Balance centrales sindical República Dominicana

Al finalizar el año 2010, las centrales sindicales de la República Dominicana, quisiéramos hacer un balance optimista, si bien destacamos los casos positivos, al poner en una balanza positivos y negativos, el balance para los trabajadores y trabajadoras nos da un saldo negativo. Las condiciones de trabajo continuaron su tendencia hacia una mayor precarización, bajos salarios, subcontratación, contratos inestables, jornadas de 12 horas, vacaciones fraccionadas, impedimento para que los trabajadores ejerzan su derecho de organizarse y negociar colectivamente, lo que junto con los problemas que afectaron a los trabajadores y trabajadoras como ciudadanos y ciudadanas, como son: La educación, la salud, la seguridad, el medio ambiente, aumento de la violencia, la criminalidad, etc., hicieron que el año 2010 concluyera de nuevo con un balance negativo, que se puede observar en el detalle que presentamos a continuación:

Crisis económica e impacto en el empleo

Finalizando el año 2009, en la Republica Dominicana, al igual que muchos otros países, comenzaron a observarse importantes mejoras en los indicadores laborales y en los niveles de empleo. En el 2008, la tasa de desocupación en el país fue de 14.1%, en el 2009 esta ascendió a 14.9%, y en el 2010, se redujo a 14.4%. Mientras que en otros países de países del continente la mejoría se vio acompañado por una mayor calidad del empleo, donde el empleo formal volvió a crecer, en nuestro país, el empleo formal obtuvo un muy ligero crecimiento. Según los datos del Banco Central, para el año 2008, la población ocupada en el sector formal de la economía fue de 1,566,047 personas. Para abril del año 2010, esta población ascendió a 1,645,762. En el sector informal la población ocupada para abril del año 2008 fue de 2,106,311 y en abril del año 2010 fueron 2 millones 092 mil 832 personas ocupadas en el sector informal de la economía, con empleos que se caracterizan por su precariedad, mal pagados, inestables, inseguros, sin seguridad social, sin libertad sindical, ni negociación colectiva.

El 46% de los empleos creados en los últimos años, corresponden al servicio doméstico, colmados, peluquerías y choferes. Pese al crecimiento de la economía en las últimos años, en el país no se ha podido incrementar el número de trabajadores formales, debido a que los sectores que más crecen cada día demandan menos manos de obra, lo que reduce el empleo.

Todo esto nos muestra la necesidad de reforzar el compromiso de promover la creación de empleos decentes que tiene el país y retomar el Programa Nacional de Trabajo Decente suscrito por el tripartismo, con el apoyo de la OIT en agosto del año 2007.

Pese a que los casos que se destacan en el mundo como experiencias positivas para hacer frente a la crisis económica, como Brasil con el fortalecimiento al salario, Argentina con la prevención de despido y retención de trabajadores en la empresa, Chile con políticas fiscales y programas de contingencias, etc., en la Republica Dominicana, el sector empleador reforzó su posición y campaña para, en propuesta de hacer frente a una crisis que ya está pasando a otro etapa, reducir y eliminar derechos laborales tales como la jornada, las prestaciones laborales en caso de desahucios ejercidos por el empleador, etc..- Según datos contenidos en el Informe Mundial de Salarios 2010/2011 divulgado recientemente por la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la República Dominicana tiene uno de los salarios mínimos con menor poder de compra de América Latina y el Caribe, sólo comparable con los de Bolivia, Guayana, Haití y Nicaragua, sin embargo, se continua vendiendo la idea de que los costos laborales son muy altos en el país y esto resta competitividad a la empresa, para lo cual se incluyen como parte de los gastos, los aportes a la seguridad social, aun cuando estos tienen un carácter de retribución de servicios y de acumulación para la concesión de futuras pensiones, valores los cuales son a su vez administrado fundamentalmente por el sector privado para hacer negocios en la concesión de servicios de salud y en la administración de los fondos de pensiones.

Los derechos laborales estuvieron en el centro de los argumentos de los empleadores, no para mejorar su aplicación, sino para reducir las disposiciones de la ley, lo que ha sido y continuará siendo resistido por las centrales sindicales que no permitiremos eliminar conquistas tales como el derecho a una jornada razonable que tanto sacrificio costo al movimiento sindical mundial, así como a la indemnización que tiene derecho el trabajador cuando el contrato de trabajo es roto por el empleador sin tener ninguna causa que lo justifique, que es lo que constituye la cesantía. Las nuevas formas para evadir los derechos laborales, como la subcontratación y la contratación por menos de 3 meses, se han convertido, junto con las violaciones a la libertad sindical, en la amenaza más grande sobre los derechos laborales y a lo que están recurriendo no solo las empresas, sino también las instituciones del estado, tanto en el área de los servicios como en otras actividades económicas. Este tema tiene también un impacto negativo en la empresa, sin embargo, el empresariado actual, conforme a su visión cortoplacista recurre al mismo para abaratar costo e impedir la creación de sindicatos y la firma de convenios colectivos. Los conflictos que se produjeron en este año en la Empresa Barrick Gold y sus contratistas y subcontratistas, con huelgas y movilizaciones que paralizaron a Cotuí y otras comunidades en las que varias personas resultaron heridas, es una muestra de lo que se puede generar cuando se violentan los derechos laborales o se impide el ejercicio de derechos fundamentales como la libertad sindical, por medios como la subcontratación.

Violaciones a la libertad sindical y a la negociación colectiva

El tema de la libertad sindical para el año 2010 fue de gran preocupación por el aumento de las violaciones a este derecho humano fundamental. Por un lado, un sector empresarial que no termina por aceptar que los trabajadores y trabajadoras, al igual que ellos, tienen el derecho de crear sus organizaciones y procurar mejores condiciones de trabajo y de vida. En el año 2010, los trabajadores de Peravia motors vieron impedido s su derecho de negociar un convenio colectivo de condiciones de trabajo, por la negativa expresa de la empresa, quien para impedir una respuesta contundente del sindicato frente a esta flagrante violación, la acompañó con una feroz persecución sindical, amenaza contra los dirigentes y miembros del sindicato para que no apoyen ninguna acción contra la empresa. Los trabadores de Gildan Activewear, establecida entre los municipios de Guerra y Bayaguana, impidió que los trabajadores firmaran un verdadero convenio colectivo, firmando sorpresivamente un mamotreto de convenio colectivo con personeros que se dedican por diversas vías a impedir o debilitar las iniciativas reales de organización sindical. Pese a la ilegalidad del adefesio de convenio, la Empresa se niega a revisar y determinar cuál es el sindicato que cuenta con la titularidad para negociar conectivamente, para impedir que los trabajadores obtengan de manera autónoma lo que en verdad necesitan y no aceptar simplemente su imposición como ha logrado hasta ahora. En la empresa Tabacalera fueron desahuciados 3 dirigentes del sindicato. Los trabajadores de Cepy Cibao, intentaron negociar un convenio colectivo de condiciones de trabajo y demandaron que se les diera el mismo tratamiento que a los demás trabajadores, la empresa prefiere mantener sus puertas cerradas que negociar con el sindicato, aun cuando este cuenta con la afiliación de más del 50% de los trabajadores de la empresa, y para no acatar las decisiones de los tribunales en torno al pago de vacaciones y regalía pascual.

Las trabajadoras de la banca Capitán de San Pedro de Macorís, formaron su sindicato de trabajadores, la empresa respondió con el "cierre aparente", traspasando sus operaciones a nombre de otra red de bancas, denominada Colombo. Esta situación de represalia sindical se agrava con la negligencia e incapacidad del ministerio de trabajo de velar por los derechos laborales. En el caso Peravia Motors, una investigación solicitada por el sindicato frente a las prácticas antisindicales implementadas por la empresa se produjo 3 semanas después y después de que se enviaran más de 4 comunicaciones, una situación similar se ha dado en otras empresas, como en el de Gildan citado en párrafos anteriores.

A la deficiencia del ministerio de trabajo se suma que varias violaciones a la libertad sindical se han producido en dependencias del mismo gobierno, como el desahucio de 5 dirigentes sindicales en Autoridad Portuaria Dominicana, aunque posteriormente se logro la reinstalación de los 2 dirigentes, secretario general y de organización, los demás ha sido posible reponerlos en su lugar de trabajo. En la empresa Laboratorio Químico Dominicano se iniciaron las negociaciones del convenio colectivo de condiciones de trabajo desde mediado del año 2010 y este año finaliza sin que este proceso haya concluido, debido a la actitud negativa que mantiene el administrador de dicha empresa.

Las violaciones a la libertad sindical y a la negociación colectiva, se ven más amenazadas aun, debido a la inexistencia de garantías judiciales y procesales. Es el poder judicial que al final determina si un derecho consignado en la Constitución, en las leyes y en los convenios ratificados por el país se aplican, pues estos no sirven de nada cuando no existe un estado de derecho que restablezca los derechos conculcados y sancione de manera ejemplar a los que violentan los mismos. En el año 2010, como en otros años, la lentitud en los procesos judiciales constituyeron verdaderas trabas al ejercicio de los derechos laborales, en especial libertad sindical y negociación colectiva, se destacan los pesados y lentos procesos en la provincia Santo Domingo, en especial los municipios Santo Domingo Este y Oeste, en Santiago, en Barahona, etc., pero además de las tardanzas se dictaron diversas sentencias que riñen con los convenios sobre libertad sindical y negociación colectiva, Nos. 87 y 98 de la OIT, entre las que destacamos:

1. El caso CIRAMAR INTERNATIONAL, establecida en la Caldera de Baní y que se dedica a construir y reparar embarcaciones. Esta empresa desahucio al inicio del año 2009, a los 20 fundadores del sindicato. Estos, conforme al Código de Trabajo, demandaron su reintegro a la empresa, sin embargo y pese a la ilegalidad y nulidad del desahucio ejercido por la empresa en virtud de que esos trabajadores contaban con la protección del fuero sindical, el Juzgado de Primera instancia de Bani, si bien condenó al pago de indemnizaciones, rechazo la solicitud de reintegro alegando que la ley no lo prevé, lo que por supuesto tiene por finalidad impedir que el sindicato funcione.

2. Los trabajadores de ELSAMEX INTERNATIONAL, que es la misma CODACSA, formaron el sindicato e intentaron negociar el convenio colectivo, la empresa se negó a la negociación alegando la terminación del contrato y aunque se probo que la empresa continuaba operando por igual, tanto ELSAMEX como CODACSA, el proceso concluye con una sentencia de la Corte de Trabajo de San Pedro de Macorís, que desconoce las violaciones a la libertad sindical y la negociación colectiva y solo condena a la empresa al pago de la asistencia económica, revocando la sentencia dictada por el juzgado de trabajo que mantenía la vigencia de los contratos de trabajo, ordenaba el reintegro de los trabajadores a sus labores, el pago de los salarios caídos y la indemnización por los daños y perjuicios. La actitud de las autoridades administrativas del trabajo, los obstáculos puestos para el registro y reconocimiento de los sindicatos, sobre todo cuando se trata de trabajadores bajo régimen de subcontratación, motivó la presentación en junio del 2010 de una queja por parte de la CNUS, ante el Comité de Libertad Sindical de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) por violación al convenio numero 87 de la OIT. Posteriormente, la CNTD presentó una queja también ante el Comité de Libertad Sindical, por las decisiones judiciales contrarias a las disposiciones de los convenios 87 y 98 de la OIT, sobre la protección que deben tener los trabajadores y las trabajadoras para organizarse en sindicato.

Fracaso cumplimiento de los objetivos de desarrollo del milenio

En la Cumbre del Milenio, realizada en septiembre del año 2000, fue aprobada la Declaración del Milenio, que contiene los Objetivos de desarrollo del Milenio (ODM), ocho objetivos que se intenta alcanzar para 2015, entre ellos: 1. Erradicar la pobreza extrema y el hambre, 2. Lograr la enseñanza primaria universal, 3. Promover la igualdad entre los géneros y la autonomía de la mujer, 4 Reducir la mortalidad infantil, 5. Mejorar la salud materna, 6. Combatir el VIH/SIDA, el paludismo y otras enfermedades, 7. Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente y 8. Fomentar una asociación mundial para el desarrollo. Nuestro país, es parte suscribiente de la promesa más importante que jamás se ha hecho a las personas más vulnerables; sin embargo, pese a que los ODM, tal como ha planteado las ONU se pueden cumplir si todos los actores hacen su parte, en el caso de los países pobres como el nuestro, se han comprometido a gobernar mejor e invertir en sus poblaciones con salud y educación; en la Cumbre sobre los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), celebrada en septiembre del año 2010 en Nueva York el presidente Leonel Fernández anuncio "que el país no podrá cumplir con los Objetivos del Milenio". El fracaso admitido en el proceso para cumplir con los ODM, no es más que el resultado de una Política de Estado que no favorece un cambio real y positivo para mejorar las condiciones de pobreza de la gran mayoría de la población, muestra de ello es la escasa inversión en salud y educación y las desacertadas políticas fiscales que lejos favorecer una mejor redistribución de las riquezas, contribuyen al ensanchamiento de las brechas sociales, entre las personas y entre las comunidades.

Es importante destacar, la muestra de organización y de avance logrado por diversas organizaciones concertadas en la coalición Educación Digna, y de la sociedad en sentido general en la campaña que exige el 4% del PBI para la educación que se debe consignar conforme a la Ley General de Educación en el Presupuesto General de la Nación. Las centrales sindicales estamos y continuaremos estando comprometidas y apoyando esta campaña, porque no hay manera de desarrollar un pueblo que no sea por vía de una buena educación y lamentamos la posición asumida por el gobierno frente a este reclamo nacional.

Seguridad social

La seguridad social tuvo escasos avances de carácter social durante el año 2010, contrario a lo cual se fortaleció la orientación financiera y de negocios de una responsabilidad del Estado que tiene por objetivo proteger a sus ciudadanos cuando estos enfrentan contingencias y situaciones propias de las personas, enfermedad, vejez, muerte, maternidad y frente a los riesgos laborales.

Estos elementos tienen su origen en violaciones a las disposiciones contenidas en el marco legal que crea el Sistema Dominicano de Seguridad Social, debido a que mediante resoluciones y normas se han negado derechos establecidos en la Ley 87-01, tal es el caso de los medicamentos, que en el artículo 130 de dicha ley, sobre prestaciones farmacéuticas ambulatorias, se dispone que "Las prestaciones farmacéuticas ambulatorias de los Regímenes Contributivo y Contributivo Subsidiado cubrirán el setenta (70) por ciento del precio a nivel del consumidor, debiendo el beneficiario aportar el treinta (30) por ciento restante"; mientras que mediante una acuerdo apenas se le entregan RD$3,000.00 por año a cada afiliado, con un correspondiente incremento en el gasto de bolsillo de los trabajadores.

Durante el año 2010, al igual que el año 2009, las empresas dedicadas a suministrar servicios de salud mantuvieron una fuerte presión para mantener y aumentar sus grandes márgenes de ganancia, aun en detrimento de los derechos de los afiliados al Sistema Dominicano de Seguridad Social (SDSS). En este año, las amenazas se convirtieron en acciones especificas, contra los organismos que no persiguen fines lucrativos y que constituyen un importante referente para mantener el carácter y equilibrio social de la seguridad social. El principio de libre elección no opera como tal, debido a que en el sistema de pensiones el afiliado no tiene la liberta de escoger entre capitalización individual y reparto, ya que se pretende eliminar el modelo de reparto, aunque con posterioridad a la reforma del año 2001 se han realizado varias reformas al modelo de capitalización individual, tal es el caso de la Ley 370-05 que crea el Instituto de Protección del Legislador Dominicano; la Ley 16-06 que crea el sistema de pensiones para los Ex Presidentes y Ex Vicepresidentes y sus Viudas; y la Ley 451-08 que crea el sistema de pensiones de reparto para los docentes públicos a través del INABIMA. Con respecto a los fondos de pensiones de carácter complementarios y sectoriales, que el sector empresarial ha presionado para forzar su desaparición con la anuencia muchas veces del gobierno, como la Caja de Pensiones para Obreros Portuarios y el Fondo de los Trabajadores de la Construcción, pese al importante rol que estos juegan en una economía altamente informatizada, pues todos sabemos que trabajadores de la construcción, los portuarios, los choferes, los trabajadores del campo denominados "echa días", tienen serias dificultades para obtener un a pensión en un sistema concebido para sectores laborales de naturaleza mas estable. A todo esto, el Consejo Nacional de Seguridad Social no ha dictado las Normas Mínimas para la Cajas y Fondos de Pensiones que operan con carácter complementario, tal como lo dispone el párrafo IV del artículo 41 de dicha ley. Estas cajas y fondos de pensiones, han debido continuar operando sin estar sujetos a las disposiciones de dicha ley y siendo supervisada por la SIPEN.

Los recursos de los fondos de pensiones ascendieron en octubre del año 2010 a más de RD$115,000 millones, se prevé que al finalizar el año 2010, estos puedan llegar a los 120,000 millones, pero al igual que en los años anteriores y a las disposiciones de la Ley 87-01, estos siguen sin ser utilizados en planes nacionales de desarrollo. La gran mayoría sigue acumulándose en el sistema financiero, sirviéndole fundamentalmente a este sector y a la concentración de riquezas de un país que requiere con urgencia contrarrestar la profunda inequidad en la distribución de las riquezas generadas. Las AFP se constituyen en un intermediario parasitario que no gestiona las inversiones, sino más bien que transfiere los fondos de pensiones a la banca nacional, y es esta la que realiza las correspondientes inversiones y obtiene grandes beneficios de las mismas. Las AFP vienen a ser un nuevo elemento de costos para el sistema, sin agregar valor a los fondos de pensiones. El modelo ha sido eficiente desde el punto de vista del recaudo de recursos, pero no ha sido así desde el punto de vista del pago de prestaciones que beneficien a los afiliados. Son pocas las pensiones que se han otorgado y las mismas resultan de bajos montos, con lo que no se devuelve la capacidad de generación de ingresos a los afiliados.

El Ministerio de Hacienda, a través de su Dirección Nacional de Pensiones y Jubilaciones a cargo del Estado, ha estado desconociendo los derechos adquiridos de los afiliados al sistema de la Ley 1896 que administraba el IDSS, el cual inclusive entrego tierras y bienes que reñían con la naturaleza de la institución, transfiriendo esta responsabilidad a dicho Ministerio, el cual debe honrar los compromisos asumidos. En ese orden debe restituírsele el derecho al conyugue o compañera/o sobreviviente del/a pensionado/a, de continuar recibiendo la pensión, cuanto este realizo el aporte correspondiente para hacer este traspaso de pensión. Otra practica que hay que corregir y que se está dando en Hacienda y otras entidades, es que a miles de pensionados, de los de más bajo recursos, que cotizaron a diversos fondos se les están retirando los beneficios de pensiones porque ya reciben otra, contrario a la disposición de la ley 87-01 que bajo el principio de los derechos adquiridos que tienen las personas que estuviesen disfrutando o tuvieran derecho de disfrutar dos o más pensiones siempre que sea el resultado de cotizaciones a igual número de planes contributivos. El Sistema Dominicano de Seguridad Social (SDSS) continua sustentado en el régimen contributivo y no ha iniciado la aplicación del régimen contributivo subsidiado, que resulta fundamental en un mercado de trabajo como el nuestro con una preeminencia del sector informal de la economía. La ley de Amnistia promulgada con la oposición del movimiento sindical, que hizo borrón y cuenta nueva de las deudas y atrasos en el pago de la seguridad social, no ha dado los frutos que esperaban y sirvieron de argumento a la ley, facilitar el ingreso y pago de las cotizaciones al SDSS de empresas que evadían y eludían estas. Miles de trabajadores continúan fuera del sistema, pese a ser trabajadores asalariados, los descuentos que se le hicieron al salario de otros/as, no la fueron devueltos los correspondientes al porcentaje para salud, ni tampoco depositados en sus CCI el porcentaje descontado correspondiente a pensión. La elusión y la evasión continúan siendo la "espada de Damocles" para el SDSS, debido a que afecta la viabilidad y sostenibilidad del mismo. En la actualidad un déficit en la cuenta de atención a la salud de las personas amenaza con dicha sostenibilidad.

La orientación financiera del Sistema de Seguridad Social, los escasos beneficios que el mismo está concediendo, la exclusión de grandes grupos poblacionales, la profundización de la inequidad social y la no promoción de la solidaridad económica e intergeneracional, la eliminación de los fondos de pensiones de carácter complementario, la carga excesiva que significa para el estado, frente a los excelentes negocios que realiza el sector privado, la falta de una verdadera transversalización del genero, son motivos que nos hacen reflexionar en torno a la necesidad de revisar la ley 87-01 y la de promover la ratificación del convenio No. 102 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre Seguridad Social (Normas Mínimas).

En ese contexto de ratificaciones de instrumentos internacionales para garantizar los derechos laborales y de seguridad social, durante el año 2010, las centrales sindicales hemos realizado diversas actividades promoviendo la ratificación de los convenios 156 sobre Trabadores con Responsabilidades Familiares y 183 sobre Protección a la Maternidad, que junto con el convenio 102 servirían para mejorar un marco normativo basado en derechos, para la seguridad social, la no discriminación y la igualdad de oportunidades y de trato.

Seguridad ciudadana

El gobierno concibió el programa de Seguridad Ciudadana que tiene entre sus componentes el denominado Barrio Seguro, que en principio consistió en dar asistencia  a los moradores de los barrios marginados. Se trató de apoyo en materia  económica y social que consistía en otorgar préstamos personales, sin tasas de retorno, casi un regalo, para que promovieran micronegocios como forma de combatir el desempleo, uno de los elementos a tomar en cuenta  como componente de la generación de violencia.  A casi cuatro años de su implementación, hay una consideración casi generalizada de que ese programa se vino abajo, y que la ciudadanía ha vuelto a sentirse desamparada, a merced de la violencia y la delincuencia en niveles nunca antes vistos. En julio de este año, según el informe del Instituto de Patología Forense, 175 personas perdieron la vida en hechos violentos, 15 más de la cantidad de víctimas del año pasado.

Unas 80 personas fueron ultimadas  al ser baleadas o acuchilleadas en distintos hechos y lugares en su mayoría por  drogas, sicariato, riñas personales y ajustes de cuentas. De esa cantidad, 58  cayeron víctimas de las armas de fuego, 15 por armas blancas, estrangulación, asfixia y traumas contusos. De la cantidad de víctimas, 140 fueron hombres y 37 mujeres, en su mayoría  tenían edades entre  17 y 28 años.

En este año, once profesionales fueron asesinados por el método del sicariato y alrededor de 150 mujeres cayeron ultimadas por motivos pasionales y violencia de género.

El tráfico y consumo de drogas se ha convertido en un problema de seguridad nacional por todo lo que  esto implica: El Estado Dominicano ha sido penetrado en la mayoría de sus instituciones por este flagelo. Estamentos de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional sirven como protectores y encubridores de los narcotraficantes, a cambios del otorgamiento de beneficios económicos.  Las estadísticas revelan  que en la mayoría  de casos de tráfico de drogas hay militares y policías envueltos. Jueces emiten sentencias favorables a narcotraficantes,  los partidos políticos también han sido penetrados por el narcotráfico al extremo de que algunas de esas personas han sido beneficiadas con cargos electivos en busca de impunidades. La inseguridad que hoy vive la mayoría de dominicanos tiene diversas causas, pero entre ellas hay que citar como  fundamentales: la desconfianza  de los dominicanos hacia sus instituciones, así como a los símbolos del poder político, como también al imperio de la impunidad que se ha enseñoreado en la sociedad fruto del tráfico de influencias y el irrespeto casi colectivo a las leyes. Una gran mayoría de dominicanos no confía en el Poder Ejecutivo, ni en el Legislativo, ni en la Poder Judicial, ni en la Policía ni las Fuerzas Armadas,  como tampoco en los partidos políticos, a quienes acusa en conjunto de fomentar la corrupción y la  continua degradación moral de la sociedad.  Y no es para menos. Hace apenas unos días, el ministro e Interior y Policía dijo al país que más de la mitad de los miembros  de la Policía Nacional, mas de 15 mil, prestan servicios a altos oficiales, empresarios, políticos, artistas y periodistas, a los que sirven como agentes de seguridad mientras las calles, donde pululan los delincuentes están vacías, a su merced. Y luego añadió, para confirmar nuestra afirmación de sobre la debilidad institucional, que si el jefe de la Policía se arriesga a quitar  esas escoltas policías, las influencias de esos poderes lo harían saltar del cargo. Ese ambiente de desconfianza e inseguridad ha sido el eje fundamental para el auge del narcotráfico y la violencia, porque en un país con instituciones tan vulnerables todo puede pasar. Frente a esa realidad, algunas personas prefieren  hacer justicia por su cuenta. Se incrementan los linchamientos en muchos lugares del país. El incremento de la inseguridad y la violencia en el país, está ligado también al problema económico, al crecimiento desmesurado de la pobreza y la exclusión. Este es un país con graves desigualdades económicas. Una minoría detente el poder económico en contra de una mayoría que languidez en la pobreza y la marginalidad. Según los informes del PNUD  4.8 millones de dominicanos se encuentran en esta situación. La inversión social del gobierno es muy reducida, acumula y en vez de aumentarla se aferra al clientelismo.

Este modelo económico no fomenta el empleo productivo, un 56% de la mano de obra está ocupada en el empleo informal, desamparada de la seguridad social y vulnerable a la penetración del delito, por su propia condición de marginalidad y pobreza. Otro elemento a tomar en cuenta es la masiva deportación de dominicanos de los Estados Unidos y países  de Europa en lo general por cometer delitos como son trafico de drogas, asesinato, violaciones y agresiones sexuales, robo agravado y secuestro.

 Frente a este problema, las centrales sindicales planteamos:

-Procurar del gobierno la aplicación de políticas públicas que permitan el acceso de las mayorías a la distribución de las riquezas que producen las y los trabajadores. Crear empleos productivos e implementar la inversión social.

 -Aplicar una política de desarme de la población y establecer mayores controles en el otorgamiento de licencias para el porte y tenencia de armas de fuego.

 -Fortalecer el sistema judicial. Que aplique justicia apegado a la ley y no las conveniencias del poder económico o político del momento. Que actúe con independencia.  -Fomentar en la población una cultura de paz, cooperación y solidaridad. Como elemento ligado a la inseguridad, está el tema de la corrupción administrativa que ha alcanzado dimensiones desproporcionadas producto de una voluntad política permisiva ante la depredación del erario público y la ineficacia de nuestra legislación para sancionar a los funcionarios que en el ejercicio de sus funciones se enriquecen ilícitamente.

Son muy escasos los funcionarios que ejercen un cargo público y al término del mismo no sean ya millonarios, creando de esta forma un negativo precedente para las futuras generaciones, y socavando la moral de todo un pueblo que flaquea en la consistencia necesaria para mantener la lucha contra la corrupción.

Formación profesional

No hay duda de que la cualificación profesional de los jóvenes y de las personas adultas es una de las condiciones necesarias para abrir las puertas del mercado laboral. También es cierto que en el marco de profundas transformaciones económicas y sociales del presente y las previsibles, la problemática de la formación de técnicos se torna extremadamente compleja.

Para dar respuestas a las necesidades de formación técnico profesional en el año 1980, con la promulgación de la ley 186, fue creado el Instituto de Formación Técnico Profesional (INFOTEP), un organismo de carácter tripartito, donde interactúan las centrales sindicales, junto con el gobierno y el sector empleador, cuyas ejecuciones han tenido un impacto positivo en la nación. En el año 2010, el INFOTEP conmemoró sus 30 años de servicios, de él han egresados más de tres millones de profesionales en diferentes carreras y cursos técnicos, donde también se han ejecutados más de 185 mil acciones formativas. La labor de INFOTEP, de sus directivos, ejecutivos y todo el personal que trabajan en la misma, ha contribuido manera muy significativa en la formación de miles de personas que hoy se encuentran incorporadas en el mundo laboral que forman parte del desarrollo económico. Sin embargo, tal como lo planteara su directora, la Sra. Josefina Pimentel, el INFOTEP enfrentará un déficit de alrededor de RD$113 millones para el año próximo, recursos que necesita para ampliar su plataforma tecnológica y fortalecer el equipamiento de sus aulas y talleres. El presupuesto de la institución proviene en más de un 98% de los aportes del sector privado y apenas un 1.5% de parte del Estado. Es necesario aumentar los aportes al INFOTEP, para que este continúe haciendo y mejore sus aportes en la formación profesional conforme a los desafíos que plantea un mercado de trabajo cambiante.

El problema de le vecina Republica de Haiti

Durante el año 2010, el hermano país de Haití, fue severamente afectado por diversos problemas. Un terremoto de niveles destructivos nunca visto por la humanidad, más de 200 mil personas perdieron la vida, ciudades devastadas, más de 2 millones de damnificados. Hay que destacar que el pueblo y el gobierno dominicano manifestaron toda su solidaridad, son incontables los casos de ayuda solidaria aun de los más pobres de los dominicanos. Esta tragedia conmovió al mundo y se han realizado un sinnúmero de cumbres, reuniones, foros para ayudar al pueblo haitiano a salir de su situación de indefensión, pero lamentablemente el caso Haití, es hasta el momento, una muestra de la incapacidad de los organismos internacionales y de las políticas externas de las grandes potencias de hacer frente de manera efectiva a situaciones como esta. Para agravar la situación, en septiembre se produce una epidemia de cólera que ha cobrado la vida de más de 2,500 personas y más de 5 mil afectados. Y el año 2010 concluye con una crisis política por los resultados de unas elecciones planificadas y efectuadas en el contexto más inoportuno.

Las centrales sindicales de la Republica Dominicana, al tiempo de reiterar nuestro compromiso con el pueblo haitiano, en especial con los trabajadores y las trabajadoras, reclamando y vigilando el respeto a los derechos humanos y laborales de los que trabajan hombro con hombro con los dominicanos y dominicanas, para la creación de empleos decentes en el territorio haitiano como elemento fundamental para el desarrollo haitiano, promoviendo y facilitando la concesión de ayuda económica, técnica y humana para la reconstrucción, en salud, en educación, reforestación, en seguridad, para crear y fortalecer las instituciones, etc., hacemos un llamado a la comunidad internacional de hacer más y mejores esfuerzos para coadyuvar en la resolución de la crisis haitiana de manera real y definitiva.

El desayuno escolar

Entre los casos que mas conmovieron a la sociedad durante el año 2010, fue la intoxicación de cientos de niños y niñas con el desayuno escolar. El año finaliza y las autoridades no dejaron claro donde estuvo el problema que puso en peligro la vida de esos infantes, si en el mal manejo de los alimentos, o en la mala calidad de los mismos o, como se denunciara, producto de sabotajes. Es probable que este caso aun este sin aclarar porque quienes casi pierden la vida fueron hijos e hijas de los/as más humildes del pueblo y no los niños y niñas que estudian en los caros colegios privados. El desayuno escolar constituye una fuente importante de nutrición de los niños y niñas más pobres en edad escolar, incluso una vía para garantizar la asistencia y evitar la deserción escolar.

El Estado debe hacer los esfuerzos de lugar para garantizar que el desayuno escolar sea de la cantidad y calidad requerida y debe considerar la posibilidad de pasar su administración y distribución a otras dependencias especializadas a la que sumen en su seguimiento y apoyo, organismos internacionales, las asociaciones de padres, madres y amigos/as de las escuelas, la Asociación Dominicana de Profesores, entre otras entidades.

Medio ambiente, cambio climático: La necesidad de creación de empleos verde

La degradación ambiental, incluyendo el deterioro y agotamiento de los recursos naturales, son algunas de las más serias amenazas a la economía y a un desarrollo sostenible más amplio. Según lo plantea la OIT Esta situación se agravará en el futuro a causa de las repercusiones del impacto del cambio climático que ya se perciben en muchos países en desarrollo. El cambio climático pronosticado conducirá, a mediano y largo plazo, a un grave trastorno de la actividad económica y social en muchos sectores en todos los continentes.

Para la Republica Dominicana, que no es todavía un país en desarrollo, los efectos negativos del cambio climático, aumentan la vulnerabilidad del país, sobre todo de las personas más pobres, que como en todo, son también las más vulnerables frente a los fenómenos medio ambientales y el cambio climático. Durante el año 2010, 2 temas relacionados con el medio ambiente y la creación de empleos ocuparon los espacios de opinión, el hecho de que fue dejado de lado el proyecto de instalar una cementara en parte de los terrenos que abarca el Parque Nacional de los Haitises y la operación de la Barrick Gold para la extracción de oro en la Mina de Pueblo Viejo, Cotuí, por el impacto medio ambiental que la misma podría producir. En ambos casos, las autoridades del país, tanto el ministerio de medio ambiente, el congreso nacional y ciertos congresistas, desempeñaron un papel reprobable, no tomaron las decisiones mas adecuadas, pues no consideraron el tema medio ambiental en toda su magnitud aunque lo que procuraban era la creación de empleos. Aunque en el año 2010 el país no fue afectado por ninguna catástrofe natural, la ubicación de la isla, en la ruta de los huracanes y en fallas de la corteza terrestre nos hace una nación que vice bajo las amenazas de estos fenómenos naturales, por lo que se hace necesario la implementación de una serie de medidas para que el país pueda dar respuesta a estas amenazas y a los efectos del cambio climático, pero también para reducir los niveles de riesgos y para la preservación de un medio ambiente que garantice un desarrollo sostenible a lo largo del tiempo.

En ese contexto se debe promover la creación de empleos verdes que permitan reducir el impacto ambiental de las empresas y de los sectores económicos, hasta alcanzar niveles sostenibles, tal como plantea la OIT, empleos que ayudan a proteger el ecosistema y la biodiversidad, a reducir el consumo de energía, materiales y agua a través de estrategias altamente eficaces, reducir la dependencia del carbono en la economía y minimizar o evitar por completo la producción de todas las formas de desechos o contaminación. Dado que los empleos verdes no constituyen automáticamente trabajo decente, por ello hay que vigilar que los empleos que deban crearse bajo este parámetro deben abarcar el trabajo decente, empleos bien remunerados, estables, seguros, con seguridad social, libertad sindical y negociación colectiva, pues los empleos verdes, decentes, vinculan de manera eficaz los Objetivos de Desarrollo del Milenio 1 (reducción de la pobreza) y 7 (proteger el medio ambiente) y contribuyen a que se apoyen mutuamente, en vez de entrar en conflicto.

Es importante destacar el proceso que procura aumentar las capacidades nacionales para la prevención y preparación ante desastres naturales, los esfuerzos realizados en el país con la creación del Programa de Prevención de Desastres y su articulación con otras agencias y organismos que trabajan la problemática de la prevención y mitigación, entre ellas, el Centro de Operaciones de Emergencias (COE), la Defensa Civil, Cruz Roja Dominicana, y los Ministerios de Medio Ambiente y de Salud, el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (Indrhi),  la Oficina Nacional de Meteorología (ONAMET). En ese contexto se hace necesario, una mayor y más efectiva incorporación de la sociedad, de las comunidades, que impidan las acciones abusivas y la violación de los derechos de los/as pobladores, pues de lo que se trata es de lograr una convivencia adecuada con la naturaleza. También es necesario concluir y aplicar efectivamente el plan nacional de reducción de riesgo sísmico.

Situación de la energía eléctrica

El suministro y costo de la energía eléctrica continuo siendo un gran dolor de cabeza durante el año 2010, en el cual prácticamente se duplico el costo de la factura. El servicio no ha mejorado pese a que la CEDEE está siendo dirigida por el Sr. Celso Marranzini, parte del sector empresarial que criticaron las administraciones pasadas y que habían propuesto un plan para resolver este tema.

Mientras tanto, las familias pagan alrededor del 17.7% de su presupuesto en el pago de un servicio precario y de muy mala calidad.

Es obvio que ha fracasó la privatización del sistema, pese a todos los acuerdos y enmiendas y renegociación es no se ha podido establecer en la Republica Dominicana un sistema energía eléctrica confiable.

El subsidio estatal en lugar de disminuir ha aumentado, los apagones no dan tregua, y el costo de la factura eléctrica tiene a la ciudadanía al borde de la desesperación, sin que hasta ahora ni la Superintendencia de Electricidad ni la Comisión Nación al de Energía, hayan podido frenar el desastre que se ha creado.

En consecuencia, las centrales sindicales mantienen su propuesta de que el sistema eléctrico sea definitivamente estatizado como forma de recuperar la autoridad sobre el mismo y nuestra oposición al aumento de la factura eléctrica.

Aspectos positivos en el balance del año

• 1. La consolidación de la unidad de acción del movimiento sindical dominicano, el día 24 de marzo del año 2010, la CASC, la CNUS y la CNTD, con el apoyo de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), firmamos el "Acuerdo de Compromiso" dirigido a fortalecer e institucionalizar el proceso de la unidad programática. En Noviembre de este año, se elaboró el Plan Estratégico para la promoción de los derechos fundamentales mediante la Unidad Programática, a ejecutarse durante el año 2011.

• 2. El reinicio de operaciones en áreas de la Empresa Falcombridge de Bonao, que se inicio con la recontratación de personal en el mes de octubre y se prevé la reinserción de más de 400 de sus trabajadores antes de finalizar el año y producción a plena capacidad a principio del año 2011.

Partes: 1, 2