaro, 1990; Azpiazu, D., Basualdo, E., Khavisse, M.: El nuevo poder económico en la Argentina de los años ochenta, Editorial Legasa, 1986; Basualdo, E.: Formación de capital y distribución del ingreso durante la desindustrialización, IDEP/ATE, 1992; y, del mismo autor, Basualdo, E.: Deuda externa y poder económico en la Argentina, Nueva América, 1987."

    desde el trabajo hacia el capital y, dentro de éste, desde las pequeñas y medianas empresas hacia las de mayor tamaño (en especial, hacia aquellas que eran propiedad de los integrantes del nuevo bloque de poder económico). Esta nueva fisonomía de la elite dominante argentina se vio parcialmente modificada a principios de los años ochenta, cuando, a partir de la "crisis de la deuda externa", que dio origen a lo que posteriormente se denominó "década perdida", los acreedores externos irrumpen como otro de los decisivos factores de poder en el país.

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