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Violencia simbolica y practicas violentas de los entornos sociales colombianos

Enviado por johnny figueroa


    Violencia simbólica y práctica violentas de los entornos sociales colombianos (dominación y legitimación)

    La violencia cuestionada y reproducida por la misma sociedad es el reflejo de la construcción de un conjunto de estructuras socio-históricas que han moldeado sentidos y pensamientos en cada una de los ciudadanos colombianos nacido y por nacer. Estas estructuras generan circunstancias que limitan el pleno desarrollo delas personas relegándolas a conductas funcionalistas que obedecen a objetivos sectarios y a construir sistemas globales de comportamientos que se dan a través de políticas económicas y por tanto sociales cuyo propósito es dominar a través de la marginación y limitación de los recursos de subsistencia humana.

    Lo antes mencionado es el reflejo del establecimiento del modelo económico neoliberal de mediados de los años 60s, a través de la aplicación de un régimen jurídico económico que permite menor intervención del Estado, privatización de instituciones públicas, el fortalecimiento de empresas y propiedad privada.

    Un modelo económico que es promovido por las elites colombianas tras su formación académica en el exterior principalmente en Estados Unidos y Europa cuyo conocimiento e ideologías desarrollistas de pusieron en práctica a través del ejercicio político en los diferentes estamentos gubernamentales de la nación desde la presidencia de la república hasta las diferentes magistraturas el congreso y la corte suprema de justicia; de esta forma se ve fuertemente interrelacionada las estructuras económicas, sociales y políticas del país que establecen un determinado orden legitimado por toda la sociedad en general, a través de una legalidad racional de un derecho positivo y normativo

    Por lo tanto el análisis se orienta a la relación del orden legal racional instituido por la sociedad colombiana y las profundas acciones violentas que enmarcan el reflejo de las relaciones sociales colombianas entre individuos individualizados pero congregados en masa y en grupos generadores de violencia, una violencia marginal que segmenta principios morales y relaciones sociales colocando a sus actores en diferentes posiciones para enfrentarse los unos a los otros.

    El derecho positivista genera las raíces de las necesidades en las condiciones sociales de las personas, es así como las políticas de vivienda basadas en el mercado de los subsidios a la demanda se basa en la adquisición de créditos bancarios (UPAC 1972, UVR 1999)[1] que no es más que el endeudamiento hipotecario y la pérdida de capacidad financiera, limitando el acceso a la vivienda. 1,76 millones de hogares no tienen vivienda propia y también el 29,6% carecen de servicios públicos básicos, donde el 36,7% de la población habita viviendas de alquiler[2]

    Este proceso neoliberal en Colombia inicia en un contexto donde la economía nacional en su gran parte agraria sustentada en el café, el tabaco, estaba en crisis, por otro lado la precariedad de la industria nacional, el nacimiento del narcotráfico, consolidación de elites dominantes como la banca privada, iniciarían el beneficio oligopólico de negocios particulares en todas las áreas, producción, comercio y servicios. Un desarrollo del país a partir de incentivar la inversión del capital privado interno o externo Sobre los medios de producción esto empezó con la reducción de las restricciones a las importaciones y de los aranceles seguido de reformas a las instituciones estatales como los ministerios de comercio exterior, de hacienda, que a su vez generaría otra serie de cambios, por ejemplo en los regímenes laboral, cambiario, tributario[3]

    Con la continua crisis social y política del Estado colombiano a base de múltiples formas de violencia como asesinatos en la sociedad civil, candidatos políticos, sindicalistas, por parte de grupos narcotraficantes, paramilitares, guerrilla, asaltos al poder estatal como la incursión armada a la corte suprema de justicia por el M19 y su posterior desmovilización; para 1990-1991 se reestructuró un nuevo orden de la vida política y social de la nación a través de la reforma constitucional del 1991, situación que más que nada es aprovechada e influenciada por sectores liberalistas de derecha posibilitando así el diseño e implantación legal de reformas, principalmente leyes estructurales tendientes más que nada a la liberación económica[4]

    En este caso se dio libertad al libre desarrollo de la producción e inversión dentro del país a los grupos partidistas que venían consolidándose económicamente en medio de esta crisis, por lo tanto para el periodo (2000-2011) se presenta un proceso de supra-nacionalización de un orden jurídico y económico[5]que perjudica a la sociedad; debido a que en perspectiva son políticas neoliberales de un gobierno impuestas por vía legal a través de planes nacionales de desarrollo, leyes anuales de presupuesto y transformación institucional; que progresivamente según Estrada reduce al Estado a "funciones de policía administrativa, vigilancia y control que se complementa con la administración de justicia y el ejercicio de la fuerza pública"[6], de esta forma el modelo económico neoliberal ha profundizado problemas sociales como la insatisfacción de las necesidades básicas de la población más vulnerable (2005- NBI nacional 27,78%, Nariño 43,79%, Pasto 16,20%), por las escasas oportunidades de ingresos económicos (ingresos por debajo de la línea de pobreza 1991-52.5% y 2000-57,5%)[7],población que no alcanza a satisfacer los requerimientos mínimos de nutrición.

    En la familia de don Fernando pintor de profesión, son seis personas, por diferentes circunstancia los que tienen a cargo la manutención del hogar en la mayor parte del tiempo es Fernando, y cuando no tiene trabajo la esposa tiene que sostener el hogar "cuando no consigo trabajo por uno o tres meses mi mujer trabaja como cocinera, haciendo aseos, consigue para la comida…", Martha Delgado:

    "mi marido está haciendo el bachillerato es electricista, tiene 37 años, al mes gana casi el mínimo, trabaja de 7 a 6, con eso lo primero que hay que sacar es para el arriendo que son dos piezas el baño y la cocina y para los servicios, luego hacer la remesa que toca comprar lo principal arroz, aceite, azúcar, café, huevos, sal, el bultico de papas, y algunas cosas de aseo, con eso nos mantenemos mi marido, mi hijo de 10 años y yo"[8]

    Permanente situación de necesidad generada por diferentes causas, tal vez por la carga tributaria que asumen sobre todo las personas con escasez de todo recurso (económico, educativo, laboral), como el impuesto al valor agregado IVA, que impone sobrecostos en los artículos de consumo de primera necesidad; esto y otras políticas de Estado son recursos que se imponen legalmente a través de leyes jurídicas "del Derecho", por tanto un recurso económico-jurídico arbitrario que como el mismo impuesto, margina indirectamente a los más necesitados de la sociedad[9]Para el año 2010 la ONU reporto un nivel de pobreza del 45,5% del total de la población colombiana y pobreza extrema el 16,4%[10]. "son 29 millones que viven en pobreza y que conforman los niveles del SISBEN 1y2 de los cuales 9 millones son indigentes, no tienen garantizados los derechos al trabajo digno, vivienda y educación alimentación, recreación y seguridad social"[11]

    Con la implantación de un sistema laboral inestable donde el mercado de la oferta y la demanda de mano de obra regula la estabilidad laboral y los niveles salariales, como la ley 50 de 1990 que produjo, la temporalidad laboral, salarios bajos que no tienen un incremento anual superior del 3%, la ley 789 de 2002 redujo los costos laborales con la prolongación de la jornada laboral. Por otro lado, "las políticas agrarias se orientan a la reducción en la producción de alimentos locales e impulsa acuerdos con otros países para importar productos agrícolas"[12] haciendo que la producción agrícola sea más costosa y que la importación de los mismos sean a bajos costos; esto con el fin de ampliar las zonas agrarias en pocas manos con monocultivos a escala industrial que generan mayor rentabilidad al gran capital como los cultivos de palma y de caña para producir alcohol carburante producto establecido por la ley exento de todo impuesto[13]Además el elevado costo de los insumos agrícolas hace que el campesino opte por otras actividades laborales como la construcción, y el comercio informal en los sectores urbanos y en muchos casos migrando a las periferias de la ciudad.

    Estas políticas neoliberales progresivamente orientan a la limitación del papel del Estado únicamente a la función de control del orden público y la defensa de la propiedad privada, y la prevención de la sublevación social ha dicho régimen económico y político impuesto por vía legal en lo que Bourdieu denomina violencia simbólica; es un cálculo racional de la maximización de los beneficios que el sistema capitalista confiere y que además estructura en los pensamientos de los individuos, sentidos de competencia, de inversión, de cálculo y de rentabilidad por lo tanto este conjunto de perspectivas económicas adentra en los individuos en procesos de competencia (eficiencia, capacidad, logros) lo cual dependiendo del grado de éxito le genera a nivel personal gratificaciones o frustraciones (inclusión/exclusión) y con ello también sanciones positivas o negativas en lo que tiene que ver con su bienestar social (salud, vivienda, educación, esparcimiento), son situaciones que dependen en cierta medida de las mismas estructuras y función del "capital económico, social y educativo adquirido socialmente y que la persona posea y que pueda poner en juego"[14].

    Si bien los discursos que hablan sobre las diferentes transformaciones del Estado y de sus instituciones burocráticas en los diferentes periodos gubernamentales con el propósito de hacer posible un proyecto de construcción de nación incluyente; en la realidad solamente han significado la diversidad con exclusión, acentuando la discriminación regional, centro-periferia, de clase y étnica, principalmente con la consolidación de un Estado jurídico-político centralista y homogenizante investido y reconocido como una autoridad jurídica que pone como principio de todo orden la norma como derecho[15]universal, según Bourdieu concebida, planificada, reconocida y legitimada por grupos dominantes y por la población en general como "forma por excelencia de la violencia simbólica, legítima cuyo monopolio pertenece al Estado, y que puede servirse del ejercicio de la fuerza física"[16], y con ello la emergencia de múltiples conflictos, como en la concentración de tierra en pocas manos, los monocultivos, cultivos ilícitos, el monopolio comercial y productivo; principalmente con las reformas agrarias, reformas constitucionales, legislativas, políticas, para poner en juego modelos económicos como el liberal y tratados internacionales como el tratado del libre comercio (TLC) con Estados Unidos y otros países.

    Por tanto cuando se institucionaliza un sistema normativo como forma de derecho universal, dentro de este proceso se genera un reconocimiento social y por consiguiente de la aceptación y legitimación de un orden (social, económico, político). En consecuencia al institucionalizar formas legales ,que en apariencia, de orden en derecho (normas jurídicas asociadas a sanciones) estas se interiorizan en los agentes sociales y se exteriorizan como "doxa" que en menor o mayor grado funcionan como reguladores de un orden institucional simbólico que objetivado y codificado en leyes bajo un sistema institucional facilita las orientaciones al hacer más fácil y rápida la toma de decisiones en la acción, un sentido que en palabras de Weber para la mayoría en general "existe interés en seguir las reglas, por cuanto el interés en obedecerla está por encima del interés en desobedecerla"[17] pero para los casos en que las necesidades son más primordiales que todo orden impuesto la orientaciones sociales como la de los agentes sociales marginados, se ven forzadas a adquirir un conjunto de estrategias diferentes a las normalizadas por el derecho estatal.

    Los ciudadanos obedecen al derecho en cuanto significado incorporado de signos judicatarios que le atribuyen cualidades y garantías "ganancias" sociales, económicas, respeto, dignidad, trabajo, reconocimiento y atribución de funciones cuyo sistema instituido simbólicamente se legitima ante la práctica del respeto y reconocimiento a una autoridad "magistratura". Por lo tanto

    "la dominación es el efecto indirecto de un conjunto complejo de acciones que se engendran en la red de coacciones "donde el derecho "como fantasía social que rodeado de prestigio y misterio, esconden bajo estrategias de universalización, las relaciones de dominación que traducen en formas jurídicas"[18] donde el poder es mantenido a través de la legitimación de dicho orden con la creencia en su legalidad: la obediencia a preceptos jurídicos positivos" aparentemente "estatuidos según el procedimiento usual y formalmente correctos"[19]

    Tanto así que la violencia deviene de un contexto legitimado tanto por grupos como por personas, impregnado de poder y es ejercida verticalmente desde las macroesferas institucionales (Estado) hasta sus microesferas (la escuela), y es en esta legitimación, donde se le da al Estado la facultad de ser el único que puede ejercer la violencia, con el fin de conservar el orden social establecido o como lo expresa Weber "Estado es aquella comunidad humana que, dentro de un determinado territorio (el territorio es el elemento distintivo), reclama (con éxito) para sí el monopolio de la violencia física legítima"[20]. Lo específico de nuestro tiempo es que a todas las demás asociaciones e individuos sólo se les concede el derecho a la violencia física en la medida que el Estado lo permite.

    Bibliografía

    (UPAC. Unidad de poder adquisitivo constante, UVR. Unidad de valor real constante) financiamiento con sobrecostos a partir de intereses a la tasa y sobre tasa valores sujetos a la inflación del país aplicados a créditos de vivienda.

    plataforma colombiana de derechos humanos, democracia, y desarrollo y secretaria técnica corporación cactus: informe alterno al quinto informe del estado colombiano ante el comité (DESC) 2010 www.plataforma-colombiana.org

    juan Manuel tejedor Estupiñan ( citado estrada 2006). el modelo económico y su relación con los derechos humanos en Colombia. Una aproximación. Universidad pedagógica y tecnológica de Colombia, finanzas y política económica, ISSN: 2248-6046, VOL. 4, No. 1, ENERO-JUNIO, 2012, PP.55-82.

    Ley 7 de 1991integración internacional, libre importación y desmonte arancelario, Ley 49 1991, libre inversión de capital extranjero, ftp://ftp.camara.gov.co/camara/basedoc/ley/1991/ley_0007_1991.html

    Juan miguel tejedor estupiñan, el modelo económico y su relación con los derechos humanos en Colombia. Una aproximación. Universidad pedagógica y tecnológica de Colombia, finanzas y política económica, ISSN: 2248-6046, VOL. 4, No. 1, ENERO-JUNIO, 2012, PP.55-82. Citado estrada 2006

    ley 20.631-1990.IVA,impuesto indirecto, tasa anual del 10-16% sobre la canasta familiar http://es.scribd.com/doc/31125898/Impuesto-Al-Valor-Agregado-IVA-Colombia

    Citado, alta comisionada de las naciones unidas para los derechos humanos, ONU. asamblea general2010 http://www.hchr.org.co/documentoseinformes/informes/altocomisionado/Informe2010

    Pierre Bourdieu. Poder, derecho y clases sociales. 2ª edición editorial DECLEE DE BROUWER, S.A. 2000 Bilbao España.

    El orden como derecho, "cuando está garantizado externamente por la probabilidad de la coacción (física o psíquica) ejercida por un cuadro de individuos instituidos con la misión de obligar a la observancia de ese orden o de castigar su transgresión" Max weber. Economía y sociedad. Fondo de cultura económica España 2002.

    Max weber. Economía y sociedad. Fondo de cultura económica España 2002.

    WEBER, Max. El político y el científico. Madrid. Editorial Alianza, El libro de Bolsillo, Ciencia política, 1998.

     

     

    Autor:

    Johnny Figueroa

     

    [1] (UPAC. Unidad de poder adquisitivo constante, UVR. Unidad de valor real constante) financiamiento con sobrecostos a partir de intereses a la tasa y sobre tasa valores sujetos a la inflación del país aplicados a créditos de vivienda.

    [2] plataforma colombiana de derechos humanos, democracia, y desarrollo y secretaria técnica corporación cactus: informe alterno al quinto informe del estado colombiano ante el comité (DESC) 2010 www.plataforma-colombiana.org

    [3] juan Manuel tejedor Estupiñan ( citado estrada 2006). el modelo económico y su relación con los derechos humanos en Colombia. Una aproximación. Universidad pedagógica y tecnológica de Colombia, finanzas y política económica, ISSN: 2248-6046, VOL. 4, No. 1, ENERO-JUNIO, 2012, PP.55-82.

    [4] Ley 7 de 1991integración internacional, libre importación y desmonte arancelario, Ley 49 1991, libre inversión de capital extranjero, ftp://ftp.camara.gov.co/camara/basedoc/ley/1991/ley_0007_1991.html

    [5] Juan miguel tejedor estupiñan, el modelo económico y su relación con los derechos humanos en Colombia. Una aproximación. Universidad pedagógica y tecnológica de Colombia, finanzas y política económica, ISSN: 2248-6046, VOL. 4, No. 1, ENERO-JUNIO, 2012, PP.55-82. Citado estrada 2006

    [6] Juan miguel tejedor estupiñan, el modelo económico y su relación con los derechos humanos en Colombia. Una aproximación. Universidad pedagógica y tecnológica de Colombia, finanzas y política económica, ISSN: 2248-6046, VOL. 4, No. 1, ENERO-JUNIO, 2012, PP.55-82.

    [7] http://www.dane.gov.co/censo/files/resultados/NBI_total_30_Jun_2011.pdf

    [8] Entrevistas padres de familia habitantes de los barrios rosario y Emilio botero 2013.

    [9] ley 20.631-1990.IVA,impuesto indirecto, tasa anual del 10-16% sobre la canasta familiar http://es.scribd.com/doc/31125898/Impuesto-Al-Valor-Agregado-IVA-Colombia

    [10] Citado, alta comisionada de las naciones unidas para los derechos humanos, ONU. asamblea general2010 http://www.hchr.org.co/documentoseinformes/informes/altocomisionado/Informe2010

    [11] Citado sarmiento. Juan miguel tejedor estupiñan, el modelo económico y su relación con los derechos humanos en Colombia. Una aproximación. Universidad pedagógica y tecnológica de Colombia, finanzas y política económica, ISSN: 2248-6046, VOL. 4, No. 1, ENERO-JUNIO, 2012, PP.55-82.

    [12] Juan miguel tejedor estupiñan, el modelo económico y su relación con los derechos humanos en Colombia. Una aproximación. Universidad pedagógica y tecnológica de Colombia, finanzas y política económica, ISSN: 2248-6046, VOL. 4, No. 1, ENERO-JUNIO, 2012, PP.55-82.

    [13] la reforma tributaria, LEY 788/2002 – art 31: excluyo del IVA al alcohol carburante, monopolio del grupo ingenio del cauca S:A. Y el artículo 88: lo exoneró del impuesto global y de la sobretasa

    [14] Pierre Bourdieu. Poder, derecho y clases sociales. 2ª edición editorial DECLEE DE BROUWER, S.A. 2000 Bilbao España.

    [15] El orden como derecho, “cuando está garantizado externamente por la probabilidad de la coacción (física o psíquica) ejercida por un cuadro de individuos instituidos con la misión de obligar a la observancia de ese orden o de castigar su transgresión” Max weber. Economía y sociedad. Fondo de cultura económica España 2002.

    [16] Pierre Bourdieu. Poder, derecho y clases sociales. Editorial DESCLEE DE BROUWER, S.A. 2ª edición Bilbao España 2001.

    [17] Pierre Bourdieu. Poder, derecho y clases sociales. Editorial DESCLEE DE BROUWER, S.A. 2ª edición Bilbao España 2001.

    [18] Pierre Bourdieu. Poder, derecho y clases sociales. Editorial DESCLEE DE BROUWER, S.A. 2ª edición Bilbao España 2001. Págs. 21, 39

    [19] Max weber. Economía y sociedad. Fondo de cultura económica España 2002.

    [20] WEBER, Max. El político y el científico. Madrid. Editorial Alianza, El libro de Bolsillo, Ciencia política, 1998.